RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-RAP-66/2011, SUP-RAP-76/2011, SUP-RAP-77/2011, SUP-RAP-84/2011 Y SUP-RAP-91/2011 ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TERCEROS INTERESADOS: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRO

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO: JUAN MARCOS DÁVILA RANGEL

México, Distrito Federal, a seis de julio de dos mil once.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes identificados al rubro, integrados con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática; el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; el Director General de Comunicación Social del Gobierno de esa entidad federativa; Televisión Azteca, S.A. de C.V., y Juan Manuel Estrada Juárez, según el orden referido en el anterior encabezado, todos en contra de la resolución CG62/2011 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veinticuatro de febrero de dos mil once, correspondiente a los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados SCG/PE/PRD/CG/009/2011 y SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011, relacionados con la supuesta difusión a nivel nacional de promocionales en radio y televisión alusivos al cuarto informe de gobierno de Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. De lo expuesto en la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a) Denuncia presentada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. El veintisiete de enero de dos mil once, Antonio Horacio Gamboa Chabbán, en su carácter de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, mediante el oficio número DEPPP/STCRT/0304/2011, hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General de ese órgano, distintos hechos presuntamente conculcatorios de la normativa electoral federal atribuibles, entre otros, a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionario de las emisoras con distintivos XHIR-TV, XHIE-TV y XHCER-TV en el Estado de Guerrero y XHAPB-TV en el Estado de Baja California Sur. La denuncia se sustanció en el expediente SCG/PE/CG/007/2011.

b) Denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática. El veintiocho de enero de dos mil once, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el citado consejo general, Rafael Hernández Estrada, denunció hechos que consideró podrían constituir infracciones a la normativa electoral federal, que atribuyó al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez. Tal denuncia ocasionó la integración del expediente SCG/PE/PRD/CG/009/2011.

c) Denuncia presentada por los ciudadanos. El primero de febrero de la presente anualidad, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Jalisco remitió a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el escrito de queja formulado por Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, quienes se ostentan como Presidente de la fundación "FIND" y Presidente de Conciencia Cívica, A.C., respectivamente, en contra de Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional de la mencionada entidad federativa, por supuestos hechos que constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto originó la formación del expediente SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011.

d) Acumulación de las denuncias. El catorce de febrero de dos mil once, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, ordenó la acumulación de los expedientes iniciados a partir de las denuncias descritas en los incisos b) y c) que anteceden, al distinto expediente SCG/PE/CG/007/2011.

e) Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de febrero del año que transcurre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO. Resolución impugnada. El veinticuatro de febrero de dos mil once, el Consejo General del mencionado instituto dictó la resolución CG62/2011. En términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Sesiones de ese órgano colegiado, una mayoría de consejeros ordenó elaborar un engrose del proyecto original. Los puntos resolutivos son:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra del Gobernador Constitucional del estado de Jalisco y el Director General de Comunicación Social del Gobierno del estado de Jalisco, por la presunta conculcación al artículo 41, Base III, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el numeral 2, párrafo 2, y 347, párrafo 1, inciso b,) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se declara fundada la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática y los CC. Juan Manuel Estrada Hernández y Salvador Cosió Gaona en contra del Gobernador Constitucional del estado de Jalisco y el Director General de Comunicación Social del Gobierno del estado de Jalisco, por la presunta conculcación al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando OCTAVO de la presente resolución.

TERCERO.- Dese vista a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, así como a la Contraloría del Estado de Jalisco, con copia certificada de esta resolución y las actuaciones del legajo citado al rubro, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, tal y como se establece en el considerando NOVENO del presente fallo.

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a efecto de que realice todos aquellos actos necesarios, con el objeto de conocer las medidas que, en su caso, adopten la Auditoría Superior del estado de Jalisco, así como a la Contraloría del Estado de Jalisco con relación a la vista que en la presente determinación se ordena.

QUINTO.- Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivo XHIR-TV, XHIE-TV y XHCER-TV en el estado de Guerrero y XHAPB-TV en el estado de Baja California Sur, y Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHLPT-TV Canal 2 en el estado de Baja California Sur, en términos de lo dispuesto en el considerando UNDÉCIMO de la presente Resolución.

SEXTO.- Conforme a lo precisado en el considerando DUODÉCIMO de esta Resolución, en términos del artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se amonesta públicamente a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivo XHIR-TV, XHIE-TV y XHCER-TV en el estado de Guerrero y XHAPB-TV en el estado de Baja California Sur, y Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHLPT-TV Canal 2 en el estado de Baja California Sur, al haber infringido los artículos 41, base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2; 350, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exhortándolos a que en lo sucesivo se abstengan de infringir la normativa comicial federal.

SÉPTIMO.- Se declara infundada la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática y los CC. Juan Manuel Estrada Hernández y Salvador Cosío Gaona en contra de EL VOCERO DEL NORTE, S.A., concesionario de la emisora identificada con el distintivo XEFI-AM 580; RADIODIFUSORAS UNIDAS DE CHIHUAHUA, S.A., concesionario de la emisora identificada con el distintivo XEFO-AM 680; RADIO VINCULACIÓN, S.A., concesionario de la emisora identificada con el distintivo XEHES-AM 1040; RED NACIONAL RADIOEMISORA, S.A., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XERPC-AM 790 y XHUA-FM, S.A. DE C.V., concesionaria identificada con el distintivo XHUA-FM 90.1 todas del estado de Chihuahua; NEGOCIOS MODERNOS, S. DE R.L., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEASM-AM 1340; RADIO UNIÓN, S.A., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEJPA-AM 1190; RADIO ELECTRÓNICA MEXICANA, S.A., concesionaria identificada con el distintivo XHCM-FM 88.5 y ESTEREOPOLIS, S.A., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHTB-FM 93.3 todas del estado de Morelos; XEIP-AM, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEIP-AM 1050; RADIO INTEGRAL, S.A. DE C.V., concesionaria identificada con el distintivo XENI-AM 1320; XEURM, S.A. DE C.V., concesionaria identificada con el distintivo XEURM-AM 750 y XEIP-AM, S.A. DE C.V., concesionaria identificada con el distintivo XHIP-FM 89.7 todas del estado de Michoacán; RADIO UNIÓN TEXCOCO, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEUR-AM 1530 (RF) en el Distrito Federal; JACED, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XESD-AM 1530 y XHSD-FM 99.3 en el estado de Guanajuato; TELEVIMEX, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XHEBC-TV y CANAL57; XHUAA-TV CANAL57 en el estado de Baja California; XHOCC-TV CANAL8 y XHAA-TV CANAL7 en el estado de Chiapas; XEW-TV CANAL2 (TVS) en el Distrito Federal; XHIZG-TV CANAL8 y XHCK-TV CANAL12 en el estado de Guerrero; XHTM-TV CANAL10 en el Estado de México; XHTEN-TV CANAL13 y XHSEN-TV CANAL12 en el estado de Nayarit; XHMIO-TV CANAL2 y XHHLO-TV CANAL5 en el estado de Oaxaca; XHZ-TV CANAL5 en el estado de Querétaro; XHTAT-TV CANAL7 en el estado de San Luis Potosí; XHLRT-TV CANAL44, XHNOS-TV CANAL50 y XHHES-TV CANAL23 en el estado de Sonora; XHBR-TV CANAL11, XHTAM-TV CANAL17 y XHMBT-TV CANAL10 en el estado de Tamaulipas; XHAH-TV CANAL7 en el estado de Veracruz; XHVTT-TV CANAL8 en el estado de Yucatán y XHBD-TV CANAL8 en el estado de Zacatecas; CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEWK-AM 1190; RADIO MELODÍA, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEHL-FM 102.7 y RADIO TAPATÍA, S.A. DE C.V., concesionaria identificada de la emisora identificada con el distintivo XEBA-FM 97.1 todas del estado de Jalisco; RADIOTELEVISORA DE MÉXICO NORTE, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XHCPA-TV CANAL8 en el estado de Campeche; XHCKW-TV CANAL13 en el estado de Colima; XHTUA-TV CANAL12 en el estado de Chiapas; XHCHZ-TV CANAL13 en el estado de Chihuahua; XHDUH-TV CANAL22 en el estado de Durango; XHGUE-TV CANAL21 en el estado de Jalisco; XHZAM-TV CANAL28, XHMOW-TV CANAL21 y XHAPN-TV CANAL47 en el estado de Michoacán; XHPAO-TV CANAL9 en el estado de Oaxaca; XHCHF-TV CANAL6 y XHCCN-TV CANAL4 en el estado de Quintana Roo y XHCDV-TV CANAL5 y XHSLA-TV CANAL27 en el estado de San Luis Potosí; T.V. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V., concesionaria identificada con el distintivo XHBS-TV CANAL4 y T.V. DEL HUMAYA, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHOW-TV CANAL12 ambas del estado de Sinaloa; TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHG-TV CANAL4 en el estado de Jalisco; CANALES DE TELEVISIÓN POPULARES, S.A. DE C.V., concesionara de las emisoras identificadas con los distintivos XHBM-TV CANAL14 en el estado de Baja California; XHBN-TV CANAL7 en el estado de Oaxaca; XHTK-TV CANAL11 en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL2 en el estado de Veracruz; COMPAÑÍA TELEVISORA DE LEÓN GUANAJUATO, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHL-TV CANAL11 en el estado de Guanajuato; TELEVISORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHGO-TV CANAL7 en el estado de Tamaulipas; TELEVISORA PENINSULAR, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHTP-TV CANAL9 en el estado de Yucatán; ADMINISTRADORA ARCÁNGEL, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XHCC-FM 89.3 en el estado de Colima; XHRP-FM 94.7 y XHEN-FM 100.3 en el estado de Coahuila; XHCHI-FM 97.3 en el estado de Chihuahua; XHMIG-FM 105.9 en el estado de Guanajuato; XHOLA-FM 105.1 en el estado de Puebla y XHOZ-FM 94.7 en el estado de Querétaro; IMAGEN MONTERREY, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XHCMS-FM 105.5 en el estado de Baja California; XHSC-FM 93.9 en el estado de Jalisco; XHMN-FM 107.7 en el estado de Nuevo León, XHTLN-FM 94.1 y XHMDR-FM 103.1 en el estado de Tamaulipas; PUBLICIDAD COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XEDA-FM 90.5 y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, S.A., concesionaria de la emisora identificada con el distintivo XHTRES-TV CANAL28 ambas del Distrito Federal; TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XHJCM-TV CANAL4 en el estado de Aguascalientes; XHAQ-TV CANAL5, XHENE-TV CANAL13 y XHJK-TV CANAL27 en el estado de Baja California; XHGE-TV CANAL5 y XHGN-TV CANAL7 en el estado de Campeche; XHHC-TV CANAL9, XHGDP-TV CANAL13 y XHPNG-TV CANAL6 en el estado de Coahuila; XHKF-TV CANAL9 y XHDR-TV CANAL2 en el estado de Colima; XHAO-TV CANAL4, XHCOM-TV CANAL8 y XHTAP-TV CANAL13 en el estado de Chiapas; XHCJE-TV CANAL11, XHIT-TV CANAL4, XHCH-TV CANAL2 y XHHPC-TV CANAL5 en el estado de Chihuahua; XHDF-TV CANAL13 (TVA) en el Distrito Federal; XHDB-TV CANAL7 en el estado de Durango; XHMAS-TV CANAL12 en el estado de Guanajuato; XHIR-TV CANAL2, XHIE-TV CANAL10 y XHCER-TV CANAL5 en el estado de Guerrero; XHTGN-TV CANAL12 y XHPHG-TV CANAL6 en el estado de Hidalgo; XHSFJ-TV CANAL11, XHJAL-TV CANAL13, XHGJ-TV CANAL2 y XHPVJ-TV CANAL7 en el estado de Jalisco; XHXEM-TV CANAL6 en el estado de México; XHLCM-TV CANAL7 y XHCBM-TV CANAL8 en el estado de Michoacán; XHCUR-TV CANAL13 en el estado de Morelos; XHAF-TV CANAL4 en el estado de Nayarit; XHWX-TV CANAL4 en el estado de Nuevo León; XHJN-TV CANAL9, XHSCO-TV CANAL7, XHIG-TV CANAL12, XHOXX-TV CANAL13 y XHINC-TV CANAL8 en el estado de Oaxaca; XHTHN-TV CANAL11 y XHPUR-TV CANAL6 en el estado de Puebla; XHQUR-TV CANAL9 en el estado de Querétaro; XHBX-V, CANAL12 y XHCCQ-TV CANAL11 en el estado Quintana Roo; XHPMS-TV CANAL5, XHKD-TV CANAL11, XHDD-TV CANAL11 y XHTAZ-TV CANAL12 en el estado de San Luis Potosí; XHMSI-TV CANAL6 y XHLSI-TV CANAL6 en el estado de Sinaloa; XHFA-TV CANAL2, XHHSS-TV CANAL4 y XHCSO-TV CANAL6 en el estado de Sonora; XHLNA-TV CANAL21, XHMTA-TV CANAL11, XHREY-TV CANAL12, XHCVT-TV CANAL3, XHBY-TV CANAL5 y XHWT-TV CANAL12 en el estado de Tamaulipas; XHBE-TV CANAL11 y XHSTV-TV CANAL8 en el estado de Veracruz; XHKYU-TV CANAL4 y XHDH-TV CANAL11 en el estado de Yucatán; XHKC-TV CANAL12 y XHLVZ-TV CANAL10 en el estado de Zacatecas; PUBLICIDAD COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con los distintivos XECO-AM 1380 (RF) y XEVOZ-AM 1590 en el Distrito Federal y Estado de México, en términos del considerando DECIMOTERCERO de este fallo.

OCTAVO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada. Asimismo, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual dispone que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días éstos se considerarán de veinticuatro horas", y dado que el presente procedimiento guarda relación con un proceso local, los días deberán ser computados de conformidad con el numeral referido.

NOVENO.- Notifíquese la presente Resolución en términos de ley.

DÉCIMO.- En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 24 de febrero de dos mil once, por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Fígueroa Fernández, Doctor Benito Nacíf Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Se aprobó en lo particular el Resolutivo Primero por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Se aprobó en lo particular el Resolutivo Segundo por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Se aprobó en lo particular el Resolutivo Séptimo por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Alfredo Figueroa Fernández y Doctor Benito Nacif Hernández.

TERCERO. Recursos de apelación. Mediante escritos presentados ante la Oficialía de Partes de la autoridad responsable el dos, veinticuatro y veintiocho de marzo, así como, el cinco de abril, todos de la presente anualidad, el Partido de la Revolución Democrática, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el Director General de Comunicación Social de dicha entidad federativa (ambos escritos de fecha veinticuatro de marzo), Televisión Azteca S.A. de C.V y Juan Manuel Estrada Juárez, respectivamente, interpusieron sendos recursos de apelación a fin de controvertir la resolución CG62/2011 dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

CUARTO. Remisión de expedientes y escritos de tercero interesado. Las demandas de apelación y los informes circunstanciados se recibieron, en su oportunidad, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior. El Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió los expedientes integrados con motivo de los aludidos recursos de apelación, el original de la resolución impugnada, el expediente original identificado con la clave SCG/PE/CG/007/2011 y acumulados, así como los escritos de terceros interesados presentados por Emilio González Márquez y José Rubén Alonso, en su carácter de Gobernador Constitucional y Director General de Comunicación Social, ambos del Estado de Jalisco, respectivamente, en el recurso de apelación 66 del año en curso.

QUINTO. Turno a Ponencia. Recibidas en esta Sala Superior las respectivas constancias, por sendos acuerdos de nueve y treinta y uno de marzo, así como, cuatro y once de abril, todos del presente año, la Magistrada Presidenta de este Tribunal turnó los expedientes SUP-RAP-66/2011, SUP-RAP-76/2011, SUP-RAP-77/2011 (estos dos el treinta y uno de marzo), SUP-RAP-84/2011 y SUP-RAP-91/2011, a la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, acuerdos que se cumplimentaron, en su oportunidad, por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

SEXTO. Radicación y admisión. Mediante autos de diecisiete de marzo, así como, ocho, once y dieciocho de abril, todos del año en curso, el Magistrado Instructor radicó y admitió los recursos de apelación, así como los escritos de los terceros interesados.

SEPTIMO. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Ponente declaró cerrada la instrucción de los recursos de apelación al rubro indicados, con lo cual los asuntos quedaron en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184; 186, fracciones III, inciso g) y V, y 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 6, párrafo 1; 42, y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de recursos de apelación interpuestos contra una resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de un procedimiento especial sancionador.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos presentados por los recurrentes se advierte que impugnan en todos los casos la resolución CG62/2011, emitida el veinticuatro de febrero de dos mil once, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de los expedientes número SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados SCG/PE/PRD/CG/009/2011 y SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011.

En ese sentido, es evidente que existe conexidad en la causa, dado que existe identidad en la autoridad responsable, así como en el acto reclamado; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente entre sí, de manera expedita y completa, los recursos objeto de esta ejecutoria, en conformidad con lo prescrito en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 86 y 87 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, se considera conforme a derecho decretar la acumulación de los recursos de apelación SUP-RAP-76/2011, SUP-RAP-77/2011, SUP-RAP-84/2011 y SUP-RAP-91/2011 al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente SUP-RAP-66/2011, por ser éste el que se recibió primero, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

Por lo anterior, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria, a los autos de los expedientes de los recursos de apelación acumulados.

TERCERO. Sobreseimiento parcial en el SUP-RAP-91/2011. Respecto al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-91/2011, cabe destacar que mediante acuerdo de dieciocho de abril del año en curso se reservó acordar lo que en derecho procedería, respecto de la circunstancia de que el ciudadano Juan Manuel Estrada Juárez interpone el aludido recurso por su propio derecho y ostenta una supuesta representación común a favor de Salvador Cosío Gaona.

A continuación, este órgano de justicia especializado resuelve lo conducente acerca de este tema en particular.

a) En la demanda que dio origen al recurso de apelación antes mencionado, Juan Manuel Estrada Juárez manifiesta que promueve el medio de impugnación:

[…]

con la personería que tengo debidamente acreditada y reconocida dentro del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/007/2011 Y SUS ACUMULADOS SCG/PE/PRD/CG/009/2011 Y SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011.

[…]

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de esa Sala Superior, atentamente pido:

[…]

PRIMERO.- Tener al suscrito representante por promoviendo RECURSO DE APELACIÓN, contra el acuerdo y omisión reclamados, en los términos del presente escrito; admitir dicho medio de impugnación, y tener por reconocida la personería de quien suscribe.

b) También en dicho ocurso inicial se advierte que debajo de la rúbrica y el nombre del promovente Juan Manuel Estrada Juárez se lee: "Representante común de Salvador Cosío Gaona".

c) En el informe circunstanciado, la autoridad responsable menciona que el referido ciudadano sí tiene acreditada su personería, pero nada dice acerca de la representación común que ostenta a favor de Salvador Cosío Gaona.

d) En los procedimientos especiales sancionadores que dieron origen al recurso de apelación 91 de este año, concretamente, en el expediente identificado con la clave SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011, se advierte que en el escrito de queja presentado por Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, el treinta y uno de enero de dos mil once, ambos promueven por su propio derecho, incluso, en el punto petitorio "PRIMERO" solicitan que se les tenga por reconocida la personería de quienes suscriben, sin hacer nombramiento o designación alguna de representante común.

e) Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil once, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en su carácter de Secretario del Consejo General del mencionado instituto, en el expediente antes citado, admitió a trámite la queja formulada por los denunciantes; sin embargo, nada se proveyó sobre una supuesta representación común que hubiese ostentado Juan Manuel Estrada Juárez.

f) En el distinto acuerdo de quince de febrero del año en curso, el aludido funcionario electoral dio inicio al procedimiento especial sancionador cuya resolución aquí se controvierte. En el punto "SEGUNDO" solamente se especificó que una de las denuncias había sido presentada por Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, ostentándose como Presidentes de la Fundación FIND y Conciencia Cívica, A.C., respectivamente, pero tampoco se hizo alusión a representación común alguna.

g) En los citatorios para la celebración de la correspondiente audiencia de pruebas y alegatos, mediante oficio SCG/449/2011 de quince de febrero de este año, tampoco se mencionó algún estatus de Juan Manuel Estrada Juárez como representante común de Salvador Cosío Gaona.

h) En la aludida audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el veintidós de febrero de dos mil once, comparecieron los denunciantes Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, quienes se identificaron, el Secretario del Consejo General les reconoció su calidad de partes en términos de su escrito de denuncia; empero, durante el desarrollo de la etapa en que se les dio el uso de la voz a los quejosos para manifestar los hechos que motivaron la denuncia y las pruebas aportadas, se hizo constar:

"CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DE LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTISIÉS MINUTOS DE LA FECHA EN QUE SE ACTÚA, LOS C.C. JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ Y SALVADOR COSÍO GAONA MANIFIESTAN QUE EL PRIMERO DE ELLOS ACTUARÁ EN LA PRESENTE DILIGENCIA COMO REPRESENTANTE COMÚN DE AMBOS, POR LO CUAL EN USO DE LA VOZ MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: RATIFICO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL ESCRITO INICIAL DE QUEJA PRESENTADO ANEXANDO A ESTE LOS ALEGATOS QUE SE ENTREGAN EN ESTA AUDIENCIA

[…]

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL HACE CONSTAR: QUE SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DE LA FECHA EN QUE SE ACTÚA, SE DA POR CONCLUÍDA LA INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE DENUNCIANTE EN LOS TÉRMINOS YA PRECISADOS.

[…]

POR CUANTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS C.C. JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ Y SALVADOR COSÍO GAONA EN EL ESCRITO QUE MOTIVÓ LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE SCG/PE/JMEJ/JAL/010/2011.

[…]

POR CUANTO A LAS PRUEBAS ANEXADAS AL ESCRITO DE ESTA MISMA FECHA, RECIBIDO EN LA PRESENTE DILIGENCIA, ASÍ COMO AQUELLAS A LAS CUALES HACE ALUSIÓN EL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS SUJETOS MENCIONADOS DURANTE LA ETAPA PROCESAL CORRESPONDIENTE, DÍGASELE QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD SU SOLICITUD.

[…]

i) Por último, en la etapa de alegatos de la referida audiencia, el Secretario del Consejo General determinó:

[…]

EN USO DE LA VOZ, SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS EL LIC. JUAN MANUEL ESTRADA, QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE LOS CC. JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ Y SALVADOR COSÍO GAONA, MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

[…]

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL HACE CONSTAR: QUE SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DE LA FECHA EN QUE SE ACTÚA, SE DA POR CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ, QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS SUJETOS DENUNCIANTES PRECISADOS EN LA PRESENTE ACTA.

[…]

En el correspondiente escrito de alegatos (visible en el tomo III de las constancias que integran el procedimiento sancionador de origen), tanto Juan Manuel Estrada Juárez como Salvador Cosío Gaona se ostentaron como Presidentes de la Fundación FIND y Conciencia Cívica, A.C., respectivamente, pero comparecieron por su propio derecho, y no hicieron manifestación alguna en el sentido de designar un representante común.

Al respecto, cabe tener en cuenta que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los medios de impugnación se deberá acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente.

En razón de lo anterior, es indispensable tener en consideración que en el recurso de apelación SUP-RAP-91/2011, Juan Manuel Estrada Juárez pretendió acreditar su calidad de representante común de Salvador Cosío Gaona, y que se reconociera su personería, en términos de la que tiene reconocida en el procedimiento especial sancionador que originó este medio de impugnación.

Como ya se vio, en los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados SCG/PE/PRD/CG/009/2011 y SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011, particularmente en éste último que fue integrado a partir de la queja formulada por Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, solamente se reconoció un representación común ejercida por el primero de los sujetos nombrados, para efectos del uso de la voz que se le otorgó durante dos etapas de la audiencia de pruebas y alegatos.

La circunstancia de que uno de los promoventes en este medio de impugnación se ostente como representante común de otro, pretendiendo acreditar su personería en función de un reconocimiento que existe en el procedimiento sancionador de origen, hace patente que esta Sala Superior analice las constancias que obran en autos y no solamente se atenga a la manifestación rendida por la autoridad responsable en el informe circunstanciado, ya que es en tal procedimiento administrativo en el que se debió reconocer la calidad de representante común o bien, existir una manifestación de los entonces quejosos en el sentido de que designaban a uno de ellos con tal calidad.

En esas condiciones, si en el procedimiento especial sancionador únicamente se reconoció a Juan Manuel Estrada Juárez el carácter de representante común, para efectos del uso de la voz durante el desarrollo de dos etapas de la audiencia de pruebas y alegatos, según se evidencia en las trascripciones anteriores, es claro que dicho promovente no tiene un reconocimiento de parte de la autoridad responsable para actuar como representante común de Salvador Cosío Gaona en actos jurídicos distintos al ya mencionado.

Lo anterior se corrobora con la conducta procesal de los entonces denunciantes, ya que tanto en su escrito de queja como en el de alegatos, se ostentaron ante el Instituto Federal Electoral como promoventes por propio derecho, empero, en ningún momento solicitaron o designaron a un representante común, lo que denota una voluntad de actuación en lo individual durante el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé el sobreseimiento de la demanda, cuando sobrevenga alguna causal de improcedencia una vez admitido el medio de impugnación.

En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la referida ley de medios de impugnación, relativa a que un medio de impugnación se desechará de plano cuando su notoria improcedencia derive de las disposiciones de la ley procesal, en este caso, la falta de acreditación de la personería del promovente Juan Manuel Estrada Juárez.

En esa línea discursiva, debe aplicarse la disposición expresa de la ley electoral respecto de que los promoventes, en los escritos iniciales deben acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar dicho requisito legal; sin embargo, Juan Manuel Estrada Juárez pretendió que se le reconociera su carácter de representante común de Salvador Cosío Gaona, en términos de una acreditación que no tiene en los procedimientos especiales sancionadores multicitados.

Consecuentemente, el recurso de apelación resulta improcedente y, por tanto, se sobresee el medio de impugnación, por dicha causa, respecto únicamente de Salvador Cosío Gaona, pues aunque la demanda que integró el expediente SUP-RAP-91/2011 es promovida también por Juan Manuel Estrada Juárez, como ya se estimó, resulta insuficiente que ostente una supuesta representación común a favor de ambos promoventes, si en el procedimiento administrativo sancionador la representación tuvo un efecto limitado al uso de la voz durante dos etapas de la audiencia de pruebas y alegatos, máxime que su conducta procesal siempre se manifestó en el sentido de promover por su propio derecho, de igual forma en que lo hizo el otro denunciante Salvador Cosío Gaona.

En este orden de ideas, la resolución que se emita por esta Sala Superior solamente tendrá efectos jurídicos en la persona de Juan Manuel Estrada Juárez, quien solamente tiene reconocida su legitimación por propio derecho.

CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia hechas valer por los terceros interesados en el SUP-RAP-66/2011. En virtud de que las causales de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional, su estudio es de carácter preferente; por lo que se impone examinar si se actualizan o no las hechas valer por Emilio González Márquez y José Rubén Alonso González, en sus escritos de comparecencia como terceros interesados en el recurso de apelación antes mencionado.

I. Extemporaneidad. Los terceros interesados sostienen que el recurso de apelación 66 del año en curso es improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el inciso b), párrafo 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, consistente en que los medios de impugnación serán promovidos dentro del plazo establecido por la ley.

Según los terceros interesados, como el recurso de apelación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática tiene relación con los procesos electorales celebrados en Guerrero y Baja California Sur, en su concepto, todos los días y horas son hábiles.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 8, establece que los recursos de apelación deben presentarse dentro del plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiese notificado el acto o resolución reclamados en conformidad con la normativa aplicable, entre otros supuestos.

La causal hecha valer resulta infundada, toda vez que los terceros interesados parten de la premisa equivocada de que el plazo para interponer el citado recurso de apelación transcurrió del veinticinco al veintiocho de febrero de dos mil once.

Lo anterior, porque dicho plazo transcurrió, en realidad, del veinticinco de febrero al dos de marzo de dos mil once. Esto es así, porque el veintiséis y veintisiete de febrero son días no computables para el plazo, pues son inhábiles por ser sábado y domingo, en el entendido que actualmente no se desarrolla ningún proceso electoral en el Estado de Jalisco que es donde tienen su ámbito de actuación los funcionarios públicos denunciados.

No constituye obstáculo la circunstancia alegada por los terceros interesados, ya que la resolución controvertida si bien tuvo lugar durante el desarrollo de los pasados procesos electorales celebrados en los Estados de Guerrero y de Baja California Sur, lo cierto es que: i) la determinación de si los hechos denunciados constituyen una incidencia en el desarrollo del proceso electoral, es una cuestión que debe de resolver en el fondo y ii) porque la supuesta conculcación al artículo 134 de la Constitución federal está fuera de las incidencias propias de los comicios locales, al tratarse solamente de promoción personalizada de servidores públicos estatales.

Cabe destacar, que la materia de impugnación en este recurso de apelación no está relacionada con los actos de preparación, organización o calificación de comicios estatales o federales, pese a que como ya se dijo, los hechos denunciados ocurrieron durante el desarrollo de los procesos electorales de Baja California Sur y Guerrero en este dos mil once.

Ha sido criterio de esta Sala Superior, que si no existe riesgo alguno de alterar las distintas etapas electorales, debe tomarse el cómputo más favorable para el actor, es decir, aquel previsto en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no existir la premura que, para la presentación y resolución de los medios de impugnación, existe en el caso de actos directa y materialmente vinculados con el proceso electoral.

Por tanto, si no existe riesgo de alterar los breves plazos electorales, ni de que se incumpla con la definitividad de las etapas comiciales y, por ende, el cómputo para la presentación de los medios de impugnación correspondientes deberá hacerse tomando en cuenta solamente los días y horas hábiles.

En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable la jurisprudencia 1/2009 SRII de rubro: PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES1. De ahí que la causal de improcedencia en estudio deba desestimarse.

1 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 23 a 25.

II. Incorrecto señalamiento de la autoridad responsable. Otro de los planteamientos de los terceros interesados, consiste en que el promovente del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-66/2011, señala incorrectamente a la autoridad responsable, pues el Partido de la Revolución Democrática menciona a la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo que, debe desecharse la demanda.

Esta Sala Superior considera que es infundado dicho planteamiento y debe tenerse como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en razón de lo siguiente:

En términos de lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Libro Séptimo, Capítulo Cuarto, relativo al procedimiento especial sancionador), la Secretaría del Consejo General es el órgano desconcentrado del Instituto Federal Electoral, encargado de instruir dicho procedimiento, en ese sentido, es la encargada de:

I. Admitir o desechar la denuncia.

II. Emplazar al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos.

III. Proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias, la adopción de medidas cautelares.

IV. Conducir la audiencia de pruebas y alegatos.

V. Resolver sobre la admisión de pruebas y desahogarlas.

VI. Formular un proyecto de resolución, el cual lo presentará ante el consejero presidente, para que éste convoque a los miembros del Consejo General a una sesión.

En la sesión que se cite para discutir el proyecto, el Consejo General conocerá y resolverá sobre tal proyecto de resolución. En caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo ordenará la suspensión del acto denunciado e impondrá las sanciones correspondientes (artículo 370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Como puede observarse, la Secretaría del Consejo General es el órgano del Instituto Federal Electoral, competente para llevar a cabo todos los actos necesarios para la tramitación y sustanciación del procedimiento especial sancionador, asimismo, es la encargada de elaborar un proyecto de resolución, el cual deberá ser aprobado, rechazado o modificado por el Consejo General.

Por tanto, la resolución definitiva del procedimiento especial sancionador es la aprobada por el Consejo General, y no así el proyecto de resolución que remite la Secretaría al consejero presidente.

En suma, si en la especie, el partido político recurrente, controvierte la resolución CG62/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la que se resolvió el procedimiento especial sancionador incoado por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Gobernador del Estado de Jalisco, del Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, así como en contra de diversas televisoras, por hechos que consideró constituían infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es tener por señalado como autoridad responsable al citado Consejo General.

Lo anterior tiene sustento en que esta Sala Superior, al hacer el estudio integral del recurso formulado por el partido político recurrente, advierte que si bien es verdad, se mencionó en el apartado denominado "autoridad responsable" a la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, también es patente que la intención del justiciable es controvertir la resolución dictada por el mencionado órgano de dirección, no así, algún acto de su Secretario.

Este análisis integral del ocurso inicial encuentra base jurídica en la jurisprudencia 4/99 de esta Sala Superior cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.2

2 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17.

QUINTO. Procedencia. Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7; 8; 9, párrafo 1, y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de acuerdo con lo siguiente:

a) Forma. Los recursos fueron presentados por escrito ante la autoridad responsable, y en ellas se hace constar el nombre de los recurrentes, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa la resolución controvertida y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar, tanto el nombre, como la firma autógrafa de quien promueve.

b) Oportunidad. Los recursos de apelación fueron promovidos oportunamente, pues de las constancias que obran en autos, se advierte que la resolución impugnada se notificó a los actores el veinticuatro de febrero (RAP 66), veintidós (RAP 76 y RAP 77) y veinticuatro de marzo (RAP 84), así como, el primero de abril (RAP 91), todos de dos mil once, respectivamente, y las demandas de los recursos de apelación se presentaron el dos (RAP 66), veinticuatro (RAP 76 y RAP 77) y veintiocho de marzo (RAP 84), así como, el cinco de abril (RAP 91), todos de dos mil once, de ahí que resulte inconcuso que se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días previsto al efecto.

c) Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran satisfechos, toda vez que el promovente del SUP-RAP-66/2011 es un partido político con registro nacional, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Rafael Hernández Estrada, en su carácter de representante propietario de dicho instituto político ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien presentó una de las denuncias por las cuales se integró el procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave SCG/PE/CG/007/2011, al cual le recayó el acuerdo impugnado.

Por tanto, tiene reconocida su personería, en términos de lo dispuesto en el inciso a) del apartado 1 del artículo 45, en relación con el 13, apartado 1, inciso a), fracción I, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Además, dicha personería le fue reconocida por el Secretario del Consejo General del instituto mencionado en el informe circunstanciado, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, inciso a), del citado ordenamiento legal.

Por lo que respecta a la recurrente en el SUP-RAP-84/2011, Televisión Azteca S.A. de C.V., por conducto de José Luis Zambrano Porras, dicha persona moral fue sancionada en el procedimiento administrativo de origen, por otra parte, su representante tiene igualmente reconocida su personería ante la autoridad responsable y no se encuentra controvertida.

Asimismo, los recursos de apelación SUP-RAP-76/2011, SUP-RAP-77/2011 y SUP-RAP-91/2011, promovidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Director General de Comunicación Social de dicha entidad federativa y Juan Manuel Estrada Juárez, respectivamente, también tienen legitimación en términos de los artículos mencionados al inicio de este considerando y todos ellos formaron parte en el procedimiento especial sancionador, sean como denunciados, o bien, como denunciante.

d) Interés jurídico. Los promoventes tienen interés jurídico para reclamar la resolución impugnada, toda vez que ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional electoral, que los involucrados en un procedimiento administrativo sancionador, sean denunciantes o denunciados, si tienen interés jurídico para impugnar la resolución que recae a un procedimiento de esa naturaleza.

e) Definitividad. La resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral es un acto definitivo, toda vez que en la legislación electoral federal no está previsto ningún medio de impugnación que necesite ser agotado antes de acudir a esta instancia; por tanto, debe estimarse colmado el presente requisito de procedencia.

Bajo estas premisas, y al estar plenamente demostrado que los medios de impugnación cumplen los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la litis planteada.

SEXTO. Especificación del hecho infractor. Previamente al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por los recurrentes, con el fin de dar mayor claridad a los justiciables, esta Sala Superior estima necesario describir los hechos denunciados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral que motivaron la integración de los expedientes de procedimientos especiales sancionadores citados.

El Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, denunciaron que en los días veinticinco de enero y dos de febrero del año en curso, se difundieron promocionales, a través de distintos canales de televisión y estaciones de radio, entre otros, las emisoras de las concesionarias Televisión Azteca, S.A. de C.V., y Televimex, S.A. de C.V., referentes al cuarto informe de gobierno del Gobernador del Estado de Jalisco, los cuales se transmitieron en territorio nacional, concretamente, en las entidades de Baja California Sur y Guerrero, en las que se desarrollaban procesos electorales locales.

En concepto de los denunciantes, dichos promocionales constituían promoción personalizada por parte del Gobernador, así como difusión de propaganda gubernamental mediante canales de televisión y estaciones de radio, en entidades federativas donde se llevaban a cabo procesos electorales para renovar distintos cargos de elección popular, por lo que se alega la conculcación de los artículos 41, párrafo segundo, base III, apartado C, y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional analizará en primer término y de manera conjunta, los motivos de disenso que hacen valer, a través de sus representantes legales, el Gobernador del Estado de Jalisco, el Director General de Comunicación Social de dicho Estado, y Televisión Azteca, S.A. de C.V., por estar relacionados entre sí y versar sobre las mismas cuestiones procesales.

En un segundo término, se examinarán los agravios hechos valer por el Partido de la Revolución Democrática y por Juan Manuel Estrada Juárez, por guardar una estrecha relación, además de que aducen, esencialmente, las mismas irregularidades atribuidas a la resolución impugnada.

I. Agravios que hacen valer el Gobernador del Estado de Jalisco, el Director General de Comunicación Social del Gobierno de dicho Estado y Televisión Azteca, S.A. de C.V.

* El Gobernador y el Director General de Comunicación Social, ambos del Estado de Jalisco aducen lo siguiente:

1. Los recurrentes plantean que la resolución impugnada es ilegal, pues carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que la responsable declaró fundada la queja interpuesta en su contra por la presunta conculcación de los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la difusión a nivel nacional del cuarto informe de gobierno del titular del ejecutivo del Estado de Jalisco, debido a que se concluyó que los hechos denunciados sí tuvieron repercusión en materia electoral, ya que se trató de actos de promoción personalizada; sin embargo, en su concepto, los mensajes difundidos no constituyeron propaganda personalizada y, por tanto, no transgredieron las referidas disposiciones.

Lo anterior, ya que el Consejo General pretendió sustentarse en la jurisprudencia 2/2011, emitida por esta Sala Superior, de rubro: "PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO), la cual, en concepto de los apelantes, fue interpretada y aplicada incorrectamente, en razón de que la responsable en lugar de determinar si los hechos denunciados tenían o no repercusión en la materia electoral, lo que hizo fue establecer que había una aparente transgresión a la normativa electoral y que, por ende, había una repercusión en ella, por lo que concluyó que esa aparente transgresión a las disposiciones electorales, se convertía en una transgresión real.

En ese sentido, al decir de los recurrentes, interpretar y aplicar la tesis jurisprudencial, como lo hizo la autoridad administrativa electoral, hace que dicha jurisprudencia carezca de sentido, pues aducen que, si en conformidad con lo dispuesto en los artículos 363, párrafo 1, inciso d), y 368, párrafo 5, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una denuncia debe desecharse de plano por el Secretario Ejecutivo, si los hechos denunciados no constituyen, de manera evidente, una violación a la normativa electoral, lo que, a contrario sensu, significa que el Secretario Ejecutivo debe dar trámite a la denuncia si los hechos denunciados, aparentemente, constituyen una transgresión a las normas electorales; entonces, ante el Consejo General, siempre se colmaría la hipótesis número uno de la referida jurisprudencia (1. Determinar si los hechos que se denuncian tienen repercusión en la materia electoral) y jamás la hipótesis número dos (2. De advertir que no existen consecuencias de esa naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo), es decir, que nunca podría declararse infundada una denuncia, debido a que dicho Consejo siempre tiene, ante sí, hechos "aparentemente" violatorios transgresores de los preceptos comiciales, puesto que si no fueran "aparentemente" transgresores de la normativa electoral, el Secretario Ejecutivo habría desechado de plano la denuncia.

Por tanto, concluyen que la difusión de los mensajes denunciados no constituye promoción personalizada, pues el hecho de haberse transmitido a nivel nacional no configura dicha irregularidad, además de que en la propaganda no se incluyó la imagen, la voz ni el nombre del Gobernador de Jalisco, esto es, los spots no promocionaron velada o explícitamente al servidor público, destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencia religiosa, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución, según lo ha establecido la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-140/2009 y SUP-RAP-235/2010, así como tampoco contraviene lo dispuesto en los artículos 134, párrafo octavo, constitucional, y 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2. Los apelantes sostienen que les causa agravio la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, toda vez que la responsable asumió competencia que no le fue conferida por el legislador, al haber realizado el estudio de fondo de un asunto que conforme a derecho no le correspondía, en virtud de que la materia de la queja no se relaciona de ninguna manera con el proceso electoral federal.

En concepto de los justiciables, la responsable asumió competencia en cuanto a la posible infracción del artículo 134 en sus últimos tres párrafos de la Constitución federal, porque si bien resulta cierto que frente a los hechos reclamados por los quejosos, prima facie, existían condiciones para que el Consejo General asumiera inicialmente competencia para conocer de los hechos denunciados, lo cierto es que, del examen exhaustivo de éstos, lo procedente era que declarara su incompetencia para conocer de los hechos denunciados y se abstuviera de resolver en cuanto al fondo del asunto sometido a su consideración y remitiera lo actuado al órgano o autoridad que considerara competente.

Ello, pues en su concepto, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que la responsable examinó si los hechos denunciados podían tener o no incidencia en un proceso electoral federal y, consecuentemente, determinó que, dada la época en que ocurrieron los hechos denunciados, la difusión de los mensajes televisivos reclamados no podían impactar en un proceso electoral federal, de modo que indebidamente se encargó de examinar el fondo de los hechos denunciados.

Asimismo, los enjuiciantes señalan que en conformidad con los criterios sostenidos por esta Sala Superior, frente al reclamo de una difusión a nivel nacional de los promocionales denunciados, debió asumir, prima facie, la competencia, proceder a examinar si los hechos denunciados podían afectar un proceso electoral federal y de concluir que los hechos no tenían incidencia en los comicios federales, debió determinar su incompetencia por causa sobrevenida, absteniéndose de resolver en cuanto al fondo de la queja y, en su caso, remitir lo actuado a la autoridad que considerara competente; sin embargo, de forma indebida después de concluir que los hechos no tenían incidencia con algún proceso electoral federal, la responsable omitió declarar su incompetencia y no se abstuvo de resolver el fondo de la queja.

Finalmente, los impugnantes argumentan que los hechos denunciados no apuntaban a la tutela de principios o valores de carácter electoral, sino a valores que protegen la debida administración de los recursos del Estado de Jalisco, la competencia para conocer de dichos hechos se surtiría a favor de los órganos de la referida entidad, y no así del Instituto Federal Electoral.

3. Los recurrentes aseveran que la resolución impugnada transgrede los principios de exhaustividad y congruencia externa, toda vez que la responsable no analizó todos y cada uno de los argumentos expresados por los apelantes en su escrito de contestación a la denuncia incoada en su contra, pues si bien es cierto que la responsable realizó una síntesis de los mismos, del acto recurrido no se desprende la totalidad de sus razonamientos esgrimidos, pues de su contenido podría advertirse la defensa relacionada con la imputación que le fue hecha derivado de la difusión de los spots difundidos a nivel nacional.

* Televisión Azteca, S.A. de C.V., a través de su representante legal, hace valer lo siguiente:

1. La actora aduce que no se analizaron los argumentos que se hicieron valer por escrito en la audiencia de pruebas y alegatos, relativos a que, contrario a lo afirmado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, no se acredita que Televisión Azteca S.A. de C.V. haya difundido promocionales del cuarto informe del Gobernador del Estado de Jalisco en los Estados de Guerrero y Baja California Sur, durante las respectivas campañas electorales.

Al respecto, la actora manifestó en el citado escrito presentado en la audiencia de pruebas y alegatos, lo que a continuación se detalla:

i) Acorde con el informe de monitoreo con el cual se le emplazó, no se advierte la existencia de dichos promocionales, circunstancia distinta a lo señalado en el oficio por el que se dio vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, era indispensable cotejar el informe de monitoreo con el que se emplazó a Televisión Azteca, S.A. de C.V.

ii) Los testigos de grabación, que también se adjuntaron al emplazamiento, no contienen referencia o elemento alguno que permita identificar que tales materiales corresponden a emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V., además de que en todos estos aparece la misma publicidad comercial, antes y después del promocional controvertido, lo cual genera indicios acerca de que se trata de una misma grabación.

iii) De los materiales audiovisuales identificados con el número de reporte RV00104-11 y RV00105-11, que van del veinticinco de enero de dos mil once al seis de febrero del mismo año, no se advierte impacto alguno en el Estado de Baja California, y por cuanto hace al Estado de Guerrero, sólo se advierte la difusión de promocionales una vez que había concluido el proceso electoral en dicha entidad federativa, motivo por el cual ya no existía limitación alguna para su transmisión.

iv) El sistema de verificación y monitoreo del Instituto Federal Electoral no es una herramienta eficaz para demostrar las irregularidades denunciadas, pues, acorde con el informe efectuado por la Auditoria Superior de la Federación3, el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado opera actualmente con deficiencias y, por tanto, impide tener certeza sobre la veracidad de los datos que reporta.

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.

2. La concesionaria argumenta que, acorde con lo establecido por esta Sala Superior, la competencia de la autoridad encargada de conocer de las infracciones relacionadas con los informes de gestión de los servidores públicos, violatorios de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución federal, se establece en virtud del tipo de proceso electoral con el que se relacione el informe o en el que impacte la irregularidad, y no por el ámbito geográfico en que se difundan.

Por tanto, si la conducta impacta en un proceso electoral local, la competencia se surte en favor de la autoridad electoral estatal, en tanto que si incide en un proceso electoral federal será el Instituto Federal Electoral el competente.

Refiere que excepcionalmente el Instituto Federal Electoral podrá conocer de esas infracciones cuando estén relacionadas con la asignación de tiempos del Estado en radio y televisión, no obstante, para ello deberá pronunciarse sobre la probable afectación a un proceso electoral federal, presente o futuro, mediante una resolución de fondo en la que se demuestre efectivamente dicha situación.

Dicho lo anterior, la apelante manifiesta que no es válido jurídicamente pretender sancionarla, toda vez que aun cuando los promocionales denunciados se pudieran haber difundido en un ámbito territorial distinto al del Estado de Jalisco, en aparente contravención a lo dispuesto en los artículos 2, párrafo 2, y 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo previsto por el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución General de la República, ello en modo alguno causa una afectación al proceso electoral federal, pues conforme a lo previsto en el artículo 210 del citado código electoral, este iniciará hasta el mes de octubre del presente año.

Asimismo, la televisora arguye que el propio consejo reconoció, en la resolución impugnada, que no existió afectación alguna al proceso electoral federal, por tanto, se pone de manifiesto la ilegalidad de la misma al carecer de la debida fundamentación y motivación.

Ahora bien, esta Sala Superior advierte que los agravios planteados por el Gobernador del Estado de Jalisco, el Director General de Comunicación Social del Gobierno de ésa entidad y Televisión Azteca, S.A. de C.V., se pueden dividir en tres temas fundamentales: 1. Falta de competencia por parte del Instituto Federal Electoral para conocer y resolver la denuncia; 2. Violación a los principios de exhaustividad y congruencia externa al emitir la resolución impugnada, y 3. Los promocionales objeto de la denuncia no constituyen promoción personalizada por parte del Gobernador del Estado de Jalisco.

Por cuestión de método, el estudio de los conceptos de agravio se hará de forma distinta a la planteada por los recurrentes, por lo que se analizarán, en primer término, los argumentos relativos a la falta de competencia por parte del Instituto Federal Electoral para conocer y resolver la denuncia y, en segundo término, los razonamientos que versan sobre la violación a los principios de exhaustividad y congruencia externa, ambos, por tratarse de aspectos procesales, que de ser fundados, resultarían suficientes para revocar el acto impugnado, posteriormente, se estudiarán aquellas cuestiones que están relacionadas con el fondo de la cuestión planteada.

Cabe señalar, que lo anterior no le causa perjuicio a los recurrentes, en virtud de que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. Sirve de apoyo la jurisprudencia 04/2000, de rubro AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN4.

4 Consultable en Justicia Electoral, revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6.

1. Falta de competencia por parte del Instituto Federal Electoral para conocer y resolver la denuncia.

El agravio es infundado.

Los recurrentes parten de una premisa errónea al considerar que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que, en su concepto, la responsable asumió competencia que no le fue conferida por el legislador, al haber realizado el estudio de fondo de un asunto que conforme a derecho no le correspondía, en virtud de que la materia de la queja no se relaciona de ninguna manera con el proceso electoral federal.

Lo anterior es así, en virtud de que el Consejo General responsable determinó que la difusión de los promocionales referentes al cuarto informe de gestión del Gobernador del Estado de Jalisco, los cuales se transmitieron en territorio nacional, sí constituían propaganda personalizada y, por tanto, contravenían el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese sentido, la responsable determinó que las conductas denunciadas tenían repercusión en la materia electoral federal, puesto que se trataba de conductas relacionadas con disposiciones normativas propias de esa disciplina, cuya conculcación podía trastocar el principio de equidad.

Como se puede observar, contrariamente a lo aducido por los demandantes, la autoridad administrativa electoral, en concordancia con lo resuelto por esta Sala Superior en el expediente SUP-RAP-184/2010, así como lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2/2011, de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)5, una vez que recibió la denuncia en la que se adujo la violación al octavo párrafo del artículo 134 constitucional (promoción personalizada), primeramente, asumió competencia y procedió a determinar si los hechos que se denunciaron tuvieron repercusión en la materia electoral federal, para así estar en aptitud de determinar si tales hechos configuraban una transgresión a la normativa electoral.

5 Aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad, en sesión pública celebrada el dieciséis de febrero de dos mil once. Pendiente de publicación.

En efecto, como se puede observar a fojas 176 y 177 de la resolución impugnada, la responsable argumentó que las denuncias planteadas por el Partido de la Revolución Democrática y los ciudadanos Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, guardaban relación con presuntos actos de promoción personalizada por parte del Gobernador del Estado de Jalisco, consistentes en la transmisión nacional de promocionales en radio y televisión alusivos a su cuarto informe de gestión, de allí que tenían repercusión en la materia electoral federal, por tratarse de presuntas violaciones a hipótesis normativas propias del orden jurídico comicial, aunado a que el ámbito territorial en el cual ocurrieron los sucesos objeto de análisis (territorio nacional), corresponden a la esfera de competencia del Instituto Federal Electoral.

Por tanto, concluyó que los hechos objeto de análisis tenían repercusión en la materia electoral federal, por tratarse de conductas vinculadas a disposiciones normativas del orden comicial federal, razón por la que procedió a realizar el análisis respecto a si los hechos denunciados constituyeron o no una transgresión a la normativa federal.

Esta Sala Superior considera que, contrariamente a lo aducido por los tres recurrentes antes mencionados, el Consejo General del Instituto Federal Electoral actuó de forma correcta, pues con la finalidad de que la realización de una probable conducta contraria a derecho no quedara sin tutela administrativa y judicial efectiva, es que en un primer momento, prima facie, asumió competencia para conocer de la denuncia y, consecuentemente, analizó si los hechos que la motivaron tuvieron repercusión en la materia electoral, lo cual consideró que sí ocurría en la especie y, como consecuencia de ello, analizó si la difusión de los mensajes de Gobierno constituyeron o no una transgresión a la normativa electoral federal.

En ese sentido, la responsable determinó que como los mensajes fueron difundidos en toda la República Mexicana (con excepción del estado de Tlaxcala, donde no se reportó detección alguna), esto es, en entidades federativas distintas a aquélla donde el Gobernador ejerce su responsabilidad como servidor público, tal conducta sí podía ser considerada como infractora de la ley.

Además, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió que de copias certificadas de diversas constancias relacionadas con empresas radiodifusoras con las cuales se pactó la transmisión en localidades distintas al ámbito de responsabilidad de los funcionarios denunciados, aportadas por la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Jalisco, válidamente se podía afirmar que el titular de dicha Dirección, contrató y ordenó la difusión de los materiales impugnados, razones por las cuales estimó que la difusión de los promocionales no podían estimarse amparada en la hipótesis normativa de excepción prevista en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que se tradujo en una contravención a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse, se reitera, de una promoción personalizada por parte del Gobernador del Estado de Jalisco.

En atención a lo razonado es que este órgano jurisdiccional estima que el Consejo General del Instituto Federal Electoral asumió competencia de forma correcta y, por tanto, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, de ahí lo infundado del agravio.

Efectivamente, de la lectura realizada al escrito de queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se advierte que aduce en el apartado de CONSIDERACIONES DE DERECHO, que "El Instituto Federal Electoral es competente para conocer de la conducta denunciada, ya que se trata de propaganda que se difunde por televisión en el territorio nacional, más allá del ámbito geográfico del Estado de Jalisco, que incluye entidades federativas como el Estado de México que se encuentra en proceso electoral y puede tener incidencia en otros procesos electorales locales como el proceso federal que dará inicio en el presente año, circunstancias que a primer a vista (sic) obliga a este Instituto a asumir competencia en el asunto que se denuncia…" (foja 171 del Tomo I del expediente SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados).

Asimismo, en el escrito de queja interpuesta por Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, aducen en el apartado de HECHOS Y AGRAVIOS, específicamente en el tercero, que "En virtud de la interposición de la queja formal presentada por los suscritos en contra del Gobernador Emilio González Márquez ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE (sic) es claro que la conducta del ejecutivo del Estado de Jalisco es violatoria a la norma ya que violó con sus spots el artículo 228 del Cofipe (sic), que limita la difusión de informes de gestión de servidores al ámbito territorial de su competencia y por lo tanto es clara la violación al Artículo 134 Constitucional y por ende afectaba la equidad de la contienda del proceso electoral federal 2011-2012, que aun no comienza" (foja 222 del Tomo I del expediente SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados).

Aunado a lo anterior, en el escrito suscrito por Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, por el cual comparecen a la audiencia de pruebas y alegatos, en diversas ocasiones manifiestan que "…el mandatario, que pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), promueve sus "logros" con motivo de su Cuarto Informe de actividades. González Márquez (sic) afirma que su principal tarea es atender al Estado, en varias ocasiones ha dicho que -no se descarta- como aspirante presidencial y admite estar en la –larga lista- de panistas a los que les interesa ocupar el puesto que ahora tiene Felipe Calderón…" (foja 1890 del Tomo III del expediente SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados); "… con la campaña relativa a su informe de gobierno Emilio González Márquez da el primer paso para tratar de ser conocido fuera de su estado y colocarse dentro de la baraja de probables precandidatos del PAN (sic) para la Presidencia…" (foja 1891 del referido Tomo III).

Por otra parte, tampoco les asiste la razón a los tres recurrentes citados cuando manifiestan, en otra parte del motivo de disenso, que de forma indebida la responsable analizó el fondo de la denuncia presentada en su contra, puesto que después de concluir que los hechos no trascendían en algún proceso electoral federal, el Consejo General omitió declarar su incompetencia y no se abstuvo de resolver el fondo de la queja.

Este órgano jurisdiccional estima, como ya se mencionó, que la responsable actuó conforme a derecho, puesto que cuando tuvo conocimiento de la denuncia, asumió competencia y analizó si la difusión de los mensajes tuvieron repercusión en la normativa electoral, posteriormente, concluyó que dichos mensajes constituyeron promoción personalizada por parte del Gobernador del Estado de Jalisco.

En términos de los precedentes sentados en las ejecutorias de los recursos de apelación SUP-RAP-184/2010 y SUP-RAP-24/2011 y acumulados, la competencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral se surte en razón de que la difusión de los promocionales se llevó a cabo en todo el territorio nacional (con excepción de Tlaxcala).

En efecto, esta Sala Superior precisa, en la línea de los citados precedentes, que el Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos administrativos sancionadores que se inicien por violación a lo dispuesto en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con independencia de que incida o no en un proceso electoral.

Al respecto, se debe considerar que lo dispuesto en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales constituye un supuesto de excepción a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la difusión de propaganda gubernamental.

Es decir, existe una regla general establecida en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe en cualquier caso la inclusión de elementos de promoción personalizada en la propaganda gubernamental.

Sin embargo, el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no considera mensajes de tipo gubernamental los informes de gobierno, al ser un caso de excepción, los cuales deben reunir los requisitos ahí establecidos.

En ese contexto, por el simple hecho de que se trate de difusión de informes de Gobierno o de gestión, esta Sala Superior considera que ello es motivo suficiente para considerar que no se trata de propaganda personalizada a la que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, posteriormente a considerar que se está en presencia del supuesto de excepción (difusión de un informe de gobierno), es menester analizar si se cumplen con los requisitos que el propio artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece para dicha difusión.

Lo anterior es así, en virtud de que la violación a lo dispuesto en el citado precepto, constituye una falta a la normativa electoral que, por sí misma, es independiente de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto si se transgrede el referido artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no puede permanecer sin reproche alguno por parte de la autoridad electoral federal.

En ese orden de ideas, si determinada conducta denunciada se considera contraventora de lo dispuesto en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces el Instituto Federal Electoral deberá conocer y resolver un procedimiento para, de acreditarse los hechos denunciados, imponer la sanción atinente por la violación a dicho precepto legal.

Lo anterior, derivado de que el Instituto Federal Electoral es la autoridad facultada para conocer y resolver del procedimiento en el que se determine la violación a lo dispuesto en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ello es así, dado que en términos de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la aplicación de las normas de este Código corresponde, entre otros, al Instituto Federal Electoral en el ámbito de su competencia.

En ese orden de ideas, es claro que no se actualiza la violación alegada por el partido recurrente, dado que el Consejo General del Instituto Federal Electoral asumió competencia no sólo para conocer de la posible violación a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en forma particular, la violación a lo dispuesto en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que en la denuncia primigenia se planteó la violación a lo dispuesto en el citado artículo en virtud de la difusión de promocionales fuera de los límites territoriales del Estado de Jalisco.

En tales circunstancias, es válido y jurídico concluir, por una parte, que el Instituto Federal Electoral es competente para conocer de conductas presumiblemente violatorias del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando incidan en un proceso electoral federal, y, por otra parte, es competente para conocer las presuntas violaciones a lo dispuesto en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cuando se aduzca la difusión de informes de Gobierno que no cumplan con las reglas previstas en dicho numeral, con independencia de que incidan o no en un proceso electoral federal.

Luego entonces, la autoridad electoral responsable actuó de manera correcta al asumir competencia definitiva respecto de la denuncia que le fue planteada por el Partido de la Revolución Democrática y Juan Manuel Estrada Juárez.

En ese sentido, si la responsable determinó asumir competencia, conocer y resolver de la denuncia iniciada en contra del Gobernador del Estado de Jalisco, así como del Director General de Comunicación Social del Gobierno de la entidad referida, en concordancia con lo ahora precisado por esta Sala Superior, es que se concluye que su actuación fue conforme a derecho y, por tanto, no le asiste la razón a los apelantes.

2. Violación a los principios de exhaustividad y congruencia externa al emitir la resolución impugnada.

El agravio es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada.

Por una parte, tanto el Gobernador, como el Director General de Comunicación Social del Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, aducen que la resolución impugnada transgrede los principios de exhaustividad y congruencia externa, toda vez que la responsable no analizó todos y cada uno de los argumentos que expresaron en su escrito de contestación a la denuncia incoada en su contra, pues si bien es cierto que la responsable realizó una síntesis de los mismos, del acto recurrido no se advierte la totalidad de los razonamientos expuestos, pues de su contenido podría advertirse la defensa relacionada con la imputación que fue hecha por el Consejo General responsable derivado de la difusión de los promocionales difundidos a nivel nacional.

Según los recurrentes, la autoridad administrativa electoral no tomó en cuenta la totalidad de los siguientes razonamientos:

"A) La norma del COFIPE, de que los informes sólo se pueden difundir en el área geográfica de responsabilidad del servidor público, no puede ser aplicada, pues sólo opera cuando hay proceso electoral en curso, y actualmente no hay ninguno, lo que impide que el IFE tenga competencia para resolver esta conducta.

B) Los términos "cobertura regional" y "ámbito geográfico de competencia del servidor público", contenidos en la norma que restringe la difusión de informes, son vagos y no están definidos en el mismo COFIPE, y deben entenderse en el sentido de que, en el caso de los Gobernadores, su ámbito geográfico de competencia es en toda la Federación, pues ante ella son responsables política, administrativa y penalmente, de acuerdo con la Constitución.

C) En toda la república hay jaliscienses (poco más del 10% de la población jalisciense según el INEGI) y tienen el derecho de conocer el estado que guarda la administración pública de su entidad.

D) Los contratos celebrados con los medios de comunicación, fueron celebrados en Jalisco, es decir, dentro del ámbito geográfico de competencia del Gobernador y dichos medios tienen cobertura en el Estado de Jalisco, que es lo que literalmente dice la norma.

E) Del contenido de los spots no puede concluirse que se hubiera hecho promoción personalizada, debido a que aquéllos tienen carácter institucional, su fin es informar y si bien se incluye la imagen, voz y nombre del Gobernador, el TRIFE ha resuelto que si no se destaca la imagen, logros personales o políticos, partido de militancia, creencia religiosa, antecedentes familiares o sociales, no puede considerarse promoción personalizada.

F) Ausencia de intervención en la contratación de medios de comunicación."

Esta Sala Superior considera que asiste la razón a los apelantes, en virtud de que la responsable no se pronunció respecto a todos los argumentos que hicieron valer en sus escritos de contestación de la denuncia.

En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que el Consejo General responsable únicamente se pronunció respecto a los razonamientos identificados con los incisos A) y D), relativos a que "la norma del COFIPE de que los informes sólo se pueden difundir en el área geográfica de responsabilidad del servidor público, no puede ser aplicada, pues sólo opera cuando hay proceso electoral en curso, y actualmente no hay ninguno, lo que impide que el IFE tenga competencia para resolver esta conducta"(sic), y a que "los contratos celebrados con los medios de comunicación fueron celebrados en Jalisco, es decir, dentro del ámbito geográfico de competencia del Gobernador y dichos medios tienen cobertura en el Estado de Jalisco, que es lo que literalmente dice la norma."

La autoridad administrativa electoral responsable, a fojas 177 y 178 de la resolución controvertida, determinó que de las constancias de autos se advertía que la difusión de los promocionales de referencia, ocurrió en entidades federativas distintas a aquélla donde el gobernador jalisciense ejerce su responsabilidad como servidor público, de allí que la transmisión extraterritorial de los anuncios de mérito, sí pueda considerarse como infractora de la ley electoral.

Asimismo, la responsable estimó que la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Jalisco reconoció que la pauta para la difusión de tales mensajes, contratada con Televisión Azteca, S.A. de C.V. y las señales del grupo conocido comercial y públicamente como "Televisa", era de carácter nacional, apreciándose también que aportó copias certificadas de diversas constancias relacionadas con empresas radiodifusoras con las cuales se pactó también una transmisión en localidades distintas al ámbito de responsabilidad del mandatario, tales como: "Grupo Imagen" y "Radiorama Occidente".

De igual forma, la responsable manifestó que si bien era cierto que el Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Jalisco afirmó que la contratación de los promocionales alusivos al cuarto informe de gestión del Gobernador, se celebró con empresas domiciliadas en el Estado de Jalisco, lo cierto era que las copias certificadas referidas, válidamente permitían afirmar que contrató y ordenó la difusión de los materiales impugnados, en entidades federativas distintas a aquella que corresponde al ámbito de responsabilidad del mandatario denunciado.

Así las cosas, esta Sala Superior estima que respecto a los dos argumentos señalados, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al momento de dictar la resolución impugnada, sí emitió un pronunciamiento respecto a los mismos; sin embargo, de una revisión exhaustiva realizada por este órgano jurisdiccional al acto combatido, no se advierte que existan razonamientos efectuados por la responsable para dar respuesta a algunos argumentos argüidos por los dos mencionados recurrentes en su escrito de contestación de denuncia.

En efecto, la autoridad administrativa electoral no se pronunció respecto a los siguientes puntos:

- Que los términos "cobertura regional" y ámbito geográfico de competencia del servidor público", contemplados en la disposición que restringe la difusión de informes, son vagos y no están definidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que debe entenderse que el ámbito geográfico de competencia de los Gobernadores es en toda la Federación, pues ante ella son responsables política, administrativa y penalmente.

- Que en todo el territorio nacional hay jaliscienses y tienen el derecho de conocer el Estado que guarda la administración pública de su entidad.

- Que del contenido de los spots no se concluye la existencia de promoción personalizada, puesto que tienen carácter institucional, su fin es informar, no se destaca la imagen, logros personales o políticos, partido de militancia, creencia religiosa, antecedentes familiares o sociales, tal y como lo ha resuelto esta Sala Superior.

- La ausencia de intervención en la contratación de los medios de comunicación.

Cabe destacar, que respecto al último punto, inciso F), la responsable en la foja 154 señaló que se encontraba evidenciado que la Dirección General de Comunicación Social del Estado de Jalisco contrató con las emisoras televisivas y radiales a las que adujo en su escrito de contestación, la difusión de los promocionales materia de análisis en la resolución, incluso en entidades federativas distintas a aquella correspondiente al ámbito de responsabilidad del Gobernador de Jalisco, asimismo, señaló que de las facturas, órdenes de transmisión y órdenes de publicidad aportadas por las partes, se tenía acreditada la contratación de los promocionales materia del procedimiento sancionador, en entidades distintas a aquella que corresponde al ámbito de responsabilidad del Ejecutivo local.

Lo anterior, acredita que la responsable sí se pronunció respecto a la intervención del Director General de Comunicación Social de Jalisco en la contratación de medios de comunicación, por lo tanto, esta Sala Superior considera que la responsable sólo fue omisa parcialmente en tratar este punto, específicamente, respecto al Gobernador del Estado, razón por la cual deberá emitir un pronunciamiento claro al respecto.

Televisión Azteca, S.A. de C.V., aduce que no se analizaron los argumentos que se hicieron valer por escrito en la audiencia de pruebas y alegatos, relativos a que, contrariamente a lo afirmado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, no se acredita que Televisión Azteca, S.A. de C.V., haya difundido promocionales del cuarto informe del Gobernador del Estado de Jalisco en los Estados de Guerrero y Baja California Sur, durante las respectivas campañas electorales.

Al respecto, manifestó lo siguiente:

i) Acorde con el informe de monitoreo con el cual se le emplazó, no se advierte la existencia de dichos promocionales, circunstancia distinta a lo señalado en el oficio por el que se dio vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, era indispensable cotejar el contenido de dicho oficio frente al informe de monitoreo con el que se emplazó a Televisión Azteca, S.A. de C.V.

ii) Los testigos de grabación, que también se aportaron al emplazamiento, no contienen referencia o elemento alguno que permita identificar que tales materiales corresponden a emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V., además de que en todos estos aparece la misma publicidad comercial, antes y después del promocional controvertido, lo cual genera indicios acerca de que se trata de una misma grabación.

iii) De los materiales audiovisuales identificados con el número de reporte RV00104-11 y RV00105-11, que van del veinticinco de enero de dos mil once al seis de febrero del mismo año, no se advierte impacto alguno en el Estado de Baja California, y por cuanto hace al Estado de Guerrero sólo se advierte la difusión de promocionales una vez que había concluido el proceso electoral en dicha entidad federativa, motivo por el cual ya no existía limitación alguna para su transmisión.

iv) El sistema de verificación y monitoreo del Instituto Federal Electoral no es una herramienta eficaz para demostrar las irregularidades denunciadas, pues, acorde con el informe efectuado por la Auditoria Superior de la Federación6, el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado opera actualmente con deficiencias y, por tanto, impide tener certeza sobre la veracidad de los datos que reporta.

Lo fundado del motivo de inconformidad se sostiene en las consideraciones siguientes:

6 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.

De la propia interpretación sistemática que ha realizado esta Sala Superior7, respecto de las disposiciones que regulan el procedimiento especial sancionador, es posible desprender que los argumentos que las partes formulen en la audiencia de pruebas y alegatos deben ser tomados en consideración por la autoridad electoral federal al momento de resolver, pues esta es una de las formas en que se concretan los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la justicia, garantizados por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7 Similar criterio adoptó esta Sala Superior en el SUP-RAP-44/2010, resuelto en sesión pública de seis de mayo de dos mil diez.

Las disposiciones que regulan el procedimiento especial sancionador, en particular las relativas al desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, y el dictado de la resolución correspondiente, como son los artículos 369 y 370 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen, el primero de ellos, que dicha diligencia se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría del Consejo General, debiéndose levantar constancia de ello.

Por otra parte, dispone que en el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia, sin que la inasistencia de las partes impida su celebración, en la que deben seguirse las reglas siguientes:

a) Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran.

b) Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;

c) La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y

d) Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.

A su vez, el numeral 370 del propio código electoral establece que una vez celebrada la audiencia, la Secretaría deberá formular un proyecto de resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes y lo presentará ante el consejero presidente, para que éste convoque a los miembros del Consejo General a una sesión que deberá celebrarse, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la entrega del citado proyecto.

De esa manera, en la sesión respectiva el Consejo General conocerá y resolverá sobre el proyecto de resolución; en caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo tomará las medidas respectivas e impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes.

Estas reglas básicas que rigen en el procedimiento especial sancionador, se recogen en los artículos 69 y 79 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

Como se observa de lo anterior, es en la audiencia de pruebas y alegatos en donde, en una primera fase, el denunciante se encuentra en aptitud de resumir el hecho que motivó la denuncia y hacer una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran.

El sujeto denunciado a su vez, está en posibilidad de responder a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se le hace.

En un segundo estadio procesal, y una vez concluido el desahogo de las pruebas, se concede en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes pueden alegar en forma escrita o verbal.

Se advierte de lo anterior, que las normas reguladoras del procedimiento especial sancionador no prevén disposición alguna que expresamente prescriba la obligación de la autoridad electoral de tomar en cuenta, al momento de resolver, las alegaciones que le formulen las partes y, en particular, del sujeto denunciado.

Sin embargo, atendiendo a la funcionalidad del propio sistema normativo, debe entenderse que la intervención del sujeto a quien se atribuye conductas infractoras dentro de ese procedimiento, no se limita a ser un mero espectador, sino que su participación debe ser real y eficaz, de forma tal que sean consideradas por el órgano a quien corresponda resolver, todas aquellas razones de hecho y de derecho formuladas en defensa de sus intereses jurídicos, a fin de que se resuelve integralmente la controversia efectivamente planteada por las partes.

En efecto, en el sistema jurídico ha quedado establecido como criterio general, que la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.8

8 Tesis: P./J. 47/95, de rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. SJFG, tomo II diciembre de 1995, p. 133.

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

En el mismo sentido, se ha reconocido que en las leyes procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés, de forma tal que para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto. 9

9 Tesis: P. XXXV/98, de rubro AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL, SJFG tomo VII, abril de 1998, p. 21.

En congruencia con lo anterior, esta Sala Superior ha sostenido10 que los procedimientos administrativos sancionadores no escapan a las reglas del debido proceso tuteladas, entre otros, por el artículo 17 de la Constitución federal, lo cual constituye un principio constitucional en cuanto a que los procedimientos de esta naturaleza sean expeditos.

10 SUP-RAP-58/2008, fallado en sesión de cuatro de junio de dos mil ocho.

Así, la garantía a la tutela jurisdiccional es el derecho subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

De esta manera, si se atiende a la previsión de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos; esto es, libres de trabas para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, ello significa, que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, ya que de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, aspectos a los cuales los procedimientos administrativos no son ajenos.

En ese sentido, el derecho a la tutela judicial se vulnera cuando las normas imponen requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad, en tanto que ello atenta contra el principio que atiende a la expeditez.

Las orientaciones que ha proporcionado el derecho internacional encuentran coincidencia con las razones apuntadas.

Los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano en términos del artículo 133 de la Constitución federal, integran el orden jurídico nacional, tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 8°, apartado 1, dispone lo siguiente:

"Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

En esa propia tesitura, el artículo 14, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sustenta:

"1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil."

Las exigencias que impone el citado dispositivo internacional tienden a garantizar el respeto a ciertos requisitos mínimos que se deben cumplir en cualquier proceso jurisdiccional, debiendo destacar, que los procedimientos administrativos objeto de análisis, no escapan a tales previsiones normativas.

La Corte Interamericana ha puesto de manifiesto, a través de la jurisprudencia que emite como máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos11, que las garantías previstas se deben observar en todo proceso jurisdiccional, sin que deban entenderse limitadas exclusivamente a la materia penal.

11 Informe N° 50/00 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativo al caso 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart Vs República Bolivariana de Venezuela, consultable en la página de internet http://www.cidh.org/annualrep/99span/de%20fondo/venezuela11298.htm

Tales garantías son exigibles a todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.

Como quedó establecido, las normas reguladoras del procedimiento especial sancionador no prevén disposición alguna que expresamente prescriba la obligación de la autoridad electoral de tomar en cuenta, al momento de resolver, las alegaciones que le formulen las partes y, en particular, del sujeto denunciado.

Sin embargo, atendiendo a la funcionalidad del propio sistema normativo, debe entenderse que la participación del sujeto a quien se atribuyen conductas infractoras dentro de ese procedimiento debe ser integral, esto es, no tan solo debe limitarse a que conozca fehacientemente del inicio del procedimiento y sus consecuencias, a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, a la oportunidad de alegar, y al dictado de una resolución que resuelva la cuestión planteada, sino que dentro de estas formalidades fundamentales también se encuentra inmersa la posibilidad de que todas aquellas manifestaciones que formule, de hecho y de derecho, que tiendan a demostrar al órgano resolutor que su posición defensiva es favorable a sus intereses jurídicos, aun aquellas expresadas a título de alegatos, sean tomadas en cuenta al momento de resolver.

De una manera muy general, puede decirse que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria; en una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hechos y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.12

12 CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SJFG, tomo XIV, diciembre de 2001, p. 207.

Lo anterior se conoce también como alegato de bien probado, esto es, el acto mediante el cual, en forma escrita u oral, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre el mérito de la prueba aportada, y el demérito de las ofrecidas por la contraparte.

En este sentido, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en el procedimiento para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.

Así, la exposición de alegatos, común en los juicios ordinarios, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, como ocurre con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero se debe tener en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados, las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado.

Resulta importante destacar, que si bien es cierto que como regla general se acepta que dentro de algunos procedimientos como el civil, el penal y el amparo, los alegatos no forman parte de la litis, esta Sala Superior arriba a una conclusión diferente en el procedimiento especial sancionador ante el Instituto Federal Electoral, pues aun cuando el código electoral que lo rige sólo es claro al respecto por cuanto establece la fase procedimental para formularlos, éstos deben tomarse en cuenta en el fallo que se dicte, atentas las consideraciones que se han expuesto.

Se reitera, atendiendo a la funcionalidad del propio sistema normativo en que se encuentra inmerso el procedimiento especial sancionador, la participación del sujeto a quien se atribuye conductas infractoras dentro de ese procedimiento debe ser completa e integral, y no sólo limitarse a que conozca fehacientemente del inicio del procedimiento y sus consecuencias, a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, a la oportunidad de alegar, y al dictado de una resolución que resuelva la cuestión planteada, sino que dentro de estas reglas esenciales del procedimiento se comprende la posibilidad de que sus manifestaciones de hecho y de derecho, que tiendan a demostrar que le asiste la razón, sean tomadas en cuenta al momento de resolver, con independencia de que éstos se contengan en el escrito inicial por el que produce su contestación a la denuncia, o propiamente se expresen formalmente en la fase procesal correspondiente.

En la especie, está demostrado en autos que mediante escrito de veintidós de febrero de dos mil once,13 la concesionaria concurrió a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro del procedimiento especial sancionador de origen, a fin de dar contestación a la denuncia de hechos.

13 Original que obra glosado en el Tomo III, fojas 1861 a 1884, del expediente SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados.

En el escrito de referencia la televisora formuló una serie de cuestionamientos, entre ellos destacan:

i) El informe de monitoreo con el que se le emplazó al procedimiento de origen, no coincide con aquél con el que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos le dio vista al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral y, por tanto, la responsable debió hacer un cotejo entre ambos documentos;

ii) Los testigos de grabación, también aportados en el emplazamiento, no contienen elemento alguno que permita identificar que los hechos denunciados corresponden a emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V., además de que en todos estos aparece la misma publicidad comercial, antes y después del promocional controvertido, lo cual genera indicios de que se trata de una misma grabación;

iii) De los materiales audiovisuales, que van del veinticinco de enero de dos mil once al seis de febrero siguiente, no se advierte impacto alguno en el Estado de Baja California, y por cuanto hace al Estado de Guerrero sólo se advierte la difusión de promocionales una vez que había concluido el proceso electoral en dicha entidad federativa, motivo por el cual ya no existía limitación alguna para su transmisión;

iv) Acorde con la Auditoria Superior de la Federación, el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado opera actualmente con deficiencias, en consecuencia, no se puede tener certeza sobre la veracidad de los datos que reporta.

Al respecto, la televisora recurrente aduce que la autoridad electoral responsable no dio respuesta a esos planteamientos.

Según las constancias que obran en autos está evidenciado que ni en el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, ni en la resolución impugnada, la autoridad electoral se pronunció sobre los cuestionamientos formulados por la concesionaria actora. Incluso, en el mismo informe circunstanciado (fojas 22 a 31 del cuaderno principal del expediente SUP-RAP-84/2011), el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral se limitó a transcribir los agravios hechos valer por el recurrente y en señalar que los mismos trataban de apreciaciones subjetivas, carentes de sustento legal y probatorio. Es más, la propia responsable manifestó que, respecto del agravio identificado con el número i) antes transcrito, si bien es cierto que no se realizó el cotejo solicitado, también lo era que el mismo resultaba innecesario.

En efecto, durante el transcurso de la audiencia a la que refiere el artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (misma que consta de la página 52 a la 78 de la resolución impugnada), la responsable sólo tuvo por presentado el escrito por el cual compareció la apelante al procedimiento especial sancionador, tal y como se transcribe a continuación:

[…]

AHORA BIEN, TODA VEZ QUE COMO SE CITÓ AL INCIO DE LA PRESENTE ACTA, NO COMPARECE PERSONA ALGUNA QUE ACTÚE EN NOMBRE O REPRESENTACIÓN DE: TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V., […] SIN EMBARGO, EN SUS ESCRITOS DE CONTESTACIÓN, FORMULAN DIVERSAS MANIFESTACIONES EN VÍA DE ALEGATOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN Y EN TÉRMINOS DE LAS MISMAS SE TIENEN POR FORMULADOS LOS ALEGATOS RESPECTIVOS.

[…]

Por cuanto hace concretamente al estudio de fondo efectuado por la autoridad responsable, también es de advertirse que no existe razonamiento alguno respecto de los planteamientos hechos valer por la televisora apelante vía alegatos.

De la resolución impugnada se advierte que la responsable realizó un análisis de lo que, a su parecer, fueron los argumentos de defensa hechos valer por los concesionarios denunciados. Así, en el considerando décimo, denominado PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS HECHAS VALER POR LOS CONCESIONARIOS DENUNCIADOS, la autoridad administrativa electoral federal agrupó y dio contestación a cada uno de dichos pronunciamientos, realizando para tal efecto la siguiente clasificación:

A) La difusión de los promocionales no se encuentra debidamente demostrada, toda vez que el reporte de monitoreo presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos no es un elemento idóneo para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se pudo haber presentado la difusión de los promocionales materia de inconformidad.

B) En su caso, no es dable sancionar a las concesionarias o permisionarias aludidas, en razón de que desconocían el contenido del promocional impugnado, y no podían ejercer una censura previa respecto de los materiales entregados para su difusión.

C) Negaban haber recibido comunicado alguno por parte del gobierno del Estado de Jalisco o de ninguna otra autoridad, ordenando se suspendiera la difusión de los materiales impugnados.

D) El Instituto Federal Electoral es incompetente, toda vez que, durante las fechas de difusión de los spots materia de controversia, no se encontraba vigente alguna contienda electoral federal, por tanto la propaganda gubernamental difundida no incidió, ni pudo haber incidido, en algún proceso electoral federal; ni mucho menos promueve el voto a favor o en contra de un candidato, coalición o partido político.

E) En todo caso la transmisión de los promocionales denunciados de acuerdo con la información detectada por esta autoridad, es mínimo, por lo cual no amerita la imposición de alguna sanción.

F) La autoridad electoral se equivoca con acumular las quejas, en virtud de que es diferente la causa de pedir.

G) La conducta desplegada por los concesionarios no transgrede lo dispuesto por el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

H) Que ninguna de las denuncias está enderezada en contra de algún concesionario de radio.

Precisado lo anterior, es claro que la responsable no atendió a los planteamientos que fueron expuestos, tanto por el Gobernador, el Director General de Comunicación Social, ambos del Estado de Jalisco, así como por la concesionaria apelante, vía contestación de la denuncia y vía alegatos.

Por tanto, y en atención a las consideraciones de esta Sala Superior, la autoridad electoral federal debe ocuparse de los aspectos expuestos por los citados recurrentes y ponderarlos conjuntamente con el resultado del análisis de las circunstancias referentes al hecho infractor que se le imputó, tanto a los funcionarios referidos, como a Televisión Azteca S.A. de C.V. concesionaria de las emisoras con distintivo XHIR-TV, XHIE-TV y XHCER-TV en el Estado de Baja California Sur y XHAPB-TV en el Estado de Guerrero, respecto a la difusión de promocionales del cuarto informe del Gobernador del Estado de Jalisco en esas entidades federativas, durante las respectivas campañas electorales.

Finalmente, respecto al agravio que hacen valer tanto el Gobernador del Estado de Jalisco, como el Director General de Comunicación Social de la referida entidad, relativo a que los promocionales denunciados no constituyen promoción personalizada por parte del Ejecutivo local, este órgano jurisdiccional determina que resulta innecesario su estudio, en virtud de que se ha colmado su pretensión, al haber resultado fundado el agravio consistente en la falta de exhaustividad por parte del Consejo General responsable.

Así, al resultar fundado el motivo de disenso relativo a la violación a los principios de exhaustividad y congruencia externa al emitir la resolución impugnada, lo procedente es revocar la resolución impugnada, para los efectos que más adelante se detallarán.

II. Agravios que hacen valer el Partido de la Revolución Democrática y Juan Manuel Estrada Juárez en los SUP-RAP-66/2011 y SUP-RAP-91/2011, respectivamente.

1. Aducen que la responsable, de forma indebida y en contra de los criterios sostenidos por esta Sala Superior (específicamente en el recurso de apelación SUP-RAP-76/2010), determinó que en el caso bajo estudio resultaba aplicable la excepción establecida en el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no obstante que los hechos denunciados versaron sobre la promoción personalizada de un funcionario público del Estado de Jalisco, es decir, de una entidad federativa y no de un funcionario federal en el que es aplicable la excepción, por lo que, en su concepto, se transgredió lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que las leyes locales no prevén excepción alguna respecto de lo que establece la referida norma constitucional, la cual prohíbe la promoción personalizada de funcionarios públicos mediante el gasto y la comunicación social gubernamental.

Asimismo, manifiestan que el Consejo General responsable, sin fundamentación y motivación, desestimó la violación directa al párrafo octavo del artículo 134 señalado, respecto de la propaganda y promoción personalizada realizada dentro del territorio del Estado de Jalisco, considerando únicamente la transgresión a dicho precepto constitucional por cuanto hizo a la propaganda difundida fuera del ámbito territorial de esa entidad.

2. Los apelantes argumentan que la responsable infringió distintas disposiciones jurídicas al haber considerado, sin la debida fundamentación y motivación, que la afectación al proceso electoral por la difusión de la propaganda gubernamental denunciada, sólo se actualizaría en la temporalidad del mismo, lo cual, en su concepto, carece de sustento normativo y contrario a los criterios de interpretación de las normas electorales emitidos por este órgano jurisdiccional, al efecto cita la tesis histórica de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS IMPLÍCITAMENTE (Legislación de Jalisco y similares).

En ese sentido, manifiestan que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 342, párrafo 1, inciso e), así como 344, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la realización de actos que puedan incidir en el proceso electoral como lo es la promoción personal de funcionarios públicos, no se encuentra sujeta a la temporalidad de dicho proceso, pues dicha publicidad puede ser contraventora en todo el tiempo, tal y como acontece en la especie, ya que la conducta supuestamente infractora se dio a unos meses de iniciar el proceso electoral federal.

Por último, aducen que la consideración de la responsable relativa a que en modo alguno los promocionales denunciados pudieran impactar en el proceso electoral federal, resulta contraria al principio de legalidad, puesto que, en su concepto, el próximo que habrá de organizar el Instituto Federal Electoral iniciará en el mes de octubre del año en curso, por lo que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación.

3. Los mencionados impugnantes plantean que la responsable infringió la normativa electoral, al haber excluido de responsabilidad a las televisoras, toda vez que tan sólo las amonestó por la difusión de los mensajes políticos y promoción personalizada del Gobernador del Estado de Jalisco, no obstante que los mismos contravenían los artículos 41, base III, primer y penúltimo párrafo, y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 350, párrafo 1, incisos a), b) y e), del referido Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales fueron transmitidos dentro y fuera del territorio de la referida entidad federativa.

Así, refieren que la responsable se contradice en sus razonamientos y, por ende, la resolución impugnada es incongruente, evidenciando una falta de fundamentación y motivación, ya que, por una parte, calificó la falta cometida como "grave ordinaria" y, por otra, sólo impuso una amonestación, pues se demostró que el actuar de las televisoras fue consciente, reincidente y deliberado al haber admitido la contratación de la difusión de la propaganda política denunciada en los Estados de Guerrero y Baja California Sur, así como en el resto del territorio nacional, lo que, en su concepto, implica que la sanción sea desproporcionada y, en todo caso, debería ser mayor.

Esta Sala Superior considera que los conceptos de agravio señalados devienen inoperantes, en razón de que al resultar fundados los motivos de disenso expuestos por el Gobernador, el Director General de Comunicación Social del Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, y Televisión Azteca, S.A. de C.V., relativos a que el Consejo General responsable dejó de analizar la totalidad de los planteamientos que hicieron valer en sus escritos de contestación de la denuncia y de alegatos, respectivamente, la nueva resolución que emita el referido Consejo, en cumplimiento a esta ejecutoria, deberá tomar en cuenta tales alegaciones, por lo que podrá variar la argumentación que sostenga la resolución y, en consecuencia, tanto el Partido de la Revolución Democrática, como Juan Manuel Estrada Juárez, podrán formular nuevos argumentos que combatan las nuevas consideraciones que realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Es decir, no tendría sentido estudiar tales agravios porque como la responsable tendría que pronunciarse en cuanto a lo aducido por el Gobernador del Estado de Jalisco, así como el Director General de Comunicación Social de dicha entidad, respecto a que: I. Los términos "cobertura regional" y ámbito geográfico de competencia del servidor público", contemplados en la disposición que restringe la difusión de informes, son vagos y no están definidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que debe entenderse que el ámbito geográfico de competencia de los Gobernadores es en toda la Federación, pues ante ella son responsables política, administrativa y penalmente; II. En todo el territorio nacional hay jaliscienses y tienen el derecho de conocer el estado que guarda la administración pública de su entidad; III. Del contenido de los spots no se concluye la existencia de promoción personalizada, puesto que tienen carácter institucional, su fin es informar, no se destaca la imagen, logros personales o políticos, partido de militancia, creencia religiosa, antecedentes familiares o sociales, tal y como lo ha resuelto esta Sala Superior, y IV. La ausencia de intervención en la contratación de los medios de comunicación.

Asimismo, la responsable tendría que pronunciarse respecto a lo aducido por la televisora al comparecer por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, esencialmente, lo relativo a que la difusión de los promocionales no se encontraba debidamente demostrada, que la concesionaria desconocía el contenido de los mensajes, así como, la orden de suspensión de la difusión de los mismos, así como a que la transmisión no se realizó en fechas que incidieran en un proceso electoral federal, lo cual ya fue señalado en párrafos anteriores.

Como se puede advertir, la nueva resolución que se emita, estaría relacionada con la temática de los agravios que serían objeto de análisis en este apartado, por tanto, no pueden estudiarse porque por una prelación lógica, primero tendría que pronunciarse el Consejo General del Instituto Federal Electora y a partir de esas consideraciones que serían definitivas, los eventuales recurrentes, si así lo consideran necesario, deben formular sus agravios.

OCTAVO. Efectos de la sentencia. Esta Sala Superior ordena al Consejo General del Instituto Federal Electoral, emita una nueva resolución dentro de los expedientes número SCG/PE/CG/007/2011 y sus acumulados SCG/PE/PRD/CG/009/2011 y SCG/PE/JMEJ/JL/JAL/010/2011, en la cual deberá tomar en cuenta los planteamientos hechos valer, respectivamente, por el Gobernador, el Director General de Comunicación Social del Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, así como por Televisión Azteca, S.A. de C.V., en sus escritos de contestación a la denuncia y alegatos, respectivamente, los cuales han quedado detallados a lo largo del cuerpo de la presente ejecutoria.

Lo anterior, en un plazo de cinco días, siguientes a aquél en que le sea notificada la presente determinación, debiendo informar a esta Sala Superior, respecto del cumplimiento a la misma, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se ordena la acumulación de los recursos de apelación SUP-RAP-76/2011, SUP-RAP-77/2011, SUP-RAP-84/2011 y SUP-RAP-91/2011, al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente SUP-RAP-66/2011, por ser éste el que se recibió primero, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

SEGUNDO. Se sobresee en el recurso de apelación promovido por Salvador Cosío Gaona, por las razones expuestas en el considerando TERCERO de esta ejecutoria.

TERCERO. Se revoca la resolución CG62/2011, emitida el veinticuatro de febrero de dos mil once, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los efectos precisados en el considerando OCTAVO de este fallo.

NOTIFÍQUESE, personalmente, a los recurrentes, con excepción de Juan Manuel Estrada Juárez y Salvador Cosío Gaona, a quienes se les notificará por correo certificado en el domicilio que señalaron en su demanda; por correo electrónico a la autoridad responsable en las cuentas que están reconocidas en los acuerdos admisorios, y por estrados, a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 4; 26, párrafo 3; 27; 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como el numeral 110 del Reglamento Interno de este Tribunal.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe. Rúbricas.