JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1109/2013.

ACTORA: MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ

ÓRGANO RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA.

SECRETARIOS: MAGALI GONZÁLEZ GUILLÉN, ROBERTO ZOZAYA ROJAS Y HÉCTOR SANTIAGO CONTRERAS.

México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil trece.

VISTOS, para acordar los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado, promovido por María del Carmen Arvizu Bórquez, ostentándose como Consejera Propietaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, contra la designación de la Consejera Sara Blanco Moreno como Consejera Presidenta de dicho órgano administrativo electoral, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos expuestos en la demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:

a. Designación de Consejeros Electorales. El dos de noviembre de dos mil once, dentro de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con la clave SUP-JDC-4984/2011 y acumulados, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó la designación de Sara Blanco Moreno, María del Carmen Arvizu Bórquez y Francisco Javier Zavala Segura como Consejeros Propietarios Electorales del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.

b. Designación del Consejero Presidente para el periodo 2011-2013. El diez de noviembre de dos mil once, mediante sesión extraordinaria del entonces Consejo Estatal Electoral se designó a Francisco Javier Zavala Segura como Consejero Presidente para fungir por el periodo 2011-2013.

c. Acuerdo impugnado. En sesión extraordinaria de dieciséis de octubre de dos mil trece, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, por mayoría de votos, determinó designar a Sara Blanco Moreno como Consejera Presidente para el periodo 2013-2015 conforme al artículo 90 del Código Electoral del Estado de Sonora.

d. Recurso de apelación local. El veintitrés de octubre de dos mil trece el Partido Revolucionario Institucional promovió, por conducto de su comisionada suplente ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, recurso de apelación local.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales. Inconforme con la designación de la Consejera Sara Blanco Moreno como Consejera Presidenta de dicho órgano administrativo electoral, el veintidós de octubre del presente año, María del Carmen Arvizu Bórquez, ostentándose como Consejera Propietaria del Consejo Estatal Electoral y de Partición Ciudadana promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

III. Remisión y trámite. Mediante oficio CEE/SEC-833/2013 recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veintinueve de octubre de dos mil trece, la Secretaria del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de Sonora, remitió el escrito de demanda, con sus anexos.

IV. Turno a Ponencia. Mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil trece, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional acordó integrar el expediente SUP-JDC-1109/2013, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Turno que se cumplimentó mediante oficio número TEPJF-SGA-3793/13, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

V. Pruebas supervenientes. Mediante oficio presentado en Oficialía de Partes de esta Sala Superior el treinta de octubre de dos mil trece, María del Carmen Arvizu Bórquez, actora en el juicio de mérito, presentó diversas documentales como pruebas supervenientes.

VI. Radicación. El Magistrado Instructor, en su oportunidad, radicó el expediente en que se actúa.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa el presente acuerdo corresponde al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada y plenaria, en atención a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 11/99, cuyo rubro es el siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR".1

1 Consultable a fojas cuatrocientas trece a cuatrocientas catorce de la "Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia", de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, toda vez que se trata de determinar cuál es la vía idónea para resolver sobre la pretensión planteada por la actora en su escrito de demanda, esto es, mediante juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano federal o alguno de los medios de impugnación regulados en la legislación electoral del Estado de Sonora y, en consecuencia, cuál es el órgano competente para resolver, si el Tribunal Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa o esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, lo que al efecto se resuelva no constituye un acuerdo de mero trámite, porque no sólo tiene trascendencia en cuanto al curso que debe darse a la mencionada demanda de juicio ciudadano, sino determinar la vía de impugnación adecuada en este particular; de ahí que se deba estar a la regla general a que se refiere la tesis de jurisprudencia invocada.

En consecuencia, corresponde al colegiado de esta Sala Superior resolver al respecto lo que en Derecho proceda.

SEGUNDO. Improcedencia y reencauzamiento del juicio federal a medio de impugnación local. Esta Sala Superior considera que el juicio federal al rubro identificado es improcedente, como a continuación se explica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, un ciudadano puede acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violación a sus derechos político-electorales de votar, ser votado, asociación y afiliación.

Por otra parte, el artículo 79, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es el medio de impugnación que puede ser promovido por un ciudadano, que teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho a integrar órganos de autoridad electoral de las entidades federativas.

Empero, el juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado las instancias previas y llevado a cabo las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho que considera vulnerado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto, esto es, cuando se haya cumplido el principio de definitividad.

Resulta aplicable la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 9/2008, cuy rubro es: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA.2

2 Consultable a fojas cuatrocientos cincuenta y nueve, de la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1 "Jurisprudencia"

Ahora bien, un acto o resolución no es definitivo ni firme cuando existe, previo a la promoción de determinado juicio, algún recurso o medio de impugnación apto para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, cuya promoción no sea optativa, sino necesaria para estar en posibilidad jurídica de agotar los medios extraordinarios de impugnación, como lo es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o cuando la eficacia o validez del acto o resolución controvertido esté sujeta a la ratificación de un órgano superior que lo pueda o no confirmar.

En este contexto, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la actora promueve el juicio ciudadano contra la designación de la Consejera Sara Blanco Moreno como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizada por el propio consejo mediante sesión extraordinaria de dieciséis de octubre de dos mil trece, sin que se haya dado cumplimiento al citado principio de definitividad.

Lo anterior es así, porque el artículo 22, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de la referida entidad federativa establece:

La ley establecerá un sistema de medios(sic) impugnación de los que conocerán los organismos electorales y un Tribunal Estatal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten, invariablemente, al principio de legalidad. Sus sesiones serán públicas.

El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena autonomía operativa y de decisión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y de procesos de participación ciudadana, funcionará de manera permanente y tendrá a su cargo la sustanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación que establezcan las leyes relativas.

Como se advierte de los párrafos del precepto constitucional local prevé que en la ley electoral local se establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Por su parte, los artículos 326 a 329, así como 335, del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen lo siguiente:

Artículo 326.- Los partidos, alianzas o coaliciones contarán con los siguientes medios de impugnación:

I. El recurso de revisión;

II. El recurso de apelación; y

III. El recurso de queja.

Artículo 327.- El recurso de revisión podrá ser interpuesto en contra de los actos, omisiones, acuerdos o resoluciones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, salvo la excepción prevista para el recurso de queja.

Artículo 328.- El recurso de apelación se podrá interponer para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de revisión, o por los ciudadanos para impugnar actos del Registro Electoral después de agotar la instancia administrativa a que se refiere el artículo 142 de este Código; así como para impugnar los actos, omisiones, acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal.

Las organizaciones o agrupaciones políticas podrán interponer el recurso de apelación a través de sus representantes legítimos exclusivamente en lo relativo a su registro como partido estatal.

Artículo 329.- El recurso de queja podrá interponerse exclusivamente para impugnar:

I. La declaración de validez de la elección de Gobernador y, por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, por las causales de nulidad establecidas en este Código;

II. La declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y, por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, por las causales de nulidad establecidas en este Código;

III. La declaración de validez de la elección de ayuntamientos y, por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, o la de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, por las causales de nulidad establecidas en este Código;

IV. La asignación de diputados por el principio de representación proporcional que realice el Consejo Estatal;

V. Por error aritmético en los cómputos distritales, municipales y de la elección de Gobernador del Estado y los cómputos para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Artículo 335.- La interposición de los recursos de revisión, apelación y queja corresponde a los partidos, alianzas o coaliciones, a través de sus representantes legítimos.

Las organizaciones o agrupaciones políticas podrán interponer el recurso de apelación a través de sus representantes legítimos sólo en caso de contravención por parte de las autoridades a lo previsto en el artículo 18 de este Código.

La personalidad de los representantes se tendrá por acreditada cuando estén registrados formalmente, en los términos de este Código, para lo cual se acompañará copia del documento en que conste el registro.

Son representantes legítimos de los partidos, alianzas o coaliciones:

I. Los comisionados registrados formalmente ante los órganos electorales, bajo los siguientes principios:

a) Los comisionados estatales podrán interponer todos los recursos previstos en este Código.

b) Los comisionados ante los Consejos Distritales y Municipales sólo podrán interponer recursos contra resoluciones emanadas del Consejo Electoral ante el cual estén acreditados.

II. Los miembros de los comités directivos u organismos equivalentes a nivel estatal o municipal podrán representar a su partido. En este caso deberán acreditar su personalidad con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido;

Tratándose de coaliciones o alianzas, los señalados en el convenio respectivo; y

III. Los que estén autorizados para representarlos mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido, alianza o coalición facultados para ello.

Los representantes a que se refiere este artículo podrán autorizar a una o varias personas a fin de que realicen en beneficio del partido, alianza o coalición, todos los actos procesales que no impliquen la disposición de los derechos de litigio o que estén reservados directamente a los partidos, alianzas o coaliciones

De la normativa legal del estado de Sonora se advierte:

- El sistema de medios de impugnación en materia electoral en la entidad, se integra con el conjunto de medios o vías legalmente establecidas para cuestionar la legalidad o validez de un acto de autoridad, tendentes a que se modifiquen o revoquen los acuerdos y resoluciones dictadas por los órganos electorales.

- El sistema de medios de impugnación regulado por la ley electoral local tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

- El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado.

- El recurso de revisión procede para controvertir actos, omisiones, acuerdos o resoluciones de los consejos distritales y municipales electorales, con excepción de aquéllos que deben ser controvertidos por el recurso de queja.

- El recurso de apelación es el medio idóneo para impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de revisión, o los actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Electoral local o por los ciudadanos para impugnar actos del registro Electoral después de agotar la instancia administrativa a que se refiere el artículo 142 de este Código, así como para impugnar los actos, omisiones, acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal.

- El recurso de queja procederá para controvertir la declaración de validez, así como el otorgamiento de las constancias correspondientes, respecto de las elecciones de Gobernador del Estrado, diputados al Congreso local, así como de integrantes de los Ayuntamientos de la entidad federativa.

A juicio de esta Sala Superior, el recurso de apelación es el medio de impugnación local procedente para controvertir por los partidos políticos, alianzas o coaliciones electorales, así como por los ciudadanos, los actos, omisiones, acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

Tal conclusión se obtiene, a partir de una interpretación sistemática y funcional para garantizar el acceso a la jurisdicción estatal a todas las personas, particularmente en materia electoral, al asegurar la existencia de un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, según se prevé en los artículos 17, párrafos primero y segundo, 41, párrafo segundo, base VI, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 22, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Lo anterior tiene sustento en el artículo 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que establece:

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán rectores de la función electoral.

La interpretación del presente Código se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 11/2010, consultable a fojas trescientas cuarenta y cinco a trescientas cuarenta y seis, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 "Jurisprudencia", de rubro: INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

En efecto, a partir de la anterior interpretación es conforme a Derecho concluir que el recurso de apelación regulado en la ley procesal electoral local es procedente, entre otros supuestos, cuando un ciudadano teniendo interés jurídico, controvierta los actos o resoluciones emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

En la especie, la enjuiciante manifiesta que le agravia la designación de la Consejera Sara Blanco Moreno como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por lo que promueve el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro identificado.

En este contexto, esta Sala Superior considera que el juicio ciudadano federal promovido por la actora, no es la vía idónea para controvertir el acto que identifica como reclamado, al no haber agotado el medio de impugnación previsto en la legislación del Estado de Sonora.

No obstante lo anterior, aun cuando la actora omitió promover el citado medio de impugnación electoral local, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso efectivo a la justicia pronta y expedita, que tutela el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Superior considera que el juicio al rubro identificado, debe ser reencauzado a recurso de apelación, previsto en la legislación electoral del Estado de Sonora.

Lo anterior, en atención a que, aun cuando la actora se equivocó en la elección del medio de impugnación, se debe dar a su demanda el trámite correspondiente al medio de defensa procedente, en tanto que está exteriorizada la voluntad de la enjuiciante de controvertir la determinación de la autoridad señalada como responsable y que, en su concepto la misma, le causa agravio.

Lo anterior, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 01/97, consultable a fojas cuatrocientas a cuatrocientas dos de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.

En este sentido, esta Sala Superior ha considerado que ante la pluralidad de opciones que el sistema jurídico mexicano ofrece a quienes intervienen en las controversias electorales, para hacer valer sus derechos jurisdiccionalmente, es factible que los interesados equivoquen el juicio o recurso entre los distintos medios de impugnación e interpongan uno federal cuando lo correcto es promover otro previsto en las leyes estatales respectivas, como ocurre en el caso concreto.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el acto que se controvierte mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro se encuentra sub iúdice, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional promovió, el veintitrés de octubre de dos mil trece, recurso de apelación para controvertir la designación de Sara Blanco Moreno como Consejera Presidenta del referido instituto electoral local, tal como se advierte de la copia certificada del citado recurso de apelación que obra en autos del expediente en que se actúa, la cual fue remitida por la responsable junto con su informe circunstanciado.

Sobre el particular, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior que una de las finalidades del principio de definitividad es evitar el surgimiento de sentencias contradictorias, al asegurar la existencia de un fallo único, que obligue imperativamente a las partes y que no encuentre oposición de ninguna especie en la ley o en otros actos de autoridad, toda vez que, en el supuesto de que se admitiera la existencia simultánea del medio de impugnación ordinario y del extraordinario, se propiciaría el riesgo del surgimiento de sentencias contradictorias, no se cumpliría la finalidad del procesos de otorgar certeza, definitividad y firmeza, en lo particular, a los actos electorales.

En este contexto, resulta aplicable la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 16/2001, consultable a fojas cuatrocientas cinco a cuatrocientas siete, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 "Jurisprudencia", cuyo rubro es: MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO Y OTRO EXTRAORDINARIO. CUANDO AMBOS SON ADMISIBLES PERO SE PROMUEVEN SIMULTÁNEAMENTE, DEBE DESECHARSE EL SEGUNDO.

A partir de lo expuesto, en concepto de esta Sala Superior, el juicio al rubro identificado se debe reencauzar al recurso de apelación previsto en la normativa electoral del Estado de Sonora, cuyo conocimiento y resolución corresponde al Tribunal Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa, en el entendido de que ello no implica prejuzgar sobre el cumplimiento de los correspondientes requisitos de procedibilidad.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 12/2004, consultable a fojas cuatrocientas cuatro a cuatrocientas cinco, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", cuyo rubro es el siguiente: MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA".

Por lo expuesto y fundado, se

A C U E R D A

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido por María del Carmen Arvizu Bórquez.

SEGUNDO. Se reencauza el juicio en que se actúa a recurso de apelación, previsto en la legislación electoral del Estado de Sonora, para que el Tribunal Estatal Electoral de esa entidad federativa, en plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en Derecho proceda.

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan y copia certificada que se deje en el Archivo Jurisdiccional de este Tribunal, de la totalidad de las constancias que integran el expediente al rubro identificado, envíese el asunto al Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

NOTIFÍQUESE: por estrados a la actora, por así haberlo solicitado en su escrito de demanda; por oficio, con copia certificada de esta resolución, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral, ambos del Estado de Sonora, y por estrados a los demás interesados; lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 26, párrafo 3, 28, 29, párrafo 1 y 84, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, Magistrado José Alejandro Luna Ramos y Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. El Secretario General de Acuerdos da fe. Rúbricas.