ACUERDO DE COMPETENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-4913/2011

ACTORA: ALEJANDRA GUADALUPE VIGIL TORRES

RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, EN EL ESTADO DE MORELOS

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIA: GEORGINA RÍOS GONZÁLEZ

México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil once.

VISTOS para acordar lo conducente en los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-4913/2011, promovido por Alejandra Guadalupe Vigil Torres en contra de actos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata registrado en el Estado de Morelos, y del Secretario de Organización de dicho instituto político relacionados con su derecho de afiliación, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende lo siguiente:

a) El siete de agosto de dos mil siete, Alejandra Guadalupe Vigil Torres presentó solicitud de afiliación como miembro del otrora Partido Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

b) El trece de junio de dos mil once, la promovente solicitó por escrito copia de su constancia de afiliación al referido instituto político, ante el Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata registrado en el Estado de Morelos, con la finalidad de cerciorase que sus derechos partidistas se encontraban vigentes.

c) El veinte de junio del año en curso, el Secretario de Organización del Partido Socialdemócrata registrado en el Estado de Morelos informó a la actora la imposibilidad de expedir el documento solicitado, en virtud de que la promovente no se encontraba registrada en dicho partido político.

SEGUNDO. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veinticuatro de junio de dos mil once, Alejandra Guadalupe Vigil Torres presentó, ante las oficinas del Partido Socialdemócrata, registrado en el Estado de Morelos, demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar la determinación que recayó a su solicitud.

TERCERO. Recepción y Trámite de la demanda

I. Recepción y registro en Sala Regional. El primero de julio de dos mil once, se recibió en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en México, Distrito Federal, la demanda del juicio referido, el informe circunstanciado y las demás constancias de trámite.

El juicio quedó registrado en el libro del gobierno de la citada Sala Regional con la clave SDF-JDC-480/2011.

II. Acuerdo de Sala Regional. El cuatro de julio del presente año, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, acordó someter a consideración de esta Sala Superior, la determinación de competencia para conocer y resolver el presente asunto y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente antes precisado, conforme a los puntos resolutivos siguientes:

PRIMERO. Remítase el presente juicio a la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, para que determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDO. Expídase copia certificada del escrito de demandada, así como de las demás constancias que integran el cuaderno principal, las cuales deberán ser glosadas a los autos de este expediente y remítanse los originales a la Sala Superior de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar cumplimiento al punto primero y segundo de este acuerdo.

III. Recepción del expediente en Sala Superior. El cinco de julio del año en curso, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio SDF-SGA-OA-1778/2011, del cuatro del mismo mes y año, a través del cual se remitieron las constancias con las que se integró el expediente SDF-JDC-480/2011.

IV. Turno del expediente. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JDC-4913/2011 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para acordar lo conducente y, en su caso, proponer al Pleno de la Sala Superior el proyecto de resolución que en Derecho corresponda.

Por oficio TEPJF/SGA-6409/2011, de la misma fecha, el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior dio cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo referido, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la resolución que se emite compete a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando en forma colegiada, en atención a lo sostenido por este órgano jurisdiccional, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3COJ 01/99, cuyo rubro es: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR".1

1 Consultable en las páginas 184 a 186 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen Jurisprudencia.

Lo anterior obedece a que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, por acuerdo plenario de cuatro de julio de dos mil once, sometió a la consideración de esta Sala Superior la cuestión de competencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Alejandra Guadalupe Vigil Torres, en contra de actos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata registrado en el Estado de Morelos, y del Secretario de Organización de dicho instituto político relacionados con su derecho de afiliación.

La determinación que se dicte al respecto no constituye un acuerdo de mero trámite, pues se trata de la aceptación o el rechazo de la competencia de esta Sala Superior para conocer del juicio al rubro indicado, razón por la cual se debe estar a la regla prevista en la citada tesis de jurisprudencia.

Por ende, se estima que debe ser esta Sala Superior en actuación colegiada, la que emita el acuerdo que conforme a Derecho proceda.

SEGUNDO. Consideraciones previas y cuestión jurídica a resolver.

De la revisión del escrito inicial de demanda, se advierte que la actora impugna dos actos que atribuye a distintos órganos partidarios de naturaleza estatal; a saber: i) Del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata, Partido Político Estatal, registrado en el Estado de Morelos, la negativa de dar respuesta al escrito mediante el cual solicita le sea expedida copia de su constancia de afiliación al Partido Político Nacional Socialdemócrata y, ii) Del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo del referido instituto político estatal, la negativa de otorgarle copia de la citada constancia de afiliación.

Como se observa, el presente juicio está enderezado en contra de actos atribuidos a dos órganos de un partido político estatal, vinculados con el derecho político-electoral de asociación, en su vertiente de afiliación.

De acuerdo con lo anterior, la cuestión jurídica a dilucidar es determinar qué Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver la impugnación en contra de actos atribuidos a órganos de un partido político de naturaleza estatal.

TERCERO. Competencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Esta Sala Superior no es competente para conocer del presente asunto, y considera que la Sala Regional del Distrito Federal es el órgano jurisdiccional competente para su conocimiento y resolución, conforme con lo siguiente.

De acuerdo con la reforma constitucional y legal de dos mil siete, se estableció un nuevo esquema de distribución de competencias para las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que corresponde al Tribunal Electoral resolver, en forma definitiva e inatacable, según lo disponga la ley, de las impugnaciones en contra de actos o resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Como se observa, la Constitución General establece el acceso a la jurisdicción estatal para la tutela del ejercicio de derechos político-electorales, como el de afiliación, y que el órgano encargado de conocer las impugnaciones relacionadas con la violación de ese tipo de derechos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se prevé una reserva legal para resolver esa clase de conflictos en los términos que disponga la legislación secundaria.

El medio de impugnación previsto en la legislación federal para impugnar violaciones a derechos político-electorales, es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La competencia de las Salas para conocer y resolver ese tipo de medios de impugnación, de acuerdo con la ley, es, en términos generales, la siguiente:

Para la Sala Superior, en los siguientes supuestos:

* Violación al derecho de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de México, de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

* Violación al derecho de asociarse libre e individualmente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como los que se presente en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas o en la integración de sus órganos nacionales.

* Cuando un ciudadano, asociado con otros ciudadanos, considere que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política.

* Cuando el ciudadano considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales.

* Cuando por causas de inelegibilidad de un candidato, las autoridades determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, tratándose de la elección de gobernadores o Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para las Salas regionales, en los siguientes supuestos:

* Violación al derecho de votar en las elecciones constitucionales.

* Violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados locales y a la Asamblea del Distrito Federal, ayuntamientos y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

* Violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar los ayuntamientos.

* Violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales.

* Violaciones relacionadas con la obtención oportuna del documento necesario para ejercer el voto, y con la inclusión en la lista nominal de electores.

* Cuando al ciudadano le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular, en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y sus titulares de las demarcaciones territoriales.

* Cuando por causas de inelegibilidad de un candidato, las autoridades determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, cuando se refiera a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Como se observa, las reglas de distribución de competencias de este nuevo esquema no prevén, de manera expresa, a qué Sala corresponde conocer de asuntos vinculados con la violación del derecho fundamental de afiliación política, tratándose de actos atribuidos o emitidos por partidos políticos estatales y, particularmente, con asuntos relacionados con la respuesta o determinación que éstos realicen sobre derechos de esa índole.

No obstante, de la interpretación sistemática de la normativa aplicable, se arriba a la conclusión de que ese tipo de asuntos son competencia de las Salas Regionales, como se explica en seguida.

De acuerdo con el orden jurídico mexicano, la forma ordinaria de ejercer el derecho de afiliación política, es mediante la adhesión, incorporación y pertenencia a un partido político, con todos los derechos inherentes a esa calidad.

Los partidos políticos pueden ser de carácter nacional o estatal, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base I, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ciudadanos son libres de elegir si se afilian a un partido político nacional o estatal, a partir de elementos como la identidad de intereses, ideología, programa, ámbito territorial de participación, entre otros.

Esta distinción entre el ejercicio del derecho de afiliación, a través de partidos políticos nacionales y partidos políticos estatales, cobra relevancia en el presente caso, porque el legislador estableció en favor de las salas regionales competencia para conocer de asuntos relacionados con partidos políticos locales, mientras que a la Sala Superior se le otorgó competencia para conocer de asuntos vinculados con partidos políticos nacionales.

Por regla general, la competencia de la Sala Superior se ejerce respecto de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en donde la materia versa o se relaciona con asuntos de partidos políticos de naturaleza nacional; en cambio, las salas regionales ejercen competencia para conocer de ese tipo de juicios donde la materia constituye conflictos o determinaciones relacionadas o emitidas por partidos políticos de naturaleza estatal.

En efecto, las Salas regionales son competentes para conocer y resolver el mencionado juicio por violaciones relacionadas con la elección de dirigentes de los órganos de los partidos políticos distintos a los nacionales. Esto es, de órganos partidarios de naturaleza estatal, mientras que la Sala Superior ejerce competencia tratándose de elección de dirigentes de órganos de partidos políticos nacionales.

De esta forma, se pone en evidencia que el legislador, si bien no previó todas las hipótesis legales en las que se actualiza la competencia de las Salas del Tribunal Electoral, sí estableció de manera clara y expresa una primera distinción de competencias, a partir de la elección de órganos de partidos políticos nacionales y estatales y, se insiste, respecto de éstos últimos se otorgó competencia a las Salas Regionales.

De lo anterior se desprende un elemento normativo para considerar que a las Salas Regionales compete la resolución de asuntos como el que se analiza en este juicio, en el que se combaten actos de órganos partidarios de naturaleza estatal.

Desde luego, esta norma cuya principal característica es el ámbito territorial y espacial de constitución, formación y participación de los partidos políticos -nacional y estatal-, se corrobora con otras normas que también ponen de manifiesto que los asuntos relacionados con el ejercicio de derechos político-electorales a nivel local, son competencia de las salas regionales.

En efecto, las Salas Regionales son competentes para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tratándose de elecciones de diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y titulares de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; violaciones vinculadas con las elecciones de servidores públicos municipales diversos a los electos para integrar los ayuntamientos, así como asuntos que versen sobre la inelegibilidad de candidatos en las elecciones indicadas.

Como se advierte, la normativa que regula la distribución de competencias, prevé, en un gran número de supuestos, que las Salas regionales se encarguen de los asuntos concernientes a procesos de elección y determinaciones de partidos políticos de naturaleza estatal, lo que permite válidamente afirmar que también tienen competencia para conocer de asuntos, relacionados con el ejercicio y violación del derecho de afiliación tratándose de resoluciones que, sobre esta materia, emitan los partidos políticos locales.

Por lo tanto, si la accionante combate una determinación de un órgano de dirección de partido político local que, en su concepto, vulnera su derecho asociación en la vertiente de afiliación a dicho instituto político, es dable concluir que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la impugnación respectiva es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ejerce jurisdicción en el ámbito territorial en que se cometió la violación reclamada, ya que éstos órganos jurisdiccionales de manera general son los competentes para dirimir las controversias que en forma de juicio se presentan contra actos de dichos institutos políticos.

Esta interpretación es congruente con el criterio de la Sala Superior, consistente en que corresponde a las Salas regionales conocer de las impugnaciones vinculadas con el acceso y desempeño de cargos partidarios estatales y municipales, contenida en la tesis de jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES VINCULADAS CON EL ACCESO Y DESEMPEÑO DE CARGOS PARTIDISTAS ESTATALES Y MUNICIPALES, que si bien regula una situación distinta a la que se analiza en el presente caso, sirve como referencia para evidenciar que las Salas Regionales son competentes para resolver conflictos relacionados con partidos políticos estatales, lo que refuerza la interpretación que se sostiene en esta resolución.

Finalmente, esta interpretación también es armónica con lo dispuesto en el artículo 195, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se dispone que las Salas regionales, en el ámbito en el que ejerzan jurisdicción, son competentes para resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local.

Tan es así, que esta Sala Superior ha sostenido que los asuntos cuya materia verse sobre la formación y registro de partidos políticos estatales (supuesto que tampoco está previsto expresamente en la normativa), corresponde resolverlos a las Salas regionales, con fundamento, esencialmente, en el citado artículo 195, fracción XI.2

2 Por ejemplo, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2695/2008, y en el asunto general SUP-AG-51/2008, ambos resueltos por mayoría de votos el veintitrés de octubre de dos mil ocho.

Por tanto, si en el presente caso, la actora combate actos atribuidos a un partido político estatal, a través de dos de sus órganos de dirección, esta Sala Superior estima que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la controversia planteada es la Sala Regional del Distrito Federal, por lo que lo procedente es devolver el asunto a dicha Sala regional para que, conforme con sus atribuciones, resuelva lo que en derecho corresponda.

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior, en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-217/2010.

Por lo expuesto y fundado se

A C U E R D A

PRIMERO. Esta Sala Superior no es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Alejandra Guadalupe Vigil Torres, en contra de actos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata registrado en el Estado de Morelos, y del Secretario de Organización de dicho instituto político relacionados con su derecho de afiliación.

SEGUNDO. Remítase a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, los autos del presente juicio para que conozca y resuelva como corresponda.

NOTIFÍQUESE por oficio, con copia certificada de esta resolución, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, así como al Comité Ejecutivo Estatal y Secretaría de Organización del Partido Socialdemócrata, registrado en el Estado de Morelos; personalmente a la actora, en el domicilio indicado en autos, y por estrados a los demás interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, y 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, con el voto particular del Magistrado Manuel González Oropeza, quien lo emite en los términos que se precisan más adelante, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DEL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-4913/2011.

Con todo respeto, me permito disentir del proyecto de la mayoría en relación con los razonamientos expuestos en el acuerdo de mérito, pues a mi juicio el presente medio de impugnación es de la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las razones que señalo a continuación.

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, la promovente señala como acto impugnado el oficio PSD/CEE/SO/10/2011 suscrito por el Secretario de Organización del Partido Socialdemócrata, con registro en el Estado de Morelos, mediante el cual se le comunica que "… es imposible expedir el documento solicitado [la copia de su constancia de afiliación al partido político nacional Alternativa Socialdemócrata], ya que nuestro Partido Político es un partido con registro y jurisdicción estatal, y que obtuvo su registro el día primero de octubre del año dos mil nueve.".

El acuerdo señala que la competencia de este asunto se surte a favor de la Sala Regional de este Tribunal Electoral, con sede en el Distrito Federal, porque:

a) Por regla general, la competencia de la Sala Superior se ejerce respecto de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se relacionen con asuntos de partidos políticos nacionales; en cambio, las Salas Regionales ejercen competencia para conocer de ese tipo de juicios, relacionados con conflictos o determinaciones relacionadas o emitidas por partidos políticos estatales.

b) Las Salas Regionales son competentes para conocer y resolver este tipo de juicios por violaciones relacionadas con la elección de dirigentes de los órganos partidarios de naturaleza estatal, mientras que la Sala Superior ejerce competencia tratándose de elección de dirigentes de órganos de partidos políticos nacionales.

c) Esta norma, cuya principal característica es el ámbito territorial y espacial de constitución, formación y participación de los partidos políticos —nacional y estatal—, se corrobora con otras normas, como el artículo 195, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en que se han apoyado los precedentes SUP-JDC-2695/2008 y SUP-AG-51/2008. Dicha porción normativa establece que las Salas Regionales, de acuerdo con su jurisdicción, tendrán competencia para resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local.

d) Esta interpretación es congruente con la jurisprudencia de la Sala Superior, de rubro "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES VINCULADAS CON EL ACCESO Y DESEMPEÑO DE CARGOS PARTIDISTAS ESTATALES Y MUNICIPALES", que si bien regula una situación distinta, sirve como referencia para evidenciar que las Salas Regionales son competentes para resolver conflictos relacionados con partidos políticos estatales.

e) De lo anterior se desprende un fuerte elemento normativo para considerar que a las Salas Regionales compete la resolución de asuntos en los que se combatan actos de órganos partidarios de naturaleza estatal, y que un similar criterio se sostuvo en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-217/2010, en el que estuvo involucrado el Partido Duranguense.

En consecuencia, la mayoría parte del presupuesto de que, siendo el Partido Socialdemócrata con registro en el Estado de Morelos —ante el cual se solicitó la copia de la constancia de afiliación—, un partido político estatal, y siendo el acto impugnado la respuesta negativa del Partido Socialdemócrata, la competencia se surte a favor de la Sala Regional de este órgano jurisdiccional.

Sin embargo, en el presente caso, se debe tomar en cuenta que la afiliación de la ahora promovente es una situación que se originó ante el entonces partido político nacional Alternativa Socialdemócrata, por lo cual considero que la competencia le corresponde a esta Sala Superior, por las siguientes razones:

a) La promovente exhibe una copia simple de lo que afirma fue su Solicitud de Afiliación, de fecha veintisiete de febrero del dos mil siete, y en ella se observa el logotipo del entonces partido político nacional Alternativa Socialdemócrata, que después se denominó Partido Socialdemócrata, respecto del cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió declaratoria de pérdida de registro, de fecha veintiuno de agosto de dos mil nueve, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios, en el proceso electoral federal 2008-2009;

b) De la demanda de juicio ciudadano que presentó la ahora promovente, se desprende que ella en realidad pretende que se le reconozca que estuvo afiliada a un partido político nacional;

c) Asimismo, si el actual partido con registro en el Estado de Morelos no cuenta con la base de datos del padrón nacional del entonces partido político nacional Alternativa Socialdemócrata, es lógico que no podrá avalar la afiliación de la ahora promovente;

d) Por ende, al presentarse la presente demanda de juicio ciudadano con respecto a un partido político nacional, en el que se encuentra involucrado el mismo partido, pero con registro en una entidad federativa —como es el caso del Estado de Morelos—, por satisfacer los requisitos que señala la ley local de la materia, esta Sala Superior tiene la competencia originaria para substanciar y resolver el presente asunto, porque se trata de la afiliación realizada originalmente en un instituto político que contaba con el registro del Instituto Federal Electoral para actuar en todo el país, por lo que la afiliación no debe entenderse efectuada en un partido político local sino en uno de naturaleza nacional.

Por lo anterior, disiento con el sentido de la mayoría, con respecto a este acuerdo, por considerar que la Sala competente es la Sala Superior. Rúbrica.