JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-68/2012

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIOS: ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FERNANDO RAMIREZ BARRIOS Y JOSÉ ARTEMIO ROVELO GARRIDO

México, Distrito Federal, once de abril de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido del Trabajo, a través de su representante propietario ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Campeche, a fin de impugnar la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, el ocho de marzo de dos mil doce, en el recurso de apelación JII-E/RA/01/11-2012,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo expuesto por las partes y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Pérdida de derechos y prerrogativas estatales del Partido del Trabajo. En la vigésima cuarta sesión extraordinaria celebrada el día catorce de octubre de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche emitió acuerdo número CG/080/09, por medio del cual declaró la pérdida de los derechos y prerrogativas del Partido del Trabajo en la referida entidad federativa, en virtud de no haber obtenido el mínimo de porcentaje de votación requerido por la ley, en las elecciones del cinco de julio del referido año.

2. Acuerdo de Consejo. El veinticinco de enero de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, emitió el acuerdo CG/003/12, mediante el cual determinó el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas como entidades de interés público, de representación política, y el establecido en la fracción X del artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que les corresponderá a los Partidos Políticos y a la Agrupación Política Estatal para el ejercicio fiscal 2012.

3. Recurso de recurso de apelación local. El veintinueve de enero de dos mil doce, el actor promovió recurso de revisión en contra del Acuerdo citado, mismo que fue tramitado como recurso de apelación por ser la vía correcta.

4. Resolución del recurso de apelación. El ocho de marzo siguiente, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche emitió resolución en el expediente Jll-E/RA/01/11-2012, mediante el cual confirmó el acuerdo impugnado.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con lo anterior, el doce siguiente, el actor promovió "recurso de reconsideración", mismo que fue recibido en la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, el catorce de marzo del mismo año.

1. Acuerdo de Sala Regional. Mediante acuerdo plenario de dieciséis de marzo siguiente, la Sala Regional mencionada determinó reencauzar a juicio de revisión constitucional y remitir el expediente del asunto citado y sus anexos a esta Sala Superior, para el efecto de someter a su consideración la competencia para conocer del asunto de referencia.

2. Remisión. Por oficio SG-JAX-311 /2012, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veinte de marzo siguiente fue remitido el expediente SX-AG-17/2012.

3. Trámite y turno. El veinte de marzo del año en curso, mediante oficio número TEPJF-SGA-1671/12, suscrito por el Subsecretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, se turnó a la ponencia del Magistrado Presidente de esta Sala Superior el expediente del Asunto General SUP-AG-56/2012, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Acuerdo de Competencia. Por acuerdo de Sala de veintiocho de marzo de dos mil doce, esta Sala Superior asumió competencia para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral.

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido del Trabajo, por considerar satisfechos todos los requisitos de procedibilidad y, al no existir trámite pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción dejando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver del presente juicio de revisión constitucional electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 86, párrafo 1, y 87, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de lo dispuesto en el acuerdo plenario de competencia de veintiocho de marzo de este año.

Lo anterior, porque se trata de un juicio de revisión constitucional electoral interpuesto por el Partido del Trabajo para contravenir la resolución del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche en el recurso de apelación Jll-E/RA/01/11-2012 relacionado, entre otras cuestiones, con el otorgamiento de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que reciben los partidos políticos en las entidades federativas, lo cual corresponde a esta Sala Superior.

SEGUNDO. Procedencia y requisitos especiales de procedibilidad. El presente juicio cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

a) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto impugnado, y en él consta el nombre y firma autógrafa de quien promovió a nombre del Partido del Trabajo ante, el domicilio para oír y recibir notificaciones y la ciudadana autorizada para tal efecto, la identificación del acto combatido, los hechos materia de la impugnación y la expresión de agravios atinente.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido oportunamente, toda vez que la determinación combatida fue del ocho de marzo de dos mil doce. Por tanto, si la demanda del juicio se presentó ante la autoridad responsable el doce de marzo siguiente, tomando en consideración que en el estado de Campeche se encuentra en desarrollo el proceso electoral para la elección de Ayuntamientos y Diputados, por ambos principios, deben de tomarse en cuenta como hábiles el sábado diez, domingo once, resulta claro que la presentación del juicio se dio dentro del plazo legal de cuatro días establecido al efecto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c) Legitimación. En el caso, el juicio es promovido por el Partido del Trabajo, parte legítima de conformidad con lo establecido en el artículo 88, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello, porque el dispositivo jurídico en comento contempla que esta clase de juicios sólo pueden ser incoados por los partidos políticos y, en el caso, el actor es el Partido del Trabajo.

d) Personería. El requisito bajo estudio se encuentra colmado, en razón de que Antonio Gómez Saucedo, se encuentra acreditado como representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, lo cual es un hecho reconocido por la autoridad responsable.

e) Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 577 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche en contra de la resolución que se emite en un recurso de apelación no cabe juicio o medio de impugnación alguno, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en cuestión.

f) Violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cumple también con este requisito, toda vez que dicha exigencia es de naturaleza formal, de manera que para su cumplimiento basta el señalamiento de que el acto o resolución impugnado vulnera determinados preceptos constitucionales, al margen de que se actualice o no tal violación, porque esto último constituye la materia de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior se apoya en el criterio contenido en la jurisprudencia número S3ELJ 02/97, emitida por esta Sala Superior y consultable de las páginas 354 a 355 de la Compilación Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2010, cuyo rubro y texto son:

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.

g) Violación determinante. En el caso que se analiza, se cumple el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección.

Lo anterior, ya que esta Sala Superior ha sostenido que dicho requisito puede ser acreditado en el caso de actos relacionados con el financiamiento público, cuando las violaciones aducidas constituyan causas o motivos suficientes para provocar o dar origen a una alteración o cambio sustancial de cualquiera de las etapas o fases del proceso comicial, o del resultado de las elecciones.

El criterio anterior se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia Consultable en Justicia Electoral. Compilación 1997-2010, Jurisprudencia en Materia Electoral, jurisprudencia Volumen 1, páginas 315 a 317, de rubro: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

En la especie, el demandante controvierte la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, el ocho de marzo de dos mil doce, mediante la cual, en lo que interesa, confirmó el Acuerdo CCG/003/12 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la misma entidad federativa, que determina el monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas como entidades de interés público, de representación política, y el establecido en la fracción X del artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que les corresponderá a los partidos políticos y a la Agrupación Política Estatal para el ejercicio fiscal 2012.

En el caso, el partido político actor manifiesta que la resolución viola su derecho a recibir financiamiento público por diversos conceptos.

h) Reparación material y jurídicamente posible. En el presente caso este requisito también se cumple, pues de resultar fundados los agravios hechos valer por el partido actor, sería factible ordenar, de inmediato, que la responsable empiece a suministrar las ministraciones de financiamiento público al partido político actor, ya que actualmente se está desarrollando el proceso electoral en el Estado de Campeche para renovar autoridades Municipales y Diputados, por ambos principios, al Congreso del Estado.

TERCERO. Resolución impugnada. El Partido del Trabajo impugna la resolución recaída al recurso de apelación Jll-E/RA/01/11-2012, la cual, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:

‘OCTAVO.- Análisis de fondo del asunto. A continuación procederemos al análisis del agravio expresado por el recurrente Antonio Gómez Saucedo, en su carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Estado de Campeche, en contra del "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DETERMINA EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COMO ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA, y EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, QUE LES CORRESPONDERÁ A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012" marcado con el número CG/008/12, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su 2a Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha veinticinco de enero del año en curso, en el cual se estableció el Financiamiento Público de los Partidos Políticos, así como el tipo y monto de financiamiento que para el Ejercicio Fiscal 2012, corresponde a cada partido político, atendiendo a las condiciones particulares de cada uno, entre ellas la vigencia de su registro, porcentajes de votación obtenida en la última elección, representación en el Congreso del Estado y vigencia de sus derechos y prerrogativas estatales, esto último considerando que en todos los casos se trata de partidos políticos con registro de carácter Nacional; lo anterior en términos de lo previsto por las disposiciones aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

Ahora bien, el Partido del Trabajo señala esencialmente como agravio que el acuerdo controvertido es ilegal al aplicar indebidamente el artículo 70, fracciones X y X!, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, y excluirlo del derecho de recibir el financiamiento público relativo al sostenimiento de oficina y de representación ante el Consejo General del Instituto Electoral Estado de Campeche; al que tiene derecho como Ente Político Nacional debidamente registrado y acreditado ante el citado instituto, ello en términos de los artículos 41, 83, 89, 92 y 95 del aludido Código.

Además refiere que, resulta fuera de toda lógica que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, le reconozca por un lado, el derecho para contender como Ente Político Nacional en este Proceso Estatal Electoral Ordinario 2012, y por el otro, le niega el derecho a percibir el financiamiento relativo al sostenimiento de sus oficinas y a tener un representante ante el referido Consejo General. Trasgrediendo con ello el acuerdo impugnado, los mencionados artículos, así como el numeral 95 del Código de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Campeche, el cual nunca señala que exclusivamente se tenga derecho a conceptos de actividades ordinarias y gastos de campaña, ni limita ni excluye las demás prerrogativas, pues nunca menciona de forma expresa, tácita o implícita que los financiamientos correspondientes al mantenimiento de oficina y el relativo a la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, queden anulados por el simple hecho de haber perdido el registro estatal.

A juicio de este Juzgado Segundo Electoral son INFUNDADOS los conceptos de agravio, por las razones que a continuación se exponen:

Para hacer evidente lo anterior, este órgano jurisdiccional especializado considera pertinente transcribir, en su parte conducente, el siguiente precepto constitucional, el cual considera transgredido el actor:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 41.- (Se transcribe)

De lo anterior, se advierte que los partidos políticos nacionales, podrán participar en los procedimientos electorales de las entidades federativas, esto es, la posibilidad de que se vinculen a las actividades político-electorales de las entidades federativas, en los términos fijados en su respectiva legislación.

Por tanto, puedan participar en los procedimientos electorales locales en todas sus etapas, además de intervenir es cualquier actividad que esté regida por la legislación electoral local.

Aunado a lo anterior, si se tiene en consideraron que la existencia de los partidos políticos nacionales trasciende al ámbito territorial de las entidades federativas, es innecesario que en la normativa electoral local, se establezcan disposiciones relativas a la existencia y organización de los partidos políticos nacionales, en tanto que se deben limitar a incluir las reglas que consideren necesarias para permitir la participación de los citados institutos políticos nacionales en los procedimientos electorales que se celebren.

Cabe precisar que la participación de los partidos políticos nacionales en los procedimientos electorales locales, incluye también la prerrogativa a recibir financiamiento público estatal, rendición de cuentas respecto de los recursos públicos locales —a efecto de la fiscalización correspondiente— y la observancia de las reglas específicas que rigen esos procedimientos electorales locales.

Por tanto, la participación de los partidos políticos nacionales no es absoluta, ni regida por las normas que la Federación prevea para los partidos políticos nacionales, sino que de conformidad con el mencionado precepto constitucional, es conforme a la legislación constitucional y legal de la entidad federativa que corresponda.

En este contexto, es claro que la intervención de los partidos políticos nacionales, como en el caso lo es el Partido del Trabajo, en las entidades federativas, en el particular Campeche, no es acorde a lo previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino a la legislación electoral local.

Ahora bien, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, se advierte que en forma alguna el legislador previó como supuesto, para los partidos políticos nacionales, la posibilidad de pérdida del registro, pues ello, en efecto, es un acto que corresponde única y exclusivamente al Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, sí previo la posibilidad de cancelación o la suspensión de prerrogativas y derechos estatales. En efecto, la legislación electoral federal y local así lo prevé, y para una mejor comprensión, se transcriben los artículos atinentes:

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Artículo 116.- (Se transcribe)

"Constitución Política del Estado de Campeche"

Artículo 24.- (Se transcribe)

Código de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche

Artículo 41.- (Se transcribe)

Artículo 43.- (Se transcribe)

Artículo 70.- (Se transcribe)

Artículo 83.- (Se transcribe)

Artículo 84.- (Se transcribe)

Artículo 89.- (Se transcribe)

Artículo 90.- (Se transcribe)

Artículo 91.- (Se transcribe)

Artículo 95.- (Se transcribe)

Del cúmulo de disposiciones anteriores se desprenden las normas a considerar para el asunto de mérito.

1. En la Constitución Federal se dispone que los partidos políticos son entidades de interés público cuyos fines son: promover la participación del pueblo en la democracia, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio.

2. En el artículo 41 bases I, II y III de la Constitución Federal se establece tanto la naturaleza de dichos institutos políticos como sus fines y prerrogativas, notas esenciales comunes a partidos federales o locales; pero sobre todo, de dichas disposiciones se advierte la exclusividad de la actuación de los federales en las elecciones federales.

En cambio, en el diverso artículo 116 del citado ordenamiento, en su norma IV, se establece lo relativo a la naturaleza, fines y prerrogativas de los institutos políticos locales; pero sobre todo, la participación de ambos en las elecciones locales.

3. Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, ahí se advierte la legalidad del acto controvertido al permitirle al Partido del Trabajo, participar en este Proceso Estatal Electoral Ordinario 2012.

4. Las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar, en materia electoral, que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las relacionadas con la obtención del voto durante los procesos electorales.

5. Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en los procesos electorales locales y a recibir financiamiento público estatal, conforme con las disposiciones del código local electoral, es decir, de acuerdo a las reglas y a los supuestos legales que en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, se prevean.

6. Una de las prerrogativas de los-partidos políticos consiste en el derecho de recibir financiamiento público de manera equitativa y proporcional para el desarrollo de sus actividades.

7. En el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche se considera como partidos políticos tanto a los estatales con registro local como a los nacionales con registro federal.

8. En la Constitución local y en el Código Electoral de Campeche se dispone que los partidos políticos estatales que hayan mantenido su registro o los nacionales su acreditación después de cada elección, tendrán derecho al financiamiento público; este se compondrá de las partidas destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico, así como los demás derechos y prerrogativas.

9. Para ello, en el caso específico de los partidos políticos nacionales deberán exhibir anualmente al Instituto Electoral Local, su constancia de la vigencia de su registro ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

10. Los partidos políticos nacionales deberán cumplir además con una condición para recibir financiamiento público local, y disfrutar de derechos y prerrogativas; haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, o en su caso haber participado en dicha elección en cuando menos catorce distritos electoral uninominales.

11. El partido político que no alcance el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa perderá todos los derechos y prerrogativas que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

12. El Instituto Electoral del Estado de Campeche, es el órgano público autónomo al que corresponde el ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales; su órgano superior de dirección es el Consejo General.

13. El Consejo General determina, en ejercicio de sus atribuciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 178, fracciones IX y XI, del Código Electoral Local, lo relativo a la prerrogativa de los partidos y agrupaciones políticas, así como la pérdida de los derechos y prerrogativas que el código de la materia otorga a los partidos políticos nacionales debidamente acreditados.

14. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la sesión que siga a la calificación de la elección, deberá declarar, una vez cumplidos los requisitos y realizada la condición, el derecho a recibir financiamiento público, y al derecho de los partidos políticos nacionales a seguir conservando los derechos y prerrogativas estatales.

15. El financiamiento público será calculable anualmente, considerando a todos los partidos políticos con registro y se entregará mensualmente.

Ahora bien, de la aplicación de las normas a los hechos referidos resulta válido afirmar que el Partido del Trabajo:

1. Es un instituto político registrado en el Instituto Federal Electoral como partido político nacional.

2. Tienen como fin constitucional promover la participación del pueblo en la democracia, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio.

3. Por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a participar, entre otras, en las elecciones estatales, bajo la normatividad propia de cada uno de los Estados Soberanos.

4. Tanto en la Constitución Política del Estado de Campeche, como en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, se garantiza que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para la consecución de sus fines, así como, las prerrogativas a que tiene derecho.

5. El deber de garantizar de manera equitativa el derecho al financiamiento público y los derechos y prerrogativas, se encuentra regulado fundamentalmente en los artículos 24, fracción II, inciso a) de la Constitución Estatal y, 83 del Código Electoral Local.

6. Según se dispone en el Código Electoral Local, tienen derecho a participar en los procesos electorales locales y a recibir financiamiento público estatal, en términos de lo que disponga la propia ley.

7. Esto es, tienen derecho a participar en los procesos electorales locales, pero deben acreditar que han mantenido su registro federal para tener acceso al financiamiento público y a disfrutar de los derechos y prerrogativas locales, mismo que se integra con las partidas destinadas al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico, así como las del mantenimiento de oficinas y de representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

8. Como partidos políticos nacionales que mantienen su acreditación, debieron además haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación válida estatal de diputados al Congreso del Estado bajo el principio de mayoría relativa, en las elecciones anteriores, para conservar sus derechos y prerrogativas estatales.

Además, de una interpretación sistemática y funcional de las normas contenidas en los artículos 41 y 95 del código electoral respectivo y del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, se pueden extraer los siguientes principios:

a) equidad, consistente en aplicar las mismas reglas a los partidos políticos que participen en la elección loca!, sin importar si son nacionales o locales;

b) derecho al financiamiento y al otorgamiento de derechos y prerrogativas con base en recursos estatales y no federales;

c) régimen de sujeción normativa local, es decir, aplicación de normas locales por tratarse de elección local;

d) representatividad significativa para tener derecho al financiamiento público y al otorgamiento de prerrogativas y derechos; y

e) establecimiento de elementos objetivos para la obtención de dicho financiamiento, en función del grado de representatividad en los electores.

Al respecto, sirve de apoyo el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 158/2007 y sus acumuladas 159/2007, 160/2007, 161/2007 y 162/2007:

"De aceptarse que un partido que no alcanzó cuando menos el tres por ciento de la votación requerida tiene derecho al financiamiento público por el hecho de contar con registro nacional, ello si contravendría el principio de equidad electoral, en la medida que en igualdad de circunstancias un partido estatal que tampoco obtuvo dicho porcentaje de la votación no tendría derecho a dicho financiamiento. Además, no debe perderse de vista que se trata de recursos estatales y no federales, por lo que ambos tipos de partidos deben estar sujetos a las mismas disposiciones locales con independencia del tipo de registro con que cuenten, pues con esto se cumple en su extensión con el principio de equidad en materia electoral, aplicando las mismas reglas a los partidos que participan en el mismo ámbito local.

Incluso, debe destacarse que, atendiendo al interés público que tienen los partidos políticos, éstos tienen como fin el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; es por esto que se instituye en las disposiciones fundamentales, el otorgamiento de financiamiento público para que los partidos políticos logren sus fines; pero, por la misma razón, si dentro del ámbito local, los partidos políticos que fueron beneficiados con este tipo de financiamiento no logran una representatividad significativa para el logro de los fines que persiguen, no se justifica el acceso al financiamiento público cuyo otorgamiento busca, precisamente, el que los partidos políticos cumplan con dichos fines.

Finalmente, debe resaltarse que el porcentaje fijado en el artículo cuestionado, es un elemento objetivo al que la Legislatura Local acude para determinar el grado mínimo de representatividad que deben tener los partidos políticos en el Estado para tener derecho al financiamiento público, por lo que, atendiendo a la facultad que tiene para legislar en el régimen interior de la entidad, debe concluirse que tal porcentaje no rompe con el principio de equidad en materia electoral, pues el mismo porcentaje se aplica a todos los partidos que participan en ese ámbito y a juicio de la Legislatura es el elemento indicativo de la representatividad de los partidos que justifica el otorgamiento de dicho financiamiento."

Es decir, el financiamiento público local a los partidos políticos debe ser otorgado garantizando el principio de equidad, el cual se encuentra establecido en la base II, inciso a) del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche y en el artículo 83, inciso b), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, con la finalidad de otorgar un derecho igualitario para que todos los partidos, y en especial, el de acceder al financiamiento y a las prerrogativas y derechos, de acuerdo con las circunstancias o condiciones propias de cada uno, de tal manera que cada partido reciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde a su situación particular. En otras palabras, un tratamiento equitativo es aquel que se da entre todos aquellos partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias, el cual, el mismo artículo 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, tutela al otorgar a los partidos políticos nacionales que pierdan sus derechos y prerrogativas estatales como financiamiento para actividades ordinarias y para gastos de campaña, la cantidad equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado, respectivamente, como sucede en el caso del Partido del Trabajo, a fin de que dicho partido pueda participar con sus candidatos en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012, ello para no atentar contra el principio de equidad a que refieren los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche. De ahí que resulta incorrecto lo aseverado por el recurrente.

En concreto, en el artículo 41, párrafo segundo, se establece la negativa de financiamiento público y de los derechos y prerrogativas estatales, por no haber obtenido el porcentaje mínimo de votos en la anterior contienda electoral de diputados locales, o cuando no se participe en dicha elección en cuando menos catorce distritos electorales uninominales.

Por tanto, se insiste, que el partido político nacional que no haya alcanzado el umbral mínimo del porcentaje de votos exigido en la normativa electoral local, perderá sus derechos y prerrogativas locales.

Además, la razón de permitir a un partido político que no alcanzó el porcentaje requerido, contender en el próximo Proceso Estatal Electoral Ordinario, no es romper con la regla de equidad establecida en el artículo 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni mucho menos una contradicción en la suspensión de sus derechos y prerrogativas, ya que ello, le permitiría demostrar su grado de penetración, presencia y fuerza electoral actual, y de esta manera tener la posibilidad, en su caso, de acceder de nueva cuenta a los derechos y prerrogativas estatales que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

En este sentido, es de señalarse que es precisamente el Proceso Electoral Estatal en curso, el que con sus resultados determinará si el Partido del Trabajo tendrá acceso de nueva cuenta a los derechos y prerrogativas estatales establecidas por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en la forma y términos previstos por el mismo ordenamiento, lo anterior considerando el tratamiento que como partido político estatal se le ida al mismo para efectos de las elecciones respectivas, de conformidad con lo repuesto por el artículo 41 en relación con el artículo 57 del referido Código. Inclusive ese derecho respeta el principio de equidad que regula nuestra Carta Magna ya que podrá acceder; al financiamiento público necesario de acuerdo a sus circunstancias o condiciones propias, siendo éste, el financiamiento para actividades ordinarias y para gastos de campaña, la cantidad equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado, respectivamente a fin de que dicho partido pueda participar con sus candidatos en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012.

Ahora bien, los antecedentes particulares del Partido del Trabajo, relativo a porcentajes de votación obtenida en la última elección y vigencia de sus derechos y prerrogativas estatales por tratase de un Partido Político de carácter Nacional, permiten establecer que fue correcto el actuar del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ello es así, porque, tomó en consideración el acuerdo número CG/080/09, que aprobara en la Sesión Extraordinaria de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DECLARA LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS ESTATALES DEL PARTIDO DEL TRABAJO", el cual fuera confirmado por este órgano jurisdiccional electoral al resolverse el Recurso de Apelación número JII/RA/19/PT/2009, y en el cual se determinara que el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, no está basado en un solo derecho; ya que el primer párrafo del artículo citado otorga las prerrogativas de los partidos políticos, las cuales se encuentran condicionadas a lo estipulado en el párrafo segundo del mismo precepto legal; mismo que establece contundentemente lo siguiente: "...perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código..."; tal y como se ha hecho referencia en la presente sentencia, además confirmándose, que el Partido del Trabajo, se encontraba en los supuestos que establece el artículo 41 in fine del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, toda vez que en los resultados de las pasadas elecciones del día cinco de julio de dos mil nueve, una vez resueltas las Sentencias de fondo recaídas en los Juicios de Inconformidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, determinó los nuevos resultados, por lo que el Partido del Trabajo recibió 4720 (SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE) votos, lo que representaba un 1.4291% de votación, circunstancia que generaba la pérdida de sus derechos y prerrogativas estatales, hecho notorio para este Juzgado Segundo del Ramo Electoral de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Campeche, en términos del artículo 515 del referido Código.

Criterio, que es reiterado por este órgano jurisdiccional, toda vez, que los artículos 41, 83 inciso b) y 89 en relación con el 95 del citado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, señalan que los Partidos Políticos Nacionales tienen derecho a participar en las elecciones Estatales y Municipales y a recibir el financiamiento público que en términos del citado Código se mencionen y que de manera equitativa les corresponda, como si fuesen un partido político estatal; siempre y cuando:

a) Presenten anualmente al instituto Electoral del Estado de Campeche, su constancia de registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Obtenga por lo menos el 2% de la votación en la elección de diputados locales, o que participen en dicha elección en cuando menos 14 distritos electorales uninominales.

Ya que, en caso de no satisfacerlos, perderían los derechos y prerrogativas que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, encontrándose dentro de ellos el financiamiento público a que refieren los artículos 70, fracciones X y XI, 89, 90, 91, 92 y 93 del citado Código, con excepción de los querefiere el numeral 95, y que hace referencia sólo en el caso de año electoral, consistentes en: percibir la cantidad que importe el equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias y una cantidad igual por concepto de financiamiento para gastos de campaña, de acuerdo al calendario presupuestal aprobado para el año electoral de que se trate.

De ahí, que aún y cuando el Partido del Trabajo cuenta actualmente con registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, que lo constituye como un Partido Político de carácter nacional, también lo es que dicho Partido Político Nacional, perdió todos sus derechos y prerrogativas estatales, en virtud de no haber logrado obtener en la última elección de diputados locales,-celebrada en el 2009-, el porcentaje mínimo de votación señalados en la ley de la materia como uno de los requisitos indispensables para conservar dichos derechos y prerrogativas, circunstancia que lo coloca en el supuesto normativo previsto por el artículo 95 del Código en comento, relacionado con el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

Es de mencionarse que el Partido Actor, inclusive en su escrito de demanda de fecha veintisiete de enero del año dos mil doce, recepcionado ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche con fecha veintinueve de febrero del mismo año, a través del cual interpone el siguiente medio de impugnación, reconoce que efectivamente mediante el referido Acuerdo, perdió sus derechos y prerrogativas como ente de interés público en la entidad.

Además, como se ha mencionado al corresponderle al legislador local establecer los alcances de la forma en cómo intervendrá el Partido Político Nacional en la entidad, así como los límites, derechos y prerrogativas, y al señalar éste, que en el caso de no alcanzar el porcentaje exigido o no registrar el mínimo de candidatos, tendrá como consecuencia, se le suspendan todos los derechos y prerrogativas a los que tenía el Partido Político derecho con excepción de los referidos en el numeral 95, ya mencionado, luego entonces, resulta apegada a derecho lo considerado por la Autoridad Responsable en el Acuerdo Controvertido, ya que de una interpretación sistemática, gramatical y funcional con los artículos 41, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, se permite apreciar, que el Partido Político Nacional, podrá contender en las elecciones locales, pero solo percibiendo los derechos y prerrogativas que en el artículo 95 se refieren.

Esto es, si bien es cierto, se le concede el derecho a seguir participando en las elecciones estatales y municipales y a recibir el financiamiento público correspondiente, pero los mismos, sólo será de acuerdo con sus condiciones particulares actuales, ello, para no atentar contra el principio de equidad a que refieren los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y 83, inciso b), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

Resultando por ende, infundado lo aseverado por el actor, toda vez que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realizó una interpretación y aplicación correcta, del artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, al no privar al Partido del Trabajo de su derecho a participar en el proceso electoral en curso, ni mucho menos de recibir el financiamiento público que la propia legislación autoriza atendiendo a su condición actual.

Es decir, el acuerdo controvertido, no es violatorio del artículo 70, en sus fracciones X y XI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en cuanto al Partido del Trabajo se refiere, ya que al no otorgarle el financiamiento público relativo al sostenimiento de oficina y de representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, no se le está negando un derecho o prerrogativa a que tenía derecho, ya que tal y como ha quedado referido, mediante acuerdo número CG/080/09, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobado en la Sesión Extraordinaria de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, se declaró la pérdida de sus derechos y prerrogativas estatales, incluidos los antes citados, conservándose sólo los establecidos en el numeral 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

Asimismo, es de aludirse, que es incorrecta la interpretación vertida por el actor, de querer sustentar su derecho á recibir financiamiento público para el sostenimiento de una oficina y el de representación política, alegando que se le está privando de un financiamiento sin que el Código señale expresamente que el partido que representa no tiene derecho a percibir dicho financiamiento, y que se le ha permitido contar con dicha representación, porque tal y como ha quedado señalado en el presente Considerando, el hecho de que al Partido del Trabajo se le haya permitido acreditar representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, fue atendiendo a lo dispuesto por el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, el cual refiere que los partidos políticos nacionales, pueden participar en las elecciones estatales y municipales, y con el propósito de hacer participe a dicho instituto político, a través de su representación ante el Consejo General, de todos y cada uno de los actos y actividades relacionados directamente con las diferentes etapas del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012. Máxime que para este año se le está otorgando un financiamiento destinado específicamente para gastos de campaña, situación que de ninguna manera implica la obligación para la autoridad electoral local de otorgarle financiamiento público para sostenimiento de una oficina y para apoyo económico de su representante propietario ante el Consejo General, previstos por las fracciones X y XI del artículo 70 en relación con el 89, fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, respectivamente, los cuales corresponden a los partidos políticos no sólo con registro sino también con derechos y prerrogativas estatales vigentes, que no es el caso del Partido del Trabajo. Es decir, el hecho de que el Partido del Trabajo cuente con registro nacional vigente y representación ante el Consejo General para efectos del Proceso Electoral Estatal Ordinario en curso, de ninguna manera lo faculta legalmente para recibir el Financiamiento Público de Representación Política, contemplada por la fracción IV del artículo 89 del Código de la materia, relacionado con el apoyo económico para el sostenimiento de oficina y para el representante propietario acreditado, derivadas de las fracciones X y XI del artículo 70 del referido Código, las cuales se conceden como prerrogativas estatales, toda vez que el artículo 41 del mismo Código especifica que el Financiamiento Público a otorgar a los partidos políticos nacionales al darles un tratamiento como partidos estatales, será el que les corresponda. De ahí que, si el Partido del Trabajo, al haber perdido sus derechos y prerrogativas estatales, únicamente le corresponde el financiamiento consignado en el artículo 95 del citado ordenamiento legal, el cual sólo refiere que los partidos políticos nacionales que hubiesen perdido sus derechos y prerrogativas estatales tendrán derecho a percibir la cantidad que importe el equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche por concepto de financiamiento para actividades ordinarias y una cantidad igual por concepto de financiamiento para gastos de campaña, excluyendo por ende los relativos a actividades especificas como entidades de interés público y actividades de representación política ante el Consejo General del instituto Electoral del Estado de Campeche, a que hacen referencia las fracciones III y IV del artículo 89 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, y las fracciones X y XI del artículo 70, del citado Código.

Se reitera, el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, prevé que los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones federales como en las locales; sin embargo, en el caso de las últimas, señala expresamente el precepto constitucional que, "la ley determinará ... las formas específicas de su intervención en el proceso electoral", es decir, la intervención de los institutos políticos nacionales está sujeta a las disposiciones legales que para esos procesos electorales -los locales- establezcan los legisladores locales.

Asimismo, los partidos políticos deben contar con un mínimo de representatividad que les permita ser no sólo viables sino también entidades de interés público funcionales, ya que de lo contrario, no podrían alcanzar los fines que tienen asignados constitucionalmente, a saber: I) promover la participación del pueblo en la vida democrática del país; II) contribuir a la integración de la representación nacional, y, III) como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

De ahí que sería indeseable para la consolidación o desarrollo de un sistema de partidos plural y competitivo que un partido que no alcanzó un mínimo de fuerza electoral siguiera gozando de derechos, prerrogativas, dentro de las cuales se encuentran las de representación o gastos de oficina.

El pretender que partidos políticos con escasa representatividad o insuficiente fuerza electoral, medida con un criterio objetivo en función de los resultados obtenidos en una elección, conserven todos sus derechos y prerrogativas haría disfuncional el sistema de partidos, toda vez que entrañaría mantener el registro, con las inherentes prerrogativas y derechos electorales, de una entidad que ha dejado de ser funcional para alcanzar los fines constitucionales que tiene encomendados, es decir, no existen elementos mínimos de representatividad.

Asimismo, el porcentaje exigido, para que un partido político estatal mantenga su registro y uno nacional mantenga sus prerrogativas estatales -artículos 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche-, no es un porcentaje inequitativo si se tiene en cuenta que dicho porcentaje se dirige tanto a los partidos políticos locales registrados como a los partidos políticos nacionales acreditados; es decir, a todos aquellos partidos que se ubiquen en la misma situación, de tal manera que no existe un trato diferenciado entre partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias, de ahí que es acorde con el numeral 83, inciso b), del referido Código.

Ahora bien, por otra parte, así como los partidos políticos locales con registro local y los partidos políticos nacionales con acreditación ante el órgano electoral local adquieren su derecho para recibir financiamiento público estatal, de la misma forma, es congruente con el principio de igualdad, que si los partidos políticos locales en el Estado pierden su derecho a recibir financiamiento cuando no hayan obtenido el porcentaje mínimo de votación en una elección local anterior, también esa misma consecuencia de pérdida de derecho a recibir financiamiento sea aplicada a los partidos políticos nacionales que tampoco hayan obtenido ese porcentaje.

Conforme al artículo 41, base I, de la Constitución Federal los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Ante tal disposición, el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, garantiza la participación de los partidos políticos nacionales en el ámbito estatal, además señala que para que un partido político disfrute de sus prerrogativas estatales, debe obtener cuando menos, el dos por ciento de la votación, en las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa.

Una votación menor al 2% señalado de los partidos políticos locales conduce a la pérdida de su registro y la misma situación, a la pérdida de derecho a recibir financiamiento, así como también de los partidos nacionales.

No entender de esta forma al sistema electoral de Campeche, conduciría a la posibilidad del absurdo de que un partido político nacional, a pesar de haber obtenido una votación ínfima de unos cuantos votos o de ninguno, no percibiera financiamiento público en el ámbito local, por los dos años interproceso, y a su resurrección automática al inicio del siguiente proceso electoral, aunque para entonces el partido político nacional careciera totalmente de militantes y acciones en el estado, lo cual se podría repetir sucesivamente por muchos procesos electorales, pues tal situación desvirtuaría total y absolutamente la clara finalidad perseguida por la ley, de conceder financiamiento público estatal sólo a los partidos políticos nacionales que representan una opción o corriente ciudadana local, a través del cumplimiento de las obligaciones que le impone la legislación electoral de Campeche, al autorizar que un partido totalmente ajeno, distante de la entidad; obtuviera parte del dinero destinado a las actividades de los partidos políticos sin justificar su actividad correlativa.

De esa manera, la única forma en que un partido político nacional recupere su derecho a percibir financiamiento, que no es lo mismo que acreditación, es sólo a partir de que realice un trabajo intenso en los años previos al proceso electoral para fortalecer su militancia en la entidad, lo cual podría traer como consecuencia la reanudación de su presencia y por tanto, la satisfacción del requisito de obtener cuando menos el 2% de la votación en la elección de diputados de mayoría relativa.

De esa forma, son correctas las consideraciones expuestas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, ya que debe regir el principio de igualdad de todos ante la ley, en lo que respecta a las condiciones en que los partidos políticos nacionales o locales, conserven o pierdan su derecho a recibir financiamiento público o sus derechos y prerrogativas.

Por ello, a juicio de esta Autoridad, no le asiste la razón al impugnante, ya que como quedó indicado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante Acuerdo Número CG/080/09, aprobó la cancelación del Financiamiento Público estatal otorgado al Partido del Trabajo, así como la pérdida de todos sus derechos y prerrogativas previstas por el Código de la materia, ello en virtud de no haber obtenido el mínimo de porcentaje de votación como lo señala el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 95 del Código en mención, dicho partido político deberá recibir como financiamiento público por concepto de gastos de campaña, el importe equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche. En este sentido, considerando la cantidad de $59.08 (Son: cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.) como monto del salario mínimo diario general vigente en la entidad, multiplicado por 12 meses que conforman el año, arroja la cantidad de $177,240.00 (Son: ciento setenta y siete mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), la cual equivale al total que le corresponderá recibir anualmente para sus gastos de campaña, y que, al dividirla entre 5, resulta la cantidad de $35,448.00 (Son: treinta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), la cual le corresponderá percibir al Partido del Trabajo durante los meses de enero a mayo del año 2012 por dicho concepto.

Cabe recalcar, que la autoridad electoral local no le excluye al Partido del Trabajo su derecho de recibir financiamiento público, que solamente se le otorgará el antes mencionado, según las condiciones en las que el mismo se encuentra, siendo éste el previsto por el artículo 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche. Si bien es cierto que el Partido del Trabajo cuenta actualmente con registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, que lo constituye como un partido político de carácter nacional, lo cual se reconoció y respetó por parte de la referida autoridad electoral al hacerlo participe del Proceso Electoral Estatal Ordinario en curso, desde el momento en que inició el día seis de enero del presente año, así como el derecho a otorgarle el Financiamiento Público correspondiente, también lo es que dicho partido político nacional, al no haber logrado obtener en la última elección de diputados locales celebrada en ese año, el porcentaje mínimo de votación señalados en la ley de la materia como uno de los requisitos indispensables para conservar dichos derechos y prerrogativas, se coloca en el supuesto normativo previsto por el señalado artículo 95 del Código en comento, el cual está relacionado con el artículo 41 del mismo ordenamiento, ya que contempla el otorgar a los partidos políticos nacionales que pierdan sus derechos y prerrogativas estatales como financiamiento para actividades ordinarias y para gastos de campaña, cantidad equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado, respectivamente, como sucede en el caso, del Partido del Trabajo, en el cual se le concede el derecho a seguir participando en las elecciones estatales y municipales y a recibir el financiamiento público correspondiente, pero de acuerdo con sus condiciones particulares actuales.

Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandi, las siguientes Tesis:

"FINANCIAMIENTO. EL PREVISTO POR EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO A) CONSTITUCIONAL, ES EXCLUSIVO DE AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE HAYAN CONTENDIDO EN LOS ÚLTIMOS COMICIOS Y QUE OBTUVIERON POR LO MENOS EL DOS POR CIENTO DE LA VOTACIÓN EN ALGUNA DE LAS ELECCIONES FEDERALES ORDINARIAS". (Se transcribe).

"FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DERECHO A RECIBIRLO CONCLUYE CON LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO". (Se transcribe).

En consecuencia, del análisis del acuerdo impugnado frente los motivos de inconformidad vertidos por el apelante en relación a que se le excluye del derecho de recibir parte del presupuesto aprobado como financiamiento relativo al sostenimiento de oficina y de representación ante este órgano, se advierte que contrariamente a Io que este aduce, el acuerdo por este medio impugna, se encuentra apegado a los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica. Como lo señala el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche; todo Partido Político Nacional que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en la elección de diputados locales, o que no participe en dicha elección en cuando menos catorce distritos electorales uninominales, perderá todos sus derechos y prerrogativas que establece el citado Código, entre éstos el de recibir el financiamiento público en la forma y términos establecidos por los artículos 70, fracciones X y XI, 89, 90, 91, 92 y 93 del mismo Código, que corresponde a los partidos políticos con registro vigente y representación en el Congreso del Estado, o a los partidos con registro y sin dicha representación, según el caso. Por tanto, tienen en su lugar el derecho a percibir únicamente como financiamiento público, la cantidad que importe el equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado por concepto de Actividades Ordinarias y una cantidad igual para Gastos de Campaña. Por lo que si bien es cierto que el Partido del Trabajo cuenta actualmente con registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, que lo constituye como un partido político de carácter nacional, lo cual se reconoció y respetó por parte de la autoridad electoral local al hacerlo participe del Proceso Electoral Estatal Ordinario en curso, desde el momento en que inició el día seis de enero del presente año, y otorgarle el Financiamiento Público correspondiente, en estricto apego de lo dispuesto por el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, también lo es que dicho partido político nacional, tal y como el mismo impugnante lo acepta expresamente en su escrito de cuenta, "perdió por acuerdo del Consejo General en el año 2009 todos sus derechos y prerrogativas estatales", en virtud de no haber logrado obtener en la última elección de diputados locales celebrada en ese año, el porcentaje mínimo de votación señalados en la ley de la materia como uno de los requisitos indispensables para conservar dichos derechos y prerrogativas. Circunstancia que lo coloca en el supuesto normativo previsto por el artículo 95 del Código en comento, el cual relacionado con el artículo 41 del mismo ordenamiento le concede el derecho a seguir participando en las elecciones estatales y municipales y a recibir el financiamiento público correspondiente, pero de acuerdo con sus condiciones particulares actuales. En otras palabras, no se le exime al Partido del Trabajo su derecho de participar en el proceso electoral en curso, ni de recibir el financiamiento público correspondiente, sino que solamente se le otorgará el financiamiento público que, dado a las condiciones en las que el mismo se encuentra, le corresponde y que resulta ser el previsto por el artículo 95 del multicitado Código.

De manera que la autoridad responsable dio debido cumplimiento a la correcta vigilancia apegándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, al efectuar una revisión exhaustiva, objetiva, legal e imparcial que se llevó a cabo en los datos contenidos en los informes y demás documentación comprobatoria, tal y como se observa del contenido del dictamen impugnado, siendo éste indudablemente el de equidad, el cual, aplicado al tema del financiamiento público de los partidos políticos, se traduce esencialmente en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos puedan acceder a dicho financiamiento, de acuerdo con las circunstancias o condiciones propias de cada uno, de tal manera que cada partido reciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde a su situación particular. En otras palabras, un tratamiento equitativo es aquel que se da entre todos aquellos partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias, lo cual el mismo artículo 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche prevé al otorgar a los partidos políticos nacionales que pierdan sus derechos y prerrogativas estatales como financiamiento para actividades ordinarias y para gastos de campaña, únicamente la cantidad equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado, respectivamente, como sucede en el caso del Partido del Trabajo, a fin de que dicho partido pueda participar con sus candidatos en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012.

Es de mencionarse, que esta postura tiene como base un estudio minucioso del documento impugnado, así como las documentales publicas que obran en el presente asunto, las cuales adquieren el valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos los cuales fueron emitidos por una autoridad, y este órgano resolutor le otorga valor probatorio en término de lo que establece el numeral 50, en su fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

En este orden de ideas, es obvio que no se le asiste la razón al impugnante y en consecuencia, se confirma el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DETERMINA EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COMO ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO. DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA, Y EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, QUE LES CORRESPONDERÁ A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012", aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su 2ª Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha veinticinco de enero del año en curso, mediante el Acuerdo número CG/003/12, en el cual se estableció el financiamiento Público de los Partidos Políticos, así como el tipo y monto de financiamiento que para el Ejercicio Fiscal 2012, corresponde a cada partido político.’

CUARTO. Estudio de Fondo. El juicio de revisión constitucional electoral es un medio de impugnación de estricto Derecho, en el cual se deben cumplir indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, cabe destacar lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que en los juicios de revisión constitucional electoral, no procede la suplencia de la queja deficiente, de ahí que esos juicios sean de estricto Derecho, y por ende, esta Sala Superior no pueda suplir las deficiencias u omisiones en los conceptos de agravio.

Al respecto, si bien para la expresión de conceptos de agravio, esta Sala Superior ha admitido que, se pueden tener por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también es cierto que, como requisito indispensable, se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado y, los motivos que lo originaron.

Además, este Tribunal Federal ha sentado el criterio que la regla de estricto Derecho, no es obstáculo para que los conceptos de agravio aducidos por los enjuiciantes, en los medios de impugnación, se puedan advertir de cualquier capítulo del escrito inicial, debido a que no es requisito sine qua non que estén contenidos en el capítulo especial de conceptos de agravio, porque se pueden incluir, en cualquier parte del escrito inicial de demanda, siempre y cuando se expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se concluya que la responsable o bien no fundó en determinada disposición constitucional o legal, siendo aplicable; o bien hizo una incorrecta interpretación de la norma.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por esta Sala Superior en las Jurisprudencias 03/2000 y 02/98, consultables a fojas ciento diecisiete a ciento diecinueve, de la "Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", "Jurisprudencia", volumen 1, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son, respectivamente, "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL".

Así, se tiene que los conceptos de agravio deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tuvo al resolver.

Por ende, al expresar cada concepto de agravio, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral, debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, así los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando:

- No controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnado;

- Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los expresados en el medio de impugnación local, sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones medulares que sirven de sustento a la autoridad responsable para desestimar los conceptos de agravio aducidos en la instancia local;

- Se formulan conceptos de agravio que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable, de suerte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto;

- Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir, y

- Se enderecen conceptos de agravio, que pretendan controvertir un acto o resolución, definitivo y firme.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los conceptos de agravio no tendrían eficacia alguna para revocar o modificar la sentencia impugnada.

Ahora bien, en el ocurso del partido ahora actor, éste se limita a repetir lo expresado en el recurso de apelación, como se demuestra en el cuadro que se presenta a continuación1, por lo que, acorde con lo establecido, tales manifestaciones resultan inoperantes.

1 En el cuadro correspondiente se subrayan las partes que son distintas o fueron suprimidas respecto de la demanda con la que se compara.

Demanda de recurso de apelación

Demanda de juicio de revisión constitucional electoral.

A G R A V I O S:

Resolución que causa agravios al partido político que represento, en cuanto a las siguientes consideraciones de derecho:

PRIMERO: Causa agravios al Partido del Trabajo, la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado combatida mediante esta vía, en cuanto al punto número siete de hechos, ya que se nos excluye del derecho de recibir parte del presupuesto aprobado como financiamiento relativo a SOSTENIMIENTO DE OFICINA Y DE REPRESENTACIÓN ANTE ESTE ÓRGANO, fundándose en el artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, el cual señala:

Artículo 70: Son derechos de los Partidos Políticos con registro ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche:

Fracción X: percibir anualmente, en ministraciones mensuales, un apoyo para el sostenimiento de una oficina conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo, equivalente a la parte que le corresponda respecto del doce por ciento del monto total del financiamiento asignado para actividades ordinarias permanentes del año de que se trate, dividido en partes iguales entre todos los partidos políticos debidamente acreditados.

Fracción XI: Percibir anualmente en ministraciones mensuales y conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo, un apoyo económico para el representante propietario acreditado ante el Consejo General de instituto Electoral del Estado de Campeche, equivalente a la parte que le corresponda respecto del 8% del monto total del financiamiento asignado para actividades ordinarias permanentes del año de que se trate, dividido en partes iguales entre todos los partidos políticos debidamente acreditados.

Puesto que se pasa por alto lo que en su efecto señala el artículo 41 del citado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyo texto dice:

Artículo 41: Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales y a recibir el financiamiento público correspondiente, como si fuesen un partido político estatal, siempre y cuando presenten anualmente al Instituto Electoral del Estado de Campeche su constancia de registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto en relación con lo que señala el artículo 83 del Código de la materia, que reza:

Artículo 83: Son prerrogativas de los partidos políticos:

a) Tener acceso a la radio y a la televisión en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

b) Recibir en los términos de este Código, el financiamiento público que le corresponda de manera equitativa para sus actividades.

El cual también se encuentra enlazado con lo que señala el artículo 89 del Código de la materia que señala:

Artículo 89: Art. 89.- El financiamiento público a los Partidos Políticos será para:

I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes;

II. Gastos de campaña;

III. Actividades específicas como entidades de interés público; y

IV. Actividades de la Representación Política ante el Consejo General del Instituto.

De lo cual se aprecia el derecho que le asiste al Partido del Trabajo, como ente político nacional debidamente registrado y acreditado ante este instituto, no sólo de participar en las elecciones estatales y municipales en el Estado de Campeche, sino también de recibir el financiamiento público que marca la ley electoral en los numerales ya citados, con la sola excepción hecha en el mismo Código de la materia, en sus artículos 92 y 95, que al texto dicen:

Artículo 92: El otorgamiento del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público se ajustará a las siguientes reglas:

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos, sus Institutos o Fundaciones, serán apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del reglamento respectivo; y

II. El Consejo General destinará anualmente un monto equivalente al 50 % del total del financiamiento público que corresponda a todos los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias permanentes, mismo que se distribuirá de la siguiente manera:

a) El 50% se dividirá de forma igualitaria entre los Partidos Políticos que hubiesen conservado su registro en la última elección de diputado local o que hubiesen obtenido su registro con fecha posterior a dicha elección; y

b) El 50% restante se distribuirá conforme al porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos que hubiesen obtenido una representación en el Congreso del Estado en la elección de diputado inmediata anterior.

Artículo 95: Los partidos políticos nacionales que hubiesen perdido sus derechos y prerrogativas estatales tendrán derecho a percibir la cantidad que importe el equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche por concepto de financiamiento para actividades ordinarias y una cantidad igual por concepto de financiamiento para gastos de campaña. Las cantidades correspondientes les serán entregadas conforme al calendario presupuestal aprobado para el año electoral de que se trate.

Sin que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche señale expresamente que el Partido del Trabajo, al participar en el presente proceso electoral como entre político nacional no tenga derecho a percibir las prerrogativas y financiamiento correspondientes a sostenimiento de oficinas y al de las actividades de la representación política ante este Consejo General del Instituto Electoral del Estado, puesto que de hecho resulta fuera de toda lógica que este Consejo reconozca el derecho del Partido del Trabajo para contender como ente político nacional en este proceso electoral, pero le niegue el derecho a percibir el financiamiento relativo al sostenimiento de sus oficinas y al relativo a tener un representante ante su Consejo General porque en el caso se nos permite contar con dicha representación, la cual ostenta un servidor, tal como lo acredito con copia certificada por este instituto en original y copias simples, donde se demuestra mi personalidad como tal, mismas que previo cotejo y compulsa solicito la devolución de la original; sin embargo a ello se me niega el financiamiento respectivo, por lo cual, en forma clara, el acuerdo que se combate transgrede las normas de derecho electoral ya señaladas, puesto que el contenido del artículo 95 de! citado ordenamiento, si bien establece una cantidad específica y diferente a la que se otorgará a los partidos políticos que hayan conservado su registro estatal, para nuestro partido por concepto de actividades ordinarias y gasto de campaña, no menos cierto es que nunca señala que exclusivamente se tenga derecho a esas partidas pues es una regla especial que se debe aplicar para el cálculo del monto a otorgar por ambos conceptos de actividades ordinarias y gastos de campaña, pero que en ningún modo omite ni excluye las demás prerrogativas, pues nunca señala de forma expresa, tácita o implícita que los financiamientos correspondientes a mantenimientos de oficina y el relativo a la representación del partido ante el Consejo General queden anulados por el simple hecho de haber perdido el registro estatal.

Por lo cual, debe entenderse, a la interpretación formal y lógica de la ley electoral, tal como rezan los numerales 41, en relación con el 70 en su fracción XI y 83 inciso b del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que si le asiste la razón y el derecho al Partido del Trabajo para reclamar en la presente vía que se deje insubsistente el acuerdo combatido en su parte conducente y en su lugar se reconozca el derecho de nuestro partido para recibir la parte que corresponda conforme a derecho, correspondiente al financiamiento de sostenimiento de oficina y el relativo a la representación ante el Consejo General de este Instituto.

Fundamos la presente impugnación, en lo que establecen los numerales; 487, 488 fracción II, 489, 491, 494, 496, 497, 507 fracción I, 597 y demás correlativos aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

A G R A V I O S:

Resolución que causa agravios al partido político que represento, en cuanto a las siguientes consideraciones de derecho:

PRIMERO: Causa agravios al Partido del Trabajo, la resolución del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado, en tanto que confirma la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, combatida mediante recurso de apelación, en cuanto al punto número siete de hechos, ya que se nos excluye del derecho de recibir parte del presupuesto aprobado como financiamiento relativo a SOSTENIMIENTO DE OFICINA Y DE REPRESENTACIÓN ANTE ESTE ÓRGANO, fundándose en el artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, el cual señala:

Artículo 70: Son derechos de los Partidos Políticos con registro ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche:

Fracción X: percibir anualmente, en ministraciones mensuales, un apoyo para el sostenimiento de una oficina conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo, equivalente a la parte que le corresponda respecto del doce por ciento del monto total del financiamiento asignado para actividades ordinarias permanentes del año de que se trate, dividido en partes iguales entre todos los partidos políticos debidamente acreditados.

Fracción XI: Percibir anualmente en ministraciones mensuales y conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo, un apoyo económico para el representante propietario acreditado ante el Consejo General de instituto Electoral del Estado de Campeche, equivalente a la parte que le corresponda respecto del 8% del monto total del financiamiento asignado para actividades ordinarias permanentes del año de que se trate, dividido en partes iguales entre todos los partidos políticos debidamente acreditados.

Ello sin tomar en consideración lo que en su efecto señala el artículo 41 del citado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyo texto dice:

Artículo 41: Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales y a recibir el financiamiento público correspondiente, como si fuesen un partido político estatal, siempre y cuando presenten anualmente al Instituto Electoral del Estado de Campeche su constancia de registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto en relación con lo que señala el artículo 83 del Código de la materia, que reza:

Artículo 83: Son prerrogativas de los partidos políticos:

a) Tener acceso a la radio y a la televisión en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

b) Recibir en los términos de este Código, el financiamiento público que le corresponda de manera equitativa para sus actividades.

El cual también se encuentra enlazado con lo que señala el artículo 89 del Código de la materia que señala:

Artículo 89: Art. 89.- El financiamiento público a los Partidos Políticos será para:

I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes;

II. Gastos de campaña;

III. Actividades específicas como entidades de interés público; y

IV. Actividades de la Representación Política ante el Consejo General del Instituto.

De lo cual se aprecia el derecho que le asiste al Partido del Trabajo, como ente político nacional debidamente registrado y acreditado ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, no sólo de participar en las elecciones estatales y municipales en el Estado de Campeche, sino también de recibir el financiamiento público que marca la ley electoral en los numerales ya citados, con la sola excepción hecha en el mismo Código de la materia, en sus artículos 92 y 95, que al texto dicen:

Artículo 92: El otorgamiento del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público se ajustará a las siguientes reglas:

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos, sus Institutos o Fundaciones, serán apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del reglamento respectivo; y

II. El Consejo General destinará anualmente un monto equivalente al 50 % del total del financiamiento público que corresponda a todos los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias permanentes, mismo que se distribuirá de la siguiente manera:

a) El 50% se dividirá de forma igualitaria entre los Partidos Políticos que hubiesen conservado su registro en la última elección de diputado local o que hubiesen obtenido su registro con fecha posterior a dicha elección; y

b) El 50% restante se distribuirá conforme al porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos que hubiesen obtenido una representación en el Congreso del Estado en la elección de diputado inmediata anterior.

Artículo 95: Los partidos políticos nacionales que hubiesen perdido sus derechos y prerrogativas estatales tendrán derecho a percibir la cantidad que importe el equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche por concepto de financiamiento para actividades ordinarias y una cantidad igual por concepto de financiamiento para gastos de campaña. Las cantidades correspondientes les serán entregadas conforme al calendario presupuestal aprobado para el año electoral de que se trate.

Ya que dichas disposiciones rigen de manera inmediata posterior al proceso en el que no se obtiene el dos por ciento de la votación o se ha perdido el registro del partido; sin embargo ahora existe un nuevo proceso electoral, en el cual nuestro partido ha presentado y acreditado debidamente ante la autoridad electoral estatal su constancia de vigencia a nivel nacional, requisito que hace que tengamos derecho a percibir las prerrogativas y financiamiento correspondientes a sostenimiento de oficinas y al de las actividades de la representación política ante este Consejo General del Instituto Electoral del Estado, puesto que de hecho resulta fuera de toda lógica que este Consejo reconozca el derecho del Partido del Trabajo para contender como ente político nacional en este proceso electoral, pero le niegue el derecho a percibir el financiamiento relativo al sostenimiento de sus oficinas y al relativo a tener un representante ante su Consejo General porque en el caso se nos permite contar con dicha representación, la cual ostenta un servidor, tal como lo acredito con copia certificada por este instituto en original y copias simples, donde se demuestra mi personalidad como tal, mismas que previo cotejo y compulsa solicito la devolución de la original; sin embargo a ello se me niega el financiamiento respectivo, por lo cual, en forma clara, el acuerdo que se combate transgrede las normas de derecho electoral ya señaladas, puesto que el contenido del artículo 95 de! citado ordenamiento, si bien establece una cantidad específica y diferente a la que se otorgará a los partidos políticos que hayan conservado su registro estatal, para nuestro partido por concepto de actividades ordinarias y gasto de campaña, no menos cierto es que nunca señala que exclusivamente se tenga derecho a esas partidas tratándose de un nuevo proceso electoral en el cual hemos acreditado los extremos legales para tener derecho a todas y cada una de las prerrogativas con que cuentan los demás partidos.

 

Por lo cual, debe entenderse, a la interpretación formal y lógica de la ley electoral, tal como rezan los numerales 41, en relación con el 70 en su fracción XI y 83 inciso b del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que si le asiste la razón y el derecho al Partido del Trabajo para reclamar en la presente vía que se deje insubsistente el acuerdo combatido en su parte conducente y ahora la sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, el cual no toma en consideración bajo una debida fundamentación y motivación todos y cada uno de los preceptos legales ya señalados y es por ello que acudimos a la presente instancia a efecto de que se declare nuestro derecho a recibir el financiamiento de ley sin restricción alguna ya que como se ha señalado entramos al presente proceso con todos los derechos que nos da haber acreditado los extremos del artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que señala:

Del cuadro anterior, se advierte que salvo algunas modificaciones relativas, principalmente, en adecuarse la demanda a hacer referencia a quien emitió la resolución impugnada y a realizar una consideración consistente en señalar que la responsable no tomó en consideración bajo una debida fundamentación y motivación los preceptos legales señalados, las demandas de apelación y revisión son prácticamente iguales, por lo que las manifestaciones expresadas en esta última en forma alguna pueden servir de base para modificar o revocar la resolución reclamada al tratarse de meras reiteraciones de lo expresado en el juicio primigenio, de tal forma que a través de ellas en forma alguna se controvierten las consideraciones referidas por la responsable para dar contestación a tales motivos de inconformidad.

Por lo expuesto, es claro que las manifestaciones de apelación que se reiteran en el presente medio de impugnación no controvierten ninguna de las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, de ahí lo inoperante.

Por otra parte, el partido actor expresa que la resolución reclamada se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la responsable dejó de considerar que actualmente se desarrolla un nuevo proceso electoral en la entidad, por lo cual, al encontrarse acreditado ante la autoridad administrativa estatal electoral tiene derecho a recibir financiamiento para sostenimiento de oficina y gastos de representación.

El agravio es fundado.

En efecto, del análisis sistemático de la normatividad aplicable se advierte que los partidos políticos estatales que cuenten con su registro correspondiente, o bien, los partidos políticos nacionales acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche tienen derecho a recibir financiamiento para actividades de representación política ante el Consejo General de dicho instituto.

En primer término, importa precisar que el agravio se refiere única y exclusivamente al financiamiento que el partido actor denomina para sostenimiento de oficina y gastos de representación, por lo cual, el presente juicio, al tratarse de un medio de impugnación de estricto derecho, se limitará al análisis de dicha cuestión.

En segundo lugar, para estar en aptitud de dar debida contestación al agravio en cuestión es necesario precisar el marco normativo correspondiente.

Al respecto, este órgano jurisdiccional ha estimado que la participación de los partidos políticos nacionales en los procedimientos electorales locales, incluye también la prerrogativa a recibir financiamiento público estatal, rendición de cuentas respecto de los recursos públicos locales —a efecto de la fiscalización correspondiente— y la observancia de las reglas específicas que rigen esos procedimientos electorales locales, en los términos fijados en su respectiva legislación.

Esta participación no es absoluta, ni regida por las normas que la Federación prevea para los partidos políticos nacionales, sino que de conformidad con los artículos 41 y 116 constitucionales, es conforme a la normativa electoral de la entidad federativa que corresponda.

Asimismo, la intervención de los institutos políticos nacionales en los procesos electorales de las entidades federativas no es ipso facto, sino que requiere de un acto de autoridad, previa solicitud hecha a la autoridad administrativa local que corresponda, a efecto de que se acredite que el partido político nacional ha de participar en la vida política de la entidad federativa respectiva.

Lo anterior, tiene sustento en los principios de certeza y seguridad jurídica, que deben regir los procedimientos electorales, pues sólo con la acreditación que haga la autoridad administrativa electoral local, encargada de la función pública y ciudadana de llevar a cabo los procedimientos electorales en la entidad que corresponda; los ciudadanos, autoridades y demás sujetos de Derecho Electoral, pueden tener la certeza y seguridad jurídica de qué institutos políticos han de participar.

Por tanto, la acreditación de un partido político nacional, en el ámbito de las entidades federativas, en forma alguna es a fin de darle existencia jurídica, como si lo hace el registro ante el Instituto Federal Electoral; sino que, única y exclusivamente, es a efecto de que puedan participar en la vida política de esa entidad federativa.

Obtener la acreditación de un partido político nacional, ante la autoridad administrativa electoral local, trae consigo diversas consecuencias jurídicas:

1.Obtención de financiamiento público estatal.

2.Derecho a postular candidatos a cargos de elección popular en la entidad federativa que corresponda.

3.Deber jurídico de llevar contabilidad, respecto del financiamiento público estatal, para efecto de rendir informes de las cuentas a la autoridad administrativa electoral local.

4.Deber de observar la normativa electoral de la entidad federativa que corresponda.

En este contexto, la pérdida de la acreditación de un instituto político nacional ante la autoridad electoral local tiene como consecuencia la pérdida del derecho a obtener financiamiento público y a participar en la vida política de la entidad federativa, hasta en tanto, solicite nuevamente la acreditación correspondiente y cumpla los requisitos previstos para ello.

De lo anterior es posible advertir que, aún cuando los partidos políticos nacionales se rigen por los ordenamientos constitucional y legal del ámbito federal, cuando participan en procedimientos electorales locales, se deben sujetar a la respectiva legislación electoral del Estado; sin embargo, lo anterior no significa que en una legislación electoral local se puedan válidamente agravar o aligerar las obligaciones y deberes en general a que los partidos políticos nacionales están compelidos por la Constitución federal y por la ley que rige detalladamente su constitución, organización y funcionamiento, esto es, por las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues ello implicaría aceptar la existencia de competencias concurrentes de las autoridades federales y locales, legislativas, administrativas y jurisdiccionales, respecto de un mismo objeto de regulación, lo cual trastocaría el sistema de distribución de competencias establecido por la Ley Fundamental.

Lo anterior se encuentra contenido en el criterio que ha sido sustentado por esta Sala Superior en la tesis XXXVII/99, consultable a fojas mil cuatrocientas cuarenta y cinco a mil cuatrocientas cuarenta y siete, de la "Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", "Tesis", volumen 2, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU ACTUACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES ELECTORALES DE LOS ESTADOS, CUANDO ACTÚAN EN EL ÁMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES".

En ese tenor, el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y Municipales y a recibir el financiamiento público correspondiente, como si fuesen un partido político estatal, siempre y cuando presenten anualmente al Instituto Electoral del Estado de Campeche su constancia de registro vigente ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Acorde con lo dispuesto los partidos políticos nacionales tiene la obligación de presentar anualmente al Instituto Electoral del Estado de Campeche su registro correspondiente ante el Instituto Federal Electoral, para efectos de su acreditación.

Al respecto, en el presente asunto no existe controversia en torno a la circunstancia de que el Partido del Trabajo se encuentra acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo que en término de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal cuestión no es materia de prueba.

Esto es así, porque el Partido del Trabajo en su demanda de revisión constitucional afirma categóricamente que "ahora existe un nuevo proceso electoral, en el cual nuestro partido ha presentado y acreditado debidamente ante la autoridad electoral estatal su constancia de vigencia a nivel nacional.." (foja 6 del ocurso).

Tal afirmación en forma alguna es negada o controvertida por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Asimismo, en la especie, existen indicios que permiten advertir que el Partido del Trabajo solicitó su acreditación ante el Instituto Electoral de la entidad federativa.

Al respecto, según consta a foja ciento veintidós del cuaderno accesorio único del presente expediente, el Partido del Trabajo presentó ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche la constancia de su registro como partido político nacional y existe la certificación correspondiente expedida por el Secretario del Ejecutivo de dicho órgano, en virtud de la cual indica que tal constancia obra en los archivos del instituto.

Por su parte, en la página sesenta y seis de la versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche celebrada el veinticinco de enero de dos mil doce, en la cual, entre otras cuestiones, se aprobó el acuerdo originalmente impugnado. En dicha versión estenográfica se advierte que en todo momento los integrantes del consejo reconocen y se dirigen al representante del Partido del Trabajo con esa calidad y reconociéndole ese carácter, por ejemplo, cuando se le otorga el uso de la palabra.

Asimismo, dicho representante en diversas intervenciones aduce que el Partido del Trabajo solicitó y obtuvo su acreditación ante el Instituto Electoral del Estado, al cumplir con todos los requisitos correspondientes, situación que en forma alguna es controvertida por alguno de los integrantes del citado órgano (Vid. fojas sesenta y seis a sesenta y siete del cuaderno accesorio único)

Bajo esa perspectiva, se advierte que en ninguna de las constancias que obran en autos se niega o se controvierte la acreditación del Partido del Trabajo ante la autoridad administrativa electoral local, pues incluso ello constituye un requisito sine qua non para poder participar en el proceso electoral local que se desarrolla actualmente en la entidad federativa, acorde con lo dispuesto en el artículo 41 del código electoral aplicable, máxime que existen elementos de convicción que generan indicios en el sentido de que dicha entidad de interés público solicitó y obtuvo dicha acreditación.

Ahora bien, acorde con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 89 del código electoral local el financiamiento público a los partidos políticos incluye el relativo a actividades de representación política ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Este tipo de financiamiento, según lo dispuesto en las fracciones X y XI del artículo 70 del mismo ordenamiento comprende:

- Apoyo para el sostenimiento de una oficina equivalente a la parte que le corresponda respecto del 12% del monto total del financiamiento asignado para actividades ordinarias permanentes del año de que se trate, dividido en partes iguales entre todos los partidos políticos debidamente acreditados. Tal apoyo se percibe anualmente en ministraciones mensuales.

- Apoyo económico para el representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, equivalente a la parte que le corresponda respecto del 8% del monto total del financiamiento asignado para actividades ordinarias permanentes del año de que se trate. Tal apoyo se percibe anualmente en ministraciones mensuales.

El propio código electoral local remite al Reglamento para el otorgamiento de las prerrogativas previstas en las fracciones X y XI del artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche para la regulación de este tipo de financiamiento, en el cual se dispone:

a) El objetivo de esta prerrogativa consiste en que todos los partidos políticos de los que obren constancias de registro ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, tengan una oficina en las instalaciones del propio Instituto y los Representantes Propietarios ante el Consejo General reciban un apoyo económico anual para el mejor desarrollo de las actividades propias de la representación que ostentan (artículo 1).

b) Los recursos necesarios para el ejercicio de estas prerrogativas no podrán ser en cantidad inferior al 2% ni mayor del 5% mensual del monto que otorgue el Instituto al Partido que haya obtenido el mayor ingreso por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el año que corresponda (artículo 2).

c) Los recursos para el sostenimiento de oficina se otorgan mensualmente y serán entregados a los partidos dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la entrega de reporte de gastos correspondiente y cubrirá los gastos relativos a bienes muebles, papelería, contratación de personal, servicios de telefonía, internet y energía eléctrica, materiales de limpieza, entre otros (artículo 3).

d) Para obtener los recursos por el concepto anterior, los partidos deben, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, enviar al instituto un reporte de gastos acompañando los documentos originales comprobatorios correspondientes de la aplicación que hayan hecho en el mes inmediato anterior del recurso otorgado. El incumplimiento de esta obligación trae como consecuencia la suspensión de la ministración mensual (artículo 4).

e) El personal de dicha oficina, incluyendo el personal de intendencia, será contratado por los propios partidos políticos y su sueldo o salario será cubierto con los recursos provenientes de esta prerrogativa, en el entendido de que el partido hará la contratación respectiva bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que en ningún caso y por ningún motivo se podrá considerar al Instituto como patrón sustituto o solidario por la relación laboral que surja entre el Partido y sus trabajadores (artículos 6 y 7).

f) El servicio de fotocopiado podrá ser realizado por el personal y con los recursos materiales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, pero el costo del mismo se cargará a la asignación presupuestal que al solicitante corresponda de la prerrogativa (artículo 11).

g) Los recursos para gastos de representación se otorgan mensualmente y se entregan al representante del partido político debidamente acreditado ante el Consejo General del Instituto, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de que se trate (artículo 12).

Conforme a la regulación precedente se advierte que el financiamiento para actividades de representación política de los partidos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche comprende dos clases de prerrogativas: la primera dirigida al sostenimiento de la oficina que los partidos políticos tienen derecho a tener en las instalaciones del propio instituto y la segunda consistente en el apoyo que se otorga a los representantes de los partidos políticos para el desempeño de su trabajo.

La finalidad de tales prerrogativas como establece el propio reglamento radica en que los partidos políticos puedan desarrollar adecuadamente las funciones y actividades que la Constitución y la ley les encomienda en tanto encargados de vigilar y verificar el desarrollo del proceso electoral local y las actividades del Instituto, para la cual el legislador consideró necesario que los partidos tengan una oficina en las instalaciones del propio Instituto y los representantes propietarios ante el Consejo General reciban un apoyo económico para el mejor desarrollo de las actividades propias de la representación que ostentan, mediante las ministraciones mensuales correspondientes.

La importancia de esta prerrogativa se advierte si se considera que, en términos del reglamento, la autoridad administrativa electoral local únicamente se encuentra obligada a proporcionar las áreas en que se ubiquen las oficinas de los partidos que deben tener una extensión superficial y equipamiento estructural uniforme, en tanto que todos los restantes gastos por concepto de recursos materiales y personales deben ser cubiertos por los propios partidos políticos.

Tales gastos estarán sujetos a devolución con cargo a este financiamiento, hasta el tope que se encuentre previamente fijado y sujeto a la comprobación correspondiente que se realiza mediante el reporte de gastos y los documentos originales comprobatorios.

En ese sentido, los gastos propios de una oficina como son la telefonía, la energía eléctrica, la papelería e incluso el personal que labora en la misma son solventados mediante el pago mensual de dicho financiamiento a cada partido político.

Asimismo, el financiamiento para gastos de representación tiene como finalidad permitir que los representantes de los partidos políticos desarrollen adecuadamente las funciones a que se refiere los artículos 158 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 17 del Reglamento Interior, y 7, fracción III, del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales, ambos del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Como se advierte, el financiamiento para actividades de representación política de los partidos ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche tiene asignado una finalidad específica cuya justificación se encuentra en la circunstancia de permitir que todos los partidos políticos que participan en el proceso electoral local sean debidamente representados ante el Consejo General en tanto órgano máximo de dirección del organismo constitucional autónomo encargado de la organización y vigilancia de los procesos electorales locales.

En ese sentido, desde un punto de vista teleológico y pragmático es claro que este tipo de financiamiento debe entregarse a todos los partidos políticos que participan y contienden en el proceso electoral local, puesto que acorde con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Campeche, el Consejo General del instituto se encuentra integrado, entre otros, por los representantes de los partidos políticos con registro.

Bajo esa perspectiva, si los conceptos que conforman este tipo de financiamiento tienen como finalidad permitir que los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche realicen y desempeñen adecuadamente sus funciones de representación, entonces tal tipo de financiamiento se otorga a cualquier partido político con registro o acreditación ante dicho Instituto, pues ello es lo que precisamente le permite participar en la contienda comicial respectiva.

Considerar lo contrario implicaría inobservar el principio de igualdad ante la ley, pues si todos los partidos políticos con registro o acreditación tienen derecho a ser representados ante la autoridad administrativa electoral local y, en consecuencia, participar en el proceso comicial correspondiente, determinar que a unos partidos les corresponde esta prerrogativa y a otros no, traería como consecuencia tratarlos de forma desigual, con el riesgo de impedirles u obstruirles de manera grave sus actividades de representación, pues debe considerarse que, por ejemplo, los gastos de telefonía, papelería e incluso de personal de apoyo e intendencia son cubiertos precisamente mediante el apoyo de gastos de oficina, de tal forma que su supresión a un partido traería como consecuencia que dicho instituto político tuviera que distraer recursos financieros, materiales y personales para el sostenimiento de su oficina de representación colocándolo en una evidente posición de desigualdad frente a los demás contendientes.

De hecho, los artículos 70 del multicitado código como 1 del reglamento correspondiente disponen que dicho financiamiento corresponde a todos los partidos políticos con registro, el cual, como se ha visto, en el caso de los partidos políticos nacionales constituye una mera acreditación, pues la constitución y funcionamiento de dichos partidos se deriva del registro que realizan ante la autoridad electoral federal y no respecto de las entidades federativas respecto de las cuales opera la figura de la acreditación como un medio para otorgar certeza al desarrollo de los procesos electorales locales en los que tienen derecho de participar en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior resulta aplicable por mayoría de razón tratándose del desarrollo de un proceso electoral local, en el cual evidentemente los gastos de la representación de un partido político ante el instituto de la entidad federativa en cuestión se incrementan, pues precisamente durante ese período, tal representación lleva a cabo sus funciones ante el Consejo General considerando todos los días y horas hábiles, tal y como dispone el artículo 241 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

Además, debe considerarse que la propia ley remite la regulación de dicho financiamiento al reglamento correspondiente, en el cual sólo se dispone que tienen derecho a ese financiamiento todos los partidos políticos con registro.

En ese sentido, si en autos consta que el Partido del Trabajo presentó su constancia de registro como partido político nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, en término de lo dispuesto en el artículo 41 del multicitado código, entonces es claro que con ello obtuvo la acreditación ante dicho organismo y, en consecuencia, tiene derecho a recibir este tipo de financiamiento.

No es óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el cual dispone la cantidad de financiamiento por actividades ordinarios y de gastos de campaña que percibirán los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación en la elección de diputados inmediata anterior.

Esto es así, porque el tribunal responsable interpretó dicho artículo en el sentido de que los partidos políticos nacionales que se ubiquen en dicho supuesto sólo tienen derecho a recibir el financiamiento establecido en dicho artículo sin posibilidad de obtener algún otro.

Tal exégesis es errónea al tratarse de una interpretación aislada y literal de la normatividad electoral aplicable.

En efecto, la interpretación sistemática de los artículos 90 a 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche permite establecer que en dicha entidad federativa, tratándose de financiamiento para actividades ordinarias y de gastos de campaña, se regulan cuatro esquemas de financiamiento desde el punto de vista del partido político de que se trate.

Primer esquema: los partidos políticos que hayan conservado su registro y que además cuenten con representación en el Congreso del Estado reciben por financiamiento por actividades ordinarias conforme a las reglas establecidas en el artículo 90 del código, esto es, treinta por ciento en forma igualitaria y setenta por ciento según el porcentaje de la votación estatal emitida en la elección de diputados inmediata anterior.

En lo relativo a financiamiento para gastos de campaña reciben financiamiento conforme a las reglas del artículo 91 del ordenamiento aplicable, esto es, un monto equivalente al cien por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes les corresponda el año de la elección.

Segundo esquema: los partidos políticos que hayan conservado su registro, pero que no tengan representación en el Congreso del Estado se regulan por el artículo 93 del código, perciben por concepto de financiamiento por actividades ordinarias permanentes la cantidad que les corresponda en la distribución del treinta por ciento a que se refiere el artículo 90 del código.

Por lo que respecta a gastos de campaña el monto del financiamiento será por una cantidad similar a la que reciban por concepto de actividades ordinarias permanentes.

Tercer esquema: el artículo 94 del ordenamiento electoral local regula a los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con posterioridad a la última elección estatal y dispone que dichos institutos reciben financiamiento por actividades ordinarias y para gastos de campaña en los mismos términos que en el segundo esquema, pero con la diferencia de que las ministraciones le son entregadas a partir de la fecha en que surta efectos el registro.

Cuarto esquema: se contempla en el artículo 95 del código y establece que los partidos políticos nacionales que hubiesen perdido sus derechos y prerrogativas estatales tendrán derecho a percibir la cantidad que importe el equivalente a 250 salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche por concepto de financiamiento para actividades ordinarias y una cantidad igual por concepto de financiamiento para gastos de campaña. Este esquema se mantiene también durante el proceso electoral local siguiente a aquél en que hubieran perdido su acreditación.

Como se advierte en materia de financiamiento por actividades ordinarias y para gastos de campaña, el código electoral local dispone cuatro esquemas respecto de los montos y formas de distribución que reciben los partidos políticos.

En ninguno de estos esquemas establecidos por la legislación se dispone que los partidos políticos van a recibir financiamiento para actividades de representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, porque tal financiamiento se encuentra regulado en el artículo 70 del código, el cual dispone que dicho financiamiento se otorga a todos los partidos con registro, que, tratándose de partidos políticos nacionales se traduce en su acreditación ante el máximo órgano de dirección.

Bajo esa perspectiva, es claro que la interpretación que realiza la autoridad responsable es errónea, pues se trata de una exégesis aislada y literal al estimar que si el artículo 95 no otorga algún otro tipo de financiamiento a los partidos políticos nacionales que se ubican en la hipótesis normativa, salvo para actividades ordinarias y gastos de campaña, entonces no tienen derecho a ningún otro tipo de financiamiento incluyendo el de actividades de representación ante el Instituto.

Sin embargo, tal interpretación aplicada, por ejemplo a los artículos 93 y 94 del código implicaría que los partidos políticos que conservaron su registro pero sin representación en el Congreso y los partidos de nuevo registro tampoco tendrían derecho a ese tipo de financiamiento, puesto que dichos artículos no lo establecen.

Bajo esa perspectiva, es claro que la interpretación aislada y literal que realiza la autoridad responsable no sólo es errónea, sino que también conduce a situaciones incongruentes.

En cambio, la interpretación sistemática de los preceptos aplicables permite establecer que los artículos 90, 91, 93, 94 y 95 disponen cuatro esquemas de financiamiento relativos al financiamiento por actividades ordinarias y para gastos de campaña, sin que ello traiga como consecuencia la exclusión de que los partidos puedan recibir algún otro tipo de financiamiento, como acontece precisamente con el de actividades de representación política ante el Consejo General, el cual se otorga, conforme a lo establecido por el artículo 70 del código, a los partidos con registro.

Ahora bien, importa precisar que el financiamiento para actividades de representación política ante el Consejo General del Instituto de la entidad federativa, es un financiamiento distinto al relativo para actividades específicas, ya que el primero de dichos financiamiento se regula en las fracciones X y XI del citado artículo 70 del código aplicable, en tanto que el financiamiento para actividades específicas se norma en los numerales 92, 93 y 94 del mismo ordenamiento.

Dicha precisión es importante, porque la interpretación sistemática de la legislación permite advertir que este tipo de financiamiento es el único que efectivamente no se otorga a los partidos políticos nacionales que hayan perdido su acreditación.

Esto es así, porque respecto de ese tipo de financiamiento se disponen tres esquemas de distribución.

Primer esquema: los partidos políticos que hayan conservado su registro y que cuenten con representación en el Congreso del Estado tienen derecho, según el artículo 92 del código, a participar en la distribución de la bolsa correspondiente de la siguiente manera: cincuenta por ciento en forma igualitaria y cincuenta por ciento conforme al porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos que hubiesen obtenido una representación en el Congreso del Estado en la elección de diputado inmediata anterior.

Segundo esquema: conforme a los artículos 92, fracción II, inciso a) y 93 de la legislación electoral aplicable, los partidos políticos que hayan conservado su registro pero que no hubiesen obtenido representación en el Congreso del Estado tienen derecho a participar en la distribución de la bola correspondiente al financiamiento público para actividades específicas pero únicamente respecto del cincuenta por ciento que se distribuye de forma igualitaria.

Tercer esquema: en términos de los artículos 92, fracción II, inciso a) y 94, los partidos de nuevo registro tienen derecho a participar en la distribución de dicho financiamiento pero sólo en lo relativo al cincuenta por ciento que se distribuye de forma igualitaria.

Como se advierte, en lo relativo a la distribución del financiamiento público para actividades específicas la ley dispone tres esquemas sin que en ninguno de ellos se incluya a los partidos políticos nacionales que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación en la elección de diputados inmediata anterior, por lo que es válido concluir que respecto de dicho tipo de financiamiento, la legislación dispone que los partidos que se ubiquen en dicha hipótesis no participan en la distribución del mismo.

Situación distinta acontece con el financiamiento para actividades de representación política, porque en ese supuesto, el artículo 70 del código y 1 del reglamento aplicable dispone que dicho financiamiento se otorga a todos los partidos con registro, lo que respecto a los partidos políticos nacionales se traduce en la acreditación ante el máximo órgano de dirección, lo cual es comprensible si se considera que se trata de financiamientos distintos y la finalidad del relativo a los gastos de representación y sostenimiento de oficina es permitir que los representantes de los partidos políticos con registro o acreditación desarrollen y desempeñen adecuadamente sus actividades de representación ante el Consejo General, del cual forman parte precisamente porque han obtenido su registro o acreditación correspondiente.

Tampoco es óbice a lo anterior la interpretación que realiza la autoridad responsable respecto del segundo párrafo del artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado de Campeche, conforme al cual el partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en la elección de diputados locales, o que no participe en dicha elección en cuando menos 14 distritos electorales uninominales pierde todos los derechos y prerrogativas establecidos en el código, porque, al igual que en el caso anterior, el responsable realiza una interpretación aislada y literal de dicho artículo.

Tal exégesis es aislada y literal, porque conduciría a consecuencias inadmisibles e incluso de carácter inconstitucional.

En efecto, el artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que son derechos de los partidos políticos, participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos; nombrar representantes ante los órganos electorales en el Estado, entre otros.

Como se advierte si se interpretara literalmente el segundo párrafo del citado artículo 41 ello conduciría a establecer que un partido político nacional no tiene derecho a participar en el proceso electoral local, lo que es claramente contrario a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Fundamental; tampoco podría nombrar representantes ante los órganos electorales, lo cual es contrario a lo dispuesto por los artículos 24 de la constitución estatal y 323 a 329 del código electoral de la entidad federativa.

De igual forma bajo la interpretación aislada de dicho precepto conduciría al absurdo de considerar que los partidos políticos nacionales que perdieron su acreditación no pueden organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos.

En ese sentido, es claro que el citado artículo 41 debe ser interpretado en forma conjunta e interrelacionada con el resto de la normatividad aplicable, de tal manera que la pérdida de derechos y prerrogativas a que se refiere se debe entender conforme a los términos que establece el propio código, esto es, la pérdida en cuestión no es una privación absoluta de derechos y prerrogativas, sino que tal privación se realiza conforme a lo establecido por el propio código y en materia de financiamiento, como se determinó, la privación de prerrogativas funciona en el sentido de que los partidos políticos nacionales que se ubican en tal hipótesis:

a) No tienen derecho a recibir financiamiento público para actividades específicas.

b) Tiene derecho a recibir la cantidad que importe el equivalente a doscientos cincuenta salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche por concepto de financiamiento para actividades ordinarias.

c) Tienen derecho a recibir la cantidad que importe el equivalente a doscientos cincuenta salarios mínimos generales diarios vigentes en el Estado de Campeche por concepto de financiamiento para gastos de campaña.

d) Tienen derecho a recibir financiamiento para actividades de representación política ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, puesto que se trata de un partido político nacional que ha obtenido su acreditación ante dicho órgano.

En consecuencia, al resultar fundado el agravio bajo análisis, lo procedente es revocar la resolución impugnada.

Asimismo, a efecto de restituir al Partido del Trabajo en el goce de la prerrogativa en cuestión se revoca el acuerdo CG/003/12, mediante el cual determinó el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas como entidades de interés público, de representación política, y el establecido en la fracción X del artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que les corresponderá a los Partidos Políticos y a la Agrupación Política Estatal para el ejercicio fiscal 2012.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche deberá, en el plazo de tres días contados a partir de que le sea notificada la presente resolución, emitir un nuevo acuerdo en el cual incluya al Partido del Trabajo en la repartición y distribución de las prerrogativas establecidas en las fracciones X y XI del artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado de Campeche.

La determinación que emita el Consejo General tendrá efecto retroactivos, por lo que se deberá entregar el financiamiento para sostenimiento de oficina y gastos de representación que correspondan al Partido del Trabajo desde la fecha en que se le acreditó nuevamente ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche durante el año dos mil doce, puesto que acorde con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo primero, del código electoral local, los partidos políticos nacionales deben renovar esa acreditación anualmente.

El consejo deberá informar a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes, el cumplimiento de esta ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado se,

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se revoca la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, el ocho de marzo dos mil doce, en el recurso de apelación JII-E/RA/01/11-2012.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo CG/003/12, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche determinó el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas como entidades de interés público, de representación política, y el establecido en la fracción X del artículo 70 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que les corresponderá a los Partidos Políticos y Agrupación Política Estatal para el ejercicio 2012.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche emitir un nuevo acuerdo en los términos precisados en considerando cuarto de la presente ejecutoria.

CUARTO. El citado consejo deberá informar a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes, el cumplimiento de esta ejecutoria.

Notifíquese; por correo certificado al partido actor, al no haber señalado domicilio en esta Ciudad de México; por oficio, acompañando copia certificada de la presente resolución, a la autoridad responsable y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche; y por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 28, 29 y 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, ante el Secretario General de Acuerdos que da fe. Rúbricas.