RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-RAP-6/2010 Y SUP-RAP-7/2010 ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO: JUAN MARCOS DÁVILA RANGEL

México, Distrito Federal, a tres de marzo de dos mil diez.

VISTOS, para resolver los autos de los expedientes identificados al rubro, promovidos por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante suplente Everardo Rojas Soriano, y el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante propietario Sebastián Lerdo de Tejada C., respectivamente, ambos representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en contra del acuerdo CG667/2009, emitido por ese mismo órgano, el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, relativo al procedimiento especial sancionador incoado en el expediente SCG/PE/IEES/JL/SON/335/2009, respecto de la denuncia presentada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en contra del Partido Acción Nacional, los entonces candidatos Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, y de las personas morales Radio Signo, S.A., concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", en la frecuencia radial 1150 Khz., y XEAP S.A., concesionaria de la emisora XEAP-AM, "La Romántica", en la frecuencia radial 1290 Khz., por hechos que presuntamente constituyen infracciones a la normativa electoral y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado por los partidos políticos apelantes en sus demandas, y del contenido de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

I. Inicio del procedimiento especial sancionador. El doce de octubre de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el oficio número 0/26/00/09/03-2644, signado por Sergio Llanes Rueda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Sonora, mediante el cual remitió escrito de queja suscrito por Hilda Benítez Carreón, Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, a través del cual denuncia hechos que consideró constituyen infracciones a la normativa electoral federal.

II. Celebración de audiencia de pruebas y alegatos. El catorce de diciembre de dos mil nueve, se celebró en las oficinas de la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a que se refiere el artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la que compareció el Partido Acción Nacional, las personas morales denunciadas, así como Manuel Barro Borgaro.

III. Resolución de la autoridad electoral. El dieciséis de diciembre de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió el expediente SCG/PE/IEES/JL/SON/335/2009, relativo al procedimiento especial sancionador referido con antelación, cuyos puntos resolutivos son:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra de la persona moral denominada Radio Signo, S.A., Concesionaria de la Emisora XESO-AM, "La Poderosa", en la frecuencia radial 1150 Khz., en términos de los expuesto en el considerando OCTAVO de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra de la persona moral denominada XEAP, S.A., Concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", en la frecuencia radial 1290 Khz., en términos de lo expuesto en el considerando OCTAVO de la presente resolución.

TERCERO. Se impone a la persona moral denominada Radio Signo, S.A., Concesionaria de la Emisora XESO-AM, "La Poderosa", en la frecuencia radial 1150 Khz., una sanción consistente en un multa de 2,500 (dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal), equivalentes a la cantidad de $137,000.00 (ciento treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) en términos de lo establecido en el considerando DÉCIMO PRIMERO de este fallo.

CUARTO. Se impone a la persona moral denominada XEAP, S.A., Concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", en la frecuencia radial 1290 Khz., una sanción consistente en un multa de 2,500 (dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal), equivalentes a la cantidad de $137,000.00 (ciento treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) en términos de lo establecido en el considerando DÉCIMO SEGUNDO de este fallo.

QUINTO. En términos del artículo 355, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de las multas antes referidas deberán ser pagados en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (sita en Periférico Sur 4124, primer piso, Colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01900, en esta ciudad capital), a partir del día siguiente a aquel en que esta resolución cause estado.

SEXTO. En caso de que las personas morales Radio Signo, S.A., Concesionaria de la Emisora XESO-AM, "La Poderosa", en la frecuencia radial 1150 Khz., y XEAP, S.A., Concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", en la frecuencia radial 1290 Khz., sean omisas en el pago de la multa a que se refieren los resolutivos quinto y sexto, dese vista a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos legales de su competencia, tal y como lo prevé el artículo 355, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SÉPTIMO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra del Partido Acción Nacional, en términos de lo expuesto en el considerando OCTAVO de la presente resolución.

OCTAVO. Se impone al Partido Acción Nacional una sanción consistente en una multa que ascienda a la cantidad de $71,240.00 (setenta y un mil doscientos cuarenta pesos 00/100) en términos del considerando DÉCIMO TERCERO del presente fallo.

NOVENO. En términos del artículo 355, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de la sanción antes referida será deducida de la siguiente ministración mensual del financiamiento que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el Partido Acción Nacional, durante el presente año, una vez que esta resolución haya quedado firme.

DÉCIMO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra de los CC. Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, en términos de lo expuesto en el considerando NOVENO de la presente resolución.

DÉCIMO PRIMERO. Dese vista a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral de Sonora, en términos de lo establecido en el considerando DÉCIMO de la presente resolución.

DÉCIMO SEGUNDO. Dese vista con el presente fallo y las constancias que integran el expediente en que se actúa, al Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos a que alude el considerando DÉCIMO CUARTO de este fallo.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución.

DÉCIMO CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

SEGUNDO. Interposición de los recursos de apelación. Disconformes con la anterior resolución, el siete de enero de dos mil diez, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus representantes suplente y propietario, ante el Consejo General aludido, respectivamente, interpusieron sendos recursos de apelación en contra de la resolución CG667/2009. El primero de los partidos políticos mencionados promovió el recurso al que le correspondió la clave SUP-RAP-6/2010, mientras que el segundo de los citados, el medio de impugnación identificado con el número de expediente SUP-RAP-7/2010.

TERCERO. Comparecencia de tercero interesado. El trece de enero del año en que se actúa, en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, se recibió el escrito del representante del Partido Acción Nacional, mediante el cual compareció como tercero interesado, en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-7/2010.

CUARTO. Trámite y sustanciación.

I. Recepción y turno a ponencia. El catorce de enero del año que transcurre se recibieron en esta Sala Superior, las demandas correspondientes, así como la constancias anexas, motivo por el cual, la Magistrada Presidenta turnó los expedientes de mérito a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos señalados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

II. Radicación y admisión. Por sendos autos de veintiuno de enero del presente año, el Magistrado Instructor emitió auto de radicación y admisión en cada uno de los expedientes señalados al rubro, y tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por los partidos políticos recurrentes, así como por presentado al Partido Acción Nacional en su calidad de tercero interesado.

III. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, en cada uno de los recursos de apelación ya mencionados, con lo cual los asuntos quedaron en estado de dictar sentencia y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicados, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracciones III, incisos a) y g), y V, y 189, fracciones I, inciso c), y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b); 42, y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de dos recursos de apelación interpuestos por dos partidos políticos nacionales, en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que se determinó la imposición de sanciones.

SEGUNDO. Acumulación.

De la lectura de los dos escritos de demanda, correspondientes a los recursos de apelación SUP-RAP-6/2010 y SUP-RAP-7/2010, esta Sala Superior advierte que existe conexidad en la causa, dado que existe identidad en la autoridad responsable, así como en el acto reclamado, pues en las dos impugnaciones se controvierte la resolución CG667/2009, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la que se declaró fundado en parte, e infundado en otra, el procedimiento especial sancionador instaurado en contra del Partido Acción Nacional, los entonces candidatos Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, así como de las personas morales Radio Signo, S.A., concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP S.A., concesionaria de la emisora XEAP-AM, "La Romántica", aun cuando son distintos los recurrentes.

Por tanto, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de facilitar su pronta y expedita resolución y evitar la emisión de fallos contradictorios, se considera conforme a derecho decretar la acumulación del recurso de apelación radicado en el expediente SUP-RAP-7/2010 al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente SUP-RAP-6/2010, por ser éste el que se recibió primero, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria, a los autos del recurso de apelación acumulado.

TERCERO. Requisitos de las demandas, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedencia.

El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 2; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Oportunidad. Las demandas de los recursos de apelación se interpusieron dentro del plazo legal conferido al efecto, pues el acto impugnado consiste en la resolución CG667/2009, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, mientras que las demandas atinentes fueron interpuestas el siete de enero de dos mil diez, esto es, dentro del plazo de cuatro días hábiles a que se refiere el artículo 8 de la ley adjetiva electoral.

Lo anterior, toda vez que los días diecinueve y veinte de diciembre fueron días inhábiles por ser sábado y domingo, mientras que los comprendidos del veintidós de diciembre de dos mil nueve al seis de enero de dos mil diez, correspondieron al segundo periodo vacacional del Instituto Federal Electoral, según el aviso publicado el once de diciembre de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación.

Sobre la circunstancia del lapso de vacaciones de la autoridad responsable, cabe tener en cuenta lo dispuesto en los puntos PRIMERO y SEGUNDO, del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 3/2008, de treinta de abril de dos mil ocho, relativo a la determinación de los días inhábiles, para los efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos jurisdiccionales competencia del Tribunal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo del citado año.

El mencionado acuerdo establece que no deben contarse en el cómputo de los plazos para la interposición y trámite de los medios de impugnación, entre otros, aquellos días en los que el Instituto Federal Electoral deje de laborar o se encuentre en periodo vacacional. Por tal motivo, en el plazo para la interposición de los presentes recursos de apelación, únicamente deben computarse los días diecisiete, dieciocho y veintiuno de diciembre de dos mil nueve, así como el siete de enero de dos mil diez, y como en ese mismo día los partidos políticos apelantes interpusieron los recursos que ahora se resuelven, las demandas son oportunas.

b) Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, y en ellos se hace constar el nombre del actor, su domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa la resolución reclamada y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar tanto los nombres como las firmas autógrafas de los representantes de los partidos políticos apelantes quienes promueven en su nombre.

c) Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran satisfechos, toda vez que los medios impugnativos fueron interpuestos por dos partidos políticos con registro nacional, tanto el Partido Acción Nacional, por conducto de Everardo Rojas Soriano, así como el Partido Revolucionario Institucional, a través de Sebastián Lerdo de Tejada C., en su carácter de representante suplente y propietario, respectivamente, de dichos institutos políticos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Por tanto, se tiene reconocida su personería, en términos de lo dispuesto en el inciso a) del apartado 1 del artículo 45, en relación con el numeral 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Además, dicha personería les fue reconocida por el Secretario del Consejo General responsable en el informe circunstanciado, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2, inciso a), del citado ordenamiento legal.

d) Definitividad. La resolución impugnada es un acto definitivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, toda vez que en su contra no procede el recurso de revisión previsto en el artículo 35, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ni algún otro medio de defensa por virtud del cual dicha resolución pueda ser modificada, revocada o anulada.

e) Interés jurídico. Respecto del Partido Acción Nacional, se tiene por acreditado su interés jurídico para promover el medio de impugnación, pues la resolución reclamada le fue adversa, ya que en ella se le consideró responsable de infracciones administrativas, se le sancionó con una multa, y la providencia que en su caso se dicte en este recurso es idónea para privar de efectos a esa resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, en el escrito mediante el cual, el Partido Acción Nacional compareció como tercero interesado, en el recurso de apelación SUP-RAP-7/2010, hace valer como causal de improcedencia la falta de interés jurídico del promovente Partido Revolucionario Institucional.

En el citado recurso de apelación, el tercero interesado manifiesta que el partido político apelante carece de interés jurídico para controvertir la resolución reclamada, porque las sanciones impuestas por la autoridad responsable no le irrogan perjuicio, ofensa o daño en sus derechos o intereses.

Esta Sala Superior estima que la causal de improcedencia es infundada.

Uno de los elementos que justifican el interés jurídico directo para promover medios de impugnación en materia electoral es el que se alegue la infracción a algún derecho sustancial del actor o recurrente. Lo anterior está desarrollado en la jurisprudencia de esta Sala Superior de rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO".1

1 Consultable en la página 152 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, del Tomo Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior encuentra justificación en que, por regla general, los medios de impugnación se rigen por el principio dispositivo, que se traduce en que la presentación de una demanda se hace a instancia de parte agraviada, quien es la que realiza el acto jurídico por el cual somete una controversia a la jurisdicción electoral; esto es, la parte titular del derecho sustantivo que se dice infringido es quien insta el medio de impugnación.

Sin embargo, como se ha puntualizado, lo anterior constituye una regla general que admite como excepción el caso en que el ejercicio de la acción se hace sobre la base de una pretensión para obtener la protección de derechos colectivos.

En este supuesto, los derechos involucrados no son de la exclusividad de los sujetos sancionados, ya que no se trata de un interés particular el que subyace en la controversia planteada, sino de un derecho colectivo que genera intereses difusos supra-individuales que afectan a una colectividad, respecto del cual, en la materia electoral, se legitima a los partidos políticos de manera exclusiva para promover las acciones conducentes para su defensa; esto es, tales derechos colectivos se hacen valer a través de acciones tuitivas de intereses difusos y, por ello, la instauración del medio de impugnación está otorgada a los partidos políticos, en virtud de que la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos.

Asimismo, en el caso, el Partido Revolucionario Institucional cuenta con interés jurídico para reclamar la resolución impugnada, en atención a que ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional electoral, que los partidos políticos tienen interés jurídico para impugnar la resolución que recae a un procedimiento administrativo sancionador, en virtud de que éstos tienen el carácter de entidades de interés público, de lo que se advierte la posibilidad jurídica de que puedan actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo, con independencia de la defensa de sus intereses particulares. Criterio aprobado por este tribunal en la tesis de jurisprudencia 3/2007, identificada con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA".2

2 Publicada en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Órgano de difusión de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1, número 1, 2008, páginas 32 y 33

Sobre tales bases, si alguno de los sujetos reconocidos como entidades de interés público, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (partidos políticos nacionales) considera que la resolución dictada en un procedimiento administrativo sancionador electoral, es violatoria del principio de legalidad por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución o en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es evidente que ese partido político nacional tiene interés jurídico para impugnarla, mediante el recurso de apelación, en tanto que al hacerlo, no defiende exclusivamente un interés propio como partido político, sino que busca también la prevalencia del interés público.

En el caso concreto, es evidente que el ejercicio de la acción intentada tiene como base la potestad tuitiva de intereses difusos o colectivos por parte del Partido Revolucionario Institucional, debido a que se está ante la resolución en un procedimiento administrativo sancionador incoado con motivo de una queja promovida por la difusión de un promocional en diferentes días, a través de la señal emitida por dos estaciones de radio durante el proceso electoral que se llevó a cabo durante el año dos mil nueve en el Estado de Sonora, en el cual el electorado respectivo se ubicó como destinatario de la propaganda que fue transmitida, supuestamente, sin estar autorizada por la autoridad administrativa electoral federal, motivo por el cual, el Partido Revolucionario Institucional está legitimado para promover el medio de impugnación correspondiente.

Además, el aludido interés jurídico es independiente de la circunstancia de que el partido recurrente haya o no sido el sujeto que presentó la denuncia de origen, como acontece en este caso, pues fue promovida por la Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, lo que en modo alguno afecta la circunstancia de que el procedimiento especial sancionador reviste un interés de carácter público, dado que se trata de la indagación de un hecho presumiblemente constitutivo de infracción a la normativa electoral.

De ahí que, la causa de improcedencia que se hace valer por el tercero interesado en el recurso de apelación SUP-RAP-7/2010, es infundada.

Toda vez que la autoridad responsable no hace valer causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede a estudiar el fondo de la cuestión planteada.

CUARTO. Estudio de fondo.

I. Cuestión Preliminar.

Antes de examinar los puntos debatidos por los partidos políticos demandantes, para dar mayor claridad a la exposición de los temas sobre los que se centra la litis, esta Sala Superior considera pertinente destacar que en los recursos interpuestos por los institutos políticos ahora recurrentes, no se aducen razonamientos en contra de los siguientes elementos ponderados en la resolución controvertida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

a) En el aspecto sustantivo o material de la infracción, no se combatió el hecho de las transmisiones ni que el contenido de los promocionales difundidos por las radiodifusoras denunciadas era propaganda electoral, pues el mensaje hizo referencia expresa al cierre de campaña de los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional al gobierno del Estado de Sonora y a la presidencia municipal del ayuntamiento de Cajeme.

b) Tampoco se encuentran combatidas las vistas a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral en Sonora y al Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenadas en los puntos resolutivos DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO de la resolución reclamada.

En efecto, los apelantes no exponen planteamientos contra la parte atinente del considerando OCTAVO de la resolución reclamada, dado que dejan intocadas las argumentaciones que se citaron en el inciso a) anterior, mismas que fueron ponderadas en tal resolución, para establecer la certeza de que durante los días veintiséis de junio al primero de julio, ambos de dos mil nueve, en las estaciones de radio XESO-AM, "La Poderosa", frecuencia radial 1150 Khz., y XEAP-AM "Romántica", frecuencia radial 1290 Khz. se transmitió en un total de cien ocasiones, el promocional que hizo alusión al cierre de campaña de los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional a la gubernatura y a la presidencia municipal del ayuntamiento de Cajeme, ambos de Sonora.

En este mismo tópico, no fue motivo de debate por parte de los institutos políticos apelantes, la determinación a que llegó la autoridad responsable en el considerando OCTAVO de la resolución reclamada, acerca de que la propaganda electoral denunciada sí encuadra en las hipótesis legales previstas en los artículos 49 y 228, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, fracción VI, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, así como en la tesis XXX/2008 de esta Sala Superior, cuyo rubro es: "PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA".

Tampoco se controvierten los razonamientos expuestos en el considerando DÉCIMO de la resolución impugnada sobre la viabilidad de dar vista a la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, por la probable donación en especie a favor de los candidatos Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, para los efectos previstos en los artículos 32, 35 y 37 del código electoral de la citada entidad federativa, así como lo argumentado en el considerando DÉCIMO CUARTO, acerca de dar vista con los autos del expediente del procedimiento especial sancionador al Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, respecto de la situación fiscal mencionada en el fallo combatido acerca de las dos concesionarias de estaciones de radio sancionadas.

Por consiguiente, el debate se enfocará en aquellos puntos específicos que fueron expuestos por ambos recurrentes como motivos de agravio.

En ese contexto, esta Sala Superior advierte que los anteriores temas deben continuar sustentando el sentido de la resolución reclamada, pues no fueron controvertidos por los partidos políticos apelantes.

Esta conclusión se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues al estar proscrito que la Sala Superior entre al examen de cuestiones no debatidas, en consecuencia, el análisis de fondo se debe circunscribir a determinadas y no a todas las consideraciones expuestas en la resolución combatida, para la determinación de la imposición de la sanción a los sujetos infractores.

II. Agravios formulados por el Partido Acción Nacional.

El Partido Acción Nacional, en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-6/2010, hace valer los agravios siguientes.

El partido apelante aduce que la resolución controvertida infringe los principios de legalidad, debida fundamentación y la prohibición de aplicar multas excesivas, porque la autoridad responsable no razona cómo llegó a establecer el monto sancionatorio, por lo que, la omisión de expresar una base para sustentar la multa, implica que esta resulta excesiva y desproporcionada, además de dejarlo en estado de indefensión, al desconocer cómo el órgano sancionador llegó a la determinación de la cantidad monetaria con que se le sanciona.

Por otra parte, el impugnante manifiesta que la sanción se impuso con motivo del incumplimiento de su deber de cuidado o vigilancia, en calidad de garante, y no por la existencia de una conducta tendente a violentar la legalidad. Según el actor, tal circunstancia aunada a que dentro del procedimiento especial sancionador se obtuvo una confesión expresa por parte de las concesionarias de radio denunciadas, en la que claramente manifestaron que no hubo contratación para la difusión de los promocionales, sino que realizaron la transmisión de motu proprio, implica que al no involucrarse de ninguna manera al Partido Acción Nacional, la sanción que se le impuso es desproporcionada, pues incluso la responsable reconoce que no existió intencionalidad ni reincidencia.

En la misma línea argumentativa, el recurrente sostiene que el fallo controvertido carece de un análisis exhaustivo, en que se funde y motive por qué, el monto de la multa es de más del cincuenta por ciento de la sanción económica que se impuso a las radiodifusoras si éstas confesaron la comisión de la falta.

Los motivos de agravio son infundados.

El partido apelante carece de razón, pues parte de la premisa equivocada de que la autoridad responsable transgredió el principio de legalidad, así como las disposiciones constitucionales sobre debida fundamentación y la prohibición de imponer una multa excesiva, porque, supuestamente, omitió determinar cuáles fueron las bases que sustentan el monto a imponer como multa.

En el considerando DÉCIMO TERCERO del fallo impugnado, concretamente, en las páginas ciento diecisiete a ciento veintiocho, el Consejo General responsable consideró, que como el partido político actor infringió la normativa federal electoral, al incumplir su deber de garante, correspondía, primero, calificar la falta cometida y, posteriormente, individualizar la sanción por ese hecho ilícito, de esta manera, se tomaron en cuenta los elementos que se describen enseguida:

1. Para calificar la falta, la autoridad administrativa electoral responsable acudió al examen de distintos factores objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, y para ello invocó las jurisprudencias de esta Sala Superior identificadas con los rubros: "ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", y "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN".

1.1 Tipo de infracción. Según la responsable, los artículos conculcados fueron el 38, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) e i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la conducta pasiva y tolerante del partido recurrente al no actuar con diligencia para evitar la difusión del promocional denunciado, lo que implicó falta de cuidado, previsión, control y supervisión, pues no se tomaron medidas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para que no se produjera el resultado contraventor de la ley.

1.2 Singularidad o pluralidad de la falta. La responsable estimó que la falta administrativa es singular, dado que el hecho infractor se refiere al incumplimiento del deber de cuidado para evitar e inhibir la transmisión del promocional en que se hizo referencia al Partido Acción Nacional y al cierre de campaña de sus candidatos a gobernador y a presidente municipal de Cajeme, ambos de Sonora.

1.3 Bien jurídico tutelado. El órgano máximo de dirección responsable consideró que la omisión atribuida al partido demandante ocasionó la posible afectación al principio de equidad en la contienda electoral de Sonora, bien jurídico que es protegido por las disposiciones jurídicas conculcadas.

1.4 Circunstancias objetivas de la infracción. En cuanto al modo se precisó que el partido actor aceptó y toleró conductas que violaron la normativa electoral sobre el acceso a tiempos en radio durante las campañas. Respecto del tiempo, la responsable determinó que durante el periodo de difusión del promocional (veintiséis de junio al primero de julio de dos mil nueve) el partido denunciado no efectuó actos razonables, jurídicos, idóneos y eficaces para inhibir el hecho ilícito o desligarse de él. Sobre el lugar de comisión de la falta tuvo por acreditado que el promocional se difundió en el Estado de Sonora, en dos frecuencias radiales 1150 Khz. y 1290 Khz.

1.5 Intencionalidad. En concepto de la autoridad administrativa, el partido apelante no tuvo intención de violar la ley, ya que únicamente incumplió su deber de garante.

1.6 Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de la normativa. Se concluyó que, en este caso, la conducta pasiva del Partido Acción Nacional no demuestra el incumplimiento reiterado o sistemático de su deber de cuidado o vigilancia, pues el promocional se transmitió en la misma temporalidad.

1.7 Condiciones externas y medios de ejecución. La autoridad electoral federal argumentó que la omisión ilícita se cometió durante el periodo de campañas del proceso electoral llevado a cabo en el Estado de Sonora durante los años dos mil ocho y dos mil nueve, por ende, resultó violatoria del principio de equidad que debe observarse en toda contienda electoral, para garantizar una competencia en condiciones de igualdad. Además, como medio de ejecución, se identificó que el infractor toleró la difusión de un promocional en dos estaciones de radio, XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP-AM, "Romántica".

2. Con el propósito de individualizar la sanción, el Consejo General del Instituto Federal Electoral consideró los elementos y circunstancias siguientes:

2.1 Calificación de la gravedad de la infracción. Conforme los elementos objetivos citados en los puntos anteriores, la responsable ponderó que la gravedad fue ordinaria, ya que sólo se trató de la inobservancia de la obligación de garante.

2.2 Reincidencia. En términos de lo establecido en la tesis relevante VI/2009 emitida por esta Sala Superior, "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN", que la responsable invocó en la resolución controvertida, se estimó que no se actualizaba dicho supuesto, porque el sujeto infractor no había sido previamente sancionado por ese tipo de falta.

2.3 Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción. El órgano resolutor señalado como responsable tuvo en cuenta que el actuar ilícito del partido impugnante implicó perjuicio a los objetivos pretendidos por la ley, dado que no observó el deber de cuidado previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) e i), del código federal electoral, para evitar la difusión del citado promocional.

2.4 Sanción a imponer. En este tópico, se argumentó que con fundamento en lo previsto en el artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de acuerdo con la gravedad ordinaria de la falta cometida, la sanción aplicable debía ser una multa de mil trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $71,240.00 (setenta y un mil doscientos cuarenta pesos), que implicaba una medida suficiente para disuadir la posible actualización de infracciones similares en el futuro.

2.5 Condiciones socioeconómicas del infractor. La autoridad sancionadora expuso que en términos del acuerdo CG28/2009, de veintinueve de enero del año próximo pasado, dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al Partido Acción Nacional correspondió como financiamiento por actividades ordinarias permanentes durante el año dos mil nueve, la cantidad de $759’363,129.76 (setecientos cincuenta y nueve millones trescientos sesenta y tres mil ciento veintinueve pesos con setenta y seis centavos), por lo que no es gravosa la sanción pecuniaria impuesta, dado que representa el 0.0009% del monto total del financiamiento público.

2.6 Impacto en las actividades del sujeto infractor. Conforme lo expuesto en el punto que antecede, la responsable argumentó que con la sanción económica no se afecta, en modo alguno, el desarrollo de las actividades del instituto político denunciado.

A partir de la anterior síntesis, esta Sala Superior considera que, contrariamente a lo planteado por el impugnante, en la resolución controvertida sí se establecen las bases sobre las que se apoya la determinación de sancionar al partido político que estuvo sujeto al procedimiento especial sancionador, toda vez que se precisan las circunstancias objetivas y subjetivas que rodearon el hecho ilícito, con el propósito de calificar la falta de observancia a la normativa electoral, una vez realizado este análisis, la autoridad responsable precisó los elementos necesarios para individualizar la sanción, como la gravedad de la infracción, la condición socioeconómica del instituto político ahora apelante, y el impacto del monto de la multa en las actividades que lleva a cabo, lo que permitió concluir al órgano administrativo electoral que la sanción pecuniaria impuesta es proporcional y no resultaba excesiva.

El recurrente afirma que el órgano responsable omitió razonar cómo determinó la cuantía de la sanción que se le impuso; sin embargo, tal aseveración es incorrecta en términos de lo expuesto en párrafos anteriores, pues, en realidad, la resolución combatida sí contiene argumentación que apoya la decisión adoptada sobre la aplicación de una multa al sujeto infractor, por haber incumplido su deber de cuidado o vigilancia, en calidad de garante, por la difusión de un promocional durante las campañas del proceso electoral local del Estado de Sonora, sin estar autorizada su transmisión por los órganos correspondientes del Instituto Federal Electoral.

Consecuentemente, es patente que no le asiste la razón al partido político apelante.

Asimismo, es inexacta la afirmación del Partido Acción Nacional, en el sentido de que la resolución controvertida conculca la prohibición de imponer sanciones excesivas, pues como quedó transcrito en el punto 2.5 en párrafos que anteceden, la autoridad administrativa electoral estimó que la capacidad económica de ese instituto político era suficiente para hacer frente a la obligación de pagar la multa de mil trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $71,240.00 (setenta y un mil doscientos cuarenta pesos).

El apelante expone solamente que la sanción pecuniaria es excesiva, pero no aduce motivos para que esta Sala Superior analice si la consideración contenida en la resolución reclamada es o no contraria a derecho, ya que no pone en entredicho que su capacidad económica efectivamente sea la que afirmó la autoridad responsable, o bien, tampoco menciona la existencia de determinadas condiciones que disminuyan esa capacidad. Por ende, la alegación correspondiente debe desestimarse.

Por otra parte, los restantes conceptos de agravio manifestados por el Partido Acción Nacional parten de una base incorrecta, pues para determinar si el monto de la sanción a imponer es proporcional a la calificación de la gravedad de la falta, no se debe acudir al elemento que el actor menciona, es decir, si en el expediente del procedimiento especial sancionador se obtuvo o no una confesión expresa por alguno de los otros sujetos denunciados sobre la responsabilidad de estos en la comisión del hecho ilícito, ya que tal cuestión no es una condición exigida por la ley ni por la jurisprudencia de esta Sala Superior, con el propósito de decidir qué gravedad se atribuirá al acto ilegal.

Además, la circunstancia de que la autoridad administrativa responsable determinó que, en el caso, no se acreditó intencionalidad ni reincidencia por parte del partido político demandante, tampoco admite servir de base para estimar que la sanción impuesta es desproporcionada, porque ese tópico, contrariamente a la pretensión del impugnante, fue tomado en cuenta por el Consejo General responsable como una circunstancia particular que determinó, entre otras, el monto de la sanción concreta a imponer, tal como quedó transcrito en los apartados 1.5 y 2.2 de la reseña hecha en párrafos anteriores.

Aunado a lo anterior, la sanción guarda relación con los temas de la reincidencia y de la ausencia de intencionalidad, como parte del examen sobre la imputación subjetiva que fueron ponderados por la autoridad responsable para individualizar la sanción económica, pues ésta se impuso por el incumplimiento al deber, en calidad de garante, que tenía el Partido Acción Nacional, respecto de la difusión del promocional relacionado con el cierre de campaña de sus candidatos a gobernador y presidente municipal del ayuntamiento de Cajeme, ambos del Estado de Sonora, lo que en concepto de la responsable, acreditó una falta de cuidado, previsión, control y supervisión, sobre conductas infractoras de la normativa electoral en materia de acceso a la radio durante el último tramo del periodo de campañas que se desarrolló en el reciente proceso electoral local celebrado en la mencionada entidad federativa.

Por tanto, no existe desproporcionalidad entre la sanción impuesta y la falta cometida, pues atendiendo a que se trata de una infracción calificada con una gravedad ordinaria, estimación que no fue controvertida por el instituto político apelante, la sanción es acorde a los parámetros legales que establecen las sanciones correspondientes para ese tipo de faltas.

Un distinto argumento del recurrente consiste en que el fallo controvertido carece de un análisis en el cual se determine por qué, el monto de la multa impuesta es de más del cincuenta por ciento de la sanción económica que se impuso a las radiodifusoras.

En concepto de esta Sala Superior, el argumento del apelante no tiene base jurídica alguna, dado que al proponer que la sanción impuesta es comparativamente de un aproximado del cincuenta por ciento al monto fijado a las dos concesionarias de radio denunciadas, ello no permite advertir de qué manera la multa se deba considerar excesiva o desproporcionada, en función del examen de las circunstancias objetivas y subjetivas en que se cometió la infracción por parte del Partido Acción Nacional, lo que podría estimarse como desproporcionado o excesivo, en todo caso, sería que la autoridad responsable tomara como apoyo los elementos objetivos y subjetivos que prevalecen en el hecho ilícito atribuido a las dos radiodifusoras sancionadas, para, a partir de ahí, determinar el monto de la sanción al citado partido político, lo cual no ocurre en este caso, tal como fue acreditado en las anteriores consideraciones, por ende, al quedar demostrado que el Consejo responsable acudió sólo a los factores que envolvieron la conducta del partido político recurrente, lo correcto conforme a derecho es desestimar esta alegación.

Por los anteriores motivos, esta Sala Superior concluye que, opuestamente a lo aseverado por el Partido Acción Nacional, la resolución controvertida está debidamente fundada y motivada, toda vez que se aplicaron las reglas generales de imposición de sanciones a los procedimientos sancionadores en la materia electoral, además, de que el apelante no expone argumentación en contra de la forma en que se individualizó la sanción y tampoco aduce motivos sobre los cuales se pueda examinar si fue correcta o no la atribución del hecho infractor, por consiguiente, los agravios expuestos son infundados.

III. Agravios del Partido Revolucionario Institucional.

Los agravios formulados por el Partido Revolucionario Institucional, en el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-7/2010, serán analizados por este órgano jurisdiccional en orden distinto al planteado en el escrito de demanda. Lo anterior, sobre la base de que el método utilizado no dejará de examinar todos los planteamientos relativos a la responsabilidad de quienes fueron sujetos al procedimiento sancionador del cual deriva la resolución controvertida.

Esta forma de estudio no genera afectación alguna al partido político apelante, conforme la jurisprudencia dictada por esta Sala Superior, aplicable al caso mutatis mutandi, cuyo rubro es: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".3

3 El texto se puede consultar en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 23, publicada por este Tribunal Electoral.

A. Calificación de la gravedad de la conducta infractora atribuida al Partido Acción Nacional.

El impugnante aduce que la sanción impuesta al Partido Acción Nacional no es la adecuada conforme a la gravedad de los hechos acreditados, ya que incumplió con su deber de cuidado y, además, reincidió en la comisión de conductas similares, como se estableció en la resolución de seis de enero de dos mil diez, dictada por esta Sala Superior, en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-312/2009.

Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional alega que la autoridad responsable debió imponer una sanción mayor al Partido Acción Nacional, en razón de la sistematicidad y temporalidad en que sucedieron los hechos, es decir, la difusión continuada de los promocionales transmitidos durante cien ocasiones desde el veintiséis de junio hasta el primero de julio, ambos de dos mil nueve, que la configura como una conducta reiterada y sistemática, aun cuando el contenido sea el mismo, por ende, debió ser catalogada como grave especial, máxime que la difusión se dio durante los últimos seis días del periodo de campañas, lo que ocasionó un impacto mayor en las preferencias electorales hacia el Partido Acción Nacional.

Los agravios expuestos por el recurrente son infundados.

En primer lugar, el apelante alega que sanción impuesta al Partido Acción Nacional debe de ser mayor en virtud de que su conducta es reincidente, ya que el seis de enero del año en curso, esta Sala Superior resolvió respecto a la responsabilidad del instituto político mencionado por la transmisión del promocional identificado como "Spot PAN, Puerto Peñasco", dentro del expediente del recurso de apelación registrado con la clave SUP-RAP-312/2009.

En el medio de impugnación citado, la Sala Superior determinó revocar la resolución CG565/2009, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a efecto de que se individualizara la sanción que debería aplicarse al Partido Acción Nacional.

Lo anterior, en virtud de que este órgano jurisdiccional estimó que dicho instituto político era responsable, bajo la figura de culpa in vigilando, de la comisión del acto irregular consistente en la difusión de diversos promocionales en radio identificados como "Spot PAN Puerto Peñasco", en el Estado de Sonora durante el reciente proceso electoral local.

Dicho fallo fue emitido por el Pleno de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el seis de enero de dos mil diez.

Al efecto, de acuerdo con lo sostenido en la tesis relevante de la Sala Superior de rubro: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN4, los puntos fundamentales para tener por actualizada la reincidencia como agravante de una sanción son:

4 Tesis VI/2009, consultable en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Órgano de difusión de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009, página 47.

a) El infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

b) La infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico, y

c) En ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.

De lo anterior se advierte, que uno de los elementos mínimos para que la reincidencia se considere como agravante de una sanción, consiste en que se haya sancionado previamente al infractor y que esto conste en sentencia firme.

En el caso, ese tercer supuesto no se actualiza, ya que la resolución que se impugna, donde se sancionó al Partido Acción Nacional en su calidad de garante o responsable indirecto por la transmisión de promocionales en radio a favor de los candidatos a gobernador y presidente municipal de Cajeme, Sonora, postulados por dicho instituto político para el proceso electoral que se llevó a cabo en los años dos mil ocho y dos mil nueve, fue emitida el dieciséis de diciembre del año dos mil nueve.

En cambio, la sentencia en la que se determinó que el Partido Acción Nacional había sido responsable, bajo la figura de culpa in vigilando, por la transmisión de diversos mensajes en radio del promocional identificado como "Spot PAN Puerto Peñasco", fue emitida por esta Sala Superior el seis de enero del año en curso, es decir, de manera posterior a la resolución que se impugna en este recurso de apelación.

Por consiguiente, no es conforme a derecho estimar que en el presente caso se reúnen los requisitos mínimos para tener por acreditada la reincidencia como lo pretende el partido político recurrente, toda vez que, antes del dieciséis de diciembre de dos mil nueve, fecha en que se dictó la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, esta Sala Superior no había determinado por sentencia firme, que el Partido Acción Nacional consumó una infracción de naturaleza similar a la que en este recurso se impugna, de ahí lo infundado del planteamiento.

Respecto a las alegaciones hechas valer por el apelante en el sentido de que, la sanción impuesta al Partido Acción Nacional es insuficiente, ya que no se atendió a la gravedad de los hechos, ni a su calidad de garante, por una parte, es infundada, y por otra parte, es inoperante.

Lo infundado radica en que, contrariamente a lo aseverado por el recurrente, el Consejo General responsable sí atendió a la calidad de garante del Partido Acción Nacional, tan es así que la sanción impuesta no se debió a la comisión de la conducta, en función de una responsabilidad directa, sino que su imputación deriva de la inacción con la cual incumplió su deber de cuidado que como instituto político debía observar para evitar la difusión de los mencionados promocionales, esto, de acuerdo con la responsabilidad por culpa in vigilando.

Por otra parte, la inoperancia deriva de que el apelante no expone qué elementos debió de tomar en cuenta la autoridad administrativa electoral o cuales omitió analizar a fin de imponerle una sanción mayor al Partido Acción Nacional, menos plantea por qué, en su concepto, la multa es insuficiente para lograr el objetivo de disuasión de infracciones futuras, sino que sólo hace afirmaciones genéricas y subjetivas que no tienen sustento argumentativo o fáctico alguno.

En cuanto a lo planteado por el partido político recurrente en el sentido de que la gravedad de la sanción debería de ser mayor en virtud de la sistematicidad y temporalidad en que sucedieron los hechos, ya que la difusión del promocional fue continuada, debido a que se transmitió en cien ocasiones, aunado a que ocurrió durante los últimos seis días del período de campañas, también dicha alegación debe desestimarse.

El recurrente parte de una premisa incorrecta, ya que aduce que la sanción impuesta al Partido Acción Nacional debería de ser mayor en virtud de que la conducta fue cometida de manera sistemática y durante una cierta temporalidad dentro del proceso electoral celebrado en Sonora; sin embargo, dicho razonamiento es equívoco, ya que en la resolución impugnada no se sancionó al Partido Acción Nacional por la responsabilidad directa de la conducta, sino en calidad de garante, aplicando la figura de culpa in vigilando, en atención a la falta de cumplimiento de un deber de cuidado, es decir, por la omisión en la observancia de la obligación que tienen los partidos políticos de velar por la conducta de sus militantes o de terceros que conculquen los ordenamientos electorales.

En la resolución impugnada se atribuye responsabilidad al Partido Acción Nacional, ya que incumple con su deber de garante, al no evitar la consumación de los actos violatorios de la normativa electoral que quedaron acreditados, frente a los que, en su carácter de partido político, debía llevar a cabo a fin de evitar la difusión de los promocionales en los que se hicieron referencias expresas a dicho instituto político y a sus candidatos a gobernador y presidente municipal de Cajeme, ambos del Estado de Sonora; pero en ninguna parte de la resolución reclamada la autoridad responsable sanciona a ese partido político por la comisión directa del ilícito, como sí lo hace con las empresas radiodifusoras denominadas Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica".

Por tanto, al no estar acreditado en autos que el Partido Acción Nacional es responsable directo por la realización de la conducta violatoria del código federal electoral, no es posible considerar como agravante de la responsabilidad del partido político señalado, la supuesta sistematicidad y temporalidad con que fueron transmitidos dichos promocionales en las dos estaciones de radio antes mencionadas.

Ello es así, dado que correspondería al análisis de esas circunstancias objetivas, es decir, la transmisión en cien ocasiones del promocional denunciado durante los últimos seis días del periodo de campañas, a la calificación de la pretendida falta cometida por los sujetos que ocasionaron la difusión del promocional y a quienes se atribuyó responsabilidad de tipo directo, en el caso, a las dos radiodifusoras Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica". De ahí que, los conceptos de agravio sean infundados.

B. Incorrecta calificación de la gravedad de la conducta ilícita atribuida a las concesionarias de radio.

Le causa agravio al partido político recurrente el que, en su concepto, las sanciones que impone la responsable a las empresas radiodifusoras denominadas Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", no son acordes con el perjuicio que se causó, toda vez que se generó una ventaja indebida e inequitativa a favor del Partido Acción Nacional y sus candidatos ya señalados, pues pudieron tener un mejor posicionamiento en las preferencias del electorado, en comparación de los demás partidos políticos y sus candidatos, lo que, según el apelante, conculca los principios de legalidad y equidad rectores de la materia electoral.

Además, según el Partido Revolucionario Institucional, la sanción que debió aplicar el Consejo General del Instituto Federal Electoral era la relativa a la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta por treinta y seis horas, según corresponda, en términos del artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El agravio es infundado.

La Sala Superior ha sostenido que el ejercicio sancionador se define tanto por el arbitrio razonado y fundado de la autoridad, como por los lineamientos obtenidos de la normatividad aplicable, siendo de ese modo irrefutable que la calificación de las faltas que se consideren demostradas, debe comprender el examen de los siguientes extremos:

a) El tipo de infracción (acción u omisión).

b) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

c) El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

d) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretó el hecho o hechos infractores.

e) La comisión intencional o culposa de la falta, y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados.

f) La reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.

g) La trascendencia de la norma trasgredida.

h) Las condiciones externas (el contexto fáctico) y los medios de ejecución utilizados.

i) Los medios utilizados para la ejecución.

j) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron producirse.

k) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, la autoridad responsable realizó el estudio de cada uno de estos elementos en los considerandos DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO de la resolución impugnada, como se advierte en las páginas noventa y cinco a ciento diecisiete de ese fallo.

Al respecto, vale la pena señalar que el partido político apelante no controvierte ni refuta ninguna de las consideraciones formuladas por la autoridad responsable en la resolución impugnada respecto de los puntos anteriormente señalados, ya que únicamente alega que la sanción pecuniaria impuesta a las concesionarias de radio infractoras no es conforme con el perjuicio causado a los demás partidos políticos contendientes en los procesos electorales para la elección de gobernador y presidente municipal de Cajeme, ambos del Estado de Sonora, celebrado en el año dos mil nueve, por el mejor posicionamiento obtenido por el Partido Acción Nacional y sus candidatos, así como que la sanción debió ser la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable a que se refiere la fracción IV del inciso f) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, la Sala Superior ha considerado que para la individualización de la sanción, consecuencia directa de la calificación de la gravedad de la falta, la autoridad electoral, con el fin de ajustar su ejercicio sancionador al principio de legalidad que prevé en la materia el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá atender, además de los datos ya examinados para tal calificación, a otra serie de elementos que le permitan asegurar, en forma objetiva, conforme a criterios de justicia y equidad, el cumplimiento de los propósitos que impulsan la potestad sancionadora que le ha sido conferida, como son:

a) La calificación de la falta o faltas cometidas.

b) La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

d) Finalmente, que la imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el desarrollo de las actividades del infractor, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Las indicadas circunstancias colocan a la autoridad sancionadora en posibilidad de concretar la potestad punitiva que le ha sido dada, bajo los parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad.

De ese modo se garantiza que, la consecuencia jurídica que de manera fundada y motivada se determine por la autoridad, ante el acreditamiento de la comisión de una infracción, corresponda a las circunstancias específicas de cada caso y, además, en un plano de superior importancia, que en su ejercicio se cumplan los objetivos perseguidos por la facultad punitiva, los fines retributivo y de ejemplaridad de la sanción, con los cuales se busca resarcir al Estado la lesión o daño resentidos con la infracción y, a la par, disuadir a los sujetos en quienes impacta la norma, sobre la intención de obviarla.

Con el propósito de dar claridad a esta parte considerativa, se trascriben enseguida los artículos 350, párrafo 1, inciso b), y 354, párrafo 1, inciso f), fracciones II y IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 350.

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral;

Artículo 354.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

f) Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

II. Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el caso de concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;

IV. En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas. En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios, la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.

Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral, constituye una infracción de los concesionarios de radio, y que ésta puede ser sancionada, cuando se trate de infracciones graves y que sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas.

Para que se imponga la sanción de suspensión prevista en la fracción IV, inciso f), párrafo 1, del artículo 354 del código electoral federal, es necesario que se actualicen los siguientes requisitos:

a) Que la infracción sea grave, el legislador federal menciona como aquellas establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Que la infracción, además, sea reiterada.

En ese orden de ideas, en la resolución que se impugna, la autoridad responsable determinó que la norma transgredida por Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", era la contenida en el articulo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que ambas radiodifusoras transmitieron en forma indebida mensajes que consideró como propaganda electoral.

En ambos casos, el Consejo General responsable calificó la conducta con una gravedad ordinaria.

Por lo que hace al apartado específico del examen sobre la reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas (páginas noventa y siete y ciento diez de la resolución combatida), la responsable determinó que si bien quedó de manifiesto que el promocional en cuestión fue difundido en dos estaciones de radio en distintas ocasiones, cincuenta y tres impactos en la emisora XESO-AM, "La Poderosa" y cuarenta y siete en la estación XEAP-AM, "Romántica", ello no podía servir de base para considerar que la conducta infractora se cometió de manera reiterada o sistemática, en razón de que sólo se difundió por un período limitado de tiempo, del veintiséis de junio al primero de julio, esto es, sólo se transmitieron durante seis días de los noventa días que duró la campaña para elegir gobernador y los sesenta días totales de la campaña de candidatos a miembros de los ayuntamientos en el Estado de Sonora.

Tomando en cuenta lo anterior, en el caso, no se actualiza uno de los dos supuestos para la imposición de la sanción pretendida por el Partido Revolucionario Institucional, ya que sólo se presenta el primero de los requisitos exigidos por la disposición jurídica antes transcrita, o sea, que la infracción sea grave, como aquellas a que se refiere el artículo 350, párrafo 1, incisos a) o b), del código federal electoral, no así el segundo de los elementos correspondiente a la reiteración de la infracción atribuida a las dos estaciones de radio mencionadas.

Aunado a esta consideración, es de destacar que el recurrente, en ninguna parte de su escrito de apelación controvierte o formula argumentos a fin de demostrar la reiteración de la infracción o vulneración sistemática en que, aduce, incurrieron las concesionarias de radio infractoras, pues no hace valer algún agravio para desvirtuar las consideraciones expuestas por la responsable, en el sentido de que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada, razón por la cual quedan firmes, deben seguir rigiendo el sentido de la decisión reclamada.

En consecuencia, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, no resulta aplicable al caso la sanción contenida en el inciso f) de la fracción IV, del párrafo 1, del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque si bien es cierto que la infracción cometida por Radio Signo, S.A., concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A., concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", fue calificada como grave ordinaria, también lo es que la misma no se cometió de manera reiterada.

Además, la circunstancia de que las conductas infractoras de ambas concesionarias hayan sido de las calificadas como graves a que se refiere el artículo 350, párrafo 1, incisos a) o b), del código electoral federal, no implica, como lo pretende el recurrente, que se imponga de manera directa la sanción de suspensión del tiempo comercializable contenida en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción IV, del mismo ordenamiento legal, pues la ley prevé un catálogo de sanciones que pueden imponerse a los concesionarios de radio que contravengan las disposiciones legales en materia electoral, tomando en consideración diversos elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta, uno de los cuales, la reiteración de la falta cometida, no está demostrado.

Por otra parte, el argumento del partido político apelante, en el sentido de que la suspensión de transmisión de tiempo comercializable es una medida suficiente para inhibir y sofocar la realización de ese tipo de conductas en el futuro, resulta inoperante, en virtud de que el enjuiciante no acredita los extremos de su pretensión.

Como quedó señalado en párrafos precedentes, si lo pretendido por el apelante consiste en evidenciar que la sanción contenida en la referida disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales era la más conveniente, para disuadir la posible comisión de una infracción similar por parte de las concesionarias de radio mencionadas, era necesario, primero, que se actualizaran los dos requisitos establecidos en la ley y, segundo, que aportara elementos probatorios con los cuales se acredite la veracidad o acertado de su planteamiento, por lo que, al no hacerlo así, resulta inoperante su agravio.

Por otra parte, es inoperante la alegación mediante la cual, el apelante afirma que el Partido Acción Nacional y sus candidatos tuvieron una mayor ventaja frente a los demás participantes en la contienda electoral local, dado que los promocionales de radio se transmitieron durante los últimos días permitidos para realizar campaña electoral, lo cual influyó en las preferencias electorales y contribuyó al triunfo en la elección de los candidatos denunciados, por lo que las concesionarias de radio denunciadas debieron ser sancionadas con mayor rigor.

Lo anterior, porque la apreciación del enjuiciante carece de sustento, al no aportar argumento alguno que permita corroborar su afirmación, relativa a que la difusión de los promocionales a favor de los candidatos a gobernador y presidente municipal de Cajeme, ambos de Sonora, al generar una ventaja a favor del Partido Acción Nacional frente a los demás participantes en la elección local, ello implica un elemento adicional a los tomados en cuenta por la autoridad responsable, para individualizar la sanción impuesta a las dos concesionarias de radio antes citadas.

En efecto, el apelante no acredita sus afirmaciones, en el sentido de que existe una relación entre la difusión de dicho promocional irregular y los triunfos de los candidatos denunciados y tampoco dice por qué tales circunstancias, que sí fueron tomadas en cuenta por el Consejo General responsable para calificar la falta cometida por ambas estaciones de radio, tal como se advierte en las páginas ochenta y siete, noventa y siete y ciento nueve de la resolución impugnada, agrava la responsabilidad de las radiodifusoras o como esto traería como consecuencia una sanción mayor a la impuesta, máxime que el recurrente no pone en entredicho los razonamientos relativos a la individualización de las multas impuestas, como es, la condición socioeconómica de las infractoras, el impacto en sus actividades ordinarias, o bien, la entidad de la lesión o daño provocados con la falta, de ahí la inoperancia de este planteamiento.

En tales condiciones, al haber considerado esta Sala Superior que los planteamientos expuestos por el partido político apelante son infundados e inoperantes, lo procedente es dejar incólume la parte considerativa de la resolución reclamada en la que se fincaron responsabilidades y se individualizaron las sanciones impuestas tanto al Partido Acción Nacional como a Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", por lo que, en el siguiente apartado, se examinarán los agravios en que se aduce la ilegalidad de la estimación sobre la ausencia de responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, entonces candidatos del referido partido político durante el pasado proceso electoral local del Estado de Sonora, para la renovación del gobierno de esa entidad federativa y el ayuntamiento de Cajeme, respectivamente.

C. Ilegalidad e incongruencia sobre la atribución de responsabilidad a los candidatos denunciados (Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro).

El impugnante aduce que la resolución recurrida es ilegal, debido a que la responsable declaró infundado el procedimiento especial sancionador instaurado en contra de los entonces candidatos del Partido Acción Nacional, a la gubernatura y a la alcaldía del municipio de Cajeme, ambos de Sonora (en adelante los candidatos), ya que en su concepto no es dable admitir que las empresas radiofusoras denominadas Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", sin pertenecer al mismo concesionario, transmitieran un idéntico promocional en su contenido, por lo que, según el recurrente, necesariamente tuvo que ser ordenada su difusión por un tercero en beneficio de los candidatos del Partido Acción Nacional.

El apelante también alega que la resolución impugnada carece de congruencia interna, ya que la responsable señala, por una parte, que del contenido de los promocionales es posible advertir la intención de las radiodifusoras, relativa a difundir el cierre de campaña de los aludidos candidatos, y en otro apartado del fallo impugnado, refiere que el vínculo contractual entre los candidatos y concesionarios no está indiciariamente probado, ello implica una sin razón lógica, pues resulta claro que siendo beneficiarios de los promocionales, sí fueron contratados por terceras personas a favor de ambos candidatos.

Por otro lado, la resolución impugnada, en concepto del apelante, es errónea e incongruente, debido a que no se trata de un acto unilateral de los concesionarios de radio, pues la autoridad responsable al concluir que los promocionales incluyen contenido con mensaje electoral, resulta indubitable el acuerdo de voluntades para difundir el cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional, con el propósito de influir en las preferencias electorales, por ende, se actualiza la conculcación al artículo 41, base III, Apartado A, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es sustancialmente fundado y suficiente para revocar el fallo, en la parte impugnada, el agravio hecho valer por el Partido Revolucionario Institucional, por cuanto alega que la autoridad responsable inobservó el principio de legalidad, al declarar infundado el procedimiento especial sancionador seguido en contra de Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, entonces candidatos que obtuvieron beneficios con el promocional relativo a su cierre de campaña, difundido en dos estaciones de radio con cobertura en Sonora.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral siguió el procedimiento especial sancionador en contra de los dos candidatos antes mencionados, por la presunta conculcación a lo dispuesto en el artículo 41, base III, Apartado A, párrafo tercero, de la Constitución General de la República.

El artículo 41, base III, apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la prohibición a cualquier persona física o moral para contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, incluso la disposición constitucional establece que tampoco debe dirigirse a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos.

La responsable invocó, además, en la resolución reclamada, el artículo 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con el numeral 49, párrafo 3, de ese ordenamiento legal. Tales disposiciones jurídicas establecen lo siguiente:

Artículo 344

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

[…]

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

Artículo 49

[…]

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

El artículo 49, párrafo 2, del referido código electoral dispone una regla general, consistente en que los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, esto es, a los partidos políticos.

Otra regla de carácter general es la que se advierte en el citado artículo que, en su párrafo 5, establece: "El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos…".

Por otra parte, el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral dispone, en términos idénticos a lo regulado por la Constitución y el código federal electoral, el acceso de los candidatos a los tiempos de radio y televisión, por medio de las prerrogativas de los partidos políticos, así como la atribución exclusiva del Instituto Federal Electoral para administrar dichos tiempos. Lo anterior se observa, con claridad, en el artículo 7 intitulado: "De las bases de acceso a la radio y la televisión en materia política y electoral", en los párrafos 1, 2 y 3, que no se transcriben para evitar la repetición innecesaria de los conceptos legales que ya fueron expuestos en esta parte considerativa.

De la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias ya citadas, esta Sala Superior considera que, en el sistema jurídico que regula las elecciones en nuestro país, un candidato a un cargo de elección popular solamente puede acceder a la radio y la televisión a través del tiempo del Estado que administra el Instituto Federal Electoral, cualquier tipo de acceso distinto al previsto en las leyes está prohibido y podrá ser sancionado.

En este contexto normativo, se entiende que la infracción prevista en el citado artículo 344, párrafo 1, inciso f), relacionado con el artículo 49, párrafo 3, ambos del código electoral federal, consta de los elementos siguientes:

a. Una persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral contrate o adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión;

b. El contratante o adquirente sea un partido político, o un precandidato o candidato a cargo de elección popular, y

c. La contratación o adquisición de dichos tiempos la lleve a cabo directamente el partido, el precandidato o el candidato, o bien, cualquier tercero.

En el caso, en los considerandos OCTAVO y NOVENO de la resolución impugnada se advierte que el Consejo General responsable estimó que, en las constancias del expediente del procedimiento especial sancionador que originó este recurso de apelación, no existen elementos de prueba, siquiera indiciarios, para tener por demostrada la existencia de algún contrato o convenio, de cualquier naturaleza, que vincule a los candidatos del Partido Acción Nacional a gobernador y a presidente municipal de Cajeme, ambos de Sonora, con las empresas radiofónicas denominadas Radio Signo, S.A. concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A. concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica".

En el fallo impugnado se afirma que tampoco existe algún otro elemento de convicción que permitiera, si quiera a manera de indicio, tener por acreditada la contratación de promocionales de forma indirecta o por terceras personas a favor de los dos candidatos denunciados.

La anterior premisa argumentativa, que sirve de sustento a la autoridad responsable para declarar infundado el procedimiento especial sancionador respecto de los mencionados candidatos, es contraria a la interpretación emitida por esta Sala Superior en el distinto recurso de apelación SUP-RAP-276/2009, pues no es indispensable acreditar un vínculo entre candidato y la persona contratante o adquirente del espacio publicitario en cualquier modalidad de radio o televisión, atendiendo al contexto y a las circunstancias en que se realizó el hecho irregular, así como a lo previsto en la normativa aplicable.

Para demostrar la comisión de la infracción contenida en los trascritos artículos 344, párrafo 1, inciso f), en relación con el 49, párrafo 3, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contrariamente a lo estimado por el órgano responsable, no es necesario, en todos los casos, que la autoridad electoral tenga por acreditado que existe algún vínculo entre el candidato denunciado y el sujeto contratante o adquirente, o bien, que el primero le ordenó al segundo llevar a cabo la contratación o adquisición de tiempos en radio o televisión, toda vez que a partir de las reformas constitucionales y legales en materia electoral durante los años dos mil siete y dos mil ocho, las finalidades del nuevo modelo de comunicación entre partidos políticos y sus candidatos, con los electores y la ciudadanía en conjunto, permiten considerar que la exigencia de la constatación del citado vínculo pondría en serio riesgo a la prohibición legal, ya que los autores del ilícito estarían cobijados, casi siempre, por una mera negativa de su parte hacia la existencia de cualquier relación con los candidatos a puestos de elección popular, provocando dificultades prácticamente infranqueables a la autoridad investigadora.

En reiteradas ocasiones, esta Sala Superior ha acudido al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Electoral, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la referida Cámara, el doce de septiembre de dos mil siete. En ese documento legislativo se afirma, que uno de los tres objetivos de la citada reforma constitucional es: "…impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación…".

En el procedimiento de reforma legal, la exposición de motivos de la "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se abroga el hasta ahora vigente", publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el treinta de noviembre de dos mil siete, menciona que los legisladores federales hacen suyas las motivaciones formuladas, en sus respectivos dictámenes, por las comisiones de las Cámaras de Senadores y Diputados que tuvieron bajo su responsabilidad el estudio de la iniciativa de reforma a distintos artículos constitucionales en materia electoral en el citado año.

Sobre estas bases explícitas de la reforma constitucional y legal 2007-2008 en materia electoral, la Sala Superior ha estimado que una de las finalidades principales que dieron origen al nuevo modelo de comunicación política y al régimen de prohibiciones en materia de radio y televisión, regulados por la Constitución General y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consiste en impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación.

Asimismo, la prohibición que se analiza busca garantizar también la plena eficacia de las reglas generales previstas en el artículo 49, párrafos 2 y 5, de la ley electoral federal, en el sentido que la única vía a través de la que los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos pueden acceder a la radio o la televisión, está configurada por los tiempos del Estado que administra el Instituto Federal Electoral.

Consecuentemente, la interpretación que se haga de las disposiciones jurídicas que prevén la prohibición para que candidatos contraten o adquieran, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión para transmitir mensajes dirigidos a influir en las preferencias electorales, debe potencializar las finalidades explícitas por los que se incluyeron tales preceptos en la Constitución y en la ley.

Lo anterior, permite a este órgano jurisdiccional determinar que la infracción consistente en que un partido político, un candidato o un precandidato adquiera o contrate a través de un tercero tiempos en radio o televisión, no debe constreñirse a que se acredite la existencia de una relación o vínculo entre el partido político, candidato o precandidato y aquél que contrata o adquiera dichos tiempos.

Esto se considera así, porque la circunstancia de que una persona ajena al Instituto Federal Electoral haya contratado o adquirido tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión, con el propósito de que un candidato accediera a ellos, vulnera, por sí mismo, los fines perseguidos por la normativa electoral, en el sentido de que sólo el mencionado Instituto administre el acceso de candidatos a los referidos medios de comunicación social, y que individuos u organizaciones ajenos a los procesos electorales influyan en las campañas o en sus resultados, lo anterior en el entendido de que un candidato también puede acceder a tiempos en radio y televisión, con un evidente beneficio, sin que se compruebe algún vínculo con quien contrate o disponga la transmisión.

Asimismo, condicionar la actualización de la citada infracción a la acreditación de un elemento subjetivo de difícil comprobación, como el vínculo entre un candidato y un tercero, haría nugatoria la prohibición legal, pues conforme con las reglas de la experiencia, los sujetos que se conducen de manera ilícita o contraria a derecho, hacen lo posible para borrar los vestigios o huellas de su comportamiento, con el claro objetivo de que la autoridad correspondiente no pueda estar en condiciones de imputarles responsabilidad e imponerles una sanción, de ahí que establecer este tipo de obligaciones procedimentales a la autoridad electoral podría oponerse al fin perseguido por la legislación electoral.

En la hipótesis de que una persona física o moral contrate o adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio o de televisión, con el propósito de que se transmitan mensajes que influyan en los electores y esto provoque un beneficio para determinado candidato, la lógica y la experiencia indican que, en principio, negará la comisión de ese hecho infractor, e incluso llevará a cabo acciones tendentes a dificultar o hacer en la práctica imposible la acreditación de un vínculo entre él y el candidato, por parte de la autoridad sancionadora.

Por tales razones, para que la autoridad electoral tenga por actualizada la infracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, inciso f), relacionado con el numeral 49, párrafo 3, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la modalidad de adquisición o contratación hacia el candidato, por un tercero, de tiempos en radio o televisión, basta con que tenga por acreditado que:

1) Existió una contratación o adquisición de tiempos en radio o televisión por parte de una persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral (inclusive, si el mismo concesionario o permisionario utiliza los tiempos que tiene a su disposición en virtud del título de concesión o permiso otorgado a su favor), y

2) Tal evento se llevó a cabo con la finalidad de que un partido político, candidato o precandidato accediera a la radio o la televisión fuera de los tiempos que la ley destina a tal efecto.

Por consiguiente, en el presente asunto, no resultaba necesario que el Consejo General del Instituto Federal Electoral acreditara que los entonces candidatos Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro tenían un vínculo o relación con las dos concesionarias de radio infractoras, toda vez que tal exigencia no forma parte de la infracción consistente en tener acceso, por sí o por terceras personas, a tiempos en esas dos estaciones de radio para difundir mensajes destinados a influir en los potenciales votantes del Estado de Sonora.

Partiendo de estas premisas, en el caso particular, debe tenerse por acreditada la infracción prevista en los mencionados preceptos legales, por las razones siguientes:

En los recursos de apelación que ahora se resuelven no están controvertidas las bases fácticas que expuso la autoridad responsable para tener por demostrada la transmisión del promocional denunciado, así como tampoco que el contenido debe catalogarse como propaganda electoral. En efecto, no es materia de controversia lo siguiente:

I. En el periodo del veintiséis de junio hasta el primero de julio, ambos de dos mil nueve, las estaciones de radio XESO-AM, "La Poderosa", en la frecuencia radial 1150 Khz., y XEAP-AM, "Romántica", en la frecuencia de radio 1290 Khz., transmitieron el promocional relativo al cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional a la gubernatura y a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.

II. En el lapso de siete días que duró la transmisión, se difundió un total de cien (100) impactos, de los cuales cincuenta y tres (53) correspondieron a la emisora XESO-AM "La Poderosa" y los restantes cuarenta y siete (47) a la estación XEAP-AM "Romántica".

III. El promocional antes mencionado decía lo siguiente:

No se pierda el evento espectacular más esperado en Ciudad Obregón, miércoles primero de julio (miércoles primero de julio), estadio Manuel Piri Sagasta, el cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional… Guillermo Padrés Elías, para Gobernador del Estado de Sonora y Manolo Barro para Presidente Municipal de Cajeme, con una gran presentación… del grupo musical del momento, los número uno Intocable… Intocable… (música) […]

Este miércoles primero de julio a partir de las ocho de la noche entrada totalmente gratis en agradecimiento al apoyo recibido de toda la gente… asiste y se parte del cambio […]

IV. La autoridad responsable consideró que el contenido del promocional no puede catalogarse como publicidad de tipo neutral, sino que se trata de propaganda electoral que influyó en las preferencias electorales de los ciudadanos, porque:

- La convocatoria principal que se califica como "el evento espectacular más esperado en Ciudad Obregón" es la asistencia al cierre de campaña de los mencionados candidatos del Partido Acción Nacional.

- Refiere explícitamente el nombre de Guillermo Padrés Elías, candidato a Gobernador y de Manuel Barro, candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora.

- En segundo plano queda la manifestación de que se presentará el grupo musical Intocable.

- Reitera que el evento se realiza en agradecimiento al apoyo recibido por la gente.

- El lapso de transmisión ocurrió durante el periodo de campañas electorales al gobierno y a los Ayuntamientos del Estado de Sonora, por lo que, a los tiempos asignados por la autoridad federal electoral, se adicionaron los impactos que derivaron de la difusión del promocional.

- La frase final de "asiste y se parte del cambio", invita a los ciudadanos a generar una renovación, que no puede ser otra, dado el contexto temporal en que se transmitió el mensaje, relativa a la contienda por el poder político, además, implica que personas nuevas accederán a aquel.

- Dicha frase está diseñada para transmitir un mensaje positivo y de simpatía a los receptores, quienes, principalmente, tiene la calidad de potenciales electorales y genera en ellos una reacción positiva hacia los candidatos y el partido político denunciados.

Como ya se mencionó, los anteriores tópicos no son objeto de controversia en este medio de impugnación, por tanto, este órgano jurisdiccional los toma en consideración como punto de partida para determinar si, efectivamente, como lo pretende el partido político apelante es imputable un actuar ilícito a los dos candidatos sujetos al procedimiento especial sancionador.

En el presente asunto no quedó acreditado que Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro contrataron directa o indirectamente la difusión del promocional materia de inconformidad; sin embargo, es válido y jurídico estimar que el acceso a la radio fuera de los tiempos administrados por el Instituto Federal Electoral se dio bajo la particularidad de adquisición hacia el candidato, ya que ambas concesionarias de radio utilizaron el tiempo que tuvieron a su disposición a raíz del título de concesión otorgado por el Estado, dando lugar a la infracción consistente en adquirir, mediante terceras personas (entre las cuales pueden estar los propios concesionarios o permisionarios según la situación expuesta anteriormente), tiempos en cualquier modalidad de radio y, a través de la cual, se difundió un mensaje en beneficio de sus candidaturas y del partido político por el que fueron postulados, atendiendo al contexto y a las circunstancias que se presentaron en el asunto.

Lo anterior se considera así, porque los dos candidatos denunciados otorgaron un consentimiento velado o implícito a la transmisión del promocional en las estaciones de radio XESO-AM, "La Poderosa", en la frecuencia radial 1150 Khz., y XEAP-AM, "Romántica", en la frecuencia de 1290 Khz.

Tal consentimiento se configura por la circunstancia, plenamente demostrada por el Consejo General responsable, de que ambos candidatos se beneficiaron por la difusión de ese promocional transmitido en cien (100) ocasiones, en las mencionadas radiodifusoras con cobertura en el Estado de Sonora, durante los últimos siete días del periodo de campañas electorales que se realizaron durante los meses de junio y julio del año dos mil nueve en esa entidad federativa, para la renovación, entre otros, del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Cajeme.

El citado beneficio es patente, ya que el mensaje tuvo como propósito convocar o invitar a la ciudadanía en general, pero en particular a potenciales electores del citado ámbito geográfico, a que asistieran a un acto de campaña, concretamente, al cierre de las actividades de ambos candidatos, de manera gratuita por un supuesto agradecimiento a su apoyo, y en el que se les provocaba la idea de generar un cambio durante la transmisión de poder político en esa entidad federativa.

Al tenerse por acreditados tales hechos, los cuales, se insiste, no fueron controvertidos por los recurrentes en los medios de impugnación que se resuelven, este órgano resolutor considera que se cumplen las condiciones señaladas en los números 1) y 2) descritos en párrafos anteriores, para tener por actualizado el tipo sancionador contenido en el artículo 344, párrafo 1, inciso f), en relación con el numeral 49, párrafo 3, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, máxime que, como ya se ha estimado, no resultaba necesario que la autoridad administrativa acreditara que los entonces candidatos y las dos concesionarias de radio estuvieran vinculados para la difusión del promocional transcrito anteriormente, dado el contexto y las circunstancias en que se realizaron las conductas.

Esto es, en el caso, se satisfacen las exigencias previstas en la normativa federal electoral, pues está plenamente demostrado que:

1) Existió una adquisición de tiempos en radio hacia el candidato, por parte de dos personas morales, con el carácter de concesionarias de radio, distintas al Instituto Federal Electoral, al utilizar el espacio radioeléctrico que tenían a su disposición conforme al título de concesión que les fue previamente otorgado por el Estado mexicano, y

2) Tal evento se llevó a cabo con la finalidad de que el Partido Acción Nacional, así como Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro accedieran a la radio fuera de los tiempos que la legislación prevé para tal efecto durante una campaña local.

Por otra parte, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base III, Apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 49, párrafo 3; 341, párrafo 1, inciso c), y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los entonces candidatos tenían la posibilidad de deslindarse de la transmisión del promocional antes citado, para lograr que la responsabilidad por la difusión no les pudiera ser fincada por la autoridad administrativa electoral, toda vez que, el contexto y las circunstancias en que acontecieron los hechos ilícitos permite a esta Sala Superior llegar a la convicción de que tal posibilidad de deslinde sí debió ser actualizada por los otrora candidatos denunciados.

El contexto en que se desarrolló la transmisión del promocional, esto es, una contienda electoral para la obtención de un puesto de elección popular, indica que la conducta regular u ordinaria de cualquier candidato que participa en una campaña está, por ejemplo, rodeada de las características siguientes:

a. Los candidatos están al tanto de las actividades que se desarrollan, no solamente por sus equipos de campaña y por los partidos políticos que los postulan, sino por otros candidatos de su mismo partido, así como por sus adversarios en la contienda y, en general, por el comportamiento de distintas personas u organizaciones cuya actividad puede influir en el resultado de los comicios, sobre todo, cuando se verifican en el último tramo del periodo de campañas.

b. Los candidatos definen estrategias a partir de los pautados que para la asignación de los mensajes de los partidos políticos aprueba el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, con el objeto de articular actos de campaña que les permitan tener un mayor impacto en el electorado.

c. Si bien es cierto que los candidatos no están obligados o compelidos a efectuar monitoreos de los mensajes que se transmiten, por parte de las estaciones de radio y los canales de televisión que tienen cobertura en el ámbito geográfico en el que se desarrollan sus campañas electorales, lo que sí están posibilitados, de acuerdo con un comportamiento ordinario para la obtención del mayor número de votos, es que conozcan el pautado autorizado por la autoridad electoral y la frecuencia de la transmisión de los mensajes en tales medios de comunicación, para detectar, en beneficio de su propio interés, aquellas situaciones irregulares en las transmisiones.

d. Es relevante tener en cuenta que los candidatos estén al tanto de la propaganda que se difunde en medios de comunicación masiva, como la radio o la televisión, que penetran e impactan en números importantes de potenciales electores, no sólo durante todo el periodo de duración de las campañas, sino, con más agudeza, en los últimos días en los que los mensajes tienen mayor posibilidad de ser recordados o generar simpatías hacia una candidatura, fundamentalmente entre quienes no han decidido su voto. Máxime, si como en el caso concreto, el promocional transmitido por las dos estaciones de radio tenía un contenido idéntico y fue transmitido en cien (100) ocasiones, lo que hace todavía más evidente que los candidatos debieron estar al tanto de su difusión, ya que el mensaje hizo referencia expresa a sus nombres, al partido político que los postuló, a su cierre de campaña en Ciudad Obregón, Sonora, se convocaba a los ciudadanos a asistir de manera gratuita en agradecimiento a su apoyo y, por último, se les invitaba a provocar un cambio, que por lo expuesto anteriormente, no fue otro que la renovación de quienes ocupaban los cargos públicos en disputa.

Aunado a lo anterior, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción, aspectos de carácter objetivo que concurren en el caso, refuerzan la conclusión de que los candidatos tuvieron la posibilidad de formular un deslinde por la transmisión del promocional sobre su cierre de campaña:

a) Modo. En el caso, la irregularidad atribuible a los dos candidatos, consistió en inobservar lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 49, párrafo 3, y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido por terceras personas tiempos en dos estaciones de radio para difundir un promocional con idéntico contenido, relativo al cierre de sus campañas electorales, mismo que fue difundido en cien (100) ocasiones.

b) Tiempo. Durante el último tramo del periodo de campañas electorales en el Estado de Sonora, es decir, del veintiséis de junio hasta el primero de julio de dos mil nueve, en un total de siete (7) días, se transmitió el promocional denunciado. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215, fracciones I y III, y último párrafo, del código electoral local, el plazo para las campañas electorales en el caso de la elección de gobernador, inició noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral y concluyó tres días anteriores a ésta (tres de abril al primero de julio), mientras que en la elección del Ayuntamiento de Cajeme comenzó sesenta y tres días antes de la elección y culminó a tres días de que se realizara la jornada electoral (tres de mayo al primero de julio), que en el reciente proceso electoral se verificó el cinco de julio de dos mil nueve.

c) Lugar. La difusión del promocional se llevó a cabo en el ámbito territorial de las campañas a gobernador y presidente municipal del Ayuntamiento de Cajeme, en el Estado de Sonora, pues las dos estaciones de radio XESO-AM, "La Poderosa", frecuencia radial 1150 Khz., y XEAP-AM, "Romántica", frecuencia de radio 1290 Khz., tienen cobertura en esa entidad federativa.

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que del análisis integral del contenido de las pruebas que obran en el procedimiento especial sancionador, particularmente de las manifestaciones formuladas por el representante de las empresas radiofónicas denominadas Radio Signo, S.A., concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A., concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", cabe advertir que las dos radiodifusoras aceptaron que el promocional controvertido fue transmitido por un acto de voluntad unilateral, sin que existiera de por medio algún contrato o negocio jurídico con terceros.

En principio, tal hecho puede llevar a la apreciación de que los dos candidatos no infringieron la normativa electoral federal, pues resultaba inviable que ante la ausencia de elementos de prueba que acreditaran un vínculo o relación de aquellos con ambas estaciones de radio, menos podría estimarse que contrataron o adquirieron tiempos fuera de los autorizados por la ley aplicable.

Empero, ya se consideró que la constatación de ese vínculo entre candidatos y un tercero contratante o adquirente, no admite servir de base para que se impida la actualización del tipo sancionador contenido en los artículos 344, párrafo 1, inciso f), relacionado con el 49, párrafo 3, del código federal electoral, pues basta, como en este caso, que el análisis del contexto y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se difundió el promocional, permitan a la autoridad electoral tener plena convicción de que con el mensaje transmitido se pretendió influir en las preferencias de los ciudadanos que potencialmente acudirían a las urnas a votar, y que esa propaganda transmitida fuera de las pautas autorizadas por el Instituto Federal Electoral benefició a los candidatos durante los últimos días de la campaña electoral local.

Ante tales circunstancias y contexto descritos anteriormente, es notorio y evidente que ambos candidatos sujetos al procedimiento especial sancionador de origen, sí tuvieron la posibilidad de llevar a cabo un deslinde por haberse efectuado, a través de las citadas radiodifusoras, la transmisión en cien (100) ocasiones del promocional que difundió un mensaje idéntico en que se convocó e invitó a la ciudadanía a asistir a su cierre de campaña y a formar parte de un cambio.

En tales condiciones, se considera que los candidatos denunciados tenían la posibilidad de deslindar su responsabilidad por la difusión de propaganda electoral en la que se contenían mensajes que los beneficiaban directamente y estaban dirigidos a influir en las preferencias de los votantes; sin embargo, la efectividad de ese deslinde de responsabilidad, tendrá efectos siempre que la acción tomada por los sujetos infractores resultara eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable.

La Sala Superior ha estimado que una acción o conducta válida para deslindar de responsabilidad a un sujeto que se coloca en una situación potencialmente antijurídica debe ser:

a. Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;

b. Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;

c. Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan conocimientos de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, mediante la formulación de la petición de las medidas cautelares que procedan;

d. Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe, y

e. Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera ordinaria podría exigirse al potencial sujeto infractor de que se trate, siempre que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a implementar.

En este caso, en las constancias que integran el expediente del procedimiento especial sancionador de origen no obra elemento alguno en el sentido de que Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro hubieren realizado alguna acción con las características ya mencionadas, para deslindarse de la responsabilidad por la difusión del promocional denunciado.

CONCLUSIÓN.

Por las razones expuestas en párrafos que anteceden, este órgano resolutor concluye que no es necesaria, en toda investigación sobre un hecho presuntamente ilícito, como el denunciado en el procedimiento especial sancionador que dio origen al presente recurso de apelación, la existencia de material probatorio tendente a demostrar un vínculo o relación entre los candidatos denunciados o terceros por cuenta de estos y las concesionarias de estaciones de radio o canales de televisión que transmitan promocionales dirigidos a influir en las preferencias electorales, que no se encuentren autorizados por el Instituto Federal Electoral.

Por tanto, para tener por demostrada la comisión de la infracción a que se refieren los artículos 344, párrafo 1, inciso f), en relación con el numeral 49, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es suficiente con que esté plenamente acreditado en el expediente del procedimiento sancionador correspondiente, que existió una contratación o adquisición de tiempos en radio o televisión hacia el partido político, precandidato o candidato, por parte de una persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral, y que esa circunstancia se llevó a cabo con la finalidad de que un candidato accediera a la radio o la televisión fuera de los tiempos que la ley destina a tal efecto, sin que resulte un obstáculo, por ejemplo, que las concesionarias de radio o de televisión manifiesten que la difusión se llevó a cabo de forma unilateral o nieguen la existencia de vínculo alguno con los candidatos beneficiados.

Por otra parte, además de lo anterior, como un aspecto adicional, la autoridad administrativa electoral debe realizar un análisis del contenido de los promocionales, así como del contexto y de las circunstancias que rodearon la difusión, para determinar, racionalmente, si existió o no un beneficio que hubieren generado para determinadas candidaturas o si influyeron o no en las preferencias de los posibles electores.

En consecuencia, acorde con las finalidades del modelo de comunicación social vigente a partir de la reforma electoral de dos mil siete-dos mil ocho, en el sentido de que ninguna persona física o moral distinta al Instituto Federal Electoral debe autorizar el acceso de partidos políticos y candidatos fuera de los tiempos del Estado en radio o televisión, junto con el análisis del contexto y las circunstancias en las cuales fue difundido un determinado promocional, es jurídicamente correcto estimar que los candidatos tenían la posibilidad de deslindarse de la transmisión de un promocional, para evitar sufrir las consecuencias previstas en el derecho administrativo sancionador electoral, porque ante el acreditamiento de que el contenido de los promocionales constituye propaganda electoral, por la que obtuvieron beneficios hacia sus candidaturas, y que tal hecho provocó que los electores recibieran mensajes destinados a influir en sus preferencias, deben considerarse responsables a los candidatos, si no demuestran una acción de deslinde con las características de ser eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable.

En el caso, ya se dijo que es conforme a derecho atribuirles responsabilidad a los candidatos denunciados por violaciones a la normativa electoral, cometidas en forma directa por las dos radiodifusoras sujetas al procedimiento especial sancionador, ya que tuvieron la posibilidad de deslindarse y contaban con elementos a su alcance para que no se les imputara responsabilidad por la acción infractora de la ley, toda vez que las concesionarias denunciadas si bien no se encuentran bajo el ámbito de actividades de los candidatos, considerados como personas físicas, tanto del contexto como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la transmisión del promocional referente a su cierre de campaña, sí tuvieron la posibilidad de mostrar una conducta en la que se dejara libre de toda duda que se apartaban del beneficio resultante hacia sus candidaturas por la difusión de dicho promocional.

Esta Sala Superior, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a los principios rectores de la función electoral, concluye que la conducta desplegada por Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, transgredió lo dispuesto por los artículos 41, Base III, Apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 344, párrafo 1, inciso f), relacionado con el numeral 49, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que adquirieron, a través de un tercero, tiempo en dos estaciones de radio con cobertura en el Estado de Sonora, para la difusión de un promocional que contenía propaganda cuyo mensaje benefició a sus candidaturas y tuvo como propósito influir en las preferencias electorales de los ciudadanos del Estado de Sonora y del municipio de Cajeme.

En tal virtud, como ambos candidatos omitieron efectuar un deslinde por la responsabilidad en la transmisión del citado promocional, lo cual tenían la posibilidad de hacer conforme a derecho, se debe declarar fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de los entonces candidatos a gobernador y a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Cajeme, ambos de Sonora, postulados por el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral local culminado en el año dos mil nueve.

En consecuencia, al resultar fundado el motivo de inconformidad relativo a la atribución de responsabilidad a Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, entonces candidatos del Partido Acción Nacional a gobernador y presidente municipal del Ayuntamiento de Cajeme, ambos del Estado de Sonora, respectivamente, para el proceso electoral dos mil ocho-dos mil nueve, en virtud de que recibieron beneficios con el promocional difundido por las empresas radiodifusoras denominadas Radio Signo, S.A., concesionaria de la emisora XESO-AM, "La Poderosa", y XEAP, S.A., concesionaria de la emisora XEAP-AM, "Romántica", lo procedente es revocar la resolución controvertida, únicamente en la parte en que la autoridad responsable determinó que el procedimiento sancionador debía declararse infundado respecto de los citados candidatos.

Dicha revocación se ordena para el efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la próxima sesión pública que celebre, considere que ambos candidatos sí son responsables por el hecho infractor denunciado, y en pleno uso de sus atribuciones legales, determine la sanción que corresponda de acuerdo con la normativa electoral federal.

Una vez que el mencionado órgano responsable cumpla con lo ordenado en este fallo, deberá hacerlo del conocimiento de esta Sala Superior dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que realice los actos para la debida ejecución.

Ante el efecto precisado en párrafos que anteceden, el estudio del resto de los conceptos de agravio formulados por el partido apelante es innecesario, toda vez que se consiguió la finalidad pretendida por aquél, en el sentido de que se imputara responsabilidad a Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, por haber resultado beneficiados con la transmisión del promocional que hizo referencia a su cierre de campaña.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación SUP-RAP-7/2010 al diverso recurso SUP-RAP-6/2010; en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia al expediente del recurso acumulado.

SEGUNDO. Se revoca, en la parte que fue materia de impugnación relativa a la responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y Manuel Barro Borgaro, la resolución CG667/2009, de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los efectos precisados en la parte final del considerando CUARTO de esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Acción Nacional, y al Partido Revolucionario Institucional, en los domicilios señalados para tal efecto; por oficio acompañado con copia certificada de la presente sentencia, al Consejo General del Instituto Federal Electoral y por estrados, a los demás interesados.

Devuélvanse los documentos correspondientes, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.