RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-559/2011

ACTOR: INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: GUILLERMO ORNELAS GUTIÉRREZ Y GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ

México, Distrito Federal, a siete de diciembre de dos mil once.

V I S T O S, para resolver los autos del expediente SUP-RAP-559/2011, integrado con motivo del recurso de apelación promovido por Bernardo Valle Monroy, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, en contra del Acuerdo CG356/2011, aprobado en sesión extraordinaria de cinco de noviembre de dos mil once, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se determinó que no resultaba procedente la solicitud formulada por el citado Instituto Electoral local, consistente en otorgarle tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates públicos de los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el proceso electoral 2012 y,

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO.- Antecedentes.- En lo que interesa, de las constancias que obran en autos y de lo narrado por el Instituto Electoral actor en su escrito recursal, se desprende lo siguiente:

1.- Acuerdo del Comité.- El catorce de octubre de dos mil once, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, aprobó el Acuerdo por el que se emiten los criterios para la asignación y distribución de tiempos en radio y televisión aplicable a los procesos electorales locales con jornada electoral coincidente con la elección federal.

2.- Escrito de solicitud.- Mediante oficio PCG-IEDF/611/2011 de diecisiete de octubre del presente año, la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, solicitó al Instituto Federal Electoral el otorgamiento de tiempos en radio y televisión, para la transmisión de debates públicos de los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el proceso electoral 2012.

3.- Respuesta a solicitud.- El cinco de noviembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió el Acuerdo CG356/2011, mediante el cual dio respuesta a la solicitud descrita en el numeral precedente y, cuyos puntos resolutivos en lo que interesa, son del tenor siguiente:

"PRIMERO. No es procedente la solicitud formulada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, consistente en que este Instituto otorgue tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates, en términos de los considerandos del presente Acuerdo…".

El referido Acuerdo fue notificado al Instituto Electoral del Distrito Federal el dieciséis de noviembre próximo pasado.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.- Inconforme con lo anterior, el veinte de noviembre próximo pasado, Bernardo Valle Monroy, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo CG356/2011, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

TERCERO.- Trámite y sustanciación.

a) Por oficio SCG/3611/2011 de veinticuatro de noviembre del año en curso, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día de su fecha, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitió el referido recurso de apelación; el informe circunstanciado de Ley, así como diversa documentación atinente al mismo.

b) Por acuerdo de veinticuatro de noviembre del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó integrar el expediente SUP-RAP-559/2011 y dispuso turnarlo al Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos establecidos en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El acuerdo de mérito se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-16365/11 de la misma fecha, signado por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal electoral.

c) En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó admitir el recurso de apelación de que se trata y al estar concluida la sustanciación respectiva, declaró cerrada la instrucción, quedando el presente asunto en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y ésta Sala Superior es competente para conocer y resolver del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los numerales 4; 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de un recurso de apelación interpuesto por el Instituto Electoral del Distrito Federal, para controvertir el Acuerdo CG356/2011, emitido el cinco de noviembre de dos mil once, por un órgano central del Instituto Federal Electoral, por el que se determinó que no resultaba procedente la solicitud formulada por el citado Instituto Electoral local, consistente en otorgarle tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates públicos de los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el proceso electoral 2012.

SEGUNDO.- Requisitos de procedencia.- El presente medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b) y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a lo siguiente:

a) Forma.- El recurso de apelación se presentó por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en el que se establece el nombre del actor; su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para oírlas y recibirlas; el acto impugnado y la autoridad responsable del mismo; los hechos en los que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; el nombre y firma autógrafa del recurrente; así como las pruebas tendentes a justificar la procedencia del recurso y la existencia del acto reclamado.

b) Oportunidad.- El recurso de apelación debe considerarse interpuesto en tiempo, en términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios citada, toda vez que el Acuerdo impugnado se dictó en la sesión de cinco de noviembre de dos mil once, siendo notificado al recurrente el dieciséis del mes y año referidos; en tanto que, el escrito recursal se presentó el veinte siguiente, es decir, dentro del cuarto día posterior a la notificación del Acuerdo reclamado. De ahí que el plazo de cuatro días para la interposición del recurso de apelación que nos ocupa, corrió del diecisiete al veinte de noviembre del año en curso, por lo que al haberse interpuesto el presente medio impugnativo el último día legalmente establecido, se colma este requisito.

c) Legitimación.- Esta Sala Superior ha considerado que las autoridades electorales locales tienen por encargo organizar las elecciones locales en forma periódica y pacífica, por ende, están legitimadas para combatir las resoluciones de los órganos del Instituto Federal Electoral que puedan afectar al proceso electoral local de que se trate o impidan el cumplimiento cabal de sus funciones constitucional y legalmente establecidas. Por ello, debe entenderse que están legitimadas para interponer el recurso de apelación correspondiente, para privilegiar la plena vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Carta Magna.

El criterio descrito, está contenido en la Tesis V/2010, aprobada por esta Sala Superior, en sesión pública de tres de febrero de dos mil diez, visible a fojas 831 y 832 de la Compilación 1997-2010, Tesis, Volumen 2, Tomo I, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES. ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN".

Lo anterior, permite válidamente considerar que, esta Sala Superior ha reconocido que las autoridades electorales pueden acceder a la jurisdicción federal electoral, siempre que se cumplan determinados supuestos, como cuando se controvierte un acto del Instituto Federal Electoral que en opinión del Instituto Electoral del Distrito Federal puede afectar al proceso electoral local, al impedir el cumplimiento cabal de sus funciones constitucional y legalmente establecidas, por lo tanto, se encuentra facultado para promover el medio impugnativo que nos ocupa.

d) Personería.- De la copia debidamente certificada que obra en autos, se desprende que se encuentra acreditada la personería del C. Bernardo Valle Monroy, como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien tiene la representación de dicho Instituto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 67, fracción I, del Código electoral local.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado le reconoce tal carácter al citado servidor público, por lo que resulta inconcuso que se encuentra colmado este requisito.

e) Definitividad.- También se satisface este requisito, ya que conforme a la legislación aplicable, en contra del Acuerdo CG356/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, no procede otro medio de defensa por el que pudiera ser confirmado, modificado o revocado.

f) Interés Jurídico.- El recurrente acredita su interés jurídico dado que impugna el Acuerdo CG356/2011, de cinco de noviembre del presente año, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con motivo de la solicitud presentada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de que el órgano administrativo electoral federal le otorgara tiempo en radio y televisión para difundir dos debates de los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el proceso electoral 2012.

Así, en concepto del recurrente el Acuerdo controvertido se encuentra indebidamente fundado y motivado, por lo que en su opinión se transgrede el principio de legalidad que rige a la materia electoral.

De ahí que resulta claro que, en el presente asunto, el referido Instituto electoral local tiene interés jurídico para promover el medio impugnativo que se resuelve, con independencia de que le asista o no la razón.

En consecuencia, y toda vez que esta Sala Superior no advierte de oficio que se actualice causa de improcedencia alguna, procede realizar el estudio de fondo del asunto planteado.

TERCERO.- Acuerdo impugnado.- En lo que interesa, la parte conducente del Acuerdo impugnado, es del tenor siguiente:

"[…]

C o n s i d e r a n d o

1. Que en términos de lo señalado en los artículos 41, Base III, Apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, numeral 5, 105, numeral 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, numeral 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios objetivos, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos políticos en la materia.

2. Que los artículos 51 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, numeral 2, incisos a) al f) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, disponen que el Instituto Federal Electoral ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión, por medio de los siguientes órganos: (1) el Consejo General; (2) la Junta General Ejecutiva; (3) la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; (4) el Comité de Radio y Televisión; (5) la Comisión de Quejas y Denuncias, y (6) los Vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares.

3. Que de conformidad con el artículo 109 del Código de la materia, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen las actividades del Instituto.

4. Que de acuerdo con el artículo 118, numeral 1, incisos l) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto tiene entre sus atribuciones (1) vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en el Código y demás leyes aplicables; y (2) dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el Código de referencia.

5. Que de la solicitud formulada al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal descrita en el antecedente IV del presente instrumento, se desprende que dicho Instituto solicita, que se le otorgue tiempo del Estado en radio y televisión (hora y media) para difundir debates públicos durante las campañas electorales del Proceso Electoral para elegir Jefe de Gobierno en el Distrito Federal.

6. Que el artículo 41, Base III, Apartado B de la Constitución Política indica que para cumplir con los fines electorales de cada una de las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

7. Que para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas accederán a la radio y la televisión a través del tiempo del que el primero dispone en dichos medios, de conformidad con los artículos 49, numeral 5; 50; 62, numerales 1 y 2; y 72, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 18, numeral 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

8. Que de conformidad con los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral cuarenta y ocho minutos diarios que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

La preposición "hasta" que se advierte en la frase antes resaltada, según el Diccionario de la Lengua Española Vigésima Segunda Edición, significa: "término de tiempo", por lo que sería contrario a la normatividad autorizar una transmisión mayor a los tres minutos por cada hora en los tiempos del Estado en radio y televisión.

9. Que el artículo 74, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que: "[e]l tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable; tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas. La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el Reglamento en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del Instituto [énfasis añadido]".

10. Que como se observó en el antecedente II del presente instrumento, el Proceso Electoral Federal 2011-2012 será coincidente con el Proceso Electoral del Distrito Federal, por lo que de conformidad con el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión ACRT/025/2011 aprobado el pasado catorce de octubre, en el lapso en que coincidan la campaña federal y la local, como lo apuntan los artículos 62, numeral 1 del Código comicial y 24, numeral 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, en las estaciones de radio y canales de televisión que deban cubrir el proceso local conforme al catálogo que apruebe el Comité, se destinarán quince minutos a la campaña local de los partidos políticos y veintiséis minutos a su campaña federal, quedando los siete minutos restantes a disposición del Instituto Federal Electoral para el cumplimiento de sus propios fines y de otras autoridades electorales.

11. Que por su parte, el artículo 72, numeral 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prescribe que: "[e]l Instituto Federal Electoral, y por su conducto las demás autoridades electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las reglas que apruebe el Consejo General, y a lo siguiente: a) El Instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos electorales locales, la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales […] b) Para los efectos del presente artículo, el Instituto dispondrá de mensajes con duración de veinte y treinta segundos [énfasis añadido]".

12. Que de las disposiciones citadas en los puntos considerativos precedentes se colige que (1) las autoridades electorales de las entidades federativas accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que administra el Instituto Federal Electoral en dichos medios; (2) los cuarenta y ocho minutos diarios que corresponden a los partidos políticos y a las autoridades electorales durante los procesos electorales serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión; (3) el tiempo en radio y televisión que se distribuye en las pautas no es acumulable, ni transferible entre estaciones de radio o canales de televisión, y (4) el Instituto Federal Electoral determinará la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y los de otras autoridades electorales, para lo cual dispondrá de mensajes de veinte y treinta segundos de duración.

13. Que como se advierte, resultaría contrario a la normatividad incluir en los pautados que aprueba el Instituto Federal Electoral, tiempo del Estado en radio y televisión destinado a la transmisión de debates entre candidatos a puestos de elección popular en algún Proceso Electoral de carácter local, como el Proceso Electoral del Distrito Federal, que tendrá verificativo de manera coincidente con el próximo Proceso Electoral Federal 2011-2012, pues se insiste, amén de que esta figura jurídica no está prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las pautas ordenan la transmisión de promocionales con una duración de veinte o treinta segundos durante el periodo de Proceso Electoral, ya sea local o federal, que no podrán acumularse y que en ningún caso excederán los tres minutos por hora de transmisión.

En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, numeral 5, 51, numeral 1, inciso a); 105, numeral 1, inciso h); 108, numeral 1, inciso a) y 118, numeral 1, incisos l) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1, inciso f); 7, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO. No es procedente la solicitud formulada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, consistente en que este Instituto otorgue tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates, en términos de los considerandos del presente Acuerdo…".

[…]"

CUARTO.- Agravio.- A continuación se transcribe el motivo de inconformidad hecho valer por el apelante:

"[…]

AGRAVIO

ÚNICO.- La autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, violó los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que carece de las debidas fundamentación y motivación, provocando con ello una trasgresión a los principios de legalidad y equidad.

Para el desarrollo del presente agravio conviene apuntar que de conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales. Sirve de base a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. — (Se transcribe)1

1 Esta jurisprudencia puede ser consultada en la Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.

En esta tesitura, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Artículo 16.- (Se transcribe)

Es oportuno señalar que este dispositivo constitucional prevé lo que se denomina como "garantía de legalidad", que condiciona todo acto de molestia en la expresión "fundamentación y motivación" de la causa legal del procedimiento.

Ambas condiciones de validez constitucional del acto de autoridad, deben concurrir necesariamente en el caso concreto, para que aquél no implique una violación a la mencionada garantía.

Como es de explorado derecho, tal garantía consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad competente esté debidamente fundado y motivado lo que significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables al caso concreto; y, por otra, invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión, de forma tal que los motivos aducidos y las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sean congruentes y los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de lo contrario, podrían inconformarse contra el acto de que se trate.

Cabe citar como criterio orientador, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (Se transcribe)

En consecuencia, la garantía de legalidad tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas, jurisdiccionales u órganos autónomos, como es el caso del Instituto Federal Electoral, a emitir sus resoluciones en los términos ya precisados.

Por su parte, el principio de equidad se ha caracterizado como una calidad jurídica que juega un papel sustancial en la aplicación del derecho, al ser concebido como uno de los principios generales del derecho al que, en particular, se le ha asignado un papel de integración del derecho para llenar las lagunas del mismo, es decir, como principio rector de insuficiencias y principio de interpretación que flexibiliza la aplicación de la ley en la norma individualizada a fin de obtener la aplicación de la justicia donde la ley no alcanza este propósito.

Se considera necesario establecer que la palabra equidad deriva del latín aequitas, provenido éste a su vez de aequus que significa 'igual'; atendiendo a su raíz etimológica, la noción se vuelve incierta y equivoca (sic), por lo que también se le concibe como justicia natural por oposición a la legal. De igual modo, atendiendo a este criterio de igualdad, la equidad es sinónimo de determinada actitud a la hora de regir las relaciones entre las personas.

Según Friedmann, la equidad tiene dos funciones:

a) Corregir las insuficiencias y a rigidez del derecho civil o del derecho común; y

b) Funcionar como principio de interpretación.

Esta segunda función, es la que otorga a la equidad un lugar preponderante como un principio de interpretación esencial y sumamente difundido en las codificaciones contemporáneas y en los sistemas de derecho consuetudinario.

La referencia a la equidad en los textos legales suelen encontrarse en dos formas, la primera es una referencia expresa, la segunda es sobreentendida, implícita. La primera forma no requiere por supuesto de mayores análisis ni comentarios, en cuanto a la segunda, con frecuencia se nos presenta en forma evidente y en muchos casos sólo es posible ver su presencia mediante el análisis cuidadoso que hace el jurista de las múltiples relaciones que se presentan en un sistema jurídico dado, en estos casos, la equidad pasa desapercibida para el no versado en la materia.

Con el surgimiento del derecho social, la equidad ha adquirido una significación particular, pues 'los derechos sociales representan la victoria de la equidad sobre una justicia anquilosada' según lo afirmó Gustavo Radbruch y con ella quiere significarse que la idea de la justicia social como un principio nuevo, diferente y hasta opuesto a la idea tradicional de la justicia, nació como una reivindicación de una clase social que reclamaba justicia. A este respecto, el Maestro Mario de la Cueva, según se refiere en la obra que recoge algunos de sus postulados más importantes, El humanismo jurídico de Mario de la Cueva, define los alcances de esta nueva concepción de la equidad, al resumir el pensamiento aristotélico y aquinatense:

La equidad es una fuente supletoria por cuanto es ¡o justo más allá de la ley escrita y su enderezamiento o rectificación y, un principio de interpretación que obliga al juez a mirar no a la ley sino a! legislador, no a ¡a letra ni al hecho, sino a la intención, no a la parte sino al todo, nos preguntamos si la idea de lo social no está de tal suerte impregnada por la equidad que de verdad no es sino la aplicación de su sentido humano... Creemos que estamos en presencia de una nueva misión de la equidad que ya no es la búsqueda de la justicia para cada una persona individual, sino la justicia para los hombres por las peculiaridades de su trabajo constituyen una especie de individualidad social, para decirlo así, frente a otras individualidades sociales... si se acepta esta ampliación, la idea de la equidad debe ser considerada como una noción doble, o como poseedora de una doble misión: la justicia del caso persona! y la justicia del caso colectivo individualizado" (sic)

En materia electoral, el reclamo de la equidad planteado por los partidos políticos para lograr un tratamiento igual ante la ley en la competencia electoral, ha sido determinante en los progresivos avances que ha mostrado el derecho que rige este ámbito de la actividad humana, encaminados a compensar las desventajas contingentes en las que se encuentran algunos partidos políticos en dirección a la igualdad con aquéllos (sic) otros que han logrado acceder en diferentes formas y estados a la integración de la representación popular.

Esta concepción tiene su fundamento, sin lugar a dudas, en la idea Aristotélica de la justicia distributiva, sustentada en el principio de que iguales deben recibir cosas iguales y las desiguales cosas desiguales de manera proporcional a su desigualdad. A partir de este principio, establece la relación entre justicia y equidad, para definir a la equidad como una cierta especie de justicia. Apoyada en el principio señalado, la equidad en materia electoral se ha orientado al fin de proporcionar un beneficio a favor de los partidos políticos o candidatos que se encuentren en desventaja contingente. A partir de esto, es dable concluir que la equidad, en materia electoral, es una calidad jurídica que busca compensar las desventajas contingentes en que se encuentran los participantes en un proceso electoral con respecto a sus contendientes.

Ahora bien, la vigencia y los alcances de este principio de equidad se encuentran definidos no sólo en los artículos como el 41 constitucional que lo enlistan en forma expresa, sino en otras normas jurídicas que si bien no aluden a él directamente, si lo hacen implícitamente.

Esta concepción implícita se puede obtener a partir de la interpretación sistemática de las normas que componen el entramado legal que, en conjunto, forma un sistema, lo que implica que cada norma debe ser dispuesta en correlación con los demás que le sean afines a fin de integrar una unidad reglamentaria para una institución o una materia objeto de regulación, en este caso, el principio de equidad.

Esta declaración es congruente con lo sostenido por Vitorio Frosini en su obra, la letra y el espíritu de la ley, editado por la casa editorial Ariel Derecho, en Barcelona, en cuya página 152 se afirma:

'En el discurso -recordado anteriormente- que Del Vocchio pronunció como introducción al curso de Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma, se mantenía la tesis de que los principios generales de derecho debían entenderse como los de la razón natural, de la naturaleza de las cosas, de la equidad natural; todos ellos necesarios para integrar la inevitable imperfección de las leyes del derecho positivo en el ejercicio del procedimiento interpretativo. En la perspectiva actual, esos principios se reconocen en los derechos humanos antiguos y nuevos, que representan, como se ha demostrado a través de un análisis puntual, un esquema interpretativo de la juridicidad de las normas comprendidas en los ordenamientos nacionales; es decir, han asumido !a función de paradigmas que constituyen el fundamento último al que (sic) remontarse para conferir validez a las leyes, y ello conforme al espíritu del derecho internacional que ha sido proclamado en los pactos y declaraciones universales'.

En el caso concreto, este órgano electoral local considera que a través del acuerdo CG356/2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral está dando un trato inequitativo a esta autoridad electoral local, mismo que ocasiona un menoscabo en el cumplimiento de una de sus obligaciones establecidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Lo anterior, ya que a través de dicho acuerdo, el Instituto Federal Electoral determinó negar la solicitud que le fue planteada por el Instituto Electoral del Distrito Federal a través del oficio PCG-IEDF/611/2011, consistente en otorgar a este órgano electoral local tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates entre los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el proceso comicial local 2011-2012. A fin de ilustrar lo anterior, a continuación se transcribe la parte atinente del acuerdo que se impugna:

"...PRIMERO. No es procedente la solicitud formulada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, consistente en que este Instituto otorgue tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates, en términos de los considerandos del presente Acuerdo..."

Cabe mencionar, que dicha solicitud le fue planteada al Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 41, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que dicho órgano electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en Radio y Televisión destinado a sus propios fines, a los de las autoridades electorales locales y a los de los partidos políticos.

Aunado a ello, dado que los artículos 54 y 68 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan que los institutos electorales locales deberán solicitar al Instituto Federal Electoral tiempos en radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines.

Al respecto, resulta oportuno mencionar que el artículo 20, fracciones I, III y IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, dispone como fines de este Instituto: 1) Contribuir al desarrollo de la vida democrática de esta Ciudad; 2) Asegurar a los ciudadanos del Distrito Federal, el ejercicio de sus derechos político-electorales; y, 3) Garantizar la celebración de elecciones periódicas a fin de renovar a los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno y Jefes Delegacionales.

En ese sentido, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines señalados en el párrafo anterior, el legislador local estableció en el artículo 325 del citado Código Electoral Local, la obligación a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal de organizar debates públicos, a fin de difundir las plataformas electorales y planes de gobierno de los contendientes a un cargo de elección popular en esta Ciudad Capital, procurando su difusión en la totalidad del área geográfica correspondiente.

Ahora bien, para llevar a cabo la tarea encomendada en el citado artículo 325 este órgano electoral local se encuentra en la imperiosa necesidad de acceder a los tiempos de radio y televisión que el Instituto Federal Electoral administra. Ello, ya que si bien es cierto que la radio y la televisión no son los únicos medios de comunicación masiva en el Distrito Federal, también lo es el hecho de que son los menos excluyentes. Lo anterior, toda vez que para la comprensión del mensaje, no se requieren de características individuales especiales, sino la recepción de éste, ya sea de forma auditiva o visual.

En ese sentido, debe tenerse en consideración que las sociedades modernas han evolucionado a un nivel extremadamente complejo, tanto en la distribución de la población como en la diversidad de opiniones e intereses en las cosas del Estado. Sin embargo, dichas sociedades requieren de procedimientos masivos de comunicación que les permitan estar expuestos a flujos de información sobre el estado que guardan las cosas públicas o la forma en que la ciudadanía puede ser partícipe de éstas.

En tal virtud, en el caso que nos ocupa, resulta evidente la necesidad del impacto social que tiene la saturación de imágenes y la exposición de ideas en los medios masivos de comunicación (radio y televisión), cuya dimensión funcional en las modernas comunicaciones hacen posible una mayor apertura y exposición ante la ciudadanía de los procedimientos democráticos, tal y como lo aborda el académico Giovanni Sartori, en su obra intitulada -Homo videns, La sociedad teledirigida-, "nuestras actuales sociedades tienen mayor aceptación en los mensajes difundidos en los medios masivos de comunicación".

Así las cosas, esta autoridad administrativa electoral considera que con la negativa por parte del Instituto Federal Electoral, se está menoscabando el cumplimiento del mandato de ley a que se encuentra sujeto el Instituto Electoral del Distrito Federal, ya que, como ha sido establecido, para una adecuada difusión entre la ciudadanía, del debate público entre los candidatos a Jefe de Gobierno de esta Ciudad, resulta imprescindible su transmisión en los medios de comunicación masiva como la radio y la televisión.

Lo anterior se considera así, dado que el impacto entre la ciudadanía no es el mismo que se lograría con los mensajes transmitidos vía Internet o en forma escrita, ya sea por medio de revistas, periódicos o, en su caso, propaganda impresa, en donde el receptor necesita de la capacidad de lectura para comprender el contenido y finalidad del mensaje; así como en algunos casos, de la capacidad económica para poder acceder a la adquisición del medio impreso o de una computadora.

A mayor abundamiento, con la negativa en comento, el Instituto Federal Electoral pretende aplicar en circunstancias similares, diferentes criterios para sí mismo y para el Instituto Electoral del Distrito Federal. Generando con ello un trato inequitativo entre autoridades electorales que conllevan una misma obligación en diferentes ámbitos de competencia.

La consideración anterior deviene del razonamiento que la ahora señalada como responsable, plantea en el considerando 13 del acuerdo CG356/2011, mismo que a continuación se transcribe:

"...13. Que como se advierte, resultaría contrario a la normatividad incluir en los pautados que aprueba el Instituto Federal Electoral, tiempo del Estado en radio y televisión destinado a la transmisión de debates entre candidatos a puestos de elección popular en algún Proceso Electoral de carácter local, como el Proceso Electoral del Distrito Federal, que tendrá verificativo de manera coincidente con el próximo Proceso Federal Electoral 2011-2012, pues se insiste, amén de que esta figura jurídica no está prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las pautas ordenan la transmisión de promocionales con una duración de veinte o treinta segundos durante el periodo de Proceso Electoral, ya sea local o federal, que no podrán acumularse y que en ningún caso excederán los tres minutos por hora de transmisión..."

[énfasis añadido]

Así, de lo antes transcrito, se advierte que la autoridad federal, al momento de negar la asignación de tiempo en radio y televisión para la difusión de debates entre candidatos a cargos de elección popular en el Distritito Federal, lo hace bajo la premisa de que dicha figura no se encuentra prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; lo cual, a juicio de este órgano electoral local, no puede considerarse como un argumento válido.

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que los debates entre candidatos de elecciones locales no se encuentran previstos en la legislación federal, debido a su ámbito de competencia, también lo es el hecho de que la figura de la transmisión de debates en radio y televisión, sí se prevé en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la distribución equitativa entre las distintas autoridades electorales.

Aunado a ello, el párrafo tercero del citado artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral dispondrá de lo necesario para que los debates de candidatos a la Presidencia de la República, sean difundidos y transmitidos en el mayor número de canales de radio y televisión posibles.

En virtud de lo anterior, la autoridad señalada como responsable, debió considerar los mismos mecanismos que se prevén para la transmisión de los debates de candidatos a Presidente de la República en el "mapa de cobertura' que corresponde al Distrito Federal, y aplicarlos al caso de los debates de candidatos a Jefe de Gobierno de esta Ciudad.

En otras palabras, la autoridad electoral federal no dio un trato equitativo e igualitario al Instituto Electoral del Distrito Federal, ya que pasó por alto el hecho de que en el caso que nos ocupa, se trata de institutos electorales con fines y tareas similares, cuya única diferencia, que no es sustancial en este caso, es que pertenecen a diferentes ámbitos competenciales. Ello, dado que ambos institutos cuentan con la misma obligación legal de difusión y transmisión de los debates entre candidatos a cargos de elección popular.

Ahora bien, resulta preciso señalar que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que ello implica sobre todo el derecho de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad no solamente debe ser formal sino sobre todo reflejarse en la aplicación de la ley misma.

Este mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ratio decidendi de la jurisprudencia que a continuación se transcribe, al definir lo que implica la equidad entre diferentes sujetos:

"No. Registro: 198,403

Jurisprudencia

Materia(s); Administrativa, Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

V, Junio de 1997

Tesis: P. /J 41/97

Página: 43

EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.- (Se transcribe)

Así las cosas, el razonamiento realizado por la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia anterior resulta aplicable analógicamente al caso concreto, ya que las circunstancias que enfrenta el Instituto Electoral del Distrito Federal son similares a aquéllas que experimentará el Instituto Federal Electoral de cara a los procesos electorales a celebrarse el año que viene.

Aunado a lo anterior, resulta preciso señalar que el artículo 41, Apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, establece que cuando el tiempo total en radio y televisión fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, éste determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante conforme a las facultades que la ley le confiere; lo cual, en el caso que nos ocupa, no sucede así. Esto último, toda vez que el Instituto Federal Electoral aplica criterios desiguales para autoridades electorales que se encuentran en circunstancias similares.

En ese orden de ideas, como ya se ha dicho con anterioridad, el artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece la obligación a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal de organizar debates públicos, a fin de difundir las plataformas electorales y planes de gobierno de los contendientes a un cargo de elección popular en esta Ciudad Capital, procurando su difusión en la totalidad del área geográfica correspondiente.

Cabe mencionar, que esa circunstancia se hizo del conocimiento del Instituto Federal Electoral a través del oficio PCG-IEDF/611/2011, de fecha diecisiete de octubre de 2011. A fin de ilustrar lo anterior, a continuación se transcribe la parte conducente de dicho proveído:

"...Me refiero al artículo 325, fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual dispone que para la difusión de las plataformas electorales de los contendientes en los procesos electorales, el Instituto Electoral del Distrito Federal deberá organizar debates públicos, previo consenso que al efecto realice con los partidos políticos, así como convenir la promoción y difusión de los mismos, con los medios de comunicación públicos y privados...

...Por lo expuesto, y considerando la relevancia que tienen los debates públicos a los que la ley obliga, a este Instituto Electoral Local organizar, promover y difundir, le solicito de manera respetuosa poner a consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la aprobación del mecanismo que considere más pertinente para que sean autorizados a esta autoridad electoral, los tiempos oficiales de mérito, a efecto de proporcionar la debida difusión de los debates de los candidatos a Jefe de Gobierno en el 2012, en la inteligencia de que esta autoridad electoral local tiene planeado llevar a cabo los debates públicos en mayo y junio de ese mismo año, por lo que requiere una hora con treinta minutos de tiempo en radio y televisión que administra esa autoridad electoral federal, para cada uno de ellos..."

Ahora bien, resulta preciso reiterar que para llevar a cabo la tarea encomendada en el citado artículo 325, este órgano electoral local se encuentra en la imperiosa necesidad de acceder a los tiempos de radio y televisión que el Instituto Federal Electoral administra.

Por tal motivo, resulta fundamental y apegado a derecho que el Instituto Federal Electoral considere esta circunstancia extraordinaria en sus criterios de asignación de tiempos de radio y televisión; máxime, cuando de conformidad con lo establecido en el inciso a) del citado artículo 72, el Instituto Federal Electoral debe determinar la asignación en radio y televisión, tanto para sus propios fines como de otras autoridades locales, considerando los calendarios de procesos electorales locales, y desde luego, atendiendo a la proporcionalidad y equidad que deben prevalecer en todo acto de distribución entre órganos electorales.

En consecuencia de lo antes expuesto, es que esta autoridad considera que la asignación de tiempo de radio y televisión no resulta equitativa, si atendemos a las circunstancias ordinarias y extraordinarias antes referidas que le aplican tanto al Instituto Federal Electoral, como al Instituto Electoral del Distrito Federal.

Ello, ya que si el Instituto Federal Electoral aplicara criterios equitativos en la repartición de tiempos en radio y televisión respecto de las demás autoridades, lo lógico y natural sería que le otorgara al Instituto Electoral del Distrito Federal, el mismo tiempo en radio y televisión que se autoasignará para difundir los debates públicos de las campañas electorales de los candidatos a Presidente de la República en el proceso federal electoral 2011-2012.

[…]"

QUINTO.- Síntesis de agravio y estudio de fondo.- Del escrito recursal transcrito se desprende, medularmente, el siguiente motivo de disenso:

* Que el acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación, por lo que transgrede lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental Federal, vulnerando con ello los principios de legalidad y equidad.

Al efecto, el recurrente para sustentar su dicho señala lo siguiente:

a) que a través de la negativa contenida en el Acuerdo cuestionado, la autoridad responsable le da un trato inequitativo, que se traduce en un menoscabo en el cumplimiento de una de sus obligaciones consignadas en la ley electoral local, como lo es la de difundir a través de los medios de comunicación en cuestión (radio y televisión), el debate público entre los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el proceso electoral 2012.

b) que con la negativa en comento, el Instituto Federal Electoral aplica en circunstancias similares, diferentes criterios para sí mismo y para el Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto de una misma obligación con distintos ámbitos de competencia; por lo que, en concepto del instituto actor, el argumento que sustenta la determinación cuestionada bajo la premisa de que, "la asignación de tiempo en radio y televisión para la difusión de debates entre candidatos a cargos de elección popular en el Distrito Federal, no se encuentra prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales", no resulta válido; consecuentemente debió otorgarse el mismo tiempo en radio y televisión tanto al Instituto Federal Electoral como al Instituto Electoral local, para difundir los debates públicos solicitados en los mismos términos que se consignan para difundir los debates públicos de las campañas electorales de los candidatos a Presidente de la República en el proceso federal electoral en curso.

En concepto de esta Sala Superior, deviene infundado el agravio consistente en que a decir del recurrente el Acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación, por lo que transgrede lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental Federal, vulnerando con ello los principios de legalidad y equidad.

Al respecto, para una mejor comprensión del asunto se estima oportuno destacar que del análisis de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

1.- El Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante oficio PCG-IEDF/611/2011, de trece de octubre del presente año, solicitó al Instituto Federal Electoral el otorgamiento de tiempos en radio y televisión, para la transmisión de debates públicos de los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el proceso electoral 2012.

Lo anterior, bajo el argumento de considerar la relevancia que tienen los debates públicos a los que la ley obliga al Instituto Electoral local de organizar, promover y difundir. Esto es, en el oficio de mérito se pidió al Consejo General del Instituto Federal Electoral, la aprobación del mecanismo que se considerara más pertinente, para que se autorizara a dicho órgano administrativo electoral local una hora con treinta minutos de tiempo en radio y televisión que administra la autoridad administrativa federal electoral, para difundir cada uno de los dos debates proyectados a realizar.

2.- La solicitud en mención fue contestada en sentido negativo, mediante Acuerdo CG356/2011 de cinco de noviembre de dos mil once, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mismo que se acompañó al oficio JLE-DF/5951/2011, datado el dieciséis de noviembre de dos mil once, recibido en la misma fecha por el recurrente.

Respecto del agravio bajo estudio, debe señalarse que de conformidad con el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos o resoluciones deben ser emitidos por autoridad competente, así como estar debidamente fundados y motivados, es decir, el mandato constitucional impone a la autoridad emisora de un acto, la obligación de expresar las normas que sustentan su actuación, así como exponer con claridad y precisión las consideraciones que le permiten tomar las mediadas adoptadas, estableciendo su vinculación y adecuación con los preceptos legales aplicables al caso concreto.

Así, todo acto de autoridad se debe sujetar a lo siguiente:

1.- La autoridad emisora del acto debe ser legalmente competente para emitirlo.

2. - En la emisión del acto se deben establecer los fundamentos legales aplicables al caso en concreto y,

3.- Se deben explicitar las razones que sustentan el dictado del acto o determinación respectiva.

En este sentido, es de explorado derecho que la fundamentación se traduce en que la autoridad ha de expresar el precepto legal aplicable al caso concreto. Por su parte, en la motivación la autoridad debe atender a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto están ajustadas en la norma invocada como sustento de la determinación adoptada por la autoridad en cuestión.

En efecto, se estará en presencia de una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica al caso particular.

De ahí que, el surtimiento de estos requisitos está contemplado en la fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar, un acto de molestia, en los derechos a que alude el artículo 16, de la Constitución Federal.

Ahora bien, a fin de determinar si le asiste o no la razón al recurrente respecto del agravio bajo estudio, conviene señalar lo siguiente:

El artículo 41, Base III, apartado A de la Norma Fundamental Federal establece:

"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

…".

Por su parte, el Título Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el apartado relativo al acceso a la radio y televisión establece, en lo que interesa, lo siguiente:

"Artículo 49

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos en esta materia.

…"

Asimismo, el mencionado ordenamiento legal establece, entre otros, como fines del Instituto Federal Electoral:

"Artículo 105

1.Son fines del Instituto:

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

…"

Acorde con los dispositivos constitucional y legales transcritos, el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y el mencionado código otorgan a los partidos políticos en esta materia.

Asimismo, el Código Federal en comento consagra, en lo que interesa, lo siguiente:

"Artículo 50

1. El Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión a través del tiempo de que el primero dispone en dichos medios".

"Artículo 51

1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos:

a) El Consejo General;

b) La Junta General Ejecutiva;

c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

d) El Comité de Radio y Televisión;

e) La Comisión de Quejas y Denuncias; y

f) Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares en esta materia".

"Artículo 54

1. Las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al Instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto resolverá lo conducente.

…"

"Artículo 55

1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

3. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora".

"Artículo 58

1.Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 55 de este Código, durante las campañas electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos, en conjunto, cuarenta y un minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Los siete minutos restantes serán utilizados para los fines propios del Instituto y de otras autoridades electorales".

"Artículo 62

1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 58 de este Código, el Instituto Federal Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate.

…".

"Artículo 70

1.Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, conforme a lo que determine el Consejo General.

2.Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.

3.Los debates serán transmitidos, en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida. El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo, en forma gratuita, por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.

4.Las estaciones y canales que decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere el presente artículo, quedan autorizadas a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales.

5.Las reglas para los debates serán determinados por el Consejo General, escuchando previamente las propuestas de los partidos políticos.

6.El Instituto informará, en el tiempo de radio y televisión que para sus fines tiene asignado, la realización de los debates a que se refiere el presente artículo."

"Artículo 72

1. El Instituto Federal Electoral, y por su conducto las demás autoridades electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las reglas que apruebe el Consejo General, y a lo siguiente:

a) El Instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos electorales locales, la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales. En ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para los partidos políticos;

b) Para los efectos del presente artículo, el Instituto dispondrá de mensajes con duración de veinte y treinta segundos;

c) El horario de transmisión será el comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

d) Los tiempos de que dispone el Instituto durante las campañas electorales en las horas de mayor audiencia en radio y televisión, serán destinados preferentemente a transmitir los mensajes de los partidos políticos;

e) El Instituto, a través de la instancia administrativa competente, elaborará las pautas de transmisión de sus propios mensajes. Las autoridades electorales locales propondrán al Instituto las pautas que correspondan a los tiempos que éste les asigne conforme a lo dispuesto en este capítulo;

f) Las autoridades electorales de las entidades federativas entregarán al Instituto los materiales con los mensajes que, para la difusión de sus actividades durante los procesos electorales locales, les correspondan en radio y televisión".

Artículo 73

1. Conforme a la Base III del artículo 41 de la Constitución, cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión de que dispone fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

De los preceptos señalados se obtiene, entre otras cuestiones:

1.- La obligación a cargo del Instituto Federal Electoral de garantizar el uso de las prerrogativas constitucionales en radio y televisión, estableciendo al efecto las pautas para la asignación de los mensajes y programas que se tenga derecho a difundir, dentro y fuera de los procesos electorales.

2.- Que las facultades conferidas al Instituto Federal Electoral en materia de radio y televisión, se ejercen, entre otros órganos, a través del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y el Comité de Radio y Televisión.

3.- Que el Instituto Federal Electoral, resolverá lo conducente, respecto de las solicitudes de tiempo en radio y televisión que formulen las autoridades administrativas electorales para el cumplimiento de sus fines.

4.- Que el Instituto Federal Electoral, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión.

5.- Que del tiempo total descrito en el numeral precedente, cuarenta y un minutos se destinarán a los partidos políticos y, los siete restantes a los fines del propio Instituto y de otras autoridades locales.

6.- Que el Instituto Federal Electoral coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos y determinará las reglas para su realización. Así mismo, que la transmisión de los debates en radio y televisión será de forma gratuita.

Ahora bien, con relación a las facultades conferidas expresamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo que interesa, los artículos 109 y 118 incisos l) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, establecen:

"Artículo 109

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto".

"Artículo 118

1.El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

l) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partido políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y demás leyes aplicables;

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código.

…".

De lo anterior, se colige que corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral, vigilar que el citado Instituto ejerza sus facultades administrativas en materia de radio y televisión y, para el efecto, se encuentra facultado para emitir los acuerdos necesarios tendentes a hacer efectivas el cumplimiento de sus atribuciones.

Por su parte, los artículos 4, 6, 7, 18, y 24 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral establecen, en lo que interesa:

"Artículo 4

De los órganos competentes

1. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y a otras autoridades electorales, y al ejercicio del derecho de los Partidos políticos nacionales y locales.

2. Para tal efecto operará un Sistema Integral para Administración de los Tiempos del Estado y ejercerá las facultades en materia de radio y televisión que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Quejas y Denuncias, y este Reglamento, por medio de los siguientes órganos:

a) El Consejo General;

b) La Junta General Ejecutiva;

c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

d) El Comité de Radio y Televisión;

e) La Comisión de Quejas y Denuncias, y

…".

"Artículo 6

De las atribuciones de los órganos competentes del Instituto.

1. Son atribuciones del Consejo General:

a) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales, federales y locales, y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en el Código, otras leyes aplicables y este Reglamento;

f) Aprobar el Acuerdo mediante el cual se asignen tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los procesos electorales federales y locales;

…".

"Artículo 7

De las bases de acceso a la radio y la televisión en materia política y electoral

1. El Instituto es la única autoridad con atribuciones para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines, de otras autoridades electorales federales o locales, y de los partidos políticos.

…".

"Artículo 18

De los tiempos de las autoridades electorales federales y locales

1. El Consejo asignará tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales que lo soliciten para el periodo comprendido entre el inicio de la precampaña y la celebración de la jornada electoral. Para lo anterior, considerará el tiempo disponible, las necesidades de difusión del Instituto y la propuesta de las autoridades electorales.

…".

"Artículo 24

De la asignación durante el periodo de campañas

1. En las campañas políticas de las elecciones locales coincidentes con la federal, el Instituto asignará a los partidos políticos para las respectivas campañas locales 15 de los 41 minutos diarios a que se refiere el artículo 58, párrafo 1 del Código, de los cuales el 30% se distribuirán de forma igualitaria y el 70% de conformidad con el porcentaje de votos obtenido en la elección local de diputados inmediata anterior.

…".

De la lectura de la normativa reglamentaria anterior, se advierte que en lo sustancial reproducen las disposiciones del Código Federal Electoral, en lo concerniente a que las facultades conferidas en materia de radio y televisión, se ejercen por el Instituto Federal en cuestión, a través del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y el Comité de Radio y Televisión.

Igualmente, se desprende que el Consejo General tiene entre sus atribuciones, la de aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los procesos electorales federales y locales.

El marco normativo descrito en párrafos precedentes, permite sostener que con relación a la asignación de tiempos en radio y televisión, dicha atribución compete primordialmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En el caso concreto, de la lectura del escrito recursal se advierte que el actor pretende que se revoque el Acuerdo impugnado y, su causa de pedir la hace depender de la supuesta indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, sobre la base de considerar que a través de la negativa contenida en el Acuerdo cuestionado, la autoridad responsable le da un trato inequitativo, así como que el Instituto Federal Electoral aplicó en circunstancias similares, diferentes criterios para sí mismo y para el Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto de una misma obligación con distintos ámbitos de competencia.

Al respecto, lo infundado del agravio bajo estudio radica en que, el apelante parte de una premisa equivocada, al considerar que el tiempo en radio y televisión expresamente establecido en la Norma Fundamental Federal y reiterado en los ordenamientos legales secundarios, como parte de las prerrogativas de los partidos políticos y, para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al Instituto Federal Electoral, así como de otras autoridades electorales, puede incrementarse más allá de los expresamente asignados, siendo que en el caso, el órgano responsable carece de atribuciones para establecer tiempos de Estado en Radio y Televisión distintos a los previstos expresamente a nivel constitucional y legal, pues dicha facultad no le fue otorgada por el Poder Revisor Permanente a la autoridad administrativa electoral federal.

De ahí que, como quedó precisado anteriormente, la normativa en radio y televisión aplicable en materia electoral comprende, entre otros ordenamientos legales, la Constitución Federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, mismos que ya fueron analizados en la presente resolución.

Aunado a lo anterior, el Acuerdo impugnado contiene los antecedentes aplicables al caso concreto, advirtiéndose del contenido de los numerales 1 a 13, del rubro de los considerandos expresados, visibles de fojas tres a seis del documento en comento, que la autoridad responsable precisó la normativa constitucional y legal aplicable, señalando expresamente los numerales en que sustentó la competencia tanto del Instituto Federal Electoral, como del Consejo General como órgano facultado para otorgar tiempo en radio y televisión, por lo que determinó que no resultaba procedente la solicitud formulada por el recurrente.

Asimismo, se observa que la determinación adoptada parte del hecho de que el acceso a la radio y televisión a través del tiempo que administra en dichos medios de comunicación, es de cuarenta y ocho minutos diarios, que corresponden a los partidos políticos y a las autoridades electorales, refiriendo conforme a la normativa aplicable, como se realiza la distribución del mismo.

De igual forma, se precisa que conforme a la normatividad aplicable, el tiempo en radio y televisión que se distribuye en las pautas no resulta acumulable, ni transferible entre estaciones de radio y canales de televisión, por lo que el tiempo disponible para sus propios fines y los de otras autoridades electorales para mensajes es de veinte y treinta segundos.

En las relatadas circunstancias, la autoridad responsable cumplió con su obligación de interpretar las normas aplicables en el acuerdo impugnado para arribar a la conclusión de que no resultaba procedente la petición formulada, toda vez que de acceder en los términos propuestos por el recurrente se violentaría la normativa constitucional y legal referida anteriormente y, si bien es cierto que expresó que el supuesto jurídico de otorgar tiempos en radio y televisión para los efectos precisados no se encontraba previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no menos cierto es que dicha circunstancia se realizó a mayor abundamiento a fin de reforzar los razonamientos contenidos en le documento de mérito.

De ahí que, resulta inconcuso que la autoridad responsable no tenía el deber jurídico de aplicar el criterio que propone el recurrente y, por la misma razón resulta inexacta la afirmación relativa a que con la determinación adoptada se actualizó un trato inequitativo, toda vez que como ha quedado precisado, el tiempo de Estado en radio y televisión se encuentra determinado por la normativa constitucional y legal, a la cual en todo momento debe sujetarse la autoridad administrativa electoral federal.

Al efecto, resulta oportuno transcribir, nuevamente, en lo que interesa, el contenido del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Artículo 70

1. Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, conforme a lo que determine el Consejo General.

2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.

3. Los debates serán transmitidos, en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida. El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo, en forma gratuita, por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.

4. Las estaciones y canales que decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere el presente artículo, quedan autorizadas a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales.

…".

Del dispositivo legal transcrito se advierte que, si bien es cierto que el artículo en cuestión establece que con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el referido Instituto Federal Electoral coordinará la realización de dos debates entre los candidatos a dicho cargo, también lo es que de manera expresa precisa que tales eventos podrán ser transmitidos, en vivo, por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida y, utilizando las señales que el Instituto Federal Electoral genere para ese efecto. Cabe resaltar que la ley dispone que dicha difusión debe ser gratuita.

De ahí que pueda afirmarse que conforme a la normativa descrita en el párrafo precedente, el tiempo en radio y televisión que se ocupe para dichos eventos, no corresponde a tiempo de Estado, dado que el precepto legal en comento otorga una facultad potestativa para que las personas morales concesionarias y permisionarios de los referidos medios de comunicación puedan utilizar las señales que genere el órgano federal electoral, en forma gratuita, sin que dicha circunstancia, por sí misma, imponga la obligación al Instituto Federal Electoral de otorgar tiempo de Estado para debates públicos de otros candidatos a cargos de elección popular, distintos al expresamente señalado.

De estimar lo contrario, cualquier tiempo en radio y televisión otorgado resultaría insuficiente para cubrir las expectativas de difusión de los diversos órganos administrativos locales, que conforman la geografía electoral de este país.

Ahora bien, el artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal dispone, en lo que interesa, lo siguiente:

"Artículo 325. Para la difusión de las plataformas electorales de los contendientes y de la cultura democrática, el Instituto Electoral organizará debates públicos, previo consenso de los Partidos Políticos, tomando en consideración lo siguiente:

I. El nivel de difusión procurará garantizar la totalidad del área geográfica donde se verificará la elección de que se trate;

II. El esquema del debate será acordado por los representantes de los Partidos, con la mediación del Instituto Electoral;

III. El Instituto Electoral convendrá con los medios de difusión públicos y privados lo relativo a la promoción y difusión de los debates públicos; y

…"

Del dispositivo legal transcrito se desprende que el Instituto Electoral local se encuentra facultado para organizar debates públicos, previo consenso de los partidos políticos y tomando en consideración que el nivel de difusión de los mismos debe procurar garantizar la totalidad del área geográfica donde se verifique la elección de que trate; que el esquema del debate sea acordado por los representantes de los partidos políticos, con la mediación del Instituto electoral local, quien deberá convenir con los medios de comunicación públicos y privados lo relacionado con la promoción y difusión de los mismos.

Por lo tanto, en aras de privilegiar el debate político entre candidatos y garantizar la difusión de los debates dentro del marco constitucional y legal aplicable, una vez que el Instituto Electoral del Distrito Federal haya fijado las bases del o los debates públicos entre candidatos, el Instituto electoral estatal deberá convenir, procurando en ello la máxima apertura, con todos los medios de comunicación masivos, la difusión de los debates entre candidatos, la cual deberá ser de manera gratuita. Asimismo, la autoridad electoral local deberá informar al Instituto Federal Electoral de la transmisión de los debates, y éste coadyuvará para que en su realización se cumpla con las normas legales aplicables a la difusión de estos debates, como el ámbito geográfico de su difusión y la gratuidad de su transmisión y, en su caso, en la producción de dichos debates.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es modificar el Acuerdo impugnado.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO.- Se modifica el acuerdo CG356/2011, de cinco de noviembre de dos mil once, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos precisados en la parte final del último Considerando de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE, personalmente, al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en el domicilio señalado en autos; por correo electrónico, a la autoridad responsable; y, por estrados, a los demás interesados. Lo anterior con apoyo en lo que disponen los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y devuélvanse los documentos.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera quien emite voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-RAP-559/2011.

Porque no coincido con el criterio sustentado por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en el sentido de modificar la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la cual negó lo solicitado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, consistente en obtener tiempo en radio y televisión, a fin de difundir los debates entre los candidatos a Jefe de Gobierno de esta entidad federativa, para el procedimiento electoral dos mil doce, formulo el presente VOTO PARTICULAR.

Por razón de método, los temas de mi voto los expondré en dos apartados:

I. Legitimación del Instituto Electoral del Distrito Federal para demandar y

II. Fondo de la litis planteada.

I. Legitimación del Instituto Electoral del Distrito Federal para demandar

En la especie, si bien coincido con la mayoría de los Magistrados que integran esta Sala Superior, en el sentido de reconocer legitimación al Instituto Electoral del Distrito Federal, para promover el recurso de apelación indicado al rubro, considero indispensable hacer las siguientes precisiones.

En la sentencia aprobada por la mayoría, se sustenta la legitimación del Instituto Electoral del Distrito Federal, para promover el medio de impugnación indicado al rubro, en la tesis jurisprudencia identificada con la clave V/2010, publicada en la Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis volumen 2, en las páginas ochocientos treinta y una (831) a ochocientos treinta y dos (832), con el rubro y texto siguiente:

AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES. ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN.—Conforme con una interpretación sistemática de los artículos 116, fracción IV, y 99, párrafos primero y cuarto, fracciones III y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las autoridades electorales locales tienen por encargo organizar las elecciones locales en forma periódica y pacífica, por ende, están legitimadas para combatir las resoluciones de los órganos del Instituto Federal Electoral que puedan afectar al proceso electoral local de que se trate o impidan el cumplimiento cabal de sus funciones constitucional y legalmente establecidas. Por ello, debe entenderse que están legitimadas para interponer el recurso de apelación correspondiente, para privilegiar la plena vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional.

Sin embargo, la tesis de jurisprudencia transcrita alude exclusivamente a la legitimación que tienen las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, de promover el recurso de apelación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando consideren que un acto o resolución del Instituto Federal Electoral, afecta al procedimiento electoral local de que se trate o impida el cumplimiento de sus funciones constitucional y legalmente establecidas, sin embargo, en el caso concreto, el Instituto Electoral del Distrito Federal promueve el recurso de apelación identificado al rubro, por la presunta violación a su derecho de acceder a la radio y televisión, en los tiempos que corresponde al Estado para fines electorales, así como defender el derecho de los partidos políticos y candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal de acceder a esos tiempos.

Al respecto, cabe precisar que el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Federal Electoral es autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado, en radio y televisión, destinado a la consecución de sus propios fines y al ejercicio del derecho de acceso de los partidos políticos, a los medios de comunicación social, en especial, a radio y televisión.

En congruencia con lo anterior, el apartado B, del aludido precepto constitucional, prevé que la autoridad administrativa electoral federal administrará, para fines electorales en las entidades federativas, el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, en las estaciones de radio y canales de televisión, con cobertura en la entidad federativa correspondiente.

Ahora bien, el artículo 50, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de los respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión en los tiempos que al Instituto Federal Electoral corresponde administrar.

Para ese efecto, de conformidad con el artículo 54, párrafo 1, del aludido código electoral federal, las autoridades electorales en los Estados de la República deben solicitar, al Instituto Federal Electoral, el tiempo que requieran para el cumplimiento de sus fines.

Por otra parte, el artículo 255, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece que los partidos políticos al ejercer su prerrogativa de acceso a radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programa de acción, actividades permanentes, plataforma electoral y candidaturas a puestos de elección popular, en los plazos y términos establecidos en ese ordenamiento jurídico.

El aludido código electoral local prevé, en el artículo 235, fracción V, que durante los procedimientos internos que lleven a cabo los partidos políticos, a fin de elegir candidatos a los diversos cargos de elección popular, los precandidatos y los institutos políticos tienen prohibido contratar tiempo en radio y televisión.

Similar prohibición está contenida en el artículo 257, del código electoral del Distrito Federal, al disponer que ninguna persona, física o moral, entre las que están los partidos políticos, puede contratar tiempo en radio o televisión, o en cualquier otro medio de comunicación social, ya sea a favor o en contra de un determinado partido político o candidato a un cargo de elección popular.

De igual forma, el artículo 322, del citado ordenamiento electoral local dispone que durante las campañas electorales, los candidatos a un cargo de elección popular no pueden contratar, por cuenta propia o por interpósita persona, tiempo y espacio en radio y televisión. Asimismo, ninguna persona, física o moral, puede ceder gratuitamente tiempo o espacio en esos medios de comunicación masiva, a favor o en contra de algún partido político o candidato.

En este sentido, es claro que los partidos políticos, candidatos, precandidatos y demás sujetos de Derecho, a los que alude el código electoral del Distrito Federal, tienen derecho de acceder al tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, que administra, como autoridad única, el Instituto Federal Electoral.

Al respecto, el artículo 321, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, dispone que el Instituto Electoral de esta entidad federativa, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, llevará a cabo las actuaciones necesarias para obtener, de la autoridad administrativa electoral federal, el tiempo necesario para la difusión de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos políticos.

Así, de la normativa constitucional y legal, en este último caso federal y local, que resulta aplicable, se concluye que el Instituto Electoral del Distrito Federal es el órgano competente para solicitar, al Instituto Federal Electoral, tiempo en radio y televisión, del que corresponde al Estado, a fin de cumplir sus fines, atribuciones y deberes, así como para garantizar que los partidos políticos, precandidatos y candidatos accedan a ese tiempo, en radio y televisión, para lo cual debe formular la solicitud correspondiente a la autoridad administrativa electoral federal.

En este orden de ideas, es inconcuso que esa autoridad administrativa electoral local está legitimada, sustantiva y procesalmente, para acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el recurso de apelación, cuando considere que un acto o resolución, en la materia, emitido por el Instituto Federal Electoral, le impide cumplir sus deberes o ejercer eficazmente sus atribuciones, en términos de la normativa electoral local, como en la especie acontece, sin embargo, en la especie, la acción ejercida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, no está limitada a la defensa exclusiva de un derecho de esa autoridad electoral local, sino también al derecho que tienen los partidos políticos de acceder a la radio y televisión, en el procedimiento electoral dos mil doce (2012), en la mencionada entidad federativa.

En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que el Instituto Electoral del Distrito Federal solicitó, a la autoridad administrativa electoral federal, tiempo en radio y televisión, del tiempo que corresponde al Estado, para fines electorales; tal petición fue con el objetivo de fin de difundir dos debates entre los candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de ahí que sea evidente que en la solicitud presentada no se haya hecho alusión exclusivamente a un derecho de la autoridad administrativa electoral local, sino también a su deber de garantizar que los partidos políticos y candidatos gocen de tiempo en radio y televisión.

En consecuencia, toda vez que lo pedido fue denegado, resulta evidente que el Instituto Electoral del Distrito Federal tiene legitimación, sustantiva y procesal, para promover el juicio al rubro indicado, porque considera que la resolución impugnada afecta el ejercicio de sus atribuciones, como autoridad encargada de preparar, organizar y vigilar los procedimientos electorales en el Distrito Federal y que, por ende, vulnera no sólo su derecho de acceder a la radio y televisión para el cumplimiento de sus fines, atribuciones y deberes, sino también porque, en su concepto, esa determinación viola el derecho de los partidos políticos y candidatos de acceder a los citados medios de comunicación social.

Finalmente, por lo que hace a este apartado del voto, considero que este tipo de asuntos en los cuales las partes son órganos de autoridad electoral o no electoral; jurisdiccionales o administrativas; federales o locales, hacen evidente la necesidad de reformar el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Poder Revisor Permanente de la Constitución incluya, en los supuestos de procedibilidad de las controversias constitucionales, aquellos conflictos que surjan en el contexto de la materia electoral, y que se otorgue competencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver, en única instancia y de manera definitiva, ese tipo de controversias.

II. Consideraciones en cuanto al fondo de la litis

No coincido con las consideraciones aprobadas por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en el sentido de modificar la resolución impugnada, para que en aras de privilegiar el debate político entre candidatos y garantizar la difusión de los debates conforme a la normativa constitucional y legal aplicable, una vez que el Instituto Electoral del Distrito Federal haya fijado las bases del o los debates públicos entre candidatos, deba convenir con los medios de comunicación masivos, la difusión de los mencionados debates, lo cual deberá ser de manera gratuita, e informar al Instituto Federal Electoral para que esta autoridad coadyuve en la realización de esos actos, y se cumplan las normas legales relativas a su transmisión, al ámbito geográfico de su difusión, así como la gratuidad de la transmisión.

En mi concepto, contrariamente a lo sostenido por la mayoría, la resolución impugnada se debe confirmar en atención a lo siguiente.

El diecisiete de octubre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal presentó, al Instituto Federal Electoral, un oficio, mediante el cual solicitó tiempo en radio y televisión, del que corresponde al Estado, para fines electorales, con el objetivo de transmitir dos debates entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la mencionada entidad federativa, durante el procedimiento electoral del año dos mil doce. La aludida solicitud es al tenor siguiente:

PCG-IEDF/611/2011

México, D.F., 13 de octubre de 2011.

Dr. Leonardo Valdés Zurita

Presidente del Consejo General del

Instituto Federal Electoral

P r e s e n t e

Distinguido Doctor:

Me refiero al artículo 325, fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual dispone que para que la difusión de las plataformas electorales de los contendientes en los procesos electorales, el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal deberá organizar debates públicos, previo consenso que al efecto realice con los partidos políticos, así como convenir la promoción y difusión de los mismos, con los medios de comunicación públicos y privados.

Al respecto, y con la finalidad de que esta autoridad electoral pueda dar cumplimiento a la *posición de organizar, promover y difundir los debates públicos de los candidatos de los partidos políticos en la Ciudad de México; concretamente, respecto de la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, resulta necesario contar con los tiempos en radio y televisión del Estado que administra el Instituto Federal Electoral.

En el mismo sentido, los artículos 54, primer párrafo y 68, párrafo segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), determinan:

Artículo 54

1. Las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al Instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 68

2. El tiempo en radio y televisión que el Instituto asigne a las autoridades electorales locales se determinará por el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllas presenten ante el Instituto.

De los anteriores preceptos, se desprende que los institutos electorales locales deberán solicitar al Instituto Federal Electoral tiempos en radio y televisión tendentes a difundir los debates que organicen dichos institutos locales, siendo deber de esa autoridad federal otorgar los tiempos oficiales para ese fin, esto de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de4 los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, con base en lo mencionado y con fundamento en el párrafo último del Apartado B, Base III, del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y 73, párrafo primero del COFIPE, cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión fuese insuficiente para sus propios fines o de otras autoridades electorales, podrá aquél determinar lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiere.

Por lo expuesto, y considerando la relevancia que tiene los debates públicos a los que la ley obliga, a este Instituto Electoral local organizar, promover y difundir, le solicito de manera respetuosa poner a consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la aprobación del mecanismo que se considere más pertinente para que sean autorizados a esta autoridad electoral, los tiempos oficiales de mérito, a efecto de proporcionar la debida difusión de los debates de los candidatos a Jefe de Gobierno en el 2012, en la inteligencia de que esta autoridad electoral local tiene planeado llevar a cabo dos debates públicos en mayo y junio de ese mismo año, por lo que requiere una hora con treinta minutos de tiempo en radio y televisión que administra esa autoridad electoral federal, para cada uno de ellos.

Al respecto, el cinco de noviembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG356/2011, por el cual negó lo solicitado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. La mencionada determinación, en la parte conducente, es al tenor siguiente:

6. Que el artículo 41, Base III, Apartado B de la Constitución Política indica que para cumplir con los fines electorales de cada una de las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

7. Que para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas accederán a la radio y la televisión a través del tiempo del que el primero dispone en dichos medios, de conformidad con los artículos 49, numeral 5; 50; 62, numerales 1 y 2; y 72, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 18, numeral 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

8. Que de conformidad con los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral cuarenta y ocho minutos diarios que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

La preposición "hasta" que se advierte en la frase antes resaltada, según el Diccionario de la Lengua Española Vigésima Segunda Edición, significa: "término de tiempo", por lo que sería contrario a la normatividad autorizar una transmisión mayor a los tres minutos por cada hora en los tiempos del Estado en radio y televisión.

9. Que el artículo 74, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que: "[e]l tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable; tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas. La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el Reglamento en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del Instituto [énfasis añadido]".

10. Que como se observó en el antecedente II del presente instrumento, el Proceso Electoral Federal 2011-2012 será coincidente con el Proceso Electoral del Distrito Federal, por lo que de conformidad con el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión ACRT/025/2011 aprobado el pasado catorce de octubre, en el lapso en que coincidan la campaña federal y la local, como lo apuntan los artículos 62, numeral 1 del Código comicial y 24, numeral 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, en las estaciones de radio y canales de televisión que deban cubrir el proceso local conforme al catálogo que apruebe el Comité, se destinarán quince minutos a la campaña local de los partidos políticos y veintiséis minutos a su campaña federal, quedando los siete minutos restantes a disposición del Instituto Federal Electoral para el cumplimiento de sus propios fines y de otras autoridades electorales.

11. Que por su parte, el artículo 72, numeral 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prescribe que: "[e]l Instituto Federal Electoral, y por su conducto las demás autoridades electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las reglas que apruebe el Consejo General, y a lo siguiente: a) El Instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos electorales locales, la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales […] b) Para los efectos del presente artículo, el Instituto dispondrá de mensajes con duración de veinte y treinta segundos [énfasis añadido]".

12. Que de las disposiciones citadas en los puntos considerativos precedentes se colige que (1) las autoridades electorales de las entidades federativas accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que administra el Instituto Federal Electoral en dichos medios; (2) los cuarenta y ocho minutos diarios que corresponden a los partidos políticos y a las autoridades electorales durante los procesos electorales serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión; (3) el tiempo en radio y televisión que se distribuye en las pautas no es acumulable, ni transferible entre estaciones de radio o canales de televisión, y (4) el Instituto Federal Electoral determinará la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y los de otras autoridades electorales, para lo cual dispondrá de mensajes de veinte y treinta segundos de duración.

13. Que como se advierte, resultaría contrario a la normatividad incluir en los pautados que aprueba el Instituto Federal Electoral, tiempo del Estado en radio y televisión destinado a la transmisión de debates entre candidatos a puestos de elección popular en algún Proceso Electoral de carácter local, como el Proceso Electoral del Distrito Federal, que tendrá verificativo de manera coincidente con el próximo Proceso Electoral Federal 2011-2012, pues se insiste, amén de que esta figura jurídica no está prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las pautas ordenan la transmisión de promocionales con una duración de veinte o treinta segundos durante el periodo de Proceso Electoral, ya sea local o federal, que no podrán acumularse y que en ningún caso excederán los tres minutos por hora de transmisión.

En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, numeral 5, 51, numeral 1, inciso a); 105, numeral 1, inciso h); 108, numeral 1, inciso a) y 118, numeral 1, incisos l) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1, inciso f); 7, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO. No es procedente la solicitud formulada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, consistente en que este Instituto otorgue tiempos en radio y televisión para la transmisión de debates, en términos de los considerandos del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Consejo General a que, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral del Distrito Federal.

Con base en lo anterior, es evidente que la litis en el recurso de apelación identificado al rubro, está constreñida a determinar si la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con motivo de la solicitud presentada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, fue o no conforme a Derecho.

Así, no es objeto de la litis si el Instituto Electoral del Distrito Federal o cualquier otra autoridad administrativa electoral local, tienen o no atribuciones para organizar debates entre candidatos a los diferentes cargos de elección popular o hacer lo conducente para la difusión de esos actos, ¡no! la materia objeto de controversia radica en determinar si el Instituto Federal Electoral puede o no otorgar tiempo, en radio y televisión que corresponde al Estado, para fines electorales, distinto a lo que expresamente está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precisado lo anterior, es mi convicción que el acuerdo impugnado se debió confirmar, toda vez que lo solicitado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, no es conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que el Instituto Federal Electoral es autoridad única en la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión.

Al respecto, el tiempo de radio y televisión que administra el Instituto Federal Electoral está expresamente previsto y distribuido en los apartados A y B, del mencionado precepto constitucional, en los términos siguientes:

1. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho (48) minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario precisado en el citado precepto constitucional.

2. Durante las precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto (1) por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

3. Durante las campañas electorales se deberá destinar para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco (85) por ciento del tiempo total disponible que se alude en el numeral uno (1).

4. Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis (6) y las veinticuatro horas (24).

5. El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta (30) por ciento en forma igualitaria y el setenta (70) por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior.

6. Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce (12) por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco (5) minutos y el restante en mensajes con duración de veinte (20) segundos cada uno.

7. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

8. Para los casos de procedimientos electorales locales con jornadas coincidentes con la elección federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a lo expuesto en los precedentes apartados.

9. Para los demás procedimientos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios establecidos en la Constitución.

10. La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, se hará de acuerdo a los criterios señalados en la Constitución y lo que determine la legislación aplicable.

11. Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiere.

De lo expuesto, es claro que el Instituto Federal Electoral, si bien es la autoridad única en la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, carece de competencia para modificar el tiempo que dispone para el cumplimiento de sus propios fines y los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio del derecho de los partidos políticos, de acceder a los mencionados medios de comunicación social.

Lo anterior es así porque, como ha quedado expuesto, el Instituto Federal Electoral solamente puede administrar el tiempo del Estado en radio y televisión, como está previsto expresamente en la Constitución federal, durante las horas que para ese efecto dispone y conforme a la distribución que mandata la misma Constitución federal.

Es decir, la administración que tiene el Instituto Federal Electoral, respecto al tiempo, en radio y televisión, que corresponden al Estado, está determinada en razón del periodo de que se trate (precampaña y campaña electoral, o el que transcurre entre un procedimiento electoral ordinario y otro; tomando en cuenta el horario constitucionalmente establecido, de las seis [6] a las veinticuatro [24] horas, con la distribución que se hace por cada hora, de dos [2] y hasta tres [3] minutos). Periodos que no pueden ser modificados, cambiados o alterados por el Instituto Federal Electoral, dado que no hay precepto constitucional ni legal que lo faculte para ello.

En efecto, en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartados A y B, de la Constitución federal, el Instituto Federal Electoral solamente está facultado para administrar el tiempo que se precisa en ese precepto constitucional.

Antes bien, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es claro al establecer cuáles son las atribuciones que tiene el Instituto Federal Electoral, como autoridad única en la administración del tiempo del Estado en radio y televisión, para fines electorales

Así, el artículo 49, párrafo 5, del mencionado código electoral federal, dispone que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución federal y el mencionado código electoral otorgan a los partidos políticos. Para tal efecto, en términos del párrafo 6, del citado precepto legal, la autoridad administrativa electoral federal garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir.

A su vez, el artículo 50, del código sustantivo federal electoral, es claro al establecer que las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión mediante el tiempo que administra el Instituto Federal Electoral, para lo cual, de conformidad con el artículo 54, del mismo ordenamiento jurídico, las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al mencionado Instituto Federal Electoral el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines.

Por otra parte, el artículo 68, párrafo 1, del código federal electoral, dispone que en las entidades federativas que tengan jornada electoral coincidente con la elección federal, el Instituto Federal Electoral asignará, para el cumplimiento de los fines propios de las autoridades electorales locales tiempo en radio y televisión conforme a la disponibilidad con que se cuente, al tiempo que se establece, en el artículo 69, párrafo 1, del mismo ordenamiento legal, la prohibición de autorizar a los partidos políticos la disposición de tiempo y la difusión de mensajes, en radio y televisión, en contravención de las reglas constitucional y legalmente establecidas.

En este sentido, es claro que al Consejo General del Instituto Federal Electoral no le está permitido modificar o alterar los tiempos en radio y televisión que, en términos de la Constitución federal, corresponde administrar.

Sólo en vía ejemplificativa cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral debe coordinar la celebración de dos debates entre los candidatos registrados a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo que determine el Consejo General de ese Instituto, órgano que deberá fijar el día y hora en que se llevarán a cabo, así como la duración de cada uno de ellos.

Tales debates deben ser transmitidos, en vivo, por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo los de señal restringida. Es decir, el Instituto Federal Electoral no tiene el deber mucho menos la facultad de adquirir tiempo en radio y televisión, a fin de que se difunda la celebración de debates entre candidatos a la Presidencia de la República, sino que se impone a los permisionarios públicos el deber de hacer esa difusión fuera del tiempo del Estado para fines electorales y sin hacer referencia alguna a los concesionarios de radio y televisión.

En la especie, el Instituto Electoral del Distrito Federal solicitó, a la autoridad administrativa electoral federal, tiempo en radio y televisión, del tiempo del Estado destinado a fines electorales, ello para transmitir dos debates, de una hora treinta minutos de duración cada uno, entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la mencionada entidad federativa; sin embargo, tal como ha sido explicado, el Instituto Federal Electoral solamente puede administrar el tiempo que expresamente le autoriza la Constitución federal, de ahí que no pueda modificar ese tiempo y ni tenga el deber jurídico de adquirir más para la realización de debates entre candidatos.

Ahora bien, es dable mencionar que, en términos del artículo 325, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el Instituto Electoral de la mencionada entidad federativa solamente organizará debates públicos entre los candidatos a los cargos de elección popular, para lo cual debe procurar que la difusión se haga en la totalidad del área geográfica en la cual se verificará la elección de que se trate y convendrá con los medios de difusión públicos y privados lo relativo a la promoción y difusión de esos actos, pero no está previsto que, para ese efecto, la autoridad administrativa electoral local deba solicitar, al Instituto Federal Electoral, tiempo en radio y televisión que corresponde al Estado, para la transmisión de los debates, ni mucho menos está regulado en alguna norma el deber de la autoridad electoral federal de otorgar tiempo a los instituto locales, para los efectos que solicitó el mencionado instituto del Distrito Federal.

En consecuencia, lo procedente conforme a Derecho, es confirmar el acuerdo impugnado.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente VOTO PARTICULAR. Rúbricas.