JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-142/2012 Y SUP-JDC-143/2012.

ACTORES: FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS Y JUAN JOSÉ ZEPEDA GUERRERO.

RESPONSABLES: PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO Y OTROS.

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIOS: OMAR ESPINOZA HOYO Y ELEAEL ACEVEDO VELÁZQUEZ

México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil doce.

VISTOS para acordar sobre la cuestión de competencia planteada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, con relación a los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SG-JDC-1130/2012 y SG-JDC-1131/2012, promovidos por Francisco Javier Rosas Rosas y Juan José Zepeda Guerrero, respectivamente, en contra de la resolución emitida el ocho de enero de dos mil doce, por el Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, en el procedimiento de responsabilidad administrativa identificado con el número 07/2011, tocante a la cual impugnan "únicamente respecto a la inhabilitación por más de seis años para desempeñar cualquier cargo o comisión o actividad dentro del servicio público", y señalan como responsables al Presidente Municipal, al Contralor Municipal y al notificador, todos del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten como antecedentes los siguientes:

1. Cargos públicos. Francisco Javier Rosas Rosas y Juan José Zepeda Guerrero afirman que se desempeñaron como Síndico y Director Jurídico del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, respectivamente, dentro de la administración municipal electa para el periodo constitucional 2007-2009.

2.- Juicio de responsabilidad administrativa. Los actores manifiestan que el veinte de enero de dos mil doce, se enteraron por casualidad del contenido de la resolución de ocho del mismo mes y año, recaída en el procedimiento de responsabilidad administrativa identificado con el número 07/2011, emitida por el Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, por medio de la cual se determinó por parte de esa autoridad municipal, entre otras cosas, inhabilitarlos por seis años para desempeñar cualquier cargo, comisión o actividad dentro del servicio público.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Inconformes con esa sanción, el veintitrés de enero de dos mil doce los actores promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se registraron con las claves SG-JDC-1130/2012 y SG-JDC-1131/2012.

III. Acuerdos de Sala Regional Guadalajara. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, emitió acuerdo plenario en los autos de dichos expedientes, en los cuales, al considerar que era incompetente para conocer de los medios de impugnación y que la competencia se surtía en favor de la Sala Superior, ordenó remitir los expedientes a este órgano jurisdiccional para que decidiera lo que en derecho procediera.

La Sala Regional Guadalajara arribó a la anterior conclusión, toda vez que los actores aducen que la resolución impugnada violenta en su perjuicio su derecho político-electoral a ser votado, sin que se desprenda de su demanda de manera específica para qué elección, lo que a juicio de la Sala Regional, no actualiza alguno de los supuestos de competencia previstos en la ley en forma expresa en favor de las Salas Regionales.

IV. Recepción de expediente en Sala Superior y turno a ponencia. Recibidas las constancias correspondientes, en su oportunidad, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional acordó integrar los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-142/2012 y SUP-JDC-143/2012, y su turno a la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. información emitida por el Presidente Municipal y el Contralor Municipal, ambos del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco. La Sala Regional Guadalajara envió a este Órgano Jurisdiccional diversa documentación que le fue presentada por las mencionadas autoridades, quienes allegaron a los autos un escrito a través del cual hicieron del conocimiento que el veintinueve febrero de dos mil doce, les fue notificado el acuerdo de admisión de las demandas de amparo promovidas por quienes en el presente juicio figuran como actores; dichos juicios de amparo fueron registrados con los números 306/2012 y su acumulado 307/2012, ambos del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; dichas autoridades responsables acompañaron a su escrito, entre otros documentos, copias simples de lo que aseguraron eran las demandas de amparo y el auto admisorio respectivo.

De esas copias se advierte que las demandas garantías fueron admitidas el veintiuno de febrero de dos mil doce; asimismo, que se señalaron como actos reclamados, los siguientes:

Reclamo del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín Hidalgo, Jalisco, la resolución final de fecha 08 ocho de Nero de 2012 dos mil doce, del procedimiento de responsabilidad que se tramita por las autorices responsables y marcado con el número Exp. Admvo. No. RES-07/2011 en la cual indebidamente soy inhabilitado por seis años para desempeñar cualquier cargo o comisión, dentro del servicio público y soy sancionado económicamente.

Asimismo, reclamo del notificador del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín Hidalgo, Jalisco, la omisión y/o defectuosa notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo de responsabilidad que se tramita por el resto de las autoridades responsables y marcado con el número exp. Admvo No. RES-07/2011 por el cual me fue impuesta la sanción mencionada en el párrafo que antecede.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Actuación colegiada. La decisión sobre la competencia planteada por la citada Sala Regional, corresponde al conocimiento de la Sala Superior, mediante actuación colegiada y plenaria, en atención a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 11/99, cuyo rubro es MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR1.

1 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2010, parte correspondiente a Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 385 a 386.

Lo anterior obedece a que la Sala Regional con sede en Guadalajara, Jalisco, estimó que era incompetente para conocer de los referidos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y que la competencia se surtía en favor de la Sala Superior.

En este orden de ideas, lo que al efecto se resuelva, no constituye un acuerdo de mero trámite, porque se trata de determinar si esta Sala Superior es o no competente para conocer y resolver de los citados juicios, razón por la cual se debe estar a la regla mencionada en la citada tesis de jurisprudencia; por consiguiente, debe ser esta Sala Superior, actuando en forma colegiada, la que emita la resolución que en derecho proceda.

SEGUNDO. Aceptación de competencia formal. En concepto de esta Sala Superior, procede asumir competencia de manera formal, porque en la especie, se trata de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos para controvertir la resolución recaída a un procedimiento de responsabilidad administrativa, misma que fue emitida por el Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, e inhabilita a los enjuiciantes por seis años para desempeñar cualquier cargo, comisión o actividad dentro del servicio público, lo cual, aseguran, afecta su derecho político electoral a ser votado, "extraña ’casualidad’ que dicha resolución (dictada en un procedimiento al cual jamás fui oído y vencido) se da años después de mi salida como servidor público, exactamente al inicio de un proceso electoral", de lo que se infiere que los actores estiman que tal sanción afecta su derecho a ser votado, lo que les impedirá participar en el proceso electoral, sin que indiquen a qué cargo público aspiran, lo que impide determinar si se está en alguna hipótesis de competencia establecida en forma expresa por la ley en favor de las Salas Regionales, por lo que al no ser posible determinar que el conocimiento de los presentes juicios corresponde a una Sala Regional, se considera que a esta Sala Superior le corresponde determinar sobre la procedencia de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por lo que tiene competencia formal para hacerlo.

TERCERO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-142/2012 y SUP-JDC-143/2012, se advierte conexidad en la causa, dado que existe identidad en el acto reclamado, los órganos que señalaron como responsables y la pretensión de los actores, toda vez que éstos controvierten la sanción consistente en la inhabilitación por seis años para desempeñar cualquier cargo, comisión o actividad dentro del servicio público que les fue impuesta en el procedimiento de responsabilidad administrativa antes señalado.

En esas condiciones, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es acumular el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-143/2012 al SUP-JDC-142/2012, por ser éste el presentado en primer término, y para facilitar su pronta y expedita resolución conjunta.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado.

CUARTO. Razones para no dar trámite a los medios de impugnación.

Esta Sala Superior considera que no es procedente dar trámite a los presentes juicios ciudadanos, en virtud de que se controvierte una resolución recaída a un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuyo ámbito, como a continuación se explicará, es distinto a la materia electoral y, por tanto, no es posible conocer del acto que se impugna, a través de los medios de impugnación en materia electoral.

Para arribar a la anotada conclusión, es menester tener presente lo siguiente:

A) Las disposiciones contenidas en el Título Cuarto de la Constitución General de la República, tienen por objeto destacar como esencia de la función de los servidores públicos, servir a la colectividad y sujetar ese servicio a los intereses superiores de ésta, como son trabajar por los intereses públicos fundamentales y por el buen despacho de éstos y no cometer violaciones graves a la Ley Suprema, pues en caso de hacerlo, se prevén procedimientos de responsabilidad autónomos: el civil, penal, administrativo y político.

Así, los numerales 108 a 114 de la Carta Magna disponen lo siguiente:

TÍTULO CUARTO

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado

Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 114.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

De lo reproducido se observa que del Título Cuarto de la Constitución federal, denominado "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado", se desprende que la infracción a los principios que rigen su actuación por los servidores públicos que ahí se mencionan, entre otros, de los Poderes de la Unión, del Distrito Federal y de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad (política, penal, administrativa y civil).

La responsabilidad política deriva de los artículos 109, fracción I, y 110 constitucionales, al señalar que puede sujetarse al servidor público al juicio político cuando en el ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; la penal se funda en la fracción II del citado precepto 109 constitucional, al disponer que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; la administrativa se sustenta en la fracción III del indicado artículo 109, al precisar que se aplicarán sanciones de esa naturaleza a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y, finalmente, la civil se infiere del artículo 111 constitucional, al señalar que en las demandas de ese orden entabladas contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia.

Lo anterior revela que el sistema de responsabilidades de los servidores públicos cuenta con un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad, se instituyen órganos, procedimientos, supuestos, sanciones y medios de defensa propios, independientes unos de otros.

Es aplicable al respecto, la ratio essendi de la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que dice:

2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 470.

SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PUEDEN SER SANCIONADOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO IV DE LA LEY SUPREMA. Las reformas al Título Cuarto de la Constitución General de la República y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que lo reglamenta, tuvieron por objeto destacar como esencia de la función de los servidores públicos servir a la colectividad y sujetar ese servicio a los intereses superiores de ésta, como son trabajar por los intereses públicos fundamentales y por el buen despacho de éstos y no cometer violaciones graves a la Ley Suprema, pues en caso de hacerlo se prevén procedimientos de responsabilidad autónomos, el civil, penal, administrativo y político, este último, a través del juicio político que nace como consecuencia de actos que lesionan gravemente instituciones políticas del país, independientemente de que constituyan algún delito o de que el actuar del funcionario pueda motivar una sanción administrativa. Sobre esta base, se concluye que independientemente de que el artículo 110 de la Carta Magna mencione a ciertos servidores públicos como probables sujetos de juicio político por sus actos u omisiones, su responsabilidad puede analizarse a través de los procedimientos destacados, porque aunado a su autonomía, en términos del artículo 108 del Ordenamiento Supremo, para efectos de las responsabilidades por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, se consideran servidores públicos, entre otros, a los funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, concepto que evidentemente abarca a todos los funcionarios a los que puede instaurarse juicio político, independientemente de su jerarquía, y del empleo, cargo o comisión que ocupen o hubieren ocupado.

En consecuencia, si el sistema de responsabilidades de los servidores públicos cuenta con un principio de autonomía, habida cuenta que los procedimientos de responsabilidad política, penal, administrativa y civil son independientes entre sí, a pesar de que provengan de una sola conducta, por mayoría de razón, dichos procedimientos también deben ser independientes respecto de otros regulados por leyes relativas a otras ramas del derecho, incluyendo desde luego la materia electoral.

Tocante al procedimiento de responsabilidad administrativa, cabe decir que tiene por objeto asegurar la óptima prestación del servicio público, de manera que éste corresponda a los intereses de la colectividad; prevé las medidas necesarias para identificar, investigar y sancionar por este medio, el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos al desempeñar su empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, economía y eficacia, determinando si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, por lo que puede concluir sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, tales como la destitución, la inhabilitación y la imposición de una sanción económica.

En otras palabras, los procedimientos de responsabilidad administrativa se instruyen para fincar exclusivamente la indicada responsabilidad por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; tienen como finalidad que los que sean indignos del cargo sean separados de él (vía suspensión o destitución), queden inhabilitados por determinado lapso para ocupar otro cargo público y obligados a resarcir el perjuicio económico causado.

La Carta Magna estatuye que las constituciones de los Estados precisarán, en los mismos términos del artículo 108 constitucional, y para efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y Municipios, así como que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad.

Acorde con lo anterior, la Constitución del Estado de Jalisco establece lo siguiente:

CAPÍTULO I

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo 90.- Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Artículo 91.- Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través de:

I. El juicio político;

II. El procedimiento previsto en la legislación penal, previa declaración de procedencia para los servidores públicos en los casos previstos por esta Constitución;

III. El procedimiento administrativo; y

IV. El procedimiento ordinario.

Artículo 92.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta Constitución; a los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública del Estado o de los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempeño de sus respectivas funciones.

Artículo 93.- La ley que establezca las bases generales de la administración municipal, precisará el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los municipios.

[…]

Artículo 95.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 96.- En los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad.

[…]

CAPÍTULO IV

Del Procedimiento Administrativo

Artículo 106.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 107.- La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos determinará las obligaciones de éstos; las sanciones aplicables por los actos u omisiones indebidos que señala el artículo anterior; los procedimientos y las autoridades encargadas de su aplicación.

Las sanciones consistirán en destitución e inhabilitación, además de las de carácter pecuniario, que se impondrán de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones en que incurra, que no podrán exceder de tres tantos de la cuantificación de éstos.

La autoridad encargada de recibir las declaraciones de situación patrimonial, deberá hacer pública la lista de aquellos ciudadanos que no la hubieren presentado en los términos y bajo las condiciones que establezca la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

La ley señalará los términos de prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia el artículo anterior. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los términos de prescripción no serán inferiores a tres años y tres meses.

De lo reproducido se advierte que la Constitución del Estado de Jalisco prevé, en lo que interesa, que los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través de juicio político; el procedimiento previsto en la legislación penal, previa declaración de procedencia; el procedimiento administrativo, y el procedimiento ordinario (se entiende que en materia civil); y que los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente.

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, habida cuenta que, el procedimiento se desarrollará en forma autónoma; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos determinará las obligaciones de éstos; los procedimientos y las autoridades encargadas de su aplicación, así como las sanciones que se pueden imponer, que consisten en destitución e inhabilitación, además de las de carácter pecuniario, que se impondrán de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones en que incurra, que no podrán exceder de tres tantos de la cuantificación de éstos.

Por su parte, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco dispone, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 1º. Esta ley tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado en materia de:

I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;

II. Las obligaciones de los servidores públicos;

III. Las responsabilidades y sanciones administrativas de los servidores públicos;

IV. Las causas de responsabilidad y sanciones en materia de juicio político;

V. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar sanciones a los servidores públicos que resulten sujetos de responsabilidad;

VI. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia de juicio penal en contra de los servidores públicos que gozan de inmunidad; y,

VII. El registro patrimonial de los servidores públicos.

Artículo 2°. Para los efectos de esta ley, se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en la Constitución Política del Estado de Jalisco; a los miembros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los integrantes del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública del Estado o de los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempeño de sus respectivas funciones.

[…]

Artículo 62. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que comentan actos u omisiones en contravención de cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones.

[…]

Artículo 64. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación por escrito;

III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por ocho días;

IV. Destitución;

V. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y

VI. Sanción pecuniaria.

[…]

Artículo 76. Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de esta ley, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

La interposición del recurso suspenderá, en tanto se resuelve, los efectos de la resolución en cuanto a las sanciones económicas. Tratándose de sanciones de distinta naturaleza a las económicas, sólo procederá la suspensión si no trae como consecuencia la consumación de actos que perjudiquen al interés social o al servicio público.

La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que establezca la resolución, surtirán sus efectos al notificarse la misma y se considerarán de orden público.

De lo transcrito se advierte, en lo conducente, que dicha ley tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado de Jalisco, en materia de responsabilidades y sanciones administrativas de los servidores públicos; para los efectos de la ley aludida, se consideran servidores públicos, entre otros,______________________________________________________________________________________________________________________________ a quienes desempeñen un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública municipal; cuando los actos y omisiones materia de las acusaciones queden comprendidos en más de uno de los casos de responsabilidad política, penal, administrativa o civil previstos en la Constitución del Estado, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente, según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda; no podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza; incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que cometan actos u omisiones en contravención de cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones.

Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación por escrito;

III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por ocho días;

IV. Destitución;

V. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y

VI. Sanción pecuniaria.

Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de dicha ley, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

B) Por otra parte, resulta pertinente tener presente que conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99 y 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen las bases fundamentales de la jurisdicción electoral, se ha instituido un sistema integral de justicia electoral, con el objeto de que todos los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, para lo cual se establece la distribución de competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sistema de distribución de competencias, se reserva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad, para impugnar las leyes electorales, tanto federales como locales, que se consideren contrarias a la Constitución federal.

Por otra parte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponde conocer de los juicios y recursos que se promuevan para controvertir los actos, resoluciones y procedimientos en materia electoral, para el control de su constitucionalidad, legalidad y definitividad, siempre que se impugne por alguna de las vías jurisdiccionales previstas en el artículo 99 de la Constitución General de la República y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con relación a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De lo anterior, se puede concluir que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo se le otorgaron atribuciones para aplicar el derecho a los casos concretos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión.

Sentado lo anterior, se tiene en cuenta que en la especie, los actores promovieron el presente juicio a fin de controvertir la resolución emitida por el Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, en el procedimiento de responsabilidad administrativa identificado con el número 07/2011, de la cual impugnan "únicamente respecto a la inhabilitación por más de seis años para desempeñar cualquier cargo o comisión o actividad dentro del servicio público".

De la lectura del escrito de demanda, se advierte que su pretensión es controvertir la inhabilitación de seis años para desempeñar cualquier cargo, comisión o actividad dentro del servicio público, que entre otras sanciones les fue impuesta en el referido procedimiento de responsabilidad administrativa.

Los actores argumentan en su demanda, fundamentalmente, que la referida sanción, por su naturaleza, viola su derecho a ser votado, "ya que al hacerlo violó en mi perjuicio lo dispuesto por la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución", en razón de que el Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, no es competente para sancionarlos, además de que no se les otorgó la garantía de audiencia y defensa, toda vez que nunca fueron notificados del inicio del mencionado procedimiento de responsabilidad administrativa, aunado a que la resolución correspondiente carece de motivación y fundamentación.

De lo expuesto, esta Sala Superior concluye que en el particular no es posible dar trámite a los presente juicios ciudadanos, porque no quedan comprendidos dentro de la competencia material de este Tribunal, habida cuenta que, si bien es cierto que conforme al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA"3, para considerar procedente el mencionado medio de impugnación es suficiente que en la demanda se argumente que se concreta alguno de los supuestos de procedibilidad del juicio, previstos en forma amplia y general, en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aun cuando no se concrete alguno de los supuestos específicos previstos en el artículo 80 de la misma Ley General, también es verdad que la sanción de que se duelen los actores, no emana de un acto electoral o administrativo-electoral, sino de un procedimiento de responsabilidad administrativa, que es autónomo y prevé las medidas necesarias para identificar, investigar y sancionar por ese medio, el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos al desempeñar su empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, economía y eficacia y cuenta con sus propios medios de defensa.

3 Consultable en la Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, parte correspondiente a jurisprudencia, volumen 1, páginas 364-365.

Por esa razón, aun en el supuesto de que dicha inhabilitación pudiera afectar el derecho de acceder en el futuro a un cargo público, ello, en el caso, por sí sólo, no provoca que el acto del que emana esa sanción, pueda ser controvertido a través de los medios de impugnación en materia electoral, habida cuenta que la ley que prevé la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Estado de Jalisco, establece un medio de defensa y puede ser hecho valer por los actores, por lo que no quedan en estado de indefensión.

Encuentra apoyo lo anterior, en la ratio essendi, de la jurisprudencia emitida por esta Sala Superior4, cuyo rubor y texto son del tenor siguiente:

4 Consultable en la Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, parte correspondiente a jurisprudencia, volumen 1, página 357.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE PARA CONTROVERTIR RESOLUCIONES PENALES.—De lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI; 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que, en el régimen integral de justicia electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no es procedente para controvertir la suspensión de derechos político-electorales, decretada en resoluciones emitidas en un procedimiento penal, como el auto de formal prisión o en alguna otra determinación judicial, en tanto que tales resoluciones tienen naturaleza y régimen jurídico distinto al Derecho Electoral.

A mayor abundamiento, cabe decir que los actores controvierten la inhabilitación por seis años para desempeñar cualquier cargo, comisión o actividad dentro del servicio público que le fue impuesta; pero de la resolución reclamada, se advierte que también se les impuso una sanción económica.

Esas sanciones se les impusieron al encontrarlos responsables, junto con otros servidores públicos, de haber iniciado un procedimiento administrativo "sin que se cumpliese con las formalidades establecidas en la ley de la materia y sin que se tuviesen las pruebas necesarias que acreditaran en efecto la falta e irregularidad imputada al servidor público Mario Rafael López García, lo que ha ocasionado un gravamen y obligación al patrimonio de este ayuntamiento en cantidad de $238,214.44 (doscientos treinta y ocho mil doscientos catorce pesos 44/100) por concepto del pago del laudo definitivo del juicio laboral número 1091/2007-C1 de fecha 29 de enero de 2009, más los que se acumulen hasta el total cumplimiento del laudo".

La materia de la impugnación es inescindible, porque la revisión de la resolución reclamada, no se puede separar en forma simple, esto es, que un órgano jurisdiccional electoral justiprecie la inhabilitación, y otro de naturaleza administrativa analice la sanción económica, porque ambas emanan de que se les atribuye a los actores haber iniciado un procedimiento administrativo "sin que se cumpliese con las formalidades establecidas en la ley de la materia y sin que se tuviesen las pruebas necesarias que acreditaran en efecto la falta e irregularidad imputada al servidor público Mario Rafael López García, lo que ha ocasionado un gravamen y obligación al patrimonio de este ayuntamiento"; por tanto, un sólo órgano jurisdiccional debe conocer de ambas sanciones para no dividir la continencia de la causa, que pudiera dar lugar a resoluciones contradictorias, por lo que en el presente caso, ordinariamente lo será el previsto por la ley de responsabilidades de los servidores públicos aplicable y no en la legislación electoral.

Encuentra apoyo lo anterior, en la ratio essendi, de lo jurisprudencia sustentada por esta Sala Superior5, que es del tenor siguiente:

5 Consultable en la Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, parte correspondiente a jurisprudencia, volumen 1, páginas 210-211.

CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN. De la interpretación funcional de los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes electorales estatales que recogen las reglas y principios jurídicos propios de los medios de impugnación, se concluye que no se puede escindir la continencia de la causa con determinaciones parciales. Lo anterior es así, porque cualquier proceso impugnativo debe concluir necesariamente con una sola resolución, en la que se comprendan todas las cuestiones concernientes al mismo, en su individualidad y en su correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las pretensiones y defensas opuestas. Esta situación resulta de la naturaleza de la jurisdicción electoral, de los valores que protege y de los fines que persigue, toda vez que se trata de procesos concentrados en muy pocas actuaciones, en donde se tiene el propósito de hacer frente eficazmente a las necesidades de especial celeridad en la tramitación, sustanciación y resolución, como únicos instrumentos idóneos para resarcir a los promoventes en el goce y disfrute de los derechos conculcados o de enmendar oportunamente las irregularidades de un proceso, antes de que se tornen irreparables por la definitividad; esto con el objeto de concluir el ejercicio democrático con apego a los principios fijados en la ley fundamental, en donde la fragmentación de la contienda constituiría un atentado a dichas calidades definitorias, en tanto que multiplicaría innecesariamente las actuaciones, en contravención al principio de concentración; fomentaría mayor extensión en la prosecución de la causa; propiciaría el incremento de instancias; dividiría la continencia de la causa con perjuicio del mejor conocimiento que puede proporcionar la vista conjunta de todas las cuestiones planteadas, en su individualidad y correlación; generaría la posibilidad de resoluciones incompletas; abriría cauces para resoluciones contradictorias; podría dar lugar a reposiciones de procedimientos en detrimento de los plazos breves que son necesarios para su resolución definitiva; rompería con la continuidad necesaria y conveniente en el trámite y en el tiempo, y hasta podría generar la irreparabilidad de las violaciones u obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las sentencias.

En este contexto, resulta claro que no es posible dar trámite a los presentes juicios ciudadanos, por lo que quedan a salvo los derechos de los actores, para que los hagan valer en los términos que estimen conveniente; en consecuencia, quedan a su disposición el escrito de demanda y sus anexos; al ser devueltos a los interesados los documentos atinentes, glósense en su lugar al expediente copias certificadas.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E:

PRIMERO. La Sala Superior es competente formalmente para decidir lo que en derecho corresponda respecto de la procedencia de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Se acumula al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-142/2012, el diverso juicio SUP-JDC-143/2012. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, al expediente del juicio acumulado.

TERCERO. No ha lugar a dar trámite a las demandas presentadas por Francisco Javier Rosas Rosas y Juan José Zepeda Guerrero, en contra de la resolución emitida el ocho de enero de dos mil doce, por el Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, en el procedimiento de responsabilidad administrativa identificado con el número 07/2011.

CUARTO. Quedan a salvo los derechos de los actores, para que los hagan valer en los términos que estimen conveniente. Quedan a su disposición el escrito de demanda y sus anexos; al ser devueltos a los interesados los documentos atinentes, glósense en su lugar al expediente copias certificadas.

Notifíquese. Personalmente los actores por conducto de la Sala Regional Guadalajara, en auxilio de esta Sala Superior, en el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada de esta resolución, a la citada Sala Regional así como a las autoridades municipales señaladas como responsables; y por estrados a los demás interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 27; 28 y 29, párrafos 1 y 3, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.