RECURSOS DE APELACIÓN.

EXPEDIENTES: SUP-RAP-147/2010 Y ACUMULADOS.

ACTORES: MÁXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S. C. Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

SECRETARIOS: VALERIANO PÉREZ MALDONADO Y MARTÍN JUÁREZ MORA.

México, Distrito Federal, a seis de octubre de dos mil diez.

VISTOS, para resolver los autos de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-147/2010, SUP-RAP-149/2010, SUP-RAP-150/2010, y SUP-RAP-153/2010, promovidos por Máxima Servicios Publicitarios, S. C.; Make Pro, S. A. de C. V; Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones; y Rosa Carmina Méndez García, respectivamente, en contra de la resolución CG267/2010, de veintiuno de julio del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se aprobó el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional; y

R E S U L T A N D O S :

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en las demandas y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

I. Elecciones federales 2009. El cinco de julio de dos mil nueve, se realizaron elecciones ordinarias federales para elegir diputados por ambos principios. En esta contienda electoral participaron los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral, entre otros, el entonces Partido Socialdemócrata.

II. Cómputo total y declaración de validez de la elección 2009. El veintiuno de agosto de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, realizó el cómputo total y declaró la validez de la elección federal mencionada.

III. Pérdida de registro del Partido Socialdemócrata. También en la fecha que antecede, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo JGE76/2009, por el cual declaró la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido el 2% de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios.

IV. Firmeza de la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata. El veintitrés de septiembre de dos mil nueve, mediante sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-269/2009, quedó firme la pérdida de registro del entonces Partido Socialdemócrata.

V. Designación del interventor. El dieciocho de julio de dos mil nueve, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, notificó a Dionisio Ramos Zepeda, su designación como interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos del otrora Partido Socialdemócrata.

VI. Aviso de liquidación del Partido Socialdemócrata: El veintisiete de octubre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el aviso del interventor del otrora Partido Socialdemócrata, por el que se da a conocer la liquidación de dicho instituto político.

VII. Lista de créditos y convocatoria de acreedores. El veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata y se convocó a las personas que consideraran les asistía un derecho como acreedores del partido en liquidación, y se instauró el procedimiento para su reconocimiento.

VIII. Presentación del informe de liquidación por el Interventor. El diecinueve de julio de dos mil diez, el interventor responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del otrora Partido Socialdemócrata, presentó al Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, el informe que contiene el balance de liquidación y la lista de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de créditos del referido instituto político, a efecto de que fuera sometido para su aprobación al Consejo General del Instituto.

IX. Aprobación del informe de liquidación del interventor. El veintiuno de julio de dos mil diez, el Consejo General del Instituto referido, emitió la resolución CG267/2010, mediante la cual aprobó el informe referido en el párrafo que antecede, al efecto, en lo que interesa, determinó:

"…

A c u e r d o

PRIMERO. Se aprueba el informe de lo actuado en el proceso de liquidación el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del Partido Socialdemócrata en Liquidación y la lista de créditos a cargo de su patrimonio presentado por el Interventor designado, bajo los siguientes apartados:

I) INFORME DE LO ACTUADO

II) BALANCE DE LIQUIDACIÓN

III) NOTAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN

IV) LISTAS DEFINITIVA DE ACREEDORES

V) INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SEGUNDO. Notifíquese al Lic. Dionisio Ramos Zepeda para que, en su carácter de interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del Partido Socialdemócrata en Liquidación, inicie el trámite de pago de los créditos señalados en la lista definitiva de acreedores a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, referida en el punto de acuerdo primero.

TERCERO. Remítase el presente Acuerdo al Servicio de Administración Tributaria para que proceda a la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, ante la extinción del instituto político y encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales tal como ha sido informado en el apartado V del informe que presenta el liquidador.

CUARTO. Se instruye al Secretario del Consejo General para que publique el presente Acuerdo y el apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" contenido en el Informe de lo Actuado y Balance de Liquidación, en el Diario Oficial de la Federación.

…"

X. Publicación de la resolución por la que se aprueba el informe del interventor en el Diario Oficial de la Federación. El veintitrés de julio de dos mil diez, conforme lo ordenado en la resolución que antecede, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución CG267/2010 de veintiuno de julio del presente, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la que aprobó el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional.

SEGUNDO. Recursos de apelación. En los días diez, once y doce de agosto del presente año, Máxima Servicios Publicitarios, S. C.; Make Pro, S. A. de C. V; Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones; y Rosa Carmina Méndez García, respectivamente, presentaron sendas demandas en contra de la resolución CG267/2010, emitida el veintiuno de julio del presente año, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

TERCERO. Trámite y sustanciación.

I. Integración y turno de los expedientes. El diecisiete y veinte de agosto del año en curso, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar los expedientes SUP-RAP-147/2010, SUP-RAP-149/2010 y SUP-RAP-150/2010, con motivo de las demandas de Máxima Servicios Publicitarios, S. C.; Make Pro, S. A. de C. V, y del Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, así como turnarlos a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza para que propusiera a la Sala las resoluciones que correspondieran conforme a derecho; dichos acuerdos se cumplimentaron mediante oficios TEPJF-SGA-3319/10, TEPJF-SGA-3345/10 y TEPJF-SGA-3346/10 suscritos por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

II. Expediente de Asunto General. El diecinueve de agosto del presente año, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar el expediente SUP-AG-41/2010, con el escrito presentado por Rosa Carmina Méndez García, así como turnarlo a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza para que propusiera a la Sala la resolución que correspondiera conforme a derecho; dicho acuerdo se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-3341/10 firmado por el Secretario General de Acuerdos de esta instancia.

III. Acuerdo de encausamiento del expediente Asunto General. El treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Superior acordó encausar a recurso de apelación el escrito presentado por Rosa Carmina Méndez García, por su propio derecho.

IV. Recurso de apelación. El treinta y uno de agosto del año en curso, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar el expediente SUP-RAP-153/2010 con motivo del escrito presentado por Rosa Carmina Méndez García, por su propio derecho, así como turnarlo a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza para que propusiera a la Sala la resolución que correspondiera conforme a derecho; dicho acuerdo se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-3513/10, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

V. Requerimiento. El trece de septiembre del año en curso, en el expediente del recurso de apelación SUP-RAP-150/2010, el Magistrado Instructor dicto acuerdo de requerimiento al Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual fue cumplimentado el día catorce siguiente.

VI. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado Instructor admitió a trámite las demandas de los recursos de apelación y, al no existir trámite pendiente de realizar, declaró cerrada la instrucción de cada uno de los recursos de apelación, dejando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O S :

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso a), 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 40, párrafo 1, inciso b), 43 Bis, 44, párrafo 1, inciso a), y 45, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 103, inciso d), fracción VII, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tratarse de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de un procedimiento de liquidación de un partido político nacional, la cual no es susceptible de ser impugnada en recurso de revisión, además de que el órgano que emitió dicha determinación es uno de los órganos centrales del citado instituto en términos del artículo 108 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda relativos a los recursos de apelación contenidos en los expedientes SUP-RAP-147/2010, SUP-RAP-149/2010, SUP-RAP-150/2010, y SUP-RAP-153/2010, esta Sala Superior advierte la conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable, esto es, la resolución CG267/2010, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera conjunta, pronta y expedita los referidos recursos y para evitar la emisión de criterios contradictorios, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 86, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-149/2010, SUP-RAP-150/2010, y SUP-RAP-153/2010, al diverso SUP-RAP-147/2010, toda vez que este recurso fue el primero que se presentó, por lo tanto, el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los recursos de apelación acumulados.

TERCERO. Procedencia. Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 103, inciso d), fracción VII, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con lo siguiente:

Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito ante la autoridad responsable, y en ellas se hacen constar los nombres de los recurrentes, sus domicilios para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar, tanto el nombre, como la firma autógrafa de quienes promueven por su propio derecho y en representación de los actores recurrentes.

Oportunidad. Los medios de impugnación se promovieron oportunamente, conforme lo establece el artículo 8 del ordenamiento legal invocado en relación con el diverso 30, párrafo 2, de la ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto es, dentro del plazo de cuatro días contados a partir de la notificación, es decir, desde que surtió efectos la publicación del acuerdo impugnado en el Diario Oficial de la Federación, la cual se realizó el viernes veintitrés de julio del año en curso.

Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con el aviso suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, relativo al primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil diez, a que tiene derecho el personal del citado Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio del año en curso, se desprende que dicho periodo trascurrió del día lunes veintiséis de julio al viernes seis de agosto de dos mil diez, aunado a que en el mismo se señala que en esos días no contarían para el cómputo de los términos para la interposición y trámite de los medios de impugnación, entre otros.

La publicación anterior constituye un hecho notorio con fundamento en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

En este sentido, en términos del artículo 30, párrafo 2, de la ley referida, la publicación anterior sirvió las veces de notificación para todos los interesados, y surtió sus efectos al día siguiente de dicha publicación.

Cabe decir que la publicación del acuerdo impugnado, se realizó el último día hábil previo al inicio del periodo vacacional del Instituto y reinició actividades laborales el día lunes nueve siguiente, considerando éste como el día hábil siguiente, para los efectos del artículo 30, párrafo 2, señalado.

En mérito de lo anterior, si en la especie no se deben contar los días sábados y domingos al no estar relacionada la materia de la impugnación con un proceso electoral local o federal, así como los días que comprendieron el periodo vacacional del personal del Instituto Federal Electoral, cabe concluir válidamente que la publicación referida surtió efectos hasta el día lunes nueve de agosto, y los cuatro días legalmente previstos para interponer los medios de impugnación trascurrieron del martes diez al viernes trece de agosto, de ahí que si las demandas de mérito se presentaron en los días diez, once y doce de agosto, respectivamente, es inconcuso que se promovieron dentro del plazo legal previsto.

Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran satisfechos, en términos del artículo 45, párrafo 1, inciso c), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual señala que las personas físicas y morales que se ostenten como acreedores de un partido político en liquidación, podrán promover recurso de apelación, en este sentido, en la especie, al encontrarse promovido dichos medios de impugnación por Máxima Servicios Publicitarios, S. C.; Make Pro, S. A. de C. V., Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, y Rosa Carmina Méndez García, que señalan ser acreedores del Partido Socialdemócrata en liquidación, se tiene por satisfecho este requisito.

Por otra parte, la demanda presentada por Máxima Servicios Publicitarios, S. C., se encuentra firmada por Julián Reyes, en su carácter de apoderado legal de dicha persona moral, calidad que acredita conforme a la copia certificada que obra en autos del testimonio notarial número 1,596, otorgada ante el Notario Público número 158, del Estado de México, de veintinueve de julio de dos mil diez.

Asimismo, el escrito de demanda de Make Pro, S. A. de C. V., se encuentra suscrita por Fer Octavio Peraza Malacara, en su calidad de representante legal, misma que acredita con la copia certificada del testimonio notarial número 31,364, levantada ante el Notario Público número 70 del Distrito Federal, de diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, documental que obra en autos, aunado a que con esta misma condición representó a la persona moral aludida en el procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata.

Por otra parte, la demanda del Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, se encuentra firmada por Karlek Alejandra Martínez Ramírez, en su carácter de representante legal, para ello, exhibe copia certificada del testimonio notarial que se encuentra glosada en autos, número 2586, de la Notaría Pública número 249 del Distrito Federal, de catorce de mayo de dos mil nueve, además, con este carácter compareció en el procedimiento de liquidación del instituto político señalado.

En estas condiciones, al constituir pruebas documentales públicas los testimonios notariales que arriba quedaron precisados, con fundamento en el artículo 14, párrafo 1, inciso a) en relación con el diverso 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen valor probatorio pleno, por lo tanto, es válido concluir que en los recursos de apelación bajo análisis las personas que suscriben las sendas demandas reúnen el requisito de personería exigida en este apartado.

Por último, Rosa Carmina Méndez García, promueve el recurso de mérito ostentándose como acreedora del partido político en liquidación y por propio derecho.

En suma, se considera que los promoventes de los sendos recursos de apelación reúnen los requisitos de legitimación y personería materia de examen en este apartado.

Interés jurídico. El requisito en estudio se encuentra satisfecho, toda vez que los recurrentes impugnan una determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a través de la cual aprobó el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, que contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional, determinación que, en concepto de cada uno de ellos, violenta su esfera de derechos como acreedores del instituto político referido.

Definitividad. La resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral es un acto definitivo, toda vez que en su contra no procede algún otro medio de impugnación, en virtud del cual pueda ser modificada, revocada o anulada, de ahí que se estime colmado el presente requisito de procedencia.

CUARTO. Resolución impugnada. La resolución impugnada, cuya parte que interesa, es del tenor siguiente:

"[…]

CG267/2010

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL INTERVENTOR DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA EN LIQUIDACIÓN, EL CUAL CONTIENE EL BALANCE DE BIENES Y RECURSOS REMANENTES DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.

A n t e c e d e n t e s

I. El cinco de julio de dos mil nueve se realizaron elecciones ordinarias federales para elegir diputados por ambos principios. En esta contienda electoral participaron los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral, entre ellos, el entonces Partido Socialdemócrata.

II. El diecinueve de agosto de dos mil nueve, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto a los resultados de la elección federal electoral 2008-2009.

III. En sesión extraordinaria de veintiuno de agosto de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral efectuó el cómputo total y declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.

IV. El veintiuno de agosto de dos mil nueve, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo JGE76/2009 por el que emitió la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios.

V. Inconforme con lo anterior, el otrora Partido Socialdemócrata interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual fue radicado bajo el número de expediente
SUP-RAP-269/2009, en el que se determinó revocar dicha resolución en lo que fue materia de impugnación, para el efecto de que el monto correspondiente al financiamiento público anual por actividades ordinarias permanentes, se entregara por el Instituto Federal Electoral al interventor del otrora Partido Socialdemócrata, para que fuera considerado dentro del activo susceptible de cubrir adeudos adquiridos por el citado instituto político anteriores a la fecha en que se determinó la pérdida de su registro.

VI. El dieciocho de julio de dos mil nueve, mediante oficio UFRPP/DRNC/3251/09, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos notificó al C. Dionisio Ramos Zepeda su designación como Interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del entonces Partido Socialdemócrata.

VII. El veintisiete de octubre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso del Interventor del otrora Partido Socialdemócrata mediante el cual da a conocer la liquidación de dicho partido.

VIII. El veintiuno de diciembre siguiente, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Interventor del otrora Partido Socialdemócrata dio a conocer la Lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata y se convocó a las personas que consideraran les asistía un derecho como acreedores del partido en liquidación y se instauró el procedimiento para su reconocimiento.

C o n s i d e r a n d o

1. Que el artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público, y que la ley determina las normas y requisitos para su registro legal.

2. Que en la base II del citado artículo 41, en su último párrafo señala que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los Partidos Políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

3. Que el artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causas de pérdida de registro de los Partidos Políticos son: a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 del Código; c) No obtener por lo menos el dos por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto; d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala el Código; f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos y, g) Haberse fusionado con otro partido político.

4. Que el artículo 116, base IV, inciso g) de la Constitución Federal señala que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que los Partidos Políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los Partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

5. Que el artículo 4, párrafo 1 del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, dispone que si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto, se advierte que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 101 del código electoral federal, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido político de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en el Código.

6. Que el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales establece que una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1, del artículo 102 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el Interventor deberá formular un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias y que dicho informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, párrafo 1, inciso d), fracción V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, párrafo 1, inciso e) del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:

A c u e r d o

PRIMERO. Se aprueba el informe de lo actuado en el proceso de liquidación el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del Partido Socialdemócrata en Liquidación y la lista de créditos a cargo de su patrimonio presentado por el Interventor designado, bajo los siguientes apartados:

I) INFORME DE LO ACTUADO

II) BALANCE DE LIQUIDACIÓN

III) NOTAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN

IV) LISTAS DEFINITIVA DE ACREEDORES

V) INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SEGUNDO. Notifíquese al Lic. Dionisio Ramos Zepeda para que, en su carácter de interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del Partido Socialdemócrata en Liquidación, inicie el trámite de pago de los créditos señalados en la lista definitiva de acreedores a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, referida en el punto de acuerdo primero.

TERCERO. Remítase el presente Acuerdo al Servicio de Administración Tributaria para que proceda a la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, ante la extinción del instituto político y encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales tal como ha sido informado en el apartado V del informe que presenta el liquidador.

CUARTO. Se instruye al Secretario del Consejo General para que publique el presente Acuerdo y el apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" contenido en el Informe de lo Actuado y Balance de Liquidación, en el Diario Oficial de la Federación.

[…]"

QUINTO. Demandas de los recursos de apelación:

La demanda del recurso de apelación SUP-RAP-147/2010, promovida por Máxima Servicios Publicitarios, S. C., en lo que interesa, es del tenor siguiente:

"AGRAVIOS, CONCEPTOS DE ILEGALIDAD O NULIDAD:

a).- La resolución que se combate, carece de la debida fundamentación y motivación legal, toda vez, que las autoridades demandadas están privando del derecho a mi representada de cobrar la cantidad de $ 16,744,985.29 (DIECISEIS MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N), por concepto de servicios de publicidad exterior, que se encuentran amparados por las facturas 10595,con sello de recibido por el Partido Social Demócrata de fecha 26 de mayo del 2009, factura 10594, con sello de recibido por el Partido Social Demócrata de fecha 26 de mayo del 2009, factura 10870, con sello de recibido por el Partido Social Demócrata de fecha 16 de junio del 2009, factura 10778, que contiene sello de recibido por el Partido Social Demócrata de fecha 16 de junio del 2009, factura 10777, con sello de recibido por el Partido Social Demócrata de fecha 15 de junio del 2009, sin que previamente, haya sido oída ni vencida en juicio, ya que nunca se me otorgó la garantía de audiencia y la autoridad demandada de manera arbitraria, ilegal, sin fundamento ni motivación legal, está desconociendo el pago de las facturas por concepto de publicidad exterior que recibió el otrora Partido Socialdemócrata, aún cuando de las facturas exhibidas por mi mandante, se encuentra acreditado que fue recibido con el sello respectivo, manifestando con ello su conformidad de la publicidad por parte de mi mandante, y por consecuencia, se tiene por conforme con los requisitos exigidos convenidos de origen, tan es así, que estuvieron de acuerdo en los servicios de publicidad que fueron cubiertos en su momento y oportunamente algunos servicios de publicidad y parcialmente nos pagaron como se acredita con la factura número 10777 de fecha 10 de Junio del 2009, esto es, las autoridades demandadas, están desconociendo todo el procedimiento que se siguió para la prestación del servicio y los requisitos para obtener el pago de la publicidad que le fue integrada a la otrora partido Socialdemócrata, no le están dando el valor pleno y probatorio a las facturas exhibidas, mismas que contiene el sello de recibido y no existe prueba en contrario y menos aún indican cual es la operación aritmética realizada para llegar al resultado final, ya que de manera arbitraria imponen una cantidad, sin saber de dónde, cuándo y cómo proviene la misma, por consecuencia existe una indebida valoración de las documentales que avalan la legalidad de mi exigencia de pago total, misma que la autoridad desconoce ya que no concuerdan con las operaciones aritméticas realizadas por mi mandante y por ende, la resolución impugnada no constituye un mandamiento por escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y menos aún, que se deje de pagar la deuda contraída por el otrora Partido Socialdemócrata, bajo el equivocado argumento " La objeción resulta infundada en primer lugar porque el álbum fotográfico que adjunta es de otra razón social (GRUPO RENTABLE ) distinta al Acreedor que reclama el crédito, por otra parte dentro de la contabilidad del extinto partido político se encuentra registrado que se le hicieron pagos a este acreedor por un importe total de $ 7,509,243.80 y no solo de $ 666,437.30 como señala el acreedor y por ultimo por virtud que la dirigencia del extinto partido político reporta que los servicios de este proveedor fueron prestados en la forma en que fueron acordados, razón por la cual registraron en la contabilidad el saldo que finalmente se provisiona para su reconocimiento ".

Dicho razonamiento es a todas luces improcedente, incongruente y carente de todo sustento legal, pues no existe ningún precepto legal o constitucional, de que por el hecho de que aparezca (en un álbum fotográfico) GRUPO RENTABLE, no se reconozca el adeudo reclamado, ya que dichas fotografías no desvirtúa en forma alguna las facturas y los importes adeudados, aunado a ello, que no indica cual es el precepto legal en que apoya su determinación, es decir, no manifiesta que o cual artículo, indica categóricamente que se le debe dar valor probatorio pleno a un álbum fotográfico, más que las documentales que amparan las facturas correspondientes y que contienen el sello de recibido por el Partido Social Demócrata, de ahí la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, ya que fue resuelto de manera arbitraria sin un razonamiento lógico jurídico, en pleno agravio de mi mandante, aunado a que es preciso indicar que GRUPO RENTABLE es el nombre comercial que utiliza mi representada, en todos y cada uno de los anuncios publicitarios que contrae, pero eso no quiere decir, que sea otra persona moral o razón social, ya que de acuerdo a la costumbre, casi todos los productos tienen un nombre comercial tales como BIMBO, COCA-COLA, COMEX, COLGATE, etc., así como mi representada GRUPO RENTABLE, pero eso no quiere decir, que sea el nombre real para efectos jurídicos o fiscales, de ahí, la incongruencia del razonamiento, pues tratar de motivar su razonamiento e indicar que es otra razón social, es por demás infundado e incongruente y más aún cuando existen documentales que demuestran fehacientemente el adeudo reclamado por existir el sello de recibido, por lo que es evidente que los razonamientos que expresa la autoridad demandada carecen de fundamento y motivación legal, ya que no se instrumento ningún procedimiento administrativo o judicial para privar a mi representada del derecho de cobrar las facturas y los importes por conceptos de publicidad exterior otorgada a la otrora Partido Socialdemócrata y menos aún no se explica como la autoridad aprueba en los términos presentados cuando las mismas a todas luces se desprende su ilegalidad, de ahí la violación al artículo 14 y 16 Constitucional, y por ello, la autoridad demandada ha violado en agravio de mi representada los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad en su resolución, sirviendo de apoyo a todo lo anterior las Tesis Jurisprudenciales, siguientes:

"746. "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- (Se transcribe)

"747. "AUDIENCIA. GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.- (Se transcribe)

En consecuencia, deberá revocarse o en su caso declararse la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada, pague a mi representada la cantidad de $ 16,744,985.29 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.), por concepto de publicidad exterior, esto es, la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Asimismo se recibió pago parcial por $666,437.30 (SEISIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.), que se abono a la factura 10777 este último documento, sí forma parte del adeudo reclamado y que sumados ascienden a la cantidad de $7,332,874.59 (SIETE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, OCHOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.), de ahí la incongruencia del razonamiento y aprobación de la lista de acreedores en los términos de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que no existe congruencia, certeza, legalidad y menos aún objetividad en su resolución, dejando en completo estado de indefensión de mi mandante, pues aun existiendo documentales con sello de recibidos auténticos de la deuda total reclamada, se me desconoce totalmente con argumentos fuera de contexto legal, cuando existe prueba plena y no existe prueba en contrario, y peor aún, que no indica como, cuando y de donde toma el resultado final, ya que sería ilógico como lo hace la responsable, tomar en cuenta facturas que ya fueron pagados y de fecha posterior a los que se reclama, para justificara una cantidad inferior de lo reclamado, de ahí que se violaron las principios de igualdad y de equidad procesal ya que no se mencionan cuáles fueron las razones particulares, las causas especiales y las circunstancias de hecho fundadas en derecho que se tomó en consideración para no pagar los servicios de publicidad exterior otorgadas a la otrora Partido Socialdemócrata, sin que exista causa justificada para ello, no cumpliéndose por tanto con las hipótesis normativas de la adecuación de la norma al caso concreto, debiendo declararse la revocación o nulidad de la resolución impugnada por la falta de fundamentación y motivación legal, ya que no cumple con los requisitos y exigencias que establece la Jurisprudencia firme y consultable en el informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al año de 1978, Segunda Parte, Segunda Sala, Pág. 7; y la Tesis Jurisprudencial número 402 de la Compilación de Jurisprudencia de 1917 a 1975, Tercera Parte, Segunda Sala, Paginas 666-667; que respectivamente dice lo siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (Se transcribe)

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. GARANTÍA DE.- (Se transcribe)

b).- La resolución que constituye el acto reclamado es violatoria de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que la autoridad responsable viola la garantía de legalidad al molestar a Máxima Servicios Publicitarios S.C., en sus papeles, posesiones y derechos, sin que previamente exista un mandamiento por escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, ello es así, ya que para que se cumpla con este requisito constitucional, el acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado en derecho, entendiéndose por lo primero que ha de señalarse el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo que también debe señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, lo que no sucede en la especie, toda vez que la autoridad demandada en el texto mismo no fundo ni motivo su negativa de pagar las facturas materia de este medio de impugnación, por lo que en el presente caso nos encontramos ante la presencia de actos privativos y de retención de pago de facturas sin haberse instaurado procedimiento administrativo alguno y peor aún, que resuelva y aprueba la lista definitiva de acreedores en los términos que se indica, sin tomar en cuenta las documentales que obran en autos, sin fundar ni motivar su determinación y sin realizar un estudio concienzudo, exhaustivo de todas y cada una de las constancias que tiene a su alcance, valorando indebidamente las pruebas y otorgándoles valor probatorio en pleno perjuicio de mi mándate, ya que se insiste no motiva ni fundamenta las razones por el cual no toma en cuenta la factura 10777, cuando en la misma consta que contiene el sello de recibido por el otrora Partido Socialdemócrata, aunado a que no dice, dónde cuándo y cómo realizó las operaciones aritméticas para llegar a la conclusión final y total a pagar, ya que como se ha dicho difiere totalmente de las que en el presente escrito se han manifestado y que las mismas corresponden a la legalidad, y que dan un total de $ 16,744,985.29(DIECISEIS MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.), por ende existe la violación manifiesta a la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 Constitucional y la indebida fundamentación y motivación del artículo 16 Constitucional, por lo que deberá declararse la revocación o nulidad de la resolución impugnada y dictarse otra en donde se me reconozca la totalidad de los adeudos reclamados que amparan las multicitadas facturas, ya que la mismas contienen la legalidad del adeudo reclamado.

SUPLENCIA DE LA QUEJA.

Por así estar reglamentado dentro de la ley, solicito a Usted, se sirva suplir la deficiencia de los agravios de mi mandante, así como en los conceptos de derecho, aplicando para ello a los que le beneficie, ya que dicha autoridad de manera arbitraria, sin razón, motivo ni fundamento alguno pretende privarme del pago que legalmente me corresponde, que ascienden hasta por la cantidad de $ 16,744,985.29(DIECISEIS MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.).

PRUEBAS:

[…]"

La demanda del recurso de apelación SUP-RAP-149/2010, interpuesta por Make Pro, S. A. de C. V., en lo que interesa, señala:

"[…]

A G R A V I O S

PRIMERO.- El punto de Acuerdo Cuarto del CG267/2010, viola en perjuicio de mi representada las garantías de legalidad y de audiencia consagradas en el artículo 14 de la Constitución Federal, al ordenar únicamente la publicación de un segmento del Informe rendido por el Liquidador ante el Consejo General, lo cual imposibilita a MAKE PRO para que pueda defender cabalmente su derecho como acreedor del extinto Partido Socialdemócrata, y hace incontrovertibles las actuaciones del liquidador que sirven de base para que el Instituto Federal Electoral ordene el pago o desconozca (como es el caso) los derechos de los acreedores.

Al respecto conviene transcribir los puntos de Acuerdo Primero, Segundo y Cuarto del referido documento:

"PRIMERO. Se aprueba el informe de lo actuado en el proceso de liquidación el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del Partido Socialdemócrata en Liquidación y la lista de créditos a cargo de su patrimonio presentado por el Interventor designado, bajo los siguientes apartados:

I) INFORME DE LO ACTUADO

II)BALANCE DE LIQUIDACIÓN

III)NOTAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN

IV)LISTAS DEFINITIVA DE ACREEDORES

V)INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SEGUNDO. Notifíquese al Lic. Dionisio Ramos Zepeda para que, en su carácter de interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del Partido Socialdemócrata en Liquidación, inicie el trámite de pago de los créditos señalados en la lista definitiva de acreedores a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, referida en el punto de acuerdo primero.

CUARTO. Se instruye al Secretario del Consejo General para que publique el presente Acuerdo y el apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" contenido en el Informe de lo Actuado y Balance de Liquidación, en el Diario Oficial de la Federación."

De lo anterior se colige que el Consejo General del Instituto Federal Electoral con la resolución CG267/2010 está aprobando un Informe que se integra por cinco apartados y que, con base en la información contenida en la totalidad de dicho informe es que ordena el inicio del trámite del pago de los créditos señalados en la "Lista Definitiva".

Pero, no obstante que esos cinco apartados forman una unidad, tal como lo reconoce el artículo 16, párrafo 2 del Reglamento para Liquidación de los Partidos Políticos Nacionales, y en violación al respeto de audiencia de los acreedores del PSD y contra toda regla de transparencia, en el punto de acuerdo Cuarto del CG267/2010 únicamente se ordena la publicación de uno de dichos anexos: el de la lista definitiva de acreedores, dejando fuera de la luz pública las demás partes del Informe y Balance de Liquidación.

Sin embargo, el conocimiento pleno del Informe y Balance de Liquidación que el Consejo General hizo suyos a través dla resolución CG267/2010, es imprescindible cuando existen acreedores que, como es el caso de mi representada, han sido afectados en sus derechos y que requieren una adecuada defensa de sus intereses.

Así, se estima que la resolución CG267/2010, deja en estado de indefensión a mi representada, quien en su carácter de acreedora del Partido Socialdemócrata en Liquidación, no está en posibilidad de conocer la legalidad de las actuaciones del liquidador (Apartado I), el balance de la liquidación (Apartado II), o el estatus de las obligaciones preferentes en la prelación como las fiscales (Apartados I y V). Y, en consecuencia, no está en posibilidad de recurrirlas, aún cuando considera que las mismas perjudican sus derechos.

De igual manera, la publicación incompleta del Informe y Balance de Liquidación tampoco permite a MAKE PRO conocer si los créditos que fueron reconocidos con un mejor derecho que el suyo reúnen todos los requisitos legales y, en consecuencia, no puede alegar por qué le asiste un mejor derecho que el de los créditos catalogados como preferentes.

Al respecto, conviene recordar que el artículo 14 constitucional consagra, entre otras, la garantía de audiencia que se hace consistir en la oportunidad de las personas involucradas en un asunto para preparar una adecuada defensa.

Ahora, tratándose del procedimiento de liquidación de los partidos políticos, ni el Código Electoral Federal ni el Reglamento de la materia prevén otra etapa procesal en la que los acreedores puedan conocer las actuaciones del liquidador ni controvertir la legalidad de las mismas, salvo con la publicación del Acuerdo del Consejo General que aprueba el informe del liquidador, es decir, el CG267/2010.

Además, tal como lo disponen los artículos 103, párrafo 1, inciso d), fracción VII del Código Electoral Federal y 7, párrafo 1, inciso g) del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, respecto del procedimiento de liquidación, el referido Acuerdo del Consejo General es el único acto que mi representada está en posibilidad de impugnar.

En esa tesitura, la publicación íntegra del Informe y Balance de Liquidación aprobado mediante el CG267/2010, resultaba la única forma de respetar la garantía de audiencia de los acreedores del extinto Partido Socialdemócrata, como es el caso de MAKE PRO. Especialmente cuando el Consejo General ya ha ordenado al liquidador el inicio del pago de los créditos con base en el mismo.

Consecuentemente, se estima que la resolución CG267/2010 transgrede la garantía de audiencia de mi representada, porque la publicación incompleta del Informe y Balance de Liquidación no le da oportunidad para controvertir las actuaciones que el Consejo General hizo suyas y que sirven de sustento para reconocer solamente ciertos créditos sobre el patrimonio en liquidación (al que MAKE PRO tiene derecho como se explicará en el siguiente agravio), y para ordenar el pago de los adeudos del extinto Partido Socialdemócrata.

Finalmente, dicha publicación truncada contraviene lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral que se transcribe a continuación, pues no hace del conocimiento general la totalidad de la información relacionada con el procedimiento de liquidación.

Artículo 22. [SE TRANSCRIBE]

En ese orden de ideas, se solicita se revoque la resolución CG267/2010, a fin de que se respeten las garantías constitucionales de MAKE PRO, al hacer de su conocimiento el Informe y Balance de Liquidación de manera íntegra. Esto es, a través de los cinco apartados que lo integran.

SEGUNDO.- La resolución CG267/2010 viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues carece de la debida fundamentación y motivación que deben tener todos los actos de autoridad y, en particular, aquellos que priven de derechos a los particulares, como en la especie sucede. La indebida fundamentación y motivación se surte en dos sentidos.

En primer lugar, porque en la resolución CG267/2010 no se hicieron constar las razones y dispositivos legales que llevan a la autoridad electoral a estimar que el Informe y el Balance de Liquidación que sometió a su consideración el Liquidador del extinto Partido Socialdemócrata es adecuado, ni si cumple con los requisitos de ley. No obstante, dicho Acuerdo aprueba el referido Informe y Balance de Liquidación y, con base en el mismo, ordena realizar el pago a los acreedores reconocidos.

Lo anterior, pues la resolución CG267/2010 que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de julio, claramente alude:

"Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, párrafo 1, inciso d), fracción V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, párrafo 1, inciso e) del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:

Acuerdo

[Énfasis añadido]

Dichos dispositivos señalan, a la letra, lo siguiente:

Artículo 103. [SE TRANSCRIBE]

Artículo 7. [SE TRANSCRIBE]

De estos artículos únicamente se sigue que el Consejo General tiene la facultad de aprobar el informe y balance de liquidación que someta a su consideración el Liquidador del Partido Socialdemócrata.

De igual manera, de la lectura de los considerandos del mismo instrumento, únicamente se desprenden fundamentos relativos al procedimiento de liquidación en general (causas de pérdida de registro de un partido político; reserva de ley para la regulación del procedimiento de liquidación; y obligación del liquidador de rendir ante el Consejo General un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias).

Sin embargo, en ninguna parte del instrumento publicado en el Diario Oficial el 23 de julio pasado se asientan los fundamentos jurídicos ni los razonamientos lógico-jurídicos que llevan a la autoridad electoral al estimar que el Informe y el Balance que sometió a su consideración el Liquidador y que la autoridad aprueba, reúnen ciertos requisitos legales ni cuáles son los dispositivos que resultan aplicables a las operaciones contables y financieras que realizó el Liquidador.

En otras palabras, la autoridad únicamente asumió competencia para emitir la resolución CG267/2010, pero no expuso los fundamentos ni los razonamientos que le llevaron a estimar que el Informe y el Balance de Liquidación, resultaban acordes con la normatividad y que, por ende, debía precederse al pago de los acreedores exactamente en los términos sometidos a consideración del Consejo General del Instituto.

Así, no bastaba que el órgano colegiado asumiera competencia, sino que, además, debió haber expresado las consideraciones que le llevaron a hacer suyo el Informe y Balance de Liquidación que sometió a su consideración el Liquidador, con base en el cual se ordena el pago a los acreedores del PSD. De lo contrario, el Acuerdo CG2 67/2010, resulta violatorio de las garantías constitucionales de mi representada.

Esto es así pues, acorde con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda determinación emitida por autoridad competente debe encontrarse debidamente justificada, es decir, correctamente fundada y motivada para que pueda producir plenos efectos jurídicos y materiales.

Lo anterior implica que cualquier acto de autoridad que carezca de fundamentación o motivación, o bien, cuando ésta resulte insuficiente o sea incorrecta, debe considerarse como carente de validez por parte de la autoridad encargada de la revisión de tales determinaciones.

En ese sentido, debe recordarse que la fundamentación consiste en citar los dispositivos que son aplicables al caso, mientras que la motivación consiste en el razonamiento contenido en el texto mismo del acto de autoridad, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. En otros términos, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto de la hipótesis legal (subsunción).

Por ende, no resulta suficiente motivar las facultades permiten a la autoridad administrativa emitir una determinación sino que, además, debieron exponerse las razones que le llevaban a la convicción de que el Informe y Balance de Liquidación que se aprobó era apegado a la normatividad aplicable, de manera tal que se justificara con plenitud que la autoridad hubiera actuado en el sentido que lo hizo y no en otro.

Al respecto, resulta pertinente citar la siguiente jurisprudencia:

MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. PARA TENERLA POR SATISFECHA, NO BASTA EXPONER CUALQUIER CAUSA EN QUE SE APOYE, SINO QUE DEBE EXPRESARSE EL RAZONAMIENTO POR EL QUE SE CONCLUYE QUE SE AJUSTA A DETERMINADOS PRECEPTOS LEGALES. [SE TRANSCRIBE]

En vista de lo anterior, la resolución CG267/2010 resulta violatorio de las garantías constitucionales de mi representada y, en consecuencia, debe revocarse.

En segundo término, la resolución CG267/2010 también carece de una adecuada fundamentación y motivación por lo que se refiere al caso de MAKE PRO, al haber catalogado el adeudo que contrajo el PSD durante la vigencia de su registro con aquélla como un crédito no provisionado, generando un perjuicio en contra de mi representada, pues lo anterior significa que no tiene derecho a cobrar lo que le es debido.

Lo anterior, pues del Acuerdo en cuestión no se desprende dispositivo ni razonamiento jurídico alguno que sustente la negativa de reconocimiento del crédito que existe a favor de mi representada, ni se explican de manera clara y precisa cuáles son los motivos que sustentan la negativa de provisionar el adeudo que el Partido Socialdemócrata adquirió con ésta durante la vigencia de su registro.

A mayor detalle, debe precisarse que el 23 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional, así como el apartado IV del informe denominado "Lista Definitiva de Acreedores".

En el caso, mi representada fue catalogada dentro de los Créditos que no se provisiona su reconocimiento, refiriéndose únicamente lo siguiente:

Acreedor

Razones por las que no se provisiona su reconocimiento

Importe Lista Provisional o Importe Solicitado

No. De Provisión Lista Provisional

MAKE PRO SA DE CV

Adeudo por Publicidad en salas de cines. El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 200300001332, saldo contable, el expediente se integra por factura: 4986, Nota de Crédito 1573 así como Contrato, Acta Constitutiva, RFC, Alta en RFC, no se provisiona por no contar con documentación que soporte el crédito.

 

$3,476,231.00

N/A

Sin embargo, dicha determinación carece de mayores elementos que permitan explicar cómo es que si el adeudo se encuentra registrado en la contabilidad del Partido, y se cuenta con un expediente que se integra -entre otros- por una factura, una nota de crédito y un contrato, la razón para no provisionar el crédito es -contra toda lógica- que supuestamente no se cuenta con documentación que soporte el crédito.

Lo anterior resulta de suma trascendencia cuando, como ya se asentó en el capítulo de Hechos del presente, mi representada hizo del conocimiento del liquidador en dos ocasiones las circunstancias que dieron origen al adeudo que contrajo el PSD durante la vigencia de su registro con MAKE PRO, adjuntando al efecto la documentación que sustentaba su dicho.

Así, el 30 de octubre de 2009, mi representada concurrió -en términos del Aviso de Liquidación publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre del mismo año- a solicitar se le reconociera como acreedora del partido político.

Posteriormente, en febrero de 2010, mi representada exhibió en tiempo y forma ante el liquidador la formal solicitud de reconocimiento de crédito, con todos los requisitos solicitados en la "Lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, y se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del otrora partido en comento y se instaura el procedimiento para su reconocimiento' publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2009, incluyendo copia certificada de toda la documentación soporte del adeudo.

Pero, suponiendo sin conceder, que la información presentada en ambas ocasiones no hubiera sido suficiente, de todas maneras la "justificación" dada por el liquidador para no reconocer el adeudo con mi representada resulta insuficiente, pues únicamente se limita a decir que no se cuenta con la documentación que soporte el crédito y no determina las circunstancias de modo tiempo o lugar de dicha afirmación. Más cuando el adeudo del PSD con MAKE PRO se encuentra también ampliamente documentado por la autoridad electoral.

Esto pues, como consta en la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009", identificada con la clave CG138/2010 (en adelante "Resolución CG138/2010), la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE realizó la circularización a proveedores prevista en el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, solicitando a mi representada diversa información respecto de los servicios prestados al partido político, que ésta le entregó el 23 de diciembre siguiente, adjuntando al efecto toda la documentación soporte del adeudo.

En ese orden de ideas, resulta pertinente transcribir la parte conducente de la citada Resolución CG138/2010:

"Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Socialdemócrata en Liquidación, son las siguientes:

a) 27 faltas de carácter formal: conclusiones: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Asimismo, se ordena una vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que hace a la conducta descrita en la conclusión 26.

(…)

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las conclusiones sancionatorias 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos las cuales, se analizarán por temas.

Ingresos

Informes de Campaña "IC"

(…)

Conclusión 11

Derivado de la revisión de los Informes de Campaña sobre el origen y destino de sus recursos, correspondientes al proceso electoral federal de 2008-2009 presentados por el otrora Partido Político y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, numeral 1, inciso s) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 23.8 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de ¡os Partidos Políticos llevó a cabo la solicitud de información correspondiente a las operaciones del otrora Partido Político mediante las confirmaciones practicadas con algunos de sus proveedores.

Por lo anterior, se efectuó la confirmación de operaciones realizadas entre un proveedor y el otrora Partido, toda vez que éste reportó que durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2009, celebró transacciones, solicitándole se informara sobre las operaciones concertadas, pagadas o bienes y servicios entregados durante el periodo referido, mediante el oficio detallado en el cuadro siguiente:

PROVEEDOR

OFICIO

FECHA DEL OFICIO

FECHA DE NOTIFICACIÓN

CONFIRMA OPERACIONES CON FECHA

Make Pro, S.A. de C.V.

UF-DA/5232/09

07-12-09

15-12-09

23-12-09

Como se observa, el proveedor detallado en el cuadro anterior, informó sobre las operaciones concertadas, pagadas o bienes y servicios entregados durante el periodo en comento.

De la verificación a la documentación presentada por el proveedor y lo reportado por el otrora Partido se determinaron las siguientes observaciones:

Mediante oficio UF-DA/5232/09, de fecha 7 de diciembre del 2009, recibido el 15 del mismo, se solicitó al proveedor "Make Pro, S.A. de C.V.", informara de las operaciones concertadas pagadas o bienes y servicios entregados durante el periodo del 1 de marzo al 31 de julio de 2009, así como que adjuntara la documentación respectiva.

En consecuencia, con escrito sin número del 23 de diciembre de 2009, el proveedor "Make Pro, S.A. de C. V.", dio contestación al oficio antes citado, anexando al mismo documentación soporte en copia fotostática consistente en una factura, una nota de crédito, contrato de prestación de servicios celebrado con el otrora Partido Político, relación de la propaganda exhibida en las salas de cine, cédula de inscripción en el R.F.C. y Acta Constitutiva.

Del análisis a la documentación presentada por el proveedor en comento, se determinó lo siguiente:

Se localizó una nota de crédito expedida por el proveedor "Make Pro, S.A. de C. V.", por concepto de transmisión de publicidad de cineminutos aplicable a la factura No. 4986, la cual, no se localizó registrada en su contabilidad. El caso en comento se detalla a continuación:

REFERENCIA CONTABLE

COMPROBANTE

FACTURA

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE CAMPAÑA

PD-530017/06-09

Factura

A 4986

02-06-09

Make Pro, S.A. de C.V.

Transmisión de publicidad de cineminutos en las salas de cinepolis y cine mark

$4,045,481.10

 

No registrada

Nota de Crédito (1)

1573

01-07-09

Transmisión de publicidad de cineminutos en las salas de cinepolis y cinemark aplicable a la factura

-569,250.00

TOTAL

 

 

 

 

 

$3,476,231.10

 

Fue importante indicar lo dispuesto en el artículo 2.9 del Reglamento de la materia, que a la letra señala "En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las personas a las que se refieren los párrafos 2 y 3 del artículo 77 del Código podrán realizar donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestar servicios personales o entregar bienes a título gratuito o en comodato a los Partidos"

En virtud de lo anterior, mediante oficios UF-DA/2013/10 y UF-DA/2115/10, recibidos el 9 y 12 de marzo de 2010, respectivamente, se solicitó al otrora Partido Político presentara lo siguiente:

•Las pólizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel, donde se reflejaran las correcciones que correspondan.

•Las correcciones que procedieran al prorrateo, de forma impresa y en medio magnético.

•Los formatos "IC" Informes de Campaña correspondientes a los Diputados Federales, con las correcciones que procedieran de tal forma que coincidieran con la contabilidad del otrora Partido Socialdemócrata, de forma impresa y en medio magnético.

•Las aclaraciones al respecto de la aplicación de la nota de crédito proporcionada por el proveedor, y en su caso, señale si corresponde a una bonificación.

•Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k); y 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 12.1, 13.8, incisos a) y b), 13, 18, 21.9, 21.10, 21.11, 21.16, inciso b) y 23.2 del Reglamento de la materia, en concordancia con la norma cuarta Acuerdo CG38/2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009.

Al respecto, con escritos sin número del 26 y 29 de marzo de 2010, el otrora Partido Socialdemócrata manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘(…) se realizan las correcciones al prorrateo, así como los registros contables e informes de campaña detallados en ‘Prorrateo de Gastos Centralizados’.’

De la verificación a la documentación presentada por el otrora Partido Político, se constató que realizó las correcciones correspondientes a su prorrateo y a sus Informes de Campaña, de igual forma presentó las balanzas de comprobación, auxiliares, pólizas contables en las cuales se reflejan las correcciones realizadas, por tal razón la observación se consideró subsanada.

Respecto a la omisión de registrar contablemente la nota de crédito proporcionada por el proveedor "Make Pro, S.A. de C. V." en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional y la aclaración correspondiente así la nota de crédito corresponde a una bonificación, el otrora partido no presentó aclaración alguna.

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/3022/10, recibido el 9 de abril de 2010, se solicitó nuevamente al otrora Partido presentara lo siguiente:

•Las pólizas, los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel correspondientes al Comité Ejecutivo Nacional, donde se reflejaran las correcciones que correspondieran.

•Las aclaraciones al respecto de la aplicación de la nota de crédito proporcionada por el proveedor, y en su caso, señale si correspondía a una bonificación.

•Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k); y 77, numeral 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 12.1, 16.2 y 23.2 del Reglamento de la materia, en concordancia con la norma cuarta Acuerdo CG38/2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009.

Al respecto, con escrito sin número del 9 de abril de 2010, el otrora Partido Socialdemócrata manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘(…)

señala que todo lo que (sic) ya informado por el Partido Socialdemócrata ahora en liquidación durante el cumplimiento de la presentación de los informes (...) de Campaña, así como lo informado a la Unidad (...), mediante los oficios de observaciones en primera vuelta, ES TODA LA INFORMACIÓN QUE EL PARTIDO AHORA EN LIQUIDACIÓN TIENE LA POSIBILIDAD FÍSICA Y LEGAL DE PRESENTAR, por lo que evidentemente no existe ya, (sic) información o documentación que agregar a lo ya cumplido por el Instituto a mi cargo.

(…)’

La respuesta del otrora Partido se consideró insatisfactoria, toda vez que omitió realizar el registro contable de la nota de crédito del proveedor "Make Pro, S.A. de C. V.", por un importe de $569,250.00.

Es importante señalar que derivado de la documentación presentada por el proveedor consistente en una integración de servicios prestados, acta constitutiva, factura, nota de crédito, contrato de prestación de servicios y un escrito en el cual se manifiesta lo que a la letra se transcribe:

‘(…)

ambas partes acordaron se realizara un "rembolso" por el monto correspondiente a la publicidad no transmitida. Contablemente, dicha operación se realizó a través de la Nota de Crédito 1573 C'') es importante destacar que esta operación de ninguna manera consiste en una bonificación a favor del Partido, sino simplemente en un ajuste del costo que refleja el contrato, al no haberse podido presentar el servicio en los términos exactos en que se había pactado. Debido a la crisis generada por la aparición del virus de Influenza tipo A H1N1 en nuestro país.

(…)’

De lo anterior se desprende que el otrora partido no recibió aportación o bonificación alguna, pues quedó acreditado que la nota de crédito se originó a razón de que la empresa contratada por el citado partido no cumplió con la totalidad del servicio pactado por causas de fuerza mayor.

Sin embargo, al no realizar el registro contable de una nota de crédito expedida por un proveedor, el otrora Partido incumplió con lo establecido en el artículo 12.1 y 16.2 del Reglamento de la materia.

De todo lo anterior, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del Partido Socialdemócrata en Liquidación, toda vez que se notificaron en tiempo y forma los oficios de errores y omisiones descritos con antelación, respecto del informe de campaña correspondiente al proceso electoral federal 2008-2009, para que el partido pudiese manifestar lo que a su derecho conviniera y presentar la documentación que subsanara las irregularidades observadas.

Así, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos al advertir la omisión de realizar el registro contable de la nota de crédito del proveedor "Make Pro, S.A. de C. V.", notificó al partido político en liquidación, en una primera vuelta, mediante oficios UF-DA/2013/10 y UF-DA/2115/10, en una segunda vuelta, mediante oficio UF-DA/3022/10, las irregularidades en las que incurrió, a efecto de que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para poder subsanar en todo caso, las irregularidades observadas.

Hecho que no aconteció, pues el partido político en liquidación a pesar de contestar lo que a su derecho convino, no subsanó las irregularidades en comento.

(…)

De lo anterior se sigue, por una parte, que el Partido Socialdemócrata reconoció haber contratado con MAKE PRO publicidad en cines, tan es así que efectuó el registro contable al respecto (incluyendo los prorrateos necesarios por tratarse de un gasto de campaña), el cual está plenamente documentado en los archivos del IFE. En esa medida, al ser un hecho no controvertido, queda plenamente probado.

Y, por otra parte, que el Consejo General usó como base la documentación exhibida por mi representada en respuesta al requerimiento de la Unidad de Fiscalización, para concluir que la operación amparada por la nota de crédito 1573 no era una aportación o reembolso al partido, sino que era consecuencia de los servicios no prestados derivados de la contingencia sanitaria de la influenza.

Cabe precisar que la información que se entregó en aquél entonces a la autoridad electoral como respuesta al oficio UF-DA/5232/09, es la misma que se entregó al liquidador en las dos ocasiones en que se solicitó el reconocimiento del crédito, en términos del Aviso de Liquidación y de la Convocatoria publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre y el 21 de diciembre de 2009, respectivamente.

Ahora bien, no debe pasarse por alto que en términos del artículo 10, párrafo 1, inciso a) del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro el liquidador fue el encargado de presentar el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña 2009 del partido político en liquidación.

Lo anterior implica que fue éste quien realizó el reconocimiento contable de la prestación de servicios recibida por parte de MAKE PRO. Y, como consecuencia de los requerimientos que le hiciera la Unidad de Fiscalización del IFE, fue también él quien realizó las correcciones correspondientes al prorrateo y a los Informes de Campaña, y presentó las balanzas de comprobación, auxiliares, pólizas contables en las cuales se reflejaban las correcciones realizadas.

En esa medida, no puede alegar el desconocimiento de la documentación soporte del crédito, cuando fue él mismo quien realizó las modificaciones a la contabilidad del partido para reflejar la modificación derivada de la nota de crédito ya señalada.

Igualmente, toda vez que MAKE PRO denunció ante el liquidador la falta del pago correspondiente, y considerando que los hechos negativos no pueden probarse, a fin de negar el reconocimiento del adeudo con mi representada, lo que el liquidador debió en su caso haber acreditado es que efectivamente se realizó el pago del servicio. Esto pues, como ya se ha asentado, en la especie el partido político reconoció la prestación del servicio en su contabilidad, además de que MAKE PRO le presentó al liquidador en tiempo y forma toda la documentación que sustenta el adeudo.

Amén de lo anterior, debe considerarse que como el monto del contrato excedía el tope de los 100 días de Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal en 2009, en términos del Reglamento de Fiscalización de los Partidos Políticos Nacionales, si el extinto PSD hubiera cubierto la prestación de servicios en cuestión, dicho pago se debió haber efectuado con cheque o mediante transferencia electrónica. De lo contrario, si el pago se hubiera realizado en efectivo, dicha situación hubiera sido observada y sancionada dentro de la Resolución CG138/2010, lo que en la especie no aconteció. Asimismo, al tener en su poder la contabilidad del partido, pudo haber corroborado que la prestación de servicios se registró contablemente como no pagada.

En consecuencia, considerando que la contabilidad y los documentos soporte de la misma (al tratarse de un partido político en liquidación) obran en poder y resguardo del liquidador, como lo dispone el Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro, si el instituto político efectivamente hubiera realizado el pago, el liquidador hubiera tenido acceso a los documentos en los que constara la erogación (por ejemplo: copias de los cheques y las pólizas, estados de cuenta, etc.).

Por los motivos expuestos, no es lógico que en el Informe y Balance de Liquidación que aprobó el Consejo General a través dla resolución CG267/2010, se alegue como motivo para no reconocer el adeudo con MAKE PRO, que no se cuenta con la documentación que soporte el crédito, pues mi representada allegó en su momento, tanto la autoridad electoral como al liquidador, todos los elementos necesarios para su reconocimiento.

En esa tesitura, resulta contradictorio que el Consejo General ahora apruebe un Informe y Balance de Liquidación, en el que no se reconoce el derecho que asiste a mi representada por falta de documentación que soporte el crédito, cuando fue ese mismo órgano colegiado el que aprobó la Resolución CG138/2010, en la que ya reconoció que obra en su poder la documentación soporte del crédito, la cual además utilizó como referencia para subsanar algunas omisiones en las que incurrió el Partido Político.

Adicionalmente, como ya se señaló, la autoridad concluyó en la resolución CG267/2010 que el adeudo que contrajo el PSD durante la vigencia de su registro con MAKE PRO, no debe provisionarse por no contar con la documentación soporte del crédito; sin embargo, en ninguna parte funda ni motiva dicha determinación, pues no expone los fundamentos legales ni los argumentos lógico-jurídicos que le llevan a tal determinación y no a otra, especialmente cuando -como ya se ha señalado-, tanto la autoridad electoral como el liquidador, tenían conocimiento pleno del crédito y la documentación soporte del mismo.

En ese sentido, también debe señalarse que en ninguna parte de dicho Acuerdo se hace referencia a la documentación que mi representada entregó a la autoridad electoral y al liquidador (a este último en dos ocasiones), ni se expresan las razones por las que ésta no modifica la clasificación como crédito no provisionado que se hiciera en la publicación de la Lista Provisional hecha en el Diario Oficial de 21 de diciembre de 2010.

Aunado a lo anterior, en la Lista Provisional se señalaba que el adeudo era por $4'045,481.10 y en la Lista Definitiva se afirma que el monto es solamente por $3'476,231.00, lo que implica que el liquidador sí tuvo conocimiento de la información y documentación que entregó MAKE PRO, pues la cifra final refleja la deducción que se hizo a través de la nota de crédito que ya se ha referido.

Sin embargo, deben resaltarse las conclusiones a las que arribó el liquidador en aquella Lista Provisional y en el Informe y Balance de la Liquidación que el Consejo General hizo suyas en la resolución CG267/2010:

a) Publicación del 21 de diciembre de 2009 (Lista Provisional):

"INFORMACIÓN por la que se da a conocer la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, y se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del otrora partido en comento y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

(...)

d) Acreedores que presentaron solicitudes de reconocimiento de crédito o que se encuentran registrados en la contabilidad y que no se provisiona su reconocimiento por las razones indicadas.

(...)

Nombre o denominación acreedor

Cuantía

Razones por la que se no se provisiona su reconocimiento

MAKE PRO SA DE CV

$4,045,481. 10

Adeudo por Publicidad en salas de cines. El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 200300001332, saldo contable, el expediente se integra por factura: 4986, así como Contrato, Acta Constitutiva, RFC, Alta en RFC, no se provisiona por no contar con documentación que soporte el saldo contable.

b) Publicación de 23 de julio de 2010:

"ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional.

‘(...)

Acreedor

Razones por la que se no se provisiona su reconocimiento

Importe Lista Provisional o Importe Solicitado

No. De Provisión Lista Provisional

MAKE PRO SA DE CV

Adeudo por Publicidad en salas de cines. El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 200300001332, saldo contable, el expediente se integra por factura: 4986, así como Contrato, Acta Constitutiva, RFC, Alta en RFC, no se provisiona por no contar con documentación que soporte el saldo contable.

$3,476,231.00

N/A

(…)’

En ese orden de ideas, la razón para catalogar el adeudo del PSD con MAKE PRO como crédito no provisionado en la Lista Provisional publicada en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2009, fue que no se contaba "con documentación que soporte el saldo contable". Lo anterior significa que lo único que mi representada debió haber acreditado para que se procediera al reconocimiento de su derecho como acreedor, era el saldo contable, esto es: que el adeudo era por un monto determinado.

Sin embargo, a pesar de la documentación que le fuera entregada en octubre de 2009 y febrero de 2010, en la Lista Definitiva publicada en el Diario Oficial el 23 de julio pasado, el liquidador amplía sin sustento alguno la razón del no reconocimiento, al señalar que ahora se carece de la "documentación que soporte el crédito".

Es decir, de acuerdo a dicha publicación, posteriormente a que se sometieron a su consideración diversos hechos y documentos, ahora supuestamente hacen falta más requisitos por cumplir que antes, pues ya no se trata solamente de una falta de sustento del saldo contable, sino que se alega que no se tiene ninguna documentación que soporte la totalidad del crédito.

Lo anterior es incongruente pues, suponiendo sin conceder, que la información y documentación que MAKE PRO le allegó al liquidador en dos ocasiones hubiera resultado insuficiente para soportar el saldo contable, la conclusión a la que se arribó en la Lista Definitiva de Acreedores no puede exceder las razones que originalmente se plantearon para la negativa del reconocimiento. Máxime que, como ya se apuntó, el liquidador modifica la cifra preliminar del adeudo, reflejando en la Lista Definitiva las modificaciones que MAKE PRO hizo de su conocimiento a través de los escritos que le presentó en octubre de 2009 y febrero de 2010.

En vista de lo anterior, la resolución CG267/2010 por el que se aprobó el Informe y Balance de Liquidación resulta incongruente y, por tanto, debe revocarse.

En ese orden de ideas, también debe destacarse que en la publicación de 21 de diciembre de 2009 tampoco se expusieron las razones específicas por las que no se provisionaba el crédito, sino que solamente de manera genérica se señaló que no se contaba con la documentación que soportara el saldo contable, sin mayor explicación que permitiera a mi representada conocer de manera fehaciente cuáles eran los requisitos que faltaban a fin de estar en posibilidad de subsanarlos.

Por lo hasta aquí expuesto, la resolución CG267/2010 resulta incongruente y carece de una adecuada fundamentación y motivación, pues la autoridad no señaló los argumentos lógico-jurídicos ni los fundamentos legales que le llevaron a la convicción de que el adeudo que contrajo el PSD durante la vigencia de su registro con MAKE PRO no debía provisionarse, a pesar de la documentación que obra en su poder (como consta en la Resolución CG138/2010) y en poder del liquidador (como consta en los escritos por los que se solicitó el reconocimiento del crédito, tanto en octubre de 2009 como en febrero de 2010).

Adicionalmente, la resolución CG267/2010 también carece de exhaustividad, pues en el mismo no se valora ni se refiere la solicitud de reconocimiento que mi representada hizo ante el liquidador el 30 de octubre de 2009 en términos del "Aviso mediante el cual se da a conocerla liquidación del Partido Socialdemócrata" ni la hecha en febrero de 2010 en términos de la "Lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, y se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del otrora partido en comento y se instaura el procedimiento para su reconocimiento", ni la documentación que se entregó junto con cada uno de dichos reconocimientos.

Inclusive pareciera que MAKE PRO no hubiera concurrido a solicitar el reconocimiento de su crédito en términos de las publicaciones en el Diario Oficial de 27 de octubre y 21 de diciembre de 2009, pues las supuestas "razones" para no reconocer el adeudo de mi representada que constan en la publicación de acreedores de diciembre de 2009 y en la dla resolución CG267/2010 de julio de 2010, no solamente no se redujeron sino que se aumentaron, a pesar de que en el lapso que transcurrió entre ambas se hizo entrega de diversa documentación soporte del adeudo al liquidador como ya se ha asentado.

Sin embargo, se reitera, en ninguna parte de la publicación dla resolución CG267/2010 se responde a las solicitudes de reconocimiento referidas, ni se desestiman o valoran de manera alguna los documentos que fueran sometidos a consideración del liquidador. En ese orden de ideas, se estima que el referido Acuerdo carece de la exhaustividad que debe regir los actos de autoridad que generan un perjuicio a los particulares, como es el caso de mi representada.

Al respecto resulta aplicable mutatis mutandis la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. [SE TRANSCRIBE]

Por lo expuesto a lo largo del presente agravio, se estima que la resolución CG267/2010, es el acto de autoridad en el que se desconoce el derecho de mi representada a que le sea cubierto el adeudo que contrajo con ella el Partido Socialdemócrata durante la vigencia de su registro; el cual carece de fundamentación y motivación, además de ser incongruente y falto de exhaustividad, por lo que vulnera las garantías constitucionales de mi representada, y en ese sentido, deberá revocarse.

TERCERO.- La resolución CG267/2010 viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto en los artículos 41, Base II, último párrafo de la Constitución Federal; 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 10 del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, al no proveer el pago del adeudo que contrajo el Partido Socialdemócrata durante la vigencia de su registro con MAKE PRO.

Como ya se expuso en el capítulo de Hechos, el 1 de marzo de 2009, "MAKE PRO, S.A. de C.V.", celebró un Contrato de Prestación de Servicios con el Partido Socialdemócrata, cuyo objeto y contraprestaciones resulta prudente transcribir a continuación a fin de delimitar las obligaciones adquiridas por las partes:

"CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

‘EL PARTIDO’ ENCOMIENDA A ‘EL PROVEEDOR’ Y ESTE SE OBLIGA CON EL ORGANISMO A REALIZAR LOS SERVICIOS DE EXHIBICIÓN Y PUBLICIDAD EN SALAS DE CINE A NIVEL NACIONAL SOBRE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DETALLADAS EN EL ‘ANEXO A’ EN QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE AGREGA A ÉSTE CONTRATO PARA FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

TERCERA. IMPORTE DEL CONTRATO

EL MONTO DEL CONTRATO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $3,517,809.65 (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 65/100), MÁS I.V.A.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES FIJO Y NO ESTARÁ SUJETO A FORMA ESCALATORIA ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SI 'EL PROVEEDOR' REALIZA SERVICIOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS.

CUARTA.- FORMA DE PAGO

‘EL PARTIDO’ PAGARÁ A ‘EL PROVEEDOR’ EL IMPORTE PACTADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE CON CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, POR LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ‘ANEXO A’. SIEMPRE Y CUANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE HAYAN ENTREGADO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN EL ‘ANEXO A’, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO CORRESPONDIENTE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTRA LA PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.

QUINTA. VIGENCIA

‘EL PROVEEDOR’ SE OBLIGA A INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE MARZO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2009.

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

NINGUNA DE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBIDO A CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

De acuerdo al contrato antes señalado, mi representada prestó al Partido Socialdemócrata (en adelante identificado como "EL CLIENTE" o "PSD") los servicios de exhibición y publicidad en salas de cine a nivel nacional sobre campañas institucionales detalladas en el "Anexo A" de dicho contrato, cuya ejecución se realizó a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2009, bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, a entera satisfacción de "EL CLIENTE".

Ahora bien, como se desprende del referido Contrato, la contraprestación que el PSD debía entregar a mi representada a cambio de dichos servicios era un total (con I.V.A.) de $4'045,481.10 (Cuatro millones cuarenta y cinco cuatrocientos ochenta y un pesos 10/100 moneda nacional), cantidad que, conforme a la cláusula CUARTA del contrato, fue facturada para el pago a nombre de "EL CLIENTE" el 2 de junio de 2009, o sea a los treinta días naturales siguientes al término de la prestación de servicios, según la Factura A 4986.

Toda vez que, por causas de fuerza mayor, mi representada no pudo cumplir con diversos servicios de exhibición y publicidad, ambas partes acordaron se realizara una bonificación a la factura antes mencionada, por un monto de $569,250.00 (Quinientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), a través de la Nota de Crédito número 1573. Dicha operación se realizó el 1 de julio siguiente.

Asimismo, como se acredita con la copia certificada del contra recibo número 2685 y de la carta de pases de Monitoreo firmada por la entonces Secretaría de comunicación del PSD, el Partido de referencia recibió de conformidad los servicios prestados conforme a la pauta, con las modificaciones ya especificadas.

Pero, a pesar de que mi representada cumplió a cabalidad con la prestación de los servicios pactados (exceptuando los que se dedujeron mediante la Nota de Crédito No. 1573), el Partido Socialdemócrata incumplió con su obligación de pagar a "MAKE PRO, S.A. de C.V." los $3’476,231.10 (Tres millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos treinta y un pesos 10/100 moneda nacional) restantes a mi representada, I.V.A. incluido, alegando que al haber perdido su registro y, en consecuencia, todos los derechos y prerrogativas que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para dichos institutos políticos, no contaba con los recursos suficientes para sufragar dicho gasto.

En consecuencia, al tratarse de una obligación contraída por el Partido Socialdemócrata durante la vigencia de su registro, se debe incluir a mi representada en la lista de acreedores cuyos créditos sí se provisionan, por el monto de $3'476,231.10 (Tres millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos treinta y un pesos 10/100 moneda nacional); y, en esos términos, se debe determinar el pago respectivo a MAKE PRO en su carácter de acreedora de dicho instituto político, en los términos de la normatividad aplicable.

Cabe precisarse que las circunstancias que se detallan en el presente agravio, así como la documentación soporte de las mismas, son las que se hicieron del conocimiento del Instituto Federal Electoral y del Liquidador (en dos ocasiones), como ya se ha reiterado en el Agravio Segundo.

En vista de lo anterior, solicito que se revoque la resolución CG267/2010, a efecto de que se reconozca el derecho que asiste a mi representada y se ordene el pago de la cuota concursal que le corresponda. Apoyo mi dicho en las siguientes:

[…]"

La demanda del recurso de apelación SUP-RAP-150/2010, presentada por el Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, expresa, en lo conducente, lo siguiente:

"[…]

AGRAVIOS

PRIMERO.- El Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional, identificado con la clave alfanumérica CG267/2010 (en adelante referido como acuerdo CG267/2010), aprueba el pago de diversas sanciones contenidas en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho, a la que correspondió la clave CG469/2009 (en adelante referida como resolución CG469/2009), sin que ésta última se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación o se le haya notificado a mi representada de alguna otra manera.

Al respecto, debe decirse que mi representada cuenta con legitimación e interés jurídico para recurrir la resolución CG469/2009, en virtud de que (al haberse ordenado en la resolución CG267/2010 su pago con el patrimonio en liquidación) le causa un agravio a su esfera jurídica, pues afecta de manera ilegal y sustantiva el activo del patrimonio del partido en liquidación, del que BINTER es acreedora, reduciendo con ello la factibilidad de cobro del adeudo que adquirió con ésta el instituto político durante la vigencia de su registro.

Esto es así, pues dicha resolución es la base para que el Consejo General ordene al liquidador en la resolución CG267/2010 el pago de las sanciones pecuniarias por un monto de alrededor de 6.5 millones de pesos, lo cual impacta negativamente el saldo del patrimonio en liquidación al que los acreedores comunes podemos acceder.

Así, debe señalarse que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, tal y como expresamente lo prevén los artículos 41, base VI de la Constitución Federal y 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Del análisis de los recursos previstos en dicha Ley General, se sigue que el medio de impugnación procedente en este caso, es el recurso de apelación, pues en términos del artículo 40, párrafo 1, inciso b) de la Ley General, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales, dicho recurso será procedente para impugnar, entre otros, los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión.

Ahora, si bien es cierto el artículo 45 de la citada ley no prevé expresamente la posibilidad de que, las personas físicas o morales acreedoras de un partido político en liquidación puedan combatir a través de este medio las resoluciones en las que se impongan sanciones pecuniarias a esa clase de institutos políticos que pierden su registro, también es cierto que las hipótesis de procedencia señaladas en el capítulo relativo a dicho medio de impugnación no deben considerarse taxativas, sino enunciativas, dado que la ley regula situaciones jurídicas ordinarias, sin prever todas las posibilidades de procedibilidad.

En efecto, una interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo segundo; 41, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 3, párrafo 1, inciso a);40, párrafo 1, inciso b) y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conduce a la conclusión de que este tipo de actos sí son impugnables por los acreedores de un partido político en liquidación, salvaguardando así su acceso efectivo a la jurisdicción pues, de lo contrario, se correría el riesgo de dejarlas en estado de indefensión, por quedar supeditadas a la voluntad de un partido político respecto a la decisión de combatir un acto que les perjudica directamente.

Cabe precisar que el criterio anterior es consistente con lo que al respecto ha considerado esa H. Sala Superior al ampliar las hipótesis de legitimación previstas en la ley, por ejemplo, cuando determinó que el recurso de apelación era la vía adecuada para que las concesionarias de radio y televisión controvirtieran la legalidad de los actos del Comité de Radio y Televisión del IFE, a fin de no dejarlas en estado de indefensión (ver por ejemplo los expedientes SUP-RAP-024/2010, SUP-RAP-025/2010, SUP-RAP-026/2010, SUP-RAP-027/2010), como se lee de-la siguiente transcripción de la primera de las sentencias mencionadas:

"Sin embargo, tal interpretación y la subsecuente falta de acceso a la tutela judicial efectiva en un asunto como el que se examina en el caso concreto, no pueden acompañarse por esta Sala Superior, porque inobservarían flagrantemente los mandatos previstos en los artículos 17, párrafo segundo, y 41, base VI, constitucionales, que ordenan, por un lado, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que lijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (tutela judicial efectiva); y, por otra parte indican, que para garantizar los principios de constitucional/dad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esa Constitución y la ley, el cual dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, estableciendo que en materia electoral (...) con lo cual se establece en el sistema jurídico mexicano un régimen especializado para el derecho electoral, conforme al cual únicamente mediante los juicios y recursos previstos en la materia es posible impugnar actos y resoluciones electorales.

En efecto, reconocer que cuando determinados actos o resoluciones electorales cumplan los requisitos previstos para su impugnación, no podrán ser combatidos por aquellos que se consideren afectados en su interés jurídico al irrogarles agravio en su esfera de derechos, debido a la falta de una previsión expresa de la ley que establezca esa hipótesis de procedencia, implicaría desatender las facultades de interpretación que de las leyes en materia electoral han sido depositadas en este Tribunal Constitucional especializado, con la finalidad de hacer prevalecer un sistema de medios de impugnación, que garantice los principios de constitucional/dad y legalidad de los actos y resoluciones electora/es, como son entre otros, los Acuerdos que emita el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral."

En consecuencia, toda vez que las multas impuestas en la resolución CG469/2009 generan un perjuicio a los derechos de mi representada en su carácter de acreedora del partido político en liquidación, los cuales solamente se concretaron a través de la orden de pago contenida en la resolución CG267/2010, la presente vía resulta idónea, pues en caso de que esa Sala Superior determinara la ilegalidad de la resolución Cg46972009, permitiría salvaguardar el estado de derecho y restituir a mi representada, en su carácter de acreedora del Partido Socialdemócrata en Liquidación, en el pleno goce de los derechos que estima violados.

En similar sentido debe decirse que la oportunidad de la impugnación de este acuerdo deriva de que el mismo no se ha hecho del conocimiento de mi representada, ni de manera personal, ni a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En esa medida, no se ha tenido conocimiento de dicho acto.

Es decir, la resolución CG469/2009 no se ha hecho del conocimiento público ni de los acreedores del extinto Partido Socialdemócrata, por lo que éstos no han tenido la posibilidad de controvertir su contenido dentro del plazo legal para hacerlo, aún cuando las sanciones pecuniarias que ahí se impusieron al partido político en liquidación afectan el patrimonio en liquidación y, en consecuencia, afectan los derechos adquiridos de mi representada pues reducen el monto con el que se podrá hacer frente al pago de otras obligaciones preexistentes, como es el adeudo con Banco Interacciones (BINTER).

Asimismo, debe mencionarse que si bien en la Lista Provisional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se señalaba que las sanciones pecuniarias impuestas a través de la resolución CG469/2009 se incluían dentro de los créditos provisionados, en la misma se detallaba que éstas fueron recurridas por el Interventor, y que se encontraban sub judice "en recurso de apelación seguido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el expediente SUP- RAP- 0308-2009".

En consecuencia, al desconocer el contenido de la resolución CG469/2009 y no saber si ésta quedaría firme al encontrarse sub judice, lo único que BINTER estuvo en posibilidad de objetar en el escrito que presentó ante el liquidador el dieciséis de febrero de dos mil diez, fue que las mismas se impusieron en fecha posterior al crédito de mi representada (lo cual dedujo a partir del plazo que existe para interponer los recursos a que se refiere la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral).

Más aún, debe decirse que en términos de la legislación electoral, Banco Interacciones no estaba en posibilidad de recurrir en ese momento la determinación del liquidador pues la misma condicionaba la provisión de dichas multas a que el Tribunal emitiera sentencia y, además, por no ser éste el acto definitivo que afectaba su esfera de derechos.

En ese sentido, debe decirse que las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009 no afectaron ipso facto la esfera jurídica ni los derechos de mi representada, sino hasta que, mediante la resolución CG267/2010, se ordenó el pago de las mismas con los recursos del patrimonio en liquidación del cual es acreedora, por lo que antes no hubiera tenido interés jurídico para promover una defensa en su contra.

En esa medida, se estima que la resolución CG267/2010, al aprobar el pago de diversas sanciones económicas derivadas de una resolución que no se ha notificado a mi representada, viola en su perjuicio la garantía de debido proceso establecida en el artículo 14 Constitucional.

Ahora, a fin estar en posibilidad de controvertir la resolución CG267/2010, mi representada consultó la resolución CG469/2009 publicada en la página de internet del Instituto, de la cual desconoce si es la versión definitiva pues carece de las firmas de los funcionarios que la aprobaron, asimismo desconoce la fecha en que la misma fue publicada en dicho medio electrónico (el cual, no obstante, no un medio legalmente previsto para notificar la resolución en cuestión, sino que solamente sirve para cumplir con los requisitos de transparencia gubernamental aplicables al IFE).

Sin embargo, de la lectura de ésta, se deducen diversas violaciones de forma y de fondo que afectan los derechos constitucionales de BINTER, como se explica a continuación y que deben acarrear la nulidad de la resolución CG469/2009 y, consecuentemente, la orden de pago de las sanciones pecuniarias, contenida en la resolución CG267/2010:

i. Como se sigue de la versión estenográfica de la sesión en la que se aprobó la resolución CG469/2009, y en particular de acuerdo a lo dicho por la Consejera Macarita Elizondo, lo aprobado por los Consejeros Electorales para el caso del Partido Socialdemócrata fueron "multas", las cuales de acuerdo al Cofipe tienen un límite de 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (o el doble en caso de reincidencia). Sin embargo, en la Resolución, se impusieron también "retenciones de ministraciones", que no fueron aprobadas como tales por el Consejo.

Al respecto, no puede alegarse que la intención de la Consejera Elizondo al hacer su intervención, era proponer al órgano colegiado la imposición tanto de multas como de retenciones de ministraciones pues, de haber sido éste el caso, así lo hubiera manifestado. Lo anterior pues, dado que la referida Consejera es especialista en la materia (como se corrobora con su trayectoria laboral como obra publicada en la página de internet del IFE), sería absurdo afirmar que ésta no conocía la diferencia entre ambos tipos de sanciones pecuniarias.

En esa medida, toda vez que los Consejeros Electorales aprobaron dicha resolución "con el engrose propuesto por la Consejera Elizondo", se sigue que lo único que éstos aprobaron en el caso del Partido Socialdemócrata fueron multas y nunca retenciones de ministraciones.

Por ende, dichas retenciones no son válidas al no haber sido aprobadas como tales por el Consejo General y por tanto deben: a) dejarse sin efectos; b) o, en su caso, ajustarse a los topes legales para las multas, por haber sido este el tipo de sanción pecuniaria la aprobada por el referido órgano colegiado.

ii. Aunado a lo anterior, la Resolución CG469/2009 en los términos aprobados por los Consejeros Electorales, mandata que las multas impuestas al Partido Socialdemócrata sean registradas por el interventor y entren en el orden de prelación legal. Sin embargo, por lo que se refiere a las retenciones de ministraciones, no se hace distinción sobre su forma de pago.

Al respecto, debe considerarse que la retención de ministraciones se realiza por el IFE antes de entregar la ministración mensual, por lo que se desconoce si los recursos llegaron al liquidador para ser incorporados al patrimonio en liquidación.

iii. Independientemente de lo anterior, las reducciones de ministraciones contenidas en el CG469/2009 hablan de 35%, 10% y 5% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar ciertos montos. Sin embargo, no estimaron que el Partido Socialdemócrata solamente seguiría recibiendo financiamiento por el año dos mil nueve.

iv. De acuerdo a la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-269/2009, el Tribunal ordenó que el monto del financiamiento restante por el año dos mil nueve que correspondía al Partido Socialdemócrata se integrara de inmediato al patrimonio en liquidación administrado por el interventor designado en funciones de liquidador. En esa medida, no resultaba procede la retención de ministraciones.

v. Los montos de las retenciones se sustentaron en una capacidad económica del infractor que no es real, pues solamente consideraron el monto que por concepto de financiamiento público le correspondía al Partido Socialdemócrata para dos mil nueve, sin estimar que por tratarse de un partido en liquidación, la valoración de su capacidad económica no podía darse como en otros casos pues, precisamente al estar en liquidación, existía una lista de acreedores preferentes sobre las sanciones que se impusieron en ese momento.

vi. En la Resolución CG469/2009, al estimar la capacidad económica del Partido Socialdemócrata, consideró que para TODO EL AÑO DOS MIL NUEVE, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes un total de $142,832,372.14, como consta en el acuerdo número CG28/2009 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el veintinueve de enero de dos mil nueve. Sin embargo, no se valoró que el Partido Socialdemócrata solamente tenía pendiente de recibir en dos mil nueve el financiamiento que correspondía de septiembre a diciembre, que no equivale al monto total considerado.

Por ende, las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009 afectan sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político en liquidación, que consisten únicamente en realizar las actividades estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de solventar las obligaciones adquiridas durante la vigencia de su registro. (Reglamento de Liquidación, art. 10.2)

Asimismo, afirma la Resolución CG469/2009 que "el otrora partido político que por esta vía se sanciona, está legal y tácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado", aún cuando éste ya había perdido el registro por lo que estaba legalmente imposibilitado para recibir financiamiento privado, pues de acuerdo al 10.2 del Reglamento de Liquidación, "[d]esde el momento en que hubiere perdido su registro, ningún partido político podrá realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de solventar sus obligaciones".

vii. En ese sentido, la Resolución CG469/2009 afirma de manera ilegal que el otrora partido político contaba con capacidad suficiente para enfrentar la sanción que se le imponía por tratarse de un partido "que recibe financiamiento tanto público como privado destinado a cumplir con las obligaciones que resulten de cometer cualquier irregularidad".

viii. La Resolución CG469/2009 tiene diversas inconsistencias, pues al hacer la individualización de las sanciones, en las retenciones de ministraciones, se establece una justificación que como si se tratara de "multas" (e inclusive las mencionan así), incluyendo los topes para éstas; sin embargo, se imponen montos que exceden los topes legales permitidos para las mismas.

ix. En el caso de las faltas formales detectadas, las califica como "LEVES" pero impone una retención de ministraciones de más de 4 millones de pesos, supuestamente atendiendo a la capacidad económica del infractor. Pero posteriormente señala que la aplicación de una multa es la sanción idónea. Recordemos que el tope de las multas es de 10,000-20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en dos mil ocho equivalía a $52.59 (en ese sentido las multas podrían haber ido de $525,900-$1'051,800).

Lo anterior consiste en la imposición de sanciones pecuniarias excesivas, violatorias del artículo 22 Constitucional, las cuales además generan un perjuicio en contra de los acreedores del partido político en liquidación.

x. Según el IFE, se evaluó que la imposición de las sanciones económicas (tanto multas como retenciones de ministraciones) no afectaba sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político, de tal manera que comprometiera el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o de subsistencia, sin embargo no estimó que dichos montos (que ascienden a alrededor de 6.5 millones de pesos) sí afectan la posibilidad de que el PSD cumpla con obligaciones previas y legítimas que tenía adquiridas con otros acreedores durante la vigencia de su registro, reduciendo de manera significativa el patrimonio en liquidación.

En consecuencia, las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009 resultan excesivas y ruinosas, provocando la insolvencia del Partido Socialdemócrata respecto de los acreedores con los que tenía compromisos previos al dejarlo en estado de insolvencia para cubrir las obligaciones ya reconocidas por el liquidador, lo que violenta el artículo 22 Constitucional.

xi. Además, dichas sanciones no cumplen con la cualidad de generar un efecto disuasivo que evite posibles conductas ilegales futuras, pues de acuerdo al Reglamento de Liquidación (art. 10.1), corresponde al Liquidador la presentación de los siguientes Informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña a que se refiere el artículo 83 del Código, por lo que ya no corresponde al Partido Socialdemócrata y en esa medida no se genera el efecto disuasivo que se pretende.

De esa manera, las sanciones impuestas en la resolución CG469/2009 resultan trascendentales, excesivas, desproporcionadas e irracionales y afectan sustancialmente la factibilidad de cobro por parte de acreedores legítimos y preferentes (en cuanto a temporalidad) respecto del IFE, como es el caso de BINTER.

xii. Hay diversas faltas de fondo que no fueron subsanadas por omisiones del Partido Socialdemócrata y sus órganos directivos. Sin embargo, la imposición de las sanciones pecuniarias en dichos casos, al reducir significativamente el patrimonio en liquidación, operan en perjuicio de los legítimos acreedores del partido.

Sin embargo, no tenía por qué afectarse el derecho de los acreedores, cuando se cuenta con la vía en el Cofipe y el Reglamento de Liquidación para hacer directamente responsables a ciertos funcionarios, dirigentes y candidatos del partido por dichas omisiones, como lo señalan los artículos 32, párrafo 2 del Cofipe; 10, párrafo 3 y 20, párrafo 1 del Reglamento de Liquidación.

En vista de lo anterior, a partir de que ese Tribunal no se ha pronunciado de manera previa sobre los argumentos que hace valer BINTER a lo largo del presente agravio y que, en todo caso, no existe identidad en los actores que impugnaron la resolución CG267/2010 con los del expediente SUP-RAP-308/2009, en mi carácter de acreedor del partido político en liquidación, solicito se revoquen las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009 y, en consecuencia, la orden de pago contenida en la resolución CG267/2010.

SEGUNDO.- La resolución CG267/2010 viola en perjuicio de mi representada los artículos 1º., 14, 16 y 41, segundo párrafo, Base II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución); y 103, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), al haber determinado como preferentes en la prelación diversos créditos a cargo del Partido Socialdemócrata en Liquidación, en franca violación al orden determinado en la ley electoral como se expone a continuación.

Como se sigue dla resolución CG267/2010 y conforme a lo narrado en el Hecho k, Banco Interacciones concurrió el dieciséis de febrero de dos mil diez ante el liquidador, en términos de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, bajo el rubro Lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, y se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del otrora partido en comento y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

Dentro de las objeciones realizadas por mi representada, se incluyeron las que a continuación se transcriben:

(…)

No. Crédito

Nombre o denominación acreedor

Cuantía

Graduación

Origen

Prelación

JS1-A

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CG469/2009

$4,437,508.02

Sanciones Administrativas

Sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante resolución CG469/2009 que fueron recurridas por el Interventor, y que se encuentran subjudice en recurso de apelación seguido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el expediente SUP-RAP-0308-2009

 

Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de los  créditos fiscales y antes de los proveedores y acreedores comunes

JS1-B

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CG469/2009

$135,051.12

Sanciones Administrativas

JS1-C

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CG469/2009

$1,475,275.14

Sanciones Administrativas

JS1-D

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CG469/2009

$566,256.46

Sanciones Administrativas

JS1-E

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CG469/2009

$525.90

Sanciones Administrativas

 

Respecto de estas sanciones administrativas, se objeta el orden de prelación que se les da, al ser sanciones impuestas con posterioridad a la fecha en que se generó el adeudo del extinto partido con mi representada.

Al igual que en el caso anterior, el reconocimiento de estos créditos en ese orden de prelación generan un perjuicio en contra de mi representada pues, al considerarlos como preferentes y anteriores en prelación al rubro en que se encuentra mi representada, reduce de manera ilegal en $6'614,616.64 (seis millones seiscientos catorce mil seiscientos dieciséis pesos 64/100 M.N.) la masa en liquidación que permitirá a mi representada cobrar el saldo insoluto del crédito que se describió anteriormente.

(…)"

En respuesta, en la resolución CG267/2010, el liquidador argumentó respecto de todas y cada una de estas objeciones lo siguiente:

"LA OBJECIÓN RESULTA INFUNDADA POR VIRTUD DE QUE EL ARTICULO 7, FRACCIÓN I INCISO d) DEL REGLAMENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES DE LOS PARTIDOS QUE PIERDAN O LES SEAN CANCELADO SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PREVEE LA PRELACIÓN QUE TIENEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SOBRE EL LOS CRÉDITOS COMUNES COMO ES EL CASO DEL CRÉDITO DE BANCO INTERACCIONES, SIENDO PRECISAMENTE MATERIA DEL SUP-RAP-0308-2009, LA PROCEDENCIA DE DICHAS SANCIONES, NO OBSTANTE QUE FUERON IMPUESTAS INCLUSIVE DESPUÉS DE HABERSE PERDIDO EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO."

En primer lugar, debe decirse que el liquidador carece de competencia para hacer interpretación alguna de la normatividad electoral, toda vez que no es una autoridad, sino un mero particular. En ese sentido, de acuerdo al artículo 21, párrafo 1 del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral (en adelante Reglamento de Liquidación), en todo caso sería a la Unidad de Fiscalización a quien compete hacer la interpretación del Reglamento; o en todo caso al Consejo General cómo órgano máximo de dirección del IFE.

Además, en todo caso, el Consejo General, debió haberse pronunciado expresamente sobre las objeciones formuladas por mi representada, fundando y motivando de manera precisa las razones de su determinación. Al no haberlo hecho así en la resolución CG267/2010, vulneró las garantías constitucionales de mi representada y, en específico las contenidas en los artículos 14 y 16.

Independientemente de lo anterior, debe decirse que la conclusión a la que arribó el liquidador respecto de las objeciones hechas por BINTER son incorrectas por los motivos que se exponen a continuación:

Si bien es cierto que el artículo 7, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Liquidación prevé que las multas impuestas por el IFE tienen preferencia sobre los créditos generales, como es el de mi representada, lo cierto es que las sanciones pecuniarias que BINTER objetó no deben entrar en ese orden de prelación, al haber sido impuestas con fecha posterior a aquélla en la que quedó firme la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata (veintiuno de agosto de dos mil nueve), ya que datan de septiembre de dos mil nueve.

Esto es así pues, si bien de acuerdo a lo resuelto por la Sala Superior en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-308/2009 aludida por el liquidador, el partido político en liquidación seguía obligado a hacer frente a las sanciones que impusiera el Instituto Federal Electoral como consecuencia de la revisión de los informes anuales de sus ingresos y egresos, no es menos cierto que en la misma sentencia se afirmó, literalmente:

"De una interpretación gramatical de los incisos b) y c) [del artículo 10 del Reglamento de Liquidación], se llega a la conclusión de que el interventor a cargo del procedimiento de liquidación del partido recurrente, únicamente está constreñido legalmente a pagar aquellas sanciones que le hayan sido impuestas al instituto político actor, hasta antes de perder su registro, lo cual acaeció el veintiuno de agosto de dos mil nueve, así como las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro como partido político; sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente para aclarar cuáles son las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro y cuáles son las sanciones a que se haya hecho acreedor el partido político hasta antes de perder su registro.

De ahí que para desentrañar el verdadero sentido de los incisos b) y c) mencionados del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, es necesario realizar una interpretación sistemática y funcional de los mismos.

Así, el artículo 7, incisos b) y d) del reglamento en comento, impone la obligación al interventor de determinar los montos de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación, asimismo, se prevé que en primer término se cubrirán las obligaciones laborales, hecho lo cual, se deben cubrirlas obligaciones fiscales, en tercer término las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto Federal Electoral al partido político en liquidación, una vez cumplidas estas, si quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores.

Aunado a lo anterior, tenemos que el artículo 16, párrafo 2, del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, impone la obligación al interventor dentro de los veinte días hábiles siguientes a que queden firmes las sentencias del Tribunal Electoral de los recursos de apelación que, en su caso, promueva el partido político con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de los informes anuales y de campaña, de rendir un informe al Consejo General en el que se contenga entre otros datos, una relación de las deudas pendientes.

De donde se concluye que el interventor está constreñido jurídicamente para considerar dentro de los adeudos del partido en liquidación, aquéllas sanciones que se impongan con motivo de la revisión de informes anuales y de campaña.

Sentado lo anterior, tenemos que la resolución impugnada CG469/2009, versa sobre las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho, es decir, es de aquellas previstas en el artículo 16, párrafo 2, del multicitado reglamento.

De ahí que, una vez que quede firme la presente ejecutoria, el interventor contará con veinte días hábiles para rendir un informe al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que se contenga, entre otros datos, una relación de las deudas pendientes, dentro de cuyo rubro deberá incluirse las sanciones que en su caso se impongan al partido en liquidación con motivo de los informes anuales, bajo el rubro de deudas adquiridas durante la vigencia del registro como partido político, tal y como lo expresó la autoridad responsable.

(...)

Lo que evidencia que las sanciones que se impongan en esa ciase de resoluciones deban reputarse dentro del rubro de las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro del partido político, como acertadamente lo adujo el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues las mismas son consecuencia del ejercicio del financiamiento público recibido por el partido durante el año dos mil ocho, anualidad en la que tenía vigente su registro."

Esto es, la propia Sala Superior ya señaló claramente que este tipo de sanciones, al haber sido impuestas con posterioridad a que el partido político perdió su registro, subsisten pero no entran en el orden preferente de las sanciones pecuniarias impuestas por el IFE, sino en el mismo nivel que los "demás créditos", aún cuando las mismas consistan en reducciones de ministraciones.

Esto se debe a que, si bien las sanciones pecuniarias determinadas por la autoridad administrativa tienen el carácter de créditos fiscales, y en esa medida pueden ser preferentes, lo cierto es que ésas únicamente adquieren el carácter de crédito fiscal hasta que se imponen y quedan firmes, y nunca antes.

Por ende, las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009, no tenían el carácter de créditos fiscales, sino hasta posteriormente a que estaba firme la pérdida de registro del partido político y, por ende, no pueden estimarse preferentes en perjuicio de los demás acreedores.

Esto es así pues, como ya afirmó la Sala Superior en la sentencia del expediente SUP-RAP-133/2008 y su acumulado SUP-RAP-134/2008, la única razón de que las sanciones pecuniarias de la autoridad electoral federal sean preferentes respecto de otros acreedores, estriba en que son una clase de créditos fiscales.

Por ende, tratándose de las sanciones impuestas en la resolución CG469/2009, éstas no adquirieron dicho carácter sino hasta posteriormente a la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por lo que no puede alegarse que tuvieron el carácter de créditos fiscales (preferentes en el orden de prelación) con anterioridad.

En esa medida, no fue hasta que la resolución CG469/2009 quedó firme que dichas sanciones pecuniarias adquirieron la cualidad de "crédito fiscal" y, por ende, no pueden catalogarse a la fecha de pérdida de registro, como prioritarias.

Adicionalmente, debe considerarse que, tratándose de sanciones impuestas como consecuencia de la revisión de los Informes de los ingresos y egresos de los partidos políticos, de acuerdo al Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales (en adelante Reglamento de Fiscalización), solamente las observaciones no subsanadas por el partido con posterioridad a los oficios de errores y omisiones, pueden ser sancionadas. Esto es, el partido realmente no incurre en una irregularidad en su contabilidad hasta que no concluye el periodo de dictaminación, pues hasta antes de ese momento todos los errores y omisiones son subsanables.

Así lo establece el artículo 84, párrafo 1, incisos b) a d) del Cofipe, al señalar:

Artículo 84 [Se transcribe]

Aunado a lo anterior, debe señalarse que la Sala Superior ha afirmado en diversas sentencias que la autoridad electoral está obligada a considerar la información y documentación que los partidos políticos le presenten hasta antes de la aprobación de la resolución del dictamen, la cual puede subsanar igualmente los errores y omisiones en que hubiera incurrido el partido.

En esa medida, las infracciones que se observaron en la resolución CG469/2009, dejaron de ser meros errores u omisiones subsanables hasta la fecha en que fueron observadas en dicha resolución y no antes, por lo que las multas y reducciones de ministraciones consecuencia de las mismas, no pueden considerarse preferentes respecto de créditos que sí se originaron durante la vigencia del registro del partido político.

Así, debe tenerse en consideración el principio general del derecho que reza "primero en tiempo, primero en derecho". Por lo que resulta absurdo que se quiera dar prioridad sobre el crédito de mi representada, a diversas sanciones pecuniarias impuestas con posterioridad, especialmente cuando fue el propio Instituto Federal Electoral quien de manera libre decidió el monto de esas sanciones pecuniarias (es decir, es juez y parte).

En esa medida, avalar que el IFE pueda imponer sanciones pecuniarias (con montos determinados a su libre arbitrio) a un partido político que ya ha perdido el registro, conduciría a generar una falta de certeza para los acreedores de buena fe como mi representada, dado que no existiría modo de tener por cierta la solvencia de un partido político, sino hasta el momento en que el propio Instituto apruebe el informe que le rinda el liquidador.

Lo anterior no implica que el liquidador no deba hacer frente a las sanciones pecuniarias impuestas al partido en la resolución CG469/2009, pues la Sala Superior del Tribunal ya ha afirmado que esa obligación subsiste al ser una consecuencia de la revisión del Informe Anual 2008; pero significa que esas multas deben entrar en la categoría de "demás créditos", al no haber consistido en créditos fiscales sino hasta fecha posterior, tal como también ya lo sostuvo esa Sala Superior en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-308/2009.

Es decir, lo que mi representada objeta es que se cataloguen como preferentes los adeudos derivados de las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009, cuando éstos se generaron e impusieron con posterioridad a la fecha en que se originó el adeudo del partido político en liquidación con mi representada, e incluso con posterioridad a la pérdida de registro del mismo.

Esta interpretación es acorde, además, con el objetivo legítimo de salvaguardar los derechos de los proveedores y demás acreedores del partido político que se pudieran ver afectados por un estado de insolvencia generado por multas impuestas por el Instituto una vez iniciado el proceso de liquidación, las cuales reducen la posibilidad de que el patrimonio en liquidación del partido político permita afrontar compromisos previos generados durante la vigencia del registro.

Cabe señalar que el hecho de dar preferencia a estas sanciones pecuniarias genera un perjuicio no solamente a mi representada, sino a todos los acreedores que entramos en la categoría de "demás créditos", pues genera una merma indebida sobre el patrimonio en liquidación, ya que estas sanciones pecuniarias son pagadas de manera íntegra y preferente, mientras que a los demás acreedores (incluyendo los preferentes en tiempo, como BINTER) sólo les corresponde una parte proporcional del patrimonio en liquidación.

Adicionalmente, no olvidemos que las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009 derivaron de faltas formales y materiales cometidas por el partido político al incumplir con sus obligaciones en materia de contabilidad. Es decir, son imputables al partido político y sus funcionarios, por lo que no es legal (ni atiende a un principio mínimo de justicia) que se intente trasladar ese costo a los legítimos acreedores del instituto político, al declarar ilegalmente como preferente ese adeudo.

Lo anterior pues, en todo caso, la autoridad tiene otras vías para reclamar esos incumplimientos. Ya que, como se sigue del artículo 32, párrafo 2 del Cofipe, los dirigentes y candidatos del Partido Socialdemócrata, debían cumplir con las obligaciones que en materia de fiscalización establece el Código hasta la conclusión incluso del procedimiento de liquidación.

Asimismo, en términos del artículo 10, párrafo 3 del Reglamento de Liquidación, los dirigentes, administradores y representantes legales del partido son los responsables respecto de las operaciones realizadas en contravención de lo previsto por el Código, el propio Reglamento y demás leyes aplicables.

Además, la normatividad señala claramente que la aplicación del Reglamento es independiente de las responsabilidades que puedan, en su caso, exigirse a los responsables del órgano de finanzas del partido político y de las obligaciones que éstos tengan durante el procedimiento de liquidación y destino de los bienes, frente a otras autoridades (Reglamento de Liquidación art. 20.1).

Por ende, si en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-308/2009, el Tribunal sostuvo que las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la revisión de los Informes Anuales de gastos de los Partidos Políticos Nacionales, son consecuencia directa de la fiscalización del financiamiento público recibido por el partido en liquidación durante la vigencia de su registro; es inconcuso que los dirigentes, candidatos, administradores, representantes legales y responsables del órgano de finanzas del partido, resultan responsables a título personal, de las faltas en las que se incurrió en la presentación del Informe Anual 2008 y, de las sanciones pecuniarias que impuso el IFE por las mismas. Además, que esa responsabilidad no se limita al ámbito electoral sino que puede ampliarse a otras ramas, como lo es la penal por ejemplo.

En esa medida, el hecho de que se cataloguen las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009, junto con los "demás acreedores" y que cobre a prorrata con éstos, no genera un perjuicio al Instituto pues éste, en todo caso, tiene la posibilidad y la obligación legal de reclamar el cumplimiento del pago de las sanciones pecuniarias que no pueda ser cubierto por el patrimonio en liquidación, directamente de las personas físicas que se ubiquen en las hipótesis antes mencionadas.

En vista de lo expuesto a lo largo del presente Agravio, con sustento en la normatividad aplicable, el principio general del derecho que reza "primero en tiempo, primero en derecho", y conforme a la interpretación que hiciera la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del expediente SUP-RAP-308/2009, las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución CG469/2009 debieron haberse incluido en la categoría de los "demás acreedores", y cobrar a prorrata junto con éstos, por lo que la clasificación que hizo el liquidador, genera un perjuicio a mi representada al mermar el patrimonio en liquidación que se repartirá a prorrata entre los acreedores ordinarios.

TERCERO.- La resolución CG267/2010 viola en perjuicio de mi representada los artículos 1º., 14, 16 y 41, segundo párrafo, Base II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución); 103, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); y 7, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Liquidación, al haber determinado el pago de los siguientes créditos derivados de multas impuestas por Institutos Electorales Locales al extinto Partido Socialdemócrata, en franca violación a la constitución y a la ley electoral federal:

LISTA DE ACREEDORES QUE SE PROPONE SEAN PAGADOS Y PRIMERA CUOTA CONCURSAL O RESERVA QUE LES CORRESPONDE

No. De Provisión

Lista Definitiva

Acreedor

GRADO

PRELACIÓN

PRIMERA CUOTA

CONCURSAL

QUE LE

CORRESPONDE

 

LD SS1

Instituto

Electoral de

Michoacán

 

Otras Sanciones Administrativas

Cobra prorrata con  los demás acreedores de su clase y los Proveedores y Acreedores Comunes, después de las sanciones  administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral

 

$2,900.20

LD SS2

Instituto de Procedimientos Electorales y

Participación

Ciudadana

del Estado de

Yucatán

 

Otras Sanciones Administrativas

Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase y los Proveedores y Acreedores Comunes, después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral

 

$148,285.40

Al respecto, debe señalarse que, tal como se sigue dla resolución CG267/2010 y conforme a lo narrado en el Hecho k, BINTER concurrió el dieciséis de febrero de dos mil diez ante el liquidador, en términos de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, bajo el rubro Lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, y se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del otrora partido en comento y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

Dentro de las objeciones realizadas por mi representada, se incluyeron las que a continuación se transcriben:

"(…)

No. Crédito

Nombre o denominación acreedor

Cuantía

Graduación

Origen

Prelación

SS1

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

$12,727.74

Sanciones Administrativas

Sanciones Impuestas por el Instituto Electoral de Michoacán derivadas de los procedimientos administrativos IEM/P.A. 58/07, IEM/P.A. 41/07, IEM/P.A. 59/07, IEM/P.A. 74/07, IEM/P.A. 75/07, IEM/P.A. 152/07,IEM/P.A. 143/07,IEM/P.A. 02/08, IEM/P.A. 155/07 y IEM/P.A. 157/07

Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de los créditos fiscales y antes de los proveedores y acreedores comunes

SS2

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN

$650,760.40

Sanciones Administrativas

Sanciones impuestas por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán mediante acuerdos C.G. 213/2007, C.G. 019/2008 y

JGE76/2009

Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de los créditos fiscales y antes de los proveedores y acreedores comunes

 

Estos créditos se objetan, pues claramente su origen deriva de procedimientos que a nivel local se originaron en contra del extinto partido, en esa medida no es procedente confundir una masa de recursos federales que permite hacer frente a créditos de tal carácter, con los adeudos de carácter local.

No obsta que el Partido no haya recibido financiamiento estatal en estas entidades como se asienta en la Convocatoria de mérito, pues el hecho es que la imposición de estas sanciones se realizó en el ámbito de atribuciones de las respectivas autoridades electorales locales, por lo que al no haber sido impuestas por el Instituto Federal Electoral, no existe justificación legal alguna que permita hacerles frente con recursos de índole federal.

(…)"

Ahora bien, en la resolución CG267/2010, el liquidador argumentó en respuesta a ambas objeciones, lo siguiente:

"LA OBJECIÓN ES INFUNDADA POR VIRTUD DE QUE EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA FUE UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ENTIDAD CON PERSONALIDAD Y PATRIMONIO PROPIO Y ÚNICO, POR LO QUE TIENE QUE HACER FRENTE A TODAS LAS OBLIGACIONES LEGITIMAS ANTE LA LEY. CABIENDO MENCIONAR QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO GJ.ES UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA MAS NO DE LEGITIMIDAD EL QUE LOS ESTADOS QUE HAYAN OTORGADO FINANCIAMIENTO PUBLICO ESTATAL AL OTRORA PARTIDO SOCIALDEMOCRATA SE HAGAN CARGO DE SU PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN SUS RESPECTIVOS ESTADOS."

En primer lugar, tal como se asentó en el Agravio anterior, el liquidador carece de competencia para hacer interpretación alguna de la normatividad electoral, toda vez que no es una autoridad, sino un mero particular. En ese sentido, en todo caso debió haber sido el Consejo General del Instituto quien realizara la interpretación respectiva. Al no haberlo hecho, la resolución CG267/2010 carece de la debida fundamentación y motivación.

Independientemente de lo anterior, la conclusión a la que arriba el liquidador es errónea por lo siguiente.

De acuerdo a los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 del Cofipe y el Reglamento de Liquidación, el procedimiento que ahí se regula es el de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales. Adicionalmente, el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la propia Constitución Federal dispone que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que los partidos políticos reciban financiamiento y establecerán el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro (se entiende que a nivel local).

Así, los Institutos locales debieron haber concurrido en términos de los procedimientos de liquidación que al efecto previera su normativa local. Lo anterior es así pues, si bien en la especie se trata de un partido político nacional, contrario a lo que afirma el liquidador, no es cierto que éste deba hacer frente a estas multas, por ser de índole local.

Además de resultar falsa, la afirmación del liquidador en el sentido de que al ser el partido una entidad con personalidad y patrimonio propio y único, debe hacer frente a todas las obligaciones "legítimas ante la ley"(sic), como es el caso de estos dos créditos, es incongruente con lo asentado en el Aviso de Liquidación publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil diez, en el que claramente se distinguió entre los adeudos que podían concurrir a solicitar el reconocimiento:

"1. En su caso, aquellos acreedores que hayan contratado con los Órganos Estatales del Partido reconocidos por el Instituto Federal Electoral y que han recibido financiamiento público por parte de los Institutos Electorales Estatales, deberán presentar sus solicitudes de reconocimiento de crédito ante los órganos encargados de la fiscalización estatal, que en materia electoral les corresponda en razón de su domicilio y de conformidad con la normatividad que en cada Estado sea aplicable."

Lo anterior implica que el liquidador ya reconoció que no todos los créditos que haya adquirido el Partido Socialdemócrata pueden concurrir al procedimiento de liquidación a que se refieren los artículos 41 Constitucional y 103 del Cofipe, sino que algunos de ellos deben tramitarse de acuerdo al procedimiento previsto localmente.

En esa medida, contrario a lo asentado por el liquidador en la resolución CG267/2010, derivado de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso g) Constitucional, no solamente se trata de una cuestión de competencia, sino también de legitimidad, que impide que en un procedimiento de liquidación de índole federal se provea el pago por adeudos adquiridos por un partido con institutos locales durante la vigencia de su registro a nivel local.

Lo anterior pues el registro local de un partido y las obligaciones que éste tuvo durante la vigencia del mismo, no pueden confundirse ni son las mismas que las que tuvo durante la vigencia de su registro a nivel federal, sino que son independientes.

Aceptar la interpretación del liquidador implicaría, contrario sensu, que mi representada podría válidamente solicitar ante la autoridad electoral del Estado de Morelos el pago total del adeudo que adquirió el extinto Partido a nivel federal con Banco Interacciones, e inclusive solicitar el embargo de las ministraciones locales, al tratarse de un adeudo del mismo partido, "con personalidad y patrimonio único".

En ese orden de ideas, se estima que la resolución CG267/2010, violenta en perjuicio de mi representada las garantías constitucionales que le protegen, al ordenar de manera indebida el pago de los siguientes dos créditos de índole local:

No.  De

Provisión

Lista

Definitiva

Preregistro ante la Unidad de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos

Acreedor

Importe

Provisionado

Graduación

Prelación

Folio

C

Folio D

Fecha

LD SS1

0

0

0

Instituto Electoral de Michoacán

$12,727.74

Otras Sanciones Administrativas

Cobra prorrata con los demás

Acreedores de su clase y los

Proveedores  y

Acreedores Comunes, después de las sanciones

administrativas

impuestas por el Instituto Federal Electoral

 

LD SS2

0

0

0

Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán

$650,760.40

Otras Sanciones Administrativas

Cobra prorrata con los demás

acreedores de su clase y los

Proveedores y

Acreedores Comunes, después de las sanciones administrativas

impuestas por el Instituto Federal Electoral

 

 

Asimismo, debe decirse que de la transcripción anterior no se deduce claramente si el pago de estos créditos se hace después del pago de las sanciones del IFE y antes del pago a acreedores comunes, como fuera señalado en la Lista Provisional contenida en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de diciembre de dos mil nueve; o si ese orden de pago ha sido modificado.

Lo anterior es relevante pues, de una lectura armónica de los artículos 2, párrafo 1, inciso d) y 7, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Liquidación, se sigue que las únicas sanciones que se clasifican como preferentes respecto de otros créditos, son las impuestas por el Instituto Federal Electoral y no las de otras autoridades electorales locales.

"Artículo 2 [Se transcribe]

"Artículo 7 [Se transcribe]

Cabe señalar que en caso de que los Institutos Electorales de Michoacán y Yucatán hubieran estimado que esta porción normativa resultaba violatoria de sus derechos, toda vez que el Reglamento de Liquidación fue debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, pudieron haber impugnado su contenido dentro de los plazos legales, lo que en la especie no aconteció, por lo que lo consintieron.

Adicionalmente, debe decirse que en el caso de las multas impuestas por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, no se tiene certeza de que la derivada del acuerdo JGE76/2009 haya sido impuesta dentro de la vigencia del registro del partido político al haberse aprobado en el año dos mil nueve; ni por el órgano competente, toda vez que de las siglas de la misma se sigue que ésta no fue aprobada por el Consejo General de ese Instituto.

Por las razones expuestas en el presente Agravio, se estima que las sanciones impuestas por el INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN y el INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN precisadas en la resolución CG267/2010 no deben reconocerse ni deben acceder al patrimonio en liquidación al que ése se refiere, ni mucho menos con grado preferente respecto de los acreedores comunes.

CUARTO.- La resolución CG267/2010 viola en perjuicio de mi representada los artículos 1o, 14, 16 y 41, segundo párrafo, Base II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución); 103, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); 7, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Liquidación; 291 y 303 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 1796, 1797, 1851 y 1852 del Código Civil Federal, al haber determinado dentro de la "LISTA DE ACREEDORES QUE SE PROPONE SEAN PAGADOS Y PRIMERA CUOTA CONCURSAL O RESERVA QUE LES CORRESPONDE, que la cuota concursal que corresponde a mi representada se cubre "MEDIANTE COMPENSACIÓN PROPORCIONAL DE UN DEPÓSITO DE GARANTÍA QUE ADEUDA AL OTRORA PARTIDO SOCIAL DEMÓCRA TA EL ACREEDOR".

Lo anterior pues indebidamente cataloga como un depósito en garantía lo que en realidad es una comisión, como se sigue de la lectura del contrato de apertura de crédito simple (en lo sucesivo el Contrato) y el Convenio Modificatorio, ambos de veintisiete de noviembre de dos mil ocho, signados entre BINTER y el Partido Socialdemócrata, este último a través de los CC. Jorge Carlos Díaz Cuervo y Luciano Nicanor Pascoe Rippey.

Al respecto, debe decirse que la naturaleza jurídica de ambas figuras es diametralmente diferente y no admite lugar a asimilación. Así, mientras que un depósito en garantía consiste en una provisión cuya finalidad es asegurar al acreedor el pago del crédito; por el contrario, una comisión consiste en una cuota que el Banco (en su carácter de Acreditante) cobra al cliente por poner a su disposición ciertos fondos, es decir, es parte integral del costo del dinero que debe pagar el Acreditado para allegarse de recursos vía deuda.

Cabe señalar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), define a la comisión como cualquier cargo, distinto a intereses, que independientemente de su denominación o modalidad, las entidades cobren directa o indirectamente a un cliente por operaciones relativas a créditos y servicios de pago. Definición consultable en la página de internet http://portalif.condusef.gob.mx/reco/contenidos/definiciones_terminos.php.

Como consecuencia de la naturaleza de ambas figuras, mientras que el monto que constituye el depósito en garantía permanece como parte del patrimonio del Acreditado y solamente ingresa al patrimonio del Acreditante en caso de que el primero incurra en incumplimiento; una comisión, por su propia naturaleza, sale del patrimonio del Acreditado y entra al patrimonio del Acreditante en el momento en que se realiza el pago.

En esa medida, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala claramente entre las obligaciones del acreditado, la de pagar las sumas de dinero de las que haya dispuesto al amparo del crédito, así como los intereses, comisiones, gastos y demás prestaciones que se hayan estipulado en el contrato.

Así, considerando que conforme al principio de autonomía de la voluntad de las partes, consignado en la legislación mercantil, ellas pueden comprometerse de acuerdo con lo que a sus intereses convenga, conviene analizar las cláusulas conforme a las cuales se obligaron Banco Interacciones, como Acreditante, y el Partido Socialdemócrata, como Acreditada.

Como se lee en el apartado "C. DEFINICIONES", el Contrato de Apertura de Crédito Simple (el Contrato) se integra en forma conjunta por todos los documentos en los que jurídicamente se formalizó el Crédito. Esto implica que tanto el Anexo A del Contrato, como el Convenio Modificatorio forman parte integral del acuerdo de voluntades entre el Partido Político y mi representada.

Ahora, como se lee en la Cláusula Sexta, inciso b y los puntos (8) y (9) del Anexo A del Contrato, el Partido Socialdemócrata, en un primer momento, se obligó a pagar a Banco Interacciones una Comisión por Estructuración de Crédito que ascendía a $4´990,000.00 (Cuatro millones novecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), más el respectivo Impuesto al Valor Agregado, la cual se pagaría en efectivo a la fecha en que realizara la primera disposición del crédito.

Sin embargo, en la misma fecha, el acreditado y BINTER celebraron un Convenio Modificatorio en el que decidieron incluir una Nueva Comisión. Como consta en las cláusulas Primera a Tercera del Convenio Modificatorio, esta comisión adicional ascendía a la cantidad de $11'400,000.00 (Once millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), más el respectivo Impuesto al Valor Agregado.

De lo anterior se colige que, en ningún momento fue voluntad de las partes contratantes constituir esa comisión como un depósito en garantía. Tan es así que en ningún momento se acordó hacer la modificación del punto (20) del Anexo A del Contrato, que es el que específicamente hablaba de las garantías del crédito.

Además, toda vez que las partes no acordaron modificar el punto (9) del referido Anexo A, ni la cláusula Sexta del Contrato, el Partido Socialdemócrata quedó obligado a realizar el pago de la Nueva Comisión en efectivo, a la fecha en que hiciera la primera disposición del crédito.

En ese orden de ideas, debe mencionarse que la Acreditada presentó a Banco Interacciones, con anticipación a la fecha de disposición, la Solicitud de Disposición por el importe total del crédito en un solo acto. Y, en consecuencia, en dicha fecha cubrió en efectivo tanto la comisión por apertura, como la nueva comisión adicional.

Por ende, la Nueva Comisión salió del patrimonio del partido e ingresó al patrimonio de Banco Interacciones desde la fecha en que el Partido Socialdemócrata realizó dicha disposición del crédito.

Así, considerando que de acuerdo a los artículos 1796, 1797 y 1851 del Código Civil Federal, cuando -como es el caso- el Contrato no deja lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se debe estar a la literalidad de sus cláusulas, a cuyo contenido las partes quedaron obligadas desde el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, fecha en que el Contrato se perfeccionó.

No obsta a lo anterior que en su contabilidad el Partido hubiera registrado dicho préstamo como un "depósito en garantía" (como se sigue de la Resolución CG469/2009 publicada en la página de Internet del IFE), pues el cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes.

Así, la determinación del liquidador de catalogar la Nueva Comisión como un depósito en garantía modifica la voluntad expresa de las partes contratantes y, por ende, violenta lo señalado en los artículos 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1852 del Código Civil Federal.

Además, dicha clasificación genera un perjuicio a mi representada pues, además de ser contraria a la naturaleza (jurídica y comercial) de la Nueva Comisión, indebidamente registra como depósito en garantía un monto de $13'110,000.00 (Trece millones ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), que equivale a los $11'400,000.00 (Once millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) de la Nueva Comisión, más el quince por ciento de Impuesto al Valor Agregado de dicha Nueva Comisión.

Es decir, dicha determinación ilegalmente incluye dentro del patrimonio del partido en liquidación una Comisión que, a la fecha de la pérdida de registro, no se encontraba dentro de su esfera de derechos sino que ya era propiedad de mi representada; pero, además, también incluye el Impuesto al Valor Agregado que generó dicha Nueva Comisión, y que corresponde a mi representada enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así, la determinación contenida en la resolución CG267/2010 resulta ilegal al determinar que la cuota concursal que corresponde a mi representada se cubre "MEDIANTE COMPENSACIÓN PROPORCIONAL DE UN DEPÓSITO DE GARANTÍA OUE ADEUDA AL OTRORA PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA EL ACREEDOR", cuando como ya se expuso, el contrato de crédito simple celebrado entre Banco Interacciones y el Partido socialdemócrata, no determinó ningún depósito en garantía y, en consecuencia, BINTER no le adeuda ningún monto a su Acreditado.

Por ende, en la resolución CG267/2010 se debe dar el tratamiento de comisión al monto pagado por el extinto partido a mi representada y, con base en lo anterior, ordenar que se provisione la cuota concursal que le corresponde a BINTER sobre el patrimonio en liquidación.

Como se ha probado a lo largo del presente escrito, la resolución CG267/2010 debe revocarse para efecto de desconocer los créditos referidos en los Agravios Segundo y Tercero; dar el tratamiento adecuado a la Nueva Comisión pactada en el Convenio modificatorio del Contrato y, en consecuencia, ordenar que se provisione la parte que le corresponda a mi representada sobre el patrimonio del extinto Partido Socialdemócrata en liquidación.

Asimismo, deberá modificarse la resolución CG469/2009 (que a la fecha aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación) en los términos referidos en el Agravio Primero, toda vez que adolece de vicios internos no subsanables y vulnera los derechos de mi representada en su carácter de acreedora del Partido Político en liquidación.

[…]"

La demanda del recurso de apelación SUP-RAP-153/2010, promovida por Rosa Carmina Méndez García, en lo conducente, es del tenor siguiente:

"[…]

Con escrito de fecha 24 de septiembre del año 2009 dirigido al Lic. Dionisio Ramos Zepeda en su carácter Interventor para la liquidación del Partido Socialdemócrata solicite el reconocimiento de crédito por adeudos vencidos de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle de 16 de Septiembre No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, en Chilpancingo, Guerrero, por la cantidad de $ 32,200.00, que corresponden a los meses vencidos de los meses de enero-agosto del 2009.

Posteriormente con fecha 21 de diciembre del 2009, se publica en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante el cual se da a conocer la lista de créditos a cargo del Patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, en la cual la suscrita se le incluye en la Referida relación con el No..S.C.I, nombre o denominación del acreedor Rosa Carmina Méndez García, cuantía $ 32,000.00.

Con escrito de fecha 4 de enero del 2010, dirigido al Lic. Dionisio Ramos Zepeda en su mismo carácter, en donde doy cumplimiento en tiempo y forma a los requisitos que se establecen en el Diario Oficial de la Federación, y estar en condiciones para llevar a cabo el cobro del crédito de referencia por un importe de $ 32,000,00. Con fecha 23 de julio se publica en el Diario Oficial de la Federación acuerdo del I.F.E., en donde se aprueba el informe presentado por el interventor del otrora Partido Socialdemócrata y en cual únicamente se me autoriza un crédito por un monto de $ 9,975.00.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante usted mi inconformidad por la forma en que se está llevando a cabo dicha liquidación por un monto de $ 9,975.00, porque como señale en los dos escritos presentados a usted en reclamo del crédito es la misma cantidad de $32,200.00, cantidad que no alcanza a cubrir las rentas de enero-agosto, mes en que el personal del otrora Partido Socialdemócrata me entrego las llaves del inmueble. Se anexan copias de los oficios en comento.

[…]"

SEXTO. Resumen de agravios:

Cabe destacar en primer término, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se debe suplir la deficiencia en la exposición de los motivos de disenso, siempre y cuando éstos se puedan deducir claramente de los hechos expuestos, consecuentemente, dicha suplencia se aplicará en el presente fallo, si es que, en la especie se advierte que las partes apelantes expresaron agravios, aunque su expresión sea deficiente pero existan afirmaciones sobre hechos de los cuales se puedan deducir.

En este sentido, esta Sala Superior ha sostenido que los agravios que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo respectivo.

Ello, siempre que se expresen con claridad las violaciones constitucionales o legales que se consideren fueron cometidas por la responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo aplicable, o en su defecto, aplicó otra sin resultar apropiada al caso concreto, o realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición legal aplicada al caso concreto.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 02/98, emitida por esta Sala Superior y publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 22 y 23, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.—Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada."

Una vez precisado lo anterior, de la lectura integral de los escritos de recursos de apelación se advierte que los promoventes plantean, en esencia, los siguientes agravios:

I. La actora Máxima Servicios Publicitarios, S. C., señala como agravios en el recurso de apelación SUP-RAP-147/2010, lo siguiente:

1. Que la resolución controvertida no está debidamente fundada y motivada, al privarla de su derecho a cobrar la cantidad de $16’744,985.29 (Dieciséis millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 29/100 M. N), por concepto de servicios de publicidad exterior, señalando que de manera arbitraria e ilegal se desconoce el pago de las facturas por el concepto ya señalado.

Señala además que la responsable no le otorgó valor probatorio pleno a las facturas exhibidas para acreditar el servicio prestado, ni señala mediante qué operación aritmética llega a la conclusión de que el adeudo del partido político en liquidación con la hoy actora, es por la cantidad de $4’425,767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M.N.).

2. Que indebidamente el interventor estimó como infundadas sus objeciones, en la inteligencia de que no existe ningún precepto legal del que se desprenda, que se debe otorgar valor probatorio pleno a un álbum fotográfico en lugar de las documentales que amparan las facturas correspondientes.

3. Que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que es incongruente que la responsable señale que se hicieron pagos hasta por la cantidad de $7’509,243.80 (Siete millones quinientos nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 80/100 M. N.), sin indicar o mencionar a qué facturas se refiere dichos pagos, las fechas del supuesto pago o cómo la relaciona con las que en esta instancia se reclama.

4. Que la responsable no funda ni motiva la negativa de pagar las facturas que amparan su pretensión de pago, además, que esta circunstancia hace que se esté ante un acto privativo y de retención de pago sin haberse instaurado procedimiento administrativo alguno, aunado a que la autoridad responsable no funda ni motiva porqué dejó de tomar en cuenta la factura número 10777 que exhibió para reclamar el pago de los adeudos que ahí se relacionan.

II. La recurrente Make Pro, S. A. de C. V. señala como agravios en el recurso de apelación SUP-RAP-149/2010, lo siguiente:

5. Que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad y de audiencia previstas en el artículo 14 constitucional, al ordenar únicamente la publicación del apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" del Informe rendido por el liquidador ante el Consejo General, y que se debió haber publicado en su integridad, lo que le imposibilita defender sus intereses como acreedor del extinto Partido Socialdemócrata, además que la publicación incompleta no le permite conocer si los créditos reconocidos con un mejor derecho que el suyo reúnen los requisitos legales, por lo que no puede alegar porqué le asiste mejor derecho que el de los créditos catalogados como preferentes.

6. Que la resolución controvertida carece de la debida fundamentación y motivación, ya que en ninguna parte se asientan los fundamentos jurídicos ni los razonamientos lógico-jurídicos que llevan a la autoridad responsable a estimar que el informe y el balance de liquidación presentado por el liquidador del partido en liquidación es adecuado, tampoco señala si reúnen ciertos requisitos legales, ni cuáles son los dispositivos que resultan aplicables a las operaciones contables y financieras que realizó el liquidador, además, agrega, que no bastaba que la responsable asumiera competencia, sino que además, debió haber expresado las consideraciones que la llevaron a hacer suyo el informe aludido.

7. Que el acuerdo impugnado carece de una adecuada fundamentación y motivación en relación con la negativa de reconocimiento del crédito que existe a favor de la actora Make Pro, S. A. de C. V., toda vez que no explica las razones que sustentan su negativa de provisionar el adeudo contraído por el partido en liquidación con dicha persona moral, sino que se limita a señalar en la resolución impugnada que no contaba con documentación que soportara el crédito que en su momento había reclamado, a pesar de que tal adeudo, en su concepto, se encuentra registrado en la contabilidad del partido en liquidación y se cuenta con un expediente que contiene, entro otros, una factura, una nota de crédito y un contrato.

8. Que la autoridad responsable dejó de proveer el pago del adeudo que contrajo el partido en liquidación con la actora durante la vigencia de su registro, ya que éste incumplió con su obligación de pagar a la actora hoy apelante, la cantidad de $3’476,231.10 (Tres millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos treinta y un pesos 10/100 M. N.), por concepto de servicios de exhibición y publicidad en salas de cine a nivel nacional sobre campañas institucionales, monto que señala, se encuentra amparada con la factura A 4986.

III. El recurrente Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, señala como agravios en el recurso de apelación SUP-RAP-150/2010, lo siguiente:

9. Señala que impugna la resolución CG469/2009, la cual no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación ni le fue notificada, al efecto, aduce que cuenta con legitimación e interés jurídico para controvertirla, en virtud de que al haberse ordenado en la resolución CG267/2010 su pago con el patrimonio en liquidación, le causa agravio a su esfera jurídica en la medida que afecta el activo del patrimonio del partido en liquidación, reduciendo con ello la factibilidad de cobro del adeudo que adquirió con ella.

Señala también que se encuentra en tiempo para impugnar el acuerdo CG469/2009, ya que no se le ha hecho del conocimiento ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que al desconocer su contenido, el dieciséis de febrero de dos mil diez, sólo objetó ante el interventor que las sanciones que se impusieron al partido político en liquidación se hicieron en fecha posterior al crédito de la actora, por lo que estima que se encuentra en tiempo para impugnar dicho acuerdo.

Agrega además que, si bien el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no prevé expresamente la posibilidad de que personas físicas o morales acreedoras de un partido político en liquidación puedan impugnar las sanciones pecuniarias que se imponen a institutos políticos que pierdan su registro, la hipótesis de procedencia, señala la recurrente, no debe considerarse taxativa sino enunciativa dado que la ley regula situaciones jurídicas ordinarias, de ahí que este tipo de actos deben considerarse impugnables por los acreedores de un partido político en liquidación, para salvaguardar el efectivo acceso a la jurisdicción.

10. En relación con la determinación como preferentes en la prelación de diversos créditos a cargo del partido en liquidación, alega la actora que el liquidador carece de competencia para hacer interpretación alguna de la normatividad electoral, sino a la Unidad de Fiscalización o en su caso el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Por otra parte, señala la recurrente que la conclusión a la que arribó el liquidador respecto de sus objeciones son incorrectas, porque las sanciones objetadas no deben entrar en el orden de prelación, por haber sido impuestas con fecha posterior a aquella en la que quedó firme la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, este aspecto, señala la actora, tiene sustento en lo resuelto por esta Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-308/2009, en el cual, en su concepto, se resolvió que las sanciones de este tipo, si bien al haber sido impuestas con posterioridad a la pérdida de registro del partido en liquidación subsisten, no entran en el orden preferente de las sanciones pecuniarias impuestas por el Instituto Federal Electoral, sino en el mismo nivel que los denominados "demás créditos".

11. Que la autoridad responsable indebidamente determinó el pago de los créditos derivados de multas impuestas por los institutos electorales locales de Michoacán y Yucatán al partido en liquidación.

Al efecto, la actora indica que objetó la inclusión de dichas multas, pues su origen deriva de procedimientos que a nivel local se instauraron en contra del partido en liquidación, por lo que no es procedente confundir una masa de recursos federales que permite hacer frente a créditos de tal carácter, con los adeudos de naturaleza local, asimismo, señala que no obsta a lo anterior, que el partido en liquidación no haya recibido financiamiento estatal, pues el hecho es que la imposición de esas sanciones se realizó en el ámbito de atribuciones de las autoridades electorales locales, por lo que al no haber sido impuestas por el Instituto Federal Electoral, no hay justificación legal que permita hacerles frente con recursos federales.

Además, señala la recurrente que el liquidador carece de competencia para realizar interpretación alguna de la normatividad electoral, al darle respuesta a sus objeciones hechas respecto al reconocimiento de las sanciones impuestas al partido en liquidación por los institutos electorales de Michoacán y Yucatán, que en todo caso, corresponde al Consejo General del referido Instituto establecer la interpretación conducente.

Por otra parte, señala el recurrente que en el acuerdo impugnado de forma indebida se ordena el pago de los créditos derivados de sanciones administrativas impuestas por los institutos electorales locales de Michoacán y Yucatán, sin indicar el orden en que se deben realizar dichos pagos, esto es, si después de cubrir las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral y antes del pago a los acreedores comunes, como se indicó en la lista provisional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, o si ese orden ha sido modificado.

Aunado a lo anterior, señala la recurrente que de la lectura armónica de los artículos 2, párrafo 1, inciso d) y 7, párrafo 1, inciso d), del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, se advierte que las únicas sanciones que se clasifican como preferentes respecto de otros créditos son las impuestas por el Instituto Federal Electoral y no las de otras autoridades electorales locales.

Además, que la apelante no tiene certeza de que la multa impuesta por el Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, mediante acuerdo JGE76/2009 se haya aplicado durante la vigencia del registro del partido en liquidación, ni por el órgano competente, pues de las siglas de la misma no se deduce que dicho acuerdo hubiera sido aprobado por el Consejo General de dicho Instituto.

12. Que la autoridad responsable indebidamente catalogó como depósito en garantía lo que en realidad es una comisión, como se desprende del contrato de apertura de crédito simple y el convenio modificatorio, ambos de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, celebrados entre el Partido Socialdemócrata y el hoy recurrente.

En el capítulo de antecedentes de la demanda, el recurrente señala en el inciso d, que el Partido Socialdemócrata dejó de pagar las exhibiciones mensuales convenidas, correspondientes al cinco de agosto y cinco de septiembre de dos mil nueve, por las cantidades de $5’209,233.00 (Cinco millones doscientos nueve mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.), y $18’326,136.00 (Dieciocho millones trescientos veintiséis mil ciento treinta y seis pesos 00/100 M. N.), respectivamente, sumando un total de $23’535,369.00 (Veintitrés millones quinientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.).

Señala el actor que dicha catalogación le genera perjuicio, pues indebidamente el liquidador registró como depósito en garantía un monto de $13'110,000.00 (Trece millones ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que resulta de la sumatoria de la cantidad de $11'400,000.00 (Once millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), de la nueva comisión convenida por las partes contratantes, más el 15% de Impuesto al Valor Agregado.

Con esa determinación, señala el actor, ilegalmente incluye la responsable dentro del patrimonio del partido en liquidación una comisión que, a la fecha de la pérdida de registro, no se encontraba dentro de su esfera de derechos, sino que ya era propiedad del hoy recurrente; que además, también incluye el Impuesto al Valor Agregado que generó dicha nueva comisión, y que le corresponde enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así, que la determinación contenida en el acuerdo CG267/2010 es ilegal al señalar que la cuota concursal que correspondía al recurrente, se cubre mediante compensación proporcional de un depósito de garantía que adeuda el acreedor al partido en liquidación, cuando en realidad, el contrato de crédito simple celebrado entre Banco Interacciones y el Partido Socialdemócrata no determinó ningún depósito en garantía, consecuentemente, el Banco no le adeuda ningún monto al partido en liquidación.

Por ende, concluye la recurrente, en el acuerdo impugnado se deberá dar el tratamiento de comisión al monto pagado por el extinto partido político al actor y, con base en lo anterior, ordenar que se provisione la cuota concursal que le corresponda sobre el patrimonio en liquidación.

IV. La actora, Rosa Carmina Méndez García, señala en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2010, lo siguiente:

13. Que presenta inconformidad por la forma en que se está llevando a cabo la liquidación del Partido Socialdemócrata, porque en la misma se indica que se le reconoce un adeudo por la cantidad de $9,975.00 (Nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.), por concepto del arrendamiento de un inmueble de su propiedad, cuando en realidad la cantidad que se le adeuda es de $32,200.00 (Treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.).

SÉPTIMO. Procedimiento de liquidación de un partido político que le sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

I. Marco normativo:

Al efecto, cabe precisar el marco normativo que rige en el procedimiento de liquidación de un partido político cuando le sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral:

El artículo 41, base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, señala:

"Artículo 41.

II.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación."

Por su parte, el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que interesa, señala:

"Artículo 103

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 de este Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en este Código;

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 de este Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el interventor designado deberá:

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral."

Finalmente, los artículos 5, 7, 10, 12, 16, 17, 18, del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, señalan:

"Artículo 5

1. A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político hasta en tanto quede firme la resolución o declaratoria de pérdida de registro correspondiente.

Artículo 7

1. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 del Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en el Código, y dichas resoluciones hayan sido confirmadas por el Tribunal Electoral en caso de que hubieren sido impugnadas, el interventor designado deberá:

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

b) Determinar los montos de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

c) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones se pagarán las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto al partido político involucrado; si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

e) Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

Artículo 10

De la liquidación del partido político

1. En cualquier caso, el partido político que hubiere perdido su registro se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el interventor a nombre del partido político son las siguientes:

a) La presentación de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña a que se refiere el artículo 83 del Código;

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General; y

c) Las demás adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

2. Desde el momento en que hubiere perdido su registro, ningún partido político podrá realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de solventar sus obligaciones.

3. Los dirigentes, administradores y representantes legales de los partidos políticos serán los responsables respecto de las operaciones realizadas en contravención de lo previsto por el Código, el presente Reglamento y demás leyes aplicables.

Artículo 12

1. A partir de su designación, el interventor se hará cargo de la administración del partido político y entrará en posesión de sus bienes y derechos, contando con las más amplias facultades para actos de dominio.

2. El interventor será el encargado de administrar el patrimonio del partido político con la finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

Asimismo, tendrá derecho a una remuneración o pago de honorarios por su labor, la cual será determinada por la Unidad de Fiscalización, a propuesta de su titular y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración para su definición y concreción. A efecto de cumplir con esta obligación, el Instituto incluirá en el proyecto de presupuesto correspondiente, una partida que cubra el pago de los servicios profesionales de al menos, dos interventores. Tratándose de pérdida del registro por disolución del partido político, la Unidad de Fiscalización acordará con la Dirección Ejecutiva de Administración la forma, términos y condiciones en las que se remunerarán los servicios del interventor durante el procedimiento de liquidación previsto en este Reglamento. En todo caso, los recursos erogados para el pago de la remuneración de los interventores se incluirán en los adeudos del partido político, de forma tal que si fuera factible su recuperación sean reintegrados a la Federación. En todo caso, si no se utilizaran los recursos para el pago de los servicios de los interventores se reintegrarán a la Federación.

Artículo 16

1. De conformidad con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V, del Código, el interventor deberá presentar al Consejo General un informe que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado.

2. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a que queden firmes las sentencias del Tribunal Electoral de los recursos de apelación que, en su caso, promoviera el partido político, con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de los informes anuales y de campaña, el interventor deberá rendir un Informe al Consejo General, utilizando el formato 2 anexo a este Reglamento que contendrá, al menos, lo siguiente:

a) Una relación de los ingresos obtenidos por la venta de bienes, la cual deberá contener la descripción del bien vendido, el importe de la venta, así como el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de la persona que adquirió el bien;

b) Una relación de las cuentas cobradas, la cual deberá contener el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de los deudores del partido político, así como el monto y la forma en que fueron pagados los adeudos;

c) Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación, la cual deberá contener el nombre, dirección, teléfono y clave de elector o en su caso, el registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de las personas a las cuales les debía el partido político, así como el monto y la forma en que se efectuaron los pagos; y

d) En su caso, una relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados y los cobros no realizados.

Artículo 17

1. Para liquidar todos los bienes y pagar los adeudos del partido político, el interventor deberá aplicar los criterios de prelación establecidos en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV del Código, así como lo señalado en este Reglamento y si aún quedaren recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

2. El procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del partido político, se realizará de la siguiente manera:

a) El interventor deberá formular una lista de créditos a cargo del partido político en liquidación, con base en la contabilidad del instituto político, los demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como las solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten;

b) Una vez elaborada la lista de acreedores, el interventor deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que aquellas personas que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para solicitar el reconocimiento de crédito en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación respectiva;

c) Las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán contener lo siguiente:

I. Nombre completo, firma y domicilio del acreedor;

II. La cuantía del crédito;

III. Las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de documento que acredite éste, en original o copia certificada; y

IV. Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, o judicial que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.

d) En caso de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y demostrar que inició el trámite para obtenerlo;

e) Transcurrido ese plazo, el interventor deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, una lista que contenga el reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de los créditos, fijados en los términos del Reglamento; y

f) El procedimiento descrito se deberá realizar una vez que hayan quedado firmes las sentencias recaídas a los recursos de apelación interpuestos con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de los informes anuales y de campaña del otrora partido político que hubiere perdido su registro.

Artículo 18

1. En concordancia con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción VI del Código, en el caso de existir un saldo final positivo, deberá ajustarse a lo siguiente:

a) Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el interventor emitirá cheques a favor del Instituto, que serán entregados a la Unidad de Fiscalización, con la única finalidad de que los recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación; y

b) Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor llevará a cabo los trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto, con la única finalidad de que los bienes sean transferidos al SAE para que éste determine el destino final de los mismos con base en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

2. Después de que el interventor culmine con las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, procederá a elaborar un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido político que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos. El informe será entregado a la Unidad de Fiscalización para su posterior remisión al Consejo General."

De los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios relacionados con el procedimiento de liquidación de un partido político que ha perdido su registro, en esencia, se desprende lo siguiente:

El partido político que hubiere perdido su registro se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro.

La ley y el reglamento respectivos regularán el procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro.

Para dicho procedimiento, el Instituto Federal Electoral estará a lo que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a lo que determine su Consejo General.

En ese sentido, el artículo 103 del código señalado, dispone diversos actos que se deberán realizar en ese tipo de casos, a saber:

a) Realizados los cómputos distritales de la elección inmediata anterior, un partido político nacional no alcanza el porcentaje mínimo de votos, la Unidad de Fiscalización designará inmediatamente a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate.

b) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político en liquidación, además, será el encargado de administrar el patrimonio del partido político con la finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

c) Una vez que la Junta General Ejecutiva del Instituto, emita la declaratoria de pérdida de registro legal del partido político en cuestión, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal del instituto político afectado, el interventor, en el orden que se refiere, deberá:

1. Emitir el aviso de liquidación del partido político de que se trate, el cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales que correspondan.

2. Establecer las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación.

3. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones.

4. Ordenar lo necesario para cumplir con las obligaciones laborales y fiscales, una vez cubiertas estas obligaciones, si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones las contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido en liquidación, para esto, deberá aplicar los criterios de prelación establecidos en el referido artículo 103, del código, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

5. Formular un informe de lo actuado, el cual deberá contener el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias.

6. El informe que antecede, deberá someterse a la aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y una vez aprobado éste, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación referido.

7. Los acuerdos del Consejo General señalado serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

Por otra parte, cabe precisar que en el procedimiento en comento, para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del partido político en liquidación, el interventor deberá observar lo siguiente:

a) Formular una lista de créditos a cargo del partido político en liquidación, con base en la contabilidad del mismo, los demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como las solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten.

b) La referida lista de créditos, se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que aquellas personas que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para solicitar el reconocimiento de crédito.

c) Las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán contener, entre otros, la cuantía del crédito; las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de documento que acredite éste, en original o copia certificada.

d) Se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación, una lista que contenga el reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de los créditos.

e) El interventor procederá a elaborar un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido político que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos.

f) Finalmente el informe será entregado a la Unidad de Fiscalización para su posterior remisión al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para de ser el caso, aprobarlo.

Cabe precisar que una vez cubiertas las obligaciones de carácter laboral y fiscal, así como las contraídas con acreedores y proveedores, en caso, de que quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación.

II. Actos relacionados con el procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata:

Ahora bien, a fin de integrar el procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata, se realizaron diversos actos que dio lugar a la resolución CG267/2010, de veintiuno de julio de dos mil diez, mediante la cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el informe presentado por el interventor del instituto político en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional, acto que concluye el procedimiento de liquidación de dicho partido político.

Lo anterior, como se verifica a continuación:

El veintisiete de octubre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso del interventor, mediante el cual dio a conocer la liquidación del Partido Socialdemócrata, de este aviso, en esencia, se desprende:

a) Su publicación fue para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

b) El partido político en liquidación sólo subsistía para cumplir con sus obligaciones contraídas con anterioridad al veintitrés de septiembre de dos mil nueve.

c) El reconocimiento de acreedores cuyo crédito se había originado antes del veintitrés de septiembre señalado, se realizaría previa convocatoria.

El veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, información por la que se daba a conocer la lista de créditos a cargo del patrimonio del entonces Partido Socialdemócrata, se emitía convocatoria a las personas que consideraran que les asistía un derecho como acreedores del otrora partido político, y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

La publicación anterior, incluyó como información las siguientes:

a) Se hacía del conocimiento de los interesados la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, la cual había sido elaborada con base en la contabilidad del entonces partido político, documentación que había permitido conocer su pasivo y en las solicitudes de reconocimiento de crédito presentadas hasta el diez de noviembre de dos mil nueve, aclarando que la misma tenía el carácter de provisional.

b) Se daba a conocer el procedimiento que se seguiría para el reconocimiento de los créditos y el eventual pago de los mismos, en virtud de que ningún embargo, requerimiento o crédito del patrimonio del instituto político podría ser ejecutado o cubierto, hasta después de haber agotado el procedimiento, de conformidad con los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal; 103, numeral 1, inciso d), fracción V, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, inciso e) y 16, numeral 1, del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral.

c) La información de mérito incluía la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, con los siguientes rubros:

1. Créditos que se provisionaban para su reconocimiento.

2. Créditos que se provisionaban para su reconocimiento, pero que quedaban sujetos a la presentación de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional que haya causado estado, en el documento se aclara que a la lista se añadirían las sanciones que en su caso impondría el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por irregularidades encontradas en la revisión de informes de campaña y anual del ejercicio 2009 del otrora partido político.

3. Razones por las que se provisiona el reconocimiento de cada uno de los créditos.

4. Acreedores que presentaron solicitudes de reconocimiento de crédito o que se encuentran registrados en la contabilidad y que no se provisiona su reconocimiento por las razones ahí indicadas, en el documento se precisa que a las personas físicas o morales incluidas en las listas anteriores, no se les garantizaba la inclusión en la relación que corresponde al reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata que sería aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral; además, que no garantizaba la existencia suficiente de los recursos para cubrir parcial o totalmente el importe de los créditos señalados.

5. Con fundamento en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal; 103, incisos c) y d), de la fracción I y II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, 16 y 17, del Reglamento ya referido, dicha información incluyó la convocatoria respectiva al tenor siguiente:

"…

PROCEDIMIENTO

a) Se convoca

1.A todas las personas que consideren les asiste un derecho y que no fueron incluidas en las listas señaladas en los recuadros anteriores, podrán presentar su solicitud de reconocimiento de crédito ante el Interventor en los términos del procedimiento instaurado en la presente, dentro de un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la presente publicación.

2.Las personas físicas o morales que fueron incluidas en los recuadros anteriores pero que consideran que la cuantía es distinta al monto que tienen derecho, podrán presentar su objeción, ante el interventor en los términos señalados, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente publicación.

3.Por lo que respecta a las personas que el reconocimiento de créditos les depara un perjuicio, podrán presentar de igual forma su objeción ante el Interventor en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la presente publicación.

Los acreedores que tengan créditos originados por actos realizados por los comités estatales que no se señalan en la presente publicación deberán solicitar su reconocimiento de crédito de conformidad con la reglamentación estatal aplicable y ante los órganos electorales estatales competentes, por tener financiamiento público estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 Constitucional, fracción IV, inciso g).

Contra el patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata que se encuentra en posesión del Interventor, sólo procederá el reconocimiento de créditos por actos del Comité Ejecutivo Nacional o de los Comités Estatales que nunca han recibido financiamiento público estatal, que son: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, y Zacatecas, originados antes del 23 de septiembre de 2009.

b)Solicitud:

1.Las solicitudes de reconocimiento de crédito y las objeciones deberán ser presentadas dentro de un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presente publicación en TEJOCOTES 164 PISO 6, COLONIA Tlacoquemecatl DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL C. P. 03200. En días hábiles en un horario de 10:00 a 17:00 horas. Para efectos de esta convocatoria se consideran días inhábiles los establecidos para el Instituto Federal Electoral, incluyendo el periodo del 22 de diciembre de 2009 al 6 de enero de 2010.

2.No obstante lo anterior, y a efecto de que la Unidad de Fiscalización pueda validar el procedimiento de reconocimiento de créditos del otrora Partido Político Socialdemócrata en liquidación, todas las solicitudes de reconocimiento de crédito, incluidas las que se enlistan en la presente convocatoria, deberán ser pre-registradas en internet mediante el portal del Instituto Federal Electoral en el siguiente link: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas. En el cual se emitirá un acuse de recibo, mismo que deberá ser presentado en el momento en que se realice
el registro.

3.Asimismo, aquellos acreedores que así lo deseen, podrán enviar sus respectivas solicitudes de reconocimiento de crédito u objeciones y sus anexos, mediante correo certificado con acuse
de recibo al domicilio señalado en esta convocatoria.

c)Requisitos:

De conformidad con el artículo 17, párrafo 2, inciso c) del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán contener los siguientes requisitos:

1.Presentar escrito dirigido al Interventor, que deberá señalar:

a)Nombre completo o denominación social del Acreedor.

b)En caso de persona moral el nombre completo del representante legal.

c)El domicilio Fiscal del acreedor;

d)El domicilio para oír y recibir notificaciones;

e)El Registro Federal de Contribuyentes del Acreedor.

f)El número telefónico del Acreedor;

g)La fecha en que se originó el crédito, que en todo caso deberá ser anterior al 23 de septiembre de 2009.

h)El origen de crédito que se trate: Laboral, Fiscal, Mercantil o Civil.

i)Una breve descripción del origen del crédito, servicios prestados o bienes vendidos.

j)La cuantía del crédito;

k)Las garantías, condiciones y términos del crédito;

l)Tipo de documentación que acredite el crédito en original o copia certificada; y

m)Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo laboral, o judicial que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.

2.Las solicitudes de reconocimiento de crédito, deberán estar debidamente firmadas.

3.Las solicitudes de reconocimiento de crédito, deberán ir acompañadas de:

a)Copia de la Identificación del Acreedor o en su caso del representante legal de éste que suscriba a la solicitud de reconocimiento;

b)En caso de que el Acreedor sea persona moral, se deberá acompañar copia certificada del acta constitutiva y del poder en donde consten las facultades del representante que solicita el reconocimiento, ambas debidamente inscritas en el Registro Público que le corresponda;

c)Los documentos comprobatorios del crédito en original o copia certificada;

d)Para el supuesto de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y adjuntar la documentación que acredite el inició el trámite para obtenerlos.

4.En el caso que un acreedor tenga más de un crédito pendiente, deberá presentar una solicitud de reconocimiento por cada crédito que se pretenda sea reconocido.

5.Acuse de recibo del pre-registro realizado en el portal de internet del Instituto Federal Electoral, señalado en el apartado B) solicitud, numeral 2 de esta publicación.

Por lo que respecta a las objeciones en contra de la lista de créditos aquí señaladas, éstas deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

1.Deberán ser presentadas por escrito dirigido al Interventor, y señalar:

a)Nombre completo o denominación social del Acreedor.

b)En caso de persona moral el nombre completo del representante legal que la firma.

c)El domicilio Fiscal del acreedor;

d)El domicilio para oír y recibir notificaciones;

e)El Registro Federal de Contribuyentes del Acreedor.

f)El número telefónico del promovente;

g)Los motivos por los que estima no fueron considerados sus derechos o los perjuicios que estime le cause el provisionamiento para reconocimiento de un crédito en particular.

2.Las objeciones a la lista deberán estar debidamente firmadas.

3.Estas objeciones a la lista deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a)Copia de la Identificación del Acreedor o en su caso del representante legal de éste que suscriba la objeción;

b)En caso de que el promovente sea persona moral, se deberá acompañar copia certificada del acta constitutiva y del poder en donde consten las facultades del representante que objeta la lista, ambas debidamente inscritas en el Registro Público que le corresponda;

c)Las pruebas que estime pertinentes en original o copia certificada;

d)En caso de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y adjuntar la documentación que acredite el inició el trámite para obtenerlos.

4.Cuando se objete más de un crédito, se deberá presentar una objeción por cada crédito que se trate.

d)Asuntos Generales:

Transcurrido el plazo de 30 días hábiles que se señala en la presente publicación, previa valoración de las solicitudes de reconocimiento de crédito que se presenten, y de las objeciones contra la lista, de conformidad el artículo 17, numeral 2, inciso e) del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, se elaborará y se dará a conocer la lista de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, que será incluida en el Balance de Liquidación que será presentado al Consejo General del Instituto Federal Electoral en términos de los artículos 103, numeral I, inciso d), fracción V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, numeral 1, inciso e) y 16, numeral 1 del Reglamento multicitado, contra esta lista no procederá objeción alguna hasta que sea aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En apego a lo anterior y previa determinación del monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones del otrora Partido Socialdemócrata, el Interventor someterá al Consejo General del Instituto Federal Electoral el Balance de Liquidación del otrora Partido Socialdemócrata.

Una vez aprobado el Balance de Liquidación del otrora Partido Socialdemócrata, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dará a conocer el Balance de Liquidación del otrora Partido Político, el que contendrá la lista definitiva de reconocimiento, cuantía, acción y prelación de los créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido.

Al causar estado el Balance de Liquidación, se procederá al pago en el orden de graduación y prelación que en la lista definitiva se establezca, hasta agotar los recursos disponibles para hacer frente a las obligaciones.

Se hace del conocimiento que en el caso de que una persona por sí o por medio de otra solicite el reconocimiento de un crédito inexistente o simulado, se hará acreedora de una sanción conforme a los artículos 274 de la Ley de Concursos Mercantiles y 387, fracción X del Código Penal Federal.

…"

El veintiuno de julio de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió la resolución número CG267/2010, por la que aprobó el informe presentado por el Interventor del otrora Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del entonces instituto político.

El informe señalado contiene los siguientes apartados: I) INFORME DE LO ACTUADO, II) BALANCE DE LIQUIDACIÓN, III) NOTAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN, IV) LISTAS DEFINITIVA DE ACREEDORES, y V) INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio siguiente, incluyendo la resolución referida y el apartado IV, relativo a la "Lista Definitiva de Acreedores", contenido en el informe de lo actuado y balance de liquidación.

OCTAVO. Estudio de fondo.

Por razón de método, los conceptos de agravio serán estudiados en orden distinto al que fueron planteados por los recurrentes, sin que esto implique, de forma alguna, una afectación jurídica a los impetrantes, porque lo fundamental es que los agravios formulados sean estudiados en su totalidad y se pronuncie una determinación al respecto, con independencia del método que se adopte para su examen.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/2000 de esta Sala Superior, identificada bajo el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."

I. Conceptos de agravio relacionados con multas impuestas por autoridades administrativas electorales.

Agravios de Banco Interacciones, S. A.:

En relación con el agravio identificado con el numeral 9, el actor impugna la resolución CG469/2009, la cual no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación ni le ha sido notificada, al efecto, aduce que cuenta con legitimación e interés jurídico para controvertirla, en virtud de que al haberse ordenado en el acuerdo CG267/2010 su pago con el patrimonio en liquidación, le causa agravio a su esfera jurídica en la medida que afecta el activo del patrimonio del partido en liquidación, reduciendo con ello la factibilidad de cobro del adeudo que adquirió con ella.

Señala el recurrente que se encuentra en tiempo para impugnar el acuerdo CG469/2009, ya que no se le ha hecho del conocimiento ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que al desconocer su contenido, el dieciséis de febrero de dos mil diez, sólo objetó ante el liquidador que las sanciones que se impusieron al partido político en liquidación se realizaron en fecha posterior al crédito de la actora, por lo que estima que se encuentra en tiempo para impugnar dicho el acuerdo.

Además agrega el accionante, que si bien el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no prevé expresamente la posibilidad de que personas físicas o morales acreedoras de un partido político en liquidación puedan impugnar las sanciones pecuniarias que se imponen a institutos políticos que pierdan su registro, la hipótesis de procedencia no debe considerarse taxativa sino enunciativa dado que la ley regula situaciones jurídicas ordinarias, de ahí que este tipo de actos deben considerarse impugnables por los acreedores de un partido político en liquidación, para salvaguardar el efectivo acceso a la jurisdicción.

Al respecto, esta Sala Superior estima infundado el presente agravio.

Para ello, conviene señalar lo siguiente:

El veintiocho de septiembre de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución número CG469/2009, relativa a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio de 2008.

En dicha resolución, el órgano administrativo electoral determinó sancionar al Partido Socialdemócrata, al tenor siguiente:

"[…]

a) La reducción del 35% (treinta y cinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,437,508.02 (cuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ocho pesos 02/100 M.N.).

b) Una multa consistente en 2,568 (dos mil quinientos sesenta y ocho) días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año dos mil ocho, equivalente a $135,051.12 (ciento treinta y cinco mil cincuenta y un pesos 12/100 M.N.).

c) La reducción del 10% (diez por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,475,275.14 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos 14/100 M.N.).

d) La reducción del 5% (cinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $566,256.46 (quinientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.).

e) Una multa consistente en 10 (diez) días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año dos mil ocho, equivalente a $525.90 (quinientos veinticinco pesos 90/100 M.N.).

[…]"

El veintiocho de octubre de dos mil nueve, inconformes con la resolución CG469/2009 que antecede, Dionisio Ramos Zepeda, en su carácter de interventor del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del Partido Socialdemócrata, partido político en liquidación, y Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales en esta Sala Superior se les asignó los números de expediente SUP-RAP-308/2009 y SUP-RAP-321/2009.

El dieciséis de diciembre de dos mil nueve, los recursos de apelación mencionados, esta Sala Superior los resolvió en forma acumulada, en el sentido de confirmar la resolución CG469/2009.

Ahora bien, lo infundado del agravio radica en que el acuerdo controvertido por la actora es definitivo y firme por lo siguiente:

Los artículos 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 186 de la Ley Orgánica  y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, disponen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"ARTÍCULO 99

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

...

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales y legales;

(...)"

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

"ARTÍCULO 186

En términos de lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, 60, párrafos segundo y tercero, y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para:

...

III. Resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:

a) Actos y resoluciones de la autoridad electoral federal distintos a los señalados en las fracciones I y II anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

(...)"

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

"ARTÍCULO 25

1. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de aquéllas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Segundo de este ordenamiento."

De la lectura de los artículos transcritos se desprende que las sentencias dictadas en única instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los distintos asuntos de su jurisdicción y competencia, son definitivas e inatacables, entre las cuales se encuentran las pronunciadas en los recursos de apelación, lo que imposibilita jurídica y materialmente su revisión a través de la interposición de otro medio impugnativo, tendente a lograr su modificación o revocación.

En la especie, la actora pretende impugnar la resolución CG469/2009, cuando la misma ya fue sujeta a examen con sentencia definitiva por esta Sala Superior, de otro modo, acoger su pretensión implicaría no sólo hacer de lado la sentencia en cuestión con carácter de definitiva, sino también sujetar a un nuevo escrutinio jurisdiccional un acto que ya fue confirmado como jurídicamente válido por esta Sala Superior, es decir, someter a un nuevo análisis tanto la resolución en comento como la sentencia mediante la cual se confirmó el mismo, circunstancias que ni la Constitución y las leyes facultan a la Sala Superior actuar en ese sentido.

En el caso, es inconcuso que el agravio bajo análisis del actor Banco Interacciones, S. A., consiste en impugnar la resolución CG469/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la cual, por sentencia definitiva e inatacable de esta Sala Superior dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-308/2009 y acumulado, el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, fue confirmada y por ende las sanciones que en la misma impuso la autoridad administrativa electoral al entonces Partido Socialdemócrata quedaron firmes.

En este sentido, no se analizan las alegaciones que la persona moral actora expone en relación con la supuesta ilegalidad de la resolución CG469/2009, en la medida que su pretensión la encamina a que esta Sala Superior la revoque y, en consecuencia, deje sin efectos las sanciones que en la misma se impusieron al partido político en liquidación, circunstancia que es inviable, según se mencionó en parágrafos precedentes, ya que la resolución que ahora la recurrente pretende controvertir ha quedado firme por virtud de la sentencia de esta Sala Superior, misma que es definitiva e inatacable.

En cuanto al agravio identificado con el numeral 10, relativo a que el liquidador carece de competencia para hacer interpretación alguna de la normatividad electoral, en particular, al determinar como preferentes en la prelación, diversos créditos a cargo del partido en liquidación, ya que es la Unidad de Fiscalización o en su caso el Consejo General del Instituto Federal Electoral quienes podrían realizar tal interpretación, se considera infundado, por lo siguiente:

De la lectura literal de los apartados del informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio del presente año, páginas 85 y 86, relativo a las objeciones presentadas a la lista provisional, se desprende que la actora formuló objeción en relación al orden de prelación que se les dio a los créditos a favor del Instituto Federal Electoral, con motivo de las sanciones impuestas al Partido Socialdemócrata, en la resolución CG469/2009 del Consejo General del Instituto.

Al respecto, el liquidador produjo respuesta en idénticos términos a dichas objeciones al tenor siguiente:

"LA OBJECIÓN RESULTA INFUNDADA POR VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN I INCISO d) DEL REGLAMENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES DE LOS PARTIDOS QUE PIERDAN O LES SEAN CANCELADOS SU REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PREVÉ LA PRELACIÓN QUE TIENEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SOBRE EL LOS CRÉDITOS COMUNES COMO ES EL CASO DEL CRÉDITO DE BANCO INTERACCIONES, SIENDO PRECISAMENTE MATERIA DEL SUP-RAP-0308-2009, LA PROCEDENCIA DE DICHAS SANCIONES, NO OBSTANTE QUE FUERON IMPUESTAS INCLUSIVE DESPUÉS DE HABERSE PERDIDO EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO."

Al respecto, cabe señalar el contenido del artículo 7, párrafo 1, inciso d), del Reglamento de Liquidación señalado, que tomó en cuenta el interventor del partido político en liquidación, el cual refiere literalmente:

"…

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones se pagarán las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto al partido político involucrado; si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

…"

Ahora bien, a la luz de las objeciones formuladas por la actora, la cita expresa por el liquidador del artículo 7, párrafo 1, inciso d), del Reglamento referido y su aplicación concreta, se concluye de manera indubitable que el liquidador en momento alguno estableció algún tipo de interpretación al precepto reglamentario en específico.

Lo anterior, como se constata de la respuesta que el liquidador dio a las objeciones de la actora arriba reproducida, en la cual se ciñó a citar la parte que consideró aplicable de la norma reglamentaria para sostener la procedencia de la prelación que el precepto regula.

En este tenor, no se advierte en este apartado del informe que el liquidador hubiera realizado algún tipo de interpretación conforme a los criterios previstos en el artículo 2 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino por el contrario, lo que realizó fue aplicar en forma estricta el artículo 7, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Liquidación citado, disposición que a la vez encuentra sustento en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con independencia de lo anterior, cabe señalar que el interventor, en el ámbito de su competencia, se encuentra en aptitud de proveer el contenido y alcance de las disposiciones del código sustantivo electoral y del reglamento de la materia, y no sólo aplicarlas de manera estricta.

En mérito de lo expuesto es que resulta infundado esta parte del agravio analizado.

Por otra parte, en cuanto al motivo de disenso relativo a que la conclusión a la que arribó el liquidador respecto de su objeción relacionada con las multas impuestas al partido en liquidación mediante resolución CG469/2009, es incorrecta, porque las sanciones no debían entrar en el orden de prelación, por haber sido impuestas con fecha posterior a aquella en la que quedó firme la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, este aspecto, señala la recurrente, tiene sustento en lo resuelto por esta Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-308/2009 y su acumulado, en el que se determinó, en su concepto, que las sanciones de este tipo, si bien al haber sido impuestas con posterioridad a la pérdida de registro del partido en liquidación subsisten, no entran en el orden preferente de las sanciones pecuniarias impuestas por el Instituto Federal Electoral, sino en el mismo nivel que los denominados "demás créditos".

En concepto de este órgano jurisdiccional es infundado el presente agravio.

Lo anterior, porque la recurrente parte de la premisa errónea de que en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-308/2009 y su acumulado, se determinó que si bien las sanciones pecuniarias impuestas con posterioridad a la pérdida de registro del partido en liquidación subsistían, no entraban al orden preferente de las sanciones económicas impuestas por el Instituto Federal Electoral, sino en el mismo nivel que los denominados "demás créditos".

Lo anterior, así se desprende de la sentencia del recurso de apelación mencionado, cuya parte que interesa, señala lo siguiente:

"[…]

No le asiste razón jurídica a los apelantes, cuando argumentan que como consecuencia de la pérdida de registro, éste no se encuentra obligado a pagar las sanciones impuestas con posterioridad a que quedó firme la resolución que aprobó la pérdida del registro, ya que únicamente subsisten sus obligaciones en materia de fiscalización, de ahí que no esté obligado a pagar las sanciones impuestas en la resolución impugnada.

De una interpretación gramatical de los incisos b) y c) anteriores [artículo 10 del Reglamento para la Liquidación aludido], se llega a la conclusión de que el interventor a cargo del procedimiento de liquidación del partido recurrente, únicamente está constreñido legalmente a pagar aquellas sanciones que le hayan sido impuestas al instituto político actor, hasta antes de perder su registro, lo cual acaeció el veintiuno de agosto de dos mil nueve, así como las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro como partido político; sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente para aclarar cuales son las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro y cuáles son las sanciones a que se haya hecho acreedor el partido político hasta antes de perder su registro.

De ahí que para desentrañar el verdadero sentido de los incisos b) y c) mencionados del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, es necesario realizar una interpretación sistemática y funcional de los mismos.

Así, el artículo 7, incisos b) y d) del reglamento en comento, impone la obligación al interventor de determinar los montos de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación, asimismo, se prevé que en primer término se cubrirán las obligaciones laborales, hecho lo cual, se deben cubrir las obligaciones fiscales, en tercer término las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto Federal Electoral al partido político en liquidación, una vez cumplidas estas, si quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores.

De ahí que, una vez que quede firme la presente ejecutoria, el interventor contará con veinte días hábiles para rendir un informe al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que se contenga, entre otros datos, una relación de las deudas pendientes, dentro de cuyo rubro deberá incluirse las sanciones que en su caso se impongan al partido en liquidación con motivo de los informes anuales, bajo el rubro de deudas adquiridas durante la vigencia del registro como partido político, tal y como lo expresó la autoridad responsable.

Estimar lo contrario, como equívocamente lo pretenden los apelantes, nos llevaría al absurdo de afirmar que la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos, tratándose de partidos que han perdido su registro, no puedan sancionarse so pretexto de la temporalidad en que se emitió la resolución impugnada –posterior a la fecha en que quedó firme la resolución que declaró la perdida del registro–, lo cual resulta jurídicamente insostenible, pues como quedó demostrado, el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, hace alusión expresa a considerar y reportar las resoluciones que se emitan con motivo de la revisión de los informes anuales, de ahí que subsista la obligación de pago por parte del interventor.

Lo que evidencia que las sanciones que se impongan en esa clase de resoluciones deban reputarse dentro del rubro de las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro del partido político, como acertadamente lo adujo el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues las mismas son consecuencia del ejercicio del financiamiento público recibido por el partido durante en año dos mil ocho, anualidad en la que tenía vigente su registro.

De lo hasta aquí argumentado, también se colige que si bien el interventor está obligado a pagar únicamente las sanciones a que el partido en liquidación se hizo acreedor, hasta antes de perder su registro, empero, dicha limitación opera únicamente para el caso de sanciones que se impongan por conceptos diversos a la revisión de informes anuales de gastos, al ser la misma, consecuencia directa de la fiscalización del financiamiento público recibido por el partido en liquidación durante la vigencia de su registro, de ahí que en términos del artículo 32, fracción 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, subsista la obligación de los dirigentes y candidatos de cumplir con las obligaciones derivadas en materia de fiscalización, hasta la conclusión del procedimiento de liquidación.

Por tanto, las conductas –activas u omisivas– de los partidos políticos, aún en el caso de aquellos que hayan perdido su registro o les haya sido cancelado, que contravengan la normativa de fiscalización establecida tanto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o sus reglamentos relativos, debe ser eficazmente sancionada, tal y como lo consideró la autoridad responsable en la resolución impugnada.

Sentado lo anterior, en el caso de nuestra atención, tenemos que el artículo 32, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, preceptúa que la pérdida de registro extingue la personalidad jurídica del partido político, sin embargo, sus dirigentes y candidatos deberán cumplir con las obligaciones en materia de fiscalización que establece el código invocado, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Dicho artículo, si bien es cierto resulta jerárquicamente superior al artículo 10 del Reglamento de Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, sin embargo, ello no significa que citado numeral resulte ilegal, ya que no modifica o altera el contenido de una ley -artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales-, al detallar que el interventor debe pagar, entre otras, las obligaciones del partido político en liquidación, las contraídas durante la vigencia de su registro, dentro de las que subsisten las emitidas en materia de fiscalización, lo que evidencia que el artículo en comento, no contiene mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las previstas en la ley.

Lo anterior evidencia que dentro de las obligaciones que subsisten en materia de fiscalización, después de la pérdida del registro de un partido político, está la de rendir el informe anual sobre ingresos y egresos.

Por tanto, resulta inconcuso que si el origen de las sanciones contenidas en la resolución impugnada, encuentran su sustento en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio de dos mil ocho, ello demuestra que la subsistencia de las obligaciones en materia de fiscalización comprende las sanciones derivadas de irregularidades detectadas en la revisión de dichos informes.

Luego, si la rendición de dichos informes está contemplada como parte de las obligaciones en materia de fiscalización para los partidos políticos, aún para aquellos que han perdido su registro, tanto en el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, resulta incontrovertible que el hecho de que lo dispuesto en el numeral invocado, no se ve trasgredido por la redacción del artículo 10 del Reglamento de Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, pues el mismo resulta acorde con la ley que reglamenta, de ahí que el agravio en estudio resulta infundado.

[…]"

De la trascripción anterior, en esencia, se desprende lo siguiente:

Las sanciones impuestas con motivo de la revisión de informes anuales de ingresos y egresos, tratándose de partidos políticos que han perdido su registro, con independencia de la temporalidad en que se emita la resolución impugnada (posterior a la fecha en que quedó firme la resolución que declaró la pérdida del registro), subsiste la obligación de pago por parte del interventor.

El interventor a cargo del procedimiento de liquidación de un partido político, únicamente está obligado a pagar aquellas sanciones que hayan sido impuestas al instituto político, hasta antes de perder su registro, así como las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

Que la anterior interpretación es insuficiente para aclarar cuáles son las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro y cuáles son las sanciones a que se haya hecho acreedor el partido político hasta antes de perder su registro.

Hecha la interpretación sistemática y funcional correspondiente, se concluye que el interventor se encuentra obligado a considerar dentro de los adeudos del partido en liquidación aquellas sanciones que se impongan con motivo de la revisión de informes anuales y de campaña.

Una vez que quedara firme la ejecutoria en particular, el interventor debía rendir un informe al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que incluyera, entre otros datos, una relación de las deudas pendientes, dentro de cuyo rubro debe incluir las sanciones impuestas al partido en liquidación con motivo de los informes anuales, bajo el rubro de deudas adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

Que no es válido sostener que la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos, tratándose de partidos que han perdido su registro, no pudieran sancionarse so pretexto de la temporalidad en que se emitiera la resolución impugnada –posterior a la fecha en que quedó firme la resolución que declaró la pérdida del registro–, lo cual resultaría insostenible, de ahí que subsistía la obligación de pago por parte del interventor.

Las sanciones que se impusieran con motivo de los informes anuales de ingresos y egresos, deben considerarse dentro del rubro de las "demás" adquiridas durante la vigencia del registro del partido político, en tanto son consecuencia del ejercicio del financiamiento público recibido por el partido durante el año dos mil ocho, anualidad en la que tenía vigente su registro.

Que si el origen de las sanciones contenidas en la resolución CG469/2009 se sustentaba en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio de dos mil ocho, resultaba inconcuso que la subsistencia de las obligaciones en materia de fiscalización comprendía las sanciones derivadas de irregularidades detectadas en la revisión de dichos informes.

En efecto, el veintitrés de septiembre de dos mil nueve, con motivo de la sentencia dictada por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-269/2009, quedó firme la pérdida de su registro del otrora Partido Socialdemócrata, y el veintiocho de septiembre siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió la resolución CG469/2009, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho, entre otros, del Partido Socialdemócrata, la cual fue impugnada ante esta instancia jurisdiccional federal a través del recurso de apelación SUP-RAP-308/2009 y acumulado, instancia que, el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, resolvió confirmar la resolución mencionada.

Ciertamente, como se ve, las sanciones que se impusieron al entonces partido político en liquidación, acontecieron en fecha posterior a la pérdida de su registro como partido político nacional.

Sin embargo, como ya se señaló con antelación, lo infundado del agravio resulta porque, contrario a lo que señala el recurrente, de la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-308/2009 y acumulado, se desprende que esta Sala Superior lo que realmente determinó fue que en la relación de deudas pendientes de pago del Partido Socialdemócrata en liquidación, debían incluirse las sanciones impuestas al mismo con motivo de las irregularidades encontradas en los informes anuales, por concepto de deudas adquiridas durante la vigencia de su registro como partido político.

En esta tesitura, la revisión del informe anual que originó las sanciones impuestas al Partido Socialdemócrata, correspondían al año de dos mil ocho, anualidad durante el cual se encontraba vigente el registro del instituto político en cuestión.

También en dicha ejecutoria se estableció que no era válido sostener que la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de partidos que han perdido su registro, no pudieran sancionarse por haberse emitido posteriormente a la fecha en que quedó firme la pérdida del registro.

Con la conclusión anterior, subsistía la obligación de pago de las sanciones económicas impuestas al partido en liquidación con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de su informe de gastos de dos mil ocho, por lo tanto, la actuación del interventor en cuanto a este aspecto, debía apegarse a lo previsto en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV, del código sustantivo electoral federal, es decir, incluir dentro del orden de prelación previsto por la ley las sanciones económicas que en el caso le fueron impuestas al partido en liquidación.

En cuanto al concepto de agravio identificado con el numeral 11, se indica que la autoridad responsable indebidamente determinó el pago de los créditos derivados de multas impuestas por los institutos electorales locales de Michoacán y Yucatán al Partido Socialdemócrata en liquidación.

Al efecto, la actora aduce que objetó la inclusión de dichas multas, pues su origen deriva de procedimientos que a nivel local se instauraron en contra del instituto político en liquidación, por lo que no es procedente confundir una masa de recursos federales que permite hacer frente a créditos de tal carácter, con los adeudos de naturaleza local, asimismo, señala que no obsta a lo anterior, que el partido en liquidación no haya recibido financiamiento estatal, pues el hecho es que la imposición de esas sanciones se realizó en el ámbito de atribuciones de las autoridades electorales locales, por lo que al no haber sido impuestas por el Instituto Federal Electoral, no hay justificación legal que permita hacerles frente con recursos federales.

Además, repite la recurrente que el liquidador carece de competencia para realizar interpretación alguna de la normatividad electoral, al darle respuesta a sus objeciones hechas respecto al reconocimiento de las sanciones impuestas al partido en liquidación por los institutos electorales de Michoacán y Yucatán, que en todo caso, corresponde al Consejo General del referido Instituto establecer la interpretación conducente.

Por otra parte, señala que en el acuerdo impugnado de forma indebida se ordena el pago de los créditos derivados de sanciones administrativas impuestas por los institutos electorales locales de Michoacán y Yucatán, sin indicar el orden en que se deben realizar dichos pagos, esto es, si después de cubrir las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral y antes del pago a los acreedores comunes, como se indicó en la lista provisional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, o si ese orden ha sido modificado.

Aunado a lo anterior, señala la recurrente que de la lectura armónica de los artículos 2, párrafo 1, inciso d) y 7, párrafo 1, inciso d), del Reglamento de Liquidación, se advierte que las únicas sanciones que se clasifican como preferentes respecto de otros créditos son las impuestas por el Instituto Federal Electoral y no las de otras autoridades electorales locales.

Además, que la apelante no tiene certeza de que la multa impuesta por el Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, mediante acuerdo JGE76/2009 se haya aplicado durante la vigencia del registro del partido en liquidación, ni por el órgano competente, pues de las siglas de la misma no se deduce que dicho acuerdo hubiera sido aprobado por el Consejo General de dicho Instituto.

En primer lugar, se procede al estudio del agravio relativo a que no es legal la determinación del Consejo General del Instituto, de ordenar el pago de las multas impuestas por los institutos electorales locales de Yucatán y Michoacán.

Al respecto, este órgano jurisdiccional federal considera infundado el presente agravio por lo siguiente:

En el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se dio a conocer la lista de créditos a cargo del patrimonio del Partido Socialdemócrata, se convocó las personas que se consideren con derecho como acreedores y se instauró el procedimiento para su reconocimiento.

El Diario oficial en comento, en sus páginas 50 y 52, apartado: "Créditos que se provisionan para su reconocimiento (continuación)" se señalan los créditos derivados de las sanciones administrativas impuestas al Partido Socialdemócrata en liquidación por el Instituto Electoral de Michoacán y el Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, en el sentido de que tales créditos cobran prorrata con los demás acreedores de su clase, después de los créditos fiscales y antes de los proveedores y acreedores comunes.

Además, en el apartado relativo al procedimiento, página 68 refiere que:

a) Que los acreedores con créditos derivados por actos realizados por los comités estatales del partido en liquidación, que no se señalan en la lista de acreedores de mérito, deberán solicitar el reconocimiento de crédito conforme a la reglamentación estatal aplicable y ante los órganos electorales correspondientes, por tener financiamiento público estatal; y

b) Que contra el patrimonio del partido en liquidación sólo procederá el reconocimiento de créditos por actos del Comité Ejecutivo Nacional o de los Comités Estatales del partido en liquidación, que nunca han recibido financiamiento público estatales, señalando los Estados de Michoacán y Yucatán, entre otros.

El dieciséis de febrero de dos mil diez, el actor Banco Interacciones, S. A., objetó lo anterior en términos similares a como alega en el presente recurso de apelación.

En el acto impugnado publicado el veintitrés de julio del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, páginas 85 y 87, apartado: "Objeciones Presentadas a la Lista Provisional", se declaró infundada la objeción señalada, en virtud de que, por una parte, el partido político en liquidación fue un partido político nacional, con personalidad y patrimonio propio y único, por lo que debe cumplir con todas sus obligaciones, y por otra, que en términos del artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, los estados que hayan otorgado financiamiento público al Partido Socialdemócrata, deben hacerse cargo del proceso de liquidación respectivo.

En mérito de lo anterior, es inconcuso que con motivo del procedimiento de liquidación del otrora Partido Socialdemócrata, se consideró desde un principio que se reconocerían los créditos derivados de las sanciones que en su oportunidad impusieron los institutos electorales locales de Michoacán y Yucatán.

Además, el artículo 103, del código de la materia, en forma alguna especifica que solamente las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral, son las que se deben incluir para su pago en el procedimiento de liquidación de un partido político, además, como ya se precisó, el interventor reconoció los créditos reclamados por los institutos electorales locales, debido a que el partido en liquidación, nunca había recibido financiamiento público en los estados de la República mencionados.

Por lo que, al no existir tal distinción normativa, es válido concluir que dicho Instituto se encuentra en aptitud de incluir las diversas multas que con motivo del procedimiento de reconocimiento se reclame para su debido pago.

Lo anterior, se robustece en la medida que el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV, habilita al Instituto Federal Electoral a cubrir las obligaciones fiscales que correspondan, es decir, al disponer expresamente la norma: "que correspondan", deja a la autoridad administrativa electoral en aptitud de decidir respecto de los créditos fiscales que debe tomar en cuenta en dicho procedimiento.

En este sentido, como ya se señaló, si el código no limita expresamente al Instituto Electoral Federal a tomar solamente como créditos fiscales en materia de multas, las que haya impuesto en ejercicio de sus atribuciones, es jurídicamente válido aceptar su decisión de incluir las sanciones pecuniarias que hubieran sido impuestas por los institutos electorales locales, en la medida que las disposiciones del código electoral, son de orden público y de observancia general, como se prevé en el artículo 1º, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en los Estados de Michoacán y Yucatán, conforme lo publicado el veintiuno de diciembre de dos mil nueve en el Diario oficial de la Federación, página 78, segunda sección, el partido político en liquidación, no recibió financiamiento público estatal por conducto de los institutos electorales de dichas entidades, de ahí que jurídicamente los señalados institutos no se encontraban en condiciones de materializar el cobro de dichos créditos fiscales, lo que justifica que hayan acudido al procedimiento de reconocimiento de créditos ante el interventor designado del Partido Socialdemócrata en liquidación, de ahí que se haya provisionado en su oportunidad para su pago.

En estas condiciones, contrario a los argumentos expuestos por la actora en este apartado, esta Sala Superior considera que es correcta la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el sentido de incluir como crédito fiscal para su pago las multas que en su oportunidad impusieron al Partido Socialdemócrata los institutos electorales de Michoacán y Yucatán, de ahí lo infundado del agravio.

No es óbice a lo anterior, la alegación de la actora cuando señala que de la lectura armónica de los artículos 2, párrafo 1, inciso d) y 7, párrafo 1, inciso d), del Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que Pierdan o les sea Cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, se advierte que las únicas sanciones que se clasifican como preferentes respecto de otros créditos son las impuestas por el Instituto Federal Electoral y no las de otras autoridades electorales locales, pues con independencia de lo anterior, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es una ley general y abstracta, expedida por el legislador federal y jerárquicamente superior al reglamento referido, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En este sentido, el reglamento tiene como objeto determinar en forma particularizada y detallada el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro.

Es decir, las reglas que al efecto establezca el reglamento deben tener como base y sustento jurídico en el código mencionado, por lo que ante una eventual omisión o deficiencia en dicho reglamento, deberán prevalecer las disposiciones de dicho código, atendiendo su carácter jerárquico, aunado que como ya se señaló con anterioridad, el código en cuestión no hace distinción alguna en el sentido de que sólo las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral, sean las que se deben tomar en cuenta de manera preferente al momento de provisionar los créditos fiscales.

Por otra parte, señala el recurrente Banco Interacciones, S. A., que en forma indebida se ordena el pago de los créditos derivados de sanciones administrativas impuestas por los institutos electorales locales de Michoacán y Yucatán, sin indicar el orden en que se deben realizar dichos pagos, esto es, si después de cubrir las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral y antes del pago a los acreedores comunes, como se indicó en la lista provisional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, o si ese orden ha sido modificado.

Sobre el particular, esta Sala Superior estima infundado el presente agravio.

En primer lugar, cabe precisar que, como ya se señaló con antelación, los créditos fiscales relacionados con la liquidación de un partido político, tienen preferencia sobre los créditos de proveedores o acreedores comunes.

Lo anterior, acorde con el artículo 103, párrafo 1, inciso b), fracción II y IV, del código electoral federal, que expresamente señala que en orden de prelación se cubrirán las obligaciones de tipo laboral, luego las obligaciones fiscales, y si quedara un remanente a repartir, se cubrirán las obligaciones contraídas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación.

En este sentido, al considerarse en el informe de liquidación que las multas impuestas al otrora Partido Socialdemócrata por los institutos electorales locales, como créditos provisionados para su pago, es inconcuso que por su naturaleza de crédito fiscal, tienen preferencia sobre los demás créditos de proveedores o acreedores comunes, tal y como ya quedó precisado con antelación.

Acorde con lo anterior, en la especie, en el acuerdo impugnado, publicado el veintitrés de julio del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, página 80, se desprende que se determinó:

"Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase y los Proveedores y Acreedores Comunes, después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral."

De dicha transcripción cabe concluir que, contrario a lo que aduce el recurrente, sí se estableció un orden para el pago de los créditos provisionados.

Lo anterior es así, pues como se desprende dicha reproducción, el pago del crédito provisionado se cubrirá en el siguiente orden:

a) Primero se generará el pago de las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral.

b) Después de ello, se pagarán las sanciones impuestas por autoridades electorales, distintas al Instituto Federal Electoral, en la especie, las sanciones que impusieron al partido en liquidación los institutos electorales de Michoacán y Yucatán, esto es, cuando se señala en el informe de liquidación: "Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase…".

c) Finalmente, si quedasen recursos disponibles, se pagará a los proveedores y acreedores comunes.

En estas condiciones, en la medida que la autoridad responsable, con apego a lo previsto en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV, del código de la materia, sí determinó el orden en que se debían pagar las multas aludidas, es decir, después de que el Instituto Federal Electoral cobrara sus créditos provisionados, acto seguido, se daría paso al pago de los créditos provisionados para los institutos electorales de Michoacán y Yucatán.

Resulta también infundada la alegación de la actora, cuando señala que el liquidador carece de competencia para realizar interpretación alguna de la normatividad electoral, al darle respuesta a sus objeciones hechas respecto al reconocimiento de las sanciones impuestas al partido en liquidación por los institutos electorales de Michoacán y Yucatán, que en todo caso, corresponde al Consejo General del Instituto establecer la interpretación conducente.

Lo anterior, pues de la lectura del informe del interventor, el cual en su oportunidad aprobó el Consejo General del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de julio del año en curso, página 87, se desprende que a las objeciones antes mencionadas le recayó respuesta al tenor siguiente:

"LA OBJECIÓN ES INFUNDADA POR VIRTUD DE QUE EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA FUE UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ENTIDAD CON PERSONALIDAD Y PATRIMONIO PROPIO Y ÚNICO, POR LO QUE TIENE QUE HACER FRENTE A TODAS LAS OBLIGACIONES LEGÍTIMAS ANTE LA LEY, CABIENDO MENCIONAR QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO G), ES UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA MÁS NO DE LEGITIMIDAD EL QUE LOS ESTADOS QUE HAYAN OTORGADO FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL AL OTRORA PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA SE HAGAN CARGO DE SU PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN SUS RESPECTIVOS ESTADOS."

Como se ve del párrafo reproducido, el interventor en momento alguno hace interpretación de la ley.

Por el contrario, se advierte que una vez que el interventor calificó como infundada la objeción del recurrente Banco Interacciones, S. A., acto seguido, expuso la razón que la llevaba a esa conclusión, en el sentido de que el Partido Socialdemócrata fue un partido político nacional, entidad con personalidad y patrimonio propio y único, por lo que tiene que hacer frente a todas las obligaciones legítimas ante la ley, sin que en el particular, hubiera introducido preceptos o artículo legal alguno que estimara aplicables al caso o, que derivado de ellos, una vez hecho un ejercicio interpretativo hubiera arribado a la respuesta que al efecto expuso.

Conforme a lo anterior, es evidente que el interventor de ninguna forma utilizó algún criterio de interpretación previsto en el artículo 2º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, el interventor destaca que en términos del artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, los estados que hayan otorgado financiamiento público al partido en liquidación, deben hacerse cargo del procedimiento de liquidación respectivo, de lo cual tampoco se desprende que estuviera haciendo una interpretación de dicho precepto constitucional o aplicado alguno de los criterios de interpretación previstos en la ley procesal arriba señalada.

Además, como ya se señaló con antelación, el interventor, en el ámbito de su competencia, está en aptitud de proveer el contenido y alcance de las disposiciones del código electoral federal y del reglamento de la materia, y no sólo aplicarlas de manera estricta.

Finalmente, por lo que respecta a lo que señala el actor, en el sentido de que no tiene certeza de que la multa impuesta por el Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, mediante acuerdo JGE76/2009 se haya aplicado durante la vigencia del registro del partido en liquidación, ni por el órgano competente, pues de las siglas de la misma no se deduce que dicho acuerdo hubiera sido aprobado por el Consejo General de dicho Instituto, se estima inoperante la alegación en comento.

Lo anterior, porque el informe del interventor del partido político en liquidación, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintitrés de julio del año en curso, en sus página 95 y 97, en el rubro: "Razones por las que se provisiona cada uno de los créditos", señala:

"Sanciones impuestas por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán mediante acuerdos C.G. 213/2007, C. G. 019/2008 y JGE76/2009, se provisiona para su reconocimiento con el grado de común por virtud de que el artículo 7 fracción 1 inciso d) del Reglamento sólo señala como preferentes las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral."

Es decir, incluye una supuesta sanción emitida en el acuerdo JGE76/2009, a lo que debe indicarse que dicha referencia no le causa perjuicio alguno al recurrente, pues dicho acuerdo no se relaciona con sanción alguna impuesta por autoridad electoral local, sino que se trata de la declaración de pérdida de registro como partido político nacional del Partido Socialdemócrata, emitida por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el día veintiuno de agosto de dos mil nueve, en todo caso dicha referencia se considera un lapsus calami por parte del interventor del instituto político en liquidación al momento de referir la razón por la que se provisiona el reconocimiento de los créditos a favor del Instituto Electoral de Yucatán.

II. Conceptos de agravio relacionados con proveedores y acreedores ubicados en tercer lugar de prelación.

Agravios de Máxima Servicios Publicitarios, S. C.:

En cuanto a los expresados por el señalado recurrente, identificados con los numerales 1, 2, 3, y 4, de la síntesis de agravios, los mismos se analizarán en forma conjunta por encontrase íntimamente relacionados, sin que esto implique, de forma alguna, una afectación jurídica al impetrante, porque lo fundamental es que los agravios formulados sean estudiados en su totalidad y se pronuncie una determinación al respecto, con independencia del método que se adopte para su examen.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/2000 de esta Sala Superior, identificada bajo el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."

Al respecto, la actora alega que la resolución impugnada mediante el cual se aprobó el informe del interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación:

Que no está debidamente fundada y motivada, al privarla de su derecho a cobrar la cantidad de $16’744,985.29 (dieciséis millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 29/100 M. N), por concepto de servicios de publicidad exterior, señalando que de manera arbitraria e ilegal se desconoce el pago de las facturas por el concepto ya señalado.

Señala además que la responsable no le otorgó valor probatorio pleno a las facturas exhibidas para acreditar el servicio prestado, ni señala mediante qué operación aritmética llega a la conclusión de que el adeudo del partido político en liquidación con la hoy actora, es por la cantidad de $4’425,767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M.N.).

Que indebidamente el interventor estimó como infundadas sus objeciones, en la inteligencia de que no existe ningún precepto legal alguno del que se desprenda que se debe otorgar valor probatorio pleno a un álbum fotográfico en lugar de las documentales que amparan las facturas correspondientes.

Además, que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que es incongruente que la responsable señale que se hicieron pagos hasta por la cantidad de $7’509, 243.80 (Siete millones quinientos nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 80/100 M. N.), sin indicar o mencionar a qué facturas se refiere dichos pagos, las fechas del supuesto pago o cómo los relaciona con los que en esta instancia se reclama.

Por último, que la responsable no funda ni motiva la negativa de pagar las facturas que amparan su pretensión de pago, además que esta circunstancia, hace que se esté ante un acto privativo y de retención de pago sin haberse instaurado procedimiento administrativo alguno, aunado a que la autoridad responsable no funda y motiva porqué dejó de tomar en cuenta la factura número 10777.

Al respecto, esta Sala Superior estima sustancialmente fundados los agravios señalados, por lo siguiente:

El veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del partido en comento, y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

En el Diario Oficial en comento, páginas 50 y 57, se advierte que la lista en comento consideró en el rubro: "Créditos que se provisionan para su reconocimiento (continuación)", que la actora Máxima Servicios Publicitarios, S. C., "Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral", por la cantidad de $4’425,767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M. N.).

De igual forma, a páginas 63 y 72, en el rubro: "c) Razones por las que se provisiona el reconocimiento de cada uno de los créditos", se señaló para la actora "Adeudo por Publicidad en espectaculares en la vía pública (propaganda exterior). El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 2005000013001, saldo contable, el expediente se integra por: Facturas: 10594, 10595, 10870 y 10778, así como Contrato de fecha 1 de enero de 2008, RFC, Alta en RFC y testigos."

El veintinueve de enero de dos mil diez, la actora Máxima Servicios Publicitarios, S. C., presentó ante el interventor del otrora Partido Socialdemócrata escrito mediante el cual presentó objeción en el sentido de que:

a) La cuantía registrada como provisión CC31 por la cantidad de $4’425,767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos setenta y siete pesos 81/100 M. N.), no coincide con su registro, ya que en el apartado "Razón por las que se provisionó para reconocimiento" sí se detallan las facturas números F10778, F10870, F10594 y F10595, que dan un total de $13’587,672.59 (Trece millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y dos pesos 59/100 M. N.).

b) Además, señaló que no le reconocen la factura número F10777 de diez de junio de dos mil nueve, por un importe de $3’823,750.00 (tres millones ochocientos veintitrés mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.).

c) De igual forma, refirió que respecto de esta última factura había recibido un pago parcial de $666,437.30 (Seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M. N.).

d) Por último, en forma adicional, exhibió un álbum fotográfico.

El veintitrés de julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número CG267/2010, mediante el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional.

En el Diario Oficial mencionado, páginas 78 y 82, relativo al apartado "Relación de Créditos Provisionados", se señala en relación con la actora que "Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral, según el importe provisionado con la cantidad de $4’425, 767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M. N.)."

Además, en las páginas 85 y 89 de dicha publicación, en el rubro: "Objeciones Presentadas a la Lista Provisional", en relación a las objeciones de la actora recayó la respuesta siguiente:

"El acreedor objeta el importe con el que se provisiona para su reconocimiento por $4,425,767.81, señalando que su saldo se integra por las siguiente facturas: 10778 por $4,425,104.78, 10870 por $4,488,119.26, 10594 por $4,628,961.17 y 10595 por $45,487.38, todas en Pesos, dando un total de $13,587,672.59 Pesos más otra factura 10777 por un importe de $3,823,750.00 Pesos menos un solo anticipo por $666,437 Pesos, arrojando un saldo de $16,744,985.29. Adjuntando además un álbum fotográfico, de los servicios prestados. La objeción resulta infundada en primer lugar porque el álbum fotográfico que adjunta es de otra razón social (GRUPO RENTABLE) distinta al Acreedor que reclama el crédito, por otra parte dentro de la contabilidad del extinto partido político se encuentra registrado que se le hicieron pagos a este acreedor por un importe total de $7,509,243.80 y no solo de $666,437.30 como señala el acreedor y por último por virtud de que la dirigencia del extinto partido político reporta que los servicios de este proveedor fueron prestados en la forma en que fueron acordados, razón por la cual registraron en la contabilidad el saldo que finalmente se provisiona para su reconocimiento."

De igual manera, a páginas 95 y 99, en el rubro: "Razones por las que se provisionan cada uno de los créditos", se señaló para la actora "Adeudo por Publicidad en espectaculares ubicados en la vía pública (propaganda exterior). El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 2005000013001, saldo contable, el expediente se integra por Facturas: 10594, 10595, 10870 y 10778, así como Contrato de fecha 1 de enero de 2008, RFC, Alta en RFC y testigos."

De lo anterior, se tiene que en la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, se provisionó a favor de la actora la cantidad de $4’425,767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M. N.), monto que se pagaría prorrata con los demás acreedores de su clase después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral.

También se estableció que el acreedor se encontraba registrado en la contabilidad del partido en liquidación al veintitrés de septiembre de dos mil nueve, con número de cuenta 2005000013001, con saldo contable, y que el expediente se integraba con las facturas 10594, 10595, 10870 y 10778, así como el contrato de primero de enero de dos mil ocho, entre otros documentos.

Inconforme con lo establecido en la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, la actora Máxima Servicios Publicitarios, S. C., presentó ante el interventor escrito de objeción.

En el acuerdo número CG267/2010, por el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el informe presentado por el interventor multicitado, se señala en relación con la actora, que cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral, el importe provisionado por la cantidad de $4’425, 767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M. N.).

En cuanto a las objeciones referidas, en el informe del interventor recayó la respuesta en el sentido de que resultaban infundadas porque el álbum fotográfico que había adjuntado la actora era de otra razón social (GRUPO RENTABLE) distinta al acreedor que reclamaba el crédito; además, que dentro de la contabilidad del partido político en liquidación se encontraba registrado que le hicieron pagos al acreedor por un importe total de $7,509,243.80 (Siete millones quinientos nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 80/100 M. N.), y no como señalaba de $666,437.30 (Seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 30/100 M. N.); y por último, que la dirigencia del extinto partido político reportaba que los servicios de este proveedor fueron prestados en la forma en que fueron acordados.

Por último, se tiene que en el informe aludido, se señaló que las razones por las que se provisionan cada uno de los créditos de la actora era por el adeudo por publicidad en espectaculares ubicados en la vía pública (propaganda exterior), el acreedor se encontraba registrado en la contabilidad al veintitrés de septiembre de dos mil nueve, con número de cuenta 2005000013001, con saldo contable, y que el expediente se integraba con facturas 10594, 10595, 10870 y 10778, así como el contrato de fecha primero de enero de dos mil ocho, entre otros documentos.

En las relatadas condiciones, en el informe de mérito, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se advierte que en momento alguno emite pronunciamiento en relación con las facturas con las que la actora pretende acreditar el adeudo.

Máxime que la recurrente le hizo saber al interventor, mediante su escrito de objeción, las diversas inconsistencias en que estaba incurriendo.

Incluso, en el propio informe dicho interventor relacionó las facturas que señaló existían en el expediente de mérito, así como el contrato de prestación de servicios de asesoría en materia publicitaria convenida por las partes, suscrito el primero de enero de dos mil ocho.

Lo que quiere decir que, aún cuando tuvo a la vista tales documentos el interventor, no expresó razón o motivo alguno que lo llevaran a estimar que las facturas en comento no eran aptas o suficientes para provisionar a favor de la actora los recursos necesarios para pagar el crédito reclamado, aunado a lo anterior, señala el interventor en su informe que el instituto político en liquidación reconoce que había recibido los servicios en los términos pactados.

Lo anterior, permite válidamente afirmar que en el expediente que el mismo interventor integró existían diversos documentos que le permitían valorar el caso en particular, incluso, a la luz de las objeciones de la actora.

En suma, al no pronunciarse el interventor sobre las facturas que refiere la actora amparan su crédito, es inconcuso que con su omisión está desconociendo per se sus efectos jurídicos, consecuentemente el pago de los montos que representan.

No obsta a lo anterior, el hecho de que en el informe se haya provisionado a favor de la recurrente la cantidad de $4’425,767.81 (Cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 M.N.), pues en cuanto a este aspecto, en el mismo, no se señala si corresponde a alguna de las facturas que ampara el crédito que reclama la actora en este recurso de apelación, o en su caso, de qué forma es que concluye que esa cantidad es a la que tiene derecho la recurrente.

Además, tampoco se expone o justifica en el informe, ni se señala el documento que al efecto hubiera tomado en cuenta el interventor, para concluir que el partido político en liquidación había realizado pagos a la hoy actora, por la cantidad de $7’509,243.80 (Siete millones quinientos nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 80/100 M. N.), aunado a que no refiere si tales pagos tenían relación con algunas de las facturas que la actora exhibió y que eventualmente amparan sus créditos, o si dichos pagos se realizaron a fin de cubrir un diverso adeudo.

Lo anterior, máxime que en cuanto a dicho aspecto, la recurrente en su oportunidad expresó su objeción sobre la base de que sólo había recibido un pago provisional de $666,437.30 (Seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 30/100 M. N.), a cuenta de la factura 10777 de diez de junio de dos mil nueve, que ampara la cantidad de $3’823,750.00 (Tres millones ochocientos veintitrés mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.), que también de manera ilegal dejó de tomar en cuenta y sin que ni siquiera la relacionara o mencionara en el informe de liquidación.

Cabe señalar que el interventor desestimó la objeción de la actora, debido a que, en su concepto, el álbum fotográfico que había exhibido era de otra razón social (GRUPO RENTABLE) distinta al acreedor que reclamaba el crédito.

Al respecto, debe decirse que acorde al procedimiento de reconocimiento de créditos que al efecto se estableció conforme a lo publicado el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, en el rubro: "c) Requisitos:", se advierte que no se indicó expresamente que los interesados debían exhibir álbum fotográfico como parte de los requisitos formales para acreditar el origen de los créditos, por lo que en forma alguna se justifica que de manera preponderante el interventor haya tomado como base para negar el adeudo reclamado dicho álbum fotográfico.

Máxime que, como se desprende del escrito presentado por la recurrente ante el interventor del otrora Partido Socialdemócrata en liquidación, el veintinueve de enero de dos mil diez, exhibió las facturas correspondientes para el reconocimiento del crédito y de manera adicional dicho álbum, en la medida que no era un requisito obligatorio.

Agravios de Make Pro, S. A. de C. V:

Por otra parte, la apelante señala como motivo de disenso identificado con el numeral 6, que la resolución controvertida carece de la debida fundamentación y motivación, ya que en ninguna parte se asientan los fundamentos jurídicos ni los razonamientos lógico-jurídicos que llevan a la autoridad responsable a estimar que el informe y el balance de liquidación presentado por el liquidador del partido en liquidación es adecuado, tampoco señala si reúnen ciertos requisitos legales, ni cuáles son los dispositivos que resultan aplicables a las operaciones contables y financieras que realizó el liquidador, además, agrega, que no bastaba que la responsable asumiera competencia, sino que además, debió haber expresado las consideraciones que la llevaron a hacer suyo el informe aludido.

En concepto de esta Sala Superior, es fundado el agravio señalado por lo siguiente:

Este órgano jurisdiccional en forma reiterada ha sostenido que la fundamentación y motivación con que debe contar todo acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es, se debe señalar con precisión el precepto aplicable al caso y expresar concretamente las circunstancias especiales, razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión; debe existir, además, una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso planteado, es decir, que se configuren las hipótesis normativas.

Para que exista motivación y fundamentación basta que quede claro el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, así como los fundamentos legales aplicables, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que se comprenda el argumento expresado; en este tenor, la ausencia total de motivación o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean tan imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, da lugar a considerar la ausencia de motivación y fundamentación.

En tal sentido, por fundamentación se entiende la exigencia a cargo de la autoridad de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto, en tanto que la motivación se traduce en demostrar que el caso está comprendido en el supuesto de la norma.

Como se ha evidenciado, la falta de dichos elementos ocurre cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede adecuarse a la norma jurídica.

Sin embargo, el mandato constitucional establecido en el artículo 16 constitucional, primer párrafo, consistente en el imperativo para las autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera de los gobernados, puede verse controvertido de dos formas distintas, a saber:

a) La derivada de su falta (ausencia de fundamentación y motivación); y,

b) La correspondiente a su incorrección (indebida fundamentación y motivación), como la que aduce el apelante en la especie.

Es decir, la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra.

En efecto, mientras que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos; la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos.

Ahora bien, la indebida fundamentación y motivación de un acto de autoridad se advierte cuando en éste se invoca un precepto legal, pero el mismo no resulta aplicable al caso por diversas características del mismo que impiden su adecuación a la hipótesis normativa.

Respecto a la indebida motivación, ésta se actualiza cuando sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero las mismas se encuentran en completa disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica al caso concreto.

En este orden de ideas, la garantía de fundamentación y motivación de un acto de autoridad puede verse cumplida de diferente manera, dependiendo de la autoridad de la que provenga el acto y de la naturaleza de éste, dado que mientras más concreto e individualizado sea el acto, se requerirá de particulares elementos para que sea admisible tener por cumplida dicha garantía, a diferencia de cuando el acto tiene una naturaleza de carácter abstracto, general e impersonal.

Ahora bien, en el caso la apelante señala que la resolución CG267/2010 carece de la debida fundamentación y motivación.

A fin de determinar lo conducente, conviene reproducir la parte atinente de la resolución impugnada, que es del tenor siguiente:

"…

C o n s i d e r a n d o

7. Que el artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público, y que la ley determina las normas y requisitos para su registro legal.

8. Que en la base II del citado artículo 41, en su último párrafo señala que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los Partidos Políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

9. Que el artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causas de pérdida de registro de los Partidos Políticos son: a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 del Código; c) No obtener por lo menos el dos por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto; d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala el Código; f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos y, g) Haberse fusionado con otro partido político.

10. Que el artículo 116, base IV, inciso g) de la Constitución Federal señala que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que los Partidos Políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los Partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

11. Que el artículo 4, párrafo 1 del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, dispone que si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto, se advierte que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 101 del código electoral federal, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido político de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en el Código.

12. Que el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales establece que una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1, del artículo 102 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el Interventor deberá formular un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias y que dicho informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, párrafo 1, inciso d), fracción V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, párrafo 1, inciso e) del Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:

A c u e r d o

…"

En efecto, de la trascripción anterior se desprende que la autoridad responsable invoca la fundamentación de su acuerdo, contenida en diversos artículos relacionados con los siguientes temas:

- Que los partidos políticos son entidades de interés público.

- Que la Constitución Federal prevé que las constituciones locales garantizarán el otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos.

- Las causas de pérdida de registro de los partidos políticos.

- El procedimiento de liquidación para los partidos políticos que pierdan su registro.

De lo anterior, se constata que la autoridad responsable en momento alguno señala disposición legal o reglamentaria que sustente la debida actuación del interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, o si los actos realizados por aquél se ajustaron a la normativa aplicable, sino solo se refiere a la fundamentación para la pérdida del registro de un partido político, así como parcialmente, el procedimiento de liquidación de un partido político que ha perdido su registro.

Lo anterior, pues en ninguna parte de la resolución controvertida la autoridad responsable; es decir, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, asentó los fundamentos jurídicos que lo llevaron a concluir que el informe que le fue sometido a su aprobación, estuviera conforme a la normativa electoral, sino que se ciñó a tener por recibido dicho informe y aprobarlo en consecuencia.

Por otra parte, dicha autoridad tampoco expresó las razones que la llevaron a considerar que el informe presentado por el interventor del partido político en liquidación era correcto, y si las actuaciones realizadas por el interventor se ajustaron conforme a Derecho, tomando en cuenta que el procedimiento de liquidación se integra con actos propios del multicitado interventor, y le corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral valorar la legalidad de dicho actos, al someterse a su competencia la aprobación del informe de mérito, a fin de garantizar el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos actos.

Es decir, presumir la legalidad del informe, sin valorarlo ni expresar los fundamentos legales de dicha valoración, sería tanto como admitir que los actos propios del interventor de un partido político en liquidación, no serían sujetos a examen o revisión por una instancia superior, ya sea administrativa o jurisdiccional; lo cual sería contrario a Derecho, y la autoridad responsable en estas condiciones estaría declinando sus atribuciones legales.

En consonancia con todo lo anterior, la autoridad responsable debió exponer en la resolución impugnada, las consideraciones que tomaba en cuenta para aprobar el informe aludido, bien tomando como válidas las motivaciones del interventor o subsanando las eventuales deficiencias ocurridas durante la elaboración del informe.

Por lo antes expuesto, es que se estima que es fundado el presente agravio.

En cuanto al agravio identificado con el numeral 5, en el sentido de que la autoridad responsable viola en perjuicio del actor las garantías de legalidad y de audiencia previstas en el artículo 14 constitucional, al ordenar únicamente la publicación del apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" del Informe rendido por el liquidador ante el Consejo General.

También este órgano jurisdiccional federal lo considera fundado.

Lo anterior, porque la autoridad responsable no funda ni motiva la razón por la que únicamente ordena la publicación parcial del informe del interventor del partido político en liquidación.

Esto es, de la resolución impugnada se desprende que después de relacionar el considerando bajo los temas que arriba ya fueron señalados, acto seguido, estableció los puntos de acuerdo, en lo que interesa, en el resolutivo primero que se aprobaba el informe presentado por el interventor del otrora Partido Socialdemócrata, bajo los siguientes apartados: "I) INFORME DE LO ACTUADO; II) BALANCE DE LIQUIDACIÓN; III) NOTAS DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN; IV) LISTA DEFINITIVA DE ACREEDORES, Y V) INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

Luego, en el punto cuarto del acuerdo citado, instruyó al Secretario del Consejo General para que sólo publicara el acuerdo y el apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" contenido en el Informe de lo Actuado y Balance de Liquidación; en lugar de haberlo instruido para que se publicara el acuerdo y el informe en su integridad.

Como se advierte, la autoridad ciertamente en momento alguno, expresó los fundamentos legales o la justificación que llevara a determinar que sólo debía publicarse en el Diario Oficial de la Federación el apartado IV del informe aludido, tomando en cuenta que el contenido del mismo, no se puede concebir de manera aislada sino a la luz de su integridad.

Siendo el informe el documento final que elabora el interventor con el acopio de las diversas etapas previas del procedimiento de liquidación previsto en la normativa, su publicación en el Diario Oficial de la Federación debe ser completa para que pueda no solo ser conocido en su integridad el procedimiento respectivo, sino para que vincule a todas las partes involucradas en dicho procedimiento.

En este sentido, es inconcuso que la autoridad responsable debió ordenar la publicación completa del informe, a efecto de garantizar la legalidad y certeza del acto para que los interesados tomaran conocimiento del mismo y, pudieran, de ser el caso, impugnarlo.

De esta manera, se garantiza plenamente que los derechos de acreedores y proveedores puedan ser exigidos ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

En estas condiciones, le asiste razón al actor cuando señala que al ordenarse únicamente la publicación del apartado IV "Lista Definitiva de Acreedores" del Informe rendido por el liquidador ante el Consejo General, le imposibilita defender sus intereses como acreedor del entonces Partido Socialdemócrata, además que tal situación no le permite conocer si los créditos reconocidos con un mejor derecho que el suyo, reúnen los requisitos legales, de ahí lo fundado del agravio analizado.

En relación con el agravio identificado con el numeral 7, relativo a que el acuerdo impugnado carece de una adecuada fundamentación y motivación en relación con la negativa de reconocimiento del crédito que existe a favor de la actora Make Pro, S. A. de C. V., toda vez que no explica las razones que sustentan su negativa de provisionar el adeudo contraído por el partido en liquidación con dicha persona moral, sino que se limita a señalar en la resolución impugnada que no contaba con documentación que soportara el crédito que en su momento había reclamado, a pesar de que tal adeudo, en su concepto, se encuentra registrado en la contabilidad del partido en liquidación y se cuenta con un expediente que contiene, entro otros, la factura número A 4986, la nota de crédito número 1573, así como un contrato celebrado el primero de marzo de dos mil nueve.

Cabe precisar que, si bien la actora señala que el acuerdo impugnado, en la parte correspondiente, carece de una adecuada fundamentación y motivación, su alegación la endereza en el sentido de que dicha porción del acuerdo controvertido carece totalmente de fundamentación y motivación, por lo que el estudio del presente agravio se encaminará hacia este aspecto.

En concepto de esta Sala Superior es sustancialmente fundado el agravio por falta de fundamentación y motivación, en términos de lo razonado en el estudio del agravio número 6 reseñado con antelación.

Precisado lo anterior, es conveniente tomar en cuenta los antecedentes que rodean el caso, al efecto, de las constancias que obran en autos del recurso de apelación SUP-RAP-149/2010, se desprende lo siguiente:

El veintisiete de octubre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el aviso mediante el cual se da a conocer la liquidación del Partido Socialdemócrata, además que el reconocimiento de acreedores cuyo crédito se hubiese generado antes del veintitrés de septiembre del mismo año, se realizaría previa convocatoria.

El veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la información relativa a la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata y se convoca a las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores de dicho instituto político, y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

En las páginas 75 y 76, de la segunda sección, del Diario Oficial en comento, en relación con la información referida, se señala:

"d) Acreedores que presentaron solicitudes de reconocimiento de crédito o que se encuentran registrados en la contabilidad y que no se provisiona su reconocimiento por las razones indicadas.

Nombre o denominación acreedor

Cuantía

Razones por la que no se provisiona su reconocimiento

MAKE PRO SA DE CV

$4,045,481.10

Adeudo por Publicidad en salas de cines. El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 200300001332, saldo contable, el expediente se integra por factura: 4986, así como Contrato, Acta Constitutiva, RFC, Alta en RFC, no se provisiona por no contar con documentación que soporte el saldo contable.

…"

El veinte de enero de dos mil diez, la empresa actora realizó el preregistro en el portal de internet del Instituto Federal Electoral, a efecto de registrar su solicitud de reconocimiento de crédito.

El once de febrero de dos mil diez, la recurrente presentó ante el Interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, escrito por el que solicita el reconocimiento de crédito, acompañando, entre otros documentos, copias certificadas del contrato de prestación de servicios suscrito el primero de marzo de dos mil nueve por la hoy actora y el partido político en liquidación; la factura número A 4986 de dos de junio de dos mil nueve, por la cantidad de $4’045,481.10 (Cuatro millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos 10/100 M. N.); la nota de crédito número 1573 de primero de julio de dos mil nueve, por la cantidad de $569,250.00 (Quinientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.); así como el contrarecibo número 2685, fechado el tres de junio de dos mil nueve por la Coordinación de Administración y Finanzas del Partido Socialdemócrata y la carta de pases de monitoreo de catorce de abril de dos mil nueve, en relación con los folios de los pases de monitoreo números 4551-4577 y 22956-22999, de Cinemark y Cinépolis, respectivamente.

El veintitrés de julio de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución número CG267/2010, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se aprueba el informe presentado por el Interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes de dicho instituto político.

En la páginas 111 y 113 del Diario Oficial referido, se señala:

"Lista de reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata.

Créditos que no se provisiona su reconocimiento.

Acreedor

Razones por las que no se provisiona su reconocimiento

Importe Lista Provisional o Importe Solicitado

No. de Provisión Lista Provisional

MAKE PRO S.A. DE C.V.

Adeudo por Publicidad en salas de cines. El acreedor se encuentra registrado en la contabilidad al 23 de septiembre de 2009, cuenta 200300001332, saldo contable, el expediente se integra por factura: 4986, Nota de Crédito 1573, así como Contrato, Acta Constitutiva, RFC, Alta en RFC, no se provisiona por no contar con documentación que soporte el crédito.

$3’476,231.00

N/A

…"

En mérito de lo anterior, se advierte que la actora, durante la tramitación del procedimiento de liquidación, en específico, en la fase de la instauración del procedimiento para reconocimiento de créditos, compareció ante el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, en su calidad de acreedor y proporcionó copias certificadas de la documentación para acreditar el origen y monto del adeudo adquirido por el partido en liquidación.

Sin embargo, en el informe de liquidación aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el interventor únicamente se ciñó a señalar en un cuadro que no se provisionaba recurso alguno por no contar con documentación que soportara el crédito.

Lo anterior, aún cuando en el mismo apartado la autoridad había señalado la existencia de la obligación al encontrar registrado a la apelante en la contabilidad del partido en liquidación al veintitrés de septiembre de dos mil nueve, con número de cuenta 200300001332, el saldo contable, así como la existencia en el expediente de la factura número 4986 (sic), la Nota de Crédito 1573, así como el Contrato respectivo.

En este sentido, se advierte que la responsable fue omisa en señalar los fundamentos legales y las razones que la llevaron a considerar que no provisionaba a favor de la actora recurso alguno para cubrir el adeudo que tiene el partido político en liquidación con ella.

Lo anterior, porque en ninguna parte del acuerdo impugnado y en el informe de liquidación que rinde el interventor, se justifica la determinación de no reconocer el adeudo que reclama la hoy actora.

Por el contrario, se advierte en autos la existencia de diversas constancias en copias certificadas, entre otras, la factura A 4986 y la Nota de crédito 1573, que, en principio, podrían establecer el monto del crédito reclamado, sin embargo, de la porción del acto controvertido, no se desprende razonamiento alguno que permita evidenciar los motivos que pudieron haber llevado a dicha autoridad a desestimar, entre otras, que tales constancias eran insuficientes para soportar el saldo contable pretendido por la razón social recurrente.

En mérito de lo antes expuesto, tal y como alega el apelante en el resumen de agravios identificado con el numeral 8, en efecto, la autoridad responsable en momento alguno proveyó el pago del supuesto adeudo que contrajo el partido político en liquidación con el recurrente durante la vigencia de su registro, por la cantidad de $3’476,231.10 (Tres millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos treinta y un pesos 10/100 M. N.), por concepto de servicios de exhibición y publicidad en salas de cine a nivel nacional sobre campañas institucionales, monto que señala la recurrente se encuentra amparada con la factura A 4986, cantidad que para su determinación debe tomarse en cuenta la Nota de crédito número 1573, documentos que como ya se señaló obran en autos en copias certificadas.

En las relatadas condiciones, esta Sala Superior concluye que en el caso, la autoridad responsable faltó a su deber de fundar y motivar su determinación al considerar que no se contaba con la documentación atinente, cuando en autos se constata que diversos documentos que en momento alguno tomó en cuenta, transgrediendo de esta forma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí lo fundado del agravio.

Desistimiento del Banco Interacciones, S. A.

En cuanto al agravio identificado con el numeral 12, en el sentido de que la autoridad responsable indebidamente catalogó como depósito en garantía lo que en realidad es una comisión, como se desprende del contrato de apertura de crédito simple y el convenio modificatorio, ambos de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, celebrados entre el Partido Socialdemócrata y el hoy recurrente Banco Interacciones, S. A.

El presente agravio ya no es objeto de estudio, en virtud de que durante la instrucción del presente recurso de apelación, el recurrente se desistió de él.

En efecto, mediante promoción presentada el veintisiete de septiembre del año en curso, Karlek Alejandra Martínez Ramírez, quien se ostenta como Representante Legal del Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, señaló que en el recurso de apelación SUP-RAP-150/2010, alegó diversos agravios, siendo el cuarto, el relativo a la "Indebida clasificación de una comisión cobrada por mi representada al Partido Político, como un depósito en garantía", respecto del cual refiere que "…por así convenir a los intereses de mi representada, por medio del presente, vengo a DESISTIRME DE LA PRETENSIÓN CONTENIDA EN EL AGRAVIO CUARTO de la demanda… Es decir, se trata de un desistimiento parcial de la demanda.".

El día veintinueve siguiente, el Magistrado Instructor dictó acuerdo en el sentido de requerir al actor para que, por conducto de su representante legal, dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del acuerdo, ratificara dicha promoción, ya sea ante fedatario o personalmente en las instalaciones de esta Sala Superior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendría por ratificado dicho escrito y se resolvería lo que en derecho procediera.

Dicho acuerdo le fue notificado al actor el mismo día veintinueve de septiembre, a las doce horas con cincuenta minutos, por conducto de Karlek Alejandra Martínez Ramírez, sin que trascurrido dicho plazo el Banco Interacciones, por conducto de su representante legal, hubiera comparecido en esta Sala Superior o exhibido documento alguno que constara la ratificación de la promoción aludida.

Lo anterior, así se constata con el informe que rindió el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior ante el Magistrado Instructor, mediante oficio número TEPJF-SGA-3945/10, de fecha primero de octubre del presente año, por el cual certificó que en el periodo comprendido de las doce horas con cincuenta minutos del día veintinueve de septiembre y las doce horas con cincuenta minutos del treinta del mismo mes y año, no se encontró anotación relativa a la recepción de documento alguno presentado por el Banco Interacciones, S. A., relacionado con el requerimiento formulado mediante acuerdo de veintinueve de septiembre del presente año.

En consecuencia, ha lugar a hacer efectivo al actor el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintinueve de septiembre referido, y por ende, tener por ratificado el desistimiento respecto del agravio cuarto de su demanda, relativo a la indebida clasificación de una comisión cobrada al Partido Socialdemócrata en liquidación, como un depósito en garantía.

Lo anterior, debido a que la consecuencia del desistimiento del actor respecto del agravio referido, solamente repercute en su esfera jurídica, en la medida que se relaciona con un derecho sustantivo propio, el cual se encuentra en el ámbito de la disponibilidad del actor, por lo tanto, puede desistirse válidamente.

Aunado a que no existe disposición legal que le prohíba desistirse parcialmente de sus agravios, además, porque es de explorado derecho que puede desistirse del medio de impugnación, entendido éste como la totalidad de sus reclamaciones, de ahí que, con mayor razón, sea dable admitir que pueda desistirse de alguna de ellas.

Aunado a que Karlek Alejandra Martínez Ramírez, en su calidad de apoderada del Banco Interacciones, S. A., cuenta con facultades para desistirse de toda clase de procedimientos, tal y como se acredita con el poder general para pleitos y cobranzas, número dos mil quinientos ochenta y seis, otorgado ante el Fedatario Público dos cientos cuarenta y nueve del Distrito Federal, que en copia certificada obra en autos, la cual tiene valor probatorio pleno con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo anterior, es que en el presente recurso de apelación ya no se estudia el agravio relativo a indebida clasificación de una comisión que le fue cobrada al Partido Socialdemócrata en liquidación, como un depósito en garantía.

Inconformidad de Rosa Carmina Méndez García:

Ahora bien, respecto de la alegación de Rosa Carmina Méndez García, identificada con el numeral 13, del resumen de agravios, en el sentido de que se inconforma por la forma en que se llevó a cabo la liquidación del Partido Socialdemócrata, porque en la misma se indica se le reconoce un crédito por la cantidad de $9,975.00 (Nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.), por concepto del arrendamiento de un inmueble de su propiedad, cuando en realidad la cantidad que se le adeuda es $32,200.00 (Treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.).

En concepto de esta Sala Superior es fundado el presente agravio, suplido en su deficiencia, con fundamento en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, por lo siguiente:

El veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, Rosa Carmina Méndez García presentó ante el interventor para la liquidación del Partido Socialdemócrata, un escrito por el que solicita se le reconozca el crédito por adeudo de arrendamiento por la cantidad de $32,200.00 (Treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.), respecto del inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre número 22, colonia Centro en Chilpancingo Guerrero, que arrendaba al partido en liquidación, acompañando al efecto, el original del contrato de arrendamiento de dieciséis de abril de dos mil ocho, y ocho recibos originales de arrendamiento de los meses enero a julio y septiembre de dos mil nueve.

El veintiuno de diciembre de dos mil nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la lista de créditos a cargo del patrimonio del otrora Partido Socialdemócrata, se convoca las personas que consideren les asiste un derecho como acreedores del otrora partido en comento y se instaura el procedimiento para su reconocimiento.

En el citado Diario Oficial, páginas 52 y 53, de la segunda sección, con el rubro: "Créditos que se provisionan para su reconocimiento (continuación)", se señala que Rosa Carmina Méndez García, "Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral", por la cantidad de $32,200.00 (Treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.).

En la misma publicación, páginas 63 y 68, del rubro: "c) Razones por las que se provisiona el reconocimiento de cada uno de los créditos.", en cuanto a la actora se indica que: "Adeudo por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre número 22, colonia Centro en Chilpancingo Guerrero, el acreedor adjunta a su solicitud, contrato de arrendamiento, recibos de arrendamiento por un importe de $4,236.84 Pesos de enero a julio de 2009 y recibo telefónico del inmueble señalado a nombre de Alternativa Social Demócrata y Campesina, vencido por un importe de $6,363.00 Pesos.".

El dieciséis de febrero de dos mil diez, Rosa Carmina Méndez García, presentó escrito ante el interventor del Partido Socialdemócrata, a través del cual exhibió diversa documentación, a fin de dar cumplimiento con los requisitos previstos en la convocatoria, publicada el veintiuno de diciembre de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, para estar en condiciones de cobrar el adeudo que tiene con ella el partido en liquidación.

El veintitrés de julio de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución CG267/2010, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se aprueba el informe presentado por el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional.

De dicha publicación se desprende en las páginas 78 y 80, con rubro: "Relación de Créditos Provisionados", que Rosa Carmina Méndez García "Cobra prorrata con los demás acreedores de su clase después de las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral", por la cantidad de $9,975.00 (Nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.).

En la misma publicación, páginas 85 y 87, con rubro: "Objeciones Presentadas a la Lista Provisional", se señala que Rosa Carmina Méndez García no presentó objeción respecto de la lista provisional de acreedores publicada el veintiuno de diciembre de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación.

En otro apartado de la publicación en comento, páginas 95 y 97, con rubro: "Razones por las que se provisionan cada uno de los créditos", se señala:

"Adeudo por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre número 22, colonia Centro en Chilpancingo Guerrero, varía el crédito por virtud de que en su primera solicitud de reconocimiento, presentó recibos de arrendamiento hasta el mes de julio 2009, y en la segunda solicitud presentó recibos hasta el mes de agosto de 2009, así mismo en la primera solicitud adjunto recibo telefónico por un importe de $6,363, pesos y en la segunda así como el prerregistro no lo hace, el saldo final se determina en base al saldo determinado por la Unidad de Fiscalización de los Recursos Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral".

Ahora bien, es errónea la apreciación que hace el interventor de los documentos exhibidos por la recurrente, bajo el argumento de que el adeudo reclamado variaba porque en la primera solicitud de reconocimiento se presentaron recibos de arrendamiento hasta el mes de julio de dos mil nueve, y en la segunda solicitud se exhibieron recibos hasta el mes de agosto de dicho año, así mismo que en la primera solicitud adjuntó recibo telefónico por un importe de $6,363.00 (Seis mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.), y además que ni en la segunda solicitud ni en el prerregistro se refiere a dicho recibo telefónico, por lo que el saldo final lo determinó en base al saldo establecido por la Unidad de Fiscalización de los Recursos Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

Lo anterior es así, porque de las constancias que obran en autos se constata que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, destaca que la recurrente, al comparecer el veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, ante el interventor del partido en liquidación, solicitó se le reconociera la cantidad de $32,200.00 (treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.), por concepto de arrendamiento de un inmueble al partido político en liquidación.

Para acreditar su pretensión, la recurrente exhibió, entre otros documentos, copia del contrato de arrendamiento suscrito el dieciséis de abril de dos mil ocho, por Rosa Carmina Méndez García y el Partido Socialdemócrata, así como copias de los recibos de renta correspondientes a los meses de enero a julio y septiembre de dicho año, con números 011, 012, 013, 021, 022, 023, 024 y 028, respectivamente, amparando cada recibo la cantidad de $4,025.00 (Cuatro mil veinticinco pesos 00/100 M. N.), que sumados dan un total de $32,200.00 (treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.).

Por otra parte, acorde con lo publicado el veintiuno de diciembre de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que se provisionó para su reconocimiento a favor de la actora la cantidad de $32,200.00 (Treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.).

En mérito de lo anterior, el dieciséis de febrero de dos mil diez, la recurrente exhibió ante el interventor los originales del contrato de arrendamiento y los recibos de renta arriba señalados, entre otros documentos, destacando que en el formato de preregistro exigido al efecto, también se detalló los mismos recibos de renta con los montos que ya quedaron precisados.

No es óbice a lo anterior, que en el citado formato de preregistro la recurrente al referir el recibo de renta número 28, señaló que correspondía al adeudo del mes de agosto, cuando en realidad, acorde con el recibo original que obra en autos, es del mes de septiembre, en todo caso, dicha imprecisión se debió a un error en el llenado del formato por parte de la hoy actora, situación que no puede causarle perjuicio, tomando en cuenta que la pretensión de pago de renta del mes de septiembre ya la había manifestado desde el primer momento en que se apersonó como acreedora, esto es, desde el veinticuatro de septiembre de dos mil nueve.

Además, en principio, se puede válidamente concluir que el monto total pretendido por la actora se encuentra soportado con el contrato de arrendamiento y los recibos de renta ya mencionados, de ahí que en momento alguno estimara conveniente plantear objeción alguna.

Lo anterior, con independencia del monto que señala el interventor representa el supuesto recibo telefónico, el cual no obra en autos ni la recurrente hace mención alguna, ni mucho menos reclama su pago.

Por otra parte, no se justifica el sentido de la respuesta del interventor a la actora, sobre la presunta inconsistencia de los documentos que soportan su pretensión, pues como ya se señaló, la apelante fue uniforme en señalar el monto del adeudo reclamado y los recibos de renta que amparaban el mismo, es decir, el origen del adeudo deriva de las rentas vencidas por los meses de enero a julio y septiembre de dos mil nueve, sin incluirse el mes de agosto, como equivocadamente señaló el interventor del partido político en liquidación.

Además, aunado a lo anterior, si bien el interventor provisionó en la lista definitiva de acreedores a favor de la actora la cantidad de $9,975.00 (Nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.), lo cierto es que no expone las razones o motivos que lo llevaron a concluir que ese monto era el que le correspondía a la recurrente, así como tampoco señala los documentos que tomó en cuenta para ello o dejó de considerar, máxime que en autos se encuentran los originales del contrato y recibos de arrendamiento que, sumados los totales que amparan, dan un total diferente al provisionado.

NOVENO. Efectos de la sentencia. Al haber resultado fundados los agravios expuestos por Máxima Servicios Publicitarios, S. C.; Make Pro, S. A. de C. V., y Rosa Carmina Méndez García, identificados en el orden para su estudio con los números 1, 2, 3, y 4 analizados en forma conjunta, 5, 6, 7, 8 y 13, lo procedente es revocar la resolución número CG267/2010, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y, por ende, el informe del interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional, a efecto de que, en el plazo de sesenta días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, conforme a sus atribuciones, dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la cual observe lo siguiente:

a) Analice en forma debida las facturas números 10594, 10595, 10870 y 10778, así como la factura número 10777, el contrato de prestación de servicios y demás documentación que estime pertinente, a fin de que determine lo que en derecho proceda, respecto de provisionar o no los créditos reclamados por la actora Máxima Servicios Publicitarios, S. C.

b) Examine de manera adecuada el contrato, la factura A 4986 y la nota de crédito 1573, exhibidas para el reconocimiento del crédito solicitado por Make Pro, S. A. de C. V. y resolver lo que en derecho estime conducente.

c) Analice de manera debida el contrato de arrendamiento celebrado el dieciséis de abril de dos mil ocho, entre Rosa Carmina Méndez García y el otrora Partido Socialdemócrata, así como los recibos de renta con números 011, 012, 013, 021, 022, 023, 024 y 028, correspondientes a los meses de enero a julio y septiembre de dos mil nueve, lo anterior, a fin de que determine lo que en derecho proceda, respecto de provisionar o no el crédito reclamado por la actora Rosa Carmina Méndez García.

Además, la autoridad responsable al dar cumplimiento a la presente ejecutoria, deberá observar lo siguiente:

1. Expresar los fundamentos y razones que la lleven a considerar que el informe que presente el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación sea correcto y que las actuaciones del interventor sean ajustadas a Derecho.

2. Analizar y definir la naturaleza jurídica de los actos que originan los créditos reclamados para su pago por los proveedores y acreedores.

3. Para ello, deberá tomar en cuenta las diversas leyes que resulten aplicables a cada acto en específico, además de la normatividad electoral.

4. También deberá considerar las garantías, condiciones y términos de los créditos reclamados, así como cualquier otro documento que, en su caso, acredite algún tipo de pago parcial o total del adeudo reclamado.

5. Hecho lo anterior, como eventualmente podrían afectarse los montos provisionados en la lista definitiva de diversos proveedores y acreedores, deberá realizar las nuevas provisiones que en su caso correspondan.

6. También deberá ubicar a todos y cada uno de los proveedores y acreedores que se ubican en tercer lugar de prelación conforme al artículo 103, párrafo 1, inciso d) fracción IV, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el orden que a cada uno les corresponda dentro de este apartado, expresando las razones o motivos por los cuales se les asignaría tal lugar.

7. Previo a lo anterior, deberá tomar en consideración, al momento de realizar las nuevas provisiones que en su caso correspondan, lo que en su oportunidad resuelva en relación al escrito de solicitud de cancelación o condonación parcial de los créditos, que ha sido materia del recurso de apelación SUP-RAP-154/2010. Es decir, la autoridad administrativa deberá resolver si obsequia o no la petición de condonación de las multas, lo cual pudiera repercutir en el monto líquido a repartir, con base en el cual se elaborará nuevo informe que se someta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para su aprobación.

8. En la resolución que emita al momento de aprobar el informe que presente el interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, que contenga el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional, deberá ordenar la publicación íntegra de dicho informe en el Diario Oficial de la Federación.

Hecho lo anterior, el Consejo General de mérito, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a este fallo, remitiendo las constancias que así los acrediten.

Por lo expuesto y fundado; se,

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SUP-RAP-149/2010, SUP-RAP-150/2010 y SUP-RAP-153/2010, al diverso expediente SUP-RAP-147/2010; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se revoca la resolución número CG267/2010 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, por ende, el informe del interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación, el cual contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político nacional.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Federal Electoral que, en el plazo de sesenta días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, dicte nueva resolución, conforme a sus atribuciones, debidamente fundada y motivada en términos de los considerandos octavo y noveno de la presente ejecutoria.

CUARTO. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado al presente fallo dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Notifíquese, personalmente a los actores en el domicilio indicado en sus escritos de demanda; por correo certificado a Rosa Carmina Méndez García en el domicilio ubicado en la calle 16 de septiembre número 22 altos, Colonia Centro, Código Postal 03900, en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero; por oficio, acompañando copia certificada de la presente sentencia al Consejo General del Instituto Federal Electoral y por conducto de éste al Interventor del Partido Socialdemócrata en liquidación; y por estrados a los demás interesados, con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, quien formula voto particular. Ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, AL DICTAR SENTENCIA, LA SALA SUPERIOR, EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES SUP-RAP-147/2010, SUP-RAP-149/2010, SUP-RAP-150/2010 Y SUP-RAP-153/2010, ACUMULADOS.

Porque no coincido con la argumentación de la ejecutoria aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en los recursos de apelación SUP-RAP-147/2010, SUP-RAP-149/2010, SUP-RAP-150/2010 y SUP-RAP-153/2010, acumulados, promovidos por Máxima Servicios Publicitarios, S. C.; Make Pro, S. A. de C. V.; Banco Interacciones, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y Rosa Carmina Méndez García, respectivamente, en la cual consideran que el interventor del Partido Socialdemócrata, en liquidación, y el Consejo General del Instituto Federal Electoral, tienen facultades para reconocer, determinar, hacer líquida y exigible la deuda, de los sujetos de Derecho que consideran ser acreedores otrora instituto político antes citado, formulo VOTO PARTICULAR, en los siguientes términos:

Los magistrados que integran la mayoría consideran que se deben considerar fundados diversos conceptos de agravio, hechos valer por los recurrentes, en los cuales se determina que el interventor del Partido Socialdemócrata, en liquidación, al presentar su informe final, en el que determina el balance de bienes y recursos, así como el Consejo General del Instituto Federal Electoral al aprobar ese dictamen, llevaron a cabo actos contrarios a Derecho, porque no se determinó de forma correcta la cuantía de la deuda respecto de Máxima Servicios Publicitarios, S. C. y Rosa Carmina Méndez García, porque, no se valoraron correctamente diversos elementos de prueba, que obran en el expediente administrativo correspondiente.

Por cuanto hace a Make Pro, S. A. de C. V., la mayoría argumenta que fue ilegal que no se fundara y motivara, la determinación de no reconocerle al adeudo, que aduce la recurrente, el Partido Socialdemócrata, en liquidación, tiene con ella.

Precisado lo anterior, debo hacer patente que, en el procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata, a juicio del suscrito, existieron violaciones sustanciales de procedimiento, las cuales trascienden al acuerdo impugnado, razón por la que se debe revocar, y reparar esas violaciones, a fin de crear certeza y seguridad jurídica de los sujetos de Derecho que participan en la aludida liquidación.

Así, en mi concepto, la resolución impugnada es incongruente, porque la "lista definitiva de acreedores", no es un acto definitivo y firme, debido a que como se reconoce en el informe rendido por el interventor del Partido Socialdemócrata, en cuanto a los adeudos por concepto de obligaciones con los trabajadores, no existe definitividad, debido a que se siguen sustanciando diversos procesos laborales, y hasta que no sean resueltos en definitiva, de ahí que sea conforme a Derecho, considerar que al no estar determinados todos los acreedores, no es dable considerar que pueda existir una "lista definitiva de acreedores".

En efecto, en el informe del interventor, se reconocer que existen veintinueve juicios laborales, pendientes de resolución, por lo cual hace el reconocimiento de los "posibles juicios laborales perdidos y ganados", sin que exista certeza de que trabajadores son o no acreedores del aludido partido político en liquidación.

Ahora bien, es mi convicción que, de conformidad con la legislación electoral aplicable, así como con lo previsto en el Reglamento para liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, el interventor designado para llevar a cabo el procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata, carece de facultades para llevar a cabo un reconocimiento de deuda, o en su caso determinar el monto y, hacerlo líquido y exigible, para efecto de que sea incluido en los pasivos del partido político en liquidación.

Lo anterior considero, tiene sustento en el artículo 103, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 7, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, del Reglamento para liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, lo cuales son al tenor siguiente:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 103

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 de este Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en este Código;

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 de este Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el interventor designado deberá:

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

Reglamento para liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral

ARTÍCULO 7

1. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 del Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en el Código, y dichas resoluciones hayan sido confirmadas por el Tribunal Electoral en caso de que hubieren sido impugnadas, el interventor designado deberá:

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

b) Determinar los montos de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

c) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones se pagarán las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto al partido político involucrado; si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

e) Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

ARTÍCULO 11

1. Con la conclusión de los cómputos de los Consejos Distritales del Instituto y en su caso, con la declaratoria de pérdida o resolución de cancelación de registro dará inicio al procedimiento de liquidación, conforme a las bases establecidas en este Reglamento.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 103, párrafo 1, inciso a) del Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor que entrará en funciones de liquidador, lo mismo será aplicable, cuando se emita la declaratoria de pérdida o resolución con la sanción de cancelación de registro del partido político, todas las operaciones que se realicen en lo sucesivo formarán parte del procedimiento de liquidación, para lo cual el órgano encargado de administrar las finanzas del partido deberá proceder a cancelar las cuentas bancarias que venía utilizando, con excepción de una cuenta CBCEN, dentro de las referidas por el artículo 1.3 del Reglamento de Fiscalización, la que será utilizada para realizar todos los movimientos derivados del citado procedimiento de liquidación. Todos los saldos de las demás cuentas bancarias deberán transferirse a la cuenta CBCEN pero ésta podrá cambiar de número o institución, a juicio del interventor, lo que hará del conocimiento de la Unidad de Fiscalización.

ARTÍCULO 12

1. A partir de su designación, el interventor se hará cargo de la administración del partido político y entrará en posesión de sus bienes y derechos, contando con las más amplias facultades para actos de dominio.

2. El interventor será el encargado de administrar el patrimonio del partido político con la finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

Asimismo, tendrá derecho a una remuneración o pago de honorarios por su labor, la cual será determinada por la Unidad de Fiscalización, a propuesta de su titular y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración para su definición y concreción. A efecto de cumplir con esta obligación, el Instituto incluirá en el proyecto de presupuesto correspondiente, una partida que cubra el pago de los servicios profesionales de al menos, dos interventores. Tratándose de pérdida del registro por disolución del partido político, la Unidad de Fiscalización acordará con la Dirección Ejecutiva de Administración la forma, términos y condiciones en las que se remunerarán los servicios del visitador durante el procedimiento de liquidación previsto en este Reglamento. En todo caso, los recursos erogados para el pago de la remuneración de los visitadores e interventores se incluirán en los adeudos del partido político, de forma tal que si fuera factible su recuperación sean reintegrados a la Federación. En todo caso, si no se utilizaran los recursos para el pago de los servicios de los interventores se reintegrarán a la Federación.

ARTÍCULO 13

1. Una vez que el interventor ha aceptado su nombramiento, éste y sus auxiliares se presentarán en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del partido político o su equivalente, o bien, en las instalaciones del órgano de finanzas para reunirse con los responsables de dicho órgano y asumir las funciones encomendadas en este Reglamento.

2. El responsable del órgano de finanzas del partido político deberá rendir al interventor un informe del inventario de bienes y recursos que integran el patrimonio del Partido Político, de conformidad con el artículo 25 de Reglamento de Fiscalización de Partidos Políticos. De dicha reunión se levantará acta circunstanciada firmada por los presentes.

3. El interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de comprobación del partido político, así como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, podrán llevar a cabo verificaciones directas de bienes y de las operaciones.

4. El partido político, sus representantes, empleados o terceros que por razón de sus actividades deban proporcionar datos y documentos, estarán obligados a colaborar con el interventor y sus auxiliares. En caso contrario, serán sujetos a los procedimientos establecidos en el Código. Si el partido político a través de sus funcionarios, empleados o terceros se opusieren u obstaculizaran el ejercicio de las facultades del interventor, el Presidente del Consejo General, a petición de aquél, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

5. El interventor informará a la Unidad de Fiscalización, de las irregularidades que encuentre en el desempeño de sus funciones.

6. El interventor deberá realizar un inventario de los bienes del partido político, siguiendo las reglas de inventario, registro y contabilidad establecidas en el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización. El inventario deberá estar elaborado de conformidad con el formato 1 anexo al presente Reglamento y tomar en cuenta lo reportado en el ejercicio anterior, así como las adquisiciones del ejercicio vigente.

7. Al finalizar su inventario, y dentro de un plazo improrrogable de treinta días naturales contado a partir de la aceptación de su nombramiento, el interventor deberá entregar a la Unidad de Fiscalización un dictamen señalando la totalidad de los activos y pasivos del partido político, incluyendo una relación de las cuentas por cobrar en la que se indique el nombre de cada deudor y el monto de cada adeudo. Asimismo, presentará una relación de las cuentas por pagar, indicando el nombre de cada acreedor, el monto correspondiente y la fecha de pago, así como una relación actualizada de todos los bienes del partido político.

8. Para la realización del inventario físico de los bienes del partido político, contará con el apoyo de la Unidad de Fiscalización para que a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales se lleve a cabo el levantamiento correspondiente.

ARTÍCULO 14

1. Además de las establecidas en el artículo 103 del Código, son obligaciones del interventor las siguientes:

a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones que el presente Reglamento le encomienden de conformidad con lo que determine la Unidad de Fiscalización;

b) Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones;

c) Rendir ante la Unidad de Fiscalización los informes que ésta determine;

d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones;

e) Administrar el patrimonio del partido político de la forma más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad; y

f) Cumplir con las demás obligaciones que este Reglamento determine y las que otras leyes establezcan.

2. El interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del partido político, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los términos de la normatividad que en lo conducente emita el Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles en las reglas de carácter general.

3. Se considerará infracción al Código, el incumplimiento de las obligaciones del interventor, teniendo la facultad la Unidad de Fiscalización de revocar su nombramiento y designar otro, que continúe con el procedimiento de liquidación.

ARTÍCULO 15

1. La enajenación de los bienes y derechos del partido político se hará en moneda nacional, conforme al valor de avalúo determinado por el interventor.

2. Para realizar el avalúo de los bienes, el interventor determinará su valor de mercado mediante los mecanismos conducentes para tal efecto, evitando cualquier menoscabo en su valor, auxiliándose para ello de peritos valuadores.

3. Para hacer líquidos los bienes, el precio de venta no podrá ser menor al de avalúo, con excepción de los casos que autorice previamente la Unidad de Fiscalización, siempre y cuando el interventor lo solicite por escrito con las debidas justificaciones.

4. El interventor deberá exigir que el pago que cualquier persona efectúe por los bienes o derechos en venta, sea depositado en la cuenta referida en el artículo 11, párrafo 2 del Reglamento, al tiempo que deberá observar las reglas previstas en el Reglamento de Fiscalización.

5. Cuando el monto del pago sea superior a los quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, se deberá realizar mediante cheque de la cuenta personal del adquirente y depositado en la cuenta bancaria señalada en el artículo 11, párrafo 2 del Reglamento, y en la ficha correspondiente se deberá asentar el nombre y la firma del depositante.

6. En todo caso, el interventor deberá conservar la ficha de depósito original para efectos de comprobación del pago y deberá llevar una relación de los bienes liquidados. Los ingresos en efectivo deberán relacionarse y estar sustentados con la documentación original correspondiente. Asimismo, todos los egresos deberán estar relacionados y soportados con la documentación original correspondiente, en términos del Reglamento de Fiscalización.

7. El visitador, interventor, los peritos valuadores, auxiliares, dirigentes, trabajadores del Partido en liquidación o cualquier otra persona que por sus funciones haya tenido acceso a información relacionada con el patrimonio del partido político en liquidación, en ningún caso podrán ser, por sí o por interpósita persona, los adquirentes de los bienes valuados que se busca hacer líquidos.

8. Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, será nulo de pleno derecho.

ARTÍCULO 16

1. De conformidad con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V, del Código, el interventor deberá presentar al Consejo General un informe que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado.

2. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a que queden firmes las sentencias del Tribunal Electoral de los recursos de apelación que, en su caso, promoviera el partido político, con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de los informes anuales y de campaña, el interventor deberá rendir un Informe al Consejo General, utilizando el formato 2 anexo a este Reglamento que contendrá, al menos, lo siguiente:

a) Una relación de los ingresos obtenidos por la venta de bienes, la cual deberá contener la descripción del bien vendido, el importe de la venta, así como el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de la persona que adquirió el bien;

b) Una relación de las cuentas cobradas, la cual deberá contener el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de los deudores del partido político, así como el monto y la forma en que fueron pagados los adeudos;

c) Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación, la cual deberá contener el nombre, dirección, teléfono y clave de elector o en su caso, el registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de las personas a las cuales les debía el partido político, así como el monto y la forma en que se efectuaron los pagos; y

d) En su caso, una relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados y los cobros no realizados.

ARTÍCULO 17

1. Para liquidar todos los bienes y pagar los adeudos del partido político, el interventor deberá aplicar los criterios de prelación establecidos en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV del Código, así como lo señalado en este Reglamento y si aún quedaren recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

2. El procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del partido político, se realizará de la siguiente manera:

a) El interventor deberá formular una lista de créditos a cargo del partido político en liquidación, con base en la contabilidad del instituto político, los demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como las solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten;

b) Una vez elaborada la lista de acreedores, el interventor deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que aquellas personas que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para solicitar el reconocimiento de crédito en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación respectiva;

c) Las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán contener lo siguiente:

I. Nombre completo, firma y domicilio del acreedor;

II. La cuantía del crédito;

III. Las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de documento que acredite éste, en original o copia certificada; y

IV. Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, o judicial que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.

d) En caso de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y demostrar que inició el trámite para obtenerlo;

e) Transcurrido ese plazo, el interventor deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, una lista que contenga el reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de los créditos, fijados en los términos del Reglamento; y

f) El procedimiento descrito se deberá realizar una vez que hayan quedado firmes las sentencias recaídas a los recursos de apelación interpuestos con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de los informes anuales y de campaña del otrora partido político que hubiere perdido su registro.

ARTÍCULO 18

1. En concordancia con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción VI del Código, en el caso de existir un saldo final positivo, deberá ajustarse a lo siguiente:

a) Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el interventor emitirá cheques a favor del Instituto, que serán entregados a la Unidad de Fiscalización, con la única finalidad de que los recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación; y

b) Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor llevará a cabo los trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto, con la única finalidad de que los bienes sean transferidos al SAE para que éste determine el destino final de los mismos con base en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

2. Después de que el interventor culmine con las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, procederá a elaborar un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido político que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos. El informe será entregado a la Unidad de Fiscalización para su posterior remisión al Consejo General.

De los preceptos transcritos, es evidente para el suscrito que, los actos del interventor se limitan a la elaboración de un informe, el cual deberá contener un balance de los activos y pasivos, a fin de llevar a cabo el cobro de los activos del partido político o el pago de los pasivos.

Sin embargo, para que el interventor pueda llevar a cabo el pago de los pasivos del partido político, es requisito sine qua non que las deudas estén determinadas, es decir, que sean líquidas y exigibles.

En este contexto, considero pertinente definir qué es una deuda exigible y líquida:

Al respecto, cabe citar a Ernesto Gutiérrez y González, en su obra "El Patrimonio. El pecuniario y el moral o derechos de la personalidad y derecho sucesorio", tercera edición, Editorial Porrúa, S. A., editada en México, página trescientas cuarenta y una, quien sostiene: "… patrimonio pecuniario en liquidación se le entiende como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, destinadas a su enajenación, con el fin, generalmente, de desinteresar a los acreedores de su titular, y dejar sólo un patrimonio pecuniario activo…".

…"La característica esencial de este patrimonio pecuniario, es su temporalidad, su vida breve y efímera, pues como se anota, su parte activa se destina a desinteresar a los acreedores de su titular, o sea liquidar el pasivo de ese patrimonio pecuniario…"

En este tema, Manuel Borja Soriano, en su obra "Teoría General de las Obligaciones", vigésima edición, Editorial Porrúa, S. A., editada en Distrito Federal, México, página doscientas sesenta y dos, sostiene que el patrimonio de liquidación "… consiste en un conjunto de bienes destinados a ser enajenados con el fin, generalmente, de desinteresar a los acreedores de ese patrimonio [Bonnecase, op. cit., número 340, página 676]…"

Al respecto, en el Código Civil Federal, en los artículos 2189 y 2190, se define cada uno se esos conceptos al tenor siguiente:

Artículo 2189.- Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de nueve días.

Artículo 2190.- Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho

Así, de lo expuesto hasta aquí, es conforme a Derecho considerar que, la tarea de determinar la existencia de una deuda, cuando existe controversia, así como la exigencia y liquidez, no es una de las facultades previstas para el interventor, por tanto, es convicción del suscrito corresponde a una autoridad diversa llevar a cabo la determinación del reconocimiento de deuda, así como hacerla líquida y exigible.

En efecto, a mi juicio, será el órgano jurisdiccional competente el que, atendiendo a la materia de la deuda, deba determinar la existencia de la deuda, cuando se controvierta su reconocimiento o bien hacerla líquida y exigible, cuando se controvierta la cuantía a que considera el acreedor tener derecho, a fin de que el interventor designado para la liquidación de un determinado partido político, esté en aptitud jurídica de llevar a cabo, los actos tendientes a pagar las deudas del partido político en liquidación.

Por otra parte, debo precisar que, en esta sesión pública de resolución de diversos medios de impugnación en materia electoral, se determinó, en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-154/2010, que el escrito presentado por Jorge Carlos Díaz Cuervo, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del otrora Partido Socialdemócrata, no constituye un medio de impugnación, sino una petición de condonación dirigida al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

El dirigente del otrora partido político sancionado, en términos de su escrito solicita, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, la condonación de diversas multas impuestas al aludido Partido Socialdemócrata.

Ahora bien, independientemente de que sea o no procedente lo solicitado por el ciudadano que se ostenta como dirigente del aludido partido político, es evidente que el monto del adeudo del Partido Socialdemócrata con el Instituto Federal Electoral, no es definitivo, dado que ante la presentación del escrito de solicitud de condonación, es factible que exista una modificación al rubro de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral, además, en caso de que la autoridad administrativa electoral federal determine negar lo solicitado, el Partido Socialdemócrata estaría en aptitud de impugnar esa determinación y, en tanto la resolución negativa no sea definitiva, no sería posible jurídicamente determinar cuál es el monto líquido y exigible de las deudas a cargo del aludido instituto político.

Finalmente debo precisar que, en mi concepto, no es conforme a Derecho considerar que el interventor del partido político en liquidación, sea el que determine la existencia y cuantía de las deudas en caso de controversia, ya que ello es facultad exclusiva del órgano de autoridad competente en cada caso.

Afirmo lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 10, del aludido Reglamento de liquidación, que es al tenor siguiente:

ARTÍCULO 10

DE LA LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO

1. En cualquier caso, el partido político que hubiere perdido su registro se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el interventor a nombre del partido político son las siguientes:

a) La presentación de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña a que se refiere el artículo 83 del Código;

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General; y

c) Las demás adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

2. Desde el momento en que hubiere perdido su registro, ningún partido político podrá realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de solventar sus obligaciones.

3. Los dirigentes, administradores y representantes legales de los partidos políticos serán los responsables respecto de las operaciones realizadas en contravención de lo previsto por el Código, el presente Reglamento y demás leyes aplicables.

Del artículo trasunto, se advierte que existen dos representes del partido político en liquidación, con ámbitos de representación, perfectamente definidos.

En efecto, el interventor es el representante legal del partido político, para efectos de la liquidación del instituto político que esté en esa situación.

Por su parte, los dirigentes, administradores y representantes legales, en términos de la legislación electoral y del estatuto del partido político en liquidación, serán los responsables respecto de los actos llevados a cabo en contravención de lo previsto por la normativa electoral federal, durante el procedimiento de liquidación del partido político nacional correspondiente.

En este orden de ideas, es evidente, para el suscrito, que considerar que el interventor, al ser representante el partido político, puede determinar el reconocimiento de créditos a favor de sus acreedores, así como determinar el monto de los adeudos de su representado, por sí y ante sí, sería violatorio del sistema jurídico democrático, porque el interventor sería juez y parte, violando con ello el principio general del Derecho, relativo a la imparcialidad de los sujetos que han de resolver controversias jurídicas, en su calidad de jueces, es decir, de órganos de autoridad del Estado.

Por ende, es mi convicción que, en este particular, el interventor no está facultado para determinar, en caso de controversia, el reconocimiento de deuda, su monto, y exigibilidad, debido a que incurriría en conflicto de intereses.

Por consiguiente, como he manifestado en este voto particular, lo procedente es que la determinación de reconocimiento de deuda, liquidez y exigibilidad, corresponde a una autoridad jurisdiccional diversa, en el ámbito de su respectiva competencia, en atención a la materia de la deuda, cuyo reconocimiento se solicita o respecto de cuya cuantía existe controversia.

En consecuencia, dado las violaciones sustanciales de procedimiento que se dieron en el procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata, relativas a que el interventor se excedió en sus funciones, y que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, confirmó esos actos contrarios a Derecho, lo procedente, a mi juicio es que:

1. Se revoque el acuerdo impugnado.

2. Se revoque el procedimiento seguido por el interventor, en cuanto a la determinación de reconocimiento de deuda, así como lo relativo al monto y exigibilidad de esas deudas.

3. Se revoque la lista definitiva de acreedores.

4. Se dejen a salvo los derechos de los actores para que los hagan valer ante las autoridades competentes, conforme a los procesos y procedimientos que conforme a Derecho procedan.

5. Se debe ordenar al interventor del Partido Socialdemócrata, en liquidación, y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, que, hasta que sean resueltos en definitiva, los procesos y procedimientos, que conforme a Derecho procedan, a fin de que los acreedores sean debidamente reconocidos, así como que el monto de la deuda sea líquido y exigible, para efecto de que lleve a cabo los actos necesarios para cubrir los adeudos correspondientes.

Por tanto, considero que las razones expuestas, en este voto particular, son las que deben regir la sentencia emitida por la mayoría, atendiendo a que existen créditos no reconocidos, así como también existen créditos que no son líquidos no exigibles, por lo cual considero que se debe revocar el acuerdo impugnado, en los términos propuestos, a fin de que los participantes en el procedimiento de liquidación, tengan certeza y seguridad jurídica de los actos que se lleven a cabo.

Por lo expuesto y fundado, emito este VOTO PARTICULAR. Rúbrica.