RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-152/2012

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIOS: ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y VICTOR MANUEL ZORRILLA RUIZ.

México, Distrito Federal, diecisiete de agosto de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente citado al rubro, integrado con motivo del recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, contra la interlocutoria de diez de agosto de dos mil doce, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, en el cuaderno incidental número 25/2012 relativo al cumplimiento de la sentencia recaída al expediente con clave SDF-JDC-497/2011 y acumulados, y

R E S U L T A N D O

l. Antecedentes: De lo narrado por el recurrente y de las constancias de autos se deduce lo siguiente:

a) Convocatoria. El veintiuno de mayo de dos mil once, el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional convocó a elecciones de Presidente y Secretario General del Comité Directivo del referido partido en el Distrito Federal, para el periodo 2011-2015.

b) Juicio ciudadano local. El quince de julio de dos mil once, Armando Barajas Ruiz y Claudia Nieto Pérez en su carácter de militantes del Partido Revolucionario Institucional, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de impugnar la convocatoria de mérito.

El juicio se radicó en el Tribunal Electoral del Distrito Federal con el número de expediente TEDF-JLDC-057/2011.

c) Resolución del Tribunal Electoral local. El doce de agosto de dos mil once, el pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal emitió sentencia en el citado juicio ciudadano y determinó revocar la convocatoria impugnada.

Asimismo, ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional llevar a cabo los actos que considerara pertinentes y apegados al marco normativo del instituto político, a efecto de celebrar la elección de los órganos representativos de la militancia de dicho partido en el Distrito Federal.

d) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El dieciséis de agosto de dos mil once, Roberto Luis Serrano González y Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, por su propio derecho y en su carácter de militantes y fórmula de candidatos en el proceso de elección de Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de controvertir la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que determinó revocar la convocatoria aludida en el inciso anterior.

El medio de impugnación fue radicado con la clave de identificación SDF-JDC-497/2011 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal.

e) Resolución de la Sala Regional. El dos de diciembre de dos mil once, la Sala Regional con sede en el Distrito Federal determinó revocar la sentencia del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal y ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que tomara las providencias necesarias para ajustar las fechas y plazos previstos en la convocatoria de veintiuno de mayo de dos mil once, para el proceso electivo de Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal.

Asimismo, determinó que el Presidente y Secretario General deberían tomar protesta a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días naturales contados a partir del ocho de julio de dos mil doce.

f) Nueva convocatoria partidista. En cumplimiento a la referida sentencia, el quince de diciembre de dos mil once se emitió Convocatoria para la elección de integrantes del Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal.

g) Modificación de convocatoria. El veintidós de julio de dos mil doce, los Presidentes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Procesos Internos, ambos del Partido Revolucionario Institucional, emitieron acuerdo por el que modificaron la Convocatoria de quince de diciembre de dos mil once.

h) Incidente de incumplimiento de sentencia. El veinticuatro de julio de dos mil doce, Roberto Luis Serrano González y Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila presentaron incidente de inejecución de sentencia ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal.

En consecuencia, se formó el cuaderno incidental número 25/2012.

i) Resolución impugnada. El diez de agosto de dos mil doce, la Sala Regional Distrito Federal resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia planteado por Roberto Luis Serrano González y Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, en el sentido siguiente:

"R E S U E L V E:

PRIMERO. Es fundado el incidente relativo al cumplimiento de sentencia promovido por Roberto Luis Serrano González y Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila.

SEGUNDO. Se deja sin efectos el acuerdo emitido por los presidentes del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Procesos Internos el veintidós de julio de dos mil doce.

TERCERO. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que inmediatamente a la notificación de esta interlocutoria realice los actos necesarios a fin de que se modifiquen las fechas para la elección del Presidente y Secretario del Comité Directivo en el Distrito Federal y lo publique a la brevedad posible, en los términos del Considerando Segundo de este fallo.

CUARTO. Se amonesta al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por haber incumplido en sus términos la sentencia emitida en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SDF-JDC-497/2011.

QUINTO. Se apercibe al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que en caso de continuar incumpliendo se le impondrá un medio de apremio previsto en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

[…]"

II. Recurso de reconsideración. Inconforme con la resolución anterior, el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante, interpuso recurso de reconsideración mediante escrito de doce de agosto del año en curso.

Por acuerdo de la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Distrito Federal ordenó remitir la demanda y documentación correspondientes a esta Sala Superior, la cual fue recibida en la Oficialía de Partes el trece de agosto del presente año.

III. Recepción en la Sala Superior. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil doce, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional federal, acordó integrar el expediente SUP-REC-152/2012 y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos establecidos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior se cumplimentó en la misma fecha mediante oficio TEPJF-SGA-6717/12, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

IV. Admisión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda respectiva dejando los actos en estado de dictar sentencia en el recurso indicado al rubro, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción X y 189, fracciones I, inciso b), y XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto por un partido político nacional contra la determinación emitida por una Sala Regional de este Tribunal.

SEGUNDO. Procedencia, presupuestos procesales y requisitos de la demanda

Esta Sala Superior considera que en este caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, 61, 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, 63, párrafo 1, inciso b), 65 y 66 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la procedencia del recurso de reconsideración, como se verá a continuación.

1. Los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran satisfechos, ya que el escrito del recurso de reconsideración se presentó ante la autoridad responsable y en él se cumplen las exigencias formales, en tanto se señala el nombre del recurrente, se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable, se hace mención de los hechos y agravios que causa la interlocutoria combatida, además de asentarse el nombre y firma autógrafa de quien promueve el recurso.

2. Se surte el supuesto previsto en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento invocado, conforme al cual el recurso de reconsideración sólo será procedente para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los medios de impugnación competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la constitución.

Para justificar lo anterior, es útil traer a cuenta, el artículo 61 de la invocada ley de medios:

"Artículo 61

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución".

En efecto, el precepto en examen establece la procedencia del recurso de reconsideración para los casos siguientes:

i. Para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, en los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores.

ii. Contra las asignaciones por el principio de representación proporcional, que respecto de las elecciones ya referidas, realiza el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

iii. En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

Como puede observarse, dentro de los supuestos establecidos en el precepto en cita, se prevé la posibilidad de combatir, vía recurso de reconsideración, las sentencias de fondo con las características apuntadas.

En relación con lo anterior, conviene mencionar, que ello en modo alguno se traduce en limitar la procedencia a impugnaciones que, eventualmente, por la entidad de la lesión a la esfera jurídica de los justiciables, pudiera generar un efecto irreparable; esto es, producir afectación a alguna de las partes en grado predominante o superior que pudieran provocar la irreparabilidad de una violación cometida durante la sustanciación del juicio de inconformidad, dado que en supuestos de dicha naturaleza podría ser factible que ésta sea reclamada en forma independiente de la sentencia de fondo, porque los efectos de una determinación incidental pueden ser equiparables a los de una sentencia de fondo.

Es decir, en términos generales, el recurso de reconsideración procede en contra de sentencias de fondo; empero, tal criterio no puede subsistir como único y absoluto, al ser necesario reconocer, de manera excepcional, que también procede este recurso tratándose de determinadas resoluciones que afectan a las partes en grado predominante o superior en los supuestos que prevé la ley y que sean equiparables a una sentencia de fondo.

La afectación de referencia debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la cuestión resuelta vía incidental, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, circunstancias que ponderadas en su contexto conllevan a determinar si es o no indispensable su inmediata revisión a través del recurso de reconsideración.

En similares consideraciones esta Sala Superior, el veintitrés de julio de dos mil doce, resolvió en el recurso de reconsideración SUP-REC-93/2012.

En el caso, el recurrente interpuso el presente recurso de reconsideración en contra de la resolución interlocutoria de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, mediante la cual determinó que es fundado el incidente de inejecución de sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SDF-JDC-497/2011.

Es decir, la materia de la decisión se encuentra constituida por una cuestión incidental, como es la relativa a si el fallo dictado por esa Sala Regional, el dos de diciembre de dos mil once, se encontraba debidamente ejecutado.

En concepto del ahora recurrente, en la sentencia interlocutoria recurrida la Sala Regional responsable ordenó la ejecución de aspectos que no fueron motivo de pronunciamiento en la ejecución de fondo de ese juicio ciudadano, como es el hecho de realizar los actos necesarios a fin de que se modifiquen las fechas para la elección de los consejeros políticos de ese partido político en el Distrito Federal, circunstancia que, según refiere el recurrente, trae como consecuencia la invalidación de normas estatutarias que el partido confeccionó acorde con el principio de auto-organización y autodeterminación previsto por el artículo 41, base I, de la Constitución Federal.

Es decir, en el caso, debe tenerse por colmado el requisito de procedibilidad, pues, permea una cuestión de constitucionalidad, en cuanto a definir si tal como se afirma, la Sala Regional se apartó de la normativa intrapartidaria, que debía respetarse y si esto afectó al principio de auto-organización del partido político recurrente.

Ante esta situación, debe darse una interpretación al artículo 65 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que privilegie lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna; esto es un acceso integral a la tutela judicial, por quien resienta o le afecte la decisión; en el caso concreto el eventual perjuicio lo resintió el Partido Revolucionario Institucional, porque sus estatutos constituyen la base normativa de sus decisiones internas, de ahí que, cuando se inaplican sus normas estatutarias en una decisión, como la emitida por la Sala Regional Distrito Federal, sin duda resiente en forma directa la afectación.

Lo anterior es conforme con el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional en la jurisprudencia 17/2012, de rubro "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS" 1.

1 Consultable en la página de internet de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación www.te.gob.mx.

Por tanto, al quedar en evidencia que el recurrente impugna una interlocutoria de inejecución de sentencia, que en concepto del accionante vulnera lo establecido en los artículos 14, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra acreditada la trascendencia de la cuestión que se resuelve, por lo que debe estimarse procedente el medio de impugnación, en tanto que debe preservarse la posibilidad de que cualquier vulneración al orden jurídico sea enmendada por esta Sala Superior mediante el recurso de reconsideración.

3. El recurso de reconsideración fue interpuesto por parte legítima, ya que conforme con lo previsto 13, párrafo 1, inciso a), fracción III), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se reconoce la personería de José Juan Torres Tlahuizo, en su carácter de apoderado del Partido Revolucionario Institucional, otorgado por el Secretario Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, apoderado general de dicho partido político.

Además, el instituto político recurrente tienen interés jurídico, por haberle resultado adversa la sentencia interlocutoria reclamada, en tanto el presente recurso constituye el medio de impugnación útil para modificar o revocar dicha resolución, en el caso de llegarse a demostrar su ilegalidad.

4. El escrito de interposición de este medio de impugnación fue presentado oportunamente, es decir, dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la ley adjetiva federal en cita, toda vez que la sentencia interlocutoria impugnada se dictó el diez de agosto de dos mil doce, y la demanda se presentó el doce siguiente.

5. Está satisfecho el presupuesto que establece el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, del ordenamiento legal invocado, ya que el recurrente aduce en sus agravios que la Sala responsable actuó en forma contraria a derecho, pues ordenó la ejecución de aspectos que no fueron motivo de pronunciamiento en la ejecución de fondo de ese juicio de revisión constitucional electoral, dictada el dos de diciembre de dos mil doce.

6. Se satisface el requisito previsto en el inciso a) del apartado 1 del artículo 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque no existe vía impugnativa que el recurrente debiera agotar antes de acudir al presente recurso de reconsideración.

7. Se satisface también la exigencia prevista en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 63 de la ley en consulta, en virtud de que el recurrente señaló expresamente el presupuesto de la impugnación.

Al cumplirse en el presente asunto con los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como con los presupuestos y requisitos especiales que se precisan en los diversos 61, 62, 63, 65 y 66, párrafo 1, inciso a), del propio ordenamiento, sin que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierta que se actualice alguna causal de improcedencia, lo conducente es realizar el estudio de fondo del recurso de reconsideración.

TERCERO. Resumen de agravios. El recurrente aduce como primer agravio, que el incidente reclamado incumple con la resolución SDF-JDC-497/2011, debido a que el Partido Revolucionario Institucional ha llevado a cabo un cumplimiento parcial de dichas sentencias, en razón de que ha actuado conforme al núcleo esencial de la obligación, esto es, haber emitido la convocatoria para renovar al Comité Directivo de dicho instituto político en el Distrito Federal y que aún cuenta con tiempo para terminar de cumplir con las demás obligaciones.

En esa tesitura, señala que no existen argumentos que le hayan impuesto la carga de renovar en primera instancia al Consejo Político del Distrito Federal y con posterioridad al Presidente y Secretario General del Comité Directivo.

Arguye también, que en ningún momento se le impuso la obligación de que el citado Consejo tuviera que elegir al Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, expone que lo único que se modificó fueron los plazos para la elección del órgano político colegiado atendiendo al principio de auto-organización y autodeterminación con el que cuentan los partidos políticos, y que es por ello que no existe incumplimiento de la resolución emitida por la Sala Regional del Distrito Federal.

Por otro lado, señala que la mencionada Sala Regional viola el principio de congruencia al introducir cuestiones novedosas en el asunto, pues varió la litis al resolver el incidente de inejecución de sentencia que ahora se controvierte.

Lo anterior es así, ya que estima que se extralimitó al analizar la legalidad y la emisión del Acuerdo de los Presidentes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y de la Comisión Nacional de Procesos Internos del propio partido, por el que modificaron la convocatoria para la elección de los Consejeros Políticos en el Distrito Federal para el periodo de estatutario 2012-2015, ya que éste nunca fue materia de controversia en el juicio primigenio, y con ello, la determinación emitida por la Sala responsable contraviene indebidamente los principios de auto organización y la autodeterminación del partido recurrente.

Como segundo agravio, el actor esgrime que se violan los principios de constitucionalidad y legalidad, al no encontrase debidamente fundada y motivada la sentencia interlocutoria impugnada.

Asimismo, señala que se realizó una inaplicación de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, numeral 1 y 46, numerales 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 12, 13, 59, 83, 85, 86 y 100 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; así como los artículos 2, 7, 8 y 48 del Reglamento para la Elección de Dirigencias y Participación de Candidatos del Partido Revolucionario Institucional, ya que la resolución que combate deja de lado lo establecido en dichos supuestos, olvidando que la elección de dirigentes es un asunto de carácter interno del propio partido.

CUARTO. El partido político recurrente hace valer argumentos tendentes a evidenciar la inaplicación tácita del artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución General de la República; los artículos 1, 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 12, 13, 59, 83, 85, 86 y 100 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; y 2, 7, 8 y 48 del Reglamento para la Elección de Dirigencias y Participación de Candidatos del Partido Revolucionario Institucional, ya que la resolución que combate deja de lado lo establecido en dichos supuestos, olvidando que la elección de dirigentes es un asunto de carácter interno del propio partido, pues desde su perspectiva, la Sala Regional debió de tomar como eje rector la interpretación del precepto constitucional, con el objeto de conservar la unidad del orden jurídico aplicable y armonizarlo.

A juicio de esta Sala Superior, asiste la razón al partido político cuando aduce, en esencia, que la Sala Regional de este Tribunal Electoral, con sede en el Distrito Federal, no tomó como eje rector la interpretación del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de conservar la unidad del orden jurídico aplicable y determinar que la multicitada convocatoria, puesto que se trata de un tema de autodeterminación emitido acorde con su estrategia e ideología política.

Para arribar a la anotada conclusión se tiene en cuenta que los artículos 41, base I, de la Constitución General de la República, 46, apartados 1 a 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respectivamente indican:

"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan…

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

…"

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 46

1. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en este Código, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

2. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, este Código y las demás leyes aplicables.

3. Son asuntos internos de los partidos políticos:

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

c) La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados;

4. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

Artículo 2.

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho.

2. La conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto organización de los partidos políticos, deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos políticos".

De lo anterior transcripción se colige que, en relación a los partidos políticos nacionales, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Federal, es la base constitucional del principio de respeto a su auto-organización y autodeterminación, al establecer que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los referidos institutos, en los términos que establezcan la propia Constitución y la ley.

Asimismo, la remisión explícita del referido artículo constitucional a la ley lleva a verificar las normas secundarias relativas al tema.

En este sentido se tiene que del texto del numeral 46 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, antes transcrito, se observa que para los efectos del artículo Constitucional aludido, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en el Código, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

También en el citado precepto del código electoral federal se describen cuáles son los asuntos internos de los partidos políticos, y entre ellos destacan, los procedimientos deliberativos tendentes a la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección.

Más aún, del artículo 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral transcrito se advierte, que la conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización partidaria, deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a ese tipo de asuntos.

Por otra parte, en el dictamen de la Cámara de origen (Senadores), relativa al proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional de dos mil siete, se observa el alcance o finalidad del concepto de respeto a la autodeterminación, con relación a los procedimientos internos de los partidos políticos, tal como se advierte de la parte destacada de dicho documento, el cual es del tenor siguiente:

"La adición de un tercer párrafo en la Base I del mismo artículo 41, para delimitar la intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos a lo que señalen la Constitución y la ley, se considera de aprobar en virtud del propósito general que anima la reforma en el sentido de consolidar un sistema de partidos políticos que cuente con un marco legal definido.

Al respecto, la iniciativa propone la siguiente redacción:

"Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley."

Las Comisiones Unidas consideran que es de aprobarse por lo siguiente: la extrema judicialización de los asuntos internos de los partidos políticos es un fenómeno negativo para la democracia mexicana; son varias las causas de tal fenómeno, pero quizá la más importante sea la continuada práctica de la autoridad jurisdiccional federal de realizar la interpretación de las normas constitucionales y legales en materia de vida interna de partidos, situación que ha derivado en la indebida práctica de sustituir la ley dictada por el Poder Legislativo a través de sentencias emitidas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dan lugar a una compleja y vasta jurisprudencia en la materia, que a su vez retroalimenta la judicialización de la política a extremos cada vez mayores. Ésa no fue la intención ni el espíritu de la reforma electoral de 1996, que instauró el Tribunal Electoral y definió sus facultades y competencias.

La propuesta en comento dará lugar a la reforma de la ley secundaria, a fin de perfeccionar la obligación de los partidos políticos de contar, en sus propias normas y en sus prácticas cotidianas, con órganos internos para la protección eficaz y expedita de los derechos de sus afiliados, sin dilaciones ni subterfugios que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos de los militantes."

En este orden de ideas, la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal invocado, así como la intención del poder reformador de la Constitución, pone de manifiesto que el principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático, aspectos que se deben plasmar en sus distintos instrumentos normativos.

En suma, el derecho de auto-organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional implica la facultad auto-normativa de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura, con el fin de dar identidad partidaria, con el propósito de hacer posible la participación política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados.

Con respaldo en lo hasta aquí considerado, es posible afirmar que el Partido Revolucionario Institucional, como entidad de interés público, tiene reconocido en la Constitución Federal, el derecho de auto-organización y autodeterminación, que en forma integral comprende, el respeto a sus asuntos internos, entre los que están los procedimientos y requisitos para la selección de sus dirigentes, así como, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección.

Ahora bien, como se anticipó, asiste la razón al referido instituto político, pues del análisis de las consideraciones que sirvieron de base al acuerdo partidista, en virtud del cual, el veintidós de julio de dos mil doce, los Presidentes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Procesos Internos, ambos del Partido Revolucionario Institucional, emitieron acuerdo por el que modificaron la Convocatoria de quince de diciembre de dos mil once para la elección de Presidente y Secretario General del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, se arriba a la conclusión de que se trata de un tema de autodeterminación emitido acorde con su estrategia e ideología política, el cual debió haberse respetado por la Sala Regional responsable.

En efecto, como lo reconoce, la propia Sala en la interlocutoria señalada, la modificación de la convocatoria realizada por el instituto político en forma alguna afectaba los plazos que la propia Sala había ordenado en la resolución de dos de diciembre de dos mil once.

Sin embargo, la Sala Regional con sede en el Distrito Federal determinó revocar el acuerdo de modificación a la convocatoria bajo el argumento de que en la resolución en cuestión se ordenó que se dejara vigente el actual Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, a efecto de que fuera el cuerpo electivo de Presidente y Secretario del Comité Directivo en el Distrito Federal.

Empero, del análisis de la resolución dictada el dos de diciembre de dos mil once se observa que tal cuestión nunca fue objeto de dicha sentencia, de tal forma que al emitir la interlocutoria impugnada se modificó la litis originalmente planteada.

Esto es así, porque en dicha sentencia únicamente se ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que tomara las providencias necesarias para ajustar las fechas y plazos previstos en la convocatoria de veintiuno de mayo de dos mil once, para el proceso electivo de Presidente y Secretario General del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, señalando que los dirigentes aludidos debían tomar protesta a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días naturales contados a partir del ocho de julio de dos mil doce.

Al respecto, se advierte que en relación al Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, la sentencia de dos de diciembre únicamente determinó que sus integrantes podían mantenerse en el cargo durante el proceso de elección y llevarlo a cabo, pero sin que ello constituyera una orden categórica en el sentido de que ellos y, sólo ellos, debían ser quienes eligieran al presidente y secretario aludido.

En esas circunstancias, es claro que en la sentencia en cuestión, nunca se ordenó que determinada composición del Consejo Político del partido recurrente en el Distrito Federal fuera el que necesariamente debía actuar como cuerpo electoral, sino que simplemente se indicó que, en su caso, no era necesario renovar a dicho órgano para realizar el proceso de interno de selección de dirigentes.

Por tanto, es claro que si la modificación de la convocatoria en forma alguna alteraba el plazo que la sentencia emitida por la Sala Regional impuso al Partido Revolucionario Institucional para la renovación de su dirigencia en el Distrito Federal y ello fue lo único ordenado en la misma, entonces lo resuelto en la interlocutoria impugnada interviene indebidamente en la vida interna del partido político, pues la cuestión por la base para revocar la convocatoria modificada no fue materia de pronunciamiento en la sentencia de dos de diciembre de dos mil doce, de tal forma que se dejaba en libertad al partido político, en respeto a su autodeterminación y auto-organización, la forma, métodos y mecanismos para realizar el proceso de interno selección en cuestión.

En esas circunstancias, la determinación en torno a la integración del citado Consejo Político que debía realizar la elección quedaba en manos del partido político recurrente.

Del análisis de la modificación de la convocatoria modificada se advierte lo siguiente:

a) La modificación de la convocatoria fue emitida ante la circunstancia de que "…simultáneamente nuestro Partido debe desarrollar el proceso interno de renovación del Comité Directivo y el Consejo Político en el Distrito Federal y, aunado a ello, no pasa inadvertido que nuestro Instituto político se encuentra atendiendo diversas impugnaciones relacionadas con el proceso electoral local como la asignación de diputados plurinominales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las referentes al triunfo de nuestro candidato a Jefe Delegacional de Cuajimalpa, todo lo cual se suma a la defensa jurídica del resultado de la elección federal de Presidente de la República, lo que implica la concentración de los recursos materiales y humanos de nuestro Partido en las tareas mencionadas".

b) La modificación fue emitida con base en los artículos 41 base I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 párrafo 1, inciso c), fracción II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 83, 85, fracciones I, II, III у XIV, 86, fracciones I, II, y XXIV, 99, 100, fracción X, 108 y 120 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 48 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos y 12, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Procesos Internos.

c) El artículo 86, fracción II de los Estatutos dispone que es facultad del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional "analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativas relevantes del Partido";

d) Asimismo, en el acto impugnado se razonó que "…al ser el Consejo Político Local el órgano superior al Comité Directivo, sólo subordinado a la Asamblea del Distrito Federal, se requiere que éste tenga un mandato actualizado en la lógica democrática de que un órgano renovado tendrá más representatividad de la militancia actual del Partido en el Distrito Federal, lo que a su vez permitirá tener mayor certeza sobre el universo de electores que compongan una Asamblea de Consejeros Políticos para la elección del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal".

e) En el acuerdo se refirió que el Consejo Político del PRI en el Distrito Federal no ha sesionado en pleno desde hace más de 4 años, por lo se estimaba necesaria la intervención del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Procesos Internos, para evitar serios perjuicios y posibles daños a los derechos político-electorales de los militantes y garantizar su derecho a votar y ser votados.

f) Por ello, a efecto de "…garantizar la unidad y fortaleza del Partido frente a las circunstancias expuestas, y que permitan cumplir con lo mandatado por las autoridades jurisdiccionales con la mayor diligencia posible, por lo que, es preciso modificar el Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2011, que modificó la Convocatoria para la Elección del Presidente y Secretario General del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal expedida el 21 de mayo de 2011, a efecto de que se realice primero la elección de los consejeros políticos integrantes del Consejo Político del PRI en el Distrito Federal para el periodo estatutario 2012-2015 y, posteriormente, se verifique la elección del Presidente y Secretario General del Comité Directivo para el periodo estatutario 2012-2016".

g) Acorde con lo anterior, en el acuerdo de referencia se razona que las circunstancias descritas actualizan la hipótesis prevista en el artículo 48 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, respecto a la necesidad de adoptar las medidas urgentes para garantizar la unidad y fortaleza del Partido.

"Artículo 48. En caso fortuito o fuerza mayor que amenace o altere el desarrollo normal del proceso interno para elegir dirigentes o postular candidato a cargos de elección popular, el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos en acuerdo con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tomará las medidas urgentes que permitan garantizar la unidad y fortaleza del partido2.

h) En tal sentido se determinó que, respetando los plazos establecidos por la multicitada Sala Regional, primero se debía instalar el Consejo Político del PRI en el Distrito Federal para que los órganos competentes ejerzan sus atribuciones estatutarias y la renovación del Comité Directivo se realice en estricto apego a la normatividad partidista.

De las consideraciones reseñadas del acuerdo de cancelación ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, se observa que la decisión adoptada por el mencionado órgano de dirección partidista, corresponde a una determinación amparada por los derechos de auto-organización y autodeterminación previstos en el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución General de la República, así como en el artículo 191 de su Estatuto.

De este modo, la circunstancia de que la Sala Regional responsable hubiera realizado una valoración respecto de las causas por las cuales, los órganos de dirección a nivel local y nacional del Partido Político actor, determinaron la cancelación de los procedimientos internos de selección y postulación de candidatos a Jefes Delegacionales en el Distrito Federal, trajo como consecuencia una resolución tacita o implícita respecto a la dimensión de la autodeterminación del Partido Revolucionario Institucional en sus asuntos internos.

Acorde con lo anterior, es claro que la decisión adoptada por el mencionado órgano de dirección partidista, corresponde a una determinación amparada por los derechos de auto-organización y autodeterminación previstos en el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución General de la República, así como en el artículo 191 de su Estatuto.

De este modo, la circunstancia de que la Sala Regional responsable hubiera realizado una valoración respecto de las causas por las cuales, los órganos de dirección a nivel local y nacional del Partido Político actor, determinaron modificación de la convocatoria, trajo como consecuencia una resolución tacita o implícita respecto a la dimensión de la autodeterminación del Partido Revolucionario Institucional en sus asuntos internos, máxime que, como se ha visto, la base para revocar tal determinación en forma alguna fue materia de litis en la sentencia de dos de diciembre de dos mil once.

Por tanto, conforme con los preceptos constitucionales, legales y estatutarios, la actuación de la autoridad intrapartidista debió ser considerada por la Sala Regional, dentro del marco del mandato constitucional que irradia a las autoridades electorales, incluidas las jurisdiccionales, de respeto a los asuntos internos de los partidos políticos, como en el caso, la posibilidad de establecer los mecanismos y formas del proceso de selección en cuestión.

En el caso, se debió tomar en cuenta, como eje rector de interpretación, los artículos 41, base I, de la Constitución General de la República, 46, apartados 1 a 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2, apartado 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que la Sala Regional observara la unidad del orden jurídico aplicable y pudiera arribar a la conducente conclusión sobre el tema.

En tal sentido, al privilegiar el mandato constitucional, así como el equilibrio entre el principio de legalidad consagrado por los artículos 16 y 41 de la Constitución Federal, y el ejercicio debido del derecho de autodeterminación de los partidos políticos, la Sala Regional debió considerar que el acuerdo estaba suficientemente motivado, pues tal determinación se trataba de una medida urgente para garantizar la unidad y fortaleza del instituto político, en la selección de sus dirigentes, atendiendo en todo momento al plazo que la sala responsable les había impuesto y ordenado, de conformidad con la facultad discrecional establecida en el artículo 48 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, lo cual atañe exclusivamente al partido político como parte de su estrategia política, para evitar el riesgo en el que se encontraba la postulación de la totalidad de candidaturas por la exigua participación de mujeres.

Conforme a lo expuesto, es evidente que asiste la razón al partido político recurrente cuando sostienen que la Sala Regional Distrito Federal indebidamente pasó por alto los principios de auto-organización y autodeterminación previstos en la normativa constitucional, legal y partidista mencionada, con el objeto de que se observara la unidad del orden jurídico aplicable, de ahí lo fundado del agravio.

Consecuentemente, lo procedente es revocar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revoca la interlocutoria de diez de agosto de dos mil doce, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, en el cuaderno incidental número 25/2012 relativo al cumplimiento de la sentencia recaída al expediente con clave SDF-JDC-497/2011 y acumulados.

Notifíquese, personalmente al Partido Revolucionario Institucional, en el domicilio señalado en su escrito respectivo; por oficio, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con apoyo en los artículos 26, párrafo 3; 27, 28, 29 y 70, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y devuélvanse los documentos correspondientes.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.