ACUERDO DE COMPETENCIA

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-217/2010

ACTOR: SERVANDO MARRUFO FERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO: CARLOS A. FERRER SILVA

México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil diez.

VISTAS las constancias que integran el expediente del juicio de revisión constitucional electoral precisado al rubro, y

R E S U L T A N D OO

De lo expuesto por las partes y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

I. Antecedentes

a) Cancelación de afiliación. El actor afirma que el veinticinco de mayo de dos mil diez se enteró por medio de la prensa escrita de Durango, Durango, que el Partido Duranguense determinó cancelar su afiliación a dicho instituto político.

b) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. El veintinueve de mayo de dos mil diez, Servando Marrufo Fernández promovió el juicio indicado, en contra de la cancelación de su afiliación.

El juicio fue resuelto el veintiuno de junio de dos mil diez, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, dentro del expediente TE-JDC-018/2010, en el sentido de desechar de plano la demanda, por actualizarse una causa de improcedencia.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. El veinticinco de junio del año en curso, Servando Marrufo Fernández promovió el juicio indicado, para controvertir la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales local (expediente TE-JDC-018/2010).

a) Recepción y registro en Sala Regional. El veintinueve de junio del año en curso, se recibió en la sede de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Guadalajara, Jalisco, la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, así como el informe circunstanciado de ley, y demás documentación que la autoridad responsable estimó atinente.

El juicio quedó registrado en el libro de gobierno de la Sala Regional, con la clave SG-JRC-73/2010.

b) Resolución de incompetencia. Mediante resolución dictada el primero de julio de dos mil diez, la citada Sala Regional determinó que el asunto era de la competencia de esta Sala Superior.

c) Remisión y recepción de expediente en Sala Superior. Por oficio SG-SGA-OA-467/2010, de primero de julio de dos mil diez, recibido en la oficialía de partes de esta Sala Superior el dos de julio siguiente, el actuario de la Sala Regional Guadalajara, remitió el expediente SG-JRC-73/2010.

d) Turno a Ponencia. El dos de julio de dos mil diez, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral turnó el expediente SUP-JRC-217/2010, a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para el efecto de acordar lo procedente y, en su caso, proponer al Pleno de esta Sala Superior el proyecto de resolución que en derecho corresponda.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la resolución que se emite compete a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando en forma colegiada, en atención a lo sostenido por este órgano jurisdiccional, en la tesis de jurisprudencia con el rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 1

1 Clave S3COJ 01/99, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen Jurisprudencia, páginas 184 a 186.

Lo anterior es así, porque, en el caso, se trata de determinar la aceptación o rechazo de la competencia de esta Sala Superior, para conocer y resolver el juicio al rubro indicado, lo cual no constituye un acuerdo de mero trámite, sino una decisión trascendental para el desarrollo del procedimiento.

SEGUNDO. Consideraciones previas y cuestión jurídica a resolver.

De la revisión de las constancias del expediente, se advierte que la pretensión última y verdadera de Servando Marrufo Fernández, es que se revoque la determinación del Consejo Estatal del Partido Duranguense por la que, afirma, se canceló su afiliación a dicho instituto político y, en consecuencia, que se le restituya su derecho político-electoral violado.

Como se observa, el tema jurídico central del asunto está directamente vinculado con el derecho político-electoral de asociación, en su vertiente de afiliación, de un ciudadano a un partido político de naturaleza estatal.

De acuerdo con lo anterior, la cuestión jurídica a dilucidar es determinar qué Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver la impugnación en contra de la cancelación de afiliación del actor.

TERCERO. Competencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Esta Sala Superior no acepta la competencia para conocer del presente asunto, y considera que la Sala Regional Guadalajara es competente para su conocimiento y resolución, conforme con lo siguiente.

De acuerdo con la reforma constitucional y legal de dos mil siete, se estableció un nuevo esquema de distribución de competencias para las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que corresponde al Tribunal Electoral resolver, en forma definitiva e inatacable, según lo disponga la ley, de las impugnaciones en contra de actos o resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Como se observa, la Constitución General establece el acceso a la jurisdicción estatal para la tutela del ejercicio de derechos político-electorales, como el de afiliación, y que el órgano encargado de conocer las impugnaciones relacionadas con la violación de ese tipo de derechos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se prevé una reserva legal para resolver esa clase de conflictos en los términos que disponga la legislación secundaria.

El medio de impugnación previsto en la legislación federal para impugnar violaciones a derechos político-electorales, es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La competencia de las Salas para conocer y resolver ese tipo de medios de impugnación, de acuerdo con la ley, es, en términos generales, la siguiente:

Para la Sala Superior, en los siguientes supuestos:

* Violación al derecho de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de México, de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

* Violación al derecho de asociarse libre e individualmente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como los que se presente en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas o en la integración de sus órganos nacionales.

* Cuando un ciudadano, asociado con otros ciudadanos, considere que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política.

* Cuando el ciudadano considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales.

* Cuando por causas de inelegibilidad de un candidato, las autoridades determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, tratándose de la elección de gobernadores o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para las Salas regionales, en los siguientes supuestos:

* Violación al derecho de votar en las elecciones constitucionales.

* Violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados locales y a la Asamblea del Distrito Federal, ayuntamientos y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

* Violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar los ayuntamientos.

* Violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales.

* Violaciones relacionadas con la obtención oportuna del documento necesario para ejercer el voto, y con la inclusión en la lista nominal de electores.

* Cuando al ciudadano le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular, en la elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y sus titulares de las demarcaciones territoriales.

* Cuando por causas de inelegibilidad de un candidato, las autoridades determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, cuando se refiera a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Como se observa, las reglas de distribución de competencias de este nuevo esquema no prevén, de manera expresa, a qué Sala corresponde conocer de asuntos vinculados con la violación del derecho fundamental de afiliación política, tratándose de partidos políticos estatales y, particularmente, con asuntos relacionados con la suspensión o expulsión de su filiación, militancia o pertenencia a los mismos.

No obstante, de la interpretación sistemática de la normativa aplicable, se arriba a la conclusión de que ese tipo de asuntos son competencia de las Salas Regionales, como se explica en seguida.

De acuerdo con el orden jurídico mexicano, la forma ordinaria de ejercer el derecho de afiliación política, es mediante la adhesión, incorporación y pertenencia a un partido político, con todos los derechos inherentes a esa calidad.

Los partidos políticos pueden ser de carácter nacional o estatal, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base I, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ciudadanos son libres de elegir si se afilian a un partido político nacional o estatal, a partir de elementos como la identidad de intereses, ideología, programa, ámbito territorial de participación, entre otros.

Esta distinción entre el ejercicio del derecho de afiliación, a través de partidos políticos nacionales y partidos políticos estatales, cobra relevancia en el presente caso, porque el legislador estableció en favor de las salas regionales competencia para conocer de asuntos relacionados con partidos políticos locales, mientras que a la Sala Superior se le otorgó competencia para conocer de asuntos vinculados con partidos políticos nacionales.

Por regla general, la competencia de la Sala Superior se ejerce respecto de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en donde la materia versa o se relaciona con asuntos de partidos políticos de naturaleza nacional; en cambio, las salas regionales ejercen competencia para conocer de ese tipo de juicios donde la materia constituye conflictos relacionados con partidos políticos de naturaleza estatal.

En efecto, las Salas regionales son competentes para conocer y resolver el mencionado juicio por violaciones relacionadas con la elección de dirigentes de los órganos de los partidos políticos distintos a los nacionales. Esto es, de órganos partidarios de naturaleza estatal, mientras que la Sala Superior ejerce competencia tratándose de elección de dirigentes de órganos de partidos políticos nacionales.

De esta forma, se pone en evidencia que el legislador, si bien no previó todas las hipótesis legales en las que se actualiza la competencia de las Salas del Tribunal Electoral, sí estableció de manera clara y expresa una primera distinción de competencias, a partir de la elección de órganos de partidos políticos nacionales y estatales y, se insiste, respecto de éstos últimos se otorgó competencia a las Salas Regionales.

De lo anterior se desprende un fuerte elemento normativo para considerar que a las Salas Regionales compete la resolución de asuntos como el que se analiza en este juicio.

Desde luego, esta norma cuya principal característica es el ámbito territorial y espacial de constitución, formación y participación de los partidos políticos -nacional y estatal-, se corrobora con otras normas que también ponen de manifiesto que los asuntos relacionados con el ejercicio de derechos político-electorales a nivel local, son competencia de las salas regionales.

En efecto, las Salas Regionales son competentes para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tratándose de elecciones de diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y titulares de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; violaciones vinculadas con las elecciones de servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar los ayuntamientos, así como asuntos que versen sobre la inelegibilidad de candidatos en las elecciones indicadas.

Como se advierte, la normativa que regula la distribución de competencias, prevé, en un gran número de supuestos, que las Salas regionales se encarguen de los asuntos concernientes a procesos de elección y determinaciones de partidos políticos de naturaleza estatal, lo que permite válidamente afirmar que también tienen competencia para conocer de asuntos relacionados con el ejercicio y violación del derecho de afiliación en partidos políticos locales.

Esta interpretación es congruente con el criterio de la Sala Superior, consistente en que corresponde a las Salas regionales conocer de las impugnaciones vinculadas con el acceso y desempeño de cargos partidarios estatales y municipales, contenida en la tesis de jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES VINCULADAS CON EL ACCESO Y DESEMPEÑO DE CARGOS PARTIDISTAS ESTATALES Y MUNICIPALES, que si bien regula una situación distinta a la que se analiza en el presente caso, sirve como referencia para evidenciar que las Salas Regionales son competentes para resolver conflictos relacionados con partidos políticos estatales, lo que refuerza la interpretación que se sostiene en esta resolución.

Finalmente, esta interpretación también es armónica con lo dispuesto en el artículo 195, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se dispone que las Salas regionales, en el ámbito en el que ejerzan jurisdicción, son competentes para resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local.

Tan es así, que esta Sala Superior ha sostenido que los asuntos cuya materia verse sobre la formación y registro de partidos políticos estatales (supuesto que tampoco está previsto expresamente en la normativa), corresponde resolverlos a las Salas regionales, con fundamento, esencialmente, en el citado artículo 195, fracción XI.2

2 Por ejemplo, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2695/2008, y en el asunto general SUP-AG-51/2008, ambos resueltos por mayoría de votos el veintitrés de octubre de dos mil ocho.

Por tanto, procede rechazar la competencia planteada por la Sala Regional Guadalajara, y devolver el asunto a dicha Sala regional para que, conforme con sus atribuciones, resuelva lo que en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,

R E S U E L V E

PRIMERO. Esta Sala Superior no es competente para conocer del juicio de revisión constitucional electoral promovido por Servando Marrufo Fernández, en contra de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil diez, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango.

SEGUNDO. Remítase a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la primera circunscripción plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco los autos del presente juicio para que conozca y resuelva como corresponda.

NOTIFÍQUESE: por correo certificado al actor, en el domicilio señalado para tal efecto, por oficio, con copia certificada de esta resolución, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, y por estrados a los demás interesados. Lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 28; 29, párrafos 1, 2 y 3, incisos a) y b), y 93, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe. Rúbricas.