JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: SUP-JRC-412/2010 Y ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: LVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y OTRA.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIOS: JOSÉ ARQUÍMEDES GREGORIO LORANCA LUNA Y SERGIO DÁVILA CALDERÓN.

México, Distrito Federal, a nueve de febrero de dos mil once.

VISTOS, para resolver los autos de los expedientes SUP-JRC-412/2010, SUP-JDC-1246/2010, SUP-JDC-1247/2010, SUP-JDC-1248/2010, SUP-JDC-1249/2010, SUP-JDC-1253/2010, SUP-JDC-1254/2010, SUP-JDC-1255/2010, SUP-JDC-1256/2010, SUP-JDC-1257/2010, SUP-JDC-1260/2010, SUP-JDC-1261/2010, SUP-JDC-1266/2010, SUP-JDC-1267/2010 y SUP-JDC-6/2011, relativos al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional, así como a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por Cecilia Pérez Zepeda; Oscar José Serrato Quillo; Erika Elizabeth Mendoza Martínez; Heriberto Garduño Sosa; Oscar Ulises Murillo Rodríguez; José Alejandro Ramírez Reséndiz; Arturo Marcial Padrón Hernández; Agustín Alcocer Alcocer; José Antonio Zumaya de la Mora, José Fabio Espinosa, Rocío Dorantes Trejo, Raúl Reyes Trejo, Oscar Ulises Murillo Rodríguez y Arturo Marcial Padrón Hernández, así como Miguel Ángel Álvarez Jiménez, a fin de impugnar diversos actos del procedimiento de designación de Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro llevado a cabo por la LVI Legislatura del Congreso de la citada entidad federativa; y,

R E S U L T A N D O

I. De los hechos narrados por los actores en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos y de los expedientes de los juicios al rubro indicados, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Convocatoria El treinta y uno de octubre de dos mil diez, el Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, ambos de la Legislatura del Estado de Querétaro, emitieron la convocatoria para la designación de consejeros electorales para el periodo 2010-2017.

2. Inscripción de aspirantes. Entre el nueve y diez de noviembre del dos mil diez, los ciudadanos actores en este juicio se inscribieron para participar en el mencionado proceso de selección de consejeros locales.

3. Requisitos de los aspirantes. El doce de noviembre del dos mil diez, se emitió la "DECLARATORIA DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN POLÍTICA De los aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en la Convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales." En dicha declaratoria, consta que se tuvieron por cumplidos los requisitos de los ciudadanos actores en este juicio, por lo cual se fijaron fechas para sus entrevistas ante dicha Junta.

4. Entrevistas a los aspirantes. Del dieciséis al veinte de noviembre se desahogaron las entrevistas de los aspirantes, incluyendo las de los ciudadanos actores en este juicio.

5. Acto impugnado. En sesión iniciada el treinta de noviembre y concluida el día siguiente, la LVI Legislatura del Estado de Querétaro designó nuevos consejeros electorales.

El dieciséis de diciembre del dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial de la Gobierno del Estado de Querétaro, el denominado "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017".

II. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. El siete de diciembre del dos mil diez, el presidente del Comité Directivo Estatal y el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, promovieron juicio de revisión constitucional electoral a fin de impugnar la determinación antes indicada.

III. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Contra la misma determinación, diez ciudadanos promovieron, por su propio derecho, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se identifican enseguida.

Expediente

Actor

Fecha de presentación

SUP-JDC-1246/2010

Cecilia Pérez Zepeda

07/12/2010

SUP-JDC-1247/2010

Oscar José Serrato Quillo

07/12/2010

SUP-JDC-1248/2010

Erika Elizabeth Mendoza Martínez

07/12/2010

SUP-JDC-1249/2010

Heriberto Garduño Sosa

07/12/2010

SUP-JDC-1253/2010

Oscar Ulises Murillo Rodríguez

06/12/2010

SUP-JDC-1254/2010

José Alejandro Ramírez Resendiz

06/12/2010

SUP-JDC-1255/2010

Arturo Marcial Padrón Hernández

06/12/2010

SUP-JDC-1256/2010

Agustín Alcocer Alcocer

06/12/2010

SUP-JDC-1257/2010

José Antonio Zumaya de la Mora y José Fabio Espinosa

06/12/2010

SUP-JDC-1260/2010

Rocío Dorantes Trejo

10/12/2010

SUP-JDC-1261/2010

Raúl Reyes Trejo

21/12/2010

SUP-JDC-1266/2010

Oscar Ulises Murillo Rodríguez

22/12/2010

SUP-JDC-1267/2010

Arturo Marcial Padrón Hernández

22/12/2010

SUP-JDC-6/2011

Miguel Ángel Álvarez Jiménez

3/01/2011

IV. Tramite.

a) Recepción de los juicios. El siete de diciembre de dos mil diez, se recibieron directamente en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, las demandas del juicio de revisión constitucional electoral y de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del SUP-JDC-1246/2010 al SUP-JDC-1249/2010.

Las demandas relativas a los expedientes restantes se recibieron el trece y veinte de diciembre del año pasado, junto con las constancias y anexos relativas a su tramitación ante la autoridad responsable, con excepción de la demanda presentada el veintiuno de diciembre del dos mil diez, ante esta Sala Superior, relativa al SUP-JDC-1261/2010, cuyas constancias de tramitación se recibieron el diez de enero del dos mil once.

b) Integración, registro y turno a Ponencia. El siete, catorce y veintidós de diciembre del dos mil diez, así como el once de enero del dos mil once, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar, registrar y turnar a la Ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, los expedientes en que se actúa; lo cual se cumplimentó por oficios del Secretario General de Acuerdos.

c) Requerimiento. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil diez, el Magistrado instructor ordenó que los asuntos presentados directamente ante esta Sala Superior se remitieran a la responsable para su tramitación, lo cual se cumplimentó por oficio de trece de diciembre del mismo año, cuando la autoridad responsable remitió las constancias de tramitación de los juicios, su informe circunstanciado y anexos, recibidas en la ponencia del magistrado instructor el catorce del mismo mes y año.

d) Vista. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil diez, el Magistrado instructor ordenó dar vista a las partes con las constancias y anexos remitidos por la responsable y las relativas a la tramitación de las demandas presentadas directamente ante esta Sala Superior.

e) Terceros interesados. Dentro de los juicios mencionados comparecieron terceros interesados.

f) Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno, el Magistrado Instructor admitió a trámite las demandas y, agotada su instrucción, la declaró cerrada, por lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia.

g) Ampliaciones de demandas. Por escritos recibidos en esta Sala Superior el veinte de diciembre del dos mil diez, los actores Cecilia Pérez Zepeda y Oscar José Oscar Serrato Quillo, ampliaron su demanda inicial, al señalar como acto reclamado el denominado "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017", publicado el dieciséis de diciembre del dos mil diez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro.

El veintiuno de diciembre del dos mil diez, el presidente del Comité Directivo Estatal en Querétaro, del Partido Acción Nacional, presentó ampliación de demanda para señalar como actos reclamados, la designación de consejeros del Instituto Electoral de Querétaro, realizado en sesión de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, el treinta de noviembre, la cual concluyó el primero de diciembre del dos mil diez, según el acta correspondiente, el Decreto publicado el dieciséis de diciembre del dos mil diez y la supuesta interpretación auténtica llevada a cabo en la referida sesión de la Legislatura.

Debido al periodo vacacional de diciembre de la autoridad responsable, por acuerdos de cuatro de enero del dos mil once, se ordenó tramitar los escritos de ampliaciones de demandas en los términos de ley y por oficios recibidos el diez de enero del dos mil once, la autoridad responsable remitió sus informes circunstanciados y anexos, relacionados con las ampliaciones de demanda.

h) El veintiuno de diciembre del dos mil diez se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, la demanda promovida por Raúl Reyes Trejo, quien adujo que no pudo presentarla ante la autoridad responsable debido a que ésta se encontraba en periodo vacacional.

En razón de lo anterior, por auto de veintidós de diciembre del citado año, se ordenó a la LVI Legislatura del Estado de Querétaro que practicara las diligencias tendientes a la tramitación del medio de impugnación.

En constancia actuarial del veintidós de diciembre del dos mil diez, se asentó que no pudo notificarse el acuerdo respectivo, razón por la cual, por auto de cuatro de enero del dos mil once se ordenó realizar de nueva cuenta la notificación correspondiente.

Por oficio de diez de enero del dos mil once, la autoridad responsable remitió a esta Sala Superior las constancias de tramitación del medio de impugnación y una vez integrado el expediente, en su oportunidad, se cerró la instrucción para estar en condiciones de emitir la sentencia correspondiente.

i) Los días treinta de diciembre del dos mil diez, se recibieron las demandas de los juicios para los protección de los derechos político electorales del ciudadano promovidos por Oscar Ulises Murillo Rodríguez y Arturo Marcial Padrón Hernández, así como actuaciones de trámite, remitidas por el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, con los cuales se formaron los expedientes SUP-JDC-1266/2010 y SUP-JDC-1267/2010, respectivamente.

j) El once de enero del dos mil once, se recibió el oficio y anexos del presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, por el cual remitió la demanda presentada ante dicha autoridad el tres de enero del mismo año, por Miguel Ángel Álvarez Jiménez.

k) Por escrito recibido el veintiuno de enero del dos mil once, el actor en el juicio SUP-JDC-1256/2010, Agustín Alcocer Alcocer, expuso un argumento de inelegibilidad diverso al que manifestó en su escrito inicial de demanda y ofreció pruebas supervenientes en apoyo a su promoción.

Debido a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil once, el magistrado instructor ordenó tramitar la ampliación de demanda basada en los hechos supervenientes aducidos por el citado actor.

Por oficios recibidos en esta Sala Superior el veintiséis de enero del dos mil once, firmados por el diputado presidente de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, se recibieron las constancias de tramitación de la citada ampliación.

Por escrito recibido en la misma fecha compareció el consejero electoral Raúl Ruiz Canizales, en su carácter de tercero perjudicado, por el cual realizó manifestaciones en torno al mencionado escrito del actor Agustín Alcocer Alcocer.

l) Por escritos presentados el veintisiete de enero del dos mil once, los actores en el SUP-JDC-1257/2010 José Antonio Zumaya de la Mora y José Fabio Espinoza, así como Agustín Alcocer Alcocer, actor en el SUP-JDC-1256/2010, presentaron escritos por los cuales ofrecieron diversas documentales que consideraron supervenientes.

Por acuerdos de veintiocho de enero del mismo año, se tuvieron por hechas sus manifestaciones y por presentadas las documentales que acompañaron, de las cuales se hará el pronunciamiento respectivo en esta sentencia.

En su oportunidad se radicaron y se cerró la instrucción en los respectivos juicios, para dejarlos en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 99, párrafo cuarto, fracción IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, incisos b) y c), y 189, fracción I, incisos d) y e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 79, apartado 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, pues se trata de un juicio de revisión constitucional electoral y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos contra la designación de los integrantes de una autoridad electoral en una entidad federativa.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 3/2009 cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e), así como 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones vinculados con la designación de los integrantes de las autoridades electorales de las entidades federativas, sea mediante juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o juicio de revisión constitucional electoral, porque como máxima autoridad jurisdiccional electoral le corresponde resolver todas las controversias en la materia, con excepción de las que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas regionales, sin que la hipótesis mencionada esté dentro de los supuestos que son del conocimiento de éstas, además de que en el ámbito electoral local debe velar por la observancia de los principios de imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad que rigen los procesos electorales."

SEGUNDO. Acumulación. Como lo señalan los actores, en los expedientes registrados con las claves SUP-JRC-412/2010, SUP-JDC-1246/2010, SUP-JDC-1247/2010, SUP-JDC-1248/2010, SUP-JDC-1249/2010, SUP-JDC-1253/2010, SUP-JDC-1254/2010, SUP-JDC-1255/2010, SUP-JDC-1256/2010, SUP-JDC-1257/2010, SUP-JDC-1260/2010, SUP-JDC-1261/2010, SUP-JDC-1266/2010, SUP-JDC-1267/2010 y SUP-JDC-6/2011, existe conexidad, pues se promueven contra los mismos actos derivados del procedimiento de designación de consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro y en especial, contra el acuerdo emitido el treinta de noviembre de dos mil diez, por la misma autoridad responsable, que es la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, así como el Decreto respectivo.

Por lo anterior, con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de los juicios en mención, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 73 fracciones VII y IX del Reglamento Interno de este Tribunal, se ordena la acumulación de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano antes referidos al expediente SUP-JRC-412/2010, por ser éste el que se recibió primero.

En consecuencia, glósese copia certificada de la presente ejecutoria en los expedientes SUP-JDC-1246/2010, SUP-JDC-1247/2010, SUP-JDC-1248/2010, SUP-JDC-1249/2010, SUP-JDC-1253/2010, SUP-JDC-1254/2010, SUP-JDC-1255/2010, SUP-JDC-1256/2010, SUP-JDC-1257/2010, SUP-JDC-1260/2010, SUP-JDC-1261/2010, SUP-JDC-1266/2010, SUP-JDC-1267/2010 y SUP-JDC-6/2011.

TERCERO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable y los terceros interesados, aducen la improcedencia tanto del juicio de revisión constitucional electoral radicado en el expediente SUP-JRC-412/2010, promovido por el Partido Acción Nacional, como de los juicios ciudadanos acumulados porque, desde su perspectiva: el partido actor carece de legitimación para promover el juicio; por la falta de personería de quienes comparecen en su nombre; por falta de interés jurídico de los actores para promover los medios de impugnación, así como por actos consentidos.

1. Falta de legitimación. La autoridad responsable así como los terceros interesados argumentan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, en su concepto, el partido político actor carece de legitimación para promover el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-412/2010.

La causal de improcedencia en examen se considera infundada porque, contrariamente a lo aducido por la autoridad responsable, así como los terceros interesados, el partido político sí tiene legitimación para promover el citado juicio de revisión constitucional electoral.

Lo anterior es así, porque conforme a lo establecido en al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde exclusivamente a los partidos políticos, promover el juicio de revisión constitucional electoral, por tanto, resulta evidente que en la especie, el Partido Acción Nacional, al ser un partido político nacional, tiene legitimación para promover el juicio de revisión constitucional electoral al rubro citado, de ahí que no asista razón a la autoridad responsable así como los terceros interesados.

2. Falta de personería de quienes comparecen a nombre del partido político actor.

La autoridad responsable y los terceros interesados que comparecieron al juicio de revisión constitucional electoral aducen esencialmente que Ricardo Anaya Cortes, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, incumple con lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que los estatutos no lo facultan para promover el presente medio de impugnación, debido a que, quien cuenta con tales atribuciones es el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido.

Igualmente, tanto la autoridad responsable como la parte tercera interesada señalan que Adolfo Franco Guevara, en su calidad de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, carece de personería suficiente para promover el presente juicio, por lo que se actualiza la causal de improcedencia derivada del artículo 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que el acto impugnado no fue dictado por la autoridad administrativa local, sino por el Congreso del Estado de Querétaro.

Las anteriores causas de improcedencia se desestiman por las siguientes razones.

Contrariamente a lo que sostiene la autoridad responsable y la tercera interesada, en el presente caso se reúne el requisito de personería previsto en el artículo 88, párrafo 1, inciso d), de la ley procesal de la materia, toda vez que Ricardo Anaya Cortés suscribe la demanda del presente juicio como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.

Esto, porque ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior1 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, la representación de los órganos estatales y municipales de dicho partido, corresponde a los Presidentes de los respectivos Comités Directivos.

1 Así, por ejemplo, en la ejecutoria del SUP-JRC-38/2010.

En efecto, el citado numeral, así como el inmediato anterior, prescriben lo siguiente:

Artículo 72. En cada entidad federativa funcionarán un Consejo Estatal, un Comité Directivo Estatal, los correspondientes Comités Directivos Municipales y sus respectivos subcomités.

Los Comités Directivos Estatales y Municipales deberán integrarse con, al menos, el cuarenta por ciento de miembros de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Artículo 73. Los órganos estatales y municipales que se constituyan en los términos del artículo anterior funcionarán de acuerdo con las disposiciones de estos Estatutos, los reglamentos y las normas complementarias que dicte el Comité Ejecutivo Nacional. La representación de estos órganos corresponderá a los Presidentes de los respectivos Comités.

Consecuentemente, si en el caso quien promueve por el Partido Acción Nacional es el Presidente del Comité Directivo Estatal en Querétaro, es evidente que Ricardo Anaya Cortés sí tiene la representación suficiente del partido y por ende, sí está en aptitud de promover el presente medio de impugnación, porque precisamente los estatutos lo facultan para ello, independientemente de que también tenga poder para pleitos y cobranzas.

En efecto, Ricardo Anaya Cortés, quien promueve en nombre del partido en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal, también tiene poder para representar al referido partido político en los términos que señalen las disposiciones relativas de la legislación electoral vigente, así como para pleitos y cobranzas e intentar y desistir de toda clase de procedimientos.

Lo anterior conforme a la copia certificada del instrumento notarial veinte mil quinientos cincuenta y cuatro, de veintitrés de julio de dos mil diez, en el que se hace constar el poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales, en términos del artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República.

Este poder fue otorgado por José Cesar Nava Vázquez, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, en términos de diverso testimonio notarial que certifica que por medio del instrumento veintinueve mil trescientos cincuenta y tres, de catorce de septiembre de dos mil nueve, se protocolaron parcialmente, el acta de Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político, por el que se le nombró como apoderado del mismo. Ambos pasados ante la fe del titular de la Notaría Pública 171 del Distrito Federal.

Conforme con lo prescrito por los artículos 14, párrafo 4, inciso d) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las documentales de referencia, visibles a fojas treinta y cinco a treinta a ocho del expediente en que se actúa, tienen valor probatorio pleno, independientemente que con la sola calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal, Ricardo Anaya Cortés, tenga personería suficiente para promover el medio de impugnación de que se trata.

Por tanto, Ricardo Anaya Cortés cuenta con la personería exigida por la ley procesal referida, para promover el presente juicio.

Precisado lo anterior, al estar justificada la personería de uno de los firmantes que comparecen como representantes del partido político actor, es suficiente para tener por satisfecho este requisito procedencia, sin necesidad de hacer pronunciamiento en torno al carácter de quien firma la demanda como representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral de Querétaro.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia S3ELJ 03/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consultable en las páginas doscientas veintiuno a doscientas veintidós de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONERÍA. CUANDO EXISTE PLURALIDAD DE PROMOVENTES EN UN MISMO ESCRITO, ES SUFICIENTE QUE UNO SOLO LA ACREDITE PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUISITO".

3. Falta de interés jurídico.

Por otra parte, en sus respectivos informes circunstanciados, la autoridad responsable hace valer la de falta de interés jurídico porque el acto impugnado no afecta el derecho de los actores.

Es infundada la causa de improcedencia.

En primer lugar, la posibilidad de afectación al interés jurídico es una hipótesis distinta a la actualización de alguno de los supuestos de procedibilidad del juicio, pues el primero tiene que ver con la afectación a un derecho sustantivo del actor mientras que lo segundo se relaciona con la determinación de los derechos susceptibles de tutelarse en el medio impugnativo específico de que se trata.

Así, no asiste la razón en ninguna de esas dos hipótesis, pues por un lado, el partido político actor aduce la ilegalidad de la elección de Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil diez al catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en tanto que los ciudadanos actores aducen la afectación al derecho a integrar una autoridad electoral (el consejo general del instituto electoral) de las entidades federativas (Querétaro), con lo que se surte el supuesto de procedibilidad, previsto en el artículo 79, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En cuanto a si con el procedimiento y designación impugnada se afecta o no ese derecho sustancial, tampoco puede acogerse como causal de improcedencia porque ese aspecto involucra precisamente lo que debe dilucidarse en el fondo de este asunto.

En efecto, el interés jurídico procesal se surte cuando en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez, éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral violado, como se estableció en la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO", consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 152-153.

En los presentes asuntos se satisface ese interés jurídico debido a que se alega la violación al derecho a integrar a las autoridades electorales a partir de la convocatoria a los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil diez al catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, hasta la designación de éstos funcionarios electorales, respecto del cual, los promoventes, al momento de presentar su demanda, tienen el carácter de Consejeros Electorales o bien, candidatos a ocupar esos cargos; además de que la intervención de esta autoridad es útil para revocar la designación efectuada en la sesión iniciada el treinta de noviembre del presente año y concluida al día siguiente, y restituir así a los actores en el derecho político electoral reclamado.

Cabe recordar que la sentencia que en su caso se dicte en los juicios ciudadanos en comento, es la providencia idónea para reparar dichas violaciones, según lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 2, y 84, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, la determinación de si existe violación o no a la esfera jurídica de los impetrantes constituye precisamente la materia de fondo del presente asunto, razón por la que no pueden ser acogidos tales argumentos.

Sostener lo contrario implicaría que esta Sala Superior incurriera en un vicio de petición de principio, pues a la solicitud de los actores de que se purguen los vicios que, desde su perspectiva, acontecieron durante el procedimiento de elección (falta de quórum necesario para sesionar, falta de la "publicación de declaratoria", entre otros) y de que les sean restituidos sus derechos presuntamente violados recaería, es una cuestión que no se puede resolver sin mediar un estudio de fondo suficiente y adecuado para demostrar dicha situación.

4. Actos consentidos

Los terceros interesados aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que los actores impugnan actos consentidos expresamente, como la convocatoria del proceso de selección de consejeros electorales y la publicación de la lista de candidatos aprobada por la Junta de Concertación Política, la cual se votó el treinta de noviembre del año pasado por la legislatura estatal, porque en su opinión no fueron impugnados oportunamente.

Esta Sala Superior considera infundada la causa de improcedencia invocada, porque los actores no controvierten la convocatoria, pues no la señalan como acto reclamado, sino que señalan como tal, de manera destacada y principal, la designación de los consejeros electorales realizada por la legislatura local el treinta de noviembre del presente año, a la que le atribuyen vicios propios.

De manera que, contrario a lo que afirman los terceros interesados, no es posible inferir que la falta de impugnación de los citados actos permita que los resultados del procedimiento de designación de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro han sido consentidos, pues precisamente en este medio de impugnación se controvierten tales resultados, es decir, el acuerdo final que tomó la legislatura local para designar a determinados consejeros electorales, y que en todo caso es el que causa afectación a la esfera jurídica de los actores y el cual está expresamente impugnado en el presente caso.

Por otra parte, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aduce también, que se actualiza la referida causa de improcedencia, porque los ciudadanos que participaron en el procedimiento de selección de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, consintieron en forma expresa el procedimiento que hoy se controvierte, pues aceptaron las bases de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado y a su vez el Partido Acción Nacional representado por su fracción parlamentaria participó en todas las fases del procedimiento impugnado, desde la suscripción de la convocatoria, hasta la realización de reuniones de trabajo y entrevistas.

Dichas alegaciones son infundadas, pues que los participantes aceptaran las bases de la convocatoria y que el Partido Acción Nacional haya participado en distintas fases del procedimiento impugnado, no permite inferir que por tal motivo, han consentido los resultados finales del procedimiento de selección respectivo, pues precisamente, con su impugnación oportuna manifiestan su inconformidad en los términos de ley.

Lo anterior sumado a que atribuyen vicios propios al acto con el que culminó el procedimiento de designación de consejeros, lo cual excluye el consentimiento tácito o expreso de dicha actuación.

5. Extemporaneidad de la demanda relativa al SUP-JDC-6/2011.

La autoridad responsable aduce que la demanda presentada por Miguel Ángel Álvarez Jiménez es inoportuna, porque se presentó fuera del plazo de cuatro días a que se refiere el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dice la responsable que el propio actor acepta que desde el primero de diciembre del dos mil diez se escuchaban rumores de que ya se habían elegido a los consejeros, por lo cual se advierte que el actor estaba al tanto del procedimiento y ahora pretende afirmar que se enteró "meridianamente" de la designación hasta el dieciséis de diciembre del dos mil diez, cuando se publicó el Decreto respectivo, por lo cual considera que el actor pretende incurrir en fraude a la ley para impugnar extemporáneamente una actuación que ya conocía.

El aspecto que aduce la responsable constituye una cuestión de fondo que debe analizarse al estudiar los agravios, porque el actor Miguel Ángel Álvarez Jiménez aduce que desconoce a plenitud los fundamentos y motivos que sustentan la designación de los consejeros, y en el caso no se ofrecen pruebas fehacientes que acrediten la notificación personal de las actuaciones atinentes emanadas durante el procedimiento controvertido.

Además, el actor aduce que para conocer los pormenores de lo actuado en el procedimiento de designación de consejeros, ejerció su derecho de petición a través de dos escritos, los cuales, según dice, no han sido respondidos por la autoridad responsable, lo que significa que el actor plantea su demanda a partir del desconocimiento pleno de las actuaciones y la omisión de responderle sus peticiones.

Por tanto, es evidente que uno de los actos reclamados en este juicio y que es base de su pretensión, relativo a la falta de respuesta a su petición, es de tracto sucesivo, lo que impide tener por actualizada la causal de improcedencia basada en la presentación extemporánea de la demanda, por lo cual se trata de un hecho superveniente.

Lo anterior, sumado al hecho de que en autos consta que la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, que es la autoridad señalada como responsable en la demanda, admite que estuvo gozando de su periodo vacacional del diecisiete de diciembre del dos mil diez, al tres de enero del dos mil once.

Por tanto, la demanda presentada el tres de enero del dos mil once es oportuna, tomando en cuenta que el decreto impugnado se publicó el dieciséis de diciembre del dos mil diez, por lo cual, descontando el referido periodo vacacional, los cuatro días para presentar la demanda transcurrieron del tres al seis de enero del dos mil diez.

En razón de lo expuesto no se actualizan las causales de improcedencia aducidas por los terceros interesados y por la autoridad responsable, por lo cual procede estudiar los agravios planteados por los actores.

CUARTO. Ampliaciones de demanda. Son procedentes los escritos de ampliación de demanda presentados por los actores Cecilia Pérez Zepeda, Oscar José Serrato Quillo y el representante legal del Partido Acción Nacional, dentro de los juicios relativos a los SUP-JDC-1246/2010, SUP-JDC-1247/2010 y SUP-JRC-412/2010, respectivamente, en los que controvierten el "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017", publicado el dieciséis de diciembre del dos mil diez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro.

Lo anterior, porque dicho acto no existía el siete de diciembre del dos mil diez, es decir, al momento en que presentaron sus escritos iniciales de demanda.

Además, las ampliaciones de demanda se presentaron oportunamente, pues los actores Cecilia Pérez Zepeda y Oscar José Oscar Serrato Quillo, lo presentaron el veinte de diciembre del dos mil diez, mientras que el presidente del Comité Directivo Estatal en Querétaro, del Partido Acción Nacional, lo presentó el veintiuno de diciembre del dos mil diez, esto es, dentro del plazo de cuatro días hábiles siguientes a que conocieron el hecho superveniente señalado como acto reclamado.

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 18/2008, sostenida por esta Sala Superior, del rubro y contenidos siguientes:

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR. Los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

Por idénticas razones, es procedente la ampliación de demanda presentada el veintiuno de enero del dos mil once, por Agustín Alcocer Alcocer, actor en el juicio relativo al expediente SUP-JDC-1256/2010.

En efecto, en dicho escrito, el citado actor aduce que debido a una publicación del periódico de circulación nacional "Reforma", se enteró que uno de los consejeros electorales designados por la autoridad responsable, aparece como "Director de Análisis Político" del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, información que, según dice el actor, desconocía antes de la publicación de esa nota.

Con base en dicha información, el actor aduce que se actualiza una diversa causa de inelegibilidad de Raúl Ruiz Canizales para ocupar el cargo de consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro.

El escrito se presentó el veintiuno de enero del dos mil once, esto es, dentro del plazo de cuatro días siguientes a que se publicó la nota de referencia, de tal manera que la promoción es oportuna.

No obsta a lo anterior, lo alegado por el tercero interesado Raúl Ruiz Canizales, en el sentido de que no es procedente admitir pruebas supervenientes, ni ampliación de demanda, porque en este juicio ya se cerró la instrucción, la información en que se apoya el actor constituía un hecho notorio y estuvo disponible en la página de internet desde marzo del dos mil diez, aparte de que los partidos políticos fueron notificados del informe del Partido Revolucionario Institucional.

En primer lugar, cabe resaltar que en el SUP-JDC-1256/2010, promovido por Agustín Alcocer Alcocer, no se ha dictado auto de cierre de instrucción, razón por la cual se actualiza el supuesto previsto en el artículo 16, apartado 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, las manifestaciones del tercero perjudicado no desvirtúan la afirmación del actor, consistente en que el hecho que invoca en su escrito es novedoso, en tanto no lo conocía con antelación a la publicación periodística que alude.

En efecto, el tercero interesado no aporta probanzas que justifiquen su afirmación, pues no acompaña alguna prueba que demuestre que desde el mes de marzo del dos mil diez la información que constituye la prueba superveniente era pública y estaba disponible en internet.

Aparte de que el propio tercero perjudicado acepta que ni siquiera él conocía esa información, tan es así que el veinte de enero del dos mil once, es decir, el mismo día de la publicación en "Reforma" se enteró de que le habían atribuido el carácter de Director de Análisis Político del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, razón por la cual solicitó de inmediato la aclaración y rectificación de información al Presidente de dicho Comité.

Lo anterior revela que, aun cuando los datos en cuestión se hubieran publicado en el internet, lo cierto es el que actor Agustín Alcocer Alcocer no tenía obligación de conocerla, lo que significa que el hecho base de la ampliación es un hecho desconocido previamente por dicho actor.

En esas condiciones, debe analizarse en el fondo la cuestión planteada en el escrito en estudio.

En otro orden de ideas, por lo que respecta a los escritos presentados el veintisiete de enero del dos mil once, por Agustín Alcocer Alcocer, actor en el SUP-JDC-1256/2010 y José Antonio Zumaya de la Mora y José Fabio Espinosa, actores en el SUP-JDC-1257/2010, resultan improcedentes sus peticiones, atento a lo siguiente.

En términos de la citada jurisprudencia y el artículo 16, apartado 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tanto la ampliación de demanda, como las pruebas supervenientes, tienen elementos en común que requieren satisfacerse a fin de que resulten procedentes.

Como ya se dijo, los hechos surgidos después de la presentación de la demanda o aquellos preexistentes a ella, pero que desconocía el actor, pueden generar la posibilidad de presentar una ampliación de demanda o pruebas supervenientes.

Además, un requisito indispensable para que procedan la ampliación de demanda o de pruebas supervenientes consiste en que los hechos que los generen deben estar estrechamente relacionados con los hechos en los que el actor sustentó sus pretensiones, pues de otro modo se le concederían infinitas oportunidades para renovar la litis y los hechos base de las pretensiones, alargando indebidamente con ello el plazo para impugnar.

Por su parte, las pruebas supervenientes requieren además, que sean conducentes e idóneas a la litis y estén referidas a hechos controvertidos, pues de no ser así son inadmisibles al tratarse de pruebas inconducentes, inidóneas o que versan sobre hechos confesados y admitidos por las partes, respecto de los cuales es innecesario dilatar el juicio a fin de probar un aspecto que no está controvertido.

Pues bien, en el caso no se satisfacen esos requisitos por lo siguiente.

Agustín Alcocer Alcocer aduce que apenas se enteró que la ciudadana Rocío Dorantes Trejo, aspirante admitida al proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Consejero Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, es militante del Partido Acción Nacional, razón por la cual no podía ser designada consejera, para lo cual ofrece diversas probanzas.

El hecho en que se apoya el actor no es idóneo para admitir pruebas supervenientes, pues en primer lugar, la persona que pretende cuestionar, Rocío Dorantes Trejo, no fue designada como consejera electoral del Instituto Electoral de Querétaro, siendo que la supuesta ilegal designación de consejeros es la base de la pretensión del actor en su escrito inicial de demanda.

Por tanto, el hecho en que se apoya el actor no está vinculado con los hechos en que basó sus pretensiones en la demanda de origen, pues en ésta nunca refirió que su intención era controvertir el cumplimiento de requisitos de cualquiera de los aspirantes a consejero electoral local.

Lo anterior, tal como se advierte de su demanda inicial, donde señala diversas irregularidades cometidas en su concepto durante el procedimiento de designación, la supuesta inelegibilidad de consejeros designados y la indebida votación, en su concepto, de quince legisladores en lugar de diecisiete que considera que conforman las dos terceras partes de la legislatura.

En ningún momento de su demanda inicial, el actor Agustín Alcocer Alcocer hizo referencia a la falta de requisitos de todos los aspirantes que no fueron designados consejeros, razón por la cual, son inconducentes a la litis de este juicio los hechos y pruebas que aduce en torno a la supuesta militancia de Rocío Dorantes Trejo en el Partido Acción Nacional.

Por otro lado, el actor aduce que el consejero electoral local Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, laboró en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tiene conocimiento de que a la fecha se ostenta como tal, razón por la cual estima que no reúne los requisitos legales para ocupar el cargo de consejero local.

El hecho que refiere el actor no es novedoso, pues desde su escrito inicial demanda hizo valer como causa de inelegibilidad de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda su carácter de secretario de estudio y cuenta de la Sala Regional Toluca de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, es evidente que el actor conocía el hecho desde la presentación de su demanda y por tanto es improcedente su ampliación de demanda, pues versa sobre un hecho que confesó conocer desde que presentó la primera de ellas, razón por la cual, no es dable admitir su promoción, pues tiene como único fin desahogar la probanza que en su momento no ofreció adecuadamente, pues en autos consta que primero solicitó un informe a los Tribunales Colegiados de Circuito en Querétaro para que le dijeran si dicho funcionario trabajaba o no en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo que ahora pretende obtener la prueba idónea fuera de los plazos que tenía para hacerlo.

Lo anterior, sumado a que, como se explicará enseguida, el carácter de secretario de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda está plenamente acreditado en autos con su propio curriculum ofrecido ante la autoridad responsable, razón por la cual, las pruebas que pretende ofrecer Agustín Alcocer Alcocer, versan sobre hechos que están fuera de debate.

Por idénticas razones, es improcedente la ampliación de demanda promovida por los actores José Antonio Zumaya de la Mora y José Fabio Espinoza, así como su escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes en torno al mismo hecho, pues su pretensión es idéntica a la de Agustín Alcocer Alcocer antes analizada, con la única diferencia de que reiteran que acaban de enterarse que Raúl Ruiz Canizales aparece como Director de Análisis Político en un informe del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, respecto de lo cual ofrecen pruebas que ya obran en autos.

Este último hecho ya se integró a la litis a través de la ampliación de demanda promovida por Agustín Alcocer Alcocer, la cual se tramitó ante la responsable y acudió el tercero interesado a hacer valer lo que a su interés convino, tal como se relató en antecedentes, razón por la cual, por economía procesal y con apoyo en el principio de acceso a la justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional, resulta inadmisible su ampliación de demanda, al integrarse en este asunto todos los elementos necesarios para resolver.

QUINTO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-412/2010.

El medio de impugnación en estudio reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 86, párrafo 1 y 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo siguiente:

a. Oportunidad. El presente juicio de revisión constitucional electoral se promovió dentro de los cuatro días a que alude el artículo 8, párrafo 1, de la invocada Ley General, ya que el partido actor, según su dicho, tuvo conocimiento que la sesión del Congreso de Querétaro, en la cual se emitió el acto impugnado, concluyó el primero de diciembre de dos mil diez, y la respectiva demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional el siete siguiente, esto es, dentro del plazo de cuatro días.

b. Requisitos de la demanda. El juicio a estudio se presentó por escrito, haciéndose constar el nombre del actor y su domicilio para oír y recibir notificaciones. Se identifican los actos impugnados y las autoridades responsables; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y los conceptos de agravio; asimismo, se hace constar el nombre y firma autógrafa de quienes promueven, por lo que se cumple con los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, pues conforme con lo señalado en el artículo 88, párrafo 1, inciso a) de la invocada Ley General, corresponde instaurarlo a los partidos políticos, y, en la especie, quien promueve es precisamente el Partido Acción Nacional.

d. Personería. En el caso se cumple con el requisito previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el juicio a estudio fue promovido por el Partido Acción Nacional, a través del Presidente del Comité Directivo Estatal, en términos de lo considerado al analizar la causa de improcedencia de falta de personería.

e. Definitividad y firmeza. Se cumple con este requisito, pues en términos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, no existe algún medio de impugnación local para combatir el acto reclamado.

f. Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El requisito exigido en el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra satisfecho en el caso, ya que el promovente alega que la sentencia reclamada transgrede, entre otros, los artículos 14, 16, 35, 41 y 116 de la Constitución Federal.

Este requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio; consecuentemente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, consultable en las páginas 155 a 157, de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".

g. Violación determinante. Dicho requisito se colma en la especie, toda vez que, el asunto se relaciona con la integración de una autoridad electoral de una entidad federativa, lo cual podría afectar, en determinado momento, el desarrollo de cualquier futuro proceso electoral que se lleve a cabo en el Estado de Querétaro.

h. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. En relación al requisito contemplado en los incisos d) y e) del párrafo 1 del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, ya que no existe una fecha próxima o límite a la que se circunscribiera la emisión de la presente ejecutoria.

SEXTO. Los actos reclamados son los siguientes.

Sesión de treinta de noviembre del dos mil diez de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro:

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.

I. En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., en el salón de sesiones "Constituyentes 1916-1917", sede del Poder Legislativo, siendo las once horas con quince minutos del día 30 de noviembre del año 2010, por instrucciones del presidente de la mesa Directiva, el Diputado Primer Secretario procedió a llamar a los integrantes de la mesa directiva para instalarse, dando cuenta de la ausencia de la Diputada Segunda Secretaria Micaela Rubio Méndez, asimismo procedió a abrir el registro de asistencia invitando a pasar al interior del salón de plenos a los diputados presentes a efecto de proceder al pase de lista, recibiendo como respuesta de los diputados reunidos en el vestíbulo que ingresarían al recinto hasta que concluyera la reunión de los integrantes de la Junta de Concertación Política, que se realizaba en la planta alta de este edificio; Siendo las trece horas se da cuenta de la asistencia de 16 diputados, siendo los siguientes: José Luis Aguilera Rico, Ricardo Astudillo Suárez, León Enrique Bolaño Mendoza, Antonio Cabrera Pérez, Joaquín Cárdenas Gómez, Abel Espinoza Suárez, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Juan José Jiménez Yáñez, J. Belem Junco Márquez, J. Jesús Llamas Contreras, Luis Antonio Macías Trejo, María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro, Fabián Pineda Morales, Bernardo Ramírez Cuevas, Hiram Rubio García y Crecenciano Serrano Hernández; por lo que existiendo el quórum legal requerido, el Diputado Presidente, Ricardo Astudillo Suárez, declara abierta la sesión, misma que se rige de acuerdo al siguiente orden del día: I. Pase de lista y comprobación del quórum. II. Consideraciones al Acta de la Sesión del Pleno celebrada el día 17 de noviembre de 2010. III. Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se adiciona un párrafo al artículo 3.de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de alimentación y nutrición, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales. IV. Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos tercero, séptimo, veintidós, treinta y tres, sesenta, setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ciento quince, ciento veintitrés y ciento veintiséis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, presentado por la Comisión dé Administración y Procuración de Justicia. V. Dictámenes de las Iniciativas de Decreto por las que se conceden Jubilación a los CC. M. Gloria Nieto Juárez, Manuel Herrera Mares, Silvestre Constantino Ledesma Reséndiz, Rogelio de Jesús Salinas, Soledad Ortiz Martínez, María Lilia Martínez Ramírez, Silvio Carvajal Salomón y Antonio Uribe González, Pensión por Vejez a los CC. Amparo Barba Rodríguez, Juan Ortíz Marín, Ma. Pueblito Bautista Vargas, J. Félix Serrato Aguilar y María de los Ángeles Flores Trejo, y Pensión por Muerte a los CC. Sonia Elizabeth Lobato Olvera y Ofelia Cabrera Ayala y Daniel Vázquez Cabrera, presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. VI. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Municipio de Querétaro a suspender los actos que atenían contra los derechos humanos de los comerciantes ambulantes y permitir que desarrollen su actividad de comercio, presentado por la Comisión de Derechos Humanos y. Acceso a la Información Pública. VIl. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que se faculta al Director de Servicios Administrativos de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado para que realice el trámite administrativo correspondiente, ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a efecto de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a la Legislatura del Estado, presentado por la Comisión de Planeación y Presupuesto. VIII. Elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro. IX. Asuntos Generales. X. Término de la Sesión.

Enseguida y en virtud de la ausencia injustificada de la Diputada Segunda Secretaria Micaela Rubio Méndez, con fundamento en el artículo 126 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el Diputado Presidente, llamó a la secretaria suplente Diputada María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro y la habilitó como Segunda Secretaria. II. Continuando con el orden del día, y con fundamento en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se somete a consideración el acta de la Sesión del Pleno celebrada el día 17 de noviembre del año 2010, misma que se aprueba, no existiendo consideraciones por parte de los diputados.

III. Continuando con el orden del día y toda vez que su contenido es ya del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, se hace del conocimiento, el Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se adiciona un párrafo al artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en "materia de alimentación y nutrición, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales; a efecto de que continúe con el proceso legislativo establecido en los artículos 39 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

IV. A efecto de continuar con el orden del día, se da cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos tercero, séptimo, veintidós, treinta y tres, sesenta, setenta y hueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ciento quince, ciento veintitrés y ciento veintiséis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; sometiéndose a discusión, e inscribiéndose como oradores a favor los diputados Luis Antonio Macías Trejo, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, León Enrique Bolaño Mendoza y Bernardo Ramírez Cuevas. Acto seguido, hace uso de la voz el Diputado Luis Antonio Macías Trejo señalando que la; presente reforma es producto del esfuerzo conjunto de los tres poderes que conforman el Gobierno del Estado con la finalidad de mejorar la administración de justicia en Querétaro, por lo que los empleados que formen parte de la estructura de los Juzgados Menores, ahora pertenecerán al Poder Judicial del Estado; con mejores salarios, más prestaciones y sobre todo, contarán con la infraestructura necesaria para el digno desempeño de su función. Enseguida, hace uso de la voz la Diputada Dalia Xóchitl Garrido Rubio mencionando que la presente reforma es acorde con los principios de congruencia y pertinencia, en razón de que los Juzgados Menores deben depender, jerárquicamente como administrativamente del Poder Judicial del Estado, porque al depender de los municipios del Estado, existe la posibilidad de que esa dependencia afecte la autonomía e imparcialidad propia de los órganos que imparten justicia. Acto continuo, hace uso de la voz el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza señalando que al incorporar a los Juzgados Menores al Poder Judicial del Estado, se logrará tener un Poder Judicial sólido, autónomo, garante de una justicia imparcial, humana, de calidad, con un alto sentido de responsabilidad y compromiso social. Enseguida, hace uso de la voz el Diputado Bernardo Ramírez Cuevas mencionando que la problemática de la justicia municipal no estriba en la cuestión estructural o en el sentido de pertenencia de los juzgadores, sino en un punto meramente económico, pues aún cuando su competencia y designación los determina el Poder Judicial del Estado, la suficiencia presupuestaria para el desarrollo de sus funciones hoy en día es aportada por los municipios del Estado, representando un riesgo en el rubro de impartición de justicia para los gobernados, así como para la certeza jurídica de sus actos.

Acto seguido, se da cuenta de la asistencia del Diputado Juan Fernando Rocha Mier.

Enseguida, se somete a votación el dictamen de mérito, siendo el resultado de 16 votos a favor y 0 en contra. En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo establecido en los artículos 19 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 79 fracción I y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el Dictamen de mérito, túrnese a la Comisión de Redacción y Estilo para que en los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formule la minuta respectiva y en su momento, expídase el proyecto de Ley correspondiente y envíese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

V. Continuando con el orden del día, se da cuenta de los Dictámenes de las Iniciativas de Decreto por las que se conceden Jubilación a los CC. M. Gloria Nieto Juárez, Manuel Herrera Mares, Silvestre Constantino Ledesma Reséndiz, Rogelio de Jesús Salinas, Soledad Ortiz Martínez, María Lilia Martínez Ramírez, Silvio Carvajal Salomón y Antonio Uribe González, Pensión por Vejez a los CC. Amparo Barba Rodríguez, Juan Ortíz Marín, Ma. Pueblito Bautista Vargas, J. Félix Serrato Aguilar y María de los Ángeles Flores Trejo, y Pensión por Muerte a los CC. Sonia Elizabeth Lobato Olvera y Ofelia Cabrera Ayala y Daniel Vázquez Cabrera, presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social; sometiéndose a discusión, e inscribiéndose como orador a favor el Diputado J. Jesús Llamas Contreras; señalando que el trabajo dignifica a todos los seres humanos, dando: como resultados una sociedad productiva, el desarrollo de las habilidades personales, generando la evolución y el progreso social, por lo que es necesario reconocer plenamente los derechos laborales de los trabajadores, como un justo reconocimiento a su contribución para el engrandecimiento de la sociedad. Enseguida, se somete a votación el dictamen de mérito, siendo el resultado de 14 votos a favor y 0 en contra. En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo establecido en los artículos 19 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 79 fracción I y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Querétaro, se declaran aprobados los dictámenes de mérito, túrnense a la Comisión de Redacción y Estilo para que en los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formule las minutas respectivas y en su momento, expídanse los proyectos de Decretos correspondientes y envíense al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

VI. A efecto de continuar con el orden del día, se da cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Municipio de Querétaro a suspender los actos que atentan contra los derechos humanos de los comerciantes ambulantes y permitir que desarrollen su actividad de comercio, presentado por la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública; en virtud de no haber oradores inscritos, se somete a votación siendo el resultado de 15 votos a favor y cero en contra. En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo establecido en los artículos 19 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 79 fracción III y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el Dictamen de mérito, en consecuencia se tiene por rechazada la iniciativa que le dio origen y envíese a la Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos, para que se archive como asunto concluido.

VIl. Continuando; con el orden del día se da cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que se faculta al Director de Servicios Administrativos de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado para que realice el trámite administrativo correspondiente, ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a efecto de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a la Legislatura del Estado, presentado por la Comisión de Planeación y Presupuesto; en virtud de no haber oradores inscritos, se somete a votación siendo el resultado de 16 votos a favor y cero en contra. En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo establecido en los artículos 19 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 79 fracción I y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el Dictamen de mérito, túrnese a la Comisión de Redacción y Estilo para que en los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formule la minuta respectiva y en su momento, expídase el proyecto de Acuerdo correspondiente, instruyéndose al Director de Servicios Administrativos de esta Legislatura, a informar por escrito a la Mesa Directiva el cumplimiento del presente y en coordinación con el Director de Servicios Financieros de la misma, establecerán los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Legislatura del Estado, ante las autoridades fiscales y envíese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

VIII. A efecto de continuar con el orden del día, el Diputado Presidente solicita a los integrantes de la Legislatura, informen si existe Propuesta para la Elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, inscribiéndose como oradores los diputados Hiram Rubio García en su calidad de Presidente de la Junta de Concertación Política, para presentar una propuesta y León Enrique Bolaño Mendoza, sin señalar el objeto de su intervención.

Enseguida, el Diputado Presidente, a petición del Diputado León Enrique Bolaño Mendoza, solicita al Diputado Primer Secretario, pase lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal, dándose cuenta de la asistencia de 16 diputados, siendo los siguientes: José Luis Aguilera Rico, Ricardo Astudillo Suárez, León Enrique Bolaño Mendoza, Antonio Cabrera Pérez, Joaquín Cárdenas Gómez, Abel Espinoza Suárez, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Juan José Jiménez Yáñez, J. Belem Junco Márquez, J. Jesús Llamas Contreras, Luis Antonio Macías Trejo, María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro, Fabián Pineda Morales, Bernardo Ramírez Cuevas, Hiram Rubio García y Crecenciano Serrano Hernández; por lo que existe el quórum legal requerido para continuar con el desahogo de la Sesión. Acto continuo, hace uso de la voz el Diputado José Luis Aguilera Rico, señalando que con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicita al Diputado Presidente, que se instruya al Director de Servicios Financieros de la Legislatura, a efecto de que a los diputados ausentes sin causa justificada a esta Sesión, les sea descontado de su sueldo, la parte correspondiente al día de hoy, en virtud de no estar presentes en la presente Sesión.

Acto seguido, hace uso de la voz el Diputado Hiram Rubio García, dando lectura a una propuesta firmada por cinco integrantes de la Junta de Concertación Política, siendo los coordinadores del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, Fracción Legislativa del Partido Convergencia, Fracción Legislativa del Partido de la Revolución Democrática y Fracción Legislativa del Partido Verde Ecologista de México y votada en contra por el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional; en la que proponen para ocupar los cargos de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, a los siguientes ciudadanos: José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero, Raúl Ruíz Canizales, Carlos Alfredo De los Cobos Sepúlveda, Juan Luís Lara Ramírez, María Esperanza Vega Mendoza, Mónica Guadalupe Almaraz Mancilla, Alfredo Flores Ríos, Jesús Uribe Cabrera, Carlos Silva Reséndiz, Juan Carlos Silva Briseño, José Juan Rodríguez Perusquía, Violeta Fabiola Barbosa Villanueva, Gonzalo Ruiz Posada, Cecilia Pérez Zepeda, Óscar José Serrato Quillo, Erika Mendoza Martínez, Rocío Dorantes Trejo, Heriberto Garduño Sosa, Jorge Luís Hernández Olvera, Miguel Ángel Álvarez Jiménez, Ricardo Renato Cárdenas Gracia, Óscar Ulises Murillo Rodríguez y María Natividad Camacho Ballesteros. Asimismo, señala que el propósito de su propuesta es que de dicha lista, sean elegidos los ciudadanos que habrán de ocupar los cargos de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, para lo cual entrega la propuesta a la mesa directiva.

Manifiesta que con fundamento en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y la base octava de la convocatoria para elegir candidatos a consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro y en virtud de que dicha propuesta no fue aprobaba ni está firmada por todos los diputados integrantes de la Junta de Concertación Política, el trámite de la propuesta de referencia se debe someter a votación de los diputados integrantes del Pleno de la Legislatura.

Enseguida, el Diputado Primer Secretario, con fundamento en los artículos 73 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, somete a discusión, el trámite de la propuesta planteada por el Diputado Hiram Rubio García, inscribiéndose como orador en contra, el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza y a favor, los diputados Hiram Rubio García, José Luís Aguilera Rico y Abel Espinoza Suárez. Acto seguido, hace uso de la voz el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza señalando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, los asuntos que sean del conocimiento de la Junta de Concertación Política y que requieran de la emisión de un acuerdo o propuesta por parte de ésta, serán consensuados por.unanimidad.de sus integrantes y que en caso de no cumplirse este supuesto, resolverá en definitiva el Pleno de la Legislatura. Asimismo, señala que en virtud de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, la Junta de Concertación Política es el órgano encargado de procurar la toma de decisiones políticas de la Legislatura y se integra con los coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas y que la propuesta presentada por el Diputado Hiram Rubio García, no es un acuerdo de la Junta de Concertación Política, en virtud de que no fue presentada por la totalidad de los coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas, ya que él no ha firmado dicha propuesta.

Asimismo, presenta sin entregar por escrito una propuesta a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional para la Elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, la cual está integrada "por los siguientes ciudadanos: Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Ángel Parra Martínez, Arturo Marcial Padrón Hernández, Carlos Enrique Ricalde Peniche, Demetrio Juaristi Mendoza, Evaristo Martínez Clemente, Gloria Cristina Rodríguez Rangel, Guillermo Castellanos Guzmán, Jesús Uribe Cabrera-José Alejandro Ramírez Reséndiz, José Antonio Lira Luna, José Antonio Ramos Martínez; José Antonio Zumaya De la Mora, José Favio Espinoza, José Luis Pisano Olvera, Juan Carlos Dorantes Trejo, Juan Carlos García Solís, Leticia Ofelia Blanco Cardona, María Luisa Martínez Paz, María Olivia Reséndiz Trejo, Mónica Danaé Medina Velázquez, Óscar Hinojosa Martínez, Pablo Cabrera; Olvera Pablo Vázquez Sánchez, Raúl Reyes Trejo, Ricardo Icaro Álvarez Vidal, Roberto Rubén Rodríguez Ontiveros, Rómulo Rivadeneyra Farrera y Silvia Patricia, González Fajardo.

Acto seguido, el Diputado Hiram Rubio García hace uso de la voz, señalando que técnicamente a la propuesta presentada por el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza debe de dársele el trámite de una reserva y de ser aprobada por consiguiente tales nombres sean incluidos en la propuesta definitiva.

Acto continuo, hace uso de la voz el Diputado José Luis Aguilera Rico, señalando que el procedimiento para la elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, se ha realizado apegado a la normatividad aplicable.

Enseguida, hacen uso de la voz para hechos, los diputados León Enrique Bolaño Mendoza e Hiram Rubio García.

Enseguida, el Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, determina un receso hasta por 20 minutos.

El Diputado Presidente, solicita al Diputado Primer Secretario, pase lista de asistencia, dándose cuenta de la asistencia de 16 diputados, siendo los siguientes: José Luis Aguilera Rico, Ricardo Astudillo Suárez, León Enrique Bolaño Mendoza, Antonio Cabrera Pérez, Joaquín Cárdenas Gómez, Abel Espinoza Suárez, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Juan José Jiménez Yáñez, J. Belem Junco Márquez, J. Jesús Llamas Contreras, Luis Antonio Macías Trejo, María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro, Fabián Pineda Morales, Bernardo Ramírez Cuevas; Hiram Rubio García y Crecenciano Serrano Hernández; por lo que existiendo el quórum legal requerido y siendo las quince horas con treinta y dos minutos del día de su inicio, el Diputado Presidente reanuda la Sesión.

Acto continuo y en virtud de lo anterior y toda vez que los asuntos que son del conocimiento de la Junta de Concertación Política y que requieran de la emisión de un acuerdo o propuesta por parte de ésta, serán consensuados por unanimidad de sus integrantes y en virtud de que el caso que nos ocupa no se cumple dicho supuesto, debe resolver en definitiva el Pleno de la Legislatura, por lo que de conformidad con los artículos 73 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro; se somete a votación el trámite de la propuesta presentada por el Diputado Hiram Rubio García y firmada por cinco integrantes de la "Junta de Concertación Política, siendo el resultado de la votación de 16 votos a favor y 0 en contra.

Acto seguido, se somete a discusión la propuesta de reserva, a efecto de que en una sola lista, se incluyan los nombres de los 54 aspirantes que cumplieron los requisitos para ser Consejeros Electorales y de ahí se elijan a los ciudadanos que ocuparán el cargo de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, inscribiéndose como oradores a favor los diputados Hiram Rubio García y León Enrique Bolaño Mendoza. Enseguida, hace uso de la voz el Diputado Hiram Rubio García, mencionando que para la construcción de acuerdos es necesaria la voluntad política; por lo que los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional que no se encuentran presentes en la Sesión, deberían de integrase a la misma, a fin de culminar dicho asunto, e invita al coordinador legislativo de Acción Nacional a que vayan juntos al restaurant de al lado a invitarlos. Enseguida, hace uso de la voz el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza, señalando que existe; buena voluntad política de parte de los diputados integrantes del Grupo; Legislativo del Partido Acción Nacional y que hay razones para que no se presenten.

Enseguida, se somete a votación la propuesta de reserva de mérito, siendo el resultado de 16, votos a favor y 0 en contra. En virtud, del resultado de la votación, se aprueba la propuesta de mérito. Enseguida, el Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, determina un receso hasta por tres horas, a efecto de propiciar se incorporen los ausentes, favorecer la obtención de consensos y reanudar la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos del día de hoy.

El Diputado Presidente, solicita al Diputado Primer Secretario, pase lista de asistencia, dándose cuenta de la asistencia de 16 diputados, siendo los siguientes: José Luis Aguilera Rico, Ricardo Astudillo Suárez, León Enrique Bolaño Mendoza, Antonio Cabrera Pérez, Joaquín Cárdenas Gómez, Abel Espinoza Suárez, Dalia Xóchitl, Garrido Rubio, Juan José Jiménez Yáñez, J. Belem Junco Márquez, J. Jesús Llamas Contreras, Luis Antonio Macías Trejo, María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro, Fabián Pineda Morales, Bernardo Ramírez Cuevas, Hiram Rubio García y Crecenciano Serrano Hernández; por lo que existiendo el quórum legal requerido y siendo las veintitrés horas con cincuenta minutos del día de su inicio, el Diputado Presidente reanuda la Sesión. Enseguida, el Diputado Primer Secretario somete a discusión la Propuesta definitiva para la Elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro; que incluye los nombres de los 54 aspirantes que cumplieron los requisitos para ser Consejeros Electorales, interviniendo para hechos los diputados Hiram Rubio García, León Enrique Bolaño Mendoza, José Luis Aguilera Rico, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Abel Espinoza Suárez J. Jesús Llamas Contreras, Bernardo Ramírez Cuevas, Luis Antonio Macías Trejo, Ricardo Astudillo Suárez, Juan José Jiménez Yáñez y Crecenciano Serrano Hernández.

Acto Seguido, el Diputado Presidente, a efecto de proceder a la votación del asunto que nos ocupa, hace entrega al Diputado Primer Secretario de las 25 cédulas correspondientes, las cuales contienen la propuesta presentada con modificaciones por el Diputado Hiram Rubio García, que incluye los nombres de los 54 aspirantes que cumplieron los requisitos, a efecto de que las entregue a los diputados presentes e informe la cantidad de cédulas que fueron entregadas y devuelva las sobrantes a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Enseguida, el Diputado Primer Secretario informa que fueron entregadas 16 cédulas a los diputados presentes y devuelve 09 cédulas sobrantes.

Acto continuo, los diputados presentes, depositan en la urna dispuesta para tal efecto, las cédulas con su voto respectivo. Enseguida, el Diputado Primer Secretario toma cuenta y lee en voz alta el contenido de las cédulas y la Diputada Segunda Secretaria informa que el resultado de la votación es el siguiente: Consejeros Electorales propietarios; José Vidal Uribe Concha, 15 votos; Magdiel Hernández Tinajero, 15 votos; Raúl Ruíz Canizales, 15 votos; Carlos Alfredo De los Cobos Sepúlveda, 15 votos; María Esperanza Vega Mendoza, 15 votos; Yolanda Elías Calles Cantú, 15 votos; Demetrio Juaristi Mendoza, 15 votos. Consejeros Electorales Suplentes por orden de prelación: Primero: Alfredo Flores Ríos, 15 votos; Segundo: Jesús Uribe Cabrera, 15 votos; Tercero: Carlos Silva Reséndiz, 15 votos; Cuarto: Guillermo Castellanos Guzmán, 15 votos; Quinto: José Juan Rodríguez Perusquía, 15 votos; Sexto: Violeta Fabiola Barbosa Villanueva, 15 votos; Séptimo: Gonzalo Ruiz Posada, 15 votos. Asimismo, informa que existe una cédula en blanco pues no manifestó intención por ningún candidato y le puso la leyenda voto nulo.

Enseguida, el Diputado Presidente informa que se encuentra presente el Licenciado Jorge Lois Rodríguez, Notario Público, Titular de la Notaría Pública Número 9 de Querétaro.

De acuerdo con el resaltado de la votación y conforme a los artículos 74, 78 y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se elige a los ciudadanos que ocuparán los cargos de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el período comprendido del 15 de diciembre 2010 al 14 de diciembre de 2017, siendo los siguientes: Consejeros Electorales Propietarios; José Vidal Uribe Concha; Magdiel Hernández Tinajero; Raúl Ruíz Canizales; Carlos Alfredo De los Cobos Sepúlveda; María Esperanza Vega Mendoza, Yolanda Elías Calles Cantú; Demetrio Juaristi Mendoza. Consejeros Electorales Suplentes por orden de prelación: Primero Alfredo Flores Ríos; Segundo: Jesús Uribe Cabrera; Tercero: Carlos Silva Reséndiz; Cuarto: Guillermo Castellanos Guzmán; Quinto: José Juan Rodríguez Perusquía; Sexto: Violeta Fabiola Barbosa Villanueva; Séptimo: Gonzalo Ruiz Posada.

Asimismo, el Diputado Presidente, comunica que la elección de los Consejeros Electorales Suplentes; se entiende realizada en el orden señalado, a efecto de que, en su caso, entren al ejercicio del cargo, conforme a dicha prelación, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobada la propuesta de mérito y en su momento, expídase el proyecto de Decreto correspondiente, gírense las comunicaciones oficiales correspondientes y envíese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

Acto seguido, se procede a la protesta de ley de los Consejeros Electorales Propietarios del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, electos por el Pleno de esta Legislatura, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se designa como Comisión de Cortesía-a los diputados integrantes de la Junta de Concertación Política, a efecto de que acompañen a los ciudadanos José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero, Raúl Ruíz Canizales, Carlos Alfredo De los Cobos Sepúlveda, María Esperanza Vega Mendoza, Yolanda Elías Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza, al interior del Recinto Legislativo. Acto continúo y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y la base novena de la convocatoria que rige el proceso se le toma la protesta de ley a los referidos ciudadanos.

Enseguida, los diputados integrantes de la Comisión de Cortesía, acompañan a los ciudadanos José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero, Raúl Ruíz Canizales, Carlos Alfredo De los Cobos Sepúlveda, María Esperanza Vega Mendoza, Yolanda Elías Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza, al exterior del Recinto Legislativo.

Acto continuo, a petición verbal del interesado se da cuenta de la asistencia del Diputado Salvador Martínez Ortiz.

IX. Estando en asuntos generales, la Diputada Segunda Secretaria informa que se encuentra inscrito el Diputado Salvador Martínez Ortiz.

X. No habiendo otro asunto por tratar, con fundamento en los artículos 100, 101, 126 fracción V, 131 fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se instruye al Diputado Primer Secretario a efecto de levantar el acta correspondiente a esta sesión y siendo las 00:40 horas del día primero de diciembre del 2010, se levanta la misma.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MESA DIRECTIVA

DIP. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ

PRIMER SECRETARIO

El Decreto de designación de consejeros, que es del tenor siguiente:

"LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN IV, Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 126 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 63 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONSIDERANDO

1. Que la elección de los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro corresponde a la Legislatura del Estado según se establece en el artículo 17, fracción IV de la Constitución Local.

2. Que el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro durarán en su cargo, siete años pudiendo ser reelectos por un periodo igual.

3. Que el artículo 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece que los Consejeros Electorales se elegirán en el mes de noviembre del año que corresponda.

4. Que del "Decreto por el que se eligen Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el período 2003-2010", se desprende que el período para el que fueron electos dichos Consejeros, concluye el 14 de diciembre del año en curso.

5. Que a fin de dar cumplimiento a los preceptos invocados, mediante acuerdo aprobado el 29 de Octubre de 2010, esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado por conducto de la Mesa Directiva y de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, dio inicio al procedimiento para la elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, emitiendo para tal efecto la Convocatoria respectiva en la que se establecieron las bases para la participación de los ciudadanos interesados en ocupar los cargos conducentes en el Instituto Electoral de Querétaro.

6. Que como consecuencia de esta Convocatoria y de acuerdo al Informe presentado por la Mesa Directiva, se registraron 64 aspirantes, de los cuales, la Junta de Concertación Política en cumplimiento a la base quinta de la misma, emitió la Declaratoria de los 54 aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en las bases segunda y tercera de la Convocatoria.

7. Que las exposiciones de los ensayos y desahogo de las entrevistas de los aspirantes a Consejeros Electorales se llevaron a cabo los días 16 al 20 de noviembre del presente año.

8. Que derivado de este proceso y en cumplimiento a la base novena de la citada Convocatoria y lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en Sesión de Pleno de fecha 30 de noviembre del año en curso, se presentó al Pleno de la Legislatura la propuesta de los ciudadanos para ocupar los cargos de Consejeros Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, reconociendo el mérito y trayectoria de los aspirantes, a efecto de llevarse a cabo la votación y elección correspondiente, con lo que el trámite y proceso para la elección de Consejeros Electorales se realizó en tiempo y forma.

9. Que considerando que los diputados que integran el Congreso del Estado de Querétaro son depositarios del mandato popular que reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano y en el caso concreto el queretano.

10. Que de esta forma, los integrantes del Congreso queretano tienen como tarea principal, la representación de la soberanía popular en la función legislativa, ejercida a través de diputados libres de pensar, opinar y decidir en la esfera de su competencia.

11. Que acorde a la facultad contenida en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Congreso puede interpretar las normas aplicables en el ámbito de su competencia, tal como lo plasmó el Constituyente en el considerando 21 del ordenamiento constitucional de la entidad.

12. Que existen diversos criterios de interpretación, por lo que en ejercicio de sus competencias este Congreso considera que la norma aplicable debe interpretarse en forma sistemática y funcional, criterios que en esencia interpretan el contenido de una norma estudiando un conjunto de normas y los fines de ésta y privilegiar indefectiblemente el cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Por tanto, al existir un término constitucional que exige el cumplimiento de una obligación que en el caso concreto es elegir al máximo órgano de dirección en materia electoral, que lo son los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral. Lo anterior toda vez que sin duda el espíritu de la norma es dotar al Instituto Electoral de los Integrantes del Consejo General electos de manera plural por la mayoría de los miembros de la Legislatura.

13. Que al exigir el artículo 17, fracción IV de la Constitución del Estado de Querétaro, una votación calificada, esta interpretación debe ser considerada como de los miembros de la legislatura presentes.

Lo anterior tiene su fundamento en que la soberanía popular está depositada en los representantes populares a través de la función legislativa, y es obligación de los diputados integrantes de este congreso acudir a las sesiones y cumplir la alta responsabilidad encomendada. Interpretar lo anterior en forma diferente implicaría para este congreso violentar la Constitución Política del Estado de Querétaro al dejar de cumplir con la obligación Constitucional de elegir a los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro y es claro que esta obligación debe privilegiarse ante el claro incumplimiento de la Ley Orgánica de los representantes de la ciudadanía de acudir a las sesiones, acción con la cual podría postergarse indefinidamente el acatar el mandato Constitucional.

14. A mayor abundamiento, de una interpretación conforme a la Constitución del Estado de Querétaro en concordancia con la Ley Orgánica en el artículo 17 fracción VI, que exige la asistencia de los diputados a las sesiones, y toda vez que se cumplen los requisitos legales y constitucionales para que se elijan a los Consejeros Electorales por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura, esto debe ser interpretado como los miembros presentes que acudieron a la sesión convocada para tal efecto.

15. Ante la existencia de quórum legal y votación calificada, dado la asistencia y votación de 16 diputados, se cumplen los requisitos constitucional y legalmente exigidos.

Por lo anteriormente expuesto, esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ELIGEN A LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

Artículo Primero. Se eligen como Consejeros Electorales Propietarios del Instituto Electoral de Querétaro para ejercer el cargo durante el periodo comprendido del 15 de Diciembre de 2010 al 14 de Diciembre de 2017, a los ciudadanos José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero, Raúl Ruiz Canizales, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, Yolanda Elías Calles Cantú, María Esperanza Vega Mendoza y Demetrio Juaristi Mendoza.

Artículo Segundo. Se eligen como Consejeros Electorales Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para fungir con ese carácter durante el período comprendido del 15 de Diciembre de 2010 al 14 de Diciembre de 2017, a los ciudadanos:

1. Alfredo Flores Ríos.

2. Jesús Uribe Cabrera.

3. Carlos Silva Reséndiz.

4. Guillermo Castellanos Guzmán.

5. José Juan Rodríguez Perusquía.

6. Violeta Fabiola Barbosa Villanueva.

7. Gonzalo Ruiz Posada.

La elección de los Consejeros Electorales Suplentes, se entiende realizada en el orden señalado al tenor del presente artículo, a afecto de que, en su caso, entren al ejercicio del cargo, conforme a dicha prelación, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Envíese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la "Sombra de Arteaga".

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "CONSTITUYENTES DE 1916-1917", RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ."

SÉPTIMO. Agravios. Por economía procesal, se transcriben sólo los motivos de inconformidad contenidos en las demandas de los juicios SUP-JRC-412/2010 y SUP-JDC-1256/2010, pues los argumentos contenidos en el resto de los juicios acumulados son idénticos o muy similares a los mismos.

Igualmente se transcriben los escritos de ampliación de demanda presentados por el Partido Acción Nacional, Cecilia Pérez Zepeda y Oscar José Serrato Quillo.

Agravios expuestos en la demanda del SUP-JRC-412/2010:

XII. Agravios.

Cuestión previa. Como se dijo al inicio, hasta ahora se desconocen los motivos y fundamentos concretos del decreto impugnado, por lo que, desde este momento, nos reservamos el derecho para ampliar esta demanda, una vez que se tenga noticia de las razones que sustentan los actos reclamados, en aras de que se cumpla plenamente la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

Primero. Violaciones al procedimiento legislativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en reiterados precedentes, ha establecido que nuestro sistema de gobierno adopta, como principio fundamental, el de la democracia deliberativa. Con base en este modelo, según la propia SCJN, los órganos legislativos, antes de ser órganos decisorios, son órganos deliberantes, por lo que deben garantizar la expresión de opiniones de todos los grupos.

A partir de esa concepción, el máximo tribunal del país consideró que, con el objeto de cumplir con los principios constitucionales de democracia deliberativa y de representatividad, los órganos legislativos deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, porque sólo de esa forma se podrá resguardar o asegurar el cumplimiento de los principios citados.

Para determinar en qué casos se está frente a violaciones a formalidades esenciales del procedimiento legislativo, contrarias a los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, la SCJN ha proporcionado ciertos parámetros generales, que permiten afirmar que las irregularidades afectaron la calidad de la decisión. Las líneas proporcionadas se identifican con los ejes siguientes:

- El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno del órgano deliberativo, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.

- El procedimiento debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.

- Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones debe ser públicas.

En la especie, las consideraciones de la SCJN resultan aplicables para evaluar la calidad del procedimiento que culminó con el acuerdo ahora impugnado, en tanto que, al tratarse de un acto formalmente legislativo, debe cumplir con los cánones del principio de democracia deliberativa, máxime que en la legislación del Estado de Querétaro se establece el mismo procedimiento para la emisión de leyes y decretos.

En efecto, de conformidad con los artículos 32 a 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el proceso de creación legislativa se integra, por lo menos, con las etapas esenciales siguientes:

- Los actos legislativos se clasifican en leyes, decretos y acuerdos, y todos deberán someterse al procedimiento establecido en la propia legislación.

- Según sea el caso, si es iniciativa, decreto o acuerdo, el asunto se turnará a la Comisión para su análisis y estudio. Siempre deberá realizarse el análisis y dictamen por la comisión o comisiones correspondientes antes de ser presentado a la legislatura.

- Los dictámenes contendrán la exposición de motivos que realizarán por escrito las comisiones respecto de los asuntos que les son turnados y contendrán el proyecto de ley, decreto o acuerdo, para que sean presentados al pleno.

- Una vez firmados los dictámenes, deberán remitirse a cada uno de los integrantes de la Comisión respectiva, así como a la Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos para su incorporación a la edición que corresponda de la Gaceta Legislativa.

- Iniciada la sesión, se verificará que el dictamen haya sido hecho del conocimiento de los integrantes de la legislatura, mediante el informe que rinda el Director de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Hecho lo anterior, se someterá a su discusión y votación.

- Las resoluciones se toman por mayoría simple, mayoría relativa o mayoría calificada de los diputados, ya sea a través de votación económica, nominal o por cédula.

- Una vez aprobada la ley, decreto o acuerdo se remitirá a la Comisión de Redacción y Estilo, para que formule la minuta respectiva, la cual se remitirá a la Presidencia de la Legislatura para que expida el proyecto correspondiente y lo remita al Ejecutivo para su publicación.

En términos generales, las etapas apuntadas constituyen las condiciones generales del procedimiento legislativo en el Estado de Querétaro, las cuales constituyen formalidades esenciales que deben observarse en todo acto de creación legislativa, en aras de cumplir con el principio de democracia deliberativa.

En la especie, en la emisión del decreto reclamado, la legislatura responsable no cumplió con las condiciones mínimas indispensables, que permita sustentar su constitucionalidad y legalidad, como se demuestra enseguida:

Omisión de turnar el asunto a la Comisión Competente. En términos de los artículos 143, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales es una comisión de carácter ordinario y entre otros, tiene a su cargo la atención de asuntos en materia electoral y de organismos autónomos.

La designación de consejeros electorales es un asunto que debió turnarse a dicha comisión, en tanto que este organismo es autónomo y de carácter electoral, sin embargo, en el procedimiento atinente dicha comisión únicamente participó en la emisión de la convocatoria, pero no en su sustanciación, ya que la dirección del procedimiento corrió a cargo de la mesa directiva y de la junta de concertación política, quienes carecían de competencia para tal efecto.

Omisión de elaborar el dictamen para la discusión del asunto. En el procedimiento de designación de consejeros electorales no se elaboró dictamen alguno que sirviera de base para la discusión pública, pues, como se advierte del video correspondiente relativo a la sesión pública que inició el 30 de noviembre (anexo 2), el presidente de la legislatura, al tratar el tema relativo a los integrantes del consejo general, preguntó si algún diputado tenía alguna propuesta, lo que corrobora la ausencia de un dictamen previo que se hubiera hecho del conocimiento de los diputados.

La omisión apuntada se corrobora porque, como se muestra con los acuses de recepción atinentes (anexo 3), diversos diputados del Partido Acción Nacional solicitaron el dictamen respectivo o el decreto donde constaran las consideraciones que sustentaran la designación de consejeros electorales, sin que hasta la fecha se hayan proporcionado.

Modificación injustificada de la hora de sesión pública, sin previo aviso. De conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica, las sesiones públicas de la legislatura deben celebrarse de conformidad con la convocatoria respectiva. El propio precepto establece que la convocatoria deberá ser remitida a sus destinatarios, al menos, con un día de anticipación a la fecha en que haya de celebrarse la sesión respectiva.

En la especie, en la convocatoria se estableció que la sesión para tratar el tema relativo a los nombramientos de consejeros electorales se llevará a cabo 30 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas, sin embargo, sin justificación y sin previo aviso, dicho horario fue cambiado y se dispuso que la sesión iniciara 13:00 horas, lo cual constituyó una afectación al principio de certeza, ya que esto generó una dificultad para los asistentes, lo que se tradujo en la conculcación del derecho a ejercer el voto.

Incorrecta aplicación de las reglas de votación. De conformidad con el artículo 17, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el poder legislativo deberá elegir a los Consejeros del Instituto Electoral, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Esta forma de elección, de conformidad con el artículo 75, inciso c), de la Ley Orgánica, se rige por el principio de mayoría calificada, la cual se define como la que representa las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

Por tanto, si de conformidad con el artículo 16, de la Constitución Política del Estado, la legislatura se integra con 25 diputados, las dos terceras partes equivalen a 17, lo cual representa el mínimo de votos requerido para la elección de consejeros electorales.

En la especie, como se advierte del video de la sesión que inició el 30 de noviembre, el acuerdo impugnado se adoptó por 15 votos, lo cual constituye una clara violación a la regla de mayoría calificada.

Valoración conjunta de las irregularidades. Los hechos y omisiones descritos constituyen afectación a formalidades esenciales del procedimiento legislativo, que generan la invalidez del decreto resultante.

Ciertamente, la omisión de turnar el asunto a la comisión competente constituye una violación directa al artículo 16 de la Constitución, ya que el procedimiento de designación y reelección de consejeros se llevó a cabo sin la participación del órgano a quien legalmente correspondía dictaminar lo atinente, por lo que los actos resultantes deben considerarse nulos.

Por su parte, la falta de emisión de un dictamen que sirviera como base de la discusión impidió que los legisladores contaran con los elementos mínimos para emprender un debate real y democrático.

La modificación en la hora de la sesión, sin causa justificada y sin previo aviso, representó una afectación al principio de certeza, porque imposibilitó a los legisladores para acudir a la nueva discusión del tema.

El incumplimiento a la regla de votación calificada representa una afectación, por sí sola, de la mayor relevancia, en tanto se pretende adoptar una decisión política fundamental sin el respaldo de los legisladores que, conforme a la Constitución, se requiere como mínimo para afirmar que dicho acto responde a la voluntad soberana de pueblo, cristalizada a través del órgano de representación política.

Estas irregularidades, valoradas en su conjunto, permiten afirmar que la legislatura responsable incumplió requisitos indispensables, que redundaron en una afectación a los principios democráticos que rigen el debate parlamentario, porque se impidió que todas las fuerzas políticas contaran con los elementos necesarios para adoptar una decisión informada.

Lo anterior evidencia la violación, por lo menos, a los estándares primero y segundo delineados por la SCJN, pues en el desarrollo del proceso legislativo las distintas fuerzas políticas no estuvieron en posibilidad de conocer y analizar un dictamen, y la decisión final no respetó la regla de votación establecida constitucionalmente.

Por tanto, como en el procedimiento que culminó con el acto reclamado no se respetaron los estándares mínimos, es claro que existió violación a los principios de legalidad y debido proceso reconocidos por la Constitución, lo que provoca la invalidez del derecho emitido.

Sobre el tema, resultan aplicables las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO", así como la diversa "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL".

Un criterio similar, donde se destacó la importancia de las etapas del procedimiento para la designación o ratificación de consejeros, sobre todo de contar con un dictamen para la discusión, fue adoptado por la Sala superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-JRC-525/2006.

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF determinó ilegal la elección de magistrados del Tribunal Electoral de Nuevo León, por violación a las etapas del procedimiento legislativo previsto para tal efecto, ordenó la nulidad de los actos subsecuentes y proveyó lo necesario para llevar a cabo tales nombramientos conforme a derecho, en el expediente identificado con la clave SUP-JRC-189/2002.

Cabe hacer hincapié en que, en el desarrollo de la sesión de 30 de noviembre, en algún momento se invocó la urgencia del caso, como elemento fundamental para normar la decisión, sin embargo, ha sido criterio reiterado de la SCJN que la urgencia no sirve de base para eludir requisitos esenciales del procedimiento legislativo.

Segundo. Omisión de llevar a cabo el procedimiento de reelección. La legislatura responsable omitió desahogar el procedimiento de reelección, de conformidad con los criterios emitidos tanto por la SCJN como por el TEPJF, conforme a los cuales se exige la emisión de un dictamen, fundado y motivado, donde se evalúen elementos objetivos sobre el desempeño profesional.

La tesis que se sostiene en este agravio descansa en la afirmación de que los consejeros electorales gozan de las garantías establecidas a favor de los integrantes de los poderes judiciales, en el artículo 116, fracción III, de la Constitución General, lo cual surge de la interpretación conforme de los principios rectores de la función y la norma de la legislación electoral local, configurada en ese sentido, como se demuestra enseguida.

El artículo 116 de la Constitución establece las directrices fundamentales de organización de los poderes públicos de los Estados integrantes del pacto federal. Específicamente con relación a la independencia de los tribunales, la fracción III establece el derecho a que los magistrados puedan ser reelectos en su cargo.

En un principio, la SCJN consideró que el derecho a la reelección, tratándose de la materia electoral, sólo se genera cuando el tribunal local forma parte del poder judicial de una entidad federativa, ya que, en esos casos, le eran aplicables las bases fundamentales de organización y las garantías otorgadas por la Constitución General a favor de sus integrantes.

Después de varias discusiones y reflexiones, para determinar si los tribunales electorales autónomos (ajenos al poder judicial local) gozan de las garantías previstas en la fracción III, del artículo 116, de la Constitución, la SCJN, a partir de la interpretación sistemática de dicho precepto, con relación al diverso previsto en la fracción IV, inciso c), del mismo artículo, se decantó por reconocer que sí resultan aplicables, según se establece en la tesis de jurisprudencia siguiente:

"MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES AUTÓNOMOS. LES SON APLICABLES LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE REELECCIÓN O RATIFICACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" (Se transcribe).

Este derecho a la reelección o ratificación del que gozan los magistrados electorales, con independencia de si forman parte o no del poder judicial, debe estimarse aplicable a los consejeros electorales de las Entidades Federativas.

Ciertamente, como se ha dicho, el derecho a la ratificación tiende a garantizar el cumplimiento del principio de independencia en el desarrollo de la función judicial, la cual implica la situación institucional que permite al funcionario respectivo emitir sus decisiones, sin ser influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes o de otras personas físicas o jurídicas.

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son principios rectores de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Estas últimas propiedades son reiteradas en el mismo artículo al disponerse que el Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independientemente en sus decisiones y funcionamiento.

En ese mismo sentido, la Constitución Federal, dispone para los estados integrantes del pacto, en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: …las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: … En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

El sistema electoral del Estado de Querétaro, en observancia del pacto federal, en el artículo 32, párrafo primero, de la Constitución Política señala que: … En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores.

De esta manera, el principio de independencia se reitera a nivel local e irradia con una intensidad mayor la exigencia de su cumplimiento, al exigir que los funcionarios del organismo autónomo deban cumplir requisitos que garanticen la eficacia de dicho principio.

De esta forma, si el derecho a ser ratificado constituye un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de independencia, es claro que también resulta aplicable al desarrollo de la función electoral, en tanto la Constitución General y la local del Estado de Querétaro disponen que dicho principio rige la función de organización electoral.

La lectura dada al sistema normativo en análisis, en una interpretación conforme, es acorde con los principios establecidos en la Constitución previstos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, y reflejados en la Constitución local, porque viene a configurar una regla que maximiza la observancia de los mismos, pues es evidente que, el actuar de los organismos y órganos electorales está condicionado por el papel de los jueces y consejeros que los integran, de ahí que estos deban gozar de las calidades previstas constitucionalmente.

Este criterio, relacionado con la afirmación de que las autoridades electorales locales se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, ha sido adoptado por la propia Sala Superior quien, al resolver los expedientes SUP-JRC-79/2009, SUP-JRC-80/2009, SUP-JRC-81/2009 expresamente señaló:

"…De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos precedentes han señalado que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador es que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad, independencia y en estricto apego a la normatividad aplicable.

De conformidad con lo anterior, las entidades federativas libremente pueden establecer tanto en sus Constituciones como en sus legislaciones electorales, el contenido de las normas que rijan dicha materia, siempre y cuando garanticen y observen lo previsto por la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal…".

Lo anterior, permite afirmar que si la SCJN ha establecido que los magistrados de los tribunales electorales locales gozan del derecho a la ratificación, con independencia de si forman parte o no del poder judicial, y si la Sala Superior ha establecido que los institutos electorales gozan de las mismas prerrogativas que los tribunales electorales locales, es inconcuso que los consejeros integrantes de dichos órganos también gozan del derecho a la ratificación.

La reelección o ratificación, según la interpretación constitucional que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estos casos, debe preverse en las constituciones de las entidades.

En plena congruencia con ello, el artículo 32 de la Constitución del Estado de Querétaro establece que los integrantes del Instituto Electoral tienen derecho a ser reelectos, una vez transcurrido el tiempo de su encargo.

El principio fundamental de ratificación o reelección judicial implica fundamentalmente el derecho a que el funcionario sea evaluado objetivamente sobre su actuación en el cargo que venían desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, a través de un dictamen fundado y motivado, previamente a su remoción, según ha interpretado la SCJN, en la tesis de jurisprudencia del rubro: RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS.

La ratificación, conforme con el criterio citado, por una parte, es un derecho a favor del funcionario que tiene por objeto evaluar objetivamente la actuación que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, y que no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, para respetar los principios de independencia y autonomía, y que finalmente también opera como una garantía a favor de la sociedad.

En suma, la evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el funcionario y respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no, precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables de su determinación, y en ese sentido, el cargo no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para su duración, pues ello atentará contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía, al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios idóneos.

En la especie, la legislatura responsable no cumplió con los parámetros establecidos constitucional y legalmente para el desarrollo del procedimiento de ratificación o reelección, lo cual constituye una clara violación al procedimiento legal.

No es obstáculo para la conclusión asumida la falta de un procedimiento preciso acerca para la preparación y emisión del dictamen correspondiente, porque en todo caso, tales providencias, por su naturaleza instrumentales, deben ser connaturales a la observancia de los requisitos sustantivos que deben cumplirse para garantizar el derecho a ser ratificado o reelecto, de tal suerte que el dictamen deberá elaborarse básicamente como lo ha definido la SCJN.

Máxime que la Segunda Sala de ese máximo órgano jurisdiccional, en la tesis de jurisprudencia del rubro: MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, ha sostenido que los principios para proteger la independencia deben garantizarse en las Constituciones y las leyes locales, y que el hecho de que no se encuentren establecidos en aquéllas no signifique que el Poder Judicial no cuenta con ellos, ya que son de observancia obligatoria.

Tampoco era obstáculo para el desahogo del procedimiento de ratificación, que en la convocatoria no se precisara que tenía por objeto determinar sobre la reelección de los consejeros en funciones, ya que, como lo consideró la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-JRC-401/2006, la convocatoria no excluye la posibilidad de ratificar a los funcionarios electorales, ya que el procedimiento de designación y el de ratificación o reelección gozan de una naturaleza diversa.

En efecto, como lo consideró el TEPJF en el precedente citado, la facultad de ratificación o reelección está prevista expresamente en la ley, sin mayor regulación y, por tanto, en aplicación del principio de que las autoridades se rigen por facultades expresas de la ley, la convocatoria no podría nulificar dicha facultad, ni someterla a trámites no previstos en la ley, al tratarse de una norma derivada de la propia legislación.

En esas condiciones, es evidente que la facultad de la legislatura de reelegir a los consejeros electorales deriva de la propia ley y no de la convocatoria, por lo que no tenía por qué ajustarse necesariamente a una convocatoria dirigida a la designación.

Conforme a lo expuesto es evidente que la convocatoria no excluyó la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de reelección de los consejeros en su cargo.

Tercero. Falta de fundamentación y motivación. Los requisitos que debe reunir el dictamen que determina sobre la continuación o no de un funcionario en el cargo, conforme con lo que ha interpretado la SCJN, son los siguientes:

1. La autoridad y órganos correspondientes de llevar a cabo el procedimiento respectivo:

a. Deben actuar conforme con las normas correspondientes, o bien, en caso de no haberlas:

b. La actuación de dicha autoridad debe desplegarse conforme a lo establecido en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este supuesto, si no se prevé el órgano, la tramitación y resolución correspondientes deberá estar a cargo del órgano facultado para llevar a cabo el nombramiento o designación de consejeros electorales.

2. La emisión del dictamen es obligatoria y debe realizarse por escrito, a fin de que tanto exservidor público de que se trate como la sociedad conozcan plenamente los motivos por los que la autoridad competente decidió en determinado sentido respecto de la ratificación.

3. Los dictámenes deben explicitar claramente el procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la evaluación correspondiente y deben señalar con precisión los criterios y parámetros a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de los elementos (documentos, informes, dictámenes, etcétera) que sustentarán esa decisión.

4. El dictamen en cuestión debe referirse personalizada e individualizadamente a la ratificación de cada funcionario con derecho, en relación con el desempeño del cargo, de cada uno de ellos, tomando en cuenta los datos que se obtengan del procedimiento.

5. El acto debe explicar de manera individual, expresa, objetiva y razonablemente, los motivos por los que la autoridad determinó la ratificación o no de cada uno de los servidores públicos correspondientes.

6. La argumentación debe ser objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso lógica, respecto de la forma en que son aplicados los criterios, parámetros, procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar su decisión.

En el caso, la legislatura responsable no cumplió con ninguno de los parámetros establecidos por la SCJN, ya que no expresó razón alguna relacionada con la evaluación del desempeño como funcionarios electorales de los consejeros en funciones que solicitaron su reelección, por lo que el acto reclamado carece, en absoluto, de fundamentación y motivación.

Por lo anterior, es claro que la designación de consejeros infringe el derecho a la reelección, porque el inicio y culminación del procedimiento tuvo lugar, sin que previamente se hubiera emitido un acto o dictamen en el que de manera fundada y motivada se determinaran las razones por las que no debían ser reelectos los consejeros en funciones que participaron en el proceso, como condición indispensable para la validez del acto legislativo, lo cual constituye una clara afectación a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los criterios sostenidos por la SCJN.

Cuarto. Violación al principio de igualdad. En derecho fundamental de igualdad se encuentra previsto en el artículo 1 de la Constitución General de la República y, en la actualidad, se puede afirmar que, en términos generales, se manifiesta en dos planos: en la aplicación y en la formulación del derecho. En la primera, que es la que sirve de base para este argumento, supone un mando de vinculación a las autoridades para no diferenciar o equiparar, en sus relaciones, a supuestos de hecho de forma arbitraria.

Para determinar la aplicación de este principio, debe tenerse en cuenta que se concreta en cuatro mandatos correlativos: a. Trato idéntico a destinatarios ubicados en circunstancias idénticas. b. Trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común. c. Trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las primeras sean más relevantes que las segundas (trato igual a pesar de la diferencia). d. Trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso, las diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud).

La determinación del principio de igualdad se efectúa mediante la concreción y la fundamentación de una norma para cada caso, de acuerdo con sus circunstancias específicas. Como resultado de dicho ejercicio, el tribunal establecerá si un determinado trato diferente está prohibido, ordenado o permitido, a través del empleo de criterios de racionalidad que permitan justificar cada decisión.

A este procedimiento argumentativo se le ha denominado juicio de igualdad, el cual, en términos generales, se puede entender como el ejercicio que realizan los tribunales con competencia constitucional, a partir del cual concretan una norma para la solución de un caso, con la finalidad de hacer compatibles dos o más principios que se hallen en tensión o conflicto.

El principio de proporcionalidad constituye un criterio para la labor de concreción del principio de igualdad, sobre bases sólidas con pretensiones de objetividad. A grandes rasgos, el escrutinio fundado en este criterio estriba en que todo acto de autoridad, que restrinja el alcance de un derecho o principio fundamental, lo haga en la medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente lícito. Se trata de un criterio para determinar si la intervención de un poder público es racionalmente aceptable.

La jurisprudencia alemana sobre el principio de proporcionalidad ha sido la más prolija y, entre los académicos, quizás sea Robert Alexy quien la haya analizado con mayor profundidad. Según este autor, el escrutinio que deriva de la aplicación del principio de proporcionalidad implica la realización de un conjunto articulado y escalonado de tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A partir de este proceso sucesivo y escalonado, el Tribunal Constitucional debe, en primer lugar, verificar que la medida enjuiciada sea idónea. Si cumple con esa exigencia, debe someterse al análisis de necesidad y, si también supera ese examen, debe analizarse a partir de un escrutinio de proporcionalidad en sentido estricto. En caso de que la medida no supere alguna de las exigencias apuntadas debe considerarse inconstitucional. Es importante explicar cada uno de estos pasos.

La articulación del principio de proporcionalidad, en los términos definidos por Alexy, ha sido adoptada por la SCJN, por lo que constituye un referente útil para la exposición del presente agravio. El máximo tribunal del país, para, realiza un escrutinio a través de tres subprincipios, que derivan del principio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, lo cual, como se dijo, se identifica con la teoría del principio de proporcionalidad, utilizado por Tribunales constitucionales europeos, y que ha sido ampliamente estudiado por Robert Alexy.

Sobre la base de lo anterior, se procede al examen del acto reclamado, a la luz del principio de proporcionalidad. Como se mencionó, en el ejercicio argumentativo que subyace de la aplicación de dicho principio, el Tribunal Constitucional debe, en primer lugar, verificar que la medida enjuiciada sea idónea. Si la medida supera esa exigencia, debe someterla al análisis de necesidad y, si también cumple con ese criterio, debe hacer un escrutinio de proporcionalidad en sentido estricto. En caso de que la medida no supere alguna de las exigencias resultará inconstitucional. Sobre esta base metodológica, se procede al examen del caso.

En el caso, el decreto impugnado no supera ni siquiera el subprincipio de idoneidad, como primer criterio de proporcionalidad, el cual implica un análisis de la medida para verificar si el que pretende favorecer es legítimo y si tiene la capacidad para fomentar su finalidad.

Como se ha dicho, la figura de la ratificación o reelección tiene por objeto garantizar el principio de independencia de los órganos electorales, por lo que la legislatura tenía la carga de argumentar que, de ratificar a los consejeros en funciones, se vería afectado algún otro principio, debido a su desempeño como consejeros electorales.

Sin embargo, en el decreto impugnado no se esgrimió argumento alguno sobre tal aspecto, por lo que no existe base para afirmar que la medida enjuiciada, persiguiera algún fin constitucionalmente legítimo.

La ausencia de criterios que permitan afirmar que, con la decisión impugnada, se buscó la satisfacción de algún fin constitucional, torna inconstitucional el decreto impugnado, por no cumplir con el subprincipio de idoneidad y, por ende, del principio de igualdad.

Por el contrario, el hecho de que en el procedimiento se haya tratado de forma igual a todos los aspirantes a consejeros electorales, constituye una intervención injustificada al derecho fundamental a la igualdad, ya que las diferencias existentes exigían un trato diverso.

Así lo ha considerado la propia Sala Superior del TEPJ, al resolver el expediente SUP-JRC-524/2006, donde expresamente señaló:

"…Dentro de las bases, se estableció que los magistrados sujetos a posible ratificación, comparecerían a exponer las razones y motivos relacionados con su pretensión de ejercer, de nuevo, ese encargo; requisito al que no estarían sujetos los aspirantes a ser nombrados, -por primera vez-.

Es precisamente esta diferenciación la que da pauta para concluir que si el trato fue distinto, obedeció a que los interesados no estaban en situación de igualdad ante la ley, ni frente a la convocatoria.

Esto es así, porque la naturaleza jurídica de la ratificación tiene origen y finalidad distinta; a saber, confirmar a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando, para determinar su continuidad. Esta prerrogativa surge en función directa de su actuación, siempre y cuando demuestre una labor que haya privilegiado la excelencia, profesionalismo, diligencia y honestidad invulnerable, de manera que dicha prerrogativa (ratificación) pueda caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial, traducido en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y el resultado de su evaluación.

En síntesis, el procedimiento de ratificación, al que estarían sujetos tres de los aspirantes, tiene una dualidad; es un derecho de ellos, como servidores públicos, en cuanto a obtener inamovilidad en el empleo, en el caso, durante el tiempo de su designación, y una garantía que opera a favor de la sociedad, de contar con juzgadores idóneos, experimentados y capacitados, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

En las relatadas consideraciones, en opinión de esta Sala Superior, hay diferencia entre el procedimiento al que se sujetarían los magistrados en funciones, para efectos de su ratificación, frente al resto de los aspirantes, quienes serían nombrados por vez primera; es decir, por los motivos recién expuestos, hay razones para un tratamiento diferenciado, sobre todo si se pondera que ellos estaban sujetos a una evaluación del desempeño, por tanto, contrario a lo aducido por el promovente, no se actualizó vulneración al principio constitucional en comento.

(…)

Bajo este contexto, debe decirse que el tratamiento diferenciado se justificó, porque tres aspirantes serían objeto de posible ratificación, conforme a su desempeño, frente al resto de los participantes, quienes serían nombrados –por vez primera-, de ahí que tuvieran una condición distinta frente a la ley y la convocatoria…".

Además, la propia Sala Superior, al resolver los expedientes relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-3003/2009 y SUP-JDC-3004/2009, acumulados, determinó, de manera clara, que los Consejeros Electorales con derecho a reelección, que estén desempeñando su encargo, deben estar sujetos a un procedimiento diverso al aplicado a los nuevos aspirantes a ocupar el cargo, por primera vez.

Considerar lo contrario, atentaría contra uno de los postulados básicos del principio de igualdad que, como se dijo, demanda un tratamiento diferenciado a circunstancia de hecho distintas, como en el caso sucede entre la reelección y la designación por primera vez.

Quinto. Independientemente de lo expuesto, una violación que, por sí misma, es suficiente para invalidar los actos reclamados, consiste en que la pretendida designación de consejeros del Instituto Electoral del Estado, se realizó sin contar con la votación mínima requerida por la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Efectivamente, como se demostró en el agravio primero, la votación mínima requerida para la designación de consejeros es de 17 diputados, de conformidad con el artículo 17, fracción IV, de la Constitución local.

En la especie, como se advierte del video de la sesión que inició el 30 de noviembre, el acuerdo impugnado se adoptó por 15 votos, lo cual constituye una clara violación a la regla de mayoría calificada.

Ese hecho, por sí mismo, es de tal entidad que genera la inexistencia de la supuesta designación, de modo que los consejeros electorales que, en su caso tomaron protesta del cargo, no pueden desempeñar válidamente las funciones que le son encomendadas al Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

Sexto. Recapitulación. Los agravios expuestos evidencian, con toda claridad, la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos reclamados, por lo que procede su invalidación, para que previamente a la designación de consejeros electorales, se cumpla con lo siguiente:

1. El Congreso del Estado de Querétaro resuelva sobre la ratificación o no de los consejeros electorales en funciones que participaron en el procedimiento para la integración del Instituto Electoral de Querétaro, a partir del dictamen correspondiente.

2. El dictamen deberá:

a. Realizarse por escrito, a fin de que tanto el servidor público como la sociedad conozcan plenamente los motivos por los que la autoridad competente decidió en determinado sentido respecto de la ratificación.

b. Explicitar, como norma general, el procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la evaluación correspondiente y señalar con precisión los criterios y parámetros a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de los elementos (documentos, informes, dictámenes, etcétera) que sustentarán esa decisión.

c. Ser personalizado e individual, y estar referido al desempeño del encargo.

d. El acto debe explicar de manera individual, expresa, objetiva y razonablemente, los motivos por los que la autoridad determina la ratificación o no del servidor público.

e. La argumentación debe ser objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso lógica, respecto de la forma que son aplicados los criterios, parámetros procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar su decisión, a fin de que el órgano legislativo esté en aptitud de tomar una decisión con criterios de racionalidad.

3. Una vez hecho lo anterior, en su caso, el Congreso local podrá llevar a cabo la designación de nuevos consejeros.

4. En todo caso, aun de considerar que todos los aspirantes deben ser tratados de igual forma, la Legislatura del Estado debe llevar a cabo el procedimiento de elección de Consejeros ajustándose estrictamente a lo dispuesto por la Constitución del Estado y las leyes respectivas."

Agravios de la demanda del SUP-JDC-1256/2010, promovido por Agustín Alcocer Alcocer:

AGRAVIOS

PRIMER AGRAVIO

La admisión al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, que no reunieron los requisitos contemplados en el artículo 62 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por parte de la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura del Estado.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Este mismo precepto señala en su último párrafo que las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios, sin embargo la Constitución Política del Estado de Querétaro no define quienes son servidores públicos, únicamente establece su responsabilidad, pero no dice quienes son (artículo 38).

Por otro lado, el artículo 62 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, a la letra dice que para ser consejero electoral y desempeñar el cargo, se deberá no ocupar ni haber ocupado cargo o comisión o laborar ni haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral, en empleo alguno de la federación, estado o municipios.

Sirve como argumento para sostener la omisión impugnada, el incumplimiento por parte de la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, a lo dispuesto por el artículo 62 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ya que admitió al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, a ciudadanos que se encuentran en la situación prevista por el precepto legal en cita, es decir trabajan o trabajaban en algún empleo de la Federación, alguna Entidad Federativa o algún Municipio.

En efecto, cuando menos los ciudadanos José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero y Alfredo Flores Ríos, laboran en el Instituto Electoral de Querétaro, los ciudadanos Raúl Ruiz Cañizales y Jesús Uribe Cabrera trabajan como profesores de tiempo completo y tiempo libre respectivamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, Carlos Silva Reséndiz, ocupó el cargo de Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, hasta el 30 de septiembre de 2009, Yolanda Elias Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza laboraron como consejeros propietarios estatales en el Instituto Federal Electoral en el proceso electoral anterior y el ciudadano Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda ocupa el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta Regional de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto el Instituto Electoral de Querétaro, es un Organismo Público Autónomo del Estado (Artículo 32 Constitucional Local), como la Universidad Autónoma de Querétaro es un Organismo Público del Estado (Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro), la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, forma parte del Poder Ejecutivo de esta entidad, (artículos 20 tercer párrafo de la Constitución Local y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro), mientras que el Instituto Federal Electoral es un Organismo Público Autónomo de carácter federal (Artículo 41 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y el Poder Judicial de la Federación, forma parte del Estado Mexicano, acorde a lo dispuesto por los artículos 41 primer párrafo y 94 de la Carta Magna Federal, lo que implica que todos los ciudadanos citados con anterioridad ocupan un cargo o una comisión o laboran o laboraron durante el último año anterior al proceso electoral, en algún empleo de la federación, estado o municipios.

SEGUNDO AGRAVIO

La omisión por parte de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro de motivar y fundamentar quienes de los sesenta y cuatro aspirantes satisficieron todos los requisitos tanto legales como de la convocatoria respectiva, violando en mi perjuicio la Carta Fundamental Mexicana.

La LVI Legislatura del Estado de Querétaro debió emitir un dictamen jurídico respecto de la admisión o no de cada uno de los sesenta y cuatro aspirantes inscritos, lo que no hizo, dejándome en estado de indefensión, ya que ignoro si efectivamente los cincuenta y cuatro ciudadanos admitidos reunieron los requisitos correspondientes, situación que me genera sospechas en cuanto que tengo conocimiento de algunas personas que en esta demanda menciono que no reúnen los requisitos de ley.

También debió emitirse un dictamen académico posterior a la presentación y defensa de los cincuenta y cuatro ensayos exigidos en la convocatoria respectiva. Ignoro quién o quienes satisfacen el perfil académico para ocupar el cargo de Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, además de ignorar quien lo satisface mejor, es decir sí se calificó en escala de uno a diez, "con curva" como se dice en la práctica docente, donde el mejor tiene la más alta puntuación y así sucesivamente, o si simplemente se califica mediante acreditación o no.

Al respecto, cito la jurisprudencia emitida por este alto Tribunal Electoral que exige el respeto al principio de legalidad.

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL." (Se transcribe)

TERCER AGRAVIO

La elección de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, realizada por quince de los veinticinco diputados Integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, el día uno de diciembre de dos mil diez, en contravención a lo ordenado por el artículo 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

La constitución Política del Estado de Querétaro, señala en su artículo 17 fracción IV:

"ARTÍCULO 17." (Se transcribe)

Se argumenta para sostener la omisión impugnada, el incumplimiento por parte de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro a lo ordenado por el citado artículo 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, ya que la inconstitucional elección de los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, fue realizada por quince de los veinticinco diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, cuando nuestra Ley Fundamental Local exige el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, siendo que a la fecha el Poder Legislativo se integra con veinticinco diputados, que divididos entre tres da 8.33 ocho punto treinta y tres, multiplicado por dos, resulta 16.66 dieciséis punto sesenta y seis, y por simple lógica salomónica no es posible obtener el 0.66 de voto, por lo que se requiere el voto de 17 diecisiete diputados, lo que no sucedió.

Al respecto es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial.

"VOTACIÓN CALIFICADA PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS ELECTORALES. FORMA DE ALCANZAR LOS PORCENTAJES O FRACCIONES MÍNIMOS EXIGIDOS POR LA LEY." (Se transcribe)

Considerando que es tarea de todos los queretanos garantizar la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Querétaro en todos los actos jurídicos en los que intervengamos, incluyendo en primer lugar a nuestras autoridades, debe esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concederme la protección del derecho fundamental violentado, declarando la nulidad absoluta del viciado e inconstitucional proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, revocándolo a partir de la admisión de aspirantes, esto es a partir del acto publicado el día 12 de noviembre de 2010 y restituyéndome en el uso y goce de mis derechos político electorales violados.

CUARTO AGRAVIO

La elección de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, realizada por quince de los veinticinco diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, después de las cero horas del día uno de diciembre de dos mil diez, en contravención a lo ordenado por los artículos 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 63, segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

El artículo 63, segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, señala:

"ARTICULO 63." (Se transcribe)

La ley señala que la elección de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro se realizará en el mes de noviembre del año que corresponda, siendo que la inconstitucional elección se materializa a los primeros minutos del mes de diciembre, con lo que una vez más se vulnera mi esfera jurídica.

QUINTO AGRAVIO

La elección de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, realizada por quince de los veinticinco diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, después de las cero horas del día uno de diciembre de dos mil diez, en contravención a lo ordenado por los artículos 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 62 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

En efecto, cuando menos los ciudadanos José Vidal Uribe Concha, Magdíel Hernández Tinajero, Alfredo Flores Ríos, Raúl Ruiz Cañizales, Jesús Uribe Cabrera, Carlos Silva Reséndiz, Yolanda Elias Calles Cantú, Demetrio Juaristi Mendoza laboraron como consejeros propietarios estatales en el Instituto Federal Electoral y Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda resultan inelegibles ya que no satisfacen todos los requisitos de ley.

Este H. Tribunal ha resuelto que para ser nombrado en cualquier cargo o comisión requiere tener las calidades que establezca la ley, lo que no sucede con cuando menos las personas citadas en el párrafo anterior.

"ÍNTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES EL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL." (Se transcribe)

SEXTO AGRAVIO

La toma de protesta por parte del Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, a los inconstitucionalmente electos Consejeros Electorales Propietarios del Instituto Electoral de Querétaro para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, el día uno de diciembre de dos mil diez, en la madrugada, violando una vez más los preceptos constitucionales y legales citados.

En el colmo de la irresponsabilidad de los señores diputados integrantes de la LVI legislatura del Estado de Querétaro, le toman protesta a los inconstitucionalmente recién electos Consejeros Propietarios, el mismo día primero de diciembre, cuando los Consejeros Electorales entran en funciones hasta el quince de diciembre de dos mil diez, violando una vez más la norma suprema local.

La Constitución queretana señala que son siete consejeros electorales propietarios y en la actualidad hay catorce consejeros electorales propietarios (incluyendo los siete inconstitucionalmente electos) que han rendido protesta ante la Legislatura, lo que se traduce en un exceso de atribuciones por parte de los diputados integrantes del actual Congreso Local.

Igualmente, se transcriben las ampliaciones de demanda del SUP-JRC-412/2010 y del SUP-JDC-1246/2010 promovidos, respectivamente, por el Partido Acción Nacional y Cecilia Pérez Zepeda, por ser los que contienen todos los temas expuestos por el resto de los demandantes.

Agravios de la ampliación de la demanda relativa al SUP-JRC-412/2010:

"X. Agravios

Primero. Indebida reanudación de la sesión de treinta de noviembre que concluyó el primero de diciembre, que generó la imposibilidad jurídica y material para que diversos legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pudieran elegir a los Consejeros del Instituto Electoral.

El artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro establece textualmente:

"Artículo 62." (Se transcribe)

Este artículo reconoce una verdad evidente: que en ocasiones es necesario decretar un receso en cualquier sesión o reunión en la que se pretenda tomar una decisión, ya sea por imposibilidad material, o bien, como el propio texto lo establece, cuando sea conveniente para la obtención de consensos, que, en cualquier régimen democrático siempre es deseable.

De igual manera, dicho precepto recoge una de las más elementales reglas de racionalidad y del sentido común, consistente en que, en una sesión en la cual se ha decretado un receso, es indispensable establecer por cuánto tiempo es el mismo, para tener certeza de cuándo se reanudará dicha sesión.

Atendiendo a esa mínima racionalidad, es lógico que, en caso de que sea imposible reanudar la sesión en el tiempo establecido para su continuación, debe comunicarse por alguna vía que garantice que todos los que deban asistir se enteren de que no se reanudará en el tiempo previsto y señalar o decretar otro receso o bien, suspender la sesión cuando así se requiera.

Por ejemplo, es práctica común de la Sala Superior del Tribunal Electoral posponer el inicio de las sesiones públicas, y para tal efecto, publican en estrados o en su página de Internet la nueva hora de inicio, y cuando por alguna circunstancia debe volver a posponerse, vuelven a publicar por los mismos medios el aviso correspondiente.

Ahora bien, cuando en una sesión se ha decretado un receso por un tiempo determinado, se fija expresamente la hora de su reanudación, y después de un tiempo razonable (como podría ser, por ejemplo, otro lapso igual al del receso original), no se reanuda la misma, es perfectamente racional pensar que la misma ha sido cancelada o bien, que por alguna vía que garantice el debido conocimiento se hará saber cuándo se continuará.

En caso contrario, es decir, cuando ha transcurrido en exceso el tiempo de duración del receso y, sin mediar aviso alguno por las vías ordinarias o incluso extraordinarias para el inicio de las sesiones, un grupo de integrantes del órgano abusan de su conocimiento privado y privilegiado, obtenido de buena o de mala fe (es decir, que hayan concertado dolosamente no avisar a sus opositores para, de manera antidemocrática, no tomar en cuenta todas las opiniones de los representantes populares) y determinan reanudar una sesión, la misma carecería de cualquier validez.

En el caso, de la simple lectura del acta de la sesión de treinta de noviembre anterior, se advierte que, el hecho de que los diputados del Partido Acción Nacional no hubieran votado es imputable a ellos, cuando fueron precisamente los diputados de los restantes grupos parlamentario quienes indebidamente tuvieron como válida una supuesta reanudación de la sesión sin que mediara algún aviso, tal como se aprecia del mismo documento.

Lo anterior debido a la omisión del presidente de la legislatura de acatar lo dispuesto por el artículo 62 en comento, pues no determinó un nuevo receso ni estableció la hora de reanudación de la sesión una vez que venció el plazo establecido previamente para su reanudación.

Efectivamente, durante el transcurso de la sesión del treinta de noviembre, los diputados de los partidos políticos de los grupos parlamentarios distintos a Acción Nacional llevaron a cabo una flagrante violación a las reglas parlamentarias, y cometieron lo que coloquialmente se denomina albazo.

Efectivamente, consta en el acta de la sesión de treinta de noviembre que concluyó el primero de diciembre que:

- A las 16:30 horas, consta en el acta de la sesión que el Presidente de la Legislatura decretó un receso "hasta por tres horas, a efecto de propiciar se incorporen los ausentes, favorecer la obtención de consensos y reanudar la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos del día de hoy."

- A las 19:30 horas no se reanudó la sesión, ni existió algún acuerdo al respecto ni otro acuerdo en relación con un nuevo receso o nueva fecha para la reanudación de la sesión, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro.

- El receso se decretó hasta por tres horas, para reanudar a las 19:30 horas y la sesión, sin previo aviso, se reanudó más de siete horas después, es decir, cuatro horas más tarde de lo decretado.

- Cuatro horas veinte minutos después de que debió haber continuado la sesión, esto es, a las veintiuna horas con cincuenta minutos, sin previo aviso, sin mediar notificación, ni acuerdo se reanudó.

- Once minutos y cincuenta segundos después de que se reanudó la sesión, se concluyó con la votación para elegir Consejeros del Instituto Electoral.

Como se aprecia de la lectura del acta, en especial de los hechos narrados en los puntos anteriores, la flagrante violación cometida por el Presidente de la Legislatura generó que la reanudación de la sesión fuera ilegal, y por tanto, sin que sea imputable a los que no pudieron estar presentes su inasistencia, pues se insiste, nunca se indicó ni se notificó a qué hora reanudaría la sesión de treinta de noviembre una vez vencido el receso que se había decretado.

Segundo. Violación al artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que establece el procedimiento para que la legislatura pueda llevar a cabo la interpretación de las leyes.

El artículo 19 de la Constitución Local establece: (Se transcribe).

Asimismo, el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro establece que:

"(…) Las disposiciones de esta Ley no son transigibles por vía de acuerdo de la Legislatura o de sus órganos, ni su vigencia u observancia podrán, por este concepto, suspenderse u obviarse."

Como se advierte, el principio de validez formal de las normas implica que, cuando el órgano legislativo pretenda llevar a cabo una interpretación auténtica, la misma debe seguir el mismo procedimiento que el establecido para la creación de leyes o decretos.

En el caso, según se advierte de la lectura del decreto publicado el pasado 16 de diciembre, la Legislatura del Estado de Querétaro afirma que realizó la interpretación constitucional, sin embargo, en el orden del día de la sesión de treinta de noviembre no se incluyó un punto al respecto, y mucho menos comenzó el procedimiento previsto en la propia Constitución Local para llevar a cabo una interpretación auténtica.

Ciertamente, en la parte relativa del decreto publicado en el periódico oficial del Estado, la Legislatura señaló:

"11. Que acorde a la facultad contenida en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Congreso puede interpretar las normas aplicables en el ámbito de su competencia, tal como lo plasmó el Constituyente en el considerando 21 del ordenamiento constitucional de la entidad.

12. Que existen diversos criterios de interpretación, por lo que en ejercicio de sus competencias este Congreso considera que la norma aplicable debe interpretarse en forma sistemática y funcional, criterios que en esencia interpretan el contenido de una norma estudiando un conjunto de normas y los fines de ésta y privilegiar indefectiblemente el cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Por tanto, al existir un término constitucional que exige el cumplimiento de una obligación que en el caso concreto es elegir al máximo Órgano de dirección en materia electoral, que lo son los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral. Lo anterior toda vez que sin duda el espíritu de la norma es dotar al Instituto Electoral de los Integrantes del Consejo General electos de manera plural por la mayoría de los miembros de la Legislatura.

13. Que al exigir el artículo 17, fracción IV de la Constitución del Estado de Querétaro, una votación calificada, esta interpretación debe ser considerada como de los miembros de la legislatura presentes.

Lo anterior tiene su fundamento en que la soberanía popular está depositada en los representantes populares a través de la función legislativa, y es obligación de los diputados integrantes de este congreso acudir a las sesiones y cumplir la alta responsabilidad encomendada, interpretar lo anterior en forma diferente implicaría para este congreso violentar la Constitución Política del Estado de Querétaro al dejar de cumplir con la obligación Constitucional de elegir a los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro y es claro que esta obligación debe privilegiarse ante el claro incumplimiento de la Ley Orgánica de los representantes de la ciudadanía de acudir a las sesiones, acción con la cual podría postergarse indefinidamente el acatar el mandato Constitucional.

14. A mayor abundamiento, de una interpretación conforme a la Constitución del Estado de Querétaro en concordancia con la Ley Orgánica en el artículo 17, fracción VI, que exige la asistencia de los diputados a las sesiones, y toda vez que se cumplen los requisitos legales y constitucionales para que se elijan a los Consejeros Electorales por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura, esto debe ser interpretado como los miembros presentes que acudieron a la sesión convocada para tal efecto.".

Esa pretendida interpretación auténtica llevada a cabo por la legislatura viola flagrantemente el artículo 19 de la Constitución de Querétaro, toda vez que no siguió el procedimiento establecido para poder llevarla a cabo, por tanto debe declararse la invalidez de dicha interpretación así como los efectos derivados de la misma.

Asimismo, dice el decreto publicado que "ante el claro incumplimiento de la Ley Orgánica de los representantes de la ciudadanía de acudir a las sesiones (…) podría postergarse indefinidamente el acatar el mandato Constitucional (de designar a los Consejeros Electorales)".

Respecto de dicha afirmación, es importante aclarar que, además de que la ausencia de algunos diputados del grupo legislativo del PAN en el momento de la votación, no puede ser atribuida a ellos, tal y como se ha expuesto líneas arriba, debe desecharse el argumento, dado que, de hecho, aún con la presencia de los 25 diputados integrantes de la Legislatura de Querétaro, podría "postergarse indefinidamente" la decisión en el supuesto de que nueve diputados votaran en contra de las propuestas presentadas.

Tercero. Falta de concordancia entre el acto jurídico aprobado durante la sesión de treinta de noviembre y que concluyó el primero de diciembre y el documento en el que se hace constar ese acto jurídico.

Es deber del Presidente de la Legislatura velar por la exacta concordancia entre el acto jurídico aprobado durante la sesión y el documento en el que se hace constar, pues el texto del documento final en el cual se exprese por escrito el sentido de lo determinado debe corresponder única y exclusivamente a lo discutido y votado por sus integrantes.

Los anteriores criterios han sido adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver diversos asuntos, por ejemplo, el relativo al incidente del expediente identificado con la clave SUP-JDC-2884/2008, el expediente SUP-RAP-176/2008, así como el relativo al SUP-JDC-720/2006, por citar algunos, en los cuales, si bien se refieren a sentencias, al tratarse de actos jurídicos es perfectamente aplicable a los actos jurídicos denominados decretos

En el caso, como se advierte de la comparación entre el acta de la sesión de treinta de noviembre, y la publicación de 16 de diciembre en el periódico oficial del Estado, "La Sombra de Arteaga", no corresponde lo realizado durante la sesión con lo expresado en el documento.

Efectivamente, tal como se hizo valer desde el escrito inicial de la demanda que ahora se amplía, durante la sesión de treinta de noviembre nunca se expresó alguna razón que fundamentara o motivara por qué las personas que se eligieron eran los mejores perfiles, nunca se estableció la supuesta interpretación de la Constitución en lo relacionado con la votación necesaria, nunca se presentó una propuesta para elegir a los Consejeros Electorales con las formalidades exigidas por la ley, sino que sólo hizo uso de la tribuna un diputado a decir que él tenía una propuesta y sobre esa base se votó.

Efectivamente, en el punto 8 del decreto publicado, se dice:

"8. Que derivado de este proceso y en cumplimiento a la base novena de la citada Convocatoria y lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en Sesión de Pleno de fecha 30 de noviembre del año en curso, se presentó al Pleno de la Legislatura la propuesta de los ciudadanos para ocupar los cargos de Consejeros Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, reconociendo el mérito y trayectoria de los aspirantes, a efecto de llevarse a cabo la votación y elección correspondiente, con lo que el trámite y proceso para la elección de Consejeros Electorales se realizó en tiempo y forma."

Al comparar este texto con el acta de la sesión correspondiente, se aprecia que es falso que hubiera siquiera una mención de los méritos y trayectoria de los aspirantes. También es falso que se hubiera presentado una propuesta de los ciudadanos que ocuparían el Cargo de Consejeros lectorales, en los términos previstos por la convocatoria y por la ley.

En los puntos 9 a 15 del decreto publicado se establece:

"11. Que acorde a la facultad contenida en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Congreso puede interpretar las normas aplicables en el ámbito de su competencia, tal como lo plasmó el Constituyente en el considerando 21 del ordenamiento constitucional de la entidad.

12. Que existen diversos criterios de interpretación, por lo que en ejercicio de sus competencias este Congreso considera que la norma aplicable debe interpretarse en forma sistemática y funcional, criterios que en esencia interpretan el contenido de una norma estudiando un conjunto de normas y los fines de ésta y privilegiar indefectiblemente el cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Por tanto, al existir un término constitucional que exige el cumplimiento de una obligación que en el caso concreto es elegir al máximo Órgano de dirección en materia electoral, que lo son los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral. Lo anterior toda vez que sin duda el espíritu de la norma es dotar al Instituto Electoral de los Integrantes del Consejo General electos de manera plural por la mayoría de los miembros de la Legislatura.

13. Que al exigir el artículo 17, fracción IV de la Constitución del Estado de Querétaro, una votación calificada, esta interpretación debe ser considerada como de los miembros de la legislatura presentes.

Lo anterior tiene su fundamento en que la soberanía popular está depositada en los representantes populares a través de la función legislativa, y es obligación de los diputados integrantes de este congreso acudir a las sesiones y cumplir la alta responsabilidad encomendada, interpretar lo anterior en forma diferente implicaría para este congreso violentar la Constitución Política del Estado de Querétaro al dejar de cumplir con la obligación Constitucional de elegir a los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro y es claro que esta obligación debe privilegiarse ante el claro incumplimiento de la Ley Orgánica de los representantes de la ciudadanía de acudir a las sesiones, acción con la cual podría postergarse indefinidamente el acatar el mandato Constitucional.

14. A mayor abundamiento, de una interpretación conforme a la Constitución del Estado de Querétaro en concordancia con la Ley Orgánica en el artículo 17, fracción VI, que exige la asistencia de los diputados a las sesiones, y toda vez que se cumplen los requisitos legales y constitucionales para que se elijan a los Consejeros Electorales por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura, esto debe ser interpretado como los miembros presentes que acudieron a la sesión convocada para tal efecto.

15. Ante la existencia de quórum legal y votación calificada, dado la asistencia y votación de 16 diputados, se cumplen los requisitos constitucional y legalmente exigidos."

Al comparar este documento con el acta de sesión, se aprecia que nunca se manifestó alguna interpretación constitucional, nunca se expresó por qué se llevaría a cabo la elección sin contar con los mínimos diputados que exige la constitución, nunca se motivó que debido al tiempo fatal era necesario llevar a cabo la elección.

Además, como se explicó en la demanda primigenia y se abunda en el siguiente agravio, la pretendida motivación que, a posteriori, pretende emitir la Legislatura es contraria a la interpretación constitucional que debe darse al procedimiento de designación de Consejeros Electorales.

Cuarto. La interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 17 de la Constitución del Estado de Querétaro conduce al conocimiento de que, la elección de los Consejeros Electorales debe hacerse por votación calificada, entendiendo por ésta, el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la legislatura, esto es, por diecisiete diputados, no así por el voto de las dos terceras partes de los presentes en la sesión de que se trate.

Ciertamente, la interpretación gramatical no deja lugar a dudas, pues es claro que la palabra integrantes es un término relacional, que tiene que ver con un todo, y en el caso, el artículo 16 de la propia Constitución Local establece que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrará Legislatura del Estado, integrada por quince diputados electos según el principio de mayoría relativa y diez según el principio de representación proporcional.

De esta manera, si en el artículo 17 el Constituyente empleó la palabra integrantes, es evidente que se refiere a la totalidad de la legislatura, esto es, veinticinco diputados que integran el órgano.

La interpretación sistemática conduce a la misma conclusión, pues el propio artículo 17 de dicha norma suprema de Querétaro distingue entre facultades que deben ejercerse por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de aquéllas en que sólo se requiere las dos terceras partes de los diputados presentes.

Así, las fracciones III, IV, VIl, VIII y XVII se refieren a facultades que deben ser ejercidas por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la legislatura, que son, respectivamente, las relativas a elección de Gobernador provisional, interino o sustituto; de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, de Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, y del titular de la Entidad Superior de Fiscalización; suspender o declarar la desaparición de algún Ayuntamiento y revocar el mandato de alguno de sus miembros, suspenderlos o inhabilitarlos por alguna de las causas que la ley señale; crear nuevos Municipios dentro de los límites de los ya existentes.

En cambio, cuando el Constituyente de Querétaro quiso referirse a las dos terceras partes de los Diputados presentes, así lo estableció expresamente, por ejemplo, en la fracción XIl del propio artículo 17, al señalar que para conceder facultades extraordinarias por tiempo limitado al Ejecutivo, se requiere el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes.

La interpretación funcional lleva al mismo resultado, pues la exigencia de esa votación calificada, dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la legislatura, encuentra explicación en que ello supone la presencia, debate y deliberación de los veinticinco diputados que la integran, los que, a su vez, representan a todas las fuerzas políticas que resultaron victoriosas en las elecciones respectivas.

De esa manera se cumple la finalidad de que se privilegien los consensos, para que los árbitros de la contienda electoral gocen de la legitimación que les da esa amplia votación, y sean electos por la gran mayoría de las fuerzas políticas.

Esa interpretación se ve corroborada con la interpretación histórica progresiva y teleológica de dicha norma, pues antes de la abrogación de la Constitución, el artículo 15 de esa Constitución Local establecía que "los consejeros electorales serán electos por la Legislatura del Estado mediante el consenso o por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes (...)".

La Constitución de Querétaro no sólo fue reformada sino abrogada y la norma relativa a la elección de consejeros electorales ahora se establece en el artículo 17 de la Constitución, en donde expresamente se modificó la oración "voto de las dos terceras partes de los miembros presentes", para quedar como "voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura", con la obvia finalidad de establecer un procedimiento que garantice mejor la existencia de consensos en la elección de consejeros electorales.

Además de que la Constitución abrogada era sustancialmente distinta de la vigente en materia de votaciones, el artículo interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a los requisitos necesarios para superar el veto, tampoco empleaba la palabra integrantes.

Por lo anterior, es inaplicable el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recogido en la tesis de jurisprudencia de rubro: "VETO. PARA SUPERAR EL QUE EJERCIÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEBE INTERPRETARSE QUE SE REQUIERE LA VOTACIÓN CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES AL VOTARSE EL DICTAMEN RESPECTIVO."

Lo anterior, porque la Suprema Corte llevó a cabo esa interpretación del texto de la Constitución de Querétaro abrogada en 2008, y como se explicó, si bien podría haber generado dudas interpretativas la oración "dos terceras partes de los integrantes de la legislatura", las mismas se allanan cuando se aprecia que la intención del constituyente en la reforma fue hacer patente que se refiere a "dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la legislatura", pues se insiste, a partir de 2008, se distinguió clara y expresamente los casos en que se necesitan dos terceras partes de los presentes, de aquellos en que se exige dos terceras partes de los integrantes.

Además, la existencia de esta especie de votación no es extraña en nuestro sistema jurídico, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige esta mayoría calificada de dos terceras partes del total de los integrantes de los órganos legislativos en algunos casos, por ejemplo, en el artículo 115 fracción I.

De esta manera, la exigencia de esa votación no puede ser inconstitucional, en tanto que la propia Constitución General de la República la prevé en algunos casos."

Agravios relativos a la ampliación de demanda del expediente SUP-JDC-1246/2010:

TEMA: INTERPRETACIÓN INCONSTITUCIONAL E ILEGAL

SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL FALAZ DE 15 VOTOS – MAYORÍA CALIFICADA.

El decreto aludido, el cual se anexa copia para mayor ilustración y que presume la existencia de su original, señala en lo que interesa que la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro integrada por su Presidente y Primer Secretario (rubricas), así como la expedición y promulgación en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro y Secretario de Gobierno (rubricas), establecieron sustancialmente en sus considerandos doce, trece, catorce, quince y dieciséis que:

Con base en una interpretación "sistemática y funcional" (sic), sin embargo, no basta invocar dicha interpretación, sino que hay que desarrollar el silogismo lógico jurídico atinente que exponga la premisa mayor, premisa menor y conclusión que argumenten los elementos contextuales, casuísticos y contingentes que tuvo en cuenta la autoridad responsable para arribar a dicha conclusión, pues se limita a definir en qué consiste la interpretación sistemática y funcional, definición que no es motivo de controversia en el caso que nos ocupa, sino el por qué la aplican si no había razón para invocarla pues la interpretación gramatical es clara y en su caso, como se dijo, nunca esgrimen el razonamiento respectivo para exponer cómo, se reitera, cómo, se estructura la interpretación "sistemática o funcional", que invocan, pues no basta invocarla, sino desarrollarla, situación que en la especie nunca acontece, de tal manera que se demuestre y convenza como es que se arribó a dicha conclusión por medio de dicha interpretación.

Así, resulta obvio que la disposición constitucional en su artículo 17 fracción IV de la Constitución Local de Querétaro es clara al señalar que la votación calificada es de los integrantes de la Legislatura, es decir de los veinticinco diputados, NO, se insiste, NO de los integrantes presentes, como FALSAMENTE quiere hacerlo valer la autoridad responsable y en su caso los terceros perjudicados con tal carácter.

Sin embargo, suponiendo sin conceder que procediera un criterio de interpretación, lo cierto es que antes que cualquier otra interpretación, se debe acudir a la interpretación gramatical, que es la primigenia la cual implica su naturaleza jurídica que como se escucha se entiende y así, si la norma expresamente señala que la mayoría calificada es por sus integrantes, se debe entender de manera inmediata que es por los veinticinco diputados integrantes de dicha legislatura, pues donde la norma no distingue, no tiene el interprete porque distinguir, ya que si otro hubiera sido el sentido, el legislador lo hubiera señalado.

A mayor abundamiento, se trascribe la denominación que la Real academia de Lengua Española señala por "INTEGRANTE", a saber:

"La Real Academia Española: manifiesta sin lugar a dudas la palabra integrante~integrante.

1. f. La que es necesaria para la integridad o totalidad del compuesto, pero no para su esencia. El brazo o la pierna son partes integrantes del hombre." (Sic).

Aunado a lo anterior, la elección de los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro corresponde a la Legislatura del Estado de según se establece en el artículo 17, fracción IV de la Constitución Local, pide una mayoría calificada, esto es las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura según lo estipula la siguiente jurisprudencia que se cita a continuación.

"VOTACIÓN CALIFICADA PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS ELECTORALES. FORMA DE ALCANZAR LOS PORCENTAJES O FRACCIONES MÍNIMOS EXIGIDOS POR LA LEY." (Se transcribe).

Así, se puede determinar que la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro actúo ilegal e inconstitucionalmente al interpretar equivocadamente la norma al manifestar que la elección de los consejeros podrá ser con los integrantes de la legislatura presentes, al pretender en principio interpretarla, cuando no había razón para ello y en todo caso atender a la interpretación gramatical como ha quedado expuesto con antelación.

A mayor abundamiento, la Constitución Local de Querétaro no debe seguir los principios básicos de la interpretación de la ley cuando ésta es clara y es la ley suprema, ya que se interpreta cuando la norma no es clara, cuando deja lugar a dudas y en el presente caso no hay duda, la Constitución es clara, las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, es decir, nunca se habla de diputados presentes, la norma constitucional no necesita interpretarse cuando es clara y concreta, no habla de diputados presentes, sino de diputados integrantes de la Legislatura, es decir de veinticinco que integran la Legislatura, no de trece que son mayoría simple. Apoyar ideas contrarias es tanto como violar la norma fundamental. A nivel federal tenemos situaciones aún no resueltas, a pesar del tiempo transcurrido, -tal es el caso de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que no han sido designados, así como del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tampoco ha sido designado, ambas situaciones por carecer los órganos legislativos federales de consensos y por ende de mayorías calificadas, como lo exige nuestra Carta Magna, ya que la intención del constituyente cuando habla de mayorías calificadas, es lograr el consenso de la mayoría de la población, representada por sus legisladores, más no depositaria exclusiva y única de la soberanía popular.

Corolario de lo anterior se debe determinar que la mayoría calificada corresponde a todos los integrantes de la legislatura, es decir 17 votos de diputados, no 15, como falazmente se pretende argumentar.

TEMA: INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL CON 17 VOTOS.

Ahora bien, si lo que pretende la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, es insistir en una interpretación sistemática y funcional, el sentido sería el siguiente y no sólo invocarla como falazmente lo esgrime en el decreto de mérito la Mesa Directiva aludida.

Así, la interpretación sistemática y funcional en su caso debe ser en el siguiente sentido y argumentación lógica jurídica atinente:

Si el punto en discordia aquí, atañe al significado de la palabra "integrante", no sólo debe tomarse en cuenta la literalidad de la fracción IV del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Querétaro -diáfana por sí misma al exigir el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura para elegir a los consejeros del Instituto Electoral de Querétaro- sino también ha de atenderse el texto del artículo 16 de la propia Constitución local, en su primer párrafo, que establece: "El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrará Legislatura del Estado, INTEGRADA por representantes populares denominados diputados, los que serán electos cada tres años. Quince según el principio de mayoría relativa y diez según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente." De esta disposición constitucional se desprende entonces, que los 15 diputados de mayoría relativa, más los 10 diputados por el principio de representación proporcional que forman la asamblea depositaría del Poder Legislativo, son entonces los únicos "INTEGRANTES" de la Legislatura a los que puede referirse la fracción IV del artículo 17, formándose en el caso concreto, un silogismo lógico-jurídico que demuestran con plena contundencia, la violación constitucional cometida en el caso concreto controvertido, como a continuación se ilustra:

Premisa Mayor: (Construida a partir de los arts. 16, 17 fr. IV. y 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro): Para elegir a los consejeros del Instituto Electoral de Querétaro, la Legislatura requiere cuando menos el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, un mínimo de 17 votos con respecto a los 25 diputados que la integran.

Premisa menor.- (Caso concreto).- La Legislatura eligió consejeros electorales, con 15 votos, es decir, con menos de las dos terceras partes de sus integrantes.

Conclusión: Se ha violentado el artículo 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en correlación con los numerales 16 y 32 del propio Código Político, pues no se cumplió cuando menos con los 17 votos de los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro requerido para la elección de consejeros electorales.

A mayor abundamiento, esta argumentación se fortalece atendiendo al contenido de la exposición de motivos de la llamada "Constitución Renovada" de Querétaro, publicada en el 2008, que al ocuparse del artículo 16, señaló que: "Con una nueva redacción se mantiene la base, del contenido relativo a la conformación del Poder Legislativo. Se incluye la disposición relativa en la que podrá instalarse la Legislatura con los diputados electos que asistan sin necesidad de quórum, a efecto de evitar que la oposición de integrantes de la Legislatura e intentos de sabotaje de la instalación, sirvan de vehículo político en contra de una institución que debe existir al margen de intereses sectarios", es decir, que nuevamente la Constitución utiliza la palabra "integrantes", para referirse implícitamente a los 25 diputados que conforman a la Legislatura desde su propia instalación, de manera que NO CABE POSIBILIDAD LÓGICA, NI JUSTIFICACIÓN JURÍDICA ALGUNAS. PARA CONVALIDAR O PRETENDER SUSTENTAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO, CON MENOS DE 17 VOTOS, pues la violación al citado numeral 17 fracción IV, correlacionado con los artículos 16 y 32, se haría más que evidente y posibilitaría en el futuro, nuevas elecciones de altos funcionarios por esta vía ilícita e incluso, reformas constitucionales mediante la conformación de mayorías simples, contraviniendo el artículo 39 de la Constitución Política de Querétaro, dejándose un grave y peligroso precedente en perjuicio de la Supremacía Constitucional local y sobre todo, para la gobernabilidad y las relaciones de convivencia política del Estado, que dejaría de estar regido por principios constitucionales y pasaría a ser gobernado por alianzas de facto, voluntades personales y criterios de fuerza, incluso contrarios a la Constitución.

TEMA: ARGUMENTO AL ABSURDO.

Si se llegara a la absurda conclusión de que la "mayoría calificada de integrantes de la Legislatura", exigida por una disposición constitucional, puede ser equiparada a la "mayoría simple de diputados presentes" en cualquier caso, ello significaría que, en el futuro, 7 diputados imponiendo su criterio sobre otros 6, de los 13 que sesionaran conforme a derecho, podrían no solamente aprobar reformas constitucionales para su tramitación ante los Ayuntamientos o designar a otros funcionarios de gran relevancia, como el Presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, sino inclusive, desestimar las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a determinado proyecto de Ley o Decreto, dado que las fracciones IV y V del artículo 19 constitucional, exige otra vez, una mayoría de dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura para superar un veto procedente del gobernador.

TEMA: ARGUMENTACIÓN LEGAL (LEY ORGÁNICA DE LA LEGISLATURA).

También robustece la incontrovertible argumentación expuesta, el hecho de que el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, vigente a la fecha y publicada en el periódico oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", el día 1 de diciembre de 2008, distinga claramente tres tipos de mayoría para la formación de las resoluciones de la Legislatura, a saber: a) La mayoría simple, que representa la mitad más uno de los votos de los diputados presentes en una sesión; b) La mayoría relativa, que representa el mayor número de votos de los diputados presentes en una sesión, respecto a los distintos resultados de las votaciones emitidas para un solo asunto; y c) La mayoría calificada, que representa las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, con todo lo cual resulta claro y fuera de cualquier duda, incluso por disposición de Ley, que una cosa son los diputados presentes en una sesión (cuyo quórum, por cierto, es de 13 diputados, conforme a los artículos 13 y 94 de la propia Ley Orgánica), para arribar a una decisión por mayoría simple; y que otra cosa, distinta por completo, es el número de votos que se requieren para lograr una mayoría calificada, pues en este caso no se parte del quórum para sesionar ni de los diputados presentes en determinada sesión, sino de un parámetro fijo e invariable, que son los 25 diputados integrantes de la Legislatura y cuyas dos terceras partes son aritméticamente 16.6666, redondeándose a 17 votos por tratarse de personas indivisibles. Así pues, mientras que las mayorías simples y relativas se explican a partir de una condición de facto (es decir, el número de diputados presentes en cierta sesión), La mayoría: la calificada, conforme a las regulaciones vigentes en Querétaro, únicamente puede concebirse a partir de una condición de iure, abstracta y no de hecho, como lo son los 25 integrantes de la Legislatura, incluso si éstos no están presentes en esta o aquella sesión, e incluso si, habiendo asistido a una sesión de Pleno, la abandonan posteriormente por cualquier causa involuntaria, voluntaria o hasta dolosa, pues, ninguna de estas condiciones repercute, afecta o modifica el concepto concreto de "integrantes de la Legislatura" (25), ni la condición exigida para la toma de decisiones por mayoría calificada de sus dos terceras partes (17 votos de sus integrantes).

En síntesis, no se cumplió ni con la Ley ni con la convocatoria, no se presentó propuesta ni dictamen por la Junta de Concertación Política ni por la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, sino que señaló el diputado presidente de la Junta de Concertación Política que no habían llegado a consenso y que presentaba una lista de nombres.

Más aún, en el caso de la suscrita en el caso no se abordo mi carácter de reelección para ser ratificada, en el que existiera un dictamen valorativo que funde y motive mi desempeño para ser ratificada como consejera electoral en funciones, por lo que la Mesa Directiva de la citada Legislatura no emitió dictamen alguno, conforme a la norma constitucional y legal aplicable, no motivó ni fundamento su determinación, lo que me deja en estado de indefensión.

Así se reitera. No existe la emisión de un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no reelegir, más aún, la omisión del dictamen de mérito, que debe ser distinto al de los candidatos a consejeros electorales por primera vez, en aras de la máxima de equidad, de tratar igual a los que son iguales y desiguales a los que por sus condiciones y características son desiguales, pues se está en el supuesto de una consejera electoral en funciones hasta el día de la designación inconstitucional e ilegal por la legislatura, pues la omisión de dicho dictamen trae a colación que no se hizo ningún tipo de valoración sobre el desempeño del cargo de consejera electoral en funciones, en el que se integre comisiones, y se desempeñe el cargo de Secretaria Ejecutiva y Presidenta del Instituto Electoral de Querétaro, lo que evidentemente abona a la profesionalización y especialización en la materia electoral y el desempeño del mismo durante siete años de autoridad electoral, aunado a la omisa valoración de estudios académicos, de posgrado, trayectoria profesional y docente ratificada en el cargo.

Así en una ponderación de principios, en el que se confrontan en una primera instancia la legalidad con la equidad, la Legislatura vulnera la máxima de equidad y que en el caso que nos ocupa no puede coexistir con el de legalidad, pues no puede tratar igual a una consejera electoral en funciones, respecto de los candidatos a consejero electoral por primera vez, pues a ella lo que se tiene que valorar por separado y totalmente independiente de los demás, es el desempeño en su cargo, cuya eficacia ha quedado evidenciada al conducir el proceso electoral 2009 en carácter de Presidenta de dicho organismo, ser Secretaria Ejecutiva e integrante de sus comisiones permanentes, de tal manera que su conocimiento en la materia electoral ha quedado probado a todas luces para ser ratificada en el cargo de consejera electoral reelecta, en esas condiciones, la equidad en esta hipótesis en estudio se excluye de la máxima de legalidad, pues aquella es mayor en su alcance y contenido respecto de los hechos sometidos a consideración.

Sin perjuicio de que respecto de los ensayos correspondientes de todos y cada uno de los aspirantes y consejeros en funciones, no se emitieron dictámenes de naturaleza alguna al respecto, lo que hace que ignoremos que calificación tuvimos ni como se evaluó nuestra experiencia y conocimientos en la materia.

Concluyo manifestando que se incumple con la obligación de emitir dictamen respectivo para ser ratificada en el cargo de consejera electoral con carácter de reelecta.

Aunado a que no se debe vincular a los ciudadanos entre un supuesto "dolo" atribuido a los diputados que salieron del recinto legislativo, pues no es causa imputable a la suscrita en mi carácter de reelecta a y los demás candidatos.

Así mismo, el decreto de marras, dice que se basa en el reconocimiento al mérito y trayectoria de los aspirantes, sin señalar sus méritos y trayectorias, lo que una vez más me deja en estado de indefensión, pues una vez más, no basta invocar los "méritos y trayectorias" sino que hay que describirlas y confrontarlas para determinar su valoración de los consejeros electorales designados, respecto de la suscrita en carácter de aspirante a reelección para ser ratificada valorando mi desempeño eficaz en funciones con las circunstancias contextúales, casuísticas y contingentes que el caso amerita, la experiencia electoral con la preparación académica, estudios de posgrados, experiencia profesional, académica y docente.

Asimismo, conforme al, artículo 98 de la Constitución Federal, la jurisprudencia es obligatoria para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, situación de la que no son ajenos los-magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de ejercer su responsabilidad, respecto de la jurisprudencia invocada en el proemio de la presente ampliación de demanda y la suplencia de la deficiencia de la queja solicitada a dicho tribunal en mi carácter de particular.

No es óbice de lo anterior el señalar que se tiene conocimiento de que existe un criterio que interpretó el artículo 35 fracción VIl de la Constitución de Querétaro vigente en el 2008 dos mil ocho, pero que en la especie NO es aplicable al caso en estudio por las siguientes razones:

a. La controversia versó sobre la mayoría requerida para superar el veto, pero no se refiere a nombramientos;

b. La Constitución Local de Querétaro interpretada fue ABROGADA TOTALMENTE en diciembre de 2008 y;

c. La Ley Orgánica relativa a dicha constitución y referida en dicha jurisprudencia TAMBIÉN FUE ABROGADA en septiembre de 2008.

TEMA: GACETA LEGISLATIVA Y QUORUM PARA SESIONAR DISTINTA DE QUORUM PARA MAYORÍA CALIFICADA.

Ahora bien hay que distinguir claramente en que se cumplió con el quórum para sesionar, sin embargo dicho quórum, es totalmente independiente del quórum requerido como votación calificada para elegir a los consejeros electorales, pues el quórum requerido para sesionar es en función de la Ley Orgánica de la Legislatura, empero, nunca estará supeditado dicho quórum de una ley secundaria al establecido por una norma superior, que en la especie es la constitución local, que en la especie es clara al establecer una votación calificada de todos los integrantes de la legislatura aseverar lo contrario vulnera flagrantemente el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna, pues ninguna norma superior puede estar supeditada a una de menor rango y jerarquía como en la especie falazmente lo pretende hacer la legislatura, en consecuencia, resulta obvio, que jurídicamente se violentó la Constitución al no cumplir con los 17 votos que expresamente señala nuestra ley fundamental local.

En efecto, en el caso concreto que nos ocupa, se cometieron diversas violaciones de procedimiento en contravención a distintas disposiciones constitucionales y legales, que dan lugar a invalidar en su conjunto, la elección de consejeros aprobada por un grupo de 15 diputados, toda vez que:

a) Toda iniciativa dictamen o resolución de la que deba conocer la Legislatura del Estado, debe ser hecha del conocimiento del Pleno, de conformidad con el artículo 19 fracción I de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que rige el procedimiento aplicable, sin excepción alguna, la formación de las leyes, decretos y acuerdos. En el caso que nos ocupa, ni la Junta de Concertación Política, ni la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, ni la Mesa Directiva, emitieron ni comunicaron al Pleno de la LVI Legislatura, ninguna propuesta, iniciativa, dictamen o resolución que permitiera a los integrantes de la asamblea, ponderarla oportunamente antes de emitir su voto.

b) El acto impugnado en el presente caso, se materializó mediante un decreto, que no es sino una especie dentro del género de resoluciones que puede llegar a expedir la Legislatura del Estado, cuyo trámite legislativo es regulado por los artículos 32 y sucesivos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. De acuerdo con este ordenamiento, cuyas disposiciones al ser en su caso interpretadas en forma integral y sistemática, toda resolución del Poder Legislativo debe ir precedida por un dictamen a través del cual, el órgano legislativo correspondiente (la Comisión ordinaria de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, en este caso), proponga al Pleno el sentido de la resolución, explicitando las razones tenidas en cuenta para arribar a la propuesta sugerida en el cuerpo del dictamen, pues en caso contrario, se llegaría se correría el riesgo de que el Pleno legislativo adoptara resoluciones sin orden ni concierto, sin pasar al estudio previo de los órganos especializados establecidos precisamente con el objeto de preparar y garantizar decisiones mejor informadas y cuidadosamente sustentadas por parte del Poder Legislativo. Incluso, el párrafo primero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es enfático en su último enunciado, al establecer: "Artículo 48.- Las Comisiones deberán emitir el dictamen que proponga aprobar la iniciativa, en sus términos o con modificaciones, o bien, rechazarla, pero no podrá dispensarse en ningún caso su dictamen."

En este caso, desde luego, nunca existió dictamen alguno expedido por la Comisión de la materia, ni tampoco una iniciativa o propuesta específica por parte de la Mesa Directiva o Junta de Concertación Política, de tal manera que, incluso si los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, hubiesen estado presentes en la sesión, habrían estado jurídicamente imposibilitados para votar un asunto inexistente como tal, es decir, que no habría cosa que votar, o sea, que no hubiese habido acto o materia, susceptible de ser discutida y puesta a votación, ni mucho aprobada o rechazada por el Pleno del Poder Legislativo, toda vez que nunca existió tal iniciativa, dictamen, propuesta, o resolución exigidas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, violándose entonces indirectamente el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que en su parte conducente dice: "La Legislatura del Estado, para la interpretación, creación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos, deberá observar la ley y reglamentos correspondientes..."

c) El 1 de diciembre de 2010, el Pleno de la LVI Legislatura aprobó una resolución que, si bien estaba mencionada como tema a tratar en la Gaceta Legislativa correspondiente a la sesión del día previo, en realidad no existía ni se hizo circular entre los integrantes de la Legislatura, (según se desprende de la copia que presume la existencia de su original de la gaceta legislativa de fecha veinticinco de noviembre del dos mil diez, relativa a la Sesión del Pleno de la Legislatura del treinta de noviembre del dos mil diez, que se anexa para mayor ilustración), ni mucho menos se reprodujo íntegra como parte de la citada Gaceta, violentándose así el numeral 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 92. (Plazo para presentar asuntos que integrarán el orden del día) para la integración del orden del día, la Mesa Directiva considerará exclusivamente los asuntos que hayan sido presentados en la Oficialía de Partes, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la sesión correspondiente, computándose en días hábiles. El Pleno, a solicitud verbal de cualquier diputado y por mayoría de los presentes, podrá agregar o retirar asuntos del orden del día de la sesión, hasta antes de abrir el apartado de asuntos generales". En el Caso concreto, sucede que en la Mesa Directiva incluyó en la convocatoria a la sesión de fecha 30 de noviembre de 2010, un Orden del Día que comprendía como punto a tratar, la elección de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro, a pesar de no existir ninguna propuesta, solicitud, dictamen o resolución de ningún tipo que hubiese sido presentada por cualquier órgano legislativo ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo (Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos), cuando menos con una anticipación de dos días a la sesión convocada, es decir, presentada ante esa dependencia a más tardar el 28 de noviembre de 2010, como seguramente constará acreditado en el expediente en que se actúa.

Esta observación resulta de particular relevancia, puesto que, para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicte un fallo consistente en la presente causa, resulta determinante identificar qué fue lo que aprobó la LVI Legislatura entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, es decir, cuál fue el acto legislativo (causa) que dio lugar a la elección de los consejeros electorales (efecto) por parte de esa asamblea de representantes. Para esto, ha de tomarse en consideración que, conforme el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el Pleno sesiona conforme a un Orden del Día y solamente puede tomar resoluciones con base en dictámenes de leyes, decretos o acuerdos, propuestas o informes oficiales del Poder Legislativo, pues ni el pase de lista ni las consideraciones al acta de la sesión anterior dan lugar a resolución formal, sino en todo caso a una mera deliberación por parte de la asamblea, así como la discusión de los llamados "Asuntos generales", con respecto a los cuales incluso existe disposición expresa en el sentido de que no darán inicio a ningún trámite legislativo. En esta tesitura, es claro que cualquier resolución del Poder Legislativo, debe sustentarse previamente en un dictamen de Ley, Decreto o Acuerdo (como hubiese procedido en el caso que nos ocupa), o cuando menos en una "propuesta" o "Informe" de algún órgano legislativo, pero ni aquel, ni estos, existieron en realidad jamás, sino que, durante el curso de la sesión, se sabe que se distribuyeron a los diputados presentes algunas boletas o papeletas en las que aparecían los nombres de 7 siete consejeros propietarios y los 7 siete consejeros suplentes que habrían de ser elegidos, incluso sin espacio u oportunidad para votar por otras alternativas entre los 54 candidatos que participamos en el proceso de elección de consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro.

Esta omisión o ausencia de propuesta, dictamen o documento formal que permitiera tomar una determinada, decisión, aunado al hecho de que la sesión no dio inicio a la hora en que fue originalmente convocada, serían los motivos que llevaron a los 10 diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, a no presentarse a la sesión en la que-ilícitamente e inconstitucionalmente se procedió a la elección de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro, debiéndose en consecuencia desestimar, por infundado, el señalamiento de que los legisladores del Partido Acción Nacional actuaron, irresponsable y dolosamente, con el fin de "reventar" la sesión (es decir, imposibilitar su desarrollo) e impedir que se procediera a la elección de los citados consejeros electorales.

Así, es claro determinar que lo irresponsable, por el contrario, hubiese sido convalidar un procedimiento evidentemente irregular y tomar decisiones con base en meras especulaciones o rumores, puesto que, resulta evidente que en ningún momento existió un documento que permitiera a los legisladores, tomar una decisión informada y resolver con rigurosa fundamentación y motivación, un asunto de tan grave trascendencia política como el que se mencionaba en el Orden del Día acompañado a la convocatoria, pues incluso de la sola lectura de la gaceta legislativa, no se advierte que se haya agregado o existido dictamen, documento o propuesta que contenga valoración alguna ni por la Junta de Concertación Política, ni por la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro. Haciendo un símil, ello hubiese sido comparable al supuesto de que la señora y señores magistrados integrantes de esa honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fuesen convocados a sesionar e incluso para resolver un importante asunto de trascendencia nacional, cuyo sentido o contenido exacto desconocieran por completo, en cuyo caso, posiblemente exigirían como condición ese conocimiento antes de tomar una determinación. Tratándose del Poder Legislativo de Querétaro, además, debe tenerse en cuenta que las abstenciones en la votación hubiesen sido sumadas a la mayoría, de conformidad con el artículo 74 fracción IV y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo cual hubiese resultado sumamente riesgoso, dada la complejidad de la resolución que entonces ocupaba al Poder Legislativo: elegir de entre 54 posibles candidatos, a 7 siete consejeros propietarios y a 7 siete consejeros suplentes, señalando un orden preciso de prelación en éste último caso, además de fundar y motivar la integridad de resolución en tres sentidos: por un lado, para justificar la reelección o no reelección de los consejeros con derecho a ella; por otro, para justificar o no la elección o no elección de los demás candidatos que hubiesen sido designados como "nuevos" consejeros; y por último, para justificar el orden de prelación establecido en el caso de los consejeros suplentes, todo lo cual, como es fácil de comprender, requería de una propuesta concreta y específica que sustentara con el debido detalle jurídico tales decisiones, pero que en la especie nunca existió y por consecuencia, es fácil arribar a la conclusión de que los diputados integrantes del Partido Acción Nacional consideraron que no existía materia ni condiciones adecuadas para tomar una decisión responsablemente, además de que la sesión convocada por el Presidente de la Legislatura no comenzó a la hora indicada, ni siquiera aproximadamente, pues en la propia acta de sesión que obra en actuaciones procesales, se advierte que fue iniciada el treinta de noviembre del dos mil diez y concluyendo ilegal e inconstitucionalmente hasta las 00:40 horas del día primero de diciembre del mismo año, situación asentada textualmente en dicha acta, violando así la legalidad y constitucionalidad del acto, pues este debió de haber concluido el mismo treinta de noviembre del dos mil diez.

OCTAVO. Estudio de fondo. Los agravios son infundados e inoperantes, como se explicará a continuación.

En esencia, los actores aducen lo siguiente:

- El procedimiento de designación de consejeros vulneró formalidades esenciales, por no estar fundado y motivado.

- No se distinguió entre procedimiento de designación y procedimiento de ratificación, en perjuicio de los consejeros que tenían derecho a esto último.

- No se elaboró un dictamen en el que se analizaran los expedientes de cada participante y, por ende, se establecieran calificaciones objetivas para precisar quiénes reunían los mejores perfiles para ocupar el cargo.

- La designación de consejeros no se realizó por la mayoría calificada que, en concepto de los actores, se integra con las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, esto es, con diecisiete diputados de los veinticinco que la componen.

- La sesión de treinta de noviembre del dos mil diez y el Decreto respectivo no están debidamente fundados y motivados.

- Se designaron consejeros a ciudadanos que no reunían los requisitos legales para ocupar el cargo y

- Violación al derecho de petición del actor Miguel Ángel Álvarez Jiménez.

Desde ahora conviene precisar que ninguno de los actores señala como acto reclamado la denominada "Convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 15 de diciembre del 2010 al 14 de diciembre del 2017", emitida el treinta y uno de octubre del dos mil diez.

En las demandas acumuladas tampoco se exponen agravios al respecto, de tal manera que dicha convocatoria se encuentra firme al no haberse impugnado oportunamente, tal como lo sostuvo esta Sala Superior al resolver el SUP-JRC-80/2009, SUP-JRC-81/2009 y SUP-JDC-2977/2009 acumulados.

Ahora bien, los argumentos de los actores se agrupan y analizan en torno a los temas generales a los que se refieren, a saber: I. Violaciones en el procedimiento de elección y reelección de consejeros electorales; II. Irregularidades de la sesión de treinta de noviembre del dos mil diez; III. Votación calificada de los integrantes de la legislatura; IV. Inelegibilidad para ocupar el cargo de consejeros electorales y V. Derecho de petición del actor Miguel Ángel Álvarez Jiménez.

I. Violaciones en el procedimiento de elección y reelección de consejeros electorales.

Al respecto, como ya se adelantó, sin que se impugne la convocatoria respectiva, los actores aducen, en esencia, que el procedimiento de designación de consejeros vulneró formalidades esenciales, por no estar fundado y motivado; no se distinguió entre procedimiento de designación y procedimiento de ratificación, en perjuicio de los consejeros que tenían derecho a esto último y no se elaboró un dictamen en el que se analizaran los expedientes de cada participante y, por ende, se establecieran calificaciones objetivas para precisar quiénes reunían los mejores perfiles para ocupar el cargo.

Para abordar adecuadamente el estudio de los agravios, es necesario tener como punto de partida los criterios sostenidos recientemente por esta Sala Superior, precisamente en relación a los temas planteados por los actores.

En casos con los que hay identidad de razón, esta Sala Superior ha señalado que cuando no hay norma que regule el procedimiento de ratificación y elección de nuevos consejeros locales, deben observarse los principios constitucionales previstos en el artículo 116 constitucional.2

2 Así, por ejemplo, se sostuvo en el SUP-JDC-3000/2009, donde se señaló, entre otras cuestiones: …"en concepto de esta Sala Superior, la interpretación del artículo 116, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política, en lo que respecta a la reelección de funcionarios judiciales electorales, debe hacerse a la luz de los principios de la función electoral contenidos en los artículos 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la propia Constitución General, en los que se prevé que las autoridades electorales se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad."

Esta Sala Superior ha sostenido, en esencia, que en el marco del federalismo, las entidades federativas están facultadas para configurar legalmente la forma en que realizan la designación de funcionarios electorales y que el derecho de un funcionario a ser ratificado en un cargo electoral, en su acepción más garantista, consiste en la posibilidad de participar en el procedimiento de designación, en que la autoridad constate si el interesado reúne los requisitos para ello y lo tome en cuenta para que la legislatura determine soberanamente si decide o no su reelección, sin que este derecho implique, necesariamente, que se deba reelegir al funcionario.

En efecto, al resolver el expediente relativo al SUP-JDC-3000/2009, esta Sala Superior señaló, en lo que interesa, lo siguiente:

A este respecto, debe señalarse que los alcances de la justicia federal en su vertiente de poder controlar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales, debe limitarse a la noción misma del federalismo. En efecto, dentro de un sistema federal cada entidad federativa dicta sus propios actos de gobierno y los habitantes resuelven sus controversias dentro de su espacio geográfico, en tanto el federalismo es un sistema de gobierno que se basa en el respeto a las diferencias específicas de cada entidad federativa, ya que su facultad de legislar en su ámbito territorial es el fundamento de su soberanía.

Partiendo de ese principio que define al federalismo, esta Sala Superior considera que en el ejercicio de las facultades soberanas del Estado de Zacatecas, a través del Congreso de la entidad, puede determinarse libremente los procedimientos para la integración del órgano jurisdiccional electoral, el cual, como garantía mínima debe otorgar la posibilidad de reelección (116, Fracción III de la Constitución General), sin que ello implique que el magistrado que concluye su periodo constitucional y pretende ser reelecto, necesariamente deba ser nombrado nuevamente para que le sea respetada esa expectativa de derecho.

Ello, porque como ya se ha precisado, la reelección de funcionarios judiciales electorales se debe entender, en su expresión más garantista, como aquella posibilidad que se otorga a los magistrados concluyentes, para volver a participar en el proceso de integración del órgano jurisdiccional, en los términos y las condiciones que la propia legislatura establezca.

Por lo anterior, es criterio de esta Sala Superior que como ocurre en el caso de la soberanía del Estado de Zacatecas, resulta válido que para el efecto de elegir a los magistrados electorales, se puede dar un procedimiento de elección con posibilidad de reelección de entre una terna propuesta, de suerte que la reelección se presenta en el momento de que al magistrado electoral que termina su periodo para el cual fue electo, se le coloca en condiciones de poder participar nuevamente al cargo que concluyó, siempre que sea voluntad de este someterse a dicho proceso.

Esto es, si el funcionario judicial opta por ejercer su derecho a la reelección, deberá hacerlo del conocimiento del órgano que formula las ternas que se enviarán al legislativo; hecho lo cual, previo dictamen que precise la conveniencia de reelegir o no al magistrado, atendiendo a sus méritos o al sistema electoral, quedará al arbitrio de la legislatura estatal, determinar si reelige al funcionario que se sometió al proceso de elección de magistrados electorales o, si elige a uno diferente de entre la terna propuesta.

Con ello, se insiste, se reconoce la posibilidad al magistrado electoral concluyente del periodo para el cual fue electo, de ser reelecto nuevamente con ese cargo.

Por tanto, el procedimiento para la elección o reelección de los magistrados electorales se colma con el señalamiento de las personas que ocuparán tal cargo en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, y previo dictamen el Congreso puede elegir entre los candidatos propuestos, es decir, escoger o preferir a determinadas personas respecto de otras que también hayan sido propuestas, en el entendido que, de quedar electos los magistrados que habían ocupado dicho cargo, lo serán sólo por un periodo más de conformidad con la ley de la materia.

Consecuentemente, si un congreso local determina soberanamente integrar al órgano jurisdiccional de la materia con una composición que permita el escalonamiento de sus integrantes con la combinación de funcionarios de mayor antigüedad y experiencia con otros de reciente incorporación; tales formas de alternancia en la composición, al tener como fuente una decisión proporcional y razonable, no infringe ningún tipo de derechos, pues tales medidas buscan la pluralidad de pensamientos y criterios jurídicos.

Así, es de concluirse que una legislatura estatal puede libremente decidir no llevar a cabo reelección de magistrados electorales, con el propósito de privilegiar otros mecanismos alternativos de integración que también son válidos.

De lo sostenido por esta Sala Superior en el precedente citado, el cual es aplicable por analogía al caso de los consejeros electorales locales, se puede concluir que el derecho a la reelección se limita a la posibilidad de que los consejeros en funciones participen en el procedimiento respectivo y se valore si cumplen los requisitos para ello, sin que por esas razones se imponga a la legislatura el deber de ratificar a los funcionarios que tengan el derecho, pues tal deber sería en contravención de su facultad de decidir soberanamente al respecto.

A lo anterior, debe añadirse el criterio sustentado por esta Sala Superior en diversos precedentes, en los que se ha señalado que la designación o ratificación de funcionarios electorales no constituye un auténtico acto de molestia en términos del artículo 16 constitucional, por no existir un derecho subjetivo público de ser forzosamente reelecto o designado como funcionario y, por ende, el deber de fundarlo y motivarlo se cumple de una manera especial.

Lo anterior, porque, si bien, en general, cualquier acto de autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del acto, de modo que cuando se trata de un acto complejo, como el procedimiento de elección de consejeros, ésta puede contenerse y revisarse en dicho documento y en los acuerdos o actos precedentes, tomados durante el procedimiento respectivo o en cualquier anexo a dicho documento, del cual hayan tomado parte o tenido conocimiento las partes.

En efecto, esta Sala Superior ha sostenido que, conforme con el principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la constitución y a las disposiciones legales aplicables3

3 Véase la tesis de jurisprudencia del rubro PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235.

En ese sentido, los actos y las resoluciones de la materia deben cumplir con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, aunque la forma de satisfacerlas varía acorde con su naturaleza.

Por regla general, conforme con el artículo 16 de la constitución, tales exigencias se cumplen, la primera, con la precisión del precepto o preceptos legales aplicables al caso y, la segunda, con la expresión de las circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, para lo cual debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran en la norma citada por la autoridad.

Ese tipo de fundamentación y motivación se exige, por ejemplo, en todo acto de molestia o de privación de la autoridad dirigido a particulares.

No obstante, como se adelantó, el tipo de fundamentación y motivación exigida varía acorde a la naturaleza del acto impugnado.

Así, esta Sala Superior ha sostenido, por ejemplo, que la requerida para un acuerdo reglamentario es de un tipo particular4.

4 Cfr. La tesis de jurisprudencia del rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 139-141.

En el supuesto de los actos complejos que no están dirigidos contra los particulares, se requiere otro tipo de fundamentación y motivación distinta a la generalidad de los actos de privación o molestia, pues, además de consignarse en el acto reclamado, la misma puede advertirse de los acuerdos y demás actos instrumentales llevados a cabo en las fases previas, con el objeto de configurar el acto finalmente reclamado.

Esto, porque cuando un procedimiento es complejo, debido al desahogo de distintas etapas para ir construyendo la decisión final, la fundamentación y motivación de algún punto concreto que no consta en el documento final, se puede encontrar en algún anexo a esa determinación, en el cual el impugnante participó o lo conoce y, por tanto, está consciente de sus consecuencias, porque con esto se garantiza la finalidad perseguida por esta garantía.

Lo anterior, porque, si bien no se siguió la forma ordinaria, el objetivo se alcanzó, por lo cual, la circunstancia de que la fundamentación y motivación conste en un documento anexo a la resolución final, es insuficiente para invalidarla.

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior en el SUP-RAP-42/2007 y en el SUP-RAP-116/2007.

En este tenor, debe puntualizarse que el acto legislativo por el cual se elige a un consejero en su encargo, por tratarse del ejercicio de una atribución legal, no requiere de la misma motivación y fundamentación a que están sujetos los típicos actos de molestia emitidos en perjuicio de particulares.

En efecto, cuando los actos de autoridad son emitidos con el objetivo de cumplir con una atribución legal, distinta a la afectación de derechos de particulares, la fundamentación y motivación tiene como finalidad demostrar la existencia de disposiciones jurídicas que atribuyan a la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido, y mediante el despliegue de la actuación en la forma dispuesta en la ley, así como con la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan advertir la procedencia de la aplicación de la norma correspondiente al caso concreto, por actualizarse los supuestos fácticos correspondientes.

Lo anterior, porque en estos casos, la fundamentación y motivación tiene por única finalidad, la de respetar el orden jurídico, y sobre todo, no afectar con el acto autoritario esferas de competencia correspondientes a otra autoridad.

Por tanto, la elección de consejeros electorales no es un acto de molestia típico, pues no se dicta en perjuicio de los consejeros en funciones o en perjuicio de algún particular, ni en menoscabo o restricción de alguno de sus derechos, de ahí que, para tenerlo por fundado y motivado, basta con que lo emita la autoridad facultada por la legislación y, en su caso, ésta se haya apegado al procedimiento previsto en la ley y a los principios de objetividad y racionalidad.

Cabe referir que el criterio anterior se sostuvo al resolver el juicio de revisión constitucional identificado con la clave SUP-JRC-395/2006, SUP-JRC-18/2008 y SUP-JRC-19/2008 acumulado, así como el SUP-JDC-4/2010.

Pues bien, con base en los diferentes criterios antes reseñados, se puede concluir lo siguiente:

A. A partir del modelo del federalismo, el legislador de cada entidad está facultado para configurar legalmente la forma y condiciones en que se desarrollan los procedimientos de designación y reelección de consejeros electorales, los cuales pueden implementarse en forma genérica y simultánea.

B. Ante la ausencia de un marco jurídico que regule esos procedimientos, el que se implemente debe regirse por la Convocatoria respectiva y por los principios establecidos en el artículo 116 Constitucional, en los términos en que se ha interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta Sala Superior.

C. La designación que hace la legislatura de los funcionarios electorales es un acto complejo, razón por la cual, su fundamentación y motivación es especial, diferente a la requerida para los actos de molestia emitidos en perjuicio de particulares y puede colmarse con documentos previos o trabajos preparatorios y anexos que justifiquen su actuación.

D. El derecho a la reelección de los consejeros que terminan su primer periodo en el cargo, se limita a la posibilidad de que se les permita participar en el procedimiento respectivo, tomando en cuenta su situación particular y se valore el cumplimiento de los requisitos para ser reelectos, sin que al respecto exista un modelo legal único para realizar ese análisis.

E. La participación en el procedimiento de designación y/o reelección, no impone a la legislatura el deber de designar o reelegir a los funcionarios que tengan derecho a ello, pues no existe un derecho público subjetivo a ser designado por el solo hecho de participar y cumplir los requisitos de ley, pues de ser así se contravendría la facultad de la autoridad de decidir soberanamente al respecto y, por ende, lo más que pueden alcanzar los participantes en ejercicio de su derecho, es el de ser reconocidos como opciones o propuestas válidas por cumplir los requisitos para ocupar el cargo, esto es, que reúnen los requisitos legales para ser propuestos ante la legislatura, la cual es la que finalmente designa a los funcionarios por medio de la libre votación de sus integrantes.

Con base en lo expuesto, es dable abordar el agravio en el que los actores aducen en común, indebida fundamentación y motivación de la designación de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro.

En el caso, de la interpretación funcional de los artículos 17, fracción IV y 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 62 a 64 de la Ley Electoral de Querétaro, así como de la "Convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 15 de diciembre del 2010 al 14 de diciembre de 2017", se advierte que el deber de fundar y motivar la designación de consejeros electorales locales, para la cual está constitucional y legalmente facultada la legislatura de Querétaro, se satisface siempre y cuando se observe el procedimiento establecido en dicha convocatoria, pues en la constitución y en la ley local, no se regula el procedimiento de designación o ratificación.

En efecto, como se verá a continuación, la ley solamente prevé la facultad de la legislatura para designar consejeros, pero no reglamenta de manera diferenciada los procedimientos de nueva designación y ratificación, de tal manera que la ley delega en la legislatura la facultad para establecer las condiciones en que debe integrarse el Instituto Electoral de Querétaro y, por ende, ésta debe ajustarse a lo previsto en la Convocatoria que al efecto emita para observar las formalidades esenciales de dichos procedimientos.

Al efecto, los artículos 17, fracción IV y 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establecen:

Artículo 17. Son facultades de la Legislatura:

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los demás que determine la ley;

Artículo 32. El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales. En su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, a través de siete consejeros electos por la Legislatura. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores.

El Instituto Electoral de Querétaro podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste organice procesos electorales locales.

Los Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro durarán en su encargo siete años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual y sólo podrán ser removidos por las causas graves que la ley señale y con la misma votación requerida para su nombramiento.

(Reformado mediante Ley publicada el 9 de octubre de 2009)

Los preceptos citados solamente prevén la facultad de la legislatura del Estado de Querétaro para elegir a los consejeros del Instituto Electoral de esa entidad y la posibilidad de reelegir a los consejeros por un segundo periodo, sin embargo, es evidente que en estas normas, ni en alguna otra de la Constitución local, se regula el procedimiento que debe seguirse para elegir o reelegir a dichos funcionarios.

En la Ley Electoral local tampoco se regulan los procedimientos en cuestión, pues a propósito de los consejeros, solamente se prevé lo siguiente:

Artículo 61. El Consejo General se integra de la siguiente manera:

I. Siete consejeros electorales, de entre los que será electo el Presidente del consejo en votación secreta, la que se verificará en la sesión que celebre el Consejo General el treinta de septiembre de cada año. El Presidente durará en su encargo un año y podrá ser reelecto hasta en dos períodos sucesivos;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será electo de entre los consejeros electorales, quien deberá contar preferentemente con título de licenciado en derecho y durará en su encargo un año, pudiendo ser reelecto hasta por dos periodos sucesivos. Para tal efecto el Presidente del consejo propondrá una terna; y

III. Un representante de cada uno de los partidos políticos, que por lo menos hayan obtenido el tres por ciento de la votación total emitida en la elección inmediata anterior, para diputados de mayoría relativa.

Sólo los consejeros electorales tendrán derecho a voto, los demás integrantes sólo tendrán derecho a voz.

El Director General del Instituto, concurrirá a las sesiones del Consejo General, sólo con voz informativa.

Artículo 62. Para ser Consejero Electoral y desempeñar el cargo, se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con su credencial para votar;

III. No tener más de setenta años al día de la designación, ni menos de treinta;

IV. No ser militar en activo, ni ministro de culto religioso alguno;

V. Haber residido en el Estado durante los tres años anteriores a la designación;

VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargos directivos en partidos políticos, a nivel municipal, estatal o nacional o en alguna de sus organizaciones adherentes, por lo menos los tres años anteriores a su designación; ni ser militante de partido político o asociación política alguna;

VII. No ocupar ni haber ocupado cargo o comisión o laborar ni haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral, en empleo alguno de la Federación, estado o municipios;

VIII. No haber sido postulado a cargo alguno de elección popular ni haber sido representante de partido político ante los consejos electorales, en los tres años anteriores a la designación;

IX. Haber cursado cuando menos bachillerato o su equivalente. En el caso del Consejo General, tener título profesional legalmente expedido;

X. Acreditar conocimientos en materia electoral; y

XI. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 63. El cargo de Consejero Electoral es irrenunciable y sólo podrán ser removidos por la Legislatura del Estado, por causas graves y con la misma votación requerida para su nombramiento.

Los consejeros electorales se elegirán en el mes de noviembre del año que corresponda.

Cuando se trate de cubrir una o más ausencias definitivas, independientemente de las causas que le dieron origen, la Legislatura del Estado llamará al o los consejeros electorales suplentes, previa verificación de los requisitos que se deben reunir para ser Consejero Electoral del Consejo General, para ocupar el cargo, de conformidad con el orden de prelación previsto en la lista aprobada para tal efecto, quienes desempeñarán la función por el tiempo que reste del encargo.

Artículo 64. Los consejeros electorales gozarán de las percepciones y remuneraciones que señale el presupuesto que apruebe el Consejo General, conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mismos que no podrán ser disminuidos; durante su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en instituciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

Como se ve, dicha legislación se limita a señalar la forma en que se organiza el Consejo General del Instituto Electoral, el número de integrantes, los requisitos para ser consejero, su duración en el cargo, sus percepciones y suplencias, sin que se precise las condiciones y forma en que la legislatura debe elegir a dichos consejeros.

Por tanto, ante la ausencia de reglas para la elección o reelección de consejeros, la legislatura está facultada para implementar, con libertad de configuración legislativa, el procedimiento a través del cual ejerce su facultad de designación de consejeros, sin más limitaciones que las de observar los principios previstos en el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) Constitucional y los requisitos que al efecto ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, es importante reiterar que, en el caso, ninguno de los actores controvierte los términos en que se emitió la convocatoria emitida por la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, pues no le atribuyen vicios propios a ninguna de sus bases, de tal manera que la misma debe entenderse consentida y por tanto, debe permanecer en sus términos en cuanto establece el procedimiento genérico de elección de consejeros electorales.

Sin que esté de más señalar que, en su caso, el Partido Acción Nacional estuvo en aptitud de controvertir oportunamente los términos en que se emitió la convocatoria y en autos no obran pruebas que demuestren que dicho partido se inconformó en su momento con dicha actuación.

Además de que los actores en este juicio, tampoco impugnaron oportunamente la convocatoria, razón por la cual, lo alegado al respecto sería inoperante, dado que participaron en los términos en que fue emitida desde el treinta y uno de octubre del dos mil diez.

Lo anterior, aunado a que, del análisis de dicha convocatoria, no se advierte algún aspecto que contravenga evidente y frontalmente los requisitos elementales contenidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los precedentes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pues bien, a convocatoria en cita, es del tenor siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS ELECTORALES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN IV Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 62 Y 63 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 125, 126, 145 FRACCIÓN XIII Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

CONVOCA

A los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, que reúnan los requisitos legales y los que establece la presente convocatoria, conforme a las siguientes:

BASES

Primera.- El procedimiento para la elección de los Consejeros Electorales, dará inicio con la publicación de la presente convocatoria y concluirá con la toma de protesta de los ciudadanos que hayan resultado electos.

Segunda.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con credencial para votar;

III.- No tener más de setenta años de edad al día de la designación, ni menos de treinta;

IV.- No ser militar en activo, ni ministro de culto religioso alguno;

V.- Haber residido en el Estado durante los tres años anteriores a la designación;

VI.- No desempeñar ni haber desempeñado cargos directivos en partidos políticos, a nivel municipal, estatal o nacional o en alguna de sus organizaciones adherentes, por lo menos los tres años anteriores a su designación, ni ser militante de partido político o asociación política alguna;

VII.- No ocupar ni haber ocupado cargo o comisión o laborar ni haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral, en empleo alguno de la federación, estado o municipios;

VIII.- No haber sido postulado a cargo alguno de elección popular, ni haber sido representante de partido político ante los consejos electorales, en los tres años anteriores a la designación;

IX.- Tener título profesional legalmente expedido;

X.- Acreditar conocimientos en materia electoral; y

XI.- No haber sido condenado por delito doloso;

Tercera.- El registro de aspirantes se realizará a partir del día 9 de noviembre y hasta el día 10 del mismo mes y año, en horario de las 09:00 a las 16:00 horas, debiendo acudir personalmente a entregar, en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva, con domicilio en calle 5 de Mayo esquina con Luis Pasteur, Centro Histórico de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. la siguiente documentación:

a) Solicitud por escrito elaborada por el aspirante;

b) Currículum vitae actualizado con fotografía reciente, anexando copias simples de los documentos que acrediten conocimientos en materia electoral;

c) Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía;

d) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos señalados en la Ley y la presente convocatoria;

e) Escrito de aceptación de las bases, procedimientos y alcances de la presente convocatoria;

f) Ensayo de tema libre en materia político-electoral, en un máximo de diez cuartillas, letra arial 12, márgenes 2.5 cm y a 1.5 líneas. El ensayo deberá entregarse impreso y con respaldo en archivo electrónico.

g) Señalar número telefónico y domicilio en esta Ciudad, así como correo electrónico para recibir cualquier tipo de notificación.

Cuarta.- Al cierre del registro, la Presidencia de la Mesa Directiva, remitirá a la Junta de Concertación Política, la relación de los aspirantes que se registraron y la documentación respectiva. Posteriormente la Junta de Concertación Política integrará los expedientes y revisará la documentación de los aspirantes a candidatos a fin de verificar que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Para este efecto, adicionalmente podrá solicitar o allegarse de la documentación o elementos que estime necesarios;

Quinta.- El día 12 de noviembre del año en curso, la Junta de Concertación Política hará la declaratoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en la presente convocatoria y ordenará su publicación en la Gaceta Legislativa, en estrados y en el portal de internet del Poder Legislativo (www.legislaturaqro.gob.mx)

En la declaratoria se indicará la fecha, hora y lugar en que deberán acudir los aspirantes para la exposición del ensayo y el desahogo de las entrevistas. Las citas se asignarán en estricto orden alfabético.

La publicación surtirá efectos de notificación a los participantes.

Sexta.- Las exposiciones y entrevistas se realizarán en las instalaciones del Poder Legislativo, en sesiones públicas entre el 16 y el 21 de noviembre del año en curso, tendrán una duración máxima de 40 minutos por cada participante y se desarrollarán bajo el siguiente formato:

a) La Junta de Concertación Política se declarará en sesión permanente a efecto de entrevistar a cada uno de los aspirantes, quienes contarán hasta con 10 minutos para exponer los puntos centrales de su ensayo y no podrán ser interrumpidos durante ésta intervención. Acto seguido los miembros de la Junta formularán sus preguntas;

b) La entrevista se orientará a aspectos técnicos y/o jurídicos propios de la materia político-electoral y tiene por objeto comprobar que los aspirantes poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos que les permitan el desempeño eficaz y calificado de la función por asignar;

c) Cada candidato contará hasta con tres minutos para responder cada una de las preguntas que se formulen;

d) Los candidatos deberán acudir el día y hora señalados, las citas no podrán reprogramarse, salvo acreditarse caso fortuito o de fuerza mayor, a juicio de la propia Junta de Concertación Política;

Séptima.- Concluido el ejercicio de exposiciones y entrevistas, la Junta de Concertación Política, procederá a formular la propuesta de los aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados respecto de su entrevista y que hayan demostrado contar con los conocimientos para ejercer el cargo de Consejero Electoral.

Octava.- La Junta de Concertación Política, determinará la propuesta de los candidatos a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

Novena.- En la sesión de pleno que al efecto convoque la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, se presentará la propuesta de la Junta de Concertación Política y se procederá a su discusión y votación.

En esta sesión, serán designados Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, de conformidad con lo que establece el artículo 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro y se les tomará la protesta de ley.

Décima.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por acuerdo de la Junta de Concertación Política.

Décima primera.- La decisión del Pleno de la Legislatura, será inapelable y no admite recurso alguno.

Décima segunda.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación.

ATENTAMENTE

LVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DIP. BERNARDO RAMÍREZ CUEVAS

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS ELECTORALES

Conforme a la Convocatoria, el procedimiento de designación es genérico y simultáneo, pues no distingue entre reelección y nueva designación de consejeros, dado que la ley local tampoco hace distinción.

Además, el procedimiento se lleva a cabo en cuatro principales etapas desahogadas por la Junta de Concertación Política de la legislatura, a saber: 1. Inscripción de aspirantes; 2. Declaratoria de quienes reúnen los requisitos; 3. Entrevistas a los aspirantes, valoración de cada uno de ellos para formular una propuesta y 4. Designación de Consejeros.

En principio, cabe destacar que el órgano encargado de desahogar el procedimiento es el más plural de los que integran la legislatura de Querétaro, pues en términos del artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, la Junta de Concertación Política es el órgano encargado de procurar la toma de decisiones políticas de la Legislatura y se integra con los coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas, lo que significa que se trata de un órgano integrado por diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, lo cual asegura imparcialidad y objetividad en la toma de consensos.

Además, el referido procedimiento, en términos generales, es acorde con lo que ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta Sala Superior para la designación de funcionarios electorales, pues se prevé un procedimiento a través del cual se trata con igualdad a los participantes que pretenden nueva designación, sin eliminar las particularidades de quienes pretenden ser reelectos; se recaban los elementos necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo y se establece la posibilidad de presentar propuestas para, de entre las opciones correspondientes, designar a los consejeros.

Ahora bien, lo dispuesto en dicha convocatoria que es firme por no estar impugnada, constituye la parte reglada del procedimiento en cuestión, mientras que la designación en sí de los consejeros constituye la parte discrecional que es facultad soberana y exclusiva de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro.

Por ende, en congruencia con los precedentes ya citados, el deber de fundar y motivar la resolución se satisface con el cumplimiento de la fase reglada del procedimiento, tal como aconteció en el caso, en términos de lo que se explicará enseguida.

En las bases de la Convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido entre el quince de diciembre de dos mil diez al catorce de diciembre de dos mil diecisiete, publicada en la Gaceta Legislativa número treinta y dos del Estado de Querétaro, se distinguieron las cuatro etapas principales que ya se han mencionado: 1. Inscripción de aspirantes; 2. Declaratoria de quienes reúnen los requisitos; 3. Entrevistas a los aspirantes, valoración de cada uno de ellos para formular una propuesta y 4. Designación de Consejeros.

En las bases Segunda y Tercera de la Convocatoria, se estableció lo que aquí se denomina primera etapa, la cual consistió en el periodo durante el cual se podían inscribir los aspirantes, que reunieran los requisitos legales y los fijados en dicha Convocatoria. Los documentos respectivos se presentaron ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura.

La segunda etapa, se estableció en las bases Cuarta y Quinta de la Convocatoria y consistió en que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, remitió a la Junta de Concertación Política, la relación de los aspirantes registrados y la documentación respectiva, siendo dicho órgano el encargado de formar los expedientes y verificar los requisitos para participar.

En esta segunda etapa, se incluyó el deber de la Junta de Concertación Política, de emitir el doce de noviembre del dos mil diez, la Declaratoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria, citándolos a comparecer, para el desahogo de las entrevistas y exposición de los ensayos.

En dicha declaratoria, se fijaron fechas para desahogar en orden alfabético las entrevistas en sesiones públicas del Poder Legislativo de Querétaro.

La tercera etapa del proceso de designación de consejeros electorales, se estableció en la base Séptima de la Convocatoria y consistió en las referidas entrevistas de los aspirantes registrados, respecto de los cuales se declaró que reunieron los requisitos para ocupar el cargo, las cuales se celebraron entre el dieciséis y el veintiuno de noviembre del dos mil diez.

Esta tercera etapa concluyó en términos de lo dispuesto en la base Séptima de la Convocatoria, con una propuesta de la Junta de Concertación Política, basada en los mejores resultados derivados de las entrevistas y con apoyo en los conocimientos en materia electoral demostrados por cada participante.

Dicha propuesta, en términos de las bases Séptima, Octava y Novena, debió emitirla la Junta de Concertación Política para presentarla ante la sesión de pleno que al efecto convocara la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, con base en la cual se procedería a su discusión y votación.

La última etapa consistía, entonces, en la designación de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, con base en la propuesta de la Junta de Concertación Política, tal como se estableció en el párrafo segundo de la base Novena de la Convocatoria.

Lo anterior permite concluir que, conforme al modelo establecido en la Convocatoria, las primeras tres etapas constituyen la fase reglada del procedimiento de designación, mientras que la cuarta de las etapas es la fase discrecional, en la cual, los integrantes del Pleno de la legislatura, podían discutir y emitir libremente su voto a favor de las propuestas presentadas para ocupar el cargo de consejeros.

La observancia de la fase reglada por la Convocatoria es suficiente para considerar que está debidamente fundada y motivada la designación de los consejeros aquí impugnada, razón por la cual, para analizar los agravios de falta de fundamentación y motivación, es necesario verificar si en el caso se demostró la observancia de las fases regladas de dicho procedimiento.

Al respecto, en los expedientes que nos ocupan constan en originales y copias certificadas la Convocatoria, la Declaratoria de cumplimiento de requisitos de los participantes, un Informe de la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, respecto de la valoración de los participantes, el acta de la sesión del Pleno de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro y un testimonio notarial, en la cual consta que se designaron siete consejeros electorales locales propietarios y siete suplentes, así como el Decreto publicado en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", de dicha designación.

Dichas documentales merecen valor probatorio pleno, en términos del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues se trata de documentos públicos emitidos por la LVI Legislatura del Estado de Querétaro y no están controvertidos por otros medios de prueba.

También obra un disco compacto ofrecido por el Partido Acción Nacional que supuestamente contiene la videograbación de la sesión de treinta de noviembre del dos mil diez del Pleno de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, sin embargo, esa documental privada solamente merece el valor de indicio, pues se trata de una prueba técnica que no está adminiculada con otra que permita verificar su autenticidad y, por ende, por sí sola no desvirtúa la documental pública remitida por la responsable, consistente en el acta de dicha sesión.

Cabe resaltar que en los expedientes acumulados consta que por autos de catorce de diciembre del dos mil diez se dio vista a los actores con las documentales que las responsables acompañaron a su informe justificado sin que se hayan objetado, a pesar de que en los juicios SUP-JRC-412/2010, SUP-JDC-1246/2010 y SUP-JDC-1247/2010, se ampliaron las demandas.

De esos documentos se advierte lo siguiente:

a) El treinta y uno de octubre de dos mil diez, el Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, ambos de la Legislatura del Estado de Querétaro, emitieron la convocatoria para los interesados en participar en la designación de consejeros electorales para el periodo 2010-2017.

b) Entre el nueve y diez de noviembre del dos mil diez, los ciudadanos actores en este juicio se inscribieron para participar en el mencionado proceso de selección de consejeros locales.

Con lo anterior, se cumplió a cabalidad lo dispuesto en las bases Segunda y Tercera de la Convocatoria citada.

c) El doce de noviembre del dos mil diez, se emitió la "DECLARATORIA DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN POLÍTICA De los aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en la Convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales."

En dicha declaratoria, se enlistaron los cincuenta y cuatro participantes que en concepto de la autoridad responsable cumplieron con los requisitos de ley para ocupar el cargo de consejeros electorales y se fijaron fechas para sus entrevistas ante dicha Junta.

Esta actuación se emitió en términos de las bases cuarta y quinta de la Convocatoria respectiva.

d) Del dieciséis al veinte de noviembre se desahogaron las entrevistas de los aspirantes, incluyendo las de los ciudadanos actores en este juicio, en términos de la base Sexta de la Convocatoria.

e) El veintidós de noviembre del dos mil diez, la Junta de Concertación Política elaboró el denominado "INFORME DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA LVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EXPOSICIÓN DEL ENSAYO Y DESAHOGO DE LAS ENTREVISTAS DE LOS 54 ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO, CONFORME LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LAS BASES SEGUNDA Y TERCERA LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 62 Y 63 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO".

En este informe, se destacan los nombres de cada participante, la fecha de su comparecencia y una valoración de la exposición y ensayo de cada uno de ellos, en los términos siguientes:

"INFORME DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA LVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EXPOSICIÓN DEL ENSAYO Y DESAHOGO DE LAS ENTREVISTAS DE LOS 54 ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO, CONFORME LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LAS BASES SEGUNDA Y TERCERA DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 62 Y 63 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

A continuación por aspirante se hace la ponderación sobre la exposición del ensayo y desahogo de entrevistas desahogadas a cargo de esta Junta, conforme al orden establecido en la declaración de la junta de concertación política que cumplieron con los requisitos señalados en la convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los Cargos de Consejeros Electorales.

No.

Aspirante

Fecha

Hora de comparecencia

1.

Agustín Alcocer Alcocer

16 de noviembre de 2010

08:00

Como expositor se desenvolvió de manera profesional, no obstante su experiencia en la materia electoral es mínima toda vez que la misma se limita al ámbito académico.

2.

Ana Guadalupe Mónica Almaraz Mancilla

16 de noviembre de 2010

08:30

De su currículum se aprecia conocimiento en la materia electoral pues se ha desempeñado como Secretaria Técnica en Procesos Electorales y Funcionaria Regional del IEQ, tuvo bajo su responsabilidad personal, si siendo éste un factor de manejo en el área de recursos humanos.

3.

Miguel Ángel Álvarez Jiménez

16 de noviembre de 2010

09:00

El aspirante presenta un amplio curriculum, no obstante su experiencia se limita al ámbito académico, aunado a que presentó una deficiente exposición al defender su ensayo lo cual evidencia poca experiencia en la materia electoral.

4.

Ricardo Icaro Álvarez Vidal

16 de noviembre de 2010

09:30

De su exposición se desprende que su conocimiento en la materia no fue del todo convincente por lo que se considera que no cumple con el perfil adecuado para el ejercicio del cargo.

5.

Violeta Fabiola Barbosa Villanueva

16 de noviembre de 2010

10:00

El tema abordado respecto a las plataformas de los partidos políticos, no pasó por desapercibido para los Diputados integrados de la Junta de Concertación Política que estuvieron presentes; adicionalmente a ello tiene experiencia y conocimiento en la materia electoral.

6.

Leticia Ofelia Blanco Cardona

16 noviembre 2010

10:30

Su experiencia electoral es indiscutible pues ha sido integrante del Consejo
Local del Instituto Federal Electoral, no obstante la defensa de su ensayo y
exposición fueron deficientes.

7.

Pablo Cabrera Olvera

16 noviembre 2010

11:00

Se desempeña como Coordinador Jurídico del IEQ, sin embargo al momento de su exposición del ensayo presentado, evidenció falta de convencimiento y manejo respecto sobre lo que debe ser la función de Consejero Electoral

8.

María Natividad Josefina Camacho Ballesteros

16 noviembre 2010

11:30

A pesar de tener experiencia en la materia electoral, el contenido de su ensayo y la manera en que expuso, no estuvieron a la altura de lo que pudiera ser su función como Consejera Electoral. No refleja en su curriculum ninguna otra actividad relevante después de que deja el cargo de Directora Ejecutiva de Organización Electoral.

9.

Yolanda Elías Calles Cantú

16 noviembre 2010

12:00

Consejera Electoral del Consejo Local del IFE, desempeñándose de manera
profesional apegándose a los principios rectores de la norma electoral.

10.

Ricardo Renato Cárdenas García

16 noviembre 2010

12:30

El aspirante tiene una experiencia profesional en el ejercicio de la profesión del derecho; su contacto con la materia electoral no es del todo amplia. Su
exposición fue adecuada.

11.

Guillermo

Castellanos Guzmán

17 noviembre de 2010

16:00

El tema que abordó fue Democracia y Política, con experiencia en la administración pública y de un perfil ciudadano propio a la materia electoral; sin embargo, sus circunstancias de exposición no fueron convincentes.

12.

Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda

17 de noviembre de 2010

16:30

El curriculum que presenta el aspirante, tiene una experiencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

13.

Juan Carlos Dorantes Trejo

17 de noviembre de 2010

17:00

Consejero Electoral del actual Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, con la posibilidad de poder reelegirse en términos del artículo 32 de la Constitución Política Local; su exposición fue cuestionada por parte de los diputados presentes, y poca defensa hizo a lo que se le cuestionó.

14.

Rocío Dorantes Trejo

17 de noviembre de 2010

17:30

Abogada de profesión, con una exposición poco convincente.

15.

José Fabio Espinosa

17 de noviembre de 2010

18:00

Experiencia electoral en el propio Instituto Electoral de Querétaro, pero de su curriculum no se aprecia actualización en la materia permanente. Postuló sobre las futuras reformas políticas-electorales.

16.

Alfredo Flores Ríos

17 de noviembre de 2010

18:30

Funcionario del Instituto electoral de Querétaro, que se desempeña como Coordinador de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico. A las preguntas y respuestas que dio, fueron convincentes a los diputados que estuvieron presentes en su exposición.

17.

Juan Carlos García Solís

17 de noviembre de 2010

19:00

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral.

18.

Heriberto Garduño Sosa

17 de noviembre de 2010

19:30

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral. Su exposición fue seria.

19.

Silvia Patricia González Fajardo

17 de noviembre de 2010

20:00

El tema de su ensayo fue Equidad y Género, con experiencia electoral en el Instituto Electoral del Estado de México, pero los argumentos que dio durante su entrevista no fueron del todo convincentes.

20.

Jorge Luis Hernández Olvera

17 de noviembre de 2010

20:30

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral.

21.

Magdiel Hernández Tinajero

18 de noviembre de 2010

08:00

Actualmente funcionario electoral del IEQ; de sus constancias se hace la conclusión de un conocimiento en la materia jurídica electoral. En la exposición y respuestas fueron convincentes, a los diputados.

22.

Oscar Hinojosa Martínez

18 de noviembre de 2010

08:30

Funcionario electoral del IEQ, con conocimiento en la materia jurídica, no así, en la parte de operación y administración, lo cual se evidenció al momento de la entrevista.

23.

Demetrio Juaristi Mendoza

18 de noviembre de 2010

09:00

Consejero Electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral; con experiencia como abogado postulante y representante jurídico de instituciones privadas, demostrando un perfil adecuado.

24.

Juan Luis Lara Ramirez

18de noviembre de 2010

09:30

Funcionario electoral del IEQ, con más de diez años de experiencia laboral y adscrito a diversas áreas de esa institución. Perfil adecuado.

25.

José Antonio Lira Luna

18 de noviembre de 2010

10:00

Experiencia electoral en el Instituto Federal Electoral, no obstante, en la exposición y defensa de su ensayo mostró una argumentación deficiente que resta valor al perfil requerido para el ejercicio del cargo a consejero electoral.

26.

Evaristo Martínez Clemente

18 de noviembre de 2010

10:30

Funcionario actual del IEQ, ocupando el cargo de Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, manejo y conocimiento en la materia.

27.

María Luisa Martínez Paz

18 de noviembre de 2010

11:00

Funcionario del IEQ con el rango de técnico electoral adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral; una exposición aceptable, que permite considerar que cuenta con el perfil.

28.

Monica Danae Medina Velázquez

18 de noviembre de 2010

11:30

En su documentación y exposición hecha a los integrantes de la Junta de Concertación Política, no mostró seguridad en el conocimiento de la materia, ni experiencia del todo probada.

29.

Erika Mendoza Martínez

18 de noviembre de 2010

12:00

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral. Su exposición fue seria.

30.

Ángel Eduardo Simón Miranda Correa

18 de noviembre de 2010

12:30

Actualmente consejero electoral del Consejo General del IEQ, con posibilidades de reelección en términos en términos del artículo 32 de la Constitución Política Local; su exposición sobre los alcances a la reforma electoral, con conocimiento teórico sobre la materia.

31.

Oscar Ulises Murillo Rodríguez

19 de noviembre de 2010

08:00

Del currículum y las constancias anexadas, así como de su exposición, con el tema Los Partidos Estatales en México, demostró experiencia y conocimiento.

32.

Arturo Marcial Padrón Hernández

19 de noviembre de 2010

08:30

Actualmente funcionario del IEQ con el cargo de Coordinador de Comunicación Social, lo que representa tener experiencia y conocimiento en la materia; adoleciendo en sus constancias de una antigüedad laboral que le permita desempeñar adecuadamente el cargo.

33.

Ángel Parra Martínez

19 de noviembre de 2010

09:00

Experiencia en la materia, ha sido consejero electoral por dos ocasiones en los consejos distritales de Querétaro; aunque en su exposición no resultó ser convincente a los diputados presentes.

34.

Cecilia Pérez Zepeda

19 de noviembre de 2010

09:30

Actualmente consejera electoral del Consejo General del IEQ, con la posibilidad de poder ser reelecta en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; el tema que expuso fue La Importancia del IEQ en el Fortalecimiento de la Educación Cívica. Su exposición y cuestionamientos realizados por los diputados presentes, no fueron del todo convincentes, siendo éstos repetitivos en las preguntas que le fueron formuladas.

35.

José Luis Pisano Olvera

19 de noviembre de 2010

10:00

Sus documentales presentadas para la elección de consejeros electorales y su exposición hecha ante los diputados de la Junta de Concertación Política, no mostraron la seguridad necesaria para optar por su posible elección.

36.

José Alejandro Ramírez Reséndiz

19 de noviembre de 2010

10:30

Ante la valoración de las documentales exhibidas y su conocimiento en la materia, así como actualización de la misma, no fueron del todo convincentes, inclusive la forma en que expuso ante los legisladores.

37.

José Antonio Ramos Martínez

19 de noviembre de 2010

11:00

Con experiencia electoral en el IEQ, no demostrando actualización en la materia electoral.

38.

Raúl Reyes Trejo

19 de noviembre de 2010

11:30

Fue Secretario técnico en dos procesos electorales que organizó el IEQ; su exposición fue adecuada, aunque no del todo contundente para los diputados de la Junta de Concertación Política, presentes.

39.

María Olivia Reséndiz Trejo

19 de noviembre de 2010

12:00

No del todo pudo ser una exposición que entrara en el buen juicio de los diputados presentes; no desprendiendo de su currículum y documentales una experiencia en la materia electoral.

40.

Carlos Enrique Ricalde Peniche

19 de noviembre de 2010

12:30

Su exposición como ciudadano interesado en la materia electoral fue adecuada, adoleciendo sus documentales privadas, de una fortaleza para poder optar por su elección como consejero electoral.

41.

Rómulo Rivadeneyra Farrera

20 de noviembre de 2010

08:00

Su currículum demuestra tener conocimiento en la materia hacendaría, teniendo un perfil ciudadano y no encaminado a la función de consejero electoral como especialista en la materia.

42.

Roberto Rubén Rodríguez Ontiveros

20 de noviembre de 2010

08:30

Actual Director Ejecutivo de Organización Electoral del IEQ, especialista en la materia y conocedor sobre los asuntos que debe atender el Consejo General del IEQ, la defensa de los argumentos que plantea en su ensayo fueron contundentes.

43.

José Juan Rodríguez Perusquía

20 de noviembre de 2010

09:00

Aspirante a consejero electoral, con una reducida experiencia en la materia.

44.

Gloria Cristina Rodríguez Rangel

20 de noviembre de 2010

09:30

Ex funcionaría electoral del IEQ, consejera electoral suplente, por lo que puede ser considerada en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

45.

Raúl Ruíz Canizales

20 de noviembre de 2010

10:00

Académico con estudios de doctorado y conocimiento en la materia electoral; su exposición fue convincente para los diputados presentes, en su comparecencia

46.

Gonzalo Ruiz Posada

20 de noviembre de 2010

10:30

Aspirante a consejero electoral con características de ciudadano y con interés en la materia, participante activamente en la organización Ciudadanos por la Democracia; perfil adecuado.

47.

Oscar José Serrato

20 de noviembre de 2010

11:00

Funcionario actual del IEQ, lo que le permite tener la experiencia y el conocimiento sobre la materia.

48.

Juan Carlos Silva Briseño

20 de noviembre de 2010

11:30

Con el tema IEQ, retos y perspectivas; abogado y con conocimiento electoral; demostró tener la aspiración para conformar el Consejo General del IEQ.

49.

Carlos Silva Reséndiz

20 de noviembre de 2010

12:00

Su exposición demostró tener el interés y la convicción de ser considerado para la elección de Consejero Electoral; con un currículum que soporta.

50.

Jesús Uribe Cabrera

20 de noviembre de 2010

12:30

Con estudios de doctorado, ex comisionado de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, persona que disertó el tema de Partidos Políticos, entre lo Público y lo Privado.

51.

José Vidal Uribe Concha

20 de noviembre de 2010

13:00

Actual Director General del IEQ expuso el tema de la Redistritación Electoral una forma clara, contundente y técnicamente soportada. Su experiencia en la materia y años de servicio respaldan su aspiración.

52.

Pablo Vázquez Sánchez

20 de noviembre de 2010

13:30

Abogado de profesión y persona interesada en los temas electorales; sin embargo, sus constancias exhibidas no dan un debido soporte a su aspiración.

53.

María Esperanza Vega Mendoza

20 de noviembre de 2010

14:00

Abogada de profesión, con interés en la materia electoral, mostrándose propositiva para ocupar el cargo de Consejera Electoral del Consejo General del IEQ.

54.

José Antonio Zumaya De la Mora

20 de noviembre de

2010

14:30

Abogado de profesión, mostrando interés en ser considerado para ocupar el cargo de Consejero Electoral, con la excepción de que su experiencia y conocimiento en la materia, no se desprenden de manera precisa y convincente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta imperante para los integrantes de la Junta de Concertación Política, lo siguiente:

Primero. Que en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, esta Junta de Concertación Política debe atender que el Instituto Electoral de Querétaro es un organismo público, autónomo, autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales y que en su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos a través de siete consejeros electos por la Legislatura.

Segundo. Del procedimiento que contemplan las bases de la convocatoria para la elección de los consejeros electorales propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 14 de diciembre de 2010 al 15 de diciembre de 2017, se concluye que el Instituto Electoral de Querétaro debe ser un organismo que esté a la vanguardia en la materia electoral, pero con consejeros electorales que representen los cambios democráticos que vive actualmente el estado de Querétaro y el país; por lo que los ciudadanos que ocupen este cargo, deberán tener como característica el ejercer y demostrar un espíritu democrático en bien de la ciudadanía, sin apartarse de los principios rectores que rigen la función electoral.

Tercero. Ante las condiciones y exposiciones que en lo particular dieron los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Cecilia Pérez Zepeda, Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo y la tercera consejera suplente Gloria Cristina Rodríguez Rangel, es de considerarse, que su continuidad en el cargo representaría el limitar la participación de otros ciudadanos en la integración del Consejo General del IEQ, por lo que el Poder Legislativo podrá considerarlos para su reelección, sin que esta norma constitucional expresada en el último párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado, sea limitativa.

Cuarto. Se propone, que de acuerdo a los currículums, documentales y exposiciones hechas por los ciudadanos participantes, se valore la renovación total de los siete consejeros electorales propietarios y siete suplentes; condición que estará en la potestad del Pleno de la Legislatura al momento en que deba de tomarse esta decisión en bien de esta institución democrática fundamental, para el buen desarrollo de las condiciones en que la sociedad queretana se desarrolla.

Quinto. Esta Junta de Concertación Política, a través de su Presidente, habrá de presentar al Pleno de la Legislatura, en términos de la base novena de la convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales, propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, la propuesta de veinticuatro ciudadanos."

Dicho informe fue remitido por la responsable con su informe justificado, destacando que en los juicios de revisión constitucional SUP-JRC-412/2010, así como en el SUP-JDC-1246/2010 y SUP-JDC-1247/2010, por autos de catorce de diciembre del dos mil diez, se les dio vista a los actores para que manifestaran lo que a su interés conviniere, los cuales se notificaron personalmente al día siguiente.

Cabe precisar que por escrito de quince de diciembre, en el juicio de revisión constitucional citado, la actora solicitó copias simples de los informes circunstanciados y anexos, las cuales se entregaron en la misma fecha y por escrito de veintiuno de diciembre se amplió la demanda en dicho juicio, sin que se objetara o hiciera manifestación alguna en torno al referido Informe, razón por la cual merece valor probatorio pleno, al tratarse de un documento público no controvertido.

f) En sesión iniciada el treinta de noviembre del dos mil diez y concluida el día siguiente, la Junta de Concertación Política, con base en los resultados de la entrevista y la valoración del ensayo y demás documentación de los aspirantes, sometió a votación del pleno de la Legislatura una propuesta de veinticuatro participantes que reunían en su concepto los requisitos para ser designados, además de una propuesta en el sentido de que de acuerdo a los currículums, documentales y exposiciones hechas por los ciudadanos participantes, se valore la renovación total de los siete consejeros electorales propietarios y siete suplentes; condición que estará en la potestad del Pleno de la Legislatura al momento en que deba de tomarse esta decisión en bien de esta institución democrática fundamental, para el buen desarrollo de las condiciones en que la sociedad queretana se desarrolla.

Con esta propuesta, la Junta atendió lo dispuesto en la Base Séptima de la Convocatoria citada.

Cabe destacar que dicha propuesta no se firmó por uno de los integrantes de la Junta de Concertación Política, siendo que el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, establece que los asuntos que sean del conocimiento de dicha Junta y requieran la emisión de un acuerdo o propuesta, serán consensuados por unanimidad de sus integrantes, pues en caso contrario, se resolverá la cuestión en definitiva por el pleno de la Legislatura.

En razón de lo anterior, en el punto VIII del acta de la sesión de treinta de noviembre, consta que el diputado Hiram Rubio García dio lectura a una propuesta firmada por la mayoría de los integrantes de la Junta de Concertación Política, con voto en contra del diputado León Enrique Bolaño Mendoza, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por la cual se propuso una lista de veinticuatro ciudadanos que se consideraron aptos para ocupar el cargo y de entre los cuales se podrían elegir consejeros suplentes y propietarios.

Por el voto en contra del diputado del Partido Acción Nacional, éste pidió que la decisión de las propuestas se adoptara por el Pleno de la Legislatura, a la vez que dio lectura a una segunda propuesta de veintinueve aspirantes que consideró aptos para elegir entre ellos los funcionarios en cuestión.

En respuesta a lo anterior, el diputado Hiram Rubio García señaló que técnicamente la propuesta del diputado del Partido Acción Nacional constituía una reserva, razón por la cual, de votarse favorablemente, deberían incluirse los nombres aludidos por el Partido Acción Nacional en la propuesta definitiva.

Después de reanudar la sesión por un receso decretado por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva y verificado el quórum de la sesión, en la cual se encontraban dieciséis diputados presentes, se sometieron a votación, sucesivamente, la propuesta del diputado Hiram Rubio García y la denominada "reserva" de León Enrique Bolaño Mendoza, además de la propuesta de integrar en una sola lista los nombres de los cincuenta y cuatro aspirantes que cumplieron los requisitos para ser consejeros electorales.

Dicha propuesta se aprobó con dieciséis votos a favor y ninguno en contra, de tal manera que se autorizó como propuesta final incluir los cincuenta y cuatro aspirantes que cumplieron los requisitos para de entre ellos designar a los aspirantes.

Pues bien, del análisis integral de lo reseñado, se advierte que la autoridad encargada de la fase reglada del procedimiento de designación cumplió cabalmente con las formalidades esenciales establecidas en la Convocatoria, pues permitió la participación de los interesados dentro de las etapas correspondientes, se verificaron los documentos de los interesados y se declaró que solamente 54 de 64 inscritos cumplieron con los requisitos de ley, con lo cual se depuró o filtró solamente a aquellos ciudadanos que en principio resultaron legalmente aptos para ocupar el cargo, además de que se recibieron en sesiones públicas las entrevistas y se elaboró una propuesta de veinticuatro personas que valoró como las mejores opciones para de entre ellos elegir a los consejeros.

Lo anterior revela que se cumplieron con las tres fases regladas del procedimiento, con lo cual colmó el deber de fundamentar y motivar su actuación, de ahí lo infundado del agravio expuesto al respecto.

No obsta a lo anterior, el hecho de que la propuesta de la Junta de Concertación Política no fue aprobada en sus términos, pues al final, por decisión de los diputados presentes en la sesión, se aprobaron todos los participantes que demostraron cumplir con los requisitos legales, como propuestas para de entre ellos elegir a los consejeros.

Lo expuesto no significa que se incumplió con una de las fases regladas del procedimiento de designación, porque en términos de la Convocatoria, la Junta de Concertación Política solamente tenía el deber de someter una propuesta al Pleno, lo cual hizo en sus términos, sin que ese deber incluyera el de conseguir, forzosamente, la aprobación del Pleno, pues ello, aparte de no estar previsto en la Convocatoria, sería ilógico dado que el Pleno es el órgano soberano que tiene la facultad originaria de resolver al respecto.

Por tanto, basta con demostrar que la Junta cumplió con lo dispuesto en la base Séptima de la Convocatoria, esto es, que presentó una propuesta de los veinticuatro mejores perfiles que consideró después de valorar la totalidad, para tener por cumplida la fase reglada del procedimiento y, por ende, para tener por fundamentado y motivado el mismo.

Tampoco es invalidante del acto, el que la Junta no haya logrado una propuesta por unanimidad de sus integrantes, pues dicha situación lo único que provocó fue que el Pleno resolviera al respecto, en términos del artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que establece que en caso de no lograr acuerdo o propuesta por parte de la Junta por unanimidad, resolverá en definitiva el Pleno de la Legislatura, tal como sucedió en el caso, en el que este último órgano decidió contemplar en la propuesta final a los cincuenta cuatro aspirantes como personas aptas para ocupar el cargo.

En esas condiciones es evidente que las fases regladas del procedimiento se observaron plenamente y que con ello se fundó y motivó debidamente el acto final consistente en la decisión soberana del Pleno de la Legislatura acerca de a quienes designó como consejeros.

Por tanto, son infundados los agravios relativos a que no se fundó y motivó la designación de consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro.

Por otro lado, es infundado lo que alegan los actores cuando sostienen que el procedimiento de designación de consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro, no se cumplieron las formalidades esenciales, con lo que se transgredieron los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

Asimismo, agregan que por la falta de publicación del referido decreto desconocen los motivos y fundamentos concretos que pudieran contenerse en el mismo.

De conformidad con lo anterior, los actores asumen que el decreto de designación de consejeros electorales en Querétaro debía contener en sí mismo la justificación completa de la decisión ahí plasmada como cualquier acto de molestia.

La premisa anterior es incorrecta, en mérito de que la elección de consejeros electorales en el Estado de Querétaro constituye un acto complejo que, como ya se dijo, no admite catalogarse como un acto de molestia propiamente dicho, de modo que la garantía de fundamentación y motivación se satisface precisamente al observar el procedimiento respectivo, tal como se explicó con anterioridad, con base en los precedentes sostenidos por esta Sala Superior.

En el caso, la elección de consejeros electorales en el Estado de Querétaro constituye un acto complejo no reglado, pues en los artículos 17, fracción IV, y 32 de la Constitución Política local se prevé la facultad del Poder Legislativo para llevar a cabo dicha elección, pero ésta no se encuentra regulada en la ley electoral ni en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de modo que el ejercicio de esa facultad legal se inició con la emisión de la convocatoria respectiva y los actos que en cumplimiento de la misma se llevaron a cabo, en los que intervinieron diversos órganos del Poder Legislativo local, hasta arribar a la emisión del decreto impugnado en el que únicamente se contiene la conclusión final de ese procedimiento, como se verá enseguida.

El acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, como aducen los actores, pues a pesar de que el procedimiento de designación de los consejeros no está reglado en la ley, la autoridad responsable se apegó a lo establecido en la convocatoria respectiva y observó los elementos mínimos que permitieran tratar con igualdad de oportunidad a los participantes y elaborar una lista de aspirantes que reunieran los requisitos legales para ocupar el cargo.

La autoridad responsable se apoyó en el artículo 17, apartado IV y 32, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, que prevén la facultad de designar consejeros electorales locales, así como en los artículos 62 y 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que establecen los requisitos y términos en que deben designarse esos funcionarios.

Además, dicho procedimiento se verificó precisamente conforme a la Convocatoria emitida al respecto, ya que ante la falta de reglamentación detallada en la Constitución y en la Ley, la convocatoria reguló lo relativo al procedimiento de designación, siendo que en autos consta que se cumplieron cabalmente las etapas establecidas en la convocatoria, como son la etapa de presentación de solicitudes de interesados, declaración de quienes cumplieron los requisitos legales, desahogo de las entrevistas y propuesta de la Junta de Concertación Política para elegir a los funcionarios.

Lo anterior revela que en el procedimiento de designación se observaron las formalidades previstas en la propia convocatoria, pues se colmaron todas las etapas regladas previstas en la misma.

Por otro lado, los actores afirman que se omitió desahogar un procedimiento de reelección de consejeros electorales, lo cual sustentan en las siguientes premisas:

1. Para respetar los principios de independencia y autonomía, la decisión de la reelección no depende de la voluntad discrecional de los órganos, sino de evaluar objetivamente la actuación que venía desempeñando.

2. Que la falta de un procedimiento reglado no es obstáculo para la elaboración del dictamen respectivo, fundado y motivado, en el que se decida sobre la reelección, previo a la designación del nuevo consejero en lugar de aquél susceptible de reelección; y

3. La violación al principio de igualdad ante la ley, por la omisión de un procedimiento de reelección y del dictamen en el que se justifique la no ratificación.

Como se advierte, los planteamientos desarrollados en las demandas tienen como premisa común, la ausencia de un procedimiento independiente en el que se hubiese valorado el desempeño de los consejeros con derecho a reelección, lo que es infundado, pues dicho procedimiento sí existió.

En primer lugar, está fuera de debate que los consejeros electorales de Querétaro cuentan con derecho a ser reelectos por un período igual al de su elección, como se advierte del artículo 32 de la Constitución local, y que la reelección se debe basar en un procedimiento específico, distinto del de nueva designación o elección, en el que se valore el desempeño en el cargo, de manera objetiva y racional, como lo sostuvo esta Sala Superior, por ejemplo, el dos de diciembre de dos mil nueve al resolver el SUP-JDC-3003/2009 y su acumulado, respecto de la distinción entre los procedimientos para designar a nuevos consejeros electorales y para decidir sobre el derecho de reelección o ratificación de quienes ya se encuentran en ejercicio del cargo en el Estado de Baja California.

Sin embargo, debe tenerse presente que referirse a un "procedimiento específico", sólo significa que tratándose de consejeros susceptibles de reelección, a diferencia de los de nueva designación, deberá valorarse el desempeño en la función, pero no que el de reelección deba ser previo o independiente respecto del de elección, por lo que en abstracto no existe impedimento alguno para que los procedimientos de elección y reelección se lleven a cabo de modo paralelo o simultáneo. En todo caso, será la normatividad de cada entidad la que dará la pauta para establecer este aspecto.

En el Estado de Querétaro, en los artículos 17, fracción IV, y 32 de la Constitución Política local se prevé la facultad del Poder Legislativo para elegir y reelegir a los consejeros electorales, y en los artículos 62 y 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro se establecen los requisitos para ser electo consejero electoral y la fecha de dicha elección, pero no se dice nada acerca de la reelección.

Así, la reelección es una facultad no reglada en la ley local y, por tanto, la legislatura está en libertad de ejercerla soberanamente, con la única limitante de que la reelección sea acorde con su propia naturaleza, esto es, que recaiga sobre alguno de los consejeros que ya estaban en funciones en el Instituto Electoral de Querétaro y con apego a los principios de objetividad y racionalidad, respetando desde luego los términos y formas que al efecto se fijen en las bases de la convocatoria respectiva.

Tal criterio además se robustece, a partir de lo que dispone el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece que las entidades federativas se encuentran en libertad legislativa para regular aquellas situaciones que no están reservadas a la federación, siempre que con ello no se vulnere o se restrinja derechos y obligaciones establecidas en la Ley Fundamental.

En el marco del federalismo es posible sostener que el legislador local cuenta con libertad para establecer los requisitos y características de operación del Instituto Electoral en la entidad. En ese sentido, también cuenta con plena soberanía para establecer las características para la integración y renovación que, en su concepto, garanticen de la mejor manera los principios de autonomía, imparcialidad e independencia en el funcionamiento de dicho órgano.

Por tanto, se considera que no existe obligación expresa para las legislaturas locales de seguir procedimientos específicos sobre cómo llevar a cabo la integración de los órganos electorales, sino que, únicamente les es exigible que se garanticen los principios mínimos que establece la Constitución General de la República.

De este modo, la obligación prevista en los artículos 41 y 116 constitucionales, se cumple cuando se prevé que en el ejercicio de la función administrativa electoral a cargo de las autoridades en la materia, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, lo que en Querétaro se colma en el artículo 32 de la Constitución local, porque no existe disposición constitucional que imponga a las legislaturas locales la obligación de establecer determinadas reglas para llevar a cabo el procedimiento de integración de sus órganos electorales.

Partiendo de ese principio, esta Sala Superior considera que en el ejercicio de las facultades soberanas del Estado de Querétaro, a través del Congreso de la entidad, puede determinarse libremente los procedimientos para la integración del órgano administrativo electoral, el cual, como garantía mínima debe otorgar la posibilidad de reelección (artículo 32 de la Constitución del Estado de Querétaro), sin que ello implique que el consejero que concluye su periodo constitucional y pretende ser reelecto, necesariamente deba ser nombrado nuevamente para que le sea respetada esa expectativa de derecho.

Ello porque, como ya se ha precisado, la reelección de funcionarios electorales se debe entender, en su expresión más garantista, como aquella posibilidad que se otorga a los consejeros concluyentes, para volver a participar en el proceso de integración del Consejo General, en los términos y las condiciones que la propia legislatura establezca.

Con ello, se insiste, se reconoce la posibilidad al consejero electoral concluyente del periodo para el cual fue electo, de ser reelecto nuevamente con ese cargo.

De este modo, los principios constitucionales de independencia e imparcialidad, que se vinculan con las manifestaciones de profesionalización y autonomía, se traducen en la valoración del desempeño en el cargo, lo que lleva a ser considerado para dicha reelección, pero sin que ello restrinja en modo alguno la potestad soberana del poder legislativo local para decidir si un consejero electoral debe ser reelecto o no en su encargo.

Así, es de concluirse que una legislatura estatal puede libremente decidir no llevar a cabo reelección de consejeros electorales. Sin embargo, invariablemente, la determinación que se tome sobre la reelección será necesario que en el acto atinente, o en el dictamen que le preceda, se invoquen los preceptos que prevén dicha facultad y se expongan los motivos que sirvieron para justificar dicha actuación, esto es, la ponderación al desempeño del cargo, así como que estos sean objetivos y racionales.

Similar criterio jurídico fue sustentado por este órgano jurisdiccional al resolver el SUP-JRC-395/2006 y el SUP-JDC-3000/2009, respecto de la reelección de Magistrados electorales en los Estados de Yucatán y Zacatecas, respectivamente, y en el SUP-JDC-4/2010 sobre la reelección de consejeros electorales en Baja California.

En esta tesitura, la reelección de consejeros electorales se colmará cuando el consejero que concluye el periodo para el que fue electo, es sometido a la consideración del órgano legislativo, constituido en colegio electoral, para que éste decida si debe ser reelecto o si bien se nombra a un consejero diferente de entre las alternativas válidas de candidatos propuestos.

Por tanto, debe tenerse presente que lo determinante no es la forma de dicho dictamen, sino el hecho de que dentro del procedimiento respectivo se evalué el desempeño del consejero en el cargo y se someta a la potestad soberana del Poder Legislativo para que decida si los ratifica o no, es decir, si los designa para un segundo encargo o decide no hacerlo al nombrar a un nuevo consejero en su lugar.

En el caso, la legislatura del Estado de Querétaro implementó de modo simultáneo los procedimientos de elección y de reelección, pues a la vez que se analizaron las solicitudes de aspirantes al cargo de consejero, también se examinaron los casos de todos aquellos consejeros con derecho a ser reelectos e interés por ejercer dicho derecho, tal como se señaló en el referido Informe de la Junta de Concertación Política por el cual se valoró el resultado del ensayo, su documento curricular y comparecencia de los participantes, destacando aquellos casos en que se tenía derecho a la reelección.

No pasa inadvertido para esta Sala Superior que en la convocatoria expedida para renovar al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro no se incluyeran lineamientos o un procedimiento específico para la reelección de los consejeros con derecho a ser ratificados para un segundo período.

Sin embargo, tal circunstancia no obsta en modo alguno para que se hubiera llevado paralelamente el procedimiento de reelección, porque la interpretación gramatical del artículo 32 de la constitución local, permite considerar que el legislador utilizó, expresamente, la frase electos o reelectos, con la clara intención de diferenciar dos diversas formas de nombramiento de los consejeros que no son excluyentes y por tanto pueden subsistir al mismo tiempo.

De ahí que si la legislatura responsable emitió una convocatoria para designar consejeros electorales, de cuyo contenido se advierte que es un acto tendiente exclusivamente a hacer efectiva la facultad legal otorgada a la responsable para elección de consejeros, y no para su reelección, es evidente que la convocatoria no excluyó la posibilidad de reelegir a los consejeros en su cargo, lo que es congruente con lo ya expuesto, en el sentido de que la elección es un procedimiento distinto al de la reelección.

Lo anterior, sumado a que los participantes se sometieron a los términos en que se expidió la convocatoria, admitiendo con ello el desahogo simultáneo tanto de las nuevas designaciones como de las eventuales reelecciones de consejeros, lo cual, como ya se dijo, no fue impugnado oportunamente.

Un criterio semejante fue sustentado por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional el veintisiete de octubre de dos mil seis, en las ejecutorias de los juicios SUP-JRC-401/2006 y SUP-JDC-395/2006, respecto de la ratificación de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el sentido de que la emisión de una convocatoria para designar a los nuevos no excluye la posibilidad de que el Poder Legislativo ejerza su atribución de reelegir a consejeros, pues en la ley se confieren ambas facultades, la de designar y la de reelegir.

Por otro lado, es infundado el alegato relativo a que no se distinguió entre procedimiento de designación y de reelección de consejeros.

En efecto, como ya se dijo, la legislación local no regula ningún tipo de procedimiento de designación de consejeros, de tal manera que carece de base jurídica la pretensión del Partido Acción Nacional y de Cecilia Pérez Zepeda de que se desarrolle un procedimiento especial y diverso al previsto en la Convocatoria que no fue impugnada, como el que plantean en sus demandas, por lo cual consintieron la forma en que se emitió dicha convocatoria, al no haberse inconformado oportunamente.

Con independencia de lo anterior, cabe referir que durante las fases regladas establecidas en la Convocatoria, la Junta de Concertación Política sí valoró en forma individual y personalizada la actuación de los participantes con derecho a ser ratificados, pues en el informe de evaluación de los participantes se destacó su situación particular de consejeros con derecho a poder ser reelectos.

Por ejemplo, respecto de quienes tenían derecho a ser considerados para una reelección, en el Informe citado, que no está controvertido en autos a pesar de que se dio vista a las partes con el mismo, se asentó lo siguiente:

13.

Juan Carlos Dorantes Trejo

17 de noviembre de 2010

17:00

Consejero Electoral del actual Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, con la posibilidad de poder reelegirse en términos del artículo 32 de la Constitución Política Local; su exposición fue cuestionada por parte de los diputados presentes, y poca defensa hizo a lo que se le cuestionó.

30.

Ángel Eduardo Simón Miranda Correa

18 de noviembre de 2010

12:30

Actualmente consejero electoral del Consejo General del IEQ, con posibilidades de reelección en términos en términos del artículo 32 de la Constitución Política Local; su exposición sobre los alcances a la reforma electoral, con conocimiento teórico sobre la materia.

34.

Cecilia Pérez Zepeda

19 de noviembre de 2010

09:30

Actualmente consejera electoral del Consejo General del IEQ, con la posibilidad de poder ser reelecta en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; el tema que expuso fue La Importancia del IEQ en el Fortalecimiento de la Educación Cívica. Su exposición y cuestionamientos realizados por los diputados presentes, no fueron del todo convincentes, siendo éstos repetitivos en las preguntas que le fueron formuladas.

44.

Gloria Cristina Rodríguez Rangel

20 de noviembre de 2010

09:30

Ex funcionaría electoral del IEQ, consejera electoral suplente, por lo que puede ser considerada en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Lo anterior revela que la Junta de Concertación Política, durante la fase reglada del procedimiento, destacó la posibilidad de los consejeros en funciones con derecho a ser reelectos, en términos del artículo 32 de la Constitución de Querétaro.

Con lo expuesto se pone de manifiesto que la legislatura sí analizó y razonó la situación particular de cada aspirante y puso especial atención en quienes tenían derecho a ser reelectos en el cargo, lo cual se destacó en el citado Informe, donde se precisaron los nombres de Juan Carlos Dorantes Trejo, Cecilia Pérez Zepeda, Ángel Eduardo Simón Miranda Correa (consejeros propietarios) y de Gloria Cristina Rodríguez Rangel (consejera suplente), como personas con derecho a ser reelectas, en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Lo anterior significa que en la fase reglada del procedimiento se analizó la situación particular de quienes tenían derecho a ser reelectos y se estudió con especial atención su participación en el procedimiento, de ahí lo infundado del agravio.

Con independencia de lo infundado del agravio, cabe agregar que la pretensión final del Partido Acción Nacional y de Cecilia Pérez Zepeda, en torno a la reelección, no se podría mejorar en este juicio pues la autoridad responsable les reconoció su derecho a ser tomados en cuenta para una posible reelección en el cargo, desde el momento en que se incluyeron los consejeros en funciones en la última propuesta a partir de la cual se podrían elegir los consejeros, siendo que ese es el punto máximo que podría alcanzarse con ese derecho.

Además, cabe referir que por lo que ve a la actora Cecilia Pérez Zepeda, ésta se incluyó desde la inicial lista de veinticuatro personas propuestas por la mayoría de los integrantes de la Junta de Concertación Política, lo que revela que hasta esa etapa alcanzó su derecho a ser tomada en cuenta para efecto de ser votada por el Pleno de la Legislatura, de ahí lo infundado de su agravio, pues en el procedimiento genérico adoptado por la legislatura, se le tomó en consideración para ser votada como propuesta, siendo ese el máximo derecho que le asistía como consejera con derecho a poder ser reelecta.

En otras palabras, en el caso, quienes podían tener derecho a la reelección en el cargo de consejeros, fueron tomados en cuenta hasta la última fase reglada del procedimiento, con lo cual alcanzaron el punto máximo que podría darles ese derecho, o dicho de otro modo, el órgano legislativo correspondiente, les reconoció su derecho a ser reelectos en su máxima manifestación, sin que ello signifique que, por esa sola razón, la de haber llegado al final de la propuesta, el órgano soberano debiera forzosamente reelegirlos.

En efecto, aún cuando la Junta de Concertación Política hubiera recabado más pruebas de desempeño del cargo, o es más, si hubiera realizado un procedimiento especial para quienes tenían derecho a ser reelectos, lo cierto es que, aún en esos casos, lo más que podrían alcanzar los ciudadanos con derecho a poder ser reelectos, sería el de formar parte de una propuesta para que la legislatura decidiera si los volvía a elegir o no en el cargo, siendo que en el caso alcanzaron esa misma situación jurídica con base en el procedimiento genérico y el estudio particular que se realizó a todos los participantes.

De ahí la ineficacia del agravio, pues lo que aduce el Partido Acción Nacional y Cecilia Pérez Zepeda en relación con el derecho de los consejeros a poder ser reelectos, se observó en el procedimiento aquí impugnado, por lo cual, la forma en que se desarrolló no trascendió al resultado final del mismo y a los derechos de esos funcionarios.

Lo anterior, sumado a que durante el procedimiento de designación la Junta de Concertación Política, al emitir su Informe, consideró que no era conveniente la reelección de consejeros, tomando en cuenta el resultado de las participaciones; siendo este el motivo que acogieron la mayoría de los diputados presentes al momento de la designación, lo que significa que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado.

En efecto, en el citado Informe, en la parte que interesa, se expuso lo siguiente:

Segundo. Del procedimiento que contemplan las bases de la convocatoria para la elección de los consejeros electorales propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 14 de diciembre de 2010 al 15 de diciembre de 2017, se concluye que el Instituto Electoral de Querétaro debe ser un organismo que esté a la vanguardia en la materia electoral, pero con consejeros electorales que representen los cambios democráticos que vive actualmente el estado de Querétaro y el país; por lo que los ciudadanos que ocupen este cargo, deberán tener como característica el ejercer y demostrar un espíritu democrático en bien de la ciudadanía, sin apartarse de los principios rectores que rigen la función electoral.

Tercero. Ante las condiciones y exposiciones que en lo particular dieron los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, Ángel Eduardo Simón Miranda Correa, Cecilia Pérez Zepeda, Juan Carlos Salvador Dorantes Trejo y la tercera consejera suplente Gloria Cristina Rodríguez Rangel, es de considerarse, que su continuidad en el cargo representaría el limitar la participación de otros ciudadanos en la integración del Consejo General del IEQ, por lo que el Poder Legislativo podrá considerarlos para su reelección, sin que esta norma constitucional expresada en el último párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado, sea limitativa.

Cuarto. Se propone, que de acuerdo a los currículums, documentales y exposiciones hechas por los ciudadanos participantes, se valore la renovación total de los siete consejeros electorales propietarios y siete suplentes; condición que estará en la potestad del Pleno de la Legislatura al momento en que deba de tomarse esta decisión en bien de esta institución democrática fundamental, para el buen desarrollo de las condiciones en que la sociedad queretana se desarrolla.

Quinto. Esta Junta de Concertación Política, a través de su Presidente, habrá de presentar al Pleno de la Legislatura, en términos de la base novena de la convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales, propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, la propuesta de veinticuatro ciudadanos."

De lo anterior se advierte que la Junta de Concertación Política puso a consideración del Pleno de la LVI Legislatura de Querétaro, las propuestas para elegir consejeros y sometió a consideración la valoración de la reelección de consejeros, tomando en cuenta los supuestos cambios democráticos de esa entidad federativa y los resultados del análisis de las participantes, lo que constituyen razonamientos válidos al tenor de su facultad soberana.

Se reitera, en términos de la legislación aplicable, existe la posibilidad de ratificar por siete años más en su cargo a los consejeros, siendo que la ley no establece un procedimiento especial de ratificación y esa posibilidad se colma cuando se somete a la legislatura la propuesta de ratificación, la cual puede decidir soberanamente si ratifica o no a los funcionarios.

Lo anterior, tal como lo sostuvo esta Sala Superior al resolver el citado expediente SUP-JDC-3000/2009, en el que, en lo que aquí interesa, se señaló:

Consecuentemente, si un congreso local determina soberanamente integrar al órgano jurisdiccional de la materia con una composición que permita el escalonamiento de sus integrantes con la combinación de funcionarios de mayor antigüedad y experiencia con otros de reciente incorporación; tales formas de alternancia en la composición, al tener como fuente una decisión proporcional y razonable, no infringe ningún tipo de derechos, pues tales medidas buscan la pluralidad de pensamientos y criterios jurídicos.

Así, es de concluirse que una legislatura estatal puede libremente decidir no llevar a cabo reelección de magistrados electorales, con el propósito de privilegiar otros mecanismos alternativos de integración que también son válidos.

Por todo lo anterior, resultan infundados los agravios.

Por otro lado, es infundado lo alegado por los actores, Partido Acción Nacional y los ciudadanos Cecilia Pérez Zepeda y Oscar José Serrato Quillo en sus ampliaciones de demanda, en cuanto a que debió emitirse un dictamen donde se analizara el perfil de cada aspirante.

Al respecto, el Partido Acción Nacional y Cecilia Pérez Zepeda, agregan, en esencia, que la Junta de Concertación Política no elaboró un dictamen que permitiera conocer el desempeño en el cargo de los consejeros que tenían derecho a ser reelectos.

En relación con este tema, el ciudadano Agustín Alcocer Alcocer, quien pretendía ser designado por primera vez en el cargo, añade que debieron preverse parámetros objetivos que permitieran establecer quiénes reúnen el mejor perfil para ocupar el cargo y que no se calificó en una escala de 0 a 10 "con curva", como se dice en la práctica docente, para obtener la mejor calificación y designar de acuerdo a ese orden.

Todos estos agravios son infundados.

En primer lugar, porque en la Convocatoria no se previó la elaboración de un dictamen como el que solicitan los actores, siendo que, como ya se dijo, los términos en que se emitió dicha convocatoria no están controvertidos por las partes, de ahí que la Junta no tenía la obligación de emitir un dictamen dado que no existía base jurídica que la justificara.

En efecto, como ya se señaló, la ley no regula el procedimiento de designación de consejeros, de tal manera que no existe disposición legal que estatuya la obligación de emitir un dictamen detallado del perfil de los aspirantes a ocupar el cargo de consejero y mucho menos existe la obligación de emitir un dictamen en el que se precise una supuesta calificación de cada participante y se elaboré con detalle una calificación "con curva" para determinar quien tiene la más alta puntuación, pues ello no se previó ni en la ley, ni tenía porqué preverlo la convocatoria, dado que la finalidad última del procedimiento de designación es la de constatar que los interesados reúnen los requisitos legales para acceder en el cargo, lo que en la especie se satisfizo.

Por idénticos motivos, no les asiste la razón a los actores Agustín Alcocer Alcocer y Oscar José Serrato Quillo, en cuanto refieren que no se ponderó su documento curricular frente a otros participantes, para constatar que tenían mejor perfil o más alto grado académico.

En efecto, es desacertado el argumento, ya que no existe ninguna disposición en la Constitución, en la normatividad local o en la Convocatoria, que establezca que, forzosamente, quienes cumplieran lo que denominan "mejor perfil", tenían que ser designados forzosamente como consejeros, pues como ya se dijo, no existe un derecho público subjetivo de esa naturaleza, que imponga al órgano soberano el deber de designar a los participantes curricularmente "mejor preparados" o con los más altos grados académicos, ya que de ser así, no se trataría de un poder libre de designación.

Máxime cuando en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro no se establece una norma que estatuya el deber de elaborar un dictamen por parte de la Junta de Concertación Política en los nombramientos a cargo de dicho poder.

Por el contrario, como ya se dijo, la propia ley establece que la naturaleza de la Junta es la de procurar la toma de decisiones políticas de la Legislatura y para ello emite acuerdos o propuestas, como lo señala el artículo 142 de su Ley Orgánica, de tal manera que la ley no la obliga a emitir dictámenes, como si lo establece para el trabajo de las Comisiones.

Conforme al diseño institucional establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, la Junta no emite dictámenes, sino solamente acuerdos, en términos del citado artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Querétaro, que señala:

"Artículo 142. (Acuerdos) Los asuntos que sean del conocimiento de la Junta de Concertación Política y que requieran de la emisión de un acuerdo o propuesta por parte de ésta, serán consensuados por unanimidad de sus integrantes. En caso de no cumplirse este supuesto, resolverá en definitiva el Pleno de la Legislatura."

A diferencia de la manera en que formaliza su trabajo la Junta, las Comisiones si deben emitir dictámenes, tal como se advierte del artículo 48 de la Ley, el cual señala:

Artículo 48. (Obligatoriedad de emitir dictamen). Las Comisiones deberán emitir el dictamen que proponga aprobar la iniciativa, en sus términos o con sus modificaciones, o bien, rechazarla, pero no podrá dispensarse en ningún caso su dictamen.

Las Comisiones deberán emitir el dictamen a más tardar treinta días naturales anteriores al término del ejercicio constitucional de la Legislatura.

En las modificaciones se podrán suprimir fragmentos de la iniciativa, hacer variaciones de forma o de fondo y adicionar o complementar el texto original con elementos distintos a los que formen parte de la iniciativa.

Lo anterior pone de manifiesto lo infundado del agravio, pues la propia normatividad, en forma expresa y clara, señala que la Junta emite acuerdos o propuestas por unanimidad, mientras que las Comisiones deben emitir dictámenes, los cuales, inclusive, son válidos con la aprobación de la mayoría de sus integrantes, por lo que admiten votos particulares en contra, en términos de los artículos 50 y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Por tanto, de acoger el agravio de los actores en el que aluden que debió emitirse un dictamen, se exigiría a la Junta de Concertación Política que vulnerara la Ley Orgánica del Poder Legislativo al emitir una actuación que sólo está expresamente prevista para las Comisiones, lo que desde luego es contrario a Derecho.

No está de más agregar que, con independencia del nombre que se le atribuya al acuerdo o propuesta de una Comisión o de la Junta, lo cierto es que se trata de una forma de documentar una decisión colegiada, lo que significa que se trata de un aspecto meramente instrumental, de forma, pero no sustancial, pues el instrumento para documentar una decisión no es más importante que la decisión misma.

En el caso, la forma de documentar el trabajo de la Junta, fue a través del Informe de resultados del análisis de los ensayos y de las entrevistas, por medio del cual se proporcionaron elementos a los legisladores presentes en la sesión, a fin de que emitieran su voto de manera informada.

Por tanto, si como en el caso, la Junta emitió un informe y una propuesta razonada para que de entre ésta se designaran los consejeros, se satisfizo lo previsto en la ley y en la base Séptima de la convocatoria respectiva.

En efecto, la Junta observó lo dispuesto en el punto séptimo de la convocatoria, al realizar un informe de los resultados obtenidos en la exposición del ensayo y desahogo de las entrevistas a los cincuenta y cuatro aspirantes, con base en las impresiones que ocasionaron los aspirantes a dicha Junta, los cuales se asentaron en el Informe, sin que ninguna de las partes haya controvertido la existencia de dicho Informe, a pesar de que se les dio vista con éste durante el trámite de los juicios que nos ocupan.

Es evidente que no se podía exigir que dicho órgano emitiera otra actuación, como la de un dictamen, pues la Convocatoria no previó el supuesto en el cual uno de los integrantes de la Junta no estuviera de acuerdo con la propuesta, razón por la cual, es inconcuso que, lo previsto en la Convocatoria se acató debidamente, pues en sus propios términos, el trabajo de la Junta de Concertación Política concluía con una propuesta con base en los resultados de la entrevista y los conocimientos en materia electoral demostrados en la misma.

Una situación muy diversa, pero no por ello ilegal, es el que no se haya admitido en sus términos la propuesta de la Junta, siendo que ello no torna ilegal el procedimiento, sino que revela que fue muy incluyente y abierto a las propuestas de todas las fuerzas políticas, tan es así que se votó a favor la propuesta del diputado León Enrique Bolaño Mendoza, quien en representación del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, propuso a 29 personas a tomar en cuenta para la designación, diferentes a las 24 propuestas de la Junta de Concertación Política.

Esta situación generó que, después de discutir ambas propuestas, al final, el Pleno de los diputados presentes en la sesión, votaran a favor de incluir a los 54 participantes como propuestas para de ahí designar a los consejeros electorales, en los términos ya precisados.

En su caso, para que prosperara el agravio, lo que debió demostrarse es que estas cincuenta y cuatro propuestas y, en especial, los consejeros designados, no reunían los requisitos de ley para ocupar el cargo, lo que en la especie no acontece, como se explicará enseguida.

Incluso, la información recabada a partir del documento curricular presentado por los participantes, su ensayo y la entrevista, permite constatar que los integrantes de la legislatura y en especial los diputados de la Junta de Concertación que estuvieron presentes en la sesión de designación correspondiente, tuvieron la posibilidad de conocer e informarse acerca de cada candidato, a partir de los elementos más importantes de su perfil profesional, laboral y académico.

Cabe referir que, como ya se adelantó, el procedimiento de análisis de los participantes, se desarrolló ante la Junta de Concertación Política, la cual, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, es el órgano encargado de procurar la toma de decisiones políticas de la Legislatura y se integra con los coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas, lo que significa que está integrada por todas las fuerzas políticas representadas en la legislatura, lo que constituye una garantía adicional a la imparcialidad y pluralidad del órgano encargado de desahogar el referido procedimiento.

Siendo que en el caso, consta que la propuesta de la Junta de Concertación Política no fue admitida por el Coordinador del Partido Acción Nacional y que los diputados de dicho partido no acudieron a la sesión donde se eligieron los consejeros, lo que hace infundados sus agravios.

Es importante destacar que a partir del punto VIII del acta de la sesión, consta que el Presidente de la Mesa Directiva de la legislatura solicitó a los diputados informar si tenían propuesta para la elección de consejeros, la cual se leyó y presentó por escrito por el Presidente de la Junta de Concertación Política y que después de presentar su propuesta el Coordinador del Partido Acción Nacional, se abrió a discusión y votación cada propuesta, para después proponer la aprobación de una propuesta final que integrara las dos primeras, mismas que, aparte, también se puso a discusión de los diputados, participando en tribuna varios de ellos.

En efecto, después de aprobar a las cincuenta y cuatro personas como susceptibles de ocupar el cargo de consejero, se reanudó la sesión en la que los diputados presentes estuvieron en aptitud de discutir a quién designarían, al permitírseles subir a tribuna a exponer su opinión, pues en el acta consta que intervinieron los diputados Hiram Rubio García, León Enrique Bolaño Mendoza, José Luis Aguilera Rico, Dalia Xochitl Garrido Rubio, Abel Espinoza Suárez, J. Jesús Llamas Contreras, Bernardo Ramírez Cuevas, Luis Antonio Macías Trejo, Ricardo Astudillo Suárez, Juan José Jiménez Yañez y Crecenciano Serrano Hernández, según consta en el acta, previo a proceder a la votación de designación de consejeros.

Lo anterior, tal como se advierte del acta respectiva, en la que, después de haberse presentado las propuestas del presidente de la Junta de Concertación Política y del diputado Coordinador del Partido Acción Nacional, se verificó el quórum con dieciséis diputados presentes y se asentó lo siguiente:

…"por lo que existiendo el quórum legal requerido y siendo las veintitrés horas con cincuenta minutos del día de su inicio, el Diputado Presidente reanuda la Sesión.

Enseguida, el Diputado Primer Secretario somete a discusión la Propuesta definitiva para la Elección de los Consejeros Electorales Propietarios Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, que incluye los nombres de los 54 aspirantes que cumplieron los requisitos para ser Consejeros Electorales, interviniendo para hechos los diputados Hiram Rubio García, León Enrique Bolaño Mendoza, José Luis Aguilera Rico, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Abel Espinoza Suárez, J. Jesús Llamas Contreras, Bernardo Ramírez Cuevas, Luis Antonio Macías Trejo, Ricardo Astudillo Suárez, Juan José Jiménez Yañez y Crecenciano Serrano Hernández."

Lo anterior revela que la propuesta final se sometió a discusión y por ende que existió deliberación para aprobar la propuesta final de personas entre las cuales se podrían elegir los consejeros, a partir de la lista de cincuenta y cuatro participantes que formaron parte de la propuesta aprobada por el pleno de los legisladores presentes en la sesión, lo que corrobora el hecho de que la votación se realizó de manera informada, previa discusión y conocimiento de causa de los legisladores presentes en la sesión.

Por todo lo anterior, es inconcuso que el procedimiento de designación de consejeros se siguió conforme a lo previsto en la ley y en la Convocatoria respectiva.

Por otro lado, el actor plantea diversas irregularidades específicas en el procedimiento, mismas que a continuación se analizan individualmente.

II. Irregularidades de la sesión de treinta de noviembre del dos mil diez.

Es infundado el agravio donde se alega omisión de turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Querétaro.

Se argumenta que dicha comisión es de carácter ordinario y que, entre otros, tiene a su cargo la atención de asuntos en materia electoral y de organismos autónomos.

Sin embargo, dice el actor, la Comisión citada sólo participó en la emisión de la convocatoria, pero no en la sustanciación del procedimiento, ya que este fue a cargo de la Mesa Directiva y de la Junta de Concertación Política del Congreso del Estado de Querétaro; sin que tales órganos tuvieran competencia para ello.

El argumento es infundado.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en su Título Quinto denominado "Estructura del Poder Legislativo", Capítulo Primero, regula lo atinente a sus órganos, los cuales son: a) Los Grupos y Fracciones Legislativas; b) La Mesa Directiva; c) La Junta de Concertación Política, y d) Las Comisiones ordinarias o especiales.

En los artículos 143 a 161 de la ley orgánica citada se prevén las disposiciones relativas a las Comisiones ordinarias o especiales, y particularmente en el 145 se dispone a la letra:

"Las Comisiones ordinarias serán competentes para conocer los asuntos que les encomiende el Pleno de la Legislatura y demás normas aplicables, así como la materia que derive de su denominación, siendo la siguiente:

(…)

XIII. Gobernación, administración pública y asuntos electorales: Tiene a su cargo la atención de asuntos en materia de legislación electoral, de gobierno estatal, organismos autónomos, paraestatales, organismos descentralizados, municipales y paramunicipales, sobre su funcionamiento."

(…)

Cabe resaltar que en la disposición transcrita ni en alguna otra de la ley mencionada, se conceden facultades expresas a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, para proponer el acuerdo correspondiente a las propuestas de designación de Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro.

En consecuencia es infundado el argumento relativo a que se haya omitido turnar a esa Comisión el asunto, ya que a ésta no se le conceden facultades expresas para proponer la designación correspondiente.

En cambio, la Junta de Concertación Política (órgano del Poder Legislativo de Querétaro) si se encuentra facultada para intervenir en el procedimiento de designación de consejeros electorales.

Esto, porque conforme al artículo 17, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Legislatura del Estado tiene entre otras facultades la de elegir, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de esa entidad federativa.

En el artículo 32 de la propia constitución local se asienta, que el Instituto Electoral de Querétaro es un organismo público autónomo, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, a través de siete consejeros propietarios electos por la Legislatura.

Por su parte el numeral 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro establece:

"La Junta de Concertación Política es el Órgano encargado de procurar la toma de decisiones políticas de la legislatura y se integra con los coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas.

Para su funcionamiento tendrá un Presidente y un Secretario"

En relación con las facultades específicas de la Junta, respecto al tema analizado, es relevante la disposición de esa ley orgánica, que a continuación se transcribe:

"Artículo 139 (competencia de la Junta de Concertación Política) Compete a la Junta de Concertación Política:

(…)

IX. Proponer a la Legislatura el nombramiento y remoción de los funcionarios externos que deban ser electos por ésta, observando lo dispuesto en esta ley;"

(…)

De lo anterior se colige, lo siguiente:

—El Instituto Electoral es un organismo público autónomo, y por ende, externo a la Legislatura del Estado de Querétaro.

—La Legislatura está facultada para elegir a los consejeros electorales de ese instituto.

—Dado que en términos del numeral 139, fracción IX, de la ley orgánica citada, la Junta de Concertación Política cuenta con facultades expresas, es la que debe proponer a la Legislatura el nombramiento de los integrantes del Consejo General, y no alguna de las comisiones.

Esta última afirmación evidencia, lo incorrecto del agravio en el que se invoca la incompetencia de la Junta de Concertación Política para intervenir en el procedimiento de designación de los consejeros.

De igual forma, es infundado el planteamiento relativo a que la Mesa Directiva no tiene facultades para participar en ese procedimiento de designación.

Ello es así, ya que en términos del artículo 124, fracciones I y II, de la ley orgánica invocada, a dicha Mesa Directiva le compete conducir las sesiones y ordenar el trabajo legislativo, así como acordar el orden del día de las sesiones del Pleno, previa propuesta que haga el Presidente de la Mesa Directiva, consultando, de considerarse necesario, la opinión de la Junta de Concertación Política.

Tales disposiciones permiten advertir, que si en el desarrollo de las sesiones de trabajo legislativo, la conducción corresponde a la Mesa Directiva; entonces, respecto del procedimiento de designación de los Consejeros Electorales, es obvia la vinculación con la Junta de Concertación Política, a efecto de llevar al Pleno de la Legislatura la propuesta de acuerdo correspondiente a la designación de esos consejeros, de ahí lo infundado del agravio.

Por otro lado, los impugnantes aducen que, de conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, las sesiones públicas deben celebrarse de acuerdo con la convocatoria respectiva, la cual debe ser remitida a sus destinatarios, al menos, con un día de anticipación a la fecha en que haya de celebrarse la sesión, lo que no se cumplió porque la convocatoria estableció que la sesión para tratar el tema relativo a los nombramientos de consejeros electorales se llevaría a cabo el treinta de noviembre de dos mil diez a las once horas, pero sin justificación alguna y sin previo aviso, se cambió dicha fecha y se dispuso que la sesión iniciaría a las trece horas, lo cual constituyó una afectación al principio de certeza porque provocó dificultad para los asistentes y afectó la conculcación de su derecho a ejercer el voto.

Es infundado el agravio, porque del acta de la sesión respectiva se advierte que no existieron dos sesiones, a las once y a las trece horas de la referida fecha, sino una sola sesión que inició en la hora y fecha programada, aunque la apertura de la misma se retardó por los motivos asentados en la propia acta.

Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro convocó a los diputados integrantes de ese órgano legislativo a sesión pública cuya celebración se fijó a las once horas del treinta de noviembre del mismo año, sesión que se desarrollaría en el recinto del palacio legislativo de acuerdo con los puntos de la orden del día señalados en la propia convocatoria.

La convocatoria en cuestión se dirigió de manera individual a los diputados integrantes de la legislatura estatal, y entregada en las fechas asentadas en los acuses de recibo correspondientes que obran en autos, conforme con lo dispuesto en el artículo 91, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual establece que la convocatoria a las sesiones del pleno de la legislatura deberá ser remitida a sus destinatarios al menos con un día de anticipación a la fecha en que haya de celebrarse la sesión.

Con motivo de la sesión pública a la que convocó el presidente de la Mesa Directiva de la legislatura estatal, el treinta de noviembre de dos mil diez, se levantó el acta correspondiente a dicha sesión, en cuya parte inicial se hizo constar lo siguiente:

"ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. ----------------------------------------

I.- En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., en el salón de sesiones "Constituyentes de 1916-1917", sede del Poder Legislativo, siendo las once horas con quince minutos del día 30 de noviembre del año 2010, por instrucciones del presidente de la mesa Directiva, el Diputado Primer Secretario procedió a llamar a los integrantes de la mesa directiva para instalarse, dando cuenta de la ausencia de la Diputada Segunda Secretaria Micaela Rubio Méndez, asimismo procedió a abrir el registro de asistencia invitando a pasar al interior del salón de plenos a los diputados presentes a efecto de proceder al pase de lista, recibiendo como respuesta de los diputados reunidos en el vestíbulo que ingresarían al recinto hasta que concluyera la reunión de los integrantes de la Junta de Concentración Política, que se realizaba en la planta alta de este edificio; siendo las trece horas se da cuenta de la asistencia de los 16 diputados, siendo los siguientes: José Luis Aguilera Rico, Ricardo Astudillo Suárez, León Enrique Bolaño Mendoza, Antonio Cabrera Pérez, Joaquín Cárdenas Gómez, Abel Espinoza Suárez, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Juan José Jiménez Yáñez, J. Belem Junco Márquez, J. Jesús Llamas Contreras, Luis Antonio Macías Trejo, María Eugenia Blanca Pérez Buenrostro, Fabián Pineda Morales, Bernardo Ramírez Cuevas, Hiram Rubio García y Crecenciano Serrano Hernández; por lo que existiendo el quórum legal requerido, el Diputado Presidente, Ricardo Astudillo Suárez, declara abierta la sesión, misma que se rige de acuerdo al siguiente orden del día: I. Pase de lista y comprobación del quórum. II. Consideraciones al Acta de la Sesión del Pleno celebrada el día 17 de noviembre de 2010. III. Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se adiciona un párrafo al artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de alimentación y nutrición, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales. IV. Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos tercero, séptimo, veintidós, treinta y tres, sesenta, setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ciento quince, ciento veintitrés y ciento veintiséis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. V. Dictámenes de las Iniciativas de Decreto por las que se conceden Jubilación a los CC. M. Gloria Nieto Juárez, Manuel Herrera Mares, Silvestre Constantino Ledesma Reséndiz, Rogelio de Jesús Salinas, Soledad Ortiz Martínez, María Lilia Martínez Ramírez, Silvio Carbajal Salomón y Antonio Uribe González, pensión por vejez a los CC. Amparo Barba Rodríguez, Juan Ortiz Marín, Ma. Pueblito Bautista Vargas, J. Félix Serrato Aguilar y María de los Ángeles Flores Trejo, y pensión por muerte a los CC. Sonia Elizabeth Lobato Olvera y Ofelia Cabrera Ayala y Daniel Vázquez Cabrera, presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. VI. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Municipio de Querétaro a suspender los actos que atentan contra los derechos humanos de los comerciantes ambulantes y permitir que desarrollen su actividad de comercio, presentado por la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública. VII. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que se faculta al Director de Servicios Administrativos de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado para que realice el trámite administrativo correspondiente, ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a efecto de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a la Legislatura del Estado, presentado por la Comisión de Planeación y Presupuesto. VIII. Elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro. IX. Asuntos Generales. X. Término de la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------…"

Conforme con el contenido de las constancias referidas, valoradas de acuerdo con las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de actuaciones de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que los diputados integrantes de la quincuagésima sexta legislatura estatal, fueron convocados a sesión pública a celebrarse a las once horas del treinta de noviembre de dos mil diez.

Se constata también que tuvieron conocimiento previo de la celebración de la sesión plenaria, en términos de la convocatoria que les fue entregada en las fechas asentadas en los acuses de recibo respectivos.

Por otra parte, está demostrado que con motivo de la sesión pública a la que fueron convocados los legisladores, se levantó el acta de sesión correspondiente que inició a las once horas con quince minutos, y concluyó a los cuarenta minutos del uno de diciembre de ese mismo año.

El análisis de las constancias referidas, sirve de base jurídica para establecer que, contrario a lo aseverado por el partido político demandante, la sesión pública inició el día y hora fijados en la convocatoria emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado, sin que sea factible considerar que por la sola circunstancia de haberse asentado que a las trece horas del día de la fecha, se dio cuenta de la asistencia de los diputados presentes en la sesión, deba entenderse que la sesión de que se trata inició a las trece horas.

Esto es así, porque el hecho de continuar con la sesión a las trece horas del día de la fecha, por las circunstancias particulares asentadas en el acta respectiva, no implica, en modo alguno, que se trate de una nueva sesión, diversa a la que fueron convocados los legisladores.

De igual forma, los quince minutos de retardo en iniciar la sesión, en modo alguno significan que se trate de una sesión diversa, antes bien, se entiende como un prudente tiempo de espera en el contexto explicado en la propia acta, esto es, que los Diputados se encontraban presentes en el recinto legislativo pero en el exterior del salón de plenos.

Además, los actores no cuestionan esa dilación de quince minutos, sino un presunto cambio en la hora fijada para la sesión, lo que no fue así, de donde resulta lo infundado del agravio en estudio.

En su ampliación de demanda, el Partido Acción Nacional aduce que es ilegal la sesión celebrada el treinta de noviembre del dos mil diez, por violación al artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Esto, porque el presidente de la legislatura no determinó un nuevo receso ni estableció la hora de reanudación de la sesión una vez que venció el plazo establecido previamente para su reanudación, lo que en su concepto generó la imposibilidad jurídica y material para que diversos legisladores del Partido Acción Nacional pudieran participar en la elección de consejeros.

En esencia, alegan que no se notificó a qué hora reanudaría la sesión de treinta de noviembre una vez vencido el receso decretado.

Este agravio es infundado, pues a diferencia de lo que se expone, en autos obran diversas pruebas que demuestran que la causa eficiente por la cual diversos diputados del Partido Acción Nacional no pudieron participar en la elección de consejeros, se debe a su voluntad manifiesta de no comparecer a la sesión respectiva y permanecer en un restaurante que estaba cerca de las oficinas de la Legislatura, lo que hace infundado su agravio, pues fueron los legisladores los que decidieron no participar en la sesión.

En efecto, en la multireferida acta de la sesión del treinta de noviembre del dos mil diez, se hizo constar que desde el inicio de la sesión, existió un quórum de dieciséis diputados, entre los cuales, por el Partido Acción Nacional, solamente compareció el diputado León Enrique Bolaño Mendoza.

Inclusive, en dicha acta consta que después de votar las propuestas de la Junta de Coordinación Política y la reserva propuesta por el citado diputado León Enrique Bolaño Mendoza, éste manifestó que los legisladores de su partido tenían razones para no asistir a la sesión, sin que aludiera a la causada por la supuesta reanudación de la misma sin aviso de por medio, que ahora aducen dichos legisladores para no acudir a la sesión.

Así se advierte de la parte atinente de la sesión, donde se asentó:

Acto seguido, se somete a discusión la propuesta de reserva, a efecto de que en una sola lista, se incluyan los nombres de los 54 aspirantes que cumplieron los requisitos para ser Consejeros Electorales y de ahí se elijan a los ciudadanos que ocuparán el cargo de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, inscribiéndose como oradores a favor los diputados Hiram Rubio García y León Enrique Bolaño Mendoza. Enseguida, hace uso de la voz el Diputado Hiram Rubio García, mencionando que para la construcción de acuerdos es necesaria la voluntad política; por lo que los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional que no se encuentran presentes en la Sesión, deberían de integrase a la misma, a fin de culminar dicho asunto, e invita al coordinador legislativo de Acción Nacional a que vayan juntos al restaurant de al lado a invitarlos. Enseguida, hace uso de la voz el Diputado León Enrique Bolaño Mendoza, señalando que existe; buena voluntad política de parte de los diputados integrantes del Grupo; Legislativo del Partido Acción Nacional y que hay razones para que no se presenten.

Es cierto que en el acta se asentó que la sesión se reanudó a las veintiún horas con cincuenta minutos tal como refiere el actor y no a las diecinueve horas con treinta minutos como se anunció al decretar el receso; sin embargo, ello constituye una situación intrascendente, dado que no se demuestra que por esa situación, los diputados del Partido Acción Nacional no estuvieron en aptitud de acudir a la sesión, cuando en autos obran diversas probanzas, como notas periodísticas y lo asentado en el acta citada, que demuestran que éstos se encontraban en un restaurante cercano a las oficinas de la Legislatura y que decidieron no acudir, tal como lo expresó en la misma sesión su Coordinador León Enrique Bolaño Mendoza, cuando refirió que hay razones para que no se presenten.

El Partido Acción Nacional no niega el hecho asentado en el acta, relativo a que sus diputados estaban en un restaurante cercano a la Legislatura, tal como se asentó en el acta de la sesión de treinta de noviembre del dos mil diez.

Además, la causa de la inasistencia de los diputados del Partido Acción Nacional se adminicula con otros indicios aportados en juicio, relativos a diversas notas periodísticas recabadas por el Instituto Electoral de Querétaro y que obran en el SUP-JDC-1256/2010 que aquí se resuelve, ofrecidas por el actor Agustín Alcocer Alcocer.

De las diversas documentales, destacan los periódicos El Corregidor de Querétaro (p. 597 del SUP-JDC-1256/2010), Noticias (p. 599), a.m. (p. 600) y en Plaza de Armas (p. 603-604), publicados el primero de diciembre del dos mil diez, en los que aparecen notas coincidentes en el sentido de que durante la sesión de la LVI Legislatura de Querétaro, del treinta de noviembre del dos mil diez, nueve diputados del Partido Acción Nacional, decidieron no acudir y permanecer en el interior de un conocido restaurante del Centro de la ciudad de Querétaro al que se refirieron como "Hotel Mesón de Santa Rosa".

Dichas documentales merecen el valor de indicios, por la variedad de fuentes periodísticas, por su coincidencia en los hechos esenciales y por no estar desmentidas por otros medios de prueba, pues al contrario, coinciden con lo asentado en el acta de la citada sesión, con base en lo cual se advierte que los diputados del Partido Acción Nacional estuvieron al pendiente de la sesión y que si no acudieron fue por su propia voluntad y no porque desconocieran la forma en que se decretaron los recesos, la reanudación y desarrollo de la sesión.

Máxime que en el acta en cuestión aparece que los mismos dieciséis diputados que estuvieron durante el desarrollo de la sesión, estuvieron presentes todo el tiempo en la misma, sin necesidad del aviso o notificación como el que aquí pide el partido actor, lo que revela que los diputados que cumplieron con su deber de asistir a la sesión no necesitaron del aviso que ahora refiere el Partido Acción Nacional.

En la propia acta de treinta de noviembre del dos mil diez, se hizo constar que después de aprobarse por dieciséis votos a favor y cero en contra, la propuesta de la reserva presentada por el Coordinador del Grupo legislativo del Partido Acción Nacional, se decretó un receso hasta por tres horas, con la finalidad de propiciar que se incorporarán los ausentes, favorecer la obtención de consensos y reanudar la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos del día de la fecha.

Lo anterior significa que se justificó la necesidad de un receso a partir de conseguir que los ausentes comparecieran, lo cual no se logró, porque la sesión se reanudó con los mismos dieciséis diputados que estuvieron presentes durante el desarrollo de la sesión. De ahí lo infundado del agravio, pues precisamente la ausencia de los diputados del Partido Acción Nacional fue una de las causas que motivaron el receso.

Además de que el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solamente establece que los diputados podrán pedir que la sesión entre en receso y que el Presidente podrá concederlo y determinar su duración, sin que se prevenga una notificación o previo aviso de la hora en que se reanuda la misma, todo lo cual pone en evidencia que no dejó de observarse una formalidad exigida en la ley, sino diversas gestiones que subjetivamente, en opinión del actor, eran necesarias.

Así, además de no estar previsto en la ley que deba acordarse y notificarse por escrito un nuevo receso, lo cierto es que ante una prórroga del mismo no puede asumirse como única consecuencia que ya no habrá de reanudarse la sesión suspensa, pues igualmente resulta razonable entender que simplemente se está ante una extensión de la misma prórroga.

En este caso, es de esperarse que la actitud quien está ordinariamente interesado en cumplir con su deber de asistir a una sesión, consiste en no retirarse del lugar sin más, sino permanecer en él y asumir las cargas mínimas de quien está interesado en participar en la sesión, indagando sobre la reanudación de la sesión a través, por ejemplo, de la Coordinación de la fracción parlamentaria o de la Mesa Directiva, lo que en la especie no aconteció, pues como ya se dijo, los diputados del Partido Acción Nacional permanecieron, durante el receso y la reanudación de la sesión, en un restaurante cercano a las oficinas de la legislatura, de ahí lo infundado del planteamiento del partido actor.

III. Votación calificada de los integrantes de la legislatura.

En otro aspecto, se aduce que la pretendida designación de consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se realizó sin contar con la votación mínima requerida por la Constitución Política local.

En concepto de la actora, de conformidad con el artículo 17, fracción IV de la Constitución local, la votación mínima requerida para la designación de consejeros es de diecisiete diputados y en el caso solamente votaron quince, lo cual constituye una violación a la regla de mayoría calificada.

La litis consiste en establecer si, como lo afirma la actora, la frase "con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura", a que alude dicho precepto, se refiere a los integrantes presentes de la Legislatura, o bien, se refiere a la totalidad de los integrantes de la misma, es decir, a los votos de 17 de los 25 legisladores que integran esa Legislatura.

Como se explicará a continuación, es infundado el agravio.

El artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, estatuye que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea integrada por representantes populares, electos cada tres años, de los cuales, quince se eligen por el principio de mayoría relativa y diez según el principio de representación proporcional, asimismo, establece que por cada diputado propietario se elige uno suplente.

El artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, regula el quórum y establece que las sesiones del Pleno requerirán, para su validez, la conducción del Presidente de la Legislatura o del Vicepresidente en funciones de aquel y la presencia de la mayoría de los integrantes de la Legislatura.

Conforme a lo anterior, si la Legislatura se integra con veinticinco diputados, se entiende que la mayoría se integra por trece legisladores, razón por la cual, esta es la cantidad de integrantes de la legislatura que se requiere para que sesione válidamente el Pleno del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Con base en lo anterior, es inconcuso que en el sistema jurídico que rige la validez de las sesiones de la legislatura, el primer requisito observar es la regla de quórum, lo que significa que se debe contar con la mayoría de sus integrantes, a partir de lo cual debe calcularse el número de diputados que integran la mayoría calificada con quienes están presentes.

Ahora bien, en cuanto a la votación requerida para designar consejeros electorales locales, el artículo 17, fracción IV, de la Constitución Política de Querétaro establece:

Artículo 17. Son facultades de la Legislatura:

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los demás que determine la ley;

La interpretación sistemática y funcional de dicho precepto permite concluir que las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura a que se refiere, debe entenderse en el sentido de que se trata de los legisladores presentes al momento de recabar la votación, pues en principio en el citado artículo 94 de la ley orgánica, prevé que una sesión del Pleno puede válidamente realizarse con la mayoría de la legislatura, esto es, con trece diputados, lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo 31 de dicha ley, en la que se estipula que para el funcionamiento de la Legislatura, se requiere la asistencia de al menos trece diputados.

En efecto, como ya se adelantó, el artículo 94 de la Ley Orgánica referida, establece que para sesionar válidamente es suficiente con que esté presente la mayoría de los legisladores, lo que significa que basta con trece de ellos para que se sesione válidamente.

Esta norma es la primera que rige la validez de una sesión de la legislatura, de tal manera que la existencia del quórum presupone la posibilidad de que el cuerpo legislativo actué con plenitud, pues de lo contrario se establecería un quórum especial para sesionar válidamente. Por consiguiente, una vez colmado el requisito del quórum, es posible determinar sucesivamente la cantidad de legisladores presentes necesarios para integrar la mayoría simple, relativa o calificada a que se refiere el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Esto sin desconocer que una cuestión es el quórum para funcionar válidamente y otra la votación requerida para el nombramiento de consejeros electorales.

Además, de interpretarse que se trata de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la legislatura, esto es, de diecisiete diputados, se dificultaría gravemente la funcionalidad del órgano, pues se permitiría que una minoría de legisladores impidiera sesionar válidamente, a partir de su inasistencia o al retirarse de la misma, lo que podría generar la posibilidad de paralizar el funcionamiento de la legislatura, ya que de ausentarse nueve diputados no sería posible integrar la mayoría calificada, tal como aconteció en el caso, a pesar de que la sesión del Pleno estuviera válidamente integrada hasta con trece de ellos.

La funcionalidad de la Legislatura no puede depender de la voluntad unilateral de algunos diputados, siendo que su obligación constitucional, legal y política es la de acudir a todas las sesiones del Pleno, salvo que, por excepción, tengan justificación legal para no hacerlo, de tal manera que la posibilidad de integrar una mayoría calificada con las dos terceras partes de los diputados presentes, tiene como punto de partida el supuesto ordinario, es decir, una expectativa legal justificada, consistente en que los legisladores siempre podrán ejercer su voto asumiendo que, por regla general, deben estar presentes en las sesiones.

Lo anterior encuentra apoyo en lo sustentado en un caso similar por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido, precisamente en torno a la fórmula de mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura de Querétaro, atendiendo para ello a la funcionalidad del órgano legislativo.

En efecto, al resolver la controversia constitucional 110/2006, el máximo tribunal del país analizó lo dispuesto en el otrora artículo 35, fracción VII, de la Constitución del Estado de Querétaro, el cual establecía que cuando el Poder Ejecutivo vetaba un proyecto, decreto o acuerdo, lo devolvería a la legislatura para que se sometiera de nuevo al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación de la votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros, supuesto en el cual el gobernador estaría obligado a su publicación.

El Pleno de la Suprema Corte consideró que en la ley no se especificaba si se trata de los miembros presentes en la legislatura al momento de la votación o de la totalidad de los miembros de la legislatura, por lo cual consideró que debería entenderse referida a los miembros presentes al momento de la votación, pues de no ser así, podría provocarse que en la sesión donde se discutiera el dictamen respectivo, resultara imposible obtener la votación calificada para superarlo, aun cuando dicha sesión estuvieran presentes los diputados necesarios para su validez, esto es, trece diputados.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia sostuvo lo siguiente:

"Ahora bien, este Tribunal Pleno estima esencialmente fundado el concepto de invalidez de que se trata, de conformidad con los siguientes razonamientos.

El artículo 35, fracción VII, de la Constitución del Estado de Querétaro establece que cuando el Poder Ejecutivo vete un proyecto de ley, decreto o acuerdo, lo devolverá a la legislatura para que se someta nuevamente al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación de la votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros, supuesto en el cual el gobernador estará obligado a su publicación. Dicho artículo textualmente dispone:

"Artículo 35. El procedimiento a que someterán las iniciativas y dictámenes de ley, decreto o acuerdo, será el siguiente:

"VII. El Poder Ejecutivo, podrá rechazar la publicación de un proyecto de ley, decreto o acuerdo, devolviéndola con observaciones a la legislatura, y se someterá de nueva cuenta al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en cuyo caso el Poder Ejecutivo estará obligado a su promulgación y publicación."

Como puede advertirse, el artículo transcrito, al exigir la votación calificada de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura para la aprobación de la ley, decreto o acuerdo vetado por el Poder Ejecutivo, no especifica si se trata de la totalidad de los miembros de la Legislatura, o bien, de los miembros presentes de la legislatura al momento de la votación, debiéndose interpretar que la votación calificada requerida se refiere lógicamente a este segundo supuesto, esto es, a las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación, ya que de interpretarse que se refiere a la totalidad de los miembros de la legislatura, podría provocarse que en la sesión en que se discutiera el dictamen relativo al veto del gobernador, resultara imposible obtener la votación calificada para superarlo, aun cuando en dicha sesión estuvieran presentes el número de diputados requeridos para que legalmente tenga validez.

Efectivamente, el artículo 25 de la Constitución del Estado de Querétaro establece que la legislatura se integra por quince diputados electos según el principio de mayoría relativa y por diez diputados electos conforme al principio de representación proporcional, según se advierte de la siguiente transcripción de dicho artículo:

"Artículo 25. La Legislatura del Estado, se integrará con quince diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y diez diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, en las circunscripciones plurinominales que determine la ley y que aseguren la representación proporcional. ..."

Por tanto, si la Legislatura del Estado de Querétaro se integra por veinticinco diputados, de interpretarse que la votación calificada requerida para superar el veto del gobernador es de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la legislatura, esto es, de diecisiete diputados, bastaría que en la sesión en que se discuta el dictamen relativo a ese veto estuvieran ausentes nueve diputados para que resultara imposible superar el veto, ya que el quórum requerido para la validez de las sesiones plenarias de la legislatura es de la mayoría de sus integrantes, a saber, de trece diputados, según lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en los siguientes términos:

"Artículo 166. (Quórum) Las sesiones del Pleno requerirán para su validez, la conducción del presidente o del vicepresidente en funciones de presidente; y la presencia de la mayoría de los integrantes de la legislatura."

En consecuencia, cuando el gobernador del Estado de Querétaro veta un proyecto de ley, decreto o acuerdo, debe devolverlo a la legislatura para que lo someta a un nuevo procedimiento legislativo, en el que deberá ser aprobado por la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus miembros presentes al momento de la votación, a fin de que el gobernador esté obligado a su promulgación y publicación."

A diferencia de lo que alega el Partido Acción Nacional en su ampliación de demanda, lo cierto es que la norma interpretada en la citada controversia constitucional, es similar a la contenida en el actual artículo 17, fracción IV, de la Constitución del Estado de Querétaro, pues en ambas se establece la mayoría calificada como requisito para que la legislatura decida sobre ciertos aspectos, la cual se compone del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.

Además, a simple vista es evidente que el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, invocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional citada y que prevé el quórum, es similar al actual artículo 94 de la misma ley, que establece:

"Artículo 94. (Quórum) Las sesiones del Pleno requerirán, para su validez, la conducción del Presidente de la Legislatura o del vicepresidente en funciones de aquel y la presencia de la mayoría de los integrantes de la Legislatura."

En razón de lo anterior, debe estarse al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que la frase "con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura", se entiende de los integrantes presentes, dado que las normas interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 110/2006, son similares a lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, aplicable al supuesto de designación de consejeros electorales locales.

Sin que obste a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que establece:

Artículo 75. (Tipos de mayoría). Todas las resoluciones se aprobarán por mayoría simple, salvo que exista prevención especial.

Para los efectos de la presente ley, se consideran los siguientes tipos de mayoría:

a) Simple: La que representa la mitad más uno de los votos de los diputados presentes en una sesión.

b) Relativa: La que representa el mayor número de votos que los diputados presentes en una sesión, respecto a los distintos resultados de las votaciones emitidas para un solo asunto.

c) Calificada: La que representa las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.

Lo anterior, porque en cuanto a la mayoría calificada, este precepto se limita a reiterar lo que establece el citado artículo 17, fracción IV de la constitución local, esto es, que la mayoría calificada se compone de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, sin especificar expresamente si se trata de los presentes o de la totalidad, siendo que al respecto, como ya se dijo, esta forma de redactar la norma, en condiciones similares, se ha interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se trata de los integrantes presentes al momento de la votación.

Por lo argumentado, resultan infundados los agravios relativos a que la designación de consejeros locales no se realizó con la votación requerida para ello, pues en el caso está comprobado que había dieciséis diputados presentes durante toda la sesión, con lo cual se integró la legislatura con la mayoría de sus integrantes para sesionar válidamente en términos del artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, razón por la cual, la designación sería válida, incluso, con el voto favorable de once de ellos (10.6), pues esa cantidad representa las dos terceras partes de los diputados presentes en esa ocasión, siendo que en el caso había dieciséis diputados presentes al momento de la sesión y quince de ellos votaron a favor de la propuesta, lo cual revela que esa cantidad es superior a las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación y que con ello se colma el requisito previsto en el artículo 17, fracción IV de la constitución local, para designar los consejeros.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 110/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007 página 1652, Materia Constitucional, que dice:

"VETO. PARA SUPERAR EL QUE EJERCIÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEBE INTERPRETARSE QUE SE REQUIERE LA VOTACIÓN CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES AL VOTARSE EL DICTAMEN RESPECTIVO. El artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro establece que cuando el Poder Ejecutivo vete un proyecto de ley, decreto o acuerdo, lo devolverá con sus observaciones a la Legislatura, para que se someta nuevamente al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación el voto de las dos terceras partes de sus miembros, lo que de acontecer obligará al Poder Ejecutivo a su promulgación y publicación; sin embargo, el texto no aclara si la votación calificada es respecto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura o de los miembros presentes al momento de la votación, debiéndose interpretar que esa votación calificada se refiere lógicamente a este segundo supuesto, ya que de lo contrario podría provocarse que en la sesión en que se discutiera el dictamen relativo, resultara imposible obtener la votación calificada para superarlo, aun cuando en dicha sesión estuviera presente el número de diputados requerido para que legalmente tenga validez. Lo anterior es así, porque el artículo 25 de la Constitución del Estado establece que la Legislatura se integra por quince diputados electos según el principio de mayoría relativa y por diez diputados electos conforme al principio de representación proporcional, y el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad señala que el quórum requerido para la validez de sus sesiones plenarias es de la mayoría de sus integrantes, es decir de trece. Así, de interpretarse que la votación calificada requerida para superar el veto del Gobernador es de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura, esto es, de diecisiete diputados, bastaría que en la sesión en que se discuta el dictamen relativo a ese veto estuvieran ausentes nueve diputados para que, no obstante existir el quórum de trece diputados y tres más, resultara imposible superarlo, lo que iría en contra del sistema previsto conforme al cual la existencia de quórum presupone la posibilidad de que actúe con plenitud el cuerpo legislativo, pues de pretenderse lo contrario se habría previsto un quórum especial.

Lo anterior sumado a que, de no haber realizado la designación el treinta de noviembre del dos mil diez, se hubiera incumplido con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Electoral de Querétaro, razón por la cual, existe una causa legal que justifica la actuación de la legislatura a partir de los diputados presentes.

En efecto, dicha norma establece que los consejeros electorales se elegirán en el mes de noviembre del año que corresponda y el cumplimiento de este deber se podía poner en riesgo, si se admitiera que un grupo de diputados ausentes a la sesión respectiva impidiera integrar una supuesta mayoría calificada a partir de la totalidad de los integrantes de la legislatura.

De ahí que cobra lógica la norma en el sentido de que las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura es de los presentes y no de la totalidad, pues de otro modo podría ponerse en riesgo la integración del órgano dentro de los plazos legales previstos para ello, al dejar al arbitrio de una minoría de legisladores acudir o no a la sesión correspondiente y con ello impedir que la legislatura cumpliera con sus atribuciones en los plazos legales.

No es óbice a lo sostenido los argumentos expuestos en las tres ampliaciones de demandas, acerca de que el artículo 17, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, no requiere interpretación y que debe entenderse en su sentido literal, además de que sería absurdo considerar que siete de trece legisladores integraran las dos terceras partes de sus integrantes para realizar nombramientos de consejeros, e incluso reformas a la constitución local.

Lo anterior, porque a diferencia de lo que señalan los actores, la literalidad de la norma en cuestión no aclara si las dos terceras partes de los integrantes son presentes o de la totalidad de la legislatura, lo que implica una vaguedad normativa que hace necesario acudir a la interpretación funcional y sistemática, en los términos en que, como ya se dijo, lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Máxime que lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica que invocan se limita a reiterar lo previsto en el artículo 17, fracción IV constitucional, por lo cual no aclara el sentido de la norma en la manera en que lo proponen los actores.

Además, no puede acogerse el argumento de reducción al absurdo propuesto por los actores, consistente en que una interpretación no literal de la norma en cuestión conduciría a que ciertas normas locales muy importantes consiguieran aprobación con el voto de siete legisladores, pues este argumento, a su vez, se plantea sobre la base de una situación de hecho consistente en que la mayoría de los diputados no asistirían a las sesiones de que se trate, siendo su deber comparecer. Esa situación de hecho no puede presumirse porque la ley obliga a los diputados a estar presentes en las sesiones, de ahí que también sea absurdo asumir como regla la ausencia masiva de diputados, cuando esta debe ser excepcional y justificada conforme a la ley.

Tampoco es óbice lo alegado en la ampliación de demanda del juicio de revisión constitucional promovida por el Partido Acción Nacional, en cuanto a que la legislatura realizó una interpretación conforme, sin cumplir con el procedimiento de interpretación legislativa, previsto en el artículo 19 de la Constitución de Querétaro, pues como ya se dijo, con independencia de las razones expuestas en la sesión y en el Decreto respectivo, lo cierto es que resulta válida la elección de consejeros con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva, pues ello es acorde con lo que prevé la legislación aplicable, en términos de lo que ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí lo infundado del agravio.

Lo anterior, sumado a que, como ya se dijo, en autos obran indicios que revelan que fueron los propios legisladores del Partido Acción Nacional los que decidieron no acudir a la sesión de designación de consejeros, pues así se advierte de lo asentado en el acta respectiva y las diversas notas periodísticas ya valoradas con anterioridad, lo que permite concluir que precisamente para evitar este tipo de casos, el legislador previó que la funcionalidad del órgano no dependiera de una minoría de legisladores, a fin de no entorpecer el cumplimiento de sus atribuciones legales, de ahí la validez de la designación de consejeros con las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sin que sea dable pronunciarse acerca del supuesto hipotético en el que, de haber acudido a la sesión, no habrían podido votar en contra de las propuestas, pues el Partido Acción Nacional no aportó pruebas que confirmaran su sospecha, ni tampoco existen elementos en autos que permitan inferir que, de haber acudido, se les habría impedido ejercer sus votos, pues de la Constitución local y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro no se advierte hipótesis alguna en la que, estando presentes en una sesión de Pleno en la que se lleve a cabo una votación, pueda coartarse el derecho de un diputado o de un grupo de ellos a ejercer su voto en el sentido que decidan, de entre las posibilidades previstas en los artículos 68 a 78 de la Ley Orgánica referida, esto es, a favor, en contra o como abstención.

Con lo antes expuesto, esta Sala Superior no pasa por alto lo sostenido en la tesis P./J. 69/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 786, que dice:

"VOTACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS LOCALES PARA APROBAR LEYES O DECRETOS. EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, QUE ESTABLECE DICHO SISTEMA, NO PUGNA CON EL PACTO FEDERAL. De los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 49, 71, 72, 79, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden prerrogativas, derechos y obligaciones de los ciudadanos como el de votar y ser votado, elegir a sus gobernantes y a quienes los representen ante el Congreso de la Unión; asimismo, dichos preceptos establecen las bases para erigir los poderes y órganos a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, ya sea de la Federación o de los Estados, según la competencia que les corresponde conforme al Pacto Federal; de la misma manera, establecen el principio de división de poderes, la organización fundamental del Estado mexicano, las facultades de los poderes, etc., así como las normas básicas a que deben sujetarse las Constituciones Locales, entre las cuales se hallan las que regulan las facultades de los poderes y órganos estatales, pero respetando su autonomía en lo no regulado. Ahora bien, de las mencionadas disposiciones de la Constitución Federal, ni de ninguna otra, se desprenden normas que obliguen a las Legislaturas Locales a adoptar un quórum determinado para la aprobación de una ley o decreto, es decir, que deba aprobarse por mayoría simple o calificada. Atento a lo anterior, no puede estimarse que el artículo 44 reformado de la Constitución Política del Estado de Morelos, en cuanto prevé que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto requiera una votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, en vez de una mayoría simple, violente dichas disposiciones constitucionales; por lo contrario, se establece el libre juego democrático de las diferentes fracciones parlamentarias, al abandonar la gobernabilidad unilateral y adoptar la gobernabilidad multilateral consensada."

Lo aquí sostenido no se opone a dicho criterio pues aparte de no referirse a la norma de la legislación de Querétaro como si lo hace la jurisprudencia P./J. 43/2007 ya citada, lo cierto es que, a diferencia del asunto que nos ocupa, en esta tesis se aborda, principal y destacadamente, la constitucionalidad de una norma que establece que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto, requiere de una votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura.

En otras palabras, dicha tesis declara que es constitucional exigir las dos terceras partes de los diputados integrantes de una legislatura para aprobar ciertas normas, pero no se ocupa del específico tema controvertido en el presente asunto, consistente en dilucidar si esa mayoría calificada se integra por los diputados integrantes presentes en la sesión respectiva o por la totalidad de los diputados que integran la legislatura, siendo ese el aspecto a despejar en el particular, el cual debe resolverse en términos del diverso criterio emitido por el tribunal supremo del país que si se ocupa al respecto y que ya se ha citado en el cuerpo de este fallo.

Por las razones apuntadas y, en vía de consecuencia, son infundados los agravios expuestos en las ampliaciones de demanda del Partido Acción Nacional y de Cecilia Pérez Zepeda y Oscar José Serrato Quillo, dirigidos a controvertir el Decreto publicado en la "Sombra de Arteaga", periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en su edición del dieciséis de diciembre del dos mil diez, denominado "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre del 2017."

Lo anterior, porque los agravios no están dirigidos a controvertir por vicios propios dicho Decreto, sino que se enderezan contra los fundamentos y motivación en que éste se apoya, los cuales coinciden con los aspectos ya abordados en párrafos precedentes, como son, la legalidad del procedimiento y del órgano encargado de desahogarlo, la validez de la votación de los legisladores emitida al efecto y la elegibilidad de los ciudadanos designados en el cargo, razón por la cual, es evidente que dicho Decreto es legal, al no ser más que la consecuencia de la legalidad de la integridad del procedimiento de designación de consejeros del que deriva, lo que hace infundados los agravios expuestos al respecto.

No pasa inadvertido el señalamiento expresado en la ampliación de demanda del Partido Acción Nacional, en el sentido de que el Decreto no coincide con los fundamentos y motivos señalados en la sesión de treinta de noviembre del dos mil diez, pues en ésta no se señaló porqué las personas elegidas eran los mejores perfiles, no se realizó la supuesta interpretación de la Constitución local, ni tampoco se aludió al plazo fatal para designar consejeros, razón por la cual existe discrepancia entre el acto-decisión y el acto-documento.

En principio, cabe referir que una vez aprobada la propuesta de incluir a los cincuenta y cuatro participantes por el Pleno de la Legislatura, no era necesario realizar una discusión adicional para que cada legislador razonara su voto, pues tal situación no estaba prevista en la convocatoria o en la ley, además de que sería contrario al sistema parlamentario en el que cada legislador es libre de votar conforme a sus convicciones, con independencia de si externa o no sus razones por las cuales opta por una u otra decisión.

Además, este agravio es infundado, pues parte del supuesto equivocado de que el acto por el cual cada legislador emitió su voto y el acto soberano de la legislatura como órgano colegiado para designar consejeros, debe fundarse y motivarse al propio tiempo en que se emitieron, cuando ya se dijo que, tratándose de actos complejos, ese requisito se cumple si se observan las formalidades de las fases regladas, tal como aconteció en el caso, en los términos ya precisados con anterioridad, de ahí lo infundado del agravio, pues el decreto en realidad recoge y expresa los fundamentos de todo el procedimiento y no solo de lo actuado en la sesión del treinta de noviembre citada.

Tampoco obsta a lo anterior lo referido por los actores, en cuanto a que en el Decreto se dice que el legislador interpretó las normas que aplicó, siendo que en la sesión no se hizo referencia a esa cuestión y que, en su caso, la interpretación de la norma debe realizarse en términos del artículo 19 de la constitución local, que establece la forma y condiciones en que la legislatura puede realizar una interpretación auténtica, lo que en la especie no se observó.

Es intrascendente lo que refiere el actor, pues con independencia de que en el Decreto se sostenga que la legislatura realizó una interpretación de la ley para establecer la cantidad de diputados necesarios para determinar cuántos diputados eran las dos terceras partes, lo cierto es que en realidad se limitó a aplicar las normas en los términos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la había interpretado.

En otras palabras, la actuación de la responsable en la sesión controvertida, se limitó a la aplicación del artículo 17 fracción IV de la constitución local, siendo que esa operación jurídica solamente implica adecuar el caso concreto a la regla general de la ley, de tal manera que, por más que se diga en el Decreto que esa aplicación se fundó en una interpretación funcional, lo cierto es que no afecta la legalidad de su actuación, al haberse hecho apegada a derecho, dadas las razones aportadas en este fallo.

IV. Inelegibilidad para ocupar el cargo de consejeros electorales.

Por otra parte, merece especial atención el alegato de que algunos consejeros electorales designados por la responsable no satisfacen los requisitos para ser electos.

Para analizar este planteamiento, conviene tener presente que el Congreso del Estado de Querétaro designó como consejeros electorales propietarios a: José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero, Raúl Ruiz Canizales, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, Yolanda Elías Calles Cantú, María Esperanza Vega Mendoza, y Demetrio Juaristi Mendoza.

En tanto, como consejeros suplentes, el mismo congreso designó, en el orden siguiente a: Alfredo Flores Ríos, Jesús Uribe Cabrera, Carlos Silva Reséndiz, Guillermo Castellanos Guzmán, José Juan Rodríguez Perrusquía, Violeta Fabiola Barbosa Villanueva y Gonzalo Ruiz Posada.

Los actores Agustín Alcocer Alcocer, José Antonio Zumaya de la Mora y José Fabio Espinosa afirman, sustancialmente, que la designación de los consejeros que se identifican a continuación es indebida, porque incumplen con el artículo 62 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ya que entre el veinticinco de marzo del dos mil ocho y el momento de la sesión plenaria iniciada el treinta de noviembre del dos mil diez por la legislatura, ocupaban diversos cargos públicos.

Lo anterior, porque, en su concepto, dicho precepto prohíbe que la designación de consejero electoral recaiga en una persona que está o estuvo vinculada laboralmente durante el año pasado al proceso electoral, con la Federación, el Estado o el Municipio, y José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero y Alfredo Flores Ríos, laboran en el Instituto Electoral de Querétaro, Raúl Ruiz Canizales y Jesús Uribe Cabrera trabajan como profesores de tiempo completo y tiempo libre respectivamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, Carlos Silva Reséndiz, ocupó el cargo de Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, hasta el treinta de septiembre de dos mil nueve, Yolanda Elías Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza laboraron como consejeros propietarios estatales en el Instituto Federal Electoral en el proceso electoral anterior y Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda ocupa el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta Regional de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, para estudiar el planteamiento del actor, es necesario determinar el alcance del precepto mencionado y, por tanto, si los consejeros electorales impugnados cumplen con el mismo.

Esta Sala Superior, considera que en este aspecto no les asiste razón a los actores.

La norma que sirve de base para el planteamiento de los actores es el artículo 62 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el cual, textualmente, establece que para ser Consejero Electoral y desempeñar el cargo, es necesario, entre otros requisitos: no ocupar ni haber ocupado cargo o comisión o laborar ni haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral, en empleo alguno de la Federación, estado o municipios.

Esto es, de la simple lectura del precepto en cita, el enunciado normativo que se sigue en forma clara es que las personas que no desempeñan ni han desempeñado durante el último año anterior al proceso electoral, un trabajo en la Federación, Estado o municipios, satisfacen ese requisito y no están impedidos para ser nombrados consejeros electorales.

La razón de ser de dicha limitante radica en los principios rectores de la función electoral, como son el de equidad, legalidad, objetividad e imparcialidad, y particularmente la independencia y autonomía, los cuales se buscan proteger a partir de los requisitos legales que deben reunir quienes pretendan ocupar el cargo de consejeros electorales, con base en lo cual se genera la presunción de que en el ejercicio de sus funciones observarán a cabalidad dichos principios.

El legislador queretano no estableció limitaciones para ocupar el cargo de consejero como impedimentos absolutos, sino que los sujetó a temporalidades diversas, por ejemplo, para el caso de dirigentes, candidatos o representantes de partidos políticos (fracciones VI y VIII del citado artículo 62), los condicionó a no haber tenido tal carácter "en los tres años anteriores a la designación"; mientras que para los cargos, comisiones o empleos en la Federación, Estados o Municipios, lo supeditó a no haberlos ocupado "durante el último año anterior al proceso electoral".

Adviértase que el impedimento se basa en dos aspectos, a saber: el momento de la designación como consejero y el proceso electoral.

La referencia al proceso electoral forma parte de la causa de impedimento prevista en el artículo 62, fracción VII, que es la que estiman actualizada los actores, por lo que atento a que no se precisa a qué proceso electoral se refiere es indispensable dilucidar si se refiere al siguiente proceso electoral o al inmediato anterior a la designación de los consejeros, pues expresamente no se menciona en la norma.

En efecto, la literalidad de la fracción normativa es: "No ocupar ni haber ocupado cargo o comisión o laborar ni haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral, en empleo alguno de la Federación, estado o municipios", de lo que se colige que la referencia al proceso electoral no indica si es con relación al próximo o al anterior.

Sin embargo, al atender a la finalidad de la disposición que es la de garantizar la independencia de los futuros consejeros, entonces debe entenderse que la referencia es respecto del primer proceso electoral en el que a ellos les correspondería actuar, esto es, el inmediato posterior a su designación, pues poca relevancia tendría que su independencia derivada de su desvinculación a la Federación, Estados o municipios, pudiera presumirse con relación a un proceso electoral en el que no les correspondió participar como consejeros.

En mérito de lo anterior, sólo estarán impedidos quienes hubieran desempeñado cargo, comisión o empleo en la Federación, Estados o municipios, durante el último año anterior al primer proceso electoral en el que les corresponda desempeñarse, esto es, el próximo por lo que debe establecerse cuál es la fecha de inicio del próximo proceso electoral para poder computar el año previo a éste y determinar así, el alcance del impedimento en análisis.

De conformidad con los artículos 16, 20 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, y 17 a 21 de la Ley Electoral de la misma entidad, se llevarán a cabo procesos electorales cada tres años para renovar al Poder Legislativo y Ayuntamientos y cada seis para elegir Gobernador, por lo que cada tres años tendrá lugar un proceso electoral en el Estado de Querétaro.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 96, 97 y 102 de la Ley Electoral referida, el proceso electoral inicia ciento dos días naturales antes del primer domingo de julio del año de la elección lo que equivale a poco menos de tres meses y medio de calendario, por lo que el inicio del proceso electoral debe tener lugar durante el mes de marzo del año de la elección.

Pues bien, dado que la celebración de comicios no requiere de prueba al estar previsto en la ley y, además, por ser un hecho notorio para esta Sala Superior derivado de los diversos juicios tramitados ante este órgano jurisdiccional, lo que se invoca con fundamento en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que el proceso electoral inmediato anterior llevado a cabo en el Estado de Querétaro se desarrolló durante el año de dos mil nueve.

Por tanto, el siguiente proceso electoral se llevará a cabo dentro de tres años siguientes a dicha fecha, esto es, el año dos mil doce, de modo que el próximo proceso electoral iniciará durante marzo de dos mil doce.

Así, dado que el proceso de elección de consejeros electorales se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre de dos mil diez, el artículo 62, fracción VIl, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro debe entenderse en función del próximo proceso electoral, de modo que el alcance temporal del impedimento derivado de la referencia al "último año anterior al proceso electoral", sería hasta el mes de marzo de dos mil once, es decir, el próximo mes de marzo.

No pasa inadvertido para esta Sala Superior que al establecerse la restricción en análisis en función del "proceso electoral", y no respecto del momento de la "designación" de los consejeros (como de hecho se hace en otras fracciones del mismo artículo), se puede incurrir en supuestos en los que la exigencia de no desempeñar previamente cargo, comisión o laborar en la Federación, Estado o municipios no sea materialmente exigible a los aspirantes a consejeros, lo como sucede en este caso por el momento en el que se lleva a cabo el proceso de renovación de dicho órgano, lo que se aleja de la finalidad de la norma de garantizar la independencia.

Sin embargo, al tratarse de una restricción este órgano jurisdiccional se ve constreñido a llevar a cabo una interpretación estricta y no extensiva de tal limitación que afecte el derecho político electoral de acceso a la función pública, y en todo caso corresponderá al poder legislativo del Estado de Querétaro superar lo asistemático de dicha disposición para establecer la limitación respecto de la designación, y evitar así que en lo futuro se presenten nuevamente este tipo de ambigüedades normativas.

En el caso, se arguye que las siguientes personas son inelegibles por las siguientes causas:

a) José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero y Jesús Uribe Cabrera, porque laboraron en el Instituto Electoral de Querétaro.

b) Raúl Ruiz Canizales y Jesús Uribe Cabrera, debido a que laboran como profesores de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro.

c) Yolanda Elías Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza, porque laboraron en el Instituto Federal Electoral.

d) Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda porque laboró en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y

e) Carlos Silva Reséndiz, por laborar en la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Querétaro.

No asiste la razón al impugnante porque si bien en autos quedó acreditado que dichas personas desempeñaron cargos en las entidades mencionadas, también se demostró que se separaron de los mismos durante el año dos mil diez, con lo que no les resulta aplicable la restricción del artículo 64, fracción VII, de la Ley Electoral local, en virtud de que, como se explicó, su alcance temporal es a partir de marzo de dos mil once, por lo que las personas mencionadas no se encuentran impedidas para ocupar el cargo de consejeros en el Estado de Querétaro, tal como se explica a continuación.

Por lo que hace a José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero y Alfredo Flores Ríos, se dice que laboraron en el Instituto Electoral de Querétaro, lo cual está comprobado en autos, pues en sus respectivas notas curriculares señalaron haber laborado, el primero como Director General en el Instituto Electoral de Querétaro de mil novecientos noventa y nueve a la fecha; el segundo de los mencionados como Técnico Electoral "F" adscrito a la Coordinación Jurídica del Consejo General del mencionado Instituto de abril de 2007 a la fecha; y el último como Titular de la Coordinación de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico de ese Instituto, de dos mil tres a la fecha.

Además, existe en autos el oficio número CA/226/10 de trece de diciembre de dos mil diez, mediante el cual la Coordinadora Administrativa del Instituto Electoral de Querétaro, en respuesta a la solicitud de información de Agustín Alcocer Alcocer, precisa que las tres personas antes mencionadas laboraron en ese Instituto en el período comprendido del veinticinco de marzo de dos mil ocho al treinta de noviembre de dos mil diez; por tanto, es evidente que los cargos que ocuparon antes de su designación como consejeros no les impiden ejercer este último, dado que ni siquiera se actualiza la temporalidad aludida.

Por lo que ve a Raúl Ruiz Canizales, en autos obra copia de su curriculum vitae, en el cual reconoce que de 2006 a "la fecha" laboró como Coordinador de Vinculación y Difusión Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Por su parte, en relación con Jesús Uribe Cabrera, obra en autos copia de su curriculum vitae en el cual reconoce que laboró en la Universidad Autónoma de Querétaro como Asesor Jurídico de 2000 a 2003, así como copias simples de tres constancias expedidas por la propia Universidad, mediante las cuales le informa el período escolar que debe cubrir como docente en diversas asignaturas, períodos que concluyeron en diciembre de dos mil diez.

Además, en autos obra el oficio número REF/0617/UIPEUAQ/2010, de fecha catorce de diciembre de dos mil diez, mediante el cual la Secretaria de la Unidad de Información Pública y Enlace de la Universidad Autónoma de Querétaro, en respuesta a la solicitud de información presentada por Agustín Alcocer Alcocer, precisa que tanto Raúl Ruiz Canizales como Jesús Uribe Cabrera laboraron en dicha Universidad entre el veinticinco de marzo de dos mil ocho y el treinta de noviembre de dos mil diez, es decir, en fechas anteriores a marzo de dos mil once.

Por tanto, es evidente que los cargos que ocuparon en la Universidad Autónoma de Querétaro, antes de su designación como consejeros, no les impiden ejercer este último, dado que, de igual forma, no se actualiza la temporalidad aludida.

Por otra parte, respecto de Yolanda Elías Calles Cantú y Demetrio Juaristi Mendoza se acredita que ambos se desempeñaron en el cargo de Consejeros Electorales ante el Consejo Local de ese Instituto en Querétaro, entre otros procesos, en el federal correspondiente a 2008-2009, pues así lo reconocen en sus síntesis curriculares.

Aunado a lo anterior, en autos obran constancias mediante las cuales el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Querétaro, acredita que ambas personas fungieron con dichos cargos durante el proceso electoral federal mencionado, sin embargo, si dicho cargo lo ocuparon antes de su designación como consejeros, ello no les impide ejercer este último, dado que no se actualiza la temporalidad aludida.

Cabe señalar que la información aportada por los interesados en sus respectivas notas curriculares hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser información aportada por los propios interesados y, además, están adminiculadas con las documentales públicas consistentes en los oficios signados por la Coordinadora Administrativa del Instituto Electoral de Querétaro, la Secretaria de la Unidad de Información Pública y Enlace de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Querétaro, mismos que, en el caso, no fueron controvertidos en cuanto a su forma y contenido, por lo cual generan convicción sobre la veracidad de los hechos mencionados.

Por tanto, no existe constancia suficiente que acredite que las personas mencionadas se encontraban impedidos para ocupar el cargo de consejeros en esa entidad federativa, pues la restricción del artículo 62, fracción VII, de la Ley Electoral local, implica no haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral en empleo alguno de la Federación, estado o municipios, por lo que si el próximo proceso electoral en esa entidad inicia en marzo de dos mil doce, estarían impedidos para realizar dichas actividades únicamente de marzo de dos mil once a marzo de dos mil doce.

Por otro lado, en el currículum presentado ante la responsable por el propio Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, designado como consejero electoral propietario, consta que fungió con el carácter de Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca, hasta el mes de noviembre del dos mil diez, que fue la fecha en que presentó dicho documento. Asimismo, obra escrito de nueve de noviembre de dos mil diez, en que la persona mencionada manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cumple con todos los requisitos para ocupar dicho cargo.

En cambio, en los expedientes acumulados no obra prueba alguna que acredite que a la fecha dicha persona permanece en el cargo mencionado, cuando que a quien alega la existencia de la causa de inelegibilidad es quien tiene la carga de acreditarla.

Además, en virtud de que en autos está demostrado que el mencionado ciudadano fue electo como consejero propietario y el artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro dispone que durante su encargo los consejeros electorales "no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en instituciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados", esta Sala Superior no podría presumir que Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda se encuentra en la hipótesis de ilegibilidad del artículo 64, fracción VII, por virtud del principio ontológico de la prueba que dispone que lo ordinario se presume y lo extraordinario requiere ser demostrado, y en el caso lo ordinario es el cumplimiento de la ley, no su incumplimiento.

Todo lo anterior, permite concluir que el ciudadano mencionado dejó de laborar en el cargo mencionado antes de que pudiera actualizarse la restricción en análisis.

Por otra parte, está demostrado que Carlos Silva Resendiz, a quien se le designó como consejero suplente, se desempeñó como Director de Recursos Humanos en la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, pero que se separó de éste al menos desde septiembre de dos mil diez.

Esto, porque de lo manifestado por el propio ciudadano en su currículum se advierte que señaló que hasta el mes de septiembre del dos mil diez tuvo el carácter de Director de Recursos Humanos en la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

Lo cual se adminicula con el informe del apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de Querétaro, quien refirió que dicho ciudadano laboró hasta el treinta de septiembre del 2009 en el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Querétaro con el carácter de Director de Recursos Humanos.

Lo anterior, en términos del artículo 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser información aportada por el propio interesado y que está adminiculada por el citado oficio, sin que estén controvertidas en cuanto a su forma y contenido, por lo cual merecen valor probatorio para acreditar los hechos mencionados.

En suma, no está evidenciado que se actualizan las causas de inelegibilidad alegadas, sin que resulte necesario abordar lo relativo a si las instituciones donde laboraron los consejeros impugnados les impedían ejercer el cargo, dado que ni siquiera se actualiza el requisito temporal antes mencionado.

Sin embargo, a diferencia de lo anterior, se actualiza la causa de inelegibilidad del consejero Raúl Ruiz Canizales que alegan los actores Agustín Alcocer Alcocer, José Antonio Zumaya de la Mora y José Fabio Espinosa, sobre la base de que incumple el requisito previsto en el artículo 62, fracción VI, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

Dicho precepto establece:

Artículo 62. Para ser Consejero Electoral y desempeñar el cargo, se deberán reunir los siguientes requisitos:

VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargos directivos en partidos políticos, a nivel municipal, estatal o nacional o en alguna de sus organizaciones adherentes, por lo menos los tres años anteriores a su designación; ni ser militante de partido político o asociación política alguna;

Del precepto en cita se advierte que no podrán ser designados consejeros electorales locales, quienes:

a) Hayan desempeñado o estén desempeñando cargos directivos en partidos políticos, en nivel municipal, estatal o nacional o en alguna organización adherente, por lo menos tres años anteriores a su designación.

b) Los que tengan el carácter de militantes de partido político o asociación política.

La razón de ser de dicho impedimento radica, como ya se dijo, en la finalidad de otorgar garantías de independencia personal a los integrantes del órgano administrativo electoral, con el fin de asegurar su autonomía, imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo, razón por la cual es razonable que se les exija desvincularse de los institutos políticos a los que pertenezcan.

Pues bien, en el caso, para demostrar que Raúl Ruiz Canizales se encuentra en la hipótesis de impedimento antes mencionada, los actores ofrecen las siguientes probanzas:

- Consulta a la página de internet de esta Sala Superior, en cuya dirección oficial, en el apartado de "Resumen Informativo" se reseña la noticia publicada el veinte de enero del dos mil once por el periódico "Reforma", de Carole Simonnet, titulada "Tiene IEE de Querétaro Cachirul", refiriendo que Raúl Ruíz Canizales aparece como Director de Análisis Político del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en un informe general de Actividades del dos mil nueve.

- Consulta a la página de internet del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, http://www.ieq.org.mx/contenido/partidos/archivos/pri.pdf, en la que aparece que en el informe de actividades del dos mil nueve, presentado el treinta y uno de marzo del dos mil diez, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, informó que el licenciado Raúl Ruiz Canizales formaba parte del Comité Directivo Estatal en su carácter de Director de Análisis Político, en los términos de la diligencia de inspección ordenada por el magistrado instructor y realizada el ocho de febrero del dos mil diez por el personal de esta Sala Superior.

- Un ejemplar de la sección "Estados" del periódico "Reforma", de veinte de enero del dos mil once, donde aparece la nota de Carole Simonnet, titulada "Tiene IEE de Querétaro "Cachirul". Designan a priista como consejero; espera PAN fallo de impugnación", en la cual, en esencia, se señala que Raúl Ruiz Canizales aparece como Director de Análisis Político del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro.

Los anteriores medios de convicción merecen valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b) y 16, párrafos 3 y 4 ambos de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación materia electoral, por tratarse de documentales reconocidas por el propio tercero interesado Raúl Ruiz Canizales, quien admite que su nombre aparece en el informe de actividades antes mencionado, lo cual también admite el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el escrito que acompaña el mencionado tercero.

Pues bien, la adminiculación y valoración del Informe General de las actividades realizadas por el Partido Revolucionario Institucional en Querétaro durante el periodo de enero a diciembre de dos mil nueve, con los restantes medios de convicción demuestra fehacientemente que el propio partido político, asentó por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que entre los miembros que conformaban su Comité Directivo Estatal, el licenciado Raúl Ruiz Canizales fungía como Director de Análisis Político.

Lo anterior, porque se trata de un documento elaborado con anterioridad al procedimiento de designación de consejeros, emitido por el propio representante del Partido Revolucionario Institucional que presentó ante la autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus funciones de entidad de interés público.

Dicho informe se rindió en términos de lo dispuesto en el artículo 32, fracción XVIII, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por lo cual genera plena convicción sobre la veracidad de los hechos propios ahí afirmados que hacen prueba plena en contra de quien los asevera.

Se afirma lo anterior, pues dicho documento se propició por el propio partido político, en cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus actividades realizadas en dos mil nueve, a través de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro y con pleno conocimiento respecto del carácter de Director de Análisis Político con el que Raúl Ruiz Canizales conformaba el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior revela que, al menos en los hechos, el representante legal partidista antes mencionado, aceptó la existencia de un vínculo entre el propio partido y Raúl Ruiz Canizales, al reconocer a este último en un comunicado o informe oficial el carácter de integrante de la directiva estatal, lo que constituye un indicio suficiente para tener por demostrado que el actor no reúne a cabalidad el requisito de elegibilidad tendiente a proteger la imparcialidad del Instituto Electoral de Querétaro.

Al respecto, las pruebas ofrecidas por el tercero interesado no son suficientes para desvirtuar que Raúl Ruiz Canizales fue señalado como directivo en el Partido Revolucionario Institucional, a nivel estatal por lo menos tres años anteriores a su designación.

En efecto, Raúl Ruiz Canizales, en su escrito de tercero interesado, acompaña copias de los documentos por los cuales solicitó al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional que se le explicara porqué aparece como directivo en el citado informe, siendo que él nunca ha militado en el partido y además solicitó que se rectificara su información personal, por no corresponder a la realidad.

Dicha documental revela que Raúl Ruiz Canizales, pidió esa supuesta aclaración y rectificación cerca de nueve meses después de rendido el informe del partido, lo que le resta credibilidad dado que previamente en la página del instituto local se publicó el documento en cuestión sin que dicha persona haya realizado esas gestiones que hasta ahora considera necesarias.

Al respecto, por oficio de veintiuno de enero del dos mil once, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, respondió dicha petición, donde reconoció que Raúl Ruiz Canizales no era miembro del partido y que su inclusión en el informe de mérito se debió a un lapsus calami, razón por la cual se haría la rectificación de información conducente.

Cabe aclarar que en dicho oficio no se precisan con claridad cuáles fueron los hechos concretos que motivaron ese supuesto error, el cual no es de mera redacción o de forma, sino que implica una cuestión sustantiva en la medida en que se reconoció el carácter de dirigente a un ciudadano, siendo que es responsabilidad del partido rendir ese tipo de informes con datos que se presume que él mismo tiene a su disposición, de ahí su escaso valor indiciario.

Por oficio presentado el veintiséis de enero del dos mil once al Instituto Electoral de Querétaro, el representante ante el Instituto Electoral de Querétaro, del Partido Revolucionario Institucional, por orden del presidente del Comité Directivo Estatal de dicho partido, pidió que se rectificaran los datos de Raúl Ruiz Canizales, que aparecen en el informe de actividades del dos mil nueve, donde se le señala como Director de Análisis Político, debido a que, por errores internos de comunicación, se le incluyó sin tener ese carácter, añadiendo que Raúl Ruiz Canizales no tiene el carácter de militante, que ese cargo no está contemplado en sus estatutos y que dicha persona solamente fue invitado como académico al partido para que impartiera algunos talleres de las temáticas que domina.

Pues bien, las documentales anteriores solamente merecen valor indiciario para demostrar que el interesado ha solicitado la aclaración y rectificación de datos, sin embargo, ello es insuficiente para desvirtuar el vínculo partidista reconocido por un representante legal en un documento oficial por el cual se rinde un informe de actividades a la autoridad administrativa electoral.

Lo anterior es así, pues el inicio, sustanciación y respuesta favorable de su solicitud de aclaración y de rectificación de datos, dada su falta de sincronía respecto del procedimiento de designación de Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro, pone en evidencia que se realizó, exprofeso, para la satisfacción de una exigencia legal, siendo que ese trámite se realizó precisamente ante el partido que le dio el carácter de dirigente, lo que constituye una simple retractación de información, carente de una justificación pormenorizada de los hechos que dieron lugar al supuesto lapsus calami, pues se omite precisar quién o quiénes en concreto incurrieron en el supuesto error interno de comunicación y las causas detalladas y creíbles de que en realidad se debió a ello y no a la voluntad inequívoca de tratar a Raúl Ruiz como un auténtico integrante del Comité Directivo Estatal.

Por tanto, es insuficiente para demostrar la desvinculación entre el aspirante y el partido político, con lo cual no se garantizan los principios rectores de la función electoral de imparcialidad, objetividad e independencia, requeridos para ser designado como consejero del citado Instituto Electoral.

Ahora bien, es cierto que en autos obra copia certificada del Padrón de Afiliados del Partido Revolucionario Institucional, en el cual no consta el nombre de Raúl Ruiz Canizales.

Sin embargo, dicha probanza no desvirtúa el reconocimiento de directivo que hizo en el citado informe el representante partidista, pues la ausencia de militancia no impide que, de hecho, como sucede en el caso, un ciudadano pueda ser reconocido como dirigente por el propio partido.

No obsta lo dispuesto en el artículo 58, fracción III, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto señala que es derecho de los militantes acceder a los puestos de dirigencia, previo cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pues dicho precepto no impide que, en los hechos, alguien que no aparece como militante en el padrón, ejerza funciones directivas, tal como en el caso se demostró con el informe rendido por el propio representante del Partido Revolucionario Institucional quien le reconoció el carácter de Director de Análisis Político de dicho instituto a Raúl Ruiz Canizales.

En su caso, es responsabilidad del propio partido informar la existencia de cargos ocupados por un ciudadano que dice no ser su militante.

Tampoco es dable afirmar que no existe relación entre Raúl Ruiz Canizales y el Partido Revolucionario Institucional, por el solo hecho de que no existe el cargo de Director de Análisis Político en los Estatutos y que no se ha creado ese puesto por las vías estatutarias correspondientes, pues el propio partido reconoció lo contrario al emitir un informe que posteriormente publicó el Instituto Electoral de Querétaro, siendo que de esa manera, fácticamente reconoció la existencia del cargo y del titular del mismo.

Por lo anterior, lo único que se demuestra con las probanzas en cuestión, es que se inició, sustanció y resolvió favorablemente una solicitud de aclaración y rectificación de datos, pero con ello no se desvirtúa que el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante legal ante el Instituto Electoral de Querétaro, le reconoció a Raúl Ruiz Canizales el carácter de Director de Análisis Político dentro del Partido Revolucionario Institucional, a nivel estatal, por lo menos tres años anteriores a su designación, con lo cual se pone en entredicho la garantía de imparcialidad que debe asegurarse en la designación de consejeros estatales, de ahí que no reúna el requisito legal ya señalado, para ocupar el cargo correspondiente.

Conforme lo expuesto, a juicio de esta Sala Superior es procedente modificar el acuerdo de designación impugnado y el respectivo "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017", publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "la Sombra de Arteaga", solamente respecto del nombramiento de consejero electoral local propietario de Raúl Ruiz Canizales, por no reunir los requisitos legales para ocupar dicho cargo.

Como consecuencia de lo anterior, el Congreso del Estado de Querétaro deberá realizar una nueva designación de consejero electoral propietario en lugar de Raúl Ruiz Canizales debiéndose publicar en su oportunidad lo conducente a través del Decreto que corresponda, para lo cual:

a. La legislatura deberá realizarlo en el ámbito de sus atribuciones dentro de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente fallo, toda vez que no se está durante un proceso electoral en curso, no hay riesgo de afectar la integración del órgano, ni existe urgencia para la designación.

b. La elección debe recaer en un ciudadano del universo de cincuenta y cuatro aspirantes que se declaró que reunieron los requisitos constitucionales y legales para dicho cargo y según el informe que emitió para tal efecto la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura.

Por otro lado, en relación al tema de inelegibilidad abordado en este apartado, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, solicita que se inaplique el artículo 62, fracción VII de la Ley Electoral de Querétaro, pues considera que prevé una restricción injustificada y desproporcionada del derecho a ocupar un cargo público.

Dicha petición es inatendible, en razón de que el solicitante es la autoridad señalada como responsable en la demanda y no el actor, requisito éste necesario para analizar planteamientos de inconstitucionalidad en el presente juicio.

V. Derecho de petición del actor Miguel Ángel Álvarez Jiménez.

Dice el actor Miguel Ángel Álvarez Jiménez, que se vulnera su derecho de petición porque la LVI Legislatura de Querétaro no le ha respondido los escritos presentados el ocho y catorce de diciembre del dos mil diez.

Al respecto, en su informe circunstanciado, la autoridad responsable aduce que el diez de diciembre del dos mil diez, fijó en sus estrados el acuerdo recaído a las peticiones mencionadas por el actor y que en dicho acuerdo se le otorgaron diez días hábiles para que pagara las copias respectivas, a fin de entregarle la documentación solicitada.

Tanto en el informe como en la demanda, se asienta que el actor promovió juicio de amparo en contra de la omisión de responder su petición presentada el ocho de diciembre del dos mil diez, respecto de la cual se programó el doce de enero del dos mil once para celebrar la audiencia constitucional.

En principio, cabe referir que el hecho de que se haya promovido un juicio de amparo no impide a esta Sala Superior abordar el agravio referido por el actor, debido al criterio sostenido en la tesis II/2009, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA SUSTANCIACIÓN PARALELA DE UN JUICIO DE AMPARO ES INDEPENDIENTE DE LA CADENA IMPUGNATIVA RESERVADA A LA MATERIA ELECTORAL."

Pues bien, es ineficaz el agravio aducido por el actor.

Como se explicará a continuación el derecho de petición ejercido por el actor tiene carácter instrumental, pues en realidad lo que pretende impugnar es el procedimiento de designación de consejeros.

En efecto, tal como ha sostenido esta Sala Superior en las sentencias dictadas en los medios de impugnación identificados con los expedientes SUP-JDC-517/2006, SUP-RAP-49/2007, SUP-JDC-498/2009, SUP-JDC-2983/2009 y SUP-JDC-1136/2010, el derecho de petición tiene dos vertientes: puede tener existencia o identidad autónoma (artículo 8° constitucional), o bien, asumir un carácter instrumental, cuando se encuentra ligado indisolublemente a la intención de ejercer diverso derecho fundamental.

El derecho fundamental de petición, por la forma abierta en que se encuentra configurado constitucionalmente, con independencia de su contenido, con la única limitante de que en casos de aspectos políticos su ejercicio se encuentra garantizado por el ordenamiento en exclusiva a los ciudadanos mexicanos, por lo que, en tanto la solicitud respectiva cumpla con los requisitos señalados, existe la exigibilidad o deber jurídico para la autoridad u órgano partidista destinatario, de dar una respuesta oportuna.

Por ende, al amparo del derecho de petición un ciudadano puede presentar cualquier tipo de queja y, en general, toda clase de solicitud, incluso de forma independiente a la existencia o no de un derecho o interés personal en relación a lo solicitado, o bien, por el contrario, servir de base o instrumento su ejercicio para la realización o satisfacción de otros derechos, prerrogativas y bienes jurídicos igualmente tutelados por la Ley Fundamental.

Esta amplia gama de posibilidades fácticas permite distinguir que el derecho de petición puede guardar, por un lado, una entidad o existencia autónoma y desvinculada de cualquier otro derecho o facultad, y por otro, un carácter instrumental para facilitar o estar en condiciones de ejercer algún otro derecho subjetivo concedido por la ley, con el que guarda íntima vinculación y sin el cual, la petición carece de relevancia o virtualidad normativa, al tratarse de una herramienta o instrumento para la consecución de dicho derecho.

En el caso concreto, el ejercicio del derecho de petición cuya violación se aduce reviste una naturaleza instrumental, en tanto que la finalidad que se persigue no es la simple contestación a las solicitudes de ocho y trece de enero del año en curso, sino que la petición constituye un medio jurídico a través del cual el actor pretende obtener o acceder a la información relativa al procedimiento de designación de consejeros electorales para su impugnación, siendo que, como ya se dijo, está apegado a Derecho en los términos ya precisados.

Es cierto que la autoridad responsable no acompañó constancias que acreditarán que, efectivamente, puso a disposición del actor la documentación que le requirió, pues no acompañó la supuesta cédula de notificación publicada en sus estrados, con la cual, la responsable adujo haber notificado al actor que estaban a su disposición las copias una vez que hiciera el pago correspondiente.

Dicha cédula no se exhibió por la responsable ni se acompañó con el informe circunstanciado, con lo cual, en principio, podría considerarse que no acreditó haber cumplido con el derecho de petición del actor.

No obstante, se estima que el derecho de petición ejercido por el actor está plenamente colmado al estar probado en autos que ya tuvo acceso a la información que pretendía solicitar y que dijo desconocer, pues ese derecho no lo ejerció de manera independiente sino como un medio o instrumento, con la finalidad de conocer la fundamentación y motivación que justificó el procedimiento de designación de consejeros electorales en Querétaro.

En efecto, en sus respectivos escritos, el actor solicitó a la responsable lo siguiente:

Escrito presentado el ocho de diciembre del dos mil diez:

"A) Copias certificadas de la declaratoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en la convocatoria para ocupar el cargo de consejero electoral para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

B) Se me informe si el suscrito fue electo como Consejero Electoral, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

C) Copias certificadas para el caso de que ya se haya celebrado la Sesión de Pleno de la presente Legislatura para la elección de Consejeros Electorales para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

D) Transcripción de la sesión celebrada para ese efecto.

E) Copias certificadas de la lista de asistentes a la sesión de pleno anteriormente detallada, así como la lista de asistencia con su firma autógrafa, donde se haga constar su asistencia.

F) Copias certificadas del proceso de elección de los Consejeros Electorales, conjuntamente con todos los anexos referentes a dicho proceso.

G) De haberse elegido a los integrantes del Consejo Electoral, detallar sus nombres, así como la copia respectiva del nombramiento a cada uno de ellos y los anexos que existieran referentes a dichos nombramientos y/o, en su caso, copias certificadas del decreto por el que se eligen consejeros electorales propietarios y consejeros electorales suplentes del instituto electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017."

Escrito presentado el catorce de diciembre del dos mil diez:

Con fundamento en los artículos 8, 35, fracción V, de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos; pacífica y respetuosamente digo:

La Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c); 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; establecen el principio de certeza en la integración de la autoridad electoral y garantiza que ésta pueda ejercer plenamente sus atribuciones; por lo que se puede estimar correcto para que se respire un ambiente de certidumbre en la entidad, es que los consejeros electorales actuales, continúen en el desempeño de su cargo, hasta que se resuelva legalmente quienes ocuparan el mismo, ello para evitar la desintegración del órgano, vulnerando la eficacia de su actuación. Me parece que esto sería lo mejor y sería una solución político-electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa H. LVI Legislatura del Estado de Querétaro, solicito:

ÚNICO.- Que los actuales consejeros electorales sigan en su cargo, rogando por el caso de ser improcedente mi propuesta me la hagan saber en breve término.

Junto con su demanda, el propio actor acompañó como anexos los siguientes documentos:

- Convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo 2010-2017.

- Acuse original de la solicitud y entrega de documentos del actor para ocupar uno de los cargos mencionados en el numeral anterior.

- Declaratoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en las bases segunda y tercera de la Convocatoria referida.

- Publicación en la gaceta legislativa número 33 de doce de noviembre de dos mil diez, de la Declaratoria antes referida.

- Acta de la Sesión del Pleno de la LVI Legislatura de Querétaro publicada en la Gaceta número 34 de veinticinco de noviembre de dos mil diez.

- Acuse original del escrito de ocho de diciembre del año pasado, mediante el cual el actor solicitó diversos documentos a la Legislatura local.

- Acuse original de catorce de diciembre de dos mil diez, por el que solicitó que los Consejeros Electorales en funciones continuaran en su cargo.

- Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo 2010-2017, publicado en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" el dieciséis de diciembre pasado.

Las probanzas en cuestión, a pesar de ofrecerse en copias simples, hacen prueba plena en contra del actor, pues no controvierte su veracidad, sino su legalidad, aparte de que están corroboradas con las documentales remitidas por la responsable y que obran en los diversos juicios acumulados, de tal manera que merecen credibilidad en cuanto a su contenido.

De esas documentales, es fácil advertir lo siguiente:

- La declaratoria de la Junta de Concertación Política, por la cual tuvo por cumplidos los requisitos para participar en el procedimiento de designación de consejeros locales, de cincuenta y cuatro interesados.

- El acta de la sesión del Pleno de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, celebrada el treinta de noviembre del dos mil diez, en la que se designaron los consejeros electorales locales.

- Los nombres de los consejeros designados, entre los cuales no aparece el del actor Miguel Ángel Álvarez Jiménez.

- Los nombres de los diputados presentes en la citada sesión y el número de diputados que votaron a favor de las referidas designaciones.

- El Decreto por el cual se publicó en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", la referida designación y el señalamiento de la fecha en que protestaron y tomarían posesión del cargo los consejeros respectivos.

De lo anterior se advierte que el primero de sus escritos, el actor lo dirigió a la autoridad para obtener precisamente el tipo de documentos que ya tenía en su poder y que acompañó con la demanda que nos ocupa; además de que solicitó información de aspectos que supuestamente dijo desconocer.

En efecto, en relación con su primera petición del escrito de ocho de diciembre del dos mil diez, el actor aportó documentación a este juicio de la que claramente se advierte que no fue designado como consejero, donde constan los nombres de los ciudadanos designados y las actuaciones en que se sustentó dicho procedimiento, las cuales hacen prueba plena en su contra al haberlos aportados como anexos, con lo cual, es evidente que no desconoce la información por la que se dice afectado al no contestarle su escrito de petición.

Aparte de que ya se abordó todo lo actuado en torno al procedimiento de designación de consejeros electorales, de ahí que la finalidad última del actor, consistente en cuestionar dicha actuación, ha sido materia de estudio en esta ejecutoria.

Sin que obste a lo anterior su petición presentada el catorce de diciembre del dos mil diez, en la que propuso o sugirió a la legislatura una solución política-electoral para que los nuevos consejeros designados no ocuparan el cargo hasta en tanto se resolvieran las impugnaciones respectivas, pues es evidente que dicha propuesta no fue atendida favorablemente, por la autoridad responsable dado que los nuevos consejeros designados tomaron posesión del cargo el quince de diciembre del dos mil diez, en términos de la convocatoria respectiva.

En suma, es evidente que el derecho de petición del actor está plenamente colmado, pues las diversas respuestas que pretendía obtener las conocía a partir de las documentales que ofreció y que obran en este expediente, ello con independencia de que ejerció dicho derecho como un medio o instrumento para combatir actos que en esta ejecutoria se han abordado exhaustivamente conforme a los agravios expuestos en todos los juicios acumulados.

Por lo anterior, es ineficaz el agravio del actor, ello con independencia de que al notificarle la integridad de esta sentencia estará en condiciones de conocer a plenitud los aspectos que formaron parte de su derecho de petición, aunado a que se ordena poner a disposición del actor las diversas constancias valoradas en este juicio, relacionadas con la designación de consejeros materia de su inconformidad, para que, de solicitarlo, obtenga las copias que estime pertinentes.

En mérito de todo lo anterior, al haberse analizado los motivos de inconformidad hechos valer, lo que corresponde es:

1. Dejar intocada la denominada "Convocatoria a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 15 de diciembre del 2010 al 14 de diciembre del 2017", emitida por la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, el treinta y uno de octubre del dos mil diez, por no haberse controvertido en juicio.

2. Confirmar la designación de consejeros para integrar el Instituto Electoral de Querétaro, en los términos antes precisados.

3. Confirmar la validez de la sesión de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, iniciada el treinta de noviembre del dos mil diez, al integrarse con el quórum necesario y al haber adoptado sus decisiones con las dos terceras partes de sus integrantes presentes.

4. Modificar la designación de consejeros propietarios y suplentes y el denominado "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017", publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "la Sombra de Arteaga", derivado, exclusivamente, de la ilegal designación del consejero propietario Raúl Ruiz Canizales.

5. Como consecuencia de esto último, el Congreso del Estado de Querétaro deberá realizar una nueva designación de consejero electoral propietario, en lugar de Raúl Ruiz Canizales, la cual deberá publicarse en su oportunidad a través del Decreto que corresponda, para lo cual:

a. La legislatura deberá realizarlo en el ámbito de sus atribuciones, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este fallo, toda vez que no se está durante un proceso electoral en curso, no hay riesgo de afectar la integración del órgano, ni existe urgencia para la designación.

b. La elección debe recaer en alguno de los ciudadanos del universo de los cincuenta y cuatro aspirantes que se declaró que reunieron los requisitos constitucionales y legales para dicho cargo y según el informe que emitió para tal efecto la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura.

Lo anterior, en el entendido de que la responsable deberá informar a esta Sala Superior lo relativo al cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-JDC-1246/2010, SUP-JDC-1247/2010, SUP-JDC-1248/2010, SUP-JDC-1249/2010, SUP-JDC-1253/2010, SUP-JDC-1254/2010, SUP-JDC-1255/2010, SUP-JDC-1256/2010, SUP-JDC-1257/2010, SUP-JDC-1260/2010, SUP-JDC-1261/2010, SUP-JDC-1266/2010, SUP-JDC-1267/2010 y SUP-JDC-6/2011 al SUP-JRC-412/2010.

En consecuencia, glósese copia certificada de la presente ejecutoria en los expedientes citados.

SEGUNDO. Se confirma la designación de Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, realizada por la LVI Legislatura de dicha entidad, en los términos del considerando que antecede.

TERCERO. Se confirma la validez de la sesión de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, iniciada el treinta de noviembre de dos mil diez, en la que se designaron a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, en términos de lo resuelto en el considerando que antecede.

CUARTO. Se modifica el acuerdo de designación de consejeros emitido en la sesión de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, iniciada el treinta de noviembre de dos mil diez, exclusivamente por lo que ve a la designación de Raúl Ruiz Canizales, por no reunir los requisitos legales para ocupar el cargo, en los términos de lo precisado en el último considerando de este fallo.

QUINTO. Se modifica el denominado "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre del 2017", exclusivamente por lo que ve a la designación de Raúl Ruiz Canizales, por no reunir los requisitos legales para ocupar el cargo, en los términos de lo precisado en el último considerando de este fallo.

SEXTO. Se ordena a la LVI Legislatura del Estado de Querétaro realizar nueva designación de consejero propietario en lugar de Raúl Ruiz Canizales, en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo.

NOTIFÍQUESE: personalmente, a los actores en los domicilios de esta ciudad señalados en sus respectivos escritos; en su caso, por correo certificado a quienes señalaron domicilio fuera de esta ciudad y por correo electrónico a quienes tienen un certificado vigente en esta Sala Superior; por oficio, a la LVI Legislatura y a la Junta de Concertación del Congreso del Estado de Querétaro, con copia certificada de la presente ejecutoria y, por estrados, a los demás interesados.

Devuélvanse los documentos atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de los resolutivos primero, segundo y tercero, por una mayoría de cinco votos, con el voto concurrente de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar, y el voto en contra de los Magistrados Manuel González Oropeza y José Alejandro Luna Ramos; y en relación con los resolutivos cuarto, quinto y sexto, por una mayoría de cuatro votos, con el voto concurrente del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, y con el voto en contra de los Magistrados Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza y José Alejandro Luna Ramos. Los Magistrados Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, José Alejandro Luna Ramos y Salvador Olimpo Nava Gomar formularon por escrito los votos concurrentes, con reservas y particulares respectivos, en los cuales sustentan las consideraciones jurídicas del sentido de los mismos. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO RAZONADO, CON RESERVA, CONCURRENTE Y PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, ACUMULADOS, IDENTIFICADOS CON
LAS CLAVES SUP-JRC-412/2010, SUP-JDC-1246/2010,
SUP-JDC-1247/2010, SUP-JDC-1248/2010, SUP-JDC-1249/2010, SUP-JDC-1253/2010, SUP-JDC-1254/2010, SUP-JDC-1255/2010, SUP-JDC-1256/2010, SUP-JDC-1257/2010, SUP-JDC-1260/2010, SUP-JDC-1261/2010, SUP-JDC-1266/2010 Y SUP-JDC-1267/2010, SUP-JDC-6/2011.

Si bien coincido con el punto resolutivo segundo, de la sentencia dictada al resolver el juicio de revisión constitucional electoral y los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, acumulados, citados al rubro, promovidos por el Partido Acción Nacional, Cecilia Pérez Zepeda, Oscar José Serrato Quillo; Erika Elizabeth Mendoza Martínez, Heriberto Garduño Sosa, Oscar Ulises Murillo Rodríguez, José Alejandro Ramírez Reséndiz, Arturo Marcial Padrón Hernández, Agustín Alcocer Alcocer, José Antonio Zumaya de la Mora, José Fabio Espinosa, Rocío Dorantes Trejo, Raúl Reyes Trejo, Oscar Ulises Murillo Rodríguez, Arturo Marcial Padrón Hernández y Miguel Ángel Álvarez Jiménez, respectivamente, para controvertir el procedimiento de designación de Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, así como el "Decretos por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017", actos atribuidos a la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, considero pertinente exponer las razones de mi voto, en los términos siguientes:

VOTO RAZONADO

En principio, debo precisar que a fin de exponer las razones por las cuales coincido con el proyecto de resolución, en cuanto a confirmar la designación de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, sin que ello implique que voto a favor de los resolutivos cuarto, quinto y sexto, y las consideraciones que lo sustentan, dado que, como expondré, no coincido con ello.

Previó a exponer las razones de este voto razonado, es menester hacer una recapitulación de los antecedentes de los juicios acumulados.

1. El treinta y uno de octubre de dos mil diez, la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, emitió la convocatoria para la designación de consejeros electorales que integraran el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo del quince de diciembre de dos mil diez al catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

La convocatoria es del tenor siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS ELECTORALES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN IV Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 62 Y 63 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 125, 126, 145 FRACCIÓN XIII Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

CONVOCA

A los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, que reúnan los requisitos legales y los que establece la presente convocatoria, conforme a las siguientes:

BASES

Primera.- El procedimiento para la elección de los Consejeros Electorales, dará inicio con la publicación de la presente convocatoria y concluirá con la toma de protesta de los ciudadanos que hayan resultado electos.

Segunda.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con credencial para votar;

III.- No tener más de setenta años de edad al día de la designación, ni menos de treinta;

IV.- No ser militar en activo, ni ministro de culto religioso alguno;

V.- Haber residido en el Estado durante los tres años anteriores a la designación;

VI.- No desempeñar ni haber desempeñado cargos directivos en partidos políticos, a nivel municipal, estatal o nacional o en alguna de sus organizaciones adherentes, por lo menos los tres años anteriores a su designación, ni ser militante de partido político o asociación política alguna;

VII.- No ocupar ni haber ocupado cargo o comisión o laborar ni haber laborado durante el último año anterior al proceso electoral, en empleo alguno de la federación, estado o municipios;

VIII.- No haber sido postulado a cargo alguno de elección popular, ni haber sido representante de partido político ante los consejos electorales, en los tres años anteriores a la designación;

IX.- Tener título profesional legalmente expedido;

X.- Acreditar conocimientos en materia electoral; y

XI.- No haber sido condenado por delito doloso;

Tercera.- El registro de aspirantes se realizará a partir del día 9 de noviembre y hasta el día 10 del mismo mes y año, en horario de las 09:00 a las 16:00 horas, debiendo acudir personalmente a entregar, en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva, con domicilio en calle 5 de Mayo esquina con Luis Pasteur, Centro Histórico de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. la siguiente documentación:

a) Solicitud por escrito elaborada por el aspirante;

b) Currículum vitae actualizado con fotografía reciente, anexando copias simples de los documentos que acrediten conocimientos en materia electoral;

c) Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía;

d) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos señalados en la Ley y la presente convocatoria;

e) Escrito de aceptación de las bases, procedimientos y alcances de la presente convocatoria;

f) Ensayo de tema libre en materia político-electoral, en un máximo de diez cuartillas, letra arial 12, márgenes 2.5 cm y a 1.5 líneas. El ensayo deberá entregarse impreso y con respaldo en archivo electrónico.

g) Señalar número telefónico y domicilio en esta Ciudad, así como correo electrónico para recibir cualquier tipo de notificación.

Cuarta.- Al cierre del registro, la Presidencia de la Mesa Directiva, remitirá a la Junta de Concertación Política, la relación de los aspirantes que se registraron y la documentación respectiva. Posteriormente la Junta de Concertación Política integrará los expedientes y revisará la documentación de los aspirantes a candidatos a fin de verificar que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Para este efecto, adicionalmente podrá solicitar o allegarse de la documentación o elementos que estime necesarios;

Quinta.- El día 12 de noviembre del año en curso, la Junta de Concertación Política hará la declaratoria de los aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en la presente convocatoria y ordenará su publicación en la Gaceta Legislativa, en estrados y en el portal de internet del Poder Legislativo (www.legislaturaqro.gob.mx)

En la declaratoria se indicará la fecha, hora y lugar en que deberán acudir los aspirantes para la exposición del ensayo y el desahogo de las entrevistas. Las citas se asignarán en estricto orden alfabético.

La publicación surtirá efectos de notificación a los participantes.

Sexta.- Las exposiciones y entrevistas se realizarán en las instalaciones del Poder Legislativo, en sesiones públicas entre el 16 y el 21 de noviembre del año en curso, tendrán una duración máxima de 40 minutos por cada participante y se desarrollarán bajo el siguiente formato:

a) La Junta de Concertación Política se declarará en sesión permanente a efecto de entrevistar a cada uno de los aspirantes, quienes contarán hasta con 10 minutos para exponer los puntos centrales de su ensayo y no podrán ser interrumpidos durante ésta intervención. Acto seguido los miembros de la Junta formularán sus preguntas;

b) La entrevista se orientará a aspectos técnicos y/o jurídicos propios de la materia político-electoral y tiene por objeto comprobar que los aspirantes poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos que les permitan el desempeño eficaz y calificado de la función por asignar;

c) Cada candidato contará hasta con tres minutos para responder cada una de las preguntas que se formulen;

d) Los candidatos deberán acudir el día y hora señalados, las citas no podrán reprogramarse, salvo acreditarse caso fortuito o de fuerza mayor, a juicio de la propia Junta de Concertación Política;

Séptima.- Concluido el ejercicio de exposiciones y entrevistas, la Junta de Concertación Política, procederá a formular la propuesta de los aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados respecto de su entrevista y que hayan demostrado contar con los conocimientos para ejercer el cargo de Consejero Electoral.

Octava.- La Junta de Concertación Política, determinará la propuesta de los candidatos a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

Novena.- En la sesión de pleno que al efecto convoque la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, se presentará la propuesta de la Junta de Concertación Política y se procederá a su discusión y votación.

En esta sesión, serán designados Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, de conformidad con lo que establece el artículo 17 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro y se les tomará la protesta de ley.

Décima.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por acuerdo de la Junta de Concertación Política.

Décima primera.- La decisión del Pleno de la Legislatura, será inapelable y no admite recurso alguno.

Décima segunda.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación.

2. Los días nueve y diez de noviembre del dos mil diez, los ciudadanos ahora actores se inscribieron en el procedimiento, previsto en la convocatoria que ha quedado trascrita, a fin de participar en la selección de consejeros electorales locales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro.

3. El doce de noviembre del dos mil diez, la Junta de Concertación Política, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, emitió la declaratoria respecto de los cincuenta y cuatro aspirante a consejeros electorales locales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Electoral local, que cumplieron los requisitos previstos en las bases segunda y tercera, de la convocatoria que ha quedado transcrita, razón por la cual se determinaron las horas y fechas para sus respectivas entrevistas, ante la aludida Junta de Concertación Política.

4. En el periodo del dieciséis al veinte de noviembre de dos mil diez, los cincuenta y cuatro aspirantes que habían cumplido los requisitos, fueron entrevistados por la Junta de Concertación Política, en términos de lo previsto en la base sexta de la convocatoria.

5. En sesión iniciada el treinta de noviembre y concluida el uno de diciembre de dos mil diez, la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro designó a los consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Instituto Electoral de esa entidad federativa.

En la aludida sesión, no estuvieron presentes nueve, de los diez diputados que conforman el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo anterior, la sesión se desarrollo con la asistencia de dieciséis de veinticinco diputados que integran la Legislatura local.

6. El dieciséis de diciembre del dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, el "Decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017". El aludido Decreto es al tenor siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN IV, Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 126 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 63 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONSIDERANDO

1. Que la elección de los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro corresponde a la Legislatura del Estado según se establece en el artículo 17, fracción IV de la Constitución Local.

2. Que el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro durarán en su cargo, siete años pudiendo ser reelectos por un periodo igual.

3. Que el artículo 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece que los Consejeros Electorales se elegirán en el mes de noviembre del año que corresponda.

4. Que del "Decreto por el que se eligen Consejeros Electorales Propietarios y Consejeros Electorales Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el período 2003-2010", se desprende que el período para el que fueron electos dichos Consejeros, concluye el 14 de diciembre del año en curso.

5. Que a fin de dar cumplimiento a los preceptos invocados, mediante acuerdo aprobado el 29 de Octubre de 2010, esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado por conducto de la Mesa Directiva y de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, dio inicio al procedimiento para la elección de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, emitiendo para tal efecto la Convocatoria respectiva en la que se establecieron las bases para la participación de los ciudadanos interesados en ocupar los cargos conducentes en el Instituto Electoral de Querétaro.

6. Que como consecuencia de esta Convocatoria y de acuerdo al Informe presentado por la Mesa Directiva, se registraron 64 aspirantes, de los cuales, la Junta de Concertación Política en cumplimiento a la base quinta de la misma, emitió la Declaratoria de los 54 aspirantes que cumplieron con los requisitos señalados en las bases segunda y tercera de la Convocatoria.

7. Que las exposiciones de los ensayos y desahogo de las entrevistas de los aspirantes a Consejeros Electorales se llevaron a cabo los días 16 al 20 de noviembre del presente año.

8. Que derivado de este proceso y en cumplimiento a la base novena de la citada Convocatoria y lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en Sesión de Pleno de fecha 30 de noviembre del año en curso, se presentó al Pleno de la Legislatura la propuesta de los ciudadanos para ocupar los cargos de Consejeros Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, reconociendo el mérito y trayectoria de los aspirantes, a efecto de llevarse a cabo la votación y elección correspondiente, con lo que el trámite y proceso para la elección de Consejeros Electorales se realizó en tiempo y forma.

9. Que considerando que los diputados que integran el Congreso del Estado de Querétaro son depositarios del mandato popular que reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano y en el caso concreto el queretano.

10. Que de esta forma, los integrantes del Congreso queretano tienen como tarea principal, la representación de la soberanía popular en la función legislativa, ejercida a través de diputados libres de pensar, opinar y decidir en la esfera de su competencia.

11. Que acorde a la facultad contenida en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el Congreso puede interpretar las normas aplicables en el ámbito de su competencia, tal como lo plasmó el Constituyente en el considerando 21 del ordenamiento constitucional de la entidad.

12. Que existen diversos criterios de interpretación, por lo que en ejercicio de sus competencias este Congreso considera que la norma aplicable debe interpretarse en forma sistemática y funcional, criterios que en esencia interpretan el contenido de una norma estudiando un conjunto de normas y los fines de ésta y privilegiar indefectiblemente el cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución Política del Estado de Querétaro.

Por tanto, al existir un término constitucional que exige el cumplimiento de una obligación que en el caso concreto es elegir al máximo órgano de dirección en materia electoral, que lo son los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral. Lo anterior toda vez que sin duda el espíritu de la norma es dotar al Instituto Electoral de los Integrantes del Consejo General electos de manera plural por la mayoría de los miembros de la Legislatura.

13. Que al exigir el artículo 17, fracción IV de la Constitución del Estado de Querétaro, una votación calificada, esta interpretación debe ser considerada como de los miembros de la legislatura presentes.

Lo anterior tiene su fundamento en que la soberanía popular está depositada en los representantes populares a través de la función legislativa, y es obligación de los diputados integrantes de este congreso acudir a las sesiones y cumplir la alta responsabilidad encomendada. Interpretar lo anterior en forma diferente implicaría para este congreso violentar la Constitución Política del Estado de Querétaro al dejar de cumplir con la obligación Constitucional de elegir a los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro y es claro que esta obligación debe privilegiarse ante el claro incumplimiento de la Ley Orgánica de los representantes de la ciudadanía de acudir a las sesiones, acción con la cual podría postergarse indefinidamente el acatar el mandato Constitucional.

14. A mayor abundamiento, de una interpretación conforme a la Constitución del Estado de Querétaro en concordancia con la Ley Orgánica en el artículo 17 fracción VI, que exige la asistencia de los diputados a las sesiones, y toda vez que se cumplen los requisitos legales y constitucionales para que se elijan a los Consejeros Electorales por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura, esto debe ser interpretado como los miembros presentes que acudieron a la sesión convocada para tal efecto.

15. Ante la existencia de quórum legal y votación calificada, dado la asistencia y votación de 16 diputados, se cumplen los requisitos constitucional y legalmente exigidos.

Por lo anteriormente expuesto, esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ELIGEN A LOS CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

Artículo Primero. Se eligen como Consejeros Electorales Propietarios del Instituto Electoral de Querétaro para ejercer el cargo durante el periodo comprendido del 15 de Diciembre de 2010 al 14 de Diciembre de 2017, a los ciudadanos José Vidal Uribe Concha, Magdiel Hernández Tinajero, Raúl Ruiz Canizales, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, Yolanda Elías Calles Cantú, María Esperanza Vega Mendoza y Demetrio Juaristi Mendoza.

Artículo Segundo. Se eligen como Consejeros Electorales Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para fungir con ese carácter durante el período comprendido del 15 de Diciembre de 2010 al 14 de Diciembre de 2017, a los ciudadanos:

1. Alfredo Flores Ríos.

2. Jesús Uribe Cabrera.

3. Carlos Silva Reséndiz.

4. Guillermo Castellanos Guzmán.

5. José Juan Rodríguez Perusquía.

6. Violeta Fabiola Barbosa Villanueva.

7. Gonzalo Ruiz Posada.

La elección de los Consejeros Electorales Suplentes, se entiende realizada en el orden señalado al tenor del presente artículo, a afecto de que, en su caso, entren al ejercicio del cargo, conforme a dicha prelación, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Envíese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la "Sombra de Arteaga".

Precisados los antecedentes, se advierte claramente, para el suscrito, lo siguiente:

La Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro emitió convocatoria a fin de designar a los consejeros electorales locales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Electoral local.

En la emisión de la aludida convocatoria, participaron todos los partidos políticos que integran la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, incluido el Partido Acción Nacional.

De la lectura de la convocatoria de treinta y uno de octubre de dos mil diez se advierte, claramente, que el Pleno del citado órgano legislativo local, no previó, en forma alguna, un procedimiento específico para aquellos Consejeros electorales en funciones con derecho a la reelección.

Asimismo, de la revisión de las constancias de autos, como se ha precisado, se advierte que el nueve y diez de noviembre del dos mil diez, los ciudadanos ahora enjuiciantes se inscribieron a fin de participar en el procedimiento previsto en la convocatoria, para participar en la designación de consejeros electorales locales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro.

Lo anterior, me lleva a la consideración de que los ciudadanos enjuiciantes consintieron y aceptaron las normas previstas en la convocatoria, sometiéndose y aceptando todas las consecuencias de Derecho que resultaran de la aplicación de la misma.

En efecto, si los ciudadanos ahora actores, consideraron que la emisión de la convocatoria, o cualquier norma prevista en ella, resultaba contraria a Derecho, debieron promover en tiempo y forma, el o los medios de impugnación que consideraran pertinentes, a efecto de que se determinara la ilegalidad o legalidad de la aludida convocatoria.

En este orden de ideas, resulta pertinente resaltar el caso particular de Cecilia Pérez Zepeda, quien fungió como Consejera del Instituto Electoral de Querétaro, y que tenía derecho a la reelección.

La aludida ciudadana considera que no se siguió el procedimiento de reelección, conforme a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual considera que el decreto por cual no fue ratificada carece de fundamentación y motivación.

El anterior concepto de agravio, a mi juicio, no puede ser enderezado, válidamente, por la ciudadana actora, porque, como he expuesto, no controvirtió la emisión de la convocatoria, y se sometió a su aplicación, siendo que ese era el momento oportuno para hacer valer el argumento expuesto en el párrafo que antecede, sin que sea conforme a Derecho, que lo haga valer en este momento.

En efecto, la actora consintió la convocatoria, y no puede, so pretexto de impugnar su no designación como Consejera Electoral, hacer valer conceptos de agravio a fin de controvertir un acto que aceptó y consintió tácitamente, al no haber impugnado en tiempo y forma la aludida convocatoria.

Cabe precisar que el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, en la LVI Legislatura del Estado de Querétaro participó en la elaboración y aprobación de la convocatoria para la designación de Consejeros Electoral.

Asimismo, el aludido Grupo Legislativo tuvo representación en todas las etapas que llevó a cabo la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura, por conducto de su Coordinador.

Afirmo lo anterior, porque en autos no está desvirtuado que ese Grupo Legislativo haya participado en la elaboración de la convocatoria y en el desarrollo del procedimiento, hasta antes de la designación de los Consejeros electorales, por el Pleno de la LVI Legislatura.

En este orden de ideas, a mi juicio, el Partido Acción Nacional, no puede aducir que no se respetó el procedimiento de ratificación de los Consejeros Electorales en funciones, si la convocatoria fue publicada en el periódico oficial de la entidad federativa, máxime que el Grupo Legislativo de ese instituto político, participó en el citado procedimiento.

Por lo anterior, es que, ante la falta de impugnación en tiempo y forma de la convocatoria para la designación de Consejeros, por parte de todos los enjuiciantes, y el sometimiento de los ciudadanos a las normas ahí previstas, es que voto a favor del resolutivo segundo, en cuanto a confirmar la designación de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, sin que ello implique que voto a favor de los resolutivos cuarto, quinto y sexto, y las consideraciones que lo sustentan.

R E S E R V A :

Respecto de las consideraciones de la mayoría en cuanto a que no es necesario un procedimiento específico de evaluación para la reelección o ratificación de los consejeros electorales en funciones, y que este derecho se respecta con la sola participación de esos funcionarios en el procedimiento de designación, emito reserva por no coincidir con esos argumentos.

Asimismo, respecto de la cita que se hace en la sentencia aprobada por la Mayoría de que, un similar criterio se sostuvo al emitir sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-3000/2009, en forma alguna me vincula, dado que emití voto particular por no coincidir con la argumentación que se sostuvo en esa sentencia.

Por cuanto hace al procedimiento de reelección o ratificación, es mi convicción que debe ser diverso al de designación, pues he considerado al respecto lo siguiente.

De conformidad con la interpretación sistemática y teleológica de los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la convocatoria que se emita para la renovación del Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa debió prever, en relación con los consejeros electorales en posibilidad de ser reelectos, un procedimiento diverso y no sujetarlos al mismo procedimiento que aquellos aspirantes a ser designados.

Lo anterior es así porque, quienes han sido designados y tienen el derecho de poder ser ratificados o reelectos en el cargo, tienen una situación jurídica diversa a los ciudadanos que aspiran a ser Consejeros Electorales por primera vez, pues es evidente que carecen del derecho de reelección o ratificación, lo que forzosamente incide en el procedimiento de renovación del aludido órgano administrativo electoral.

En efecto, el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución General de la República, prevé:

Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[…]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

[…]

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

De conformidad con el artículo trasunto, las constituciones y las leyes de los Estados deben garantizar los principios rectores en el ejercicio de la función electoral, a fin de que las autoridades de la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, debido a la función que desarrollan.

Entre los principios que rigen la materia electoral, se debe incluir el de profesionalización, porque el hecho de que se prevea un plazo determinado para el ejercicio del cargo de Consejero Electoral y que exista la posibilidad de ser reelecto o ratificado para un período más, es un aspecto que se identifica con el principio mencionado, en tanto que permite que aquellos ciudadanos que desempeñaron el cargo con excelencia profesional, honestidad y diligencia, incide en la observancia de los principios constitucionales de independencia y autonomía de los órganos electorales.

A mi juicio es un criterio orientador, lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada visible a foja mil ciento vente, del tomo XXIX, correspondiente a abril de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHA ENTIDAD, AL PREVER UN PERIODO DE 3 AÑOS PARA LA DURACIÓN EN LOS CARGOS DE CONSEJERO PRESIDENTE Y CONSEJEROS ELECTORALES Y LA POSIBILIDAD DE SU REELECCIÓN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL PREVISTOS EN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional del Estado de Jalisco no viola los principios rectores en materia electoral previstos en el numeral 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a) El momento de la designación de la nueva integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad no coincide con el periodo de renovación de la Legislatura Local, lo que garantiza que el órgano electoral no se vea influido por intereses partidistas; b) Dicha renovación deberá llevarse a cabo de manera escalonada; y, c) No se transgrede la profesionalización del órgano electoral, ya que 3 años es un plazo razonable en el que los funcionarios que lo integren podrán ejercer en forma continua y reiterada su función, pudiendo en ese tiempo conocer y cultivar con un cierto grado de especialidad la materia. Esto es, las características de profesionalización, renovación escalonada y no coincidencia del periodo de la renovación del órgano electoral con el del Congreso Local, coadyuvan para lograr un adecuado desarrollo de las funciones que legalmente corresponden al órgano electoral y su cumplimiento se traducirá en la observancia de los principios de independencia y autonomía establecidos para las autoridades electorales por la Ley Suprema.

De acuerdo con el criterio del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite a las constituciones y leyes de los Estados lo relativo a garantizar la independencia y autonomía de las autoridades electorales locales, para lo cual se debe prever lo relativo al periodo de duración del cargo, por lo cual la posibilidad de reelección se traducen en un aspecto que incide de forma inmediata y directa en la profesionalización, porque al estar previsto un plazo razonable para que los funcionarios electorales integren el órgano y puedan ejercer en forma continua y reiterada esa función, logrando así cultivar un cierto grado de especialización en la materia, lo cual coadyuva a la observancia de los principios de independencia y autonomía.

Así, en el Estado de Querétaro, en términos del artículo 32, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, los Consejeros Electorales en funciones tienen derecho a ser reelectos, por un periodo igual, y sólo podrán ser removidos por causas graves, que se determinen en la ley, el aludido artículo es al tenor siguiente:

Artículo 32. El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales. En su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, a través de siete consejeros electos por la Legislatura. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores.

El Instituto Electoral de Querétaro podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste organice procesos electorales locales.

Los Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro durarán en su encargo siete años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual y sólo podrán ser removidos por las causas graves que la ley señale y con la misma votación requerida para su nombramiento.

En términos del contenido del precepto transcrito, a mi juicio, está expresamente previsto el principio de profesionalización, junto con los de independencia y autonomía, por cuanto hace al funcionamiento del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, porque se destaca que el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro se integra por siete consejeros electorales, electos por el Poder Legislativo, para un período de siete años y podrán ser reelectos por un periodo igual.

Precisado lo anterior, debo destacar que si la Constitución de un Estado, integrante de la Federación, reconoce el derecho de reelección o ratificación de los integrantes de una autoridad administrativa electoral, debe existir un procedimiento previo de y especial para aquellos Consejeros que tengan ese derecho y deseen ejercerlo, porque esos ciudadanos no están en igualdad de circunstancias que aquellos que aspiran a ser designados por primera vez.

En este orden de ideas, si la legislación prevé que los Consejeros Electorales tienen derecho a reelección o ratificación, pueden estar en ese supuesto siempre que cumplan requisitos específicos y especiales, como son: haber ejercido el cargo con excelencia profesional, honestidad y diligencia; tener buena reputación y buena fama en la función pública electoral; conservar los requisitos establecidos para su nombramiento, entre otros.

La evaluación de desempeño, que es un elemento sine qua non y propio del procedimiento de reelección o ratificación, tiene como finalidad, que el órgano encargado de la reelección o ratificación pondere el desarrollado del sujeto, que ha expresado su voluntad de ser ratificado, en el desempeño del encargo que ha desempeñado, además de que se debe verificar que no hubiera sobrevenido la pérdida de alguno de los requisitos requeridos para el nombramiento.

Así, a mi juicio, la distinción entre aspirantes y consejeros electorales susceptibles de desempeñar para un segundo período en su encargo, es acorde con lo previsto en la el artículo 32, párrafo tercero, de la constitución local, en cuanto a que primero se refiere que el Poder Legislativo se encargará de la elección de los consejeros electorales, pero después señala que los consejeros electorales podrán ser considerados para un período igual, por lo cual, a mi juicio, del texto de la Constitución del Estado claramente se advierten dos procedimientos: 1) el de elección dirigido a los aspirantes en general, y 2) el de reelección o ratificación que tiene por destinatarios específicos y exclusivos a los consejeros electorales en ejercicio del cargo, con posibilidad de desempeñar un segundo período.

Al atender al principio de profesionalización que rige la función de las autoridades electorales en el Estado de Querétaro, es claro que el sujeto que está en ejercicio del cargo no puede ser valorado de la misma forma que quien aspira a ocupar el mismo, porque en el primer caso, es la función ya desempeñada la que determinará si ha lugar o no a aprovechar la experiencia y especialización acumulada como muestra objetiva de la profesionalización perseguida.

En cambio, para quienes aspiran al cargo no hay experiencia en la función susceptible de ser ponderada, ni desempeño que valorarse, de modo que deberán ser objeto de una evaluación de acuerdo a sus antecedentes curriculares y profesionales, a fin de obtener una presunción sobre la satisfacción del perfil profesional requerido para el desempeño del cargo.

De este modo, atento a la finalidad perseguida por las normas mencionadas, se arriba al mismo resultado interpretativo en cuanto a que los sujetos en posibilidad de ser ratificados no deben sujetarse al mismo procedimiento de selección de los aspirantes al cargo, pues precisamente el desempeño de la función otorga a los consejeros en funciones un derecho de reelección o ratificación, del que carecen los aspirantes, razón por la cual no deben ser sujetos al mismo procedimiento.

La profesionalización de los integrantes de los órganos administrativos electorales es uno de los principios constitucionales en materia electoral, que se debe salvaguardar, entre otros aspectos, con la inclusión en la normativa electoral de la institución jurídica de la reelección de los consejeros electorales y de los magistrados de tribunales electorales.

Ahora bien, los procedimientos de reelección, ratificación, confirmación, prórroga de designación, nueva designación o como el legislador les denomine; deben ser en procedimiento diversos, atendiendo a criterios de evaluación relativas a las funciones de los Consejeros con ese derecho.

Al respecto considero aplicable la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce:

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS.- La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una evaluación, en la que el órgano y órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables de su determinación, y su justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales.

Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 22/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

En conclusión, es mi convicción que el procedimiento de reelección o ratificación debe ser diverso al de designación, sin embargo, como lo he expuesto con antelación en este particular considero que la inactividad procesal oportuna de los actores y el sometimiento de los ciudadanos actores a la convocatoria, me conllevan a emitir voto a favor del resolutivo segundo.

VOTO CONCURRENTE:

Respecto del resolutivo tercero, de la sentencia aprobada por la mayoría, debo precisar que coincido con el sentido, pero no con las consideraciones que lo sustentan.

En efecto, la mayoría sostiene que la interpretación sistemática y funcional del artículo 17, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Querétaro, permite concluir que para elegir a los Consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, se requiere de la votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes en la Legislatura; criterio que lo sustentan con apoyo en la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VETO. PARA SUPERAR EL QUE EJERCIÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEBE INTERPRETARSE QUE SE REQUIERE LA VOTACIÓN CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES AL VOTARSE EL DICTAMEN RESPECTIVO".

Argumento con el cual no coincido, porque es mi convicción que el citado artículo no requiere de una interpretación sistemática y funcional, pues su redacción es clara y no permite interpretación alguna, de conformidad con el artículo 14, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El aludido artículo 17, de la legislación electoral local, es al tenor siguiente:

Artículo 17. Son facultades de la Legislatura:

I. Expedir su ley orgánica y los reglamentos que requiera;

II. Aprobar las leyes en todas las materias, con excepción de las expresamente concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Unión y a las Cámaras que lo integran;

III. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, al ciudadano que deba asumir el cargo de Gobernador con el carácter de provisional, interino o sustituto, en los casos y términos que esta Constitución prescribe;

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los demás que determine la ley;

V. Conceder licencia a los diputados, al gobernador; así como conceder las licencias y admitir las renuncias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los demás funcionarios cuya designación competa a la propia Legislatura;

VI. Resolver si ha lugar o no, proceder en juicio político o declaración de procedencia, en contra de los servidores públicos;

VII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o declarar la desaparición de algún Ayuntamiento y revocar el mandato de alguno de sus miembros, suspenderlos o inhabilitarlos por alguna de las causas que la ley señale;

VIII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, crear nuevos Municipios dentro de los límites de los ya existentes;

IX. Decretar la traslación provisional de los Poderes de la entidad fuera del Municipio de su residencia;

X. Aprobar anualmente la Ley de Ingresos del Estado y la de cada municipio, así como el Presupuesto de Egresos del Estado;

XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que contrate empréstitos y otorgue avales para garantizar obligaciones legalmente contraídas;

XII. Conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado y por voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, las facultades extraordinarias en los casos de alteración del orden público o cualquier otro motivo grave y sólo con respecto a aquellas facultades que no son de la exclusiva competencia de los Poderes Federales;

XIII. Decretar amnistía por delitos de la competencia de los tribunales del Estado;

XIV. Sustituir a los Diputados en ejercicio, cuando sin causa justificada, a juicio de la Legislatura, falten a tres sesiones consecutivas;

XV. Llamar a los suplentes ante la falta absoluta de los diputados; cuando la falta absoluta sea de diputados propietarios y de suplentes, llamar al siguiente candidato del mismo partido de la lista plurinominal;

XVI. Citar a comparecer a los servidores públicos o funcionarios de las dependencias, organismos del Ejecutivo, del Judicial, de los Municipios, de las entidades paraestatales, organismos autónomos y cualquier otra entidad pública;

XVII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, ratificar los arreglos o convenios de límites territoriales concertados entre los ayuntamientos o los que el titular del Ejecutivo celebre con los de otros Estados, y en su caso, someterlos a la ratificación en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVIII. Rendir, en el mes de julio, el informe anual de actividades del Poder Legislativo y;

XIX. Todas las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes le otorguen.

De lo anterior, claramente se advierte que, la designación de consejeros electorales, será mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

En efecto, el sustantivo integrantes tiene una connotación clara y que impide que se interprete en el sentido que propone la mayoría, pues es claro que el legislador del estado al utilizar esta palabra aludió a la totalidad de los miembros que integran la Asamblea legislativa.

Lo anterior se ratifica con la definición que la Real Academia Española, hace, en el diccionario de la Lengua Española, de la voz integrante, la cual es al tenor siguiente:

integrante.

(Del ant. part. act. de integrar).

1. adj. Que integra. Apl. a pers., u. t. c. s.

2. adj. Fil. Dicho de una parte: Que, sin ser esencial, integra un todo.5

5 Diccionario de la, Real Academia Española de la Lengua, Tomo II (h-z), Vigésima Segunda edición, 2001, España, p. 1288.

En este contexto, es mi convicción que para poder designar a los consejeros que integrarán el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, es necesario que voten a favor, por lo menos, dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura correspondiente.

Ahora bien, en términos del artículo 16, de la Constitución del Estado de Querétaro, el Congreso de esa entidad federativa, está integrado con quince diputados por el principio de mayoría relativa y diez por el principio de representación proporcional, lo cual hace un total de veinticinco diputados.

En consecuencia, a fin de designar a los citados consejeros electorales, es necesario el voto favorable de diecisiete diputados del Congreso del Estado de Querétaro, votación sin la cual, en principio, no es posible considerar que la designación de consejeros esté apegada a Derecho.

Esta interpretación gramatical es coincidente con la intención o voluntad del legislador del Estado de Querétaro, toda vez que éste, cuando consideró que era necesaria la votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, así lo dispuso expresamente.

En efecto, del citado artículo 17, en su fracción XII, el aludido legislador estatal previo expresamente que, en los casos en que el Poder Legislativo conceda al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias en casos de alteración del orden público u otro motivo grave lo podrá hacer con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva.

Es por lo anterior que, en mi concepto, la inclusión de la voz integrante fue para aludir a la totalidad de los miembros que conforman la Legislatura, esto es, veinticinco diputados, de ahí que no pueda coincidir con el criterio asumido por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior.

Precisado lo anterior, debo explicar por qué voto a favor de considerar que la sesión que inició el treinta de noviembre y concluyó el primero de diciembre de dos mil diez, en la cual se designó a los consejeros propietarios y suplentes, es válida.

Como precisé en el voto razonado que antecede, la aludida sesión se llevó a cabo con la presencia de dieciséis diputados de los veinticinco que conforman el Congreso del Estado de Querétaro, estando ausentes nueve de los diez diputados que conforman el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.

Lo anterior está acreditado en autos, sin que se advierta que la ausencia de esos servidores públicos haya obedecido a una causa justificada, antes bien existen indicios de que fue por voluntad de los aludidos diputados no asistir a la sesión en la que se designaron a los consejeros electorales de la autoridad administrativa electoral local.

En este orden de ideas es que, a mi juicio, la actitud asumida por los diputados del Partido Acción Nacional constituye una conducta antijurídica, que impide el normal desarrollo y toma de decisiones por parte del órgano legislativo del Estado de Querétaro, dado que la funcionalidad del citado órgano se sujeta a la voluntad de un grupo de diputados pertenecientes a un determinado partido político.

Lo anterior es así porque ese grupo, a sabiendas de que son los diputados suficientes para impedir que se alcance la votación calificada prevista en la norma, determina no acudir a la sesión en la cual se requeriría de su presencia para alcanzar esa votación, lo cual, en mi concepto, es un acto antijurídico que tiene como consecuencia el incumplimiento de un deber por parte de la legislatura.

En efecto, en términos del artículo 17, fracciones VI y VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, los diputados que integran el Congreso de esa entidad federativa tienen el deber jurídico de concurrir a las sesiones y votar en los asuntos que lo requieran, ya sea en el Pleno u órganos internos del Congreso al que pertenecieren.

Asimismo, se debe destacar que en términos del artículo 63, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se prevé que debe ser en el mes de noviembre del año que corresponda, la elección de los consejeros electorales, en consecuencia, el Congreso de la mencionada entidad federativa tenía hasta el día treinta y uno del citado mes del año dos mil diez, para llevar a cabo la elección correspondiente.

En este sentido, la conducta asumida por los nueve diputados del Partido Acción Nacional, consistente en no asistir a la sesión en la que se eligieron a los consejeros electorales, en el último día del plazo legal previsto para ese efecto, implica un acto que atenta contra el normal funcionamiento del órgano legislativo, que trae aparejada la posible afectación en la integración de la autoridad encargada de organizar las elecciones en el Estado de Querétaro.

En este orden de ideas, no puede la actitud asumida por los mencionados diputados, afectar la validez de la decisión tomada por la mayoría de los miembros presentes, los cuales sí cumplieron su deber de concurrir a la sesión y emitir su voto para efecto de la designación de los consejeros electorales locales, de ahí que, no obstante que no se eligieron por la mayoría calificada requerida, en la especie se debe tener por satisfecho el requisito, dado que su incumplimiento se debe, como se ha explicado, a la conducta provocada por los diputados del Partido Acción Nacional.

Cabe precisar que de las constancias de autos se advierte que, los diputados del Partido Acción Nacional fueron citados previamente a la sesión en la cual se eligieron a los consejeros electorales, asimismo se debe resaltar la presencia, en la aludida sesión, del Coordinador del Grupo Legislativo del citado instituto político, sin que se advierta que el mencionado Coordinador haya aducido que los otros diputados del Partido Acción Nacional no concurrieron con motivo de una causa justificada.

Así, considerar que los diputados de un grupo parlamentario se puedan ausentar de las sesiones de un órgano legislativo, con la finalidad de que no se reúna la votación calificada requerida por la norma, tendría como consecuencia hacer que un acto antijurídico, no tipificado como ilícito, impida el funcionamiento de un Poder Legislativo y con ello se afecte a la sociedad en general.

Por todo lo anterior, es que voto a favor del resolutivo tercero, pero no con las consideraciones que lo sustentan.

VOTO PARTICULAR

Emito voto particular respecto a los resolutivos cuarto, quinto y sexto, así como de las consideraciones que los sustentan, contenidos en la sentencia aprobada por la mayoría de los Magistrados.

Lo anterior porque, es mi convicción que, en autos no obra elemento de prueba alguno que acredite fehacientemente que Raúl Ruiz Canizales, es militante del Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, la mayoría de los Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional colegiado considera que está acreditado que el aludido ciudadano ejerció un cargo de dirección en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en Querétaro, en el año dos mil nueve.

Para arribar a la anterior conclusión, la mayoría considera que las pruebas aportadas por el tercero interesado, son insuficientes para comprobar que no ejerció un cargo de dirección en el aludido instituto político, pues llegan a la conclusión de que únicamente son aptas para probar que no es militante de ese partido político.

Sin embargo, consideran que se puede ejercer un cargo de dirección al interior de un partido político sin ser militante, por lo cual, aunque esté probado en autos que Raúl Ruiz Canizales no es militante del Partido Revolucionario Institucional, no probó que no fuera Director de Análisis Político del Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Querétaro, al no haber aportado pruebas suficientes para desvirtuar esa circunstancias.

Agrega la mayoría que, si el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral local, presentó un informe en el cual se adujo que Raúl Ruiz Canizales era Director de Análisis Político de ese instituto político, está plenamente acreditado que ese ciudadano ejerció un cargo de dirección en un partido político.

Contrario a lo anterior, es mi convicción que, para efecto de considerar que un ciudadano está impedido para ejercer un cargo electoral, porque se actualice un impedimento previsto en ley, es menester que esté plenamente acreditado ese hecho.

En el particular, cabe advertir que, en autos no obra una constancia por la cual se acredite fehacientemente que Raúl Ruiz Canizales ejerció un cargo de Dirección en el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de la existencia del informe del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto electoral local, en el cual se señala al actor como directivo estatal.

Sin embargo, en autos obra el escrito del tercero interesado, por el cual desahogó la vista ordenada por el Magistrado Instructor en el cual expresó textualmente:

Nunca forme parte del Comité Directivo Partidista que me imputa el actor, además de que tampoco rendí protesta de ley alguna o en su caso devengué algún salario; simplemente, impartí asesoría en materia político-electoral, no sólo a ese instituto sino a otros diversos. En otras palabras: ni el suscrito ni nadie ejerció, jurídica, real, material ni físicamente ese cargo. No hay siquiera un nombramiento de ninguna clase, se trata de una figura inexistente y acéfala producto de un error atribuible a la representación de este partido político.

Además obra el escrito del Partido Revolucionario Institucional en el cual se aduce que por un error de comunicación interna se incluyó el nombre del Raúl Ruiz Canizales como Director de Análisis Político.

En términos de las constancias descritas, contrario a lo que sostiene la mayoría de Magistrados, es mi convicción que en autos no está fehacientemente acreditado que el tercero interesado se haya desempeñado como directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, máxime que existe la negativa del tercero interesado, relativa a que no ha ejercido cargo alguno directivo en el Partido Revolucionario Institucional.

Así, destaco, que en el expediente obran constancias de las cuales se advierte esa negativa, así como la diligencia de Raúl Ruiz Canizales, que al ser sabedor de una imputación directa, solicita la aclaración de su situación a efecto de refutar su supuesta militancia y ejercicio de cargo partidista, que se le atribuye.

En este orden de ideas no es dable considerar que ante la negativa de un hecho, cuando esta es lisa y llana, se le imponga la carga procesal de acreditar esa negativa, porque es un Principio General del Derecho Probatorio, que el que afirma tiene la carga procesal de acreditar su dicho y que niega no tiene para sí esa carga cuando, en este caso, la negativa es lisa y llana, sin que encierre la afirmación de un hecho positivo..

Al caso cabe citar lo dispuesto en el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es el tenor siguiente:

ARTICULO 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.

El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.

Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado.

El precepto trasunto es aplicable supletoriamente, por disposición expresa del artículo 4, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que el informe del Partido Revolucionario Institucional es un documento privado de un tercero, cuyo contenido ha sido objetado, ha sido negado por el afectado, el Consejero Raúl Ruiz Canizales, sin que el hecho positivo, el desempeño del cargo imputado, esté probado en autos con otros elementos de prueba.

Por tanto, si en el caso particular estamos ante la valoración de documentales privadas, de las cuales se advierte que son contradictorias entre sí; es conforme a Derecho sostener que no está probada, ni aún de manera indiciaría, ni la militancia ni que el tercero interesado haya desempeñado el cargo partidista que se le atribuye.

Por tanto, prefiero equivocarme al llevar a cabo un acto de justicia, que cometer una de injusticia, sin que lo anterior califique la argumentación y voto de los Magistrados de esta Sala Superior como incorrecta, dado que tiene su propia argumentación, con lo cual no coincido, porque no está probado fehacientemente el hecho imputado al Consejero Raúl Ruiz Canizales.

En estos términos es que emito este voto particular, respecto de los resolutivos cuarto, quinto y sexto, así como de las consideraciones que los sustentan.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto razonado y con reserva, respecto del resolutivo segundo y consideraciones que lo sustentan, votando a favor de confirmar la designación de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro; concurrente en cuanto al resolutivo tercero, a favor de la confirmación de la validez de la sesión de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, de treinta de noviembre de dos mil diez, en la cual se designó a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral estatal, y particular, por lo que respecta a los resolutivos cuarto, quinto y sexto, relativos a la modificación del Decreto de designación de los aludidos Consejeros Electorales, en cuanto a la revocación de la designación de Raúl Ruiz Canizales; todo lo anterior con base en los razonamientos que he esgrimido. Rúbrica.

Voto PARTICULAR que emite el Magistrado Manuel González Oropeza en el EXPEDIENTE: SUP-JrC- 412/2010 y acumulados.

En los términos del último párrafo del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación emito voto particular, por no coincidir con las razones esgrimidas, en la sentencia aprobada por la mayoría, consistentes en confirmar la el Decreto por el que el Congreso del Estado de Querétaro designó a los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la referida entidad federativa.

De conformidad con las constancias de autos, se tiene que el Partido Acción Nacional y un grupo de ciudadanos interpusieron diversos medios de impugnación en contra de: 1) la sesión de pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro que inició el treinta de noviembre del dos mil diez y concluyó el primero de diciembre del mismo año, en la cual fueron designados los nuevos Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017, y 2) el decreto por el que se eligen a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral de Querétaro, para el período comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017.

Tal como se señala en la sentencia aprobada por la mayoría, entre los agravios que se plantearon para controvertir los actos impugnados se encuentran los siguientes:

- el procedimiento de designación de consejeros vulneró formalidades esenciales, por no estar fundado y motivado; y

- no se elaboró un dictamen en el que se analizaran los expedientes de cada participante y en el que se establecieran calificaciones objetivas para precisar quiénes reunían los mejores perfiles para ocupar el cargo; y

- la sesión del treinta de noviembre del dos mil diez y el decreto respectivo del pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro no están debidamente fundados y motivados.

Ahora bien, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la fundamentación y motivación de los actos de autoridad constituye una garantía de los gobernados.

En consecuencia, si en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1256/2010 se señaló como agravio la omisión por parte de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro de motivar y fundamentar quiénes de los sesenta y cuatro aspirantes que satisficieron todos los requisitos tanto legales como de la convocatoria respectiva, ya que debió emitirse un dictamen jurídico respecto de la acreditación o no acreditación de cada uno de los sesenta y cuatro aspirantes inscritos —lo que no se hizo así—, y de la misma forma debió emitirse un dictamen académico posterior a la presentación de los cincuenta y cuatro ciudadanos que defendieron el ensayo que se les exigió, en el que se estableciera la forma como fueron calificados los mismos —lo que tampoco se hizo así—, por ello es indudable que esta Sala Superior debió declarar como fundado el mencionado agravio, para el efecto de que se repusiera el procedimiento desde la etapa en que se cometió la violación alegada, ya que los ciudadanos que participaron en el procedimiento de selección de Consejeros electorales se encuentran tutelados por la garantía de fundamentación y motivación, que se establece en el artículo 16 de la Constitución Política Federal.

En otras palabras, una vez que la autoridad competente en la materia para organizar el procedimiento de selección de Consejeros electorales convoca a la ciudadanía a un concurso abierto como el que se analiza en este caso, como en la especie fue el caso de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, cada uno de los actos o etapas de que conste el procedimiento de elección debe estar regido por esta garantía individual, de lo contrario, si se aceptara que el procedimiento de elección de Consejeros estuviera regido por la discrecionalidad o incluso por la actuación anárquica de los diputados locales, entonces no tendría sentido llevar a cabo un procedimiento regido por las Constituciones Políticas federal y local de la entidad federativa de que se trate. El procedimiento de selección de candidatos se convertiría en un engaño para la ciudadanía y para los partidos políticos y la designación de los respectivos Consejeros estaría viciada de origen, lo cual afecta de manera ineludible los principios

De la revisión del "Informe de la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, respecto de los resultados obtenidos en la exposición del ensayo y desahogo de las entrevistas de los 54 aspirantes a ocupar el cargo de Consejero Electoral del Instituto Electoral de Querétaro, conforme las disposiciones señaladas en las bases segunda y tercera de la Convocatoria", de fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, se puede observar sin necesidad de mayor análisis que no se llevó a cabo una calificación rigurosa de los ensayos y de las entrevistas, por lo cual se dejó en un total estado de incertidumbre a los participantes en este proceso de elección de Consejeros electorales y a los partidos políticos, ya que no existe certeza de cuáles fueron los parámetros a partir de los cuales fueron elegidos los mencionados Consejeros, sin que baste que el citado informe contenga diversas disposiciones legales, ya que esto no es suficiente para subsanar la debida motivación de que adolece el referido informe, en cuanto a la valoración de los ensayos y las entrevistas.

La falta de una debida motivación del mencionado informe, determinó que la votación realizada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, en su sesión del treinta de noviembre y primero de diciembre del dos mil diez estuviera viciada, porque los diputados locales no contaron con los elementos de análisis para llevar a cabo un debate y discusión objetiva sobre los mejores candidatos que merecían ocupar el cargo de Consejero Electoral propietario o suplente. Por ello, se afirma que la Junta de Concertación Política no cumplió con una de las fases regladas del procedimiento de designación de Consejeros, pues no basta, como se señala en la sentencia aprobada por la mayoría, que se hubiera sometido una propuesta al Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro para tener por satisfecha la base Séptima de la Convocatoria —la que al treinta de noviembre del dos mil diez se integraba por veinticuatro candidatos—, toda vez que finalmente a dicha propuesta fueron integrados los restantes treinta candidatos faltantes. Este argumento encuentra su sustento en que no se observa de qué manera la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro valoró los antecedentes y las trayectorias académicas y laborales de los candidatos, así como el contenido de los ensayos y las entrevistas de los mismos participantes.

Para ilustrar mejor el tema recapitulemos la valoración que se hizo de los candidatos que finalmente fueron elegidos como Consejeros propietarios y suplentes:

Candidatos elegidos como Consejeros propietarios.

No.

Aspirante

Fecha

Hora de comparecencia

9.

Yolanda Elías Calles Cantú

16 noviembre 2010

12:00

Consejera Electoral del Consejo Local del IFE, desempeñándose de manera
profesional apegándose a los principios rectores de la norma electoral.

12.

Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda

17 de noviembre de 2010

16:30

El curriculum que presenta el aspirante, tiene una experiencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

21.

Magdiel Hernández Tinajero

18 de noviembre de 2010

08:00

Actualmente funcionario electoral del IEQ; de sus constancias se hace la conclusión de un conocimiento en la materia jurídica electoral. En la exposición y respuestas fueron convincentes, a los diputados.

23.

Demetrio Juaristi Mendoza

18 de noviembre de 2010

09:00

Consejero Electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral; con experiencia como abogado postulante y representante jurídico de instituciones privadas, demostrando un perfil adecuado.

45.

Raúl Ruíz Canizales

20 de noviembre de 2010

10:00

Académico con estudios de doctorado y conocimiento en la materia electoral; su exposición fue convincente para los diputados presentes, en su comparecencia

51.

José Vidal Uribe Concha

20 de noviembre de 2010

13:00

Actual Director General del IEQ expuso el tema de la Redistritación Electoral una forma clara, contundente y técnicamente soportada. Su experiencia en la materia y años de servicio respaldan su aspiración.

53.

María Esperanza Vega Mendoza

20 de noviembre de 2010

14:00

Abogada de profesión, con interés en la materia electoral, mostrándose propositiva para ocupar el cargo de Consejera Electoral del Consejo General del IEQ.

Candidatos elegidos como Consejeros suplentes.

No.

Aspirante

Fecha

Hora de comparecencia

5.

Violeta Fabiola Barbosa Villanueva

16 de noviembre de 2010

10:00

El tema abordado respecto a las plataformas de los partidos políticos, no pasó por desapercibido para los Diputados integrados de la Junta de Concertación Política que estuvieron presentes; adicionalmente a ello tiene experiencia y conocimiento en la materia electoral.

11.

Guillermo

Castellanos Guzmán

17 noviembre de 2010

16:00

El tema que abordó fue Democracia y Política, con experiencia en la administración pública y de un perfil ciudadano propio a la materia electoral; sin embargo, sus circunstancias de exposición no fueron convincentes.

16.

Alfredo Flores Ríos

17 de noviembre de 2010

18:30

Funcionario del Instituto electoral de Querétaro, que se desempeña como Coordinador de Análisis, Seguimiento y Apoyo Técnico. A las preguntas y respuestas que dio, fueron convincentes a los diputados que estuvieron presentes en su exposición.

43.

José Juan Rodríguez Perusquía

20 de noviembre de 2010

09:00

Aspirante a consejero electoral, con una reducida experiencia en la materia.

46.

Gonzalo Ruiz Posada

20 de noviembre de 2010

10:30

Aspirante a consejero electoral con características de ciudadano y con interés en la materia, participante activamente en la organización Ciudadanos por la Democracia; perfil adecuado.

49.

Carlos Silva Reséndiz

20 de noviembre de 2010

12:00

Su exposición demostró tener el interés y la convicción de ser considerado para la elección de Consejero Electoral; con un currículum que soporta.

50.

Jesús Uribe Cabrera

20 de noviembre de 2010

12:30

Con estudios de doctorado, ex comisionado de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, persona que disertó el tema de Partidos Políticos, entre lo Público y lo Privado.

De las anteriores relaciones la mayoría determinó que los ciudadanos Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda y Carlos Silva Reséndiz no reunían los requisitos legales para ocupar el cargo de Consejero, propietario y suplente respectivamente, lo que demuestra que la valoración de la documentación de estos candidatos no fue escrupulosa, siendo ésta una razón más que sustenta mis afirmaciones, de que no existió una debida valoración de los candidatos, esto es, no se motivó adecuadamente el mencionado Informe de la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro que sirvió de apoyo a los diputados para elegir finalmente a los Consejeros electorales.

Asimismo, de los candidatos que fueron elegidos como Consejeros resalto lo siguiente: de la candidata María Esperanza Vega Mendoza, que fue elegida como Consejera propietaria sólo se dijo lo siguiente: "Abogada de profesión, con interés en la materia electoral, mostrándose propositiva para ocupar el cargo de Consejera Electoral del Consejo General del IEQ."; del ciudadano Guillermo Castellanos Guzmán, que fue elegido Consejero suplente se dijo: "El tema que abordó fue Democracia y Política, con experiencia en la administración pública y de un perfil ciudadano propio a la materia electoral; sin embargo, sus circunstancias de exposición no fueron convincentes."; del ciudadano José Juan Rodríguez Perusquía, que fue elegido como Consejero suplente se dijo: "Aspirante a consejero electoral, con una reducida experiencia en la materia.".

En cambio, otros candidatos que a simple vista también pudieron tener merecimientos para ser elegidos como Consejeros propietarios o suplentes no fueron designados, como los siguientes:

No.

Aspirante

Fecha

Hora de comparecencia

1.

Agustín Alcocer Alcocer

16 de noviembre de 2010

08:00

Como expositor se desenvolvió de manera profesional, no obstante su experiencia en la materia electoral es mínima toda vez que la misma se limita al ámbito académico.

2.

Ana Guadalupe Mónica Almaraz Mancilla

16 de noviembre de 2010

08:30

De su currículum se aprecia conocimiento en la materia electoral pues se ha desempeñado como Secretaria Técnica en Procesos Electorales y Funcionaria Regional del IEQ, tuvo bajo su responsabilidad personal, si siendo éste un factor de manejo en el área de recursos humanos.

3.

Miguel Ángel Álvarez Jiménez

16 de noviembre de 2010

09:00

El aspirante presenta un amplio curriculum, no obstante su experiencia se limita al ámbito académico, aunado a que presentó una deficiente exposición al defender su ensayo lo cual evidencia poca experiencia en la materia electoral.

4.

Ricardo Icaro Álvarez Vidal

16 de noviembre de 2010

09:30

De su exposición se desprende que su conocimiento en la materia no fue del todo convincente por lo que se considera que no cumple con el perfil adecuado para el ejercicio del cargo.

6.

Leticia Ofelia Blanco Cardona

16 noviembre 2010

10:30

Su experiencia electoral es indiscutible pues ha sido integrante del Consejo
Local del Instituto Federal Electoral, no obstante la defensa de su ensayo y
exposición fueron deficientes.

7.

Pablo Cabrera Olvera

16 noviembre 2010

11:00

Se desempeña como Coordinador Jurídico del IEQ, sin embargo al momento de su exposición del ensayo presentado, evidenció falta de convencimiento y manejo respecto sobre lo que debe ser la función de Consejero Electoral

8.

María Natividad Josefina Camacho Ballesteros

16 noviembre 2010

11:30

A pesar de tener experiencia en la materia electoral, el contenido de su ensayo y la manera en que expuso, no estuvieron a la altura de lo que pudiera ser su función como Consejera Electoral. No refleja en su curriculum ninguna otra actividad relevante después de que deja el cargo de Directora Ejecutiva de Organización Electoral.

10.

Ricardo Renato Cárdenas García

16 noviembre 2010

12:30

El aspirante tiene una experiencia profesional en el ejercicio de la profesión del derecho; su contacto con la materia electoral no es del todo amplia. Su
exposición fue adecuada.

13.

Juan Carlos Dorantes Trejo

17 de noviembre de 2010

17:00

Consejero Electoral del actual Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, con la posibilidad de poder reelegirse en términos del artículo 32 de la Constitución Política Local; su exposición fue cuestionada por parte de los diputados presentes, y poca defensa hizo a lo que se le cuestionó.

14.

Rocío Dorantes Trejo

17 de noviembre de 2010

17:30

Abogada de profesión, con una exposición poco convincente.

15.

José Fabio Espinosa

17 de noviembre de 2010

18:00

Experiencia electoral en el propio Instituto Electoral de Querétaro, pero de su curriculum no se aprecia actualización en la materia permanente. Postuló sobre las futuras reformas políticas-electorales.

17.

Juan Carlos García Solís

17 de noviembre de 2010

19:00

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral.

18.

Heriberto Garduño Sosa

17 de noviembre de 2010

19:30

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral. Su exposición fue seria.

19.

Silvia Patricia González Fajardo

17 de noviembre de 2010

20:00

El tema de su ensayo fue Equidad y Género, con experiencia electoral en el Instituto Electoral del Estado de México, pero los argumentos que dio durante su entrevista no fueron del todo convincentes.

20.

Jorge Luis Hernández Olvera

17 de noviembre de 2010

20:30

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral.

22.

Oscar Hinojosa Martínez

18 de noviembre de 2010

08:30

Funcionario electoral del IEQ, con conocimiento en la materia jurídica, no así, en la parte de operación y administración, lo cual se evidenció al momento de la entrevista.

24.

Juan Luis Lara Ramirez

18de noviembre de 2010

09:30

Funcionario electoral del IEQ, con más de diez años de experiencia laboral y adscrito a diversas áreas de esa institución. Perfil adecuado.

25.

José Antonio Lira Luna

18 de noviembre de 2010

10:00

Experiencia electoral en el Instituto Federal Electoral, no obstante, en la exposición y defensa de su ensayo mostró una argumentación deficiente que resta valor al perfil requerido para el ejercicio del cargo a consejero electoral.

26.

Evaristo Martínez Clemente

18 de noviembre de 2010

10:30

Funcionario actual del IEQ, ocupando el cargo de Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, manejo y conocimiento en la materia.

27.

María Luisa Martínez Paz

18 de noviembre de 2010

11:00

Funcionario del IEQ con el rango de técnico electoral adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral; una exposición aceptable, que permite considerar que cuenta con el perfil.

28.

Monica Danae Medina Velázquez

18 de noviembre de 2010

11:30

En su documentación y exposición hecha a los integrantes de la Junta de Concertación Política, no mostró seguridad en el conocimiento de la materia, ni experiencia del todo probada.

29.

Erika Mendoza Martínez

18 de noviembre de 2010

12:00

Su experiencia electoral reflejada en la documentación que presentó, no muestra la experiencia necesaria para el ejercicio de la función de consejero electoral. Su exposición fue seria.

30.

Ángel Eduardo Simón Miranda Correa

18 de noviembre de 2010

12:30

Actualmente consejero electoral del Consejo General del IEQ, con posibilidades de reelección en términos en términos del artículo 32 de la Constitución Política Local; su exposición sobre los alcances a la reforma electoral, con conocimiento teórico sobre la materia.

31.

Oscar Ulises Murillo Rodríguez

19 de noviembre de 2010

08:00

Del currículum y las constancias anexadas, así como de su exposición, con el tema Los Partidos Estatales en México, demostró experiencia y conocimiento.

32.

Arturo Marcial Padrón Hernández

19 de noviembre de 2010

08:30

Actualmente funcionario del IEQ con el cargo de Coordinador de Comunicación Social, lo que representa tener experiencia y conocimiento en la materia; adoleciendo en sus constancias de una antigüedad laboral que le permita desempeñar adecuadamente el cargo.

33.

Ángel Parra Martínez

19 de noviembre de 2010

09:00

Experiencia en la materia, ha sido consejero electoral por dos ocasiones en los consejos distritales de Querétaro; aunque en su exposición no resultó ser convincente a los diputados presentes.

34.

Cecilia Pérez Zepeda

19 de noviembre de 2010

09:30

Actualmente consejera electoral del Consejo General del IEQ, con la posibilidad de poder ser reelecta en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; el tema que expuso fue La Importancia del IEQ en el Fortalecimiento de la Educación Cívica. Su exposición y cuestionamientos realizados por los diputados presentes, no fueron del todo convincentes, siendo éstos repetitivos en las preguntas que le fueron formuladas.

35.

José Luis Pisano Olvera

19 de noviembre de 2010

10:00

Sus documentales presentadas para la elección de consejeros electorales y su exposición hecha ante los diputados de la Junta de Concertación Política, no mostraron la seguridad necesaria para optar por su posible elección.

36.

José Alejandro Ramírez Reséndiz

19 de noviembre de 2010

10:30

Ante la valoración de las documentales exhibidas y su conocimiento en la materia, así como actualización de la misma, no fueron del todo convincentes, inclusive la forma en que expuso ante los legisladores.

37.

José Antonio Ramos Martínez

19 de noviembre de 2010

11:00

Con experiencia electoral en el IEQ, no demostrando actualización en la materia electoral.

38.

Raúl Reyes Trejo

19 de noviembre de 2010

11:30

Fue Secretario técnico en dos procesos electorales que organizó el IEQ; su exposición fue adecuada, aunque no del todo contundente para los diputados de la Junta de Concertación Política, presentes.

39.

María Olivia Reséndiz Trejo

19 de noviembre de 2010

12:00

No del todo pudo ser una exposición que entrara en el buen juicio de los diputados presentes; no desprendiendo de su currículum y documentales una experiencia en la materia electoral.

40.

Carlos Enrique Ricalde Peniche

19 de noviembre de 2010

12:30

Su exposición como ciudadano interesado en la materia electoral fue adecuada, adoleciendo sus documentales privadas, de una fortaleza para poder optar por su elección como consejero electoral.

41.

Rómulo Rivadeneyra Farrera

20 de noviembre de 2010

08:00

Su currículum demuestra tener conocimiento en la materia hacendaría, teniendo un perfil ciudadano y no encaminado a la función de consejero electoral como especialista en la materia.

42.

Roberto Rubén Rodríguez Ontiveros

20 de noviembre de 2010

08:30

Actual Director Ejecutivo de Organización Electoral del IEQ, especialista en la materia y conocedor sobre los asuntos que debe atender el Consejo General del IEQ, la defensa de los argumentos que plantea en su ensayo fueron contundentes.

44.

Gloria Cristina Rodríguez Rangel

20 de noviembre de 2010

09:30

Ex funcionaría electoral del IEQ, consejera electoral suplente, por lo que puede ser considerada en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

47.

Oscar José Serrato

20 de noviembre de 2010

11:00

Funcionario actual del IEQ, lo que le permite tener la experiencia y el conocimiento sobre la materia.

48.

Juan Carlos Silva Briseño

20 de noviembre de 2010

11:30

Con el tema IEQ, retos y perspectivas; abogado y con conocimiento electoral; demostró tener la aspiración para conformar el Consejo General del IEQ.

52.

Pablo Vázquez Sánchez

20 de noviembre de 2010

13:30

Abogado de profesión y persona interesada en los temas electorales; sin embargo, sus constancias exhibidas no dan un debido soporte a su aspiración.

54.

José Antonio Zumaya De la Mora

20 de noviembre de

2010

14:30

Abogado de profesión, mostrando interés en ser considerado para ocupar el cargo de Consejero Electoral, con la excepción de que su experiencia y conocimiento en la materia, no se desprenden de manera precisa y convincente.

Ello corrobora que no existió una adecuada valoración de los candidatos y de sus cualidades trayectorias académicas y laborales, ni de sus ensayos y entrevistas, pues, como se observa, de los enunciados lacónicos que se hicieron en el mencionado informe apenas se pueden deducir algunas valoraciones apriorísticas, por lo que considero que debe revocarse el acto impugnado y ordenar a la responsable que reponga parte del procedimiento de selección de consejeros electorales.

Por otra parte, el nombramiento y la designación de los consejeros electorales del Estado de Querétaro, debió de haberlos realizado la LVI Legislatura del Congreso del Estado conforme a lo dispuesto por los artículos 17, fracción IV y 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 62, 63 y siguientes de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 75, inciso c), 125, 126, 145, fracción XIII, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y de conformidad con las bases de la "Convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros electorales, propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Querétaro para el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2017", emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diez; por lo que la omisión de los preceptos arriba señalados, traería como consecuencia, que el mencionado procedimiento no se ajustara al principio de legalidad y en ese supuesto no podría surtir todos sus efectos el procedimiento de designación en comento.

En los preceptos de la Constitución Política del Estado de Querétaro se establece la competencia de la Legislatura de esa entidad para elegir a los consejeros electorales que integrarán el órgano competente para organizar las elecciones locales; se señala el plazo de duración del cargo, con posibilidad de reelección por un periodo igual y la posibilidad de remoción por causas graves, con la misma votación requerida para su nombramiento. Estas disposiciones se encuentran en los siguientes términos:

"Artículo 17. Son facultades de la Legislatura:

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los demás que determine la ley;

Artículo 32. El Instituto Electoral de Querétaro, es un organismo público autónomo; será la autoridad competente para la función estatal de organizar las elecciones locales. En su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, a través de siete consejeros electos por la Legislatura. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la equidad y la objetividad serán principios rectores.

El Instituto Electoral de Querétaro podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste organice procesos electorales locales.

Los Consejeros del Instituto Electoral de Querétaro durarán en su encargo siete años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual y sólo podrán ser removidos por las causas graves que la ley señale y con la misma votación requerida para su nombramiento."

A su vez, la Ley Electoral para esa entidad federativa prescribe la forma en que se integrará y organizará el Consejo General del Instituto Federal Electoral, los requisitos para ser consejero, su duración en el cargo, las percepciones y suplencias, sus atribuciones; su organización colegiada y la posibilidad de integrar comisiones específicas para el tratamiento de las diferentes tareas asignadas.

Las prescripciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, contienen las funciones del Presidente de la Legislatura o de la Mesa Directiva, entre las que destacan: citar a los diputados a las sesiones del pleno, mediante convocatoria por escrito o a través de los medios electrónicos; dar a conocer los asuntos a los integrantes de la mesa directiva y proponer el orden del día de las sesiones plenarias; verificar el quórum para sesionar, presidir las sesiones y declarar los recesos; declarar la apertura y cierre de cada sesión, conceder la palabra los diputados, ordenar la discusión durante las sesiones; declarar receso cuando concurran causas que dificulten el curso normal de las deliberaciones o cuando ello favorezca la obtención de consensos y las distintas formas de las votaciones por mayoría que podrán adoptarse para las decisiones que así lo ameriten, entre ellas la calificada que se representa con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.

De igual manera, las distintas bases que conforman la Convocatoria emitida por ese órgano legislativo, el treinta y uno de octubre del dos mil diez, establecen el procedimiento para la elección de los consejeros electorales que dará inicio con la publicación de la convocatoria y concluirá con la toma de protesta de los ciudadanos que hayan resultado electos. Así, el procedimiento se debe llevar a cabo en cuatro etapas: 1. Inscripción y registro de candidatos (nueve y diez de noviembre); 2. Declaratoria de qué candidatos reúnen los requisitos (doce de noviembre); 3. Exposiciones y entrevistas a los aspirantes (dieciséis y veintiuno de noviembre), y formulación de propuesta; y, 4. Designación de consejeros.

En esa tesitura, me aparto de la opinión vertida en el proyecto y que es seguida por la mayoría, en el sentido de que no existió un procedimiento legal para la designación de consejeros electorales para el Estado de Querétaro, pues ya esta sala Superior ha definido que si bien en la Constitución o en la Ley Electoral, pueden establecerse los procedimientos de designación, en caso contrario, al emitirse la convocatoria, la convocante debe cumplir con precisión el contenido de la convocatoria, so pena de incurrir en violación al principio de legalidad electoral que rige todos los actos de las autoridades electorales.

De ahí que no esté de acuerdo con lo que se señala en la sentencia, en el sentido de que se cumplió con la base séptima de la convocatoria, lo cual no es verdad, pues la propuesta tal y como se dice en el acta no fue aprobada por unanimidad, sino por mayoría con el voto en contra de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, de ahí que se hayan presentado cincuenta y cuatro solicitudes para ser analizadas por el pleno de ése órgano colegiado.

Para el suscrito, en el caso concreto existieron violaciones al procedimiento de selección y propuesta de candidatos a consejeros electorales para el Estado de Querétaro, en base a que el pleno de la LVI Legislatura del Estado realizó una interpretación que lo llevó a concluir que para elegir consejeros electorales, bastaba con una mayoría calificada de los legisladores presentes en la sesión, cuando de la lectura del artículo 75, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso, en relación con el artículo 17, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro se determina que se necesitará el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura para elegir a los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro.

El motivo de disenso tiene su base, en lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente hasta la reforma de año dos mil ochos, que establecía, en su tercer párrafo, que los consejeros electorales serían electos por la Legislatura del Estado "mediante el consenso o por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes", a propuesta de los grupos parlamentarios. La misma disposición se incluyo entonces en el artículo 66 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro de dos mil tres, vigente hasta el dos mil ocho, cuando entró en vigor la actual legislación electoral.

De lo anterior, se desprende que con anterioridad a la reforma constitucional del año dos mil ocho, el Constituyente de Querétaro determinó un procedimiento poco formal para la designación de los consejeros, en virtud de que los candidatos eran propuestos directamente por los grupos parlamentarios, sin prever un proceso de participación ciudadana y de evaluación por parte del Congreso. Asi mismo se disponía que la designación de los consejeros podía darse mediante consenso de sus integrantes o, en caso contrario, por la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Con la reforma de dos mil ocho el Constituyente local buscó profesionalizar el nombramiento de los consejeros electorales y evitar que la mayoría simple del Congreso los designará, al imponer la regla del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, es decir de la totalidad de sus miembros.

Si bien, con base en una disposición similar de la Constitución de Querétaro, entonces vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de Jurisprudencia, con el número: P./J. 43/2007, relacionada con la facultad de veto del titular del poder ejecutivo local, cuyo rubro es el siguiente: "VETO. PARA SUPERAR EL QUE EJERCIÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEBE INTERPRETARSE QUE SE REQUIERE LA VOTACIÓN CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES AL VOTARSE EL DICTAMEN RESPECTIVO".

Dicha tesis en opinión del suscrito estuvo en concordancia con la disposición legal vigente en esa entidad, hasta dos mil ocho; sin embargo dejó de tener positividad, al emitirse la vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y sobre todo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que señalan una regla distinta de votación para designar a los más altos funcionarios de la entidad, entre ellos a los consejeros electorales. En consecuencia, no estoy de acuerdo con lo sostenido por la mayoría tomando como base dicha tesis para consolidar la sentencia.

Es mi convicción, que a partir de dos mil ocho, cuando fueron emitidas las reformas a la Constitución Política de ese Estado, y de la Ley Orgánica del Congreso de esa entidad federativa la regla de votación cambió, por decisión del poder revisor de la constitución local, para determinar que la designación de los consejeros electorales, entre otros, por parte del Pleno del Congreso local, deberá aprobarse con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura; es decir, con el voto tomado por diecisiete legisladores, tomando en cuenta, los veinticinco diputados integrantes de la legislatura.

Lo anterior es así, en virtud de que este procedimiento de votación se utiliza para votar el nombramiento de altos funcionarios del Estado de Querétaro como son los titulares de órganos que funcionan con plena autonomía, entre otros, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal de lo contencioso Administrativo, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública; el Titular de la Entidad Superior de Fiscalización y por supuesto los Consejeros electorales.

Es mi convicción que un nombramiento realizado de manera unánime o por una mayoría calificada les otorga a dichos funcionarios públicos, un grado mayor de legitimidad, permitiendo el desempeño del cargo con una auténtica autonomía, sin que su nombramiento lo deban a alguna fuerza política en particular.

Así, es claro para el suscrito, que los dispositivos legales en comento, estuvieron en la mente de los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro; sin embargo al acercarse el supuesto tiempo límite para resolver, tomaron la decisión de interpretar de manera sistemática y funcional los preceptos atinentes, para llegar a la conclusión de que con tan sólo la presencia de los dieciséis legisladores presentes en la sesión, era posible la designación de los consejeros electorales.

De ahí que no este de acuerdo con lo que se señala en la sentencia de la mayoría consistente en que el procedimiento de votación se verificó conforme a la convocatoria, lo cual no es verdad, pues se violentó el contenido de la Base NOVENA, al no seguirse el Quórum de votación necesario para la designación de consejeros electorales, que era el nombramiento por unanimidad de las fracciones legislativas que componen la Junta de Concertación Política.

En consecuencia, me aparto de lo propuesto en el proyecto, en el sentido de que se considere que el procedimiento de designación de consejeros electorales para el Estado de Querétaro cumplió con el principio de legalidad al sostener que con la presencia de la mayoría de los miembros presentes de la legislatura, se cumplió con lo dispuesto en el artículo diecisiete, fracción IV, de la Constitución local.

Lo anterior, porque con tan sólo dieciséis legisladores se podía tomar la decisión, cuando en términos de ley, el mínimo indispensable para ello, sería una mayoría calificada del número de diecisiete diputados, de los veinticinco que integran dicho órgano colegiado, pues de otra forma, con el voto aprobatorio de nueve de los legisladores presentes; o en casos extremos con el voto de cinco legisladores de los nueve presentes, ello era suficiente para considerar válido dicho nombramiento, lo cual, desde mi particular punto de vista, resulta contrario a lo establecido en la Constitución Política del Estado así como en la Ley Orgánica del Congreso del Estado y un aviso demasiado peligroso el que se envía a los legisladores queretanos, de que con una mayoría simple se puede realizar esos nombramientos, como he tratado de demostrar en los párrafos anteriores.

Tampoco estoy de acuerdo con lo señalado en la sentencia, en el sentido de que con una mayoría calificada de todos los integrantes del pleno del congreso local se podría generar la posibilidad de paralizar el funcionamiento de la legislatura, lo cual no es verdad pues la inasistencia de los legisladores a las reuniones de ése órgano colegiado debe ser sancionada conforme lo establecido en la ley Orgánica del Congreso y los reglamentos respectivos.

Además, considero que lo que buscó el Constituyente local fue consolidar el consenso dentro del Congreso y, por ende, privilegiar la discusión entre partidos políticos, a fin de evitar imposiciones por parte de los partidos mayoritarios.

Por lo expuesto, manifiesto que en mi concepto, se debe reponer el procedimiento de selección y designación, desde el momento en que fueron presentadas al Pleno de ése órgano colegiado, las propuestas de cincuenta y cuatro aspirantes a consejero electoral, y someterlo a la votación del Pleno del congreso del Estado de Querétaro y designar a los siete consejeros electorales con el voto de cuando menos diecisiete de los veinticinco legisladores que integran dicha legislatura, para dar cabal cumplimiento a la Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso y a la convocatoria emitida por el órgano responsable y publicada en la Gaceta Legislativa del estado el treinta y uno de octubre de dos mil diez.

Lo anterior es así porque la reforma constitucional del año dos mil siete le otorgó a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la calidad de ser un tribunal constitucional, lo cual conlleva la trascendente e ineludible responsabilidad de interpretar las normas de manera que permita darle coherencia a los postulados constitucionales y legales respectivos.

Desde ese punto de vista la autoridad jurisdiccional electoral debe interpretar de forma armónica los preceptos de ley, para darle operatividad a los postulados constitucionales y legales que permitan el ejercicio pleno de las potestades que el mismo ordenamiento legal prescribe en materia de selección y designación de consejeros electorales de las entidades federativas.

Considero aplicable al presente caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia SEJ 06/2003, aprobada por la Sala Superior del Tribunal electoral, cuyo rubro y texto dicen:

"VOTACIÓN CALIFICADA PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS ELECTORALES. FORMA DE ALCANZAR LOS PORCENTAJES O FRACCIONES MÍNIMOS EXIGIDOS POR LA LEY. Conforme con los principios de certeza y legalidad, previstos por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en las disposiciones constitucionales o legales aplicables se exijan votaciones en porcentajes o fracciones de los miembros o integrantes de algún cuerpo colegiado, tales preceptos deben interpretarse en el sentido de que si con el número de votos que se emitan en apoyo de una propuesta, no se alcanza el porcentaje ordenado por la norma, sino uno menor, cualquiera que éste sea, implica el incumplimiento de la disposición jurídica, pues para que las normas en que se exijan porcentajes o fracciones de votación se vean colmadas, se hace necesario que, con el número de votos que se emitan en un sentido se alcance completamente el porcentaje exigido, aunque se exceda el que la ley establece."

En los precedentes que dieron lugar a la aprobación de esta jurisprudencia (SUP-JRC-6/2001, SUP-JRC-1/2003 y SUP-JRC-3/2003), la Sala Superior sostuvo:

"…En conclusión, analizando cada uno de los casos referidos, encontramos que el hecho de que se exija determinado tipo de votación para la toma de decisiones, sin duda, obedece a una determinada teleología, en función del tipo, naturaleza o trascendencia del acto de que se trate, conceptos que, si bien es cierto pueden ser subjetivos, también lo es que en torno a cualesquiera de los actos de que se trate puede existir un consenso generalizado en el sentido de calificarlos como rutinarios, relevantes o trascendentes, en función de que sus efectos puedan afectar a alguna o varias personas, a alguna o varias instituciones, o bien al tipo de instituciones de que se trate…."

Partiendo de lo anterior y de un estudio de diversos artículos de la nueva Constitución del Estado de Querétaro, se advierte que el Constituyente quiso establecer diversos tipos de votación en función de la importancia del asunto a debatir. Así, estableció una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes del Congreso para designar al gobernador provisional, interino o sustituto; para designar a los magistrados, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a los consejeros electorales y al titular de la entidad de fiscalización; para declarar la desaparición de un ayuntamiento o revocar el mandato de alguno de sus miembros; así como para crear nuevos municipios. Por otra parte, estableció una mayoría de las dos terceras partes de los diputados presentes para conceder al ejecutivo facultades extraordinarias en casos de alteración del orden público.

De lo anterior, se advierte que existe cierta vinculación entre los tipos de votación exigida respecto de ciertos actos, en la Constitución del Estado de Querétaro, atendiendo al tipo de acto, su naturaleza o trascendencia, de ahí que en el caso que nos ocupa, estamos en presencia de una votación mayoritaria calificada, orientada a "encarecer" la adhesión de voluntades al acto con la finalidad de darle mayor legitimidad al nombramiento de las personas que juzgarán y calificarán las elecciones en la referida entidad federativa.

En consecuencia, disiento de la sentencia aprobada por la mayoría, por considerar que la misma se aparta del cumplimiento de los principios constitucionales, entre los que destaca el principio de legalidad, que debe regir todos los actos y resoluciones de las autoridades, entre las que se encuentra la LVI Legislatura del Estado de Querétaro. Rúbrica

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS EN EL EXPEDIENTE SUP-JRC-412/2010 Y ACUMULADO.

Con el debido respeto a los magistrados que forman la mayoría, disiento del sentido de la ejecutoria que confirma el procedimiento de designación de Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, celebrado por la LIV Legislatura de la referida entidad federativa, por considerar que el mismo se realizó sin contar con la votación mínima requerida por la Constitución Política Local.

En efecto, de conformidad con el artículo 17 fracción IV de la referida Constitución del Estado de Querétaro, para la designación de los referidos consejeros se requiere la votación calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, esto es, el voto de diecisiete de los veinticinco diputados y, en el caso, solamente votaron quince, lo cual constituye una violación a la regla de mayoría calificada.

Estimo que la citada norma es muy clara en su contenido y no requiere interpretación alguna, toda vez que del enunciado "dos terceras partes de los integrantes de la legislatura" no existe duda en que el parámetro para dicha votación descansa en la totalidad de los miembros del órgano legislativo y no, como se manifiesta en el proyecto, "de los diputados presentes al momento de recabar la votación".

En este sentido, considero que dicha la norma constitucional no necesita interpretarse por ser clara y concreta, pues no habla de "diputados presentes" sino de "diputados integrantes de la legislatura", es decir, de los veinticinco que integran dicho órgano. En mi concepto, sostener lo contrario sería tanto como ir en contra del espíritu del Constituyente local, al determinar que los consejeros electorales del Estado de Querétaro, debían ser electos a través de un sistema que garantizara una votación por mayoría calificada, entendida ésta por la doctrina como: "aquella reservada a los actos que requieren alto grado de legitimación y amplio consenso en la institución representativa".

Además, debe tenerse en cuenta que del artículo 17 de la norma constitucional local se advierten diversos actos de decisión que requieren, en algunos casos, el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura y en algunos otros, de los presentes en la sesión, como se verá a continuación:

"Artículo 17. Son facultades de la Legislatura:

I. Expedir su ley orgánica y los reglamentos que requiera;

II. Aprobar las leyes en todas las materias, con excepción de las expresamente concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Unión y a las Cámaras que lo integran;

III. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, al ciudadano que deba asumir el cargo de Gobernador con el carácter de provisional, interino o sustituto, en los casos y términos que esta Constitución prescribe;

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los demás que determine la ley;

V. Conceder licencia a los diputados, al gobernador; así como conceder las licencias y admitir las renuncias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los demás funcionarios cuya designación competa a la propia Legislatura;

VI. Resolver si ha lugar o no, proceder en juicio político o declaración de procedencia, en contra de los servidores públicos;

VII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o declarar la desaparición de algún Ayuntamiento y revocar el mandato de alguno de sus miembros, suspenderlos o inhabilitarlos por alguna de las causas que la ley señale;

VIII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, crear nuevos Municipios dentro de los límites de los ya existentes;

IX. Decretar la traslación provisional de los Poderes de la entidad fuera del Municipio de su residencia;

X. Aprobar anualmente la Ley de Ingresos del Estado y la de cada municipio, así como el Presupuesto de Egresos del Estado;

XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que contrate empréstitos y otorgue avales para garantizar obligaciones legalmente contraídas;

XII. Conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado y por voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, las facultades extraordinarias en los casos de alteración del orden público o cualquier otro motivo grave y sólo con respecto a aquellas facultades que no son de la exclusiva competencia de los Poderes Federales;

XIII. Decretar amnistía por delitos de la competencia de los tribunales del Estado;

XIV. Sustituir a los Diputados en ejercicio, cuando sin causa justificada, a juicio de la Legislatura, falten a tres sesiones consecutivas;

XV. Llamar a los suplentes ante la falta absoluta de los diputados; cuando la falta absoluta sea de diputados propietarios y de suplentes, llamar al siguiente candidato del mismo partido de la lista plurinominal;

XVI. Citar a comparecer a los servidores públicos o funcionarios de las dependencias, organismos del Ejecutivo, del Judicial, de los Municipios, de las entidades paraestatales, organismos autónomos y cualquier otra entidad pública;

XVII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, ratificar los arreglos o convenios de límites territoriales concertados entre los ayuntamientos o los que el titular del Ejecutivo celebre con los de otros Estados, y en su caso, someterlos a la ratificación en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVIII. Rendir, en el mes de julio, el informe anual de actividades del Poder Legislativo y;

XIX. Todas las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes le otorguen".

Del contenido del precepto constitucional en comento, se advierte que las decisiones trascendentales que, a juicio del legislador local requieren de alto grado de consenso y por ello, del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura son:

a)La elección del ciudadano que deba asumir el cargo de Gobernador con el carácter de provisional, interino o sustituto (fracción III);

b)La elección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro (fracción IV);

c)La suspensión o declaración de la desaparición de algún ayuntamiento y revocar, suspender o inhabilitar a alguno de sus miembros (fracción VII), y

d)La ratificación de los arreglos o convenios de límites territoriales concertados entre los ayuntamientos (fracción XVII).

Por otro lado, en la fracción décimo segunda del artículo 17 en comento, se puede observar la facultad de la Legislatura estatal para conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado y por voto de las dos terceras de los diputados presentes, las facultades extraordinarias en los casos de alteración del orden público o cualquier otro motivo grave.

Finalmente, cabe mencionar que en el resto de las fracciones de la norma en cita, no se hace precisión de votación calificada alguna por lo que se estima que bastará la votación que se tome por mayoría simple.

De lo anterior, se puede advertir que el artículo 17 de la constitución queretana es muy claro en aquellos casos en que, por la importancia de las determinaciones que asume la Legislatura, se requiere la mayoría calificada de la totalidad de sus miembros y, solamente en el caso de la fracción décimo segunda, se puede aprobar con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión. De ahí que se puede inferir que si el legislador hubiese querido distinguir que la votación necesaria para designar a los funcionarios mencionados en la fracción cuarta, entre los que se encuentran los consejeros electorales, simplemente así lo hubiese dispuesto.

También se desprende que la designación de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro tiene una trascendencia tal que el propio legislador local determinó situarla al mismo nivel que las determinaciones trascendentes como el nombramiento de gobernadores sustitutos, interinos o la desaparición de un ayuntamiento, entre otras.

En consonancia con lo anterior, en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el primero de diciembre de dos mil ocho, se establece la regla de que todas las resoluciones se aprobarán por mayoría simple, salvo que exista prevención especial, entre las que se encuentran las siguientes:

Simple: la que representa la mitad más uno de los votos de los diputados presentes en una sesión.

Relativa: la que representa el mayor número de votos de los diputados presentes en una sesión.

Calificada: la que representa las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

Es por ello, que en mi concepto, la norma aludida no puede ser objeto de interpretación alguna, ya que el legislador mostró mucho cuidado al diferenciar aquellos casos trascendentales en los que se requería la mayoría calificada de los veinticinco integrantes de la Legislatura.

De ahí que tampoco comparto la interpretación funcional que se realiza en el proyecto para concluir que las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, debe entenderse en el sentido de que se trata de los legisladores presentes al momento de recabar la votación, pues de otro modo se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 94 de la ley orgánica, en cuanto prevé que una sesión del Pleno puede válidamente realizarse con la mayoría de la legislatura, es decir con trece diputados.

Lo anterior, porque no debemos confundir el Quórum que legalmente se exige para que la legislatura sesione válidamente, con la votación por mayoría calificada para la toma de decisiones trascendentales. Ya que el primero constituye un mero requisito formal para la celebración de las sesiones, mientras que el segundo tiene como finalidad que las votaciones que al seno del órgano legislativo se tomen, respecto de cuestiones trascendentales para la vida del Estado de Querétaro, encuentren respaldo en el apoyo de diecisiete de los veinticinco miembros que lo integran, y con ello, alcancen un alto grado de legitimación y consenso.

Finalmente, no comparto lo manifestado en el proyecto cuando se apoya en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al criterio que se emitió en el año dos mil seis, respecto de la interpretación al artículo 35, fracción II de la Constitución del Estado de Querétaro, el cual establecía que cuando el Poder Ejecutivo vetaba un proyecto, decreto o acuerdo, lo devolvería a la legislatura para que se sometiera de nuevo al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación de la votación calificada de los dos terceras partes de sus miembros y que, al no especificarse si se trataba de miembros presentes o de la totalidad de aquellos, el Alto Tribunal consideró que debería entenderse referida a los miembros presentes al momento de la votación.

Lo anterior, porque estimo que se refiere a materias distintas y, por ende, no tiene la misma trascendencia para el Estado de Querétaro, la determinación de reinicio del proceso legislativo de una norma vetada por un Gobernador, que la decisión que deba tomarse respecto a la desaparición de un ayuntamiento, la designación del gobernador sustituto, provisional o interino, así como la designación de altos funcionarios públicos estatales y por lo tanto, la Corte decidió que bastaba la votación de los miembros presentes en la sesión correspondiente.

Además, precisamente a raíz del criterio de interpretación emanado en el año dos mil seis por la Corte, el legislador queretano, en el año dos mil ocho consideró necesario establecer que para la designación de los funcionarios previstos en la fracción cuarta del artículo 17 constitucional, la votación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

No debemos de olvidar que con anterioridad a dicha reforma constitucional, la designación de los consejeros electorales, se derivaba a la Ley Electoral del Estado de Querétaro. En efecto, en el artículo 41, fracción XV de la constitución, cuya reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de enero de dos mil seos, se establecía que la referida designación se realizaría conforme a la Constitución y a las demás normas aplicables. Siendo el caso de que en el artículo 66 del código electoral se establecía que "serán electos por la Legislatura del Estado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión respectiva". Situación que hace evidente la decisión del legislador queretano de imponer al nombramiento de los funcionarios previstos en la norma en cuestión, un respaldo con la votación calificada del total de los miembros de la Legislatura, a fin de lograr la legitimación y consenso en su elección.

Adicionalmente, es preciso advertir que el referido artículo 35, fracción II constitucional, interpretado por la Suprema Corte, hoy en día tiene una nueva connotación, pues la constitución vigente en su artículo 19, párrafo primero, fracción V, si bien prevé la misma norma, ahora se precisa que para la aprobación aludida, corre a cargo de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Situación que evidencia que el criterio en que se basa el proyecto no puede ser aplicable.

Los razonamientos anteriores motivan mi disenso, por lo que estimo que esta Sala Superior debía revocar el procedimiento impugnado y ordenar su reposición. Rúbrica.

VOTO CONCURRENTE QUE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 199, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EMITE EL MAGISTRADO SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR, EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL SUP-JRC-412/2010 Y ACUMULADOS.

Respetuosamente, manifiesto que comparto la decisión de la mayoría, en el sentido de confirmar el acto impugnado, aunque por razones diferentes.

En principio, disiento de la interpretación que se da en el proyecto a la normativa aplicable al caso, así como de la conclusión a la que arriban, en el sentido de que la regla de mayoría calificada, para la designación de integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se cumple con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión del Congreso local, porque en mi concepto, la mayoría calificada que exige la norma es la que corresponde a las dos terceras partes de todos los integrantes de ese órgano legislativo.

En efecto, en lo atinente a la mayoría calificada exigida en la Constitución local, para la designación de los Consejeros Electorales, en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro se dispone:

"Artículo 1. (Objeto de la ley)…

Las disposiciones de esta Ley no son transigibles por vía de acuerdo de la Legislatura o de sus órganos, ni su vigencia u observancia podrán, por este concepto, suspenderse u obviarse".

Una de estas disposiciones establece que la mayoría calificada se integra por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura [artículo 75, inciso c)].

A su vez, en el artículo 17, fracción IV, de la Constitución se prevé que la Legislatura elegirá a los Consejeros Electorales, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

La misma mayoría calificada se exige para la elección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública6.

6 Se exige también el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura para suspender o declarar la desaparición de algún Ayuntamiento y revocar el mandato de alguno de sus miembros, suspenderlos o inhabilitarlos por alguna de las causas que la ley señale. Esta mayoría se exige asimismo para crear nuevos Municipios dentro de los límites de los ya existentes.

De acuerdo con Konrad Hesse, el límite de la interpretación es el texto de la ley, de manera que, en el caso, si se atiende al texto legal, y se considera que la Legislatura se integra con 25 diputados, las dos terceras partes de sus integrantes son 17 diputados.

Desde mi perspectiva, es claro que en la integración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, la Constitución local exige el voto favorable de 17 diputados.

La exigencia de mayoría calificada (diecisiete diputados) debe relacionarse con el límite a la sobrerrepresentación o límite a la mayoría, establecido en el sistema electoral local, según el cual, ningún partido puede contar con más de dieciséis diputados (artículo 154, párrafo quinto, de la ley electoral de Querétaro).

De este modo, con el fin de dotar de mayor legitimidad al órgano encargado de la organización de las elecciones, ningún partido puede, por sí mismo, designar a los integrantes de un órgano constitucional autónomo, como lo es el Instituto Electoral de Querétaro, pues la Constitución local exige necesariamente el consenso de distintas fuerzas políticas para su conformación.

En el caso se cumplió con esta condición, porque en la designación de los Consejeros Electorales intervinieron todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura local, con la peculiaridad de que sólo uno de los diez diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional estuvo presente durante la votación (el coordinador de esa fracción). Así, los Consejeros Electorales fueron designados por los diputados pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza.

Además, los diputados seleccionaron a los integrantes del Consejo Electoral de entre una lista de cincuenta y cuatro aspirantes, ampliada precisamente a instancia del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, de suerte que se puede pensar, conforme a la lógica, que se sometieron a votación las propuestas de candidatos de todos los grupos parlamentarios, inclusive las del partido actor.

En su libro Esencia y valor de la democracia, Hans Kelsen afirma que el principio de la mayoría parlamentaria supone la existencia de una minoría, pues en ciertas esferas de intereses sólo pueden dictarse normas con el asentimiento de una minoría calificada y no contra su voluntad, es decir, ciertas decisiones sólo son posibles mediante acuerdo entre mayoría y minoría.

También afirma Kelsen, que todo el procedimiento parlamentario con su técnica, con sus controversias dialécticas, discursos y réplicas, argumentos y refutaciones, tiende a la consecución de transacciones. En ello estriba el verdadero sentido del principio de mayoría en la democracia genuina, y por esto es preferible darle el nombre de "principio de mayoría y minoría"7.

7 Kelsen Hans, Esencia y valor de la democracia, Colofón, México, 1992, página 85 y siguientes.

Acorde con el propio Kelsen, uno de los problemas más difíciles y peligrosos del parlamentarismo es el de la obstrucción, pues los preceptos reguladores del proceso parlamentario y especialmente los derechos concedidos a las minorías, pueden ser utilizados por éstas para entorpecer e incluso paralizar el mecanismo parlamentario, ya sea mediante medios reglamentarios o ilegales. Sin embargo, según el jurista austriaco, la obstrucción ha sido no pocas veces un medio que en lugar de imposibilitar la formación de la voluntad parlamentaria la ha encauzado hacia una transacción entre mayoría y minoría8.

8 Ibidem, páginas 93-94.

En el diseño de la legislación local, el nombramiento de los integrantes del Instituto Electoral de Querétaro debe obedecer al acuerdo de las distintas corrientes políticas y ser reflejo del pluralismo político que, según la propia ley, debe prevalecer en la Legislatura.

De esta manera, el proceso de nombramiento de los consejeros electorales es uno de los elementos del diseño jurídico que, junto con otras más (requisitos de idoneidad; causas de impedimento; condiciones de estabilidad en el cargo, entre otros) contribuye a garantizar la autonomía del órgano, y la independencia e imparcialidad de sus miembros, quienes son designados por la voluntad general de una asamblea política, integrada de forma plural, de suerte que ninguno de los nombramientos pueda identificarse con un grupo parlamentario en particular.

Por supuesto, no soslayo que en la práctica, el consenso entre los distintos grupos parlamentarios puede dificultarse. Sin embargo, como expresa Jeremy Bentham, el medio defensivo de una asamblea política ante la oposición a la formación de la voluntad general no es otro que su sistema interno, que debe imponer la necesidad de la moderación, la reflexión y la perseverancia9.

9 Bentham Jeremy, Tácticas parlamentarias, Congreso de los Diputados, Madrid, 1991, página 55.

Un principio general de la ley que rige a la Legislatura local es privilegiar el consenso para obtener la voluntad general de la asamblea política a través de la mayoría exigida por la Constitución y la ley local.

En esta misma dirección se han desarrollado las legislaciones locales en otras trece entidades federativas de la República Mexicana, en las que se exige esta mayoría calificada, integrada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León10, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

10 De acuerdo con lo previsto en las legislaciones de Colima y Nuevo León (artículo 43, párrafo primero de la Constitución local) si no se alcanza la mayoría calificada, los Consejeros Electorales serán designados por insaculación.

Esta tendencia se observa también en la actuación de los Parlamentos de otros países: en el artículo 79, párrafo 2, de la Ley Fundamental de Bonn, se prevé que las reformas a la misma requieren de la aprobación de dos tercios de los miembros de la Dieta Federal y de los dos tercios de los votos del Consejo Federal; del mismo modo, para la revisión de la Constitución de Francia de 1958, según el Título XVI, se establece que el proyecto de revisión debe ser votado por el voto de las dos quintas partes de los votos emitidos y que será definitiva una vez aprobada por referéndum. Asimismo, a partir del Tratado de Niza (2001), el Consejo de la Unión Europea, adopta sus decisiones por mayoría calificada en asuntos trascendentes para la vida política de la Unión Europea (libertad, seguridad, justicia, asuntos económicos, relaciones exteriores y medio ambiente).

Cabe destacar, que en lo particular, no me parece que las normas que exigen la votación de las dos terceras partes de los integrantes de un órgano legislativo local sean disfuncionales.

En efecto, en un caso en el que se analizó el requisito de una votación, por mayoría calificada, al examinar la constitucionalidad del artículo 44 de la Constitución de Morelos, que exige el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, para la aprobación de una ley o decreto, la Corte sostuvo lo siguiente:

"…

Siguiendo este criterio interpretativo, cabe considerar que el análisis de la evolución legislativa que han tenido, principalmente los artículos 41, 52, 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al sistema electoral mexicano, permite establecer que en el de mil novecientos sesenta y tres se introdujo la figura de los llamados "diputados de partido", sistema que permitía designar un número determinado de escaños en el Congreso a los partidos que hubieran obtenido un porcentaje mínimo de la votación nacional, lo que posteriormente (mil novecientos setenta y siete) evolucionó al sistema de representación proporcional con lo cual se pretendió hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun minoritarios en su integración pero con una representación importante, pudieran ser representados en el seno legislativo y hacer oír su voz en la toma de decisiones; lo anterior, si bien marcó un avance democrático, todavía no era satisfactorio porque estaba en vigor la llamada "cláusula de gobernabilidad" que consistía, esencialmente, en la disposición de que al partido político que en las elecciones había obtenido el mayor número de escaños, aunque no el cincuenta y uno por ciento, se le agregaran automáticamente el número de representantes suficientes para alcanzar dicha mayoría, de tal forma que teniendo asegurada la votación mayoritaria favorable, el partido político mayoritario configuraba el predominio absoluto dentro de un sistema de gobernabilidad unilateral o unipolar, donde los partidos políticos minoritarios podían expresar sus opiniones, pero no tenía el poder, ya que todas las iniciativas, dictámenes y mociones estaban ganadas de antemano por el partido mayoritario.

Dicho sistema fue modificado mediante reformas que se hicieron al artículo 54 constitucional en mil novecientos noventa y tres, a partir de las cuales, la mayoría de más del cincuenta por ciento de los escaños por parte de un partido político, ya no se logra como privilegio en virtud de un aumento automático de representantes, sino como resultado del voto ciudadano. Así, la regla general del sistema actual es la gobernabilidad multilateral, que privilegia el consenso entre las diversas fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias en una fórmula que pretende consolidar el sistema democrático mexicano.

Por tanto, si de la interpretación teleológica e histórica de los artículos constitucionales referidos se infiere que los valores e instituciones que el Poder Reformador protegió a través de la evolución reformatoria mencionada, fueron aquellas que culminaron en la instauración de un sistema democrático en donde predominara la gobernabilidad multilateral, mediante el consenso de los partidos políticos, ha de concluirse que el establecimiento de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado de Morelos para aprobar leyes y decretos, como dispone el artículo 44 de la Constitución Local, se halla dentro de los límites constitucionales que marca nuestra Carta Magna, en cuanto siendo incluyentes de la voluntad de los partidos minoritarios, permite la gobernabilidad multilateral."

Esta ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis de jurisprudencia:

"VOTACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS LOCALES PARA APROBAR LEYES O DECRETOS. EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, QUE ESTABLECE DICHO SISTEMA, NO PUGNA CON EL PACTO FEDERAL.

De los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 49, 71, 72, 79, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden prerrogativas, derechos y obligaciones de los ciudadanos como el de votar y ser votado, elegir a sus gobernantes y a quienes los representen ante el Congreso de la Unión; asimismo, dichos preceptos establecen las bases para erigir los poderes y órganos a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, ya sea de la Federación o de los Estados, según la competencia que les corresponde conforme al Pacto Federal; de la misma manera, establecen el principio de división de poderes, la organización fundamental del Estado mexicano, las facultades de los poderes, etc., así como las normas básicas a que deben sujetarse las Constituciones Locales, entre las cuales se hallan las que regulan las facultades de los poderes y órganos estatales, pero respetando su autonomía en lo no regulado. Ahora bien, de las mencionadas disposiciones de la Constitución Federal, ni de ninguna otra, se desprenden normas que obliguen a las Legislaturas Locales a adoptar un quórum determinado para la aprobación de una ley o decreto, es decir, que deba aprobarse por mayoría simple o calificada. Atento a lo anterior, no puede estimarse que el artículo 44 reformado de la Constitución Política del Estado de Morelos, en cuanto prevé que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto requiera una votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, en vez de una mayoría simple, violente dichas disposiciones constitucionales; por lo contrario, se establece el libre juego democrático de las diferentes fracciones parlamentarias, al abandonar la gobernabilidad unilateral y adoptar la gobernabilidad multilateral consensada.

Acción de inconstitucionalidad 13/2000. Diputados integrantes de la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

Sobre la base de tales criterios, es posible afirmar, que las normas que exigen la mayoría calificada de votos, de las dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo local, son funcionales y garantizan la intervención y el consenso de todas las fracciones parlamentarias, en la toma de decisiones trascendentales.

No obstante mi convicción respecto de lo expuesto, en el caso concreto existen circunstancias y particularidades en el proceso de selección de consejeros del órgano electoral local y del funcionamiento del órgano legislativo que no pueden ser soslayadas, so pena de conducir a situaciones insostenibles respecto de la manera en la que los grupos parlamentarios se comportan ante la posibilidad de tomar decisiones trascendentales.

Al respecto, Ángel J. Sánchez Navarro señala sobre el valor de la oposición: "la existencia de la oposición representa una colaboración indispensable con el poder, en cuanto le legitima. La presencia de la oposición, su actuación libre y su aceptación por el poder, son la mejor prueba de que este último lo es en virtud del Derecho y no de la fuerza".

A lo que agregaría, que la oposición en los órganos parlamentarios se justifica, cuando hace uso de sus atribuciones y facultades para discutir en tribuna e incluso manifestar su disenso respecto de decisiones tomadas por votación en el órgano al que pertenecen.

El propio Ángel J. Sánchez Navarro señala que el "estatuto jurídico de la oposición", alude al conjunto de facultades que los ordenamientos jurídicos reconocen, formal o informalmente, a las minorías que integran el sujeto político "oposición", consideradas de forma unitarias y sistemática, adoptando una doble perspectiva:11

11 Sánchez Navarro, Ángel J., La oposición parlamentaria, Congreso de los diputados, Madrid, 1997, páginas 59 y 60.

a) Orgánica: La protección de la oposición se traduce en la exigencia de que los grupos minoritarios estén presentes en los diversos órganos parlamentarios. Dicho criterio de participación se garantiza básicamente a través de dos vías; la primera, estableciendo requisitos de mayorías reforzadas o cualificadas para su elección, lo cual obliga a ampliar el consenso entre diversas fuerzas parlamentarias, eligiendo así a personas que no aparezcan vinculadas únicamente a la fuerza mayoritaria. La segunda posibilidad se basa en ciertos mecanismos de elección de órganos colegiados que garanticen un mínimo de pluralismo en un seno.

b) Funcional: Una vez asegurada la presencia de las minorías en las diversas instancias, se hace igualmente preciso garantizarle ciertas reservas de tiempo y de iniciativa autónoma. En el proceso de formación de la voluntad parlamentaria se distinguen básicamente en tres fases: iniciativa, discusión y decisión, a partir de ello, la garantía de las minorías parlamentarias en el sentido funcional, supone el reconocimiento de márgenes de autonomía en las dos primeras, dejando a salvo el derecho de la mayoría de decidir sobre el fondo de las cuestiones. Esa esfera autónoma debe ser reconocida y garantizada frente a la mayoría, el interés que debe protegerse en ese punto es el del dialogo y la discusión abierta entre los diversos sectores sociales representados en los parlamentos.

En ese sentido, resulta claro que, como oposición, se reconocen garantías tales como, el derecho a ser convocados y asistir a las sesiones y votar en las mismas, derecho a la libertad de expresión de los parlamentarios, de forma tal que ningún actor sea excluido del proceso deliberativo, esto es participar en la discusión de la toma de decisiones.

En el caso concreto, existen datos, conforme a la constancias de autos, que permiten sostener, que uno de los grupos parlamentarios, integrante de una fracción parlamentaria del Congreso del Estado de Querétaro, que estuvo en aptitud de oponerse válidamente, mediante los votos que hubiera emitido en la sesión correspondiente, optó por no hacerlo, a pesar de que existían las condiciones necesarias para hacer valer su disenso.

Esa circunstancia, adicionada con la peculiaridad de que el día en que se celebró la sesión del Congreso del Estado de Querétaro, para la designación de consejeros electorales constituyó la fecha límite para el cumplimiento de ese acto, me lleva a concluir que el acto celebrado por ese órgano legislativo, en el que votaron quince diputados a favor de la propuesta respectiva y uno más marcó la cédula como voto nulo, debe subsistir, en sus términos.

En efecto, en el caso no está controvertido, que las fracciones parlamentarias integrantes de la legislatura del Estado de Querétaro fueron debidamente convocadas a la sesión iniciada el treinta de noviembre de dos mil diez, en cuyo orden del día se incluyó la designación de consejeros del Instituto Electoral de esa entidad federativa.

De otra parte, en el proyecto se explica, con lo cual coincido, que las aparentes irregularidades relacionadas con la hora de inicio de la sesión, los recesos celebrados y la reanudación de la sesión no fueron tales.

También se desarrolla en el proyecto, lo cual quiero resaltar, que en el acta de sesión del Congreso del Estado de Querétaro se asentó que el Diputado Hiram Rubio García mencionó, que "para la construcción de acuerdos es necesaria la voluntad política, por lo que los diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional que no se encuentran presentes en la sesión, deberían de integrarse a la misma, a fin de culminar dicho asunto, e invita al coordinador legislativo de Acción Nacional a que vayan juntos al restaurant de al lado a invitarlos". A lo que el diputado León Enrique Bolaño Mendoza, quien actuó como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional simplemente manifestó "existe buena voluntad política de parte de los diputados integrantes del grupo; legislativo del Partido Acción Nacional y que hay razones para que no se presenten".

Esto es importante, porque conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el Coordinador Parlamentario tiene incluso facultades para tomar decisiones en nombre de su fracción parlamentaria, tales como conminar a los miembros de su fracción a ingresar a la sesión, con el fin de intervenir en la votación.

En otro momento, en el acta se asentó que el diputado José Luis Aguilera Rico solicitó que se instruyera al Director de servicios Financieros de la Legislatura para que a los diputados ausentes sin causa justificada les fuera descontado su "sueldo", a lo que el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional no emitió réplica o explicación alguna de la ausencia de los nueve legisladores integrantes de dicha fracción.

Lo asentado en el acta, que es un documento de carácter público, no está objetado por los demandantes; por el contrario, está robustecido con dos notas periodísticas que son coincidentes en la descripción del hecho relativo a la presencia de nueve diputados del Partido Acción Nacional, en las inmediaciones del Congreso local. Dichas pruebas permiten sostener, que los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estuvieron en aptitud de acudir y participar en la sesión en la que se decidió sobre la selección de integrantes del Consejo General del Instituto Electoral local y, sin explicación aparente (cuando menos no consta en autos la razón de su ausencia) optaron por no hacerlo, es decir, decidieron no participar, ni manifestar en tribuna su oposición, ni, lo más importante, expresar su disenso mediante el voto en contra de las propuestas presentadas durante la sesión.

Es más, el contenido del disco compacto exhibido por el partido actor, el cual afirma contiene la grabación de la sesión del Congreso del Estado de Querétaro, coincide con las partes esenciales del acta, aun cuando se trata de una prueba cuya fuente no fue especificada por el partido oferente, y que por ser de naturaleza técnica puede ser susceptible de alteración o manipulación.

La manera de conducirse, de la fracción parlamentaria del partido actor, ausentándose sin causa justificada de la sesión, de ser aceptada como mecanismo para evitar que se obtenga la votación calificada, de las dos terceras partes de los integrantes de una legislatura, llevaría a la obstrucción de la actuación del órgano y a la atrofia de sus funciones.

Por ende, considero que, en el caso, la mencionada regla de mayoría calificada debe ser ponderada frente a la necesidad jurídica de integración y designación oportuna de los consejeros del Instituto encargado de organizar las elecciones en el Estado de Querétaro y en relación con los fines que la propia normativa local le asigna a ese organismo electoral, así como frente al imperativo de impedir que prácticas parlamentarias semejantes a las ocurridas en dicho evento obstaculicen la integración de una institución.

En mi concepto, en la Constitución y legislación del Estado de Querétaro que rige el proceso de integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral local, existe una garantía institucional reglada que conforma adecuadamente el estatuto jurídico de la oposición, a través del establecimiento de un quórum de votación calificado que impedía que el grupo mayoritario por sí mismo, desplazara o anulara la voluntad o expresión de algún otro. De esta manera, lo racional era que antes de optar por la ausencia se ejerciera esa garantía institucional.

En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el Instituto Electoral de Querétaro tiene como fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos, garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones.

En aplicación

n del artículo 4 y 60 de la propia ley electoral, en los procesos electorales del Estado de Querétaro rigen los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad.

Conforme al diverso artículo 63, párrafo segundo de la ley electoral local, los consejeros electorales deben ser elegidos en el mes de noviembre del año que corresponda.

La vigencia de los principios que rigen los procesos electorales en el Estado de Querétaro depende, entre otras circunstancias, de la oportuna designación de los consejeros del Instituto Electoral y de la efectiva participación de las diversas fuerzas políticas representadas en la Legislatura. Por ende, dicha designación en tiempo y forma adquiere especial relevancia.

En el caso, ante la inexistencia en autos, de una explicación racional respecto de la ausencia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la toma de una decisión tan relevante, y ante la actuación del Congreso local, el cual tomó la decisión de designar a los integrantes del mencionado consejo, por quince votos, que constituyen dos votos más que los trece diputados que conforme al artículo 31, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro constituyen el quórum necesario para sesionar válidamente, y frente a la necesidad de inhibir prácticas que llevarían a la atrofia de las legislaturas locales en la toma de decisiones, el acto debe prevalecer, en beneficio de los principios que rigen los procesos electorales en esa entidad federativa.

Por ende, mi voto es concurrente con el sentido de la ejecutoria que ha sido aprobada por los Magistrados que integran la mayoría de esta Sala Superior. Rúbrica.