JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-20/2011

ACTORA: COALICIÓN "HIDALGO NOS UNE"

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

TERCERA INTERESADA: COALICIÓN "UNIDOS CONTIGO"

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil once.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave SUP-JRC-20/2011, promovido por la Coalición "Hidalgo nos Une" integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia, en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, para impugnar el acuerdo de trece de enero del año en curso, recaído al procedimiento administrativo sancionador electoral identificado con la clave IEE/P.A.S.E./02/2010; y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

1. Queja administrativa. El diecinueve de mayo del año dos mil diez, Ricardo Gómez Moreno, en su calidad de representante propietario de la Coalición "Hidalgo nos Une" ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, presentó un escrito de queja en contra de la Coalición "Unidos Contigo" integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y del ciudadano José Francisco Olvera Ruiz, por hechos que considero infracciones al proceso electoral para la renovación del Gobernador del Estado. Con la citada denuncia, el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en proveído de diecinueve de mayo del mismo año, determinó la integración del expediente sancionador identificado con la clave IEE/P.A.S.E./02/2010.

2. Emplazamiento a la Coalición "Unidos Contigo". El veintiséis de mayo de dos mil diez, se emplazó al procedimiento sancionador a la Coalición "Unidos Contigo", la cual mediante escrito presentado el treinta y uno siguiente contestó la queja respectiva, alegando lo que a su Derecho consideró atinente.

3. Medidas cautelares. El cuatro de junio del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dictó acuerdo a través del cual determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares formulada en el escrito inicial de denuncia.

4. Emplazamiento a José Francisco Olvera Ruiz. Mediante proveído de quince de octubre del mismo año, se emplazó al ciudadano José Francisco Olvera Ruiz, quien el diecinueve siguiente dio contestación a la denuncia presentada en su contra, alegando lo que consideró atinente.

5. Recurso de apelación. El treinta de noviembre de dos mil diez, Ricardo Gómez Moreno, representante propietario de la coalición "Hidalgo nos Une", presentó recurso de apelación para controvertir la omisión de resolver el procedimiento sancionador atinente, el cual fue radicado en el expediente identificado con la clave RAP-CHNU-028/2010 y resuelto de manera acumulada al diverso RAP-CHNU-027/2010, el diecisiete de diciembre siguiente, al tenor de los resolutivos siguientes:

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos del considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Sobre la base de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en la parte considerativa de esta resolución, los agravios formulados en su escrito recursal, por Ricardo Gómez Moreno, en su calidad de Representante Propietario de la coalición "Hidalgo nos Une", con respecto a la omisión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para resolver, hasta la fecha, los Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales IEE/P.A.S.E./01/2010, IEE/P.A.S.E./02/2010, IEE/P.A.S.E./05/2010, IEE/P.A.S.E./17/2010 Y SU ACUMULADO IEE/P.A.S.E./39/2010, IEE/P.A.S.E./18/2010, IEE/P.A.S.E./19/2010, IEE/P.A.S.E./23/2010, IEE/P.A.S.E./24/2010, IEE/P.A.S.E./29/2010, IEE/P.A.S.E./48/2010, sometidos a su consideración, devienen PARCIALMENTE FUNDADOS y OPERANTES.

TERCERO.- Por tal motivo, SE DEBERÁN ENVIAR las constancias del expediente en que se actúa y ordenar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, PROCEDA A DESAHOGAR LAS DILIGENCIAS Y A DICTAR LAS RESOLUCIONES PENDIENTES en plenitud de atribuciones conforme a derecho; lo que deberá hacer con base en lo señalado en la parte final del considerando marcado con el número V.

CUARTO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a la coalición "Hidalgo nos Une", en el domicilio señalado en autos, al Instituto Estatal Electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 28, 30, 34 y 35, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral y asimismo, hágase del conocimiento público, a través del portal Web de este Órgano Colegiado.

6. Acto reclamado. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria antes precisada, el trece de enero del año en curso, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo dictó la resolución en el expediente identificado con la clave IEE/P.A.S.E./02/2010, al tenor de lo siguiente:

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, relativo al procedimiento administrativo sancionador electoral, radicado bajo el expediente número IEE/P.A.S.E./02/2010.

R E S U L T A N D O

I. Denuncia Administrativa. Con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, el C. Ricardo Gómez Moreno, en su calidad de representante propietario ante el Consejo General de la coalición "Hidalgo nos Une", presentó ante este Instituto Electoral, escrito en el que se contiene una queja en contra de la coalición "Unidos Contigo" y del ciudadano José Francisco Olvera Ruiz, por hechos posiblemente constitutivos de infracciones al proceso electoral para la renovación del Poder Ejecutivo, mismo en el que se solicitaba la aplicación de medidas cautelares.

II. Acuerdo de recepción. Con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dictó acuerdo a través del cual se daba por recibida la denuncia administrativa, ordenando se formara el expediente número IEE/P.A.S.E./02/2010, y por cuerda separada se integrara el expediente relativo a las medidas cautelares solicitadas.

III. Trámite. En el acuerdo de recepción indicado, se ordenó la realización de una inspección ocular en los lugares a que se hacen referencia en el hecho número cuatro del escrito de queja, así como girar oficio a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Pachuca, Hidalgo, a efecto de que informara a esta autoridad, la situación legal que guardan los espacios a los que se hace referencia en la denuncia correspondiente.

IV. Inspección Ocular. El Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, procedió, en términos de lo ordenado en el acuerdo inicial, a la realización de la inspección ocular mencionada, verificándose tales inspecciones en dos ocasiones; la primera, el día veinte de mayo; y la segunda, el veinticinco de mayo, ambas del año dos mil diez.

V. Oficio al Secretario de Obras Públicas Municipales. Con fecha veinte de mayo del año dos mil diez, se giró el oficio mencionado anteriormente, al Secretario de Obras Públicas Municipales, siendo éste el número IEE/SG/JUR/181/2010; recibiéndose su contestación, mediante el correlativo número SOPDUE/0412/2010 de fecha veintiocho del mismo mes y año.

VI. Requerimiento a la coalición Unidos Contigo. Derivado de las inspecciones oculares realizadas por la Secretaría General de este Instituto, se consideró necesario requerir a la coalición "Unidos Contigo", para que informara con quien había contratado la colocación de la propaganda electoral observada en los puentes peatonales mencionados en las citadas diligencias de inspección ocular; misma que contestó en el plazo fijado.

VII. Emplazamiento y contestación. El día veintiséis de mayo de dos mil diez, se emplazó a la coalición "Unidos Contigo", y el día treinta y uno, presentó su contestación a la queja; así mismo, con fecha quince de octubre de dos mil diez se emplazó al ciudadano José Francisco Olvera Ruiz, quien el día diecinueve del mismo mes y año, dio contestación a la denuncia incoada en su contra.

VIII. Medidas cautelares. Con fecha cuatro de junio de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dictó acuerdo a través del cual determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares solicitadas en el escrito inicial de denuncia.

IX. Recurso de apelación y resolución jurisdiccional. La coalición "Hidalgo nos Une", interpuso recurso de apelación en contra de la omisión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para resolver el fondo del presente procedimiento administrativo sancionador electoral, medio impugnativo que fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el cual nos ordena la resolución pronta y expedita del presente expediente.

X. En razón de lo anterior y una vez agotadas las investigaciones pertinentes al caso que se plantea, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, arriba a los siguientes

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Competencia. Es atribución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, conocer y resolver la denuncia administrativa presentada, en términos de lo establecido en los artículos 86 fracción XXVII y XXIX; y 257, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

SEGUNDO. Legitimación y personería. En términos de lo dispuesto por el artículo 32 fracciones VI y XI, en relación con el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, corresponde a los Partidos Políticos y/o Coaliciones, solicitar al Consejo General que investigue las actividades de los demás Partidos Políticos, cuando exista motivo fundado para considerar que no cumplen con alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a la Ley, en razón de ello, la Coalición "Hidalgo nos Une", está legitimada para la realización del trámite llevado a cabo en este procedimiento; aunado a ello, el C. Ricardo Gómez Moreno, tiene acreditada, a satisfacción de este Consejo General, su calidad de representante propietario de la mencionada coalición, por lo que se le reconoce su personería.

TERCERO. Pronunciamiento de fondo. Procedimiento a la emisión del considerando de fondo, advertimos que la coalición denunciante, refiere en el capítulo de antecedentes, en lo medular, lo siguiente:

Se transcribe.

En razón de ello, la coalición denunciante, en su capítulo de CONSIDERACIONES LEGALES, estima violación a las disposiciones jurídicas contenidas en la Ley Electoral de Hidalgo, en sus artículos 183 y 184, argumentando lo siguiente:

Se transcribe.

Por su parte, la coalición "Unidos Contigo" al emitir su contestación a la denuncia, sostiene en lo medular:

Se transcribe.

Por su parte el Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, manifestó lo siguiente:

Se transcribe.

Determinadas que fueron las posiciones de las partes en este asunto, es de considerarse acreditada la existencia de la propaganda electoral denunciada, así como la autoría de la misma, recayendo en la coalición "Unidos Contigo" y su entonces candidato a la gubernatura del Estado José Francisco Olvera Ruiz, habida cuenta de las pruebas que obran en el expediente consistentes en:

1. Prueba técnica ofrecida por la denunciante en su escrito de queja, consistente en fotografías de los puentes peatonales, sitos en los boulevares: "Everardo Márquez", "Felipe Ángeles" y, "Luis Donaldo Colosio", de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; de las cuales se advierte la colocación de la propaganda reclamada, prueba que tiene valor de indicio en términos de lo establecido por el artículo 19 fracción II de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Inspecciones oculares, de fechas veinte y veinticinco de mayo de dos mil diez, verificada sobre los boulevares: "Everardo Márquez", "Felipe Ángeles", "Luis Donaldo Colosio", y carretera México Pachuca, con la que se acredita también la existencia de la propaganda de la coalición "Unidos Contigo", colocada en una estructura metálica, la cual a su vez, está colocada sobre los puentes peatonales allí referidos.

3. Pruebas técnicas consistentes en fotografías obtenidas de los recorridos en donde se practicaron las inspecciones oculares citadas, que demuestran gráficamente, la propaganda en mención y los lugares en donde se coloca; haciendo especial mención que, en la fotografía obtenida en el primer recorrido del puente peatonal ubicado en el boulevard "Everardo Márquez", se aprecia una estructura metálica por encima del puente peatonal, en la cual no hay colocada ningún tipo de propaganda.

Ambas pruebas, al ser provenientes de esta autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones y realizadas por conducto del Secretario General del organismo, al relacionarlas con las pruebas técnicas provenientes de la coalición denunciante y las afirmaciones de la coalición denunciada y su entonces candidato a la gubernatura del Estado, a la verdad conocida y al recto raciocinio, generan convicción plena en esta autoridad en términos de lo establecido por la fracción II del artículo 19 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en lo establecido en la tesis de jurisprudencia intitulada "Diligencias de inspección en el procedimiento administrativo sancionador. Requisitos necesarios para su eficacia probatoria".

4. Prueba documental pública, expedida por autoridad en el ejercicio de sus funciones, consistente en el oficio número SOPDUE/0412/2010, expedido por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, a través del cual se informa respecto de la concesión que otorgó, mediante acuerdo de asamblea, el Ayuntamiento de Pachuca de Soto a la persona moral denominada VICASI S. A. de C.V., para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en los puentes ubicados en el municipio de Pachuca, misma que tiene valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 15, fracción I, inciso c; y, 19 fracción I de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. Prueba documental privada, proveniente de una parte en el presente procedimiento, consistente en el informe que rinde la coalición "Unidos Contigo", en la que afirma celebró contrato con la persona moral denominada VICASI S.A. de C.V., para la exhibición de su propaganda electoral, la cual tiene valor de indicio conforme lo previsto por el artículo 19 fracción II de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con la adminiculación de dichos elementos de prueba, se acredita a satisfacción de esta autoridad, que en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sobre los puentes peatonales:

1. Del boulevard Luis Donaldo Colosio, frente a la calle Ferrocarril Central;

2. Del boulevard Felipe Ángeles, frente a la Unidad Deportiva y Zona Plateada, a la altura del centro comercial Galerías Pachuca;

3. Del boulevard Felipe Ángeles, el ubicado en el cruce peatonal de la tienda departamental Sears Outlet y camino al CRITH;

4. Del boulevard Everardo Márquez, frente a la agencia automotriz General Motors, en contra esquina del Hotel Holiday Inn;

5. En la carretera México Pachuca, frente a las instalaciones de la feria, la plaza de toros y el sector primario; y

6. En la carretera México Pachuca, frente a la Calle Veinte de Octubre y la Calle Felipe Ángeles, Col. San Antonio el Desmonte.

Se colocaron elementos o estructuras metálicas que se vienen utilizando para la colocación de propaganda comercial y electoral correspondiente a la coalición "Unidos Contigo" y su entonces candidato a la gubernatura del Estado, José Francisco Olvera Ruiz.

Los elementos o estructuras metálicas en donde se coloca la propaganda observada, podemos denominarlos bastidores, con base en las definiciones encontradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que a continuación se transcriben

1. m. Armazón de palos o listones de madera, o de barras delgadas de metal, en la cual se fijan lienzos para pintar y bordar, que sirve también para armar vidrieras y para otros usos análogos.

2. m. Armazón de listones o maderos, sobre la cual se extiende y fija un lienzo o papel pintados, y especialmente cada uno de los que, dando frente al público, se ponen a un lado y otro del escenario y forman parte de la decoración teatral.

3. m. Armazón metálica que soporta la caja de un vagón, de un automóvil, etc.

4. m. Conjunto de dicha armazón con el motor y las ruedas.

5. m. Armazón de hierro o bronce en que la hélice apoya su eje cuando no se fija, como sucede en ciertos buques mixtos.

Respecto de la colocación de la propaganda sujeta a revisión por parte de esta autoridad administrativa electoral es de considerarse, que la coalición "Unidos Contigo", colocó, anuncios propagandísticos consistentes en lienzos rectangulares en donde predomina de fondo el color rojo, sobre el cual se aprecian letras en color blanco, en las cuales se lee: "PACO OLVERA", "GOBERNADOR", "PARA QUE HIDALGO GANE MÁS", "VERÉ POR TU FUTURO" o "DARÉ TODO POR TI"; además el logo registrado de la coalición "Unidos Contigo"; todos ellos, relacionados con la campaña electoral a Gobernador del Estado, en la que se postuló al candidato de dicha coalición JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ.

Entrando al análisis de la normatividad aplicable al caso sujeto a investigación, para determinar si la propaganda reclamada por la coalición "Hidalgo nos Une", pudiera considerarse contraria a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, como lo sostiene la propia denunciante, es de considerarse lo que al efecto señalan los artículos 183 y 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que textualmente indican:

Artículo 183. Se transcribe.

Artículo 184. Se transcribe.

De la lectura de las disposiciones legales transcritas, particularmente, en lo que respecta al artículo 184, se arriba a las siguientes conclusiones:

El contenido de la norma está dirigido a los partidos políticos y candidatos, en la colocación de su propaganda electoral.

Por lo que respecta a las fracciones del citado artículo 184, advertimos en la primera, que los sujetos a quienes está dirigida la norma, tienen la posibilidad legal de colgarla en bastidores y mamparas, siempre y cuando no los dañen, se impida la visibilidad de los conductores de vehículos o la circulación de peatones y se observe lo dispuesto por la fracción IX del artículo 33 de la propia Ley Electoral.

Siguiendo en su orden, la fracción segunda menciona, que pueden colgarla o fijarla en inmuebles de propiedad privada siempre que medie permiso por escrito del propietario.

Y la fracción tercera, indica, prohibitivamente, que no podrán colgarla o fijarla, entre otros lugares, en elementos del equipamiento urbano.

En relación a ello, es preciso establecer, qué debe entenderse como equipamiento urbano, por lo que, de la lectura del artículo 63 de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, advertimos.

Artículo 63. Se transcribe.

En relación a este precepto, es de considerarse que el equipamiento urbano lo componen, tanto bienes de propiedad privada, como bienes del dominio público.

Es importante hacer hincapié en lo anterior, habida cuenta que, si en el equipamiento urbano se contienen bienes de propiedad privada, y en las dos primeras fracciones del artículo 84 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo se permite la colocación de propaganda electoral en "bastidores y mamparas" y en "inmuebles de propiedad privada", puede concluirse entonces, que los bastidores, las mamparas y los inmuebles de propiedad privada, pueden formar parte del equipamiento urbano.

De lo anterior se estima, que el artículo 184 en la porción normativa contenida en la fracción III, contiene hipótesis prohibitivas para la fijación de propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, pero al propio tiempo, en las porciones normativas contenidas en las fracciones I, II e incluso en la fracción V, contiene hipótesis permisivas para la colocación de propaganda electoral en bastidores, inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, los que pueden ser al propio tiempo parte del equipamiento urbano.

Como se ve, el transcrito artículo 184 contiene porciones normativas incompatibles o aparentemente incompatibles (antinomias), respecto de las cuales la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce los siguientes criterios de interpretación:

ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN. Se transcribe.

Como se precisó anteriormente, en el caso concreto y en torno a las reglas establecidas por la Ley Electoral del Estado de Hidalgo para la colocación de la propaganda electoral, existe una aparente antinomia entre lo previsto en la fracción III y las fracciones I, II y V del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, pues por un lado, en la fracción III aludida, se estableció una norma restrictiva, imperativa o prohibitiva de carácter general, para la colocación de la propaganda electoral, en elementos del equipamiento urbano; y, por otro parte, en las fracciones I, II y V, el legislador dispuso normas permisivas de carácter especial, que autorizan que la propaganda electoral sea colocada en lugares que pueden ser considerados también como partes del equipamiento urbano.

En efecto, conforme a las definiciones precisadas en párrafos precedentes, dentro de los elementos que comprende el equipamiento urbano, podemos encontrar bienes públicos o privados, bienes de uso común o de uso particular, y bastidores; de tal forma que, aparentemente, la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, parece que en una disposición prohíbe la colocación de propaganda electoral en cualquier elemento del equipamiento urbano, y por otra, los autoriza bajo ciertas condiciones.

Para esclarecer la aparente contradicción de las porciones normativas en contraste, y atendiendo a los criterios señalados por la jurisprudencia, resultan aplicables al presente procedimiento, los señalados con los números tres y siete de la tesis anteriormente transcrita; es decir: (3) el relativo al criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria); y, (7) el inherente a inclinarse por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta última; por lo que, es de concluirse que el artículo 184 establece en su fracción III, como regla general, imperativa o prohibitiva: que los partidos políticos y candidatos no podrán colgar, fijar o pintar propaganda electoral durante sus campañas o precampañas en elementos del equipamiento urbano; regla que encuentra como excepciones permisivas los casos establecidos en las fracciones I, II y V, según las cuales, puede ubicarse la propaganda electoral en: bastidores y mamparas, siempre que no los dañe, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones y se observe los dispuesto en la fracción IX del artículo 33; inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso por escrito del propietario; o, en lugares de uso común, previa determinación de los organismos electorales y previo acuerdo con las autoridades correspondientes.

Una vez esclarecido el entendimiento de las fracciones I, II y V del artículo 184 se procede analizar si la propaganda reclamada por los quejosos encuadra o no en alguno de los casos de excepción del referido artículo.

Con los elementos que obran en el expediente, particularmente las inspecciones oculares realizadas por la Secretaría General de este Instituto, las pruebas técnicas obtenidas de las mismas y las que exhibió la quejosa, particularmente, con la fotografía del primer recorrido obtenida del puente peatonal sito en el boulevard "Everardo Márquez" en el que de forma por demás clara se aprecia la estructura sobre la cual se coloca la publicidad, quedó acreditado que la propaganda reclamada fue colocada en bastidores, es decir marcos o armazones de barras delgadas de metal.

De igual forma es de observarse, que la colocación de la propaganda denunciada no produce ni ha producido daños en los bastidores ni en los puentes donde se fijan éstos, según se constata con las propias diligencias practicadas y las fotografías citadas; por otra parte, la colocación de la propaganda no impide la visibilidad de conductores de vehículos, según se aprecia de las fotografías tomadas a la altura del arroyo vehicular, de las cuales se desprende, que queda libre la visibilidad del mismo arroyo y de los anuncios de tránsito e información colocados en esas partes de la ciudad de Pachuca de Soto; tampoco se impide la circulación de peatones, según se observa de las mismas pruebas técnicas en mención, en donde incluso, en algunas de las aportadas por la denunciante, se advierten personas caminando sobre la calzada del puente y muy por encima de ella se aprecia la propaganda denunciada.

Finalmente, se concluye que la propaganda en cuestión no es contraria a otras disposiciones jurídicas, particularmente a los Bandos de Policía y Gobierno ni a la normatividad aplicable en los municipios correspondientes, habida cuenta, que la propia autoridad municipal ha informado, que celebró un "contrato de concesión para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en los puentes ubicados en el municipio", en cumplimiento al acuerdo de asamblea celebrado por el Ayuntamiento de Pachuca con fecha veintidós de julio de dos mil ocho, cuyo objeto es lícito con arreglo a la normatividad aplicable.

De todo lo anterior se concluye que la propaganda reclamada encuadra en el caso de excepción establecido en la fracción I del artículo 184 y, por lo tanto, no es dable considerar que pueda ser considerada como contraria a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, ya que, incluso, como se apuntó en líneas anteriores, el examen del artículo 184 lleva a la conclusión de que se ajusta a la ley de la materia.

La anterior conclusión se ve reforzada con la consideración de que la porción normativa establecida en la fracción III del artículo 184, consistente en la prohibición de colocar propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, encontrando su razón de ser, en la necesidad de mantener y preservar en correcto funcionamiento de los inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano de propiedad pública y privada que son utilizados para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas; y estas finalidades no se ven afectadas o perturbadas con la colocación de bastidores o mamparas en elementos del equipamiento urbano, cuando como en el caso, no los dañan, ni impiden la visibilidad de conductores de vehículos, ni la circulación de peatones, además de que dicha propaganda está sujeta en los bastidores mencionados, y estos a su vez, están colocados por encima de los puentes peatonales. Cabe agregar, que la colocación de los bastidores en cuestión, muestra la intención de evitar daños al equipamiento urbano y que la exhibición de la propaganda, en su caso, se realice en forma ordenada y provechosa para el ayuntamiento.

Lo anterior demuestra, que en la medida en que los elementos del equipamiento urbano no sean dañados, ni se impida la utilización o aprovechamiento que corresponde a su naturaleza y finalidad, debe estimarse que en el caso, aplica la hipótesis normativa de permisibilidad, prevista en la fracción I del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, pues de otra manera, sería incongruente que en los mismos bastidores instalados para la colocación de propaganda, bajo las condiciones apuntadas, se prohíba la destinada a la propaganda electoral y se permita la de cualquier otra naturaleza.

Por tanto, debe concluirse, que los hechos reclamados a la coalición y al candidato en la denuncia presentada por los quejosos no resultan contrarios a la normatividad del Estado de Hidalgo, por lo que, resulta procedente declarar improcedente la denuncia presentada por la coalición "Hidalgo nos Une".

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 fracciones I, XXVII y XXIX, 183, 184, 256, 257 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, se pone a consideración del pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el siguiente

A C U E R D O:

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, ha sido competente para conocer y resolver la denuncia presentada por la Coalición "Hidalgo nos Une".

SEGUNDO. En términos de lo establecido en el considerando TERCERO de este dictamen se declara improcedente la denuncia presentada por la Coalición "Hidalgo nos Une".

TERCERO. Notifíquese y cúmplase.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la resolución citada, mediante escrito presentado el diecisiete de enero del año en curso, ante la responsable, la Coalición "Hidalgo nos Une" por conducto de Ricardo Gómez Moreno, promovió per saltum juicio de revisión constitucional electoral, alegando lo que a su Derecho consideró atinente.

III. Recepción de expediente en Sala Superior. Por oficio IEE/SG/JUR/09/2011 de diecisiete de enero de dos mil once, suscrito por el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el inmediato día dieciocho, se remitió a esta Sala Superior el original de la demanda interpuesta con sus anexos, la documentación que consideró atinente y rindió el respectivo informe circunstanciado.

IV. Turno de expediente. Mediante acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave SUP-JRC-20/2011 y lo turnó a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Tercera interesada. Por escrito presentado ante la autoridad responsable, la Coalición "Unidos Contigo" integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, compareció con la calidad de tercera interesada, expresando los alegatos que consideró pertinentes. El escrito de cuenta fue remitido a esta Sala Superior mediante oficio IEE/SG/JUR/20/2011, recibido en la Oficialía de Partes el veinte de enero del año que transcurre.

VI. Admisión y cierre de instrucción. Por auto de veinticinco de enero del año en curso, la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda de juicio de revisión constitucional electoral y al no existir diligencias pendientes de desahogar, declaró cerrada la instrucción y ordenó elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver este asunto, conforme con lo prescrito por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, párrafo 1 y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, interpretados en forma sistemática y funcional, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por una coalición electoral en contra de una determinación emitida por una autoridad electoral local, vinculada con un procedimiento administrativo sancionador electoral incoado por hechos ocurridos durante la campaña para elegir Gobernador en Hidalgo.

SEGUNDO. Per saltum. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es requisito de procedibilidad que el acto o resolución impugnado en el juicio de revisión constitucional electoral deba ser definitivo y firme, por lo cual solo puede acudirse al juicio de revisión, después de haber agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales, en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado.

Esta Sala Superior ha considerado que la exigencia en cuestión responde al principio de definitividad, rector de los procesos jurisdiccionales excepcionales y extraordinarios, como es el juicio de revisión constitucional electoral, conforme al cual los justiciables sólo deben ocurrir a la vía especial, cuando sea el único medio para conseguir de manera pronta y adecuada la restitución, en la mayor medida posible, del goce de los derechos sustantivos controvertidos que estiman conculcados con las violaciones aducidas, pues no se justifica ocurrir a lo extraordinario cuando es más fácil e inmediato valerse de un medio ordinario eficaz para lograr lo pretendido.

También se ha sustentado que es posible exonerar al actor de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que su agotamiento previo se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio y máxime, cuando estando pendiente de resolver algún medio ordinario, quien lo promovió desiste de él para acudir a la instancia federal, per saltum.

En el caso, el medio de impugnación se endereza en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, para impugnar el acuerdo de trece de enero del año en curso, recaído al procedimiento administrativo sancionador electoral identificado con la clave IEE/P.A.S.E./02/2010.

La materia del citado procedimiento, según se desprende de las constancias que integran los autos del juicio en que se actúa, se hace consistir en que, en concepto de la Coalición "Hidalgo nos Une" durante la campaña electoral se colocaron diversos promocionales de la Coalición "Unidos Contigo" en elementos del equipamiento urbano, en específico en puentes peatonales.

Como se ha anticipado, la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo determinó declarar improcedente la queja presentada.

La fracción III del artículo 56 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo, dispone que en cualquier tiempo, el recurso de apelación será procedente para impugnar toda resolución pronunciada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral que no sea impugnable a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o asociación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva.

Ahora bien, la actora funda la procedencia de este juicio, esencialmente, en la necesidad de que esta Sala Superior conozca del asunto per saltum, debido a la relación directa que sus alegaciones tienen con el SUP-JRC-276-2010 que se sustancia en este órgano jurisdiccional.

Esta Sala Superior considera que en el caso está justificado la promoción del juicio, per saltum, en atención a que uno de los argumentos planteados en vía de agravio en el juicio de revisión constitucional electoral que alude la actora, guarda relación con la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por la Coalición "Hidalgo nos Une" en contra de la diversa Coalición "Unidos Contigo" y su candidato Francisco Olvera Ruiz, incluido el identificado con la clave IEE/P.A.S.E./02/2010.

En efecto, en la demanda que dio origen a la integración del juicio de revisión constitucional electoral 276 del año próximo pasado, en el contexto del agravio décimo primero, expresamente se señala: sigue sin resolverse el fondo de la queja presentada con motivo de la colocación de propaganda del candidato José Francisco Olvera Ruiz en los puentes peatonales de la Ciudad de Pachuca.

En ese contexto, es claro que si la resolución dictada en el procedimiento sancionador por la responsable, se encuentra vinculada con alegaciones expresadas por la coalición actora en un diverso juicio en el que pretende la nulidad de la elección y que se tramita ante este órgano jurisdiccional, procede conocer de la controversia per saltum a fin de no demorar más la resolución plena del caso concreto en todos sus alcances y efectos, incluido el relacionado con la causa de nulidad de la elección.

Asumir un criterio diverso, implicaría el dar cauce al asunto como recurso de apelación local en términos de la normativa electoral vigente, con el consecuente transcurso del tiempo y la imposibilidad de dictar de manera definitiva la resolución vinculada con la nulidad de la elección, lo que se traduciría en una dilación injustificada en la impartición de justicia, con lo que se correría el riesgo de mermar en forma considerable los derechos de la coalición o hasta la extinción del contenido en las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo, pues se está en presencia de una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia que obra bajo el rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 80-81.

En consecuencia, se debe desestimar la causa de improcedencia invocada por la Coalición "Unidos Contigo" en su calidad de tercera interesada.

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. En el medio impugnativo que se analiza, este órgano jurisdiccional considera que se satisfacen los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 8; 9, párrafo 1; 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone a continuación:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y en esta consta el nombre y firma del promovente; se identifica el acto impugnado; la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

2. Oportunidad. La demanda se interpuso dentro del plazo de cuatro días fijado por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la resolución impugnada se emitió el trece de enero del año en curso, y la demanda se presentó el día diecisiete de enero siguiente, esto es dentro del plazo de cuatro días legalmente establecido para ello.

3. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral es promovido por parte legítima, atento a lo establecido en el artículo 88, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el que se dispone que los juicios como el que se resuelve, únicamente pueden ser promovidos por los partidos políticos.

En el caso, el juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve es promovido por la Coalición "Hidalgo nos Une" la cual está integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia.

En efecto, es criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que si bien la coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de medios de impugnación se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman.

Luego entonces, si en el caso la Coalición "Hidalgo nos Une" está conformada por quienes resulta un hecho notorio son partidos políticos nacionales, es claro que se encuentra legitimada para promover el juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia que obra bajo el rubro "COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL", consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 49-50

4. Personería. Tal requisito se encuentra satisfecho, toda vez que la demanda fue suscrita por Ricardo Gómez Moreno, en su carácter de representante de la Coalición "Hidalgo nos Une" ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, lo que se acredita con la constancia que al efecto expide el Secretario General de esa autoridad electoral administrativa y que obra en los autos del cuaderno principal del expediente en que se actúa, documental pública que valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral merece valor probatorio pleno.

En ese orden de ideas, si el suscriptor de la demanda tiene el carácter de representante de la coalición enjuiciante ante la autoridad electoral administrativa que emitió el acuerdo impugnado, en términos de lo que dispone el artículo 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se le reconoce personería para promover el juicio que se resuelve.

5. Actos definitivos y firmes. Este requisito ya ha sido analizado al momento de resolver respecto de la procedencia de la instancia per saltum y desestimar la causa de improcedencia invocada por la Coalición "Unidos Contigo", por lo que en obvio de repeticiones innecesarias se remite a lo razonado por esta Sala Superior en el considerando segundo de esta ejecutoria

6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la demanda, se aduce la violación a los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito en comento, toda vez que dicha exigencia es de naturaleza formal, de manera que para su cumplimiento basta el señalamiento de que el acto o resolución impugnados vulneran determinados preceptos constitucionales, al margen de que se actualice o no tal violación, porque esto último constituye la materia de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior se apoya en el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 02/97 emitida por esta Sala Superior y consultable de las páginas 155 a 157 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro y texto señalan:

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.—Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. En la especie, este requisito se encuentra satisfecho porque el partido actor controvierte una resolución que estima contraria al orden constitucional y de sus derechos, buscando ante esta instancia jurisdiccional su modificación o revocación, a efecto de que se restituya el orden legal y sus derechos presuntamente violados.

Efectivamente, es el caso, se cumple con el requisito previsto por el inciso c), del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral pues, en la especie, el actor tiene como pretensión principal que se revoque la determinación que declaró improcedente la queja presentada en contra de la Coalición "Unidos Contigo" y su candidato a Gobernador Francisco Olvera Ruiz.

En el supuesto de que se revocara la resolución impugnada y, en consecuencia se determinara que ha lugar a proceder administrativamente en contra de la Coalición "Unidos Contigo", incidiría en las consideraciones que se adoptaran respecto del diverso juicio de revisión constitucional electoral 276 del año dos mil diez en el que se plantea como agravio la colocación en lugares prohibidos de la propaganda electoral, por lo que al ser considerado en tal medio de impugnación, es evidente que puede resultar determinante para el resultado de la misma.

8. Reparación material y jurídicamente posible. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales constitucional y legalmente establecidos en atención a que de que resultar fundados los motivos de disenso vertidos por la Coalición "Hidalgo nos Une", se revocaría la resolución impugnada, y por ende, se consideraría acreditada la infracción administrativa alegada pretensión que es jurídica y materialmente reparable dado que en caso de resultar fundados los agravios podría en su caso sancionarse la conducta denunciada y tomarse en cuenta para valorar su repercusión en los resultados electorales.

En razón de que se cumplió con los requisitos de procedibilidad, y en virtud de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio del fondo de los motivos de impugnación expuestos por la coalición enjuiciante en su escrito de demanda.

CUARTO. Agravios. La Coalición "Hidalgo nos Une" aduce como agravios lo siguiente:

AGRAVIOS

AGRAVIO PRIMERO. Causa agravio lo vertido por la responsable en la resolución de fecha 13 de enero de 2011, dictada dentro de los autos del expediente IEE/P.A.S.E./02/2010, en el que se declara infundada la queja presentada por el suscrito, toda vez que la resolución que se ataca carece de debida fundamentación y motivación.

Al respecto esta Sala Superior se ha pronunciado manifestando que el artículo 41 de la Constitución general prevé un sistema de impugnaciones en materia electoral cuya trascendencia radica en que en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales. Lo anterior tal y como lo observamos en la siguiente tesis:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. Se transcribe.

En el caso en particular la responsable omitió apegarse a ese principio de constitucionalidad y legalidad a efecto de que el suscrito pudiera tener la certeza de que de las diligencias practicadas, se determinará que los bastidores en los que fue colocada de manera ilegal propaganda de la coalición "Unidos Contigo", efectivamente se encontraban dentro de los supuestos permitidos para colocar propaganda electoral, ello en virtud de que dentro de las pruebas presentadas por el suscrito, así como de las inspecciones oculares realizadas por la responsable, se acreditaba plenamente que la colocación de dicha propaganda contravenía a lo establecido en la Ley Electoral, limitándose únicamente a manifestar que la colocación de la propaganda reclamada, se encuadraba dentro del caso de excepción establecido en la fracción I del artículo 184, por lo cual no podía ser considerada contraria a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

El acuerdo que se ataca carece esa relación jurídicamente entendida como causal determinante que debe establecerse entre la hipótesis y tipo normativo, que en términos generales conocemos como motivación. A contrario sensu advertimos la ilegalidad del acto que se ataca con el siguiente criterio que emite la Sala Superior:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE UN ACTO U OMISIÓN QUE, A SU VEZ, ADOLECE DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD. Se transcribe.

Evidentemente los actos de la autoridad electoral no se encuentran encausados de manera legal de conformidad con los principios rectores en materia electoral de los que he mencionado al principio de la expresión de este agravio.

De una sola lectura de la resolución que se combate, se puede apreciar que la responsable arriba a razonamientos "jurídicos" que no tienen ningún sustento. Como se verá en los agravios que se expondrán adelante la responsable parece justificar en primer lugar su actuación omisa para vigilar el proceso electoral sin proveer todo lo necesario para procurar equidad tal y como lo establece la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, en su numeral 72, como obligación principal; y, en segundo lugar pareciera justificar la actuación de la empresa VICASI S.A., del propio Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, así como de la coalición "Unidos Contigo" y de su candidato a Gobernador Francisco Olvera Ruíz, para que se puedan ajustar sus actuaciones en lo individual a una supuesta observancia de las determinaciones administrativas y electorales con su colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en distintas zonas de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, que ya han quedado determinadas en las pruebas que obran en autos.

Lo anterior es así, tan simple, porque de todo el legajo que compone la resolución, no existe sustento jurídico para fundamentar y motivar la improcedencia de la queja, sólo existe, en esencia, la transcripción del artículo 63 de la Ley de Asentamientos Humanos y también 184 de la ley de la materia y de ello la responsable innova sus determinaciones con un criterio no conocido, y del cual no existe investigación doctrinal o jurisprudencial que pueda sustentar su la base de su resolución.

En concreto, la responsable alejado de las fuentes del derecho y olvidándose de las materias que componen el Derecho Público, especialmente el Derecho Civil, se atreve a afirmar que lo accesorio no sigue la suerte de lo principal, rompiendo esquemas jurídicos que han llevado a la humanidad muchos años de aplicación y ejecución del derecho.

La responsable se ha atrevido a indicar sin sustento, que las accesorias que se ubican en la parte superior de los puentes peatonales son:

1. Propiedad privada.

2. Forman parte del equipamiento urbano, como propiedad privada (entonces dónde queda el derecho de Accesión?, más adelante se enuncia un criterio jurisprudencial al respecto).

3. En consecuencia, se puede colocar en los inmuebles de los puentes peatonales, que forman parte del equipamiento urbano destinados a un servicio público, la propaganda electoral siempre y cuando sea colocada en esas accesorias.

Por otra parte afirma la responsable, en relación con el diverso 184 de la ley de la materia que:

1. La fracción I expone una norma especial.

2. Que la fracción III hace una disposición normativa general.

3. En consecuencia que la fracción I es la excepción a la fracción III del artículo 184 de la Ley electoral.

4. Supuesta razón por la cual, existe una excepción al caso en particular y que en consecuencia la Coalición Unidos Contigo no infringió la norma electoral indicada en la fracción III del 184 antes aludido.

Razón por la cual se deja a la coalición que represento en estado de indefensión en virtud de que en ningún momento se determinó la naturaleza de dichas infraestructuras, ya que si bien es cierto, como la autoridad responsable lo menciona en su resolución, mismo que transcribo:

Se transcribe.

Pues en este momento, la responsable, arribó a la conclusión de que la propaganda de la coalición "Unidos Contigo", se encontraba colocada en bastidores, puesto que se trata de estructuras de barras de metal, fusionadas a los puentes peatonales, los cuales podemos clasificar como parte del equipamiento urbano, ello en estricto apego a lo manifestado por la autoridad responsable, en la que a la letra dijo:

Se transcribe.

Artículo 63. Se transcribe.

Atento a lo anterior, se advierte que el Consejo General, determinó que dichos "bastidores", eran parte del equipamiento urbano y que por tanto se podía colocar propaganda, ahora bien, es de considerarse que efectivamente, dichas estructuras forman parte del equipamiento urbano al encontrarse fusionadas al puente peatonal, por lo cual forman parte de "la estructura del puente peatonal", por lo que jamás deben considerarse como un inmueble independiente al mismo, es decir que al estar fusionados al puente, siguen la suerte del mismo, tal como lo manifiesta el principio en materia civil que reza "lo accesorio, sigue la suerte de lo principal" pudiendo llegar a concluir que al tratarse de un elemento del equipamiento urbano, se encuentran dentro de los supuestos prohibitivos para colocar propaganda política de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, independientemente de su naturaleza civil atinente a la propiedad pública o privada, y no considerarlos como estructuras independientes que puedan ser consideradas dentro de las excepciones que contempla la fracción I del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, puesto que la prohibición expresa en la fracción III del mencionado artículo es clara y concisa al expresar lo siguiente:

Artículo 184. Se transcribe.

En consecuencia, se puede llegar a colegir que la propaganda, indudablemente se encontraba fijada en "elementos del equipamiento urbano", específicamente "puentes peatonales" y por lo tanto se encontraban colocadas ilegalmente.

Lo anterior, se encuentra debidamente sustentado en la siguiente tesis jurisprudencial, que a la letra dice:

ACCESIÓN, DERECHO DE (LEGISLACIÓN DE COLMA). Se transcribe,

Atento a lo anterior, y para una mejor comprensión, volvamos a retomar el artículo 63 de la Ley General de Asentamientos Humanos:

Artículo 63. Se transcribe.

Antes de desmembrar la disposición normativa arriba transcrita, recordemos las reglas de interpretación de la Ley Electoral Local, vigente, en su artículo 3:

Artículo 3. Se transcribe.

La interpretación de esta Ley será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho.

Advertido lo anterior, de una interpretación gramatical, literal y funcional se arriba a la siguiente conclusión:

Artículo 63 de la Ley Genera de Asentamientos Humanos:

Elementos que componen el equipamiento urbano:

1. Conjunto de inmuebles.

2. Conjunto de instalaciones.

3. Conjunto de construcciones.

4. Conjunto de mobiliarios urbanos.

Con la siguiente característica:

Ya sean de PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA.

De tal manera que además de lo anterior, en donde describimos el principio civil que establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; y que debemos entonces es entender que las estructuras que se encuentran fusionadas a los puentes peatonales forman parte del equipamiento urbano y que en consecuencia de conformidad a lo dispuesto por el diverso 184 fracción III de la Ley Electoral, se encuentra prohibida la colocación de propaganda electoral en ellos, también debemos advertir lo siguiente:

Se considera equipamiento urbano al conjunto de inmueble, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, de propiedad pública o privada.

Por lo que aún y que cuando la responsable considera que esa parte de los puentes peatonales en los que se colocó indebidamente la propaganda electoral es de propiedad privada, no justifica en nada una excepción a la norma, pues independientemente de su naturaleza civil (propiedad pública o privada) en ambos casos está prohibida su colocación.

Sin que pase desapercibido, que la responsable sin existir constancia de investigación, atribuyó el carácter de propiedad privada a la herrería del puente peatonal en donde se colocó indebidamente la propaganda electoral, pues de la misma resolución y de las constancias de autos no se acredita la propiedad de las mismas.

Por razones como esta, es que manifesté con anterioridad que la resolución de la responsable parece encaminada a justificar los actos del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, Empresa Vicasi S.A., y del entonces candidato a Gobernador Francisco Olvera Ruíz.

Así las cosas debemos distinguir a efecto de no caer en los errores de la responsable.

Una vez que hemos advertido lo que debemos considerar como equipamiento urbano, ya sea de propiedad pública o privada, establezcamos su diferencia con "bastidores y mamparas".

Artículo 184. Fracción I de la Ley Electoral. Se transcribe.

Este dispositivo permite la colocación de propaganda lectoral en mamparas y vestidores, sin embargo es general tanto en su alcance, como en determinación. Es decir, enuncia BASTIDORES Y MAMPARAS, no establece su origen civil, si son de propiedad pública o privada, en donde en el caso de ser propiedad pública su naturaleza entonces habría que determinar su utilización para establecer si pertenecen al dominio público o al dominio privado y después determinar si forman parte del equipamiento urbano y siendo así estaría prohibida la colocación de propaganda electoral.

No obstante lo anterior, es importante precisar que en verdad no existe ninguna antinomia, pues la ley es muy clara al precisar lo que es el equipamiento urbano, que están destinados a ofrecer un servicio público, y lo que son simples bastidores y mamparas que pueden ser de propiedad privada fijada o colocada al borde de avenidas, calles, carreteras u otros lugares públicos y en los cuales se puede colocar propaganda siempre y cuando no se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones y se observe lo dispuesto en la fracción IX del Artículo 33 de la ley de la materia.

O bien mamparas y bastidores de propiedad pública pero de dominio privado, considerándose así al no haber sido destinados a un servicio público como pueden ser bastidores que sostengan alguna maya ciclónica que limite o circule un bien inmueble o bien mamparas que ya no tengan utilidad o que teniéndola no se destinen a un servicio público, con la misma condicionante que no se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones y se observe lo dispuesto en la fracción IX del Artículo 33 de la ley de la materia. (Como dije de dominio privado, pues si fueran de dominio público, tan solo por ese hecho, adquieren de inmediato el carácter de equipamiento urbano o formarían parte de él).

Como puede observarse, no es existe dispersión en la ley, más bien, el criterio de interpretación de la responsable no fue correcto.

No se trata de una norma permisiva que después es prohibitiva en el mismo sentido, tan solo renglones adelante; en verdad se trata de dos disposiciones diferentes que aluden a lugares y situaciones diferentes.

Y que por cuanto hace al Equipamiento Urbano, queda bien definido que, aunque, sea de propiedad pública o privada está destinada para un servicio público, y que en el caso en particular los puentes peatonales destinados a un servicio público determinan la suerte de sus accesorias, como lo son barandales, enrejados de protección, techo, pintura, herrajes soldados al mismo, que de acuerdo a las reglas civiles forman parte del mismo y se convierten en un solo elemento, es decir, en un solo inmueble, en el que sus componentes ofrecen un servicio público.

Lo anterior es así, que el mismo Ayuntamiento en su DICTAMEN DE LAS COMISIONES CONJUNTAS PERMANENTES DE: HACIENDA MUNICIPAL Y DE GOBERNACIÓN, BANDOS REGLAMENTOS Y CIRCULARES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; REFERENTE A LA PROPUESTA DEL LIC. OMAR FAYAD MENESES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REFERENTE AL PROGRAMA DE NOMENCLATURA "PONLE PLACA A TU CALLE" (de fecha 29 de agosto de 2008), estableció lo siguiente:

Quinto. Tomando en cuenta las atribuciones que legalmente le competen al municipio no se podrá colocar en ningún puente peatonal propaganda de ningún Partido Político.

Siendo determinado así, porque resulta de explorado derecho que un inmueble es compuesto por todos y cada uno de los elementos individuales que están adheridos a él, independientemente de su atributo estructural u ornamental.

En verdad deja mucho que desear el trabajo administrativo de la responsable que emite una resolución sustentada en ideas más no en principios de derecho ni razonamientos lógico jurídicos.

Lo anterior, en virtud de que como podemos apreciar, la responsable, en ningún momento se avocó a los métodos de interpretación de la ley, previamente establecidos, de conformidad a lo señalado en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe.

MATERIA ELECTORAL. PARA ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR EL CAMPO PROHIBIDO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE ACUDIR AL DERECHO POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO MÉTODO INTERPRETATIVO EL DERIVADO DE UNA APRECIACIÓN JURÍDICA SISTEMÁTICA.

Para establecer una definición de dicha materia se requiere adoptar un procedimiento y seguir un método interpretativo: El procedimiento adecuado más apegado a la índole judicial que es característica de la Suprema Corte, es acudir al derecho positivo, para inducir, de los aspectos básicos que puedan localizarse, el concepto que se busca, debiendo precisarse que cuando se alude al derecho positivo se hace referencia al vigente, pues si bien es cierto que en el pasado mediato y remoto es posible encontrar elementos históricos relevantes, igualmente cierto resulta que lo determinante es investigar qué se entendía por materia electoral en mil novecientos noventa y cuatro, que fue cuando el poder reformador de la Constitución introdujo en el artículo 105 constitucional, la prohibición de que la Suprema Corte de Justicia conociera de aspectos relacionados con la materia electoral. El método interpretativo no puede ser otro que el derivado de una apreciación jurídica armónica y sistemática; de ningún modo la interpretación literal; ésta queda descartada de antemano, ya que se parte de la hipótesis de que no hay definición establecida en la Constitución, en la legislación, ni en la doctrina; el empeño en encontrar disposiciones gramaticalmente configurativas del mismo equivale, por tanto y desde luego, a un resultado erróneo.

Razón por la cual es indispensable declarar la infundada y carente de motivación su resolución.

SEGUNDO AGRAVIO. Se violan en perjuicio de la coalición "Hidalgo Nos Une", los principios constitucionales de legalidad y de equidad, previstos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la consideración de la autoridad responsable consistente en que la propaganda fijada por la Coalición "Unidos Contigo" y Francisco Olvera Ruíz, en puentes peatonales, no se encontraba dentro de los supuestos que prohíben la fijación de dicha propaganda en ese tipo de equipamiento urbano, siendo así por la indebida valoración de pruebas.

La autoridad señalada como responsable realizó una inadecuada e insuficiente valoración de las pruebas ofrecidas, las cuales determinan fehacientemente que dicha propaganda se encontraba fijada en puentes peatonales, omitiendo valorar que el equipamiento urbano, consistente en puentes peatonales, se encuentran concesionarios a la empresa VICASI S.A. de C.V., ello en base al DICTAMEN DE LAS COMISIONES CONJUNTAS PERMANENTES DE: HACIENDA MUNICIPAL Y DE GOBERNACIÓN, BANDOS REGLAMENTOS Y CIRCULARES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; REFERENTE A LA PROPUESTA DEL LIC. OMAR FAYAD MENESES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REFERENTE AL PROGRAMA DE NOMENCLATURA "PONLE PLACA A TU CALLE" (de fecha 29 de agosto de 2008), en cuyo punto quinto manifiesta expresamente lo siguiente: Quinto. Tomando en cuenta las atribuciones que legalmente te competen al municipio no se podrá colocar en ningún puente peatonal propaganda de ningún Partido Político.

En consecuencia, la propaganda en cuestión fue fijada en lugares estrictamente prohibidos, tanto por el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, como por la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

En ese tenor, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo incurre en una indebida valoración de las pruebas obrantes en autos, relativas a la colocación de propaganda en elementos del equipamiento urbano, siendo esta indebida valoración la que hace que la autoridad electoral administrativa arribe a una incorrecta conclusión, consistente en que los lugares en que fue colocada la propaganda de la coalición "Unidos Contigo", para la elección a gobernador en la que aparecía la imagen del C. FRANCISCO OLVERA RUÍZ, se encontraba dentro de los casos de excepción establecidos en la fracción I del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, lo que consecuentemente vulnera los principios constitucionales de legalidad electoral y de equidad en la contienda.

El referido consejo electoral señaló que la propaganda se encontraba fijada en bastidores, mismos que se encuentran colocados sobre los puentes peatonales, omitiendo señalar que dichas estructuras metálicas, se encuentran fusionadas a los puentes peatonales, y como ya se argumentó con anterioridad al encontrarse fusionados forman parte del equipamiento urbano y la Ley de la materia, prohíbe expresamente fijar propaganda política en el referido equipamiento.

TERCER AGRAVIO. Causa agravio a la Coalición que represento, la afectación al interés público por la falta de atención por parte de la responsable, ya que al ser la autoridad encargada de cuidar el correcto y equitativo desarrollo del proceso electoral, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en ningún momento, de mutuo propio ordeno que fuera retirada dicha propaganda, sino que se limitó a imponer medidas cautelares, las cuales nunca llegaron a concretarse, en virtud de que en cuatro de junio de dos mil diez, la responsable, dicto acuerdo en el que determinó improcedente la solicitud de dichas medidas, ello en virtud de que en sesión de esa misma fecha, el representante de la coalición "Unidos Contigo", presentó un escrito en el que manifestaba que ya había sido retirada la propaganda de los puentes peatonales, siendo el caso que en ese momento al encontrarse en sesión el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los representantes propietarios de la coalición "Hidalgo nos Une" y del "Partido Acción Nacional" solicitaron la inmediata inspección ocular, a dichos puentes peatonales, solicitud que fue rechazada, dando por cierto el escrito presentado por el representante de la coalición "Unidos Contigo", siendo el caso, que al momento de la presentación del mismo, se encontraban retirando la propaganda, observándose una total conducta de inequidad porque no tuvo que ser necesaria la presentación de una queja administrativa, puesto que la autoridad facultada para ordenar dicho acto de mutuo propio era el propio Consejo General del Instituto Estatal Electoral, lo cual queda debidamente fundamentado en el artículo 72 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que a la letra reza:

Artículo 72. Se transcribe.

Por todo lo anterior, señores Magistrados, es que procede revocar la determinación cuestionada.

De lo anterior, se advierte que la coalición actora, tiene como pretensión la revocación del acuerdo reclamado para los efectos de que se determine la actualización de una infracción en materia de colocación de la propaganda de la Coalición "Unidos Contigo" y su causa de pedir se centra en tres aspectos medulares:

1. La estructura metálica en que fueron colocados los espectaculares es parte del equipamiento urbano por estar fijada a los puentes peatonales y, en consecuencia, se debe considerar que la propaganda ahí fijada contraviene lo dispuesto en el artículo 184, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

2. Que no existe ninguna antinomia entre lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado dado que regulan aspectos diferentes no contrarios entre si.

3. Que existe una indebida valoración de pruebas por parte de la responsable.

4. Que se afectó el interés público al tener que presentarse una queja para que la propaganda fuera retirada por la Coalición "Unidos Contigo" y no así de manera oficiosa por la autoridad en cumplimiento de sus atribuciones legalmente conferidas.

QUINTO. Aspectos no controvertidos. Previo a cualquier otra consideración, resulta menester tener por no controvertidos y, en consecuencia, por ciertos diversos hechos que fueron objeto de la resolución emitida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que no son cuestionados ni por la coalición actora al promover el juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve.

Al emitir la resolución reclamada, la autoridad responsable valoró los siguientes elementos de prueba:

1. Prueba técnica ofrecida por la denunciante en su escrito de queja, consistente en fotografías de los puentes peatonales, sitos en los boulevares: "Everardo Márquez", "Felipe Ángeles" y, "Luis Donaldo Colosio", de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. A la citada probanza le dio el alcance de indicio en términos de lo establecido por el artículo 19 fracción II de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Inspecciones oculares, de fechas veinte y veinticinco de mayo de dos mil diez, verificada sobre los boulevares: "Everardo Márquez", "Felipe Ángeles", "Luis Donaldo Colosio", y carretera México Pachuca, con las que tuvo por acreditada la existencia de la propaganda de la coalición "Unidos Contigo", colocada en una estructura metálica, colocada sobre los puentes peatonales.

3. Pruebas técnicas consistentes en fotografías obtenidas de los recorridos en donde se practicaron las inspecciones oculares citadas, de las que obtuvo la demostración gráfica de la propaganda en mención y los lugares en donde se coloca.

4. Prueba documental pública, expedida por autoridad en el ejercicio de sus funciones, consistente en el oficio número SOPDUE/0412/2010, expedido por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, a través del cual se informa respecto de la concesión que otorgó, mediante acuerdo de asamblea, el Ayuntamiento de Pachuca de Soto a la persona moral denominada VICASI S. A. de C.V., para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en los puentes ubicados en el municipio de Pachuca, a la cual concedió valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 15, fracción I, inciso c; y, 19 fracción I de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. Prueba documental privada, consistente en el informe que rinde la coalición "Unidos Contigo", en la que afirma celebró contrato con la persona moral denominada VICASI S.A. de C.V., para la exhibición de su propaganda electoral, la cual consideró con valor de indicio conforme lo previsto por el artículo 19 fracción II de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De la adminiculación de todos los elementos de prueba, tuvo por acreditada la colocación de propaganda electoral en los puentes peatonales:

1. Del boulevard Luis Donaldo Colosio, frente a la calle Ferrocarril Central;

2. Del boulevard Felipe Ángeles, frente a la Unidad Deportiva y Zona Plateada, a la altura del centro comercial Galerías Pachuca;

3. Del boulevard Felipe Ángeles, el ubicado en el cruce peatonal de la tienda departamental Sears Outlet y camino al CRITH;

4. Del boulevard Everardo Márquez, frente a la agencia automotriz General Motors, en contra esquina del Hotel Holiday Inn;

5. En la carretera México Pachuca, frente a las instalaciones de la feria, la plaza de toros y el sector primario; y

6. En la carretera México Pachuca, frente a la Calle Veinte de Octubre y la Calle Felipe Ángeles, Col. San Antonio el Desmonte.

Ahora bien, de la revisión minuciosa de la resolución reclamada contrastada con las alegaciones que la actora formula en el presente juicio de revisión constitucional, se debe tener por cierto y probado que:

1. La Coalición "Unidos Contigo" colocó mediante un acuerdo comercial con la empresa Vicasi S.A. de C.V. diversos promocionales de su candidato a Gobernador Francisco Olvera Ruiz en las estructuras metálicas fijadas en seis puentes peatonales en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

2. Los seis espectaculares fueron colocados en espacios que fueron concesionados por el Ayuntamiento de Pachuca a la empresa Vicasi S.A. de C.V. derivado de un convenio específico para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en puentes peatonales.

3. El tres de junio del año dos mil diez, la Coalición "Unidos Contigo" retiró los promocionales controvertidos motu proprio y lo informó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

En ese orden de ideas, a partir de tales hechos conocidos, será que se analizará la materia de la litis del juicio que se resuelve.

SEXTO. Estudio de fondo. A efecto de poder analizar adecuadamente la cuestión planteada, es preciso tomar en consideración diversas disposiciones de la normativa del Estado vinculadas con la colocación de propaganda electoral.

El artículo 184 de la Ley Electoral del Estado, dispone que, en la colocación de propaganda electoral los partidos políticos y candidatos se deben sujetar, entre otras, a las siguientes reglas:

La propaganda puede colgarse en bastidores y mamparas, siempre que no los dañen, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones y se observe lo dispuesto en la fracción IX del Artículo 33 de la ley electoral y que no podrá colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, árboles o reservas ecológicas, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.

En el caso concreto, la actora aduce que le causa agravio la resolución reclamada, en atención a que carece de debida fundamentación y motivación, dado que, en su concepto, omitió apegarse a los principios de constitucionalidad y legalidad a efecto de que se pudiera tener la certeza de que de las diligencias practicadas, se determinara que los bastidores en los que fue colocada la propaganda de la coalición "Unidos Contigo", se encontraban dentro de los supuestos permitidos para colocar propaganda electoral.

Alega que no existe sustento jurídico para fundamentar y motivar la improcedencia de la queja, sólo existe, en esencia, la transcripción del artículo 63 de la Ley de Asentamientos Humanos y también 184 de la ley de la materia y de ello la responsable innova sus determinaciones con un criterio no conocido, y del cual no existe investigación doctrinal o jurisprudencial que pueda sustentar la base de su resolución.

Afirma que según lo razonado por la responsable, se obtiene que lo accesorio no sigue la suerte de lo principal y arriba a la conclusión de que las accesorias que se ubican en la parte superior de los puentes peatonales son: 1. Propiedad privada; 2. Forman parte del equipamiento urbano, como propiedad privada y; 3. Se puede colocar en los inmuebles de los puentes peatonales, que forman parte del equipamiento urbano destinados a un servicio público, la propaganda electoral siempre y cuando sea colocada en esas accesorias.

Afirma la enjuiciante que se le coloca en estado de indefensión en virtud de que en ningún momento se determinó la naturaleza de dichas estructuras, ya que la responsable, arribó a la conclusión de que la propaganda de la coalición "Unidos Contigo", se encontraba colocada en bastidores, puesto que se trata de estructuras de barras de metal, fusionadas a los puentes peatonales, los cuales se pueden clasificar como parte del equipamiento urbano.

En concepto de la enjuiciante al encontrarse fusionadas las estructuras metálicas al puente peatonal, siguen la suerte del mismo, tal como lo manifiesta el principio en materia civil que reza "lo accesorio, sigue la suerte de lo principal" pudiendo llegar a concluir que al tratarse de un elemento del equipamiento urbano, se encuentran dentro de los supuestos prohibitivos para colocar propaganda política de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, independientemente de su naturaleza civil atinente a la propiedad pública o privada, y no considerarlos como estructuras independientes que puedan ser consideradas dentro de las excepciones que contempla la fracción I del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, puesto que la prohibición expresa en la fracción III del mencionado artículo es clara y concisa.

Afirma la enjuiciante que no existe ninguna antinomia en las fracciones I y III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado, pues se trata de dos disposiciones diferentes que aluden a lugares y situaciones diferentes.

Destaca en sus agravios que el Ayuntamiento en su DICTAMEN DE LAS COMISIONES CONJUNTAS PERMANENTES DE: HACIENDA MUNICIPAL Y DE GOBERNACIÓN, BANDOS REGLAMENTOS Y CIRCULARES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; REFERENTE A LA PROPUESTA DEL LIC. OMAR FAYAD MENESES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REFERENTE AL PROGRAMA DE NOMENCLATURA "PONLE PLACA A TU CALLE", estableció que tomando en cuenta las atribuciones que legalmente le competen al municipio no se podía colocar en ningún puente peatonal propaganda de ningún Partido Político.

Una vez examinada la controversia, a la luz de lo anteriormente considerado y atendiendo a los agravios expuestos, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que lo alegado por la coalición actora deviene sustancialmente fundado como se verá a continuación.

Primeramente, se debe precisar que la asiste razón a la Coalición "Hidalgo nos Une" cuando expresa que la resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada y que la antinomia analizada en la resolución reclamada es inexistente.

En efecto, según se advierte de las consideraciones de la responsable, la causa eficiente que la condujo a concluir que la propaganda controvertida se encontraba colocada en un lugar permitido por la ley, fue el análisis de una supuesta antinomia existente entre las fracciones I y III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado, ya que, en concepto de la responsable mientras la primera de las disposiciones permitía la colocación de propaganda electoral en mamparas y bastidores, la segunda de las normas establecía la prohibición terminante de no colgar, fijar o pintar propaganda el elementos del equipamiento urbano.

En concepto de la responsable, resultaba necesario acudir a un esquema de solución de antinomias para determinar que norma debe prevaler.

La incorrección de lo argumentado por la responsable radica en que la antinomia que precisa es inexistente, dado que las disposiciones de la Ley Electoral lejos de conflictuarse, haciendo una adecuada interpretación de ellas se complementan, pues constituyen reglas diversas para la colocación de propaganda electoral.

En efecto, la primera de las fracciones constituye una regla de permisión en la que se determina que la conducta de quienes coloquen propaganda electoral se debe ajustar a determinados parámetros cuando se coloque en bastidores y mamparas.

La segunda de las disposiciones es una regla prohibitiva en la que se señala que la colocación de propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano se encuentra proscrita.

Ahora bien, la antinomia en su concepto jurídico, ocurre cuando en un sistema jurídico una determinada conducta esté calificada como permitida y prohibida al mismo tiempo, o bien cuando para un determinado supuesto de hecho, están previstas dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes al sistema.

Una antinomia es pues, un conflicto entre reglas. Sin embargo, las antinomias no son tales si mediante un ejercicio interpretativo se puede obtener una conclusión diversa.

En el caso, las disposiciones que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo consideró actualizaban una antinomia, no son tal, dado que no establecen una permisión y una prohibición al mismo tiempo, sino que regulan cuestiones distintas vinculadas con espacios físicos en la colocación de la propaganda electoral.

En efecto, el hecho de que la fracción I del artículo 184 establezca que la propaganda electoral puede ser colocada en bastidores y mamparas, no excluye la limitante de la fracción III que dispone que la propaganda electoral no puede ser colocada en elementos del equipamiento urbano sino que más bien, esta segunda constituye una restricción respecto de la colocación de la misma.

Una interpretación correcta de la norma, nos conduce a concluir que los bastidores y mamparas son espacios físicos que se pueden encontrar en muy diversos espacios, no sólo en elementos de equipamiento urbano.

Sin embargo, si uno de esos bastidores o mamparas constituyen un elemento de equipamiento urbano o se encuentran colgados o fijados de un elemento del equipamiento urbano, debe prevalecer la regla que prohíbe la colocación de la propaganda electoral, pues la finalidad de la norma es impedir la colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano, sin importar si estos son bastidores o mamparas colgados o fijados.

Luego entonces, la antinomia analizada por la responsable no existe y una interpretación adecuada de las disposiciones normativas en cuestión nos permite arribar a la conclusión de que la propaganda electoral puede ser colocada en mamparas y bastidores, siempre que ello no sea en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, árboles o reservas ecológicas, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, entre otros.

En ese contexto, es menester analizar la naturaleza jurídica de las estructuras metálicas en que se colocó la propaganda electoral, dado que en concepto de la coalición actora se debe aplicar la regla antes obtenida.

A guisa de ejemplo, se insertan cuatro imágenes de la propaganda colocada a fin de observar gráficamente los elementos que rodean la colocación de la misma y determinar su naturaleza jurídica.

A efecto de establecer el alcance de la disposición contenida en la fracción III del artículo 184 de la ley electoral local, en cuanto al concepto equipamiento urbano, resulta necesario acudir al Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas México, 1978, que define el concepto de equipamiento urbano como:

"Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento urbano."

De igual modo, debe tenerse en cuenta lo que semánticamente entraña el término en cuestión, según el Diccionario Enciclopédica Vox 1 2009 Larousse Editorial, S.L., en el cual se señala que el equipamiento urbano es el "Conjunto de instalaciones que permiten desarrollar actividades distintas de las de trabajar y residir."

En adición, cabe señalar que el artículo 2, fracción X, de la Ley General de Asentamientos Humanos menciona que:

"Artículo 2.

Para efectos de esta ley, se entenderá por:

...

X. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;..."

Por su parte, el artículo 63 de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, señala:

ARTÍCULO 63.- Se considera equipamiento urbano, al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, de propiedad pública o privada, utilizados para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas con base a lo establecido en el sistema normativo de equipamiento urbano de la Federación y del Estado.

De este precepto, se puede colegir que los Elementos de equipamiento urbano son los componentes del conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población los servicios necesarios para el funcionamiento de una ciudad.

Ahora bien, con base en la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 768 del Código Civil Federal, 2º, 29 y 30 de la Ley General de Bienes Nacionales, este órgano jurisdiccional estableció el concepto de "elementos del equipamiento urbano", sobre la base de la utilidad que tienen determinados bienes, para favorecer la prestación de servicios urbanos. Lo anterior dio lugar a la tesis relevante identificada con la clave S3EL 035/2004, consultable en las páginas 817 y 818 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo contenido es el siguiente:

PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y EQUIPAMIENTO URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 768 del Código Civil Federal, así como 2o., 29 y 30 de la Ley General de Bienes Nacionales y atendiendo a lo previsto en derecho público mexicano sobre el régimen jurídico del derecho administrativo al que están sujetos los bienes del dominio público, éstos se distinguen por reunir determinadas características que les dan la calidad de indisponibles, al no operar respecto de ellos figuras jurídicas constitutivas de derechos reales en favor de particulares, puesto que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y están sujetos a un régimen jurídico excepcional previsto fundamentalmente en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos ordenamientos reglamentarios del mismo, como son la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Minera, la Ley Federal de Aguas y la Ley de Vías Generales de Comunicación, entre otros. Dentro de estos bienes, se encuentran los llamados bienes de uso común, de los que todos los habitantes, sin distinción alguna y de manera individual o colectiva, pueden hacer uso de ellos sin más restricciones que las establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos y bandos de policía. En este sentido, los lugares de uso común a que se refiere la legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su conservación, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes, tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, las plazas, paseos y parques públicos. Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer la prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede llegar a corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como con bienes de servicio público. Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se encuentran sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda electoral, establecido en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, precepto en el cual se distingue entre bienes de uso común, en general, y equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la colocación de propaganda electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, éstos serán objeto de un acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las autoridades administrativas locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), y 2) Respecto del equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, existiendo en la ley electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: a. Una permisión explícita con limitaciones también expresas, prevista en el párrafo 1, inciso a), de dicho precepto, que establece que podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; b. Una prohibición expresa, prevista en el párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al ordenar que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.

Lo que esta Sala Superior ha determinado en torno al concepto del término equipamiento urbano, no sólo justifica sus alcances desde un punto de vista gramatical como los utensilios, instrumentos y aparatos destinados a un fin determinado, sino que da cuenta al mismo tiempo de la razonabilidad de la concepción desde un punto de vista teleológico normativo, pues corresponde al propósito o finalidad de la restricción prevista en el artículo 184, fracción III del código electoral local citado.

Lo anterior porque, como ya se precisó, el equipamiento urbano corresponde al conjunto de edificaciones y espacios en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.

En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden, el equipamiento urbano admite ser clasificado en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos.

El equipamiento urbano se conforma entonces de distintos sistemas de bienes, servicios y elementos que constituyen, en propiedad, los medios a través de los cuales se brindan a los ciudadanos el conjunto de servicios públicos tendentes a satisfacer las necesidades de la comunidad, como los elementos instalados para el suministro de aguas, el sistema de alcantarillado, los equipos de depuración, las redes eléctricas, las de telecomunicaciones, de recolección y control de residuos, equipos e instalaciones sanitarias, equipos asistenciales, culturales, educativos, deportivos comerciales, o incluso en áreas de espacios libres como las zonas verdes, parques, jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos infantiles, en general todos aquellos espacios destinados por el gobierno de la ciudad para la realización de alguna actividad pública acorde con sus funciones, o de satisfactores sociales como los servicios públicos básicos (agua, drenaje, luz, etcétera) de salud, educativos, de recreación, etcétera.

Se trata en sí, del conjunto de todos los servicios necesarios pertenecientes o relativos a la ciudad, incluyendo los inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas metropolitanas.

Ahora bien, esta Sala Superior ha considerado que la razón de restringir la posibilidad de colocar o fijar propaganda electoral en los elementos del equipamiento urbano, consiste en evitar que los instrumentos que conforman esos diversos sistemas o conjuntos de actividades públicas y servicios se utilicen para fines distintos a los que están destinados, así como que con la propaganda respectiva no se alteren sus características al grado que dañen su utilidad o constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos, ni se atente en contra los elementos naturales y ecológicos con que cuenta la ciudad.

En atención a todo lo antes considerado, se debe dejar sentado que no es objeto de controversia y no ha lugar a dudas de que los puentes peatonales son elementos del equipamiento urbano en los cuales, por disposición de la ley se encuentra prohibida la colocación de propaganda electoral.

Lo anterior es así dado que su origen y funcionamiento, deriva de la necesidad de proporcionar un medio seguro a los peatones para poder cruzar de una acera a otra de una calle o avenida sin la necesidad de transitar por el arrollo vehicular.

Ahora bien, la coalición actora afirma que la propaganda electoral fue fijada a las estructuras metálicas que al estar adheridas a los puentes peatonales no es factible considerarlas como un elemento diverso a aquellos, sino como parte de los mismos.

Asiste razón a la coalición actora dado que, con independencia de la finalidad con la que las estructuras metálicas fueron colocadas en los puentes, lo cierto es que las mismas se encuentran fijadas y soportadas por la construcción de los puentes peatonales que, como elementos de equipamiento urbano, cumplen con una función de prestar un servicio público.

En el caso, la estructura en la que se colocaron los elementos publicitarios debe ser considerada como un accesorio de los elementos de equipamiento urbano y, por ende, sujeta a la prohibición de lo dispuesto por el artículo 184, fracción III de la ley electoral local.

Lo anterior es así, en atención a que la estructura metálica en que se colocaron los promocionales de la Coalición "Unidos Contigo" se encuentra adherida a los puentes peatonales por virtud de un convenio de concesión de éstos para tal fin.

En autos, obra copia certificada del convenio de concesión para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en puentes peatonales celebrado por el Ayuntamiento de Pachuca y la empresa denominada Vicasi S.A. de C.V. en el que se le concesionó a la citada empresa la posibilidad de colocar estructuras metálicas para la colocación de anuncios comerciales, con la contraprestación de colocar las placas de nomenclatura de calles en el Ayuntamiento de Pachuca de Soto por un período de diez años.

La anterior documental goza de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al constituir una copia certificada de un contrato de concesión suscrito por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones.

En la cláusula primera del citado instrumento, se advierte que el Ayuntamiento de Pachuca de Soto otorga en concesión treinta y nueve puentes peatonales ubicados en el ámbito territorial del municipio a la empresa Vicasi S.A. de C.V para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios.

Cabe hacer énfasis en que la concesión es respecto de los propios puentes peatonales que, como se ha analizado anteriormente constituyen elementos de equipamiento urbano.

En las cláusulas séptima y octava se precisa con toda claridad que la actividad comercial que se desarrollaría, está vinculada con la explotación comercial de los puentes peatonales.

Por su parte, la cláusula décima tercera dispone que el concesionario debe realizar obras de mantenimiento de manera periódica a los puentes peatonales, garantizando que se encuentren en buen estado de conservación y de limpieza.

En los apartados decimo quinto y decimo sexto del clausulado se expresa con claridad que el concesionario tendrá derecho a colocar, mantener y cambiar el material publicitario en todos y cada uno de los puentes peatonales y se concede un derecho exclusivo para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en los puentes objeto del convenio.

Asimsimo en la cláusula vigésima primera se dispone expresamente que el concesionario no permitirá la colocación de propaganda de los partidos políticos en los puentes peatonales fuera de los términos y atribuciones que legalmente competen al municipio y a las leyes de la materia.

En la cláusula vigésimo tercera del citado convenio, se pacta de manera expresa que el municipio no adquiere dominio o derecho alguno sobre la infraestructura de los puentes peatonales ni del material publicitario colocado por el concesionario en el período de vigencia del convenio.

Asimismo, en la cláusula vigésima cuarta se dispone que -al término de la vigencia del contrato, el concesionario debe retirar a su costa todas las estructuras y anuncios que hubiere colocado en los puentes peatonales sin que se afecte la estructura de los mismos.

Del análisis de lo acordado con el Ayuntamiento de Pachuca con la empresa Vicasi S.A: de C.V., es factible considerar que:

a. Se otorgó un contrato de concesión de 39 puentes peatonales. Es decir, la materia de la concesión no fue la estructura superpuesta en que se colocaron los anuncios, sino que lo concesionado eran los propios elementos de equipamiento urbano.

b. La explotación comercial se considera respecto de los puentes peatonales.

c. En todos los casos se precisa que la propaganda comercial se coloca en los puentes peatonales.

d. Existe cláusula expresa que prohíbe la colocación de propaganda de partidos políticos

En ese orden de ideas, esta Sala Superior considera que es factible considerar que se está en presencia de la colocación de propaganda electoral en un elemento de equipamiento urbano, dado que la estructura metálica que le sirve de soporte se encuentra fijada temporalmente a un puente peatonal que constituye un elemento de equipamiento urbano.

Al respecto, resulta importante considerar que, como se anticipó, la razón de restringir la posibilidad de colocar o fijar propaganda electoral en los elementos del equipamiento urbano, consiste en evitar que los instrumentos que conforman esos diversos sistemas o conjuntos de actividades públicas y servicios se utilicen para fines distintos a los que están destinados.

En el caso, es evidente que cuando se utiliza la construcción de los puentes peatonales para colocar estructuras tendientes a realizar propaganda comercial y en estas se coloca o fija propaganda electoral, se está aprovechando un elemento del equipamiento urbano para una finalidad diversa para la que fue concebida.

Asimismo, este órgano jurisdiccional considera que le asiste razón a la actora cuando manifiesta que las estructuras metálicas en que se colocaron los promocionales, se encuentran fusionadas a los puentes peatonales, y que forman parte del equipamiento urbano en el que se prohíbe expresamente fijar propaganda política.

En efecto, por fusión se debe entender en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia acción y efecto de fundir, que a su vez se refiere a reducir a una sola dos o más cosas diferentes, lo que en el caso ocurre con los puentes peatonales y las estructuras metálicas en que se colocan la publicidad comercial, dado que si bien el puente peatonal puede seguir funcionado por separado sin perder su naturaleza, lo cierto es que la propaganda comercial colocada en el mismo no pude ser concebida sin el soporte que la estructura del elemento de equipamiento urbano le proporciona.

Lo anterior, porque lo que da el toque distintivo a los anuncios comerciales, es que fueron colocados de manera superpuesta a puentes peatonales, sin los cuales no sería factible la instalación de este tipo de espectaculares, además de que deriva de una concesión para la explotación comercial de aquellos.

Además según se puede apreciar claramente de las placas fotográficas insertas en consideraciones precedentes, las estructuras colocadas se hicieron a la medida y con las características necesarias para ajustarse a cada una de las construcciones de los puentes peatonales, por lo que es indiscutible que para retirarlo se tendría que alterar su conformación.

En esa virtud, esta Sala Superior arriba a la convicción de que las estructuras metálicas superpuestas a los puentes peatonales deben considerarse como parte del equipamiento urbano al que se refiere la restricción del artículo 184, fracción III del Código Electoral del Estado de Hidalgo y, por ende, la colocación de propaganda electoral en las mismas resulta contrario a la normativa electoral.

No pasa inadvertido, que la enjuiciante alega que con la colocación de la propaganda en cuestión se contravino el convenio de concesión suscrito con la empresa Vicasi S.A. de C.V: derivado del contenido del Dictamen de las Comisiones Conjuntas Permanentes de Hacienda Municipal, Bandos, Reglamentos y Circulares del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, referente al programa de nomenclatura denominado "Ponle placa a tu calle".

El argumento de la actora descansa en la base de que en la clausula vigésima primera se convino que el concesionario no permitiría la colocación de propaganda de los partidos políticos en los puentes peatonales fuera de los términos y atribuciones que legalmente le competen al municipio y que en relación a ello al emitir el dictamen precisado en el párrafo anterior, en el punto quinto de acuerdo se precisó que no se podría colocar propaganda de partido político alguno.

Sin embargo, determinar si existe o no un incumplimiento al convenio de concesión o si la publicidad contratada por la empresa concesionaria resulta o no contraria a los acuerdos adoptados por el cabildo, escapa al ámbito de competencia y atribuciones de esta Sala Superior, pues en todo caso, será materia del propio ayuntamiento y en su caso de la autoridad administrativa que corresponda determinar si ha ocurrido o no una contravención al contrato administrativo celebrado, con independencia de la responsabilidad de tipo electoral que en el caso se ha tenido por acreditada.

En efecto, la materia de la controversia en este asunto se centra en determinar si hay alguna conducta contraria a la normativa electoral en términos de las disposiciones legales establecidas y no si se ha cumplido con lo pactado por el Ayuntamiento y la concesionaria.

En razón de todo lo antes expuesto, toda vez que lo alegado por la coalición actora ha resultado sustancialmente fundado, lo procedente es revocar la resolución reclamada.

Al haberse determinado la revocación de la resolución reclamada, se debe considerar que la Coalición "Hidalgo nos Une" ha alcanzado su pretensión, por lo que esta Sala Superior considera innecesario analizar el resto de los motivos de agravio expresados, dado que ello a ningún efecto práctico conduciría

SÉPTIMO. Efectos de la ejecutoria. Una vez que se ha determinado dejar sin efectos el acto reclamado, resulta indispensable precisar los efectos de lo resuelto.

Atento a lo anterior, teniendo por acreditada la conducta ilícita, lo procedente es determinar a quién es imputable a efecto de que le sea impuesta la sanción respectiva.

Como se anticipó en autos no se encuentra controvertido que la propaganda electoral fue contratada por la Coalición "Unidos Contigo" con la empresa Vicasi S.A. de C.V., aspecto que se obtiene de la copia certificada del escrito IEE/P.A.S.E./02/2010 de veintisiete de mayo de dos mil diez, suscrito por Honorato Rodríguez Murillo, en su calidad de representante propietario de la Coalición "Unidos Contigo" remitido en cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado por el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el que expresamente se manifiesta:

…me permito informar que mi representada celebró contrato para la exhibición de la propaganda señalada, con la empresa denominada VICASI, S.A. DE C.V:

La anterior documental, valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción II, 17 y 19 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación, constituye una documental privada respecto de la cual el hecho reconocido surte efectos probatorios en contra de su aportante y en consecuencia hace prueba plena de que fue la Coalición "Unidos Contigo" quien contrató la colocación de la propaganda en los elementos del equipamiento urbano.

Luego entonces, al estar acreditada la participación de la Coalición "Unidos Contigo" en la contratación y colocación de la propaganda denunciada, es procedente considerar fundado el procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra.

En ese contexto, la revocación determinada debe ser para efecto de que ante la ilegalidad de la conducta desplegada, se determine la imposición de una sanción a la Coalición "Unidos Contigo" por la transgresión de lo dispuesto por la fracción III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

Al respecto, se debe precisar que no es dable imponer una sanción también al candidato postulado por aquella, dado que la contratación y colocación de la propaganda electoral, atendiendo a las constancias que obran en autos y a los hechos no controvertidos que anteriormente se han precisado, se dio entre la Coalición "Unidos Contigo" y la empresa comercial Vicasi S.A. de C.V. y no existe ningún elemento que vincule a José Francisco Olvera Ruiz con ello.

En ese orden de ideas si el candidato no desplegó conducta alguna vinculada con la contratación y colocación de la propaganda tildada de ilegal, no es factible imputarle infracción alguna y, en consecuencia se debe declarar infundado el procedimiento sancionador seguido en su contra.

En razón de lo antes considerado, lo procedente es remitir las constancias del asunto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para el efecto de que proceda a determinar la individualización de la sanción que corresponda, debiendo tomar en consideración todos los elementos que en el caso confluyeron en la conducta denunciada y calificada como ilegal por esta Sala Superior.

Entre otros elementos, la responsable debe considerar la cantidad de los promocionales colocados, el tiempo que estuvieron exhibidos y que fueron retirados de manera unilateral por la Coalición "Unidos Contigo".

Para tal efecto, se concede un plazo de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución, debiendo informar del cumplimiento dado dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca el acuerdo de trece de enero del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, recaído al procedimiento administrativo sancionador electoral identificado con la clave IEE/P.A.S.E./02/2010.

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la Coalición "Unidos Contigo" por la colocación de propaganda electoral en contravención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 184 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

TERCERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador respecto del candidato de la Coalición "Unidos Contigo" Francisco Olvera Ruiz, en términos de lo razonado en la parte final del considerando séptimo de esta ejecutoria.

CUARTO. Remítanse los autos al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para efecto de que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que sea notificada esta ejecutoria, individualice la sanción que corresponda a la Coalición "Unidos Contigo" por la conducta imputada.

QUINTO. Una vez cumplido lo ordenado en la presente ejecutoria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo deberá informarlo a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

NOTIFÍQUESE. Por correo certificado a la coalición actora y personalmente a la coalición tercera interesada en los domicilios señalados en autos; por oficio, a la autoridad responsable acompañando copia certificada de la presente resolución, y por estrados a los demás interesados.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.