JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-68/2013

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIOS: JOSÉ EDUARDO VARGAS AGUILAR, ANGEL EDUARDO ZARAZÚA ALVIZAR Y ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

México, Distrito Federal, diez de julio de dos mil trece.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral promovido por Martín Darío Cázarez Vázquez, en su carácter de apoderado legal del Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo de catorce de mayo de dos mil trece, emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante el cual solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del mismo estado, que por conducto de su Consejo Estatal, en términos de lo establecido por el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, convenga con el Instituto Federal Electoral para que dicho ente público asuma la organización del Proceso Electoral Local dos mil quince, para renovar el Congreso del Estado y los diecisiete Ayuntamientos de la Entidad.

RESULTANDO

I. Antecedentes. De las constancias en autos se advierte lo siguiente:

a. Solicitud del Gobernador al Congreso, ambos del Estado de Tabasco. El once de mayo de dos mil trece, se recibió en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, oficio suscrito por Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional de dicho Estado, mediante el cual solicita al Presidente de la Junta de Coordinación Política, considere la posibilidad de solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que por conducto de su Consejo Estatal, y conforme a lo establecido en el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral de la citada entidad federativa, convenga con el Instituto Federal Electoral para que este último, asuma la organización del proceso electoral local del año dos mil quince, en el cual, se renovará el Congreso del Estado y diecisiete Ayuntamientos.

b. Acuerdo expedido por el Congreso Local. El catorce de mayo del año en curso, el mencionado Congreso expidió el acuerdo por el que solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que, por conducto de su Consejo Estatal, en términos del artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, convenga con el Instituto Federal Electoral para que dicho ente público asuma la organización del proceso electoral local referido.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. Contra el citado acuerdo, el veinte de mayo de dos mil trece, Martín Darío Cázares Vázquez, en su carácter de apoderado legal del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Congreso del Estado de Tabasco juicio de revisión constitucional electoral.

El veintidós de mayo del presente año y mediante oficio HCE/DAJ/255/2013, el Director de Asuntos Jurídicos de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, remitió a la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, la demanda de juicio de revisión constitucional, anexos y el respectivo informe circunstanciado.

III. Trámite y recepción. El veintitrés de mayo de dos mil trece en Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio de veintidós de mayo del presente año, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, remitió el escrito de demanda, el informe circunstanciado, y la documentación que estimó pertinente.

IV. Turno. En la misma fecha, el Magistrado Pedro Esteban Penagos López, en su carácter de Presidente por Ministerio de Ley de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el expediente SUP-JRC-68/2013 y turnarlo a la ponencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó, admitió a trámite la demanda y, al no existir diligencia pendiente por desahogar, declaró cerrada la instrucción, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver del presente asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, 86 y 87, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político, con el objeto de impugnar el punto de acuerdo 028, de catorce de mayo del año en curso, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad que, por conducto de su Consejo Estatal, conviniera con el Instituto Federal Electoral a fin de que éste asumiera la organización del proceso electoral local del año dos mil quince; pues a decir del enjuiciante se vulnera el principio de autonomía e independencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

En el caso de los juicios de revisión constitucional electoral, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la distribución de competencias entre la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obedece, esencialmente, al objeto o materia de la impugnación.

Esto es, el artículo 189, apartado 1, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, en lo conducente, que la Sala Superior tendrá competencia para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:

"…d) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal".

Por su parte, el artículo 195, primer párrafo, fracción III, de la Ley de referencia, dispone que cada una de las Salas Regionales, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrán competencia para resolver:

"….III. Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos y de los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal…XIV. Las que les delegue la Sala Superior y las demás que señalen las leyes".

En el mismo sentido se encuentra lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

De las disposiciones de referencia se advierte que la distribución competencial entre la Sala Superior y las Salas Regionales, para conocer del juicio de revisión constitucional electoral, está definida para que conozcan de los promovidos en contra de actos o resoluciones de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, en los términos siguientes:

- La Sala Superior tiene competencia de los relacionados con las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

- Las Salas Regionales son competentes para conocer de los vinculados con las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal.

Como se advierte, la relatada distribución de competencias tiene un carácter enunciativo, puesto que es imposible que el legislador pueda incluir en un solo catálogo todos y cada uno de los supuestos que pueden generarse en la práctica, pues ello conduciría a un casuismo completamente impráctico.

En esa tesitura, es menester destacar que el legislador ordinario al prever los ámbitos de competencia que corresponden a la Sala Superior y Regionales, no hizo mención expresa respecto a cuál de ellas es competente para conocer de los juicios de revisión constitucional electoral relacionados con aquellas impugnaciones en las que se aduzca la vulneración al principio de autonomía e independencia de las autoridades administrativas electorales estatales, como en el caso es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Ahora bien, ha sido criterio de esta Sala Superior que este órgano colegiado tiene la competencia en todos los medios de impugnación, siempre que no se trate de un supuesto expresamente concedido a las mencionadas Salas Regionales; esto es a partir de las reformas legales de julio de dos mil ocho.

En el mismo sentido, es importante precisar que en relación con la integración de autoridades electorales administrativas esta Sala Superior ha sostenido que la tutela del derecho político-electoral de integrarlos, por no estar expresamente contemplada en alguno de los supuestos de competencia de las Salas Regionales, le corresponde y, por tanto, es la competente para conocer de las impugnaciones relacionadas.

Esto porque, como máxima autoridad jurisdiccional electoral, le atañe resolver todas las controversias en la materia, con excepción de las que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las Salas Regionales, además de que en el ámbito electoral federal debe velar por la observancia de los principios rectores que rigen los procedimientos electorales.

Esta Sala Superior se pronunció en el sentido de que la integración de las autoridades electorales administrativas representa un acto de preparación de la elección en sentido amplio y, por ello, su tutela se enmarca en el ámbito de la jurisdicción electoral.

De tal manera que no resulta posible efectuar una interpretación restrictiva.

En este contexto, si en la especie la litis del presente juicio se encuentra relacionada con la posible conculcación de diversos principios constitucionales de una autoridad electoral administrativa encargada de organizar las elecciones, resulta claro que, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), 195 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los numerales 86 y 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la distribución de competencias establecida por el legislador, para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de revisión constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre las impugnaciones en las que se aduzca vulneración al principio de autonomía e independencia de las autoridades administrativas electorales estatales, como en el caso es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; en consecuencia, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, y en razón de que la competencia de las Salas Regionales en el juicio de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe concluirse que la Sala Superior es la competente para conocer de aquellos juicios.

Por otra parte, si el acto que se impugna consiste en el punto de acuerdo 028, de catorce de mayo del año en curso, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad que, por conducto de su Consejo Estatal, conviniera con el Instituto Federal Electoral a fin de que éste asumiera la organización del proceso electoral local del año dos mil quince, resulta claro que se trata de un acto materialmente administrativo de carácter electoral, lo cual cabe dentro del ámbito material de validez de las disposiciones citadas, como se razona a continuación.

En primer término, es necesario señalar que se reconoce ampliamente tanto por la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, como por la doctrina, que los poderes públicos realizan actos que pueden ser considerados desde dos puntos de vista: uno formal y otro material; el primero, el formal, atiende a la naturaleza propia del órgano que emite el acto; en tanto que el segundo, el material, atiende a la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional.

En el presente caso, si bien el acto impugnado es un acto formalmente legislativo, al haber sido emitido por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, lo cierto es que se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual se ejerce una facultad prevista en la Constitución local, consistente en la aprobación de un punto de acuerdo cuyo contenido se relaciona directamente con el artículo 29, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, ya que, en la especie, se está frente a la solicitud que realizó el Congreso local al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad para que, por conducto de su Consejo Estatal, conviniera con el Instituto Federal Electoral a fin de que éste asumiera la organización del proceso electoral local del año dos mil quince, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ahora bien, en el presente asunto es inconcuso que se está frente a un acto, genéricamente considerado, que es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, consistente en que uno de los Poderes del Estado solicite que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco convenga que el Instituto Federal Electoral sea quien realice los actos tendentes a la organización del proceso electoral local del año dos mil quince, lo cual finalmente se traduce en la organización de las elecciones locales por parte de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; responsable del ejercicio de organizar las elecciones, teniendo como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El punto de acuerdo del Congreso local relativa a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por conducto de su Consejo Estatal, convenga con el Instituto Federal Electoral que éste último sea quien asuma la organización del proceso electoral local del año dos mil quince, se constituye en un acto de carácter evidentemente electoral que puede incidir en la preparación del proceso comicial que habrá de iniciar el quince de marzo del año dos mil quince en el Estado de Tabasco. En este sentido, el punto de acuerdo 028 de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es un acto que debe considerarse propiamente de organización y preparación de las elecciones, al incidir en torno a la autoridad encargada de tales tareas en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

En efecto, la solicitud del Congreso local relativa a que la autoridad administrativa electoral de Tabasco convenga con el Instituto Federal Electoral para que éste último sea quien asuma la organización del proceso electoral local en la referida entidad no puede ser entendida de otra forma, pues evidentemente tiene como propósito que dicha autoridad administrativa electoral federal sea la encargada de organizar las elecciones del cinco de julio del año dos mil quince, lo que se constituye en un acto de preparación a lo que habrá de ser el proceso electoral en esa entidad federativa, máxime que, en el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral de Tabasco, se dispone que el Instituto Estatal podrá convenir con el Instituto Federal Electoral, previa aprobación de las dos terceras partes de su Consejo Estatal, para que éste último asuma la organización de procesos electorales locales.

Asimismo que dicha solicitud deberá formularse con doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral que se trate, razón por la cual resulta evidente de que se trata de un acto tendente a la organización del proceso electoral respectivo que se realiza en preparación de la elección, pues efectivamente ese es el sentido que tiene, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional del referido artículo 29.

Lo anteriormente razonado lleva a considerar que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, exclusivamente respecto del acto impugnado en el presente medio de impugnación, que materialmente constituye un acto administrativo por el cual se ejerce una atribución prevista tanto en la Constitución local como en la Ley Electoral de la referida entidad federativa, es autoridad electoral responsable para efectos del juicio de revisión constitucional electoral y, como consecuencia de ello, el acto que se impugna en el juicio citado al rubro es susceptible de ser objeto de conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución federal; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, 86 y 87 de la ley adjetiva federal.

Conforme con lo antes expuesto, al establecerse en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, debe interpretarse en forma amplia y no limitada, pues no proceder así implicaría ir en contra del propósito perseguido por el poder revisor de la Constitución, al realizar las reformas constitucionales en materia electoral en el año de mil novecientos noventa y seis y reiteradas con posterioridad en el año dos mil siete; en el sentido de sujetar cualquier acto relativo a la organización y realización de las elecciones para renovar a los poderes públicos, tanto federales como locales, a los principios de constitucionalidad y legalidad y, para lo cual, es necesario que, en caso de existir una posible irregularidad, la misma sea sometida al conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que exista pleno respeto del mismo.

En este sentido, es importante tener presente que en el referido dictamen expresamente se evidencia el propósito de que respecto de "todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa" (por lo cual es claro que la solicitud para que el Instituto Federal Electoral sea quien asuma la organización del proceso electoral en el Estado de Tabasco para el año dos mil quince, en ejercicio de una atribución legal, es decir, que estaba prevista en una ley, es una de esas medidas), se debe permitir la actualización de ese control de constitucionalidad contemplado en la Constitución federal a cargo de la Sala Superior, para que revise "la adecuación de toda conducta", si bien no propiamente realizada dentro de una de "las fases del proceso electoral", pero que por la relevancia del acto de autoridad, genérica y materialmente entendido como administrativo, realizado por el Congreso del Estado de Tabasco, desde luego, es susceptible de impugnarse por medio del juicio de revisión constitucional electoral; ya que nítidamente está comprendido en el ámbito material de validez de la norma constitucional en la que se prevé la competencia genérica del Tribunal Electoral ["...actos ...definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo..." (artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV) ].

En ese orden de ideas, debe tenerse presente que el recto sentido de la norma por la cual se delinea la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ahora aquí se estudia para considerar que está comprendido el acto realizado por el Congreso del Estado de Tabasco, viene delimitado también por el principio que parte del artículo 17, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, cuando se establece que está prohibida la autocomposición y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva para el individuo.

Además, en adición a lo antes señalado, es necesario precisar que en el artículo 41, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder revisor de la Constitución dispuso que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecería un sistema de medios de impugnación, que tendría entre sus propósitos el de dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales.

En este mismo sentido, el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral debe ser interpretado atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la misma ley, es decir, cuando, en el primero de los citados artículos, se dispone que el juicio de revisión constitucional electoral procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales, en una interpretación sistemática y funcional, así como considerando que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad es necesario considerar que, en el caso concreto, como ya se ha señalado, el Congreso del Estado de Tabasco actuó como autoridad electoral, teniendo presente que el punto de acuerdo que aprobó, respecto de la solicitud realizada al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad para que, por conducto de su Consejo Estatal, conviniera con el Instituto Federal Electoral a fin de que éste asumiera la organización del proceso electoral local del año dos mil quince, es un acto que debe considerarse como de organización de las elecciones, en un sentido amplio, sin restringirlo únicamente a los actos que, dentro del proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

Asimismo, es necesario tener presente la jurisprudencia identificada con la clave 21/2001 de esta Sala Superior, de rubro "PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL", visible en las páginas cuatrocientas noventa y cuatro a cuatrocientos noventa y cinco, de la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, en la cual se sostiene que, de conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que, por primera vez, en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos, como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Interpretar de otra manera las disposiciones antes referidas, podría traducirse en que existan actos o resoluciones evidentemente de carácter electoral, con trascendencia en el desarrollo del proceso electoral y en el resultado mismo de los comicios, que no podrían ser del conocimiento y resolución por parte del órgano jurisdiccional electoral federal, lo que implicaría que en esos casos pudieran darse violaciones al principio de legalidad, que no serían susceptibles de ser impugnadas y, en su caso, reparadas a través de uno de los medios de impugnación en materia electoral previstos constitucional y legalmente, con lo que se estaría desatendiendo el propósito del constituyente permanente, mismo que ha quedado evidenciado en las citas antes precisadas.

Conforme con lo anteriormente razonado, es claro que esta Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver respecto de la impugnación planteada en contra del punto de acuerdo 028, de catorce de mayo del año en curso, mediante el cual la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad que, por conducto de su Consejo Estatal, conviniera con el Instituto Federal Electoral a fin de que éste asumiera la organización del proceso electoral local del año dos mil quince.

Por tanto, la determinación controvertida al estar relacionada directamente con la autoridad encargada de organizar las elecciones para el Estado de Tabasco en el año dos mil quince, y no preverse, en ninguno de los ordenamientos legales que rigen en materia electoral, el órgano jurisdiccional que debe conocer y resolver, impugnaciones como la presente, resulta innegable que la Sala Superior de este Tribunal Electoral es la competente para conocer y resolver la demanda del juicio al rubro.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Previo al examen de fondo de la controversia planteada, este órgano jurisdiccional procede al análisis de las causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, toda vez que de actualizarse alguna resultaría innecesario el estudio de los motivos de inconformidad planteados por el partido político actor.

a) Extemporaneidad

La autoridad responsable, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la demanda fue presentada extemporáneamente, ya que el acto impugnado no se combatió desde el momento en que los actores tuvieron pleno conocimiento del mismo, es decir, dentro de los cuatro días que la ley electoral señala, así también, la autoridad responsable enfatiza que el juicio que nos ocupa no señala cuando y de qué modo tuvo conocimiento el actor del mencionado acto impugnado, pues el medio impugnativo fue presentado ante ese ente legislativo, hasta las dieciséis horas diez minutos del día veinte de mayo de dos mil trece.

La presente causal de improcedencia es infundada, ya que la presentación del medio de impugnación se encuentra dentro de los cuatro días que establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el acuerdo impugnado fue aprobado el catorce de mayo de dos mil trece, por lo que, tomando en consideración que los días dieciocho y diecinueve de mayo fueron inhábiles por ser sábado y domingo, el plazo para la promoción del recurso transcurrió del quince al veinte de mayo de dos mil trece.

Por tanto, si bien el actor no precisa la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, lo cierto es que presentó el escrito de demanda ante la autoridad responsable el veinte de mayo de dos mil trece, por lo que es inconcuso que se interpuso dentro del plazo de cuatro días que señala el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto es, el último día del plazo correspondiente.

Además, en todo caso, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 8/2001 de este órgano jurisdiccional, con el rubro: CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO, por lo que al no haber certidumbre sobre la fecha en que el promovente tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo1, por tanto, su presentación sería oportuna.

En esa tesitura, la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda, es notoriamente infundada.

1 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 216 a 217.

b) Falta de interés jurídico

La citada autoridad responsable afirma que en el caso se actualiza la causal prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a la falta de interés jurídico del actor, ya que señala que el mismo no se ve afectado por el acto impugnado, y que correspondería en todo caso al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y no al promovente la impugnación presentada.

Dicha causal de improcedencia deviene infundada, ya que el actor tiene interés jurídico para promover el presente medio de impugnación, toda vez que los partidos políticos y coaliciones están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos, que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos electorales.

En efecto, si los actos preparatorios son de carácter instrumental, respecto al ejercicio del derecho al voto que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, afectan el interés de los ciudadanos que pueden votar en los comicios electorales futuros; sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual, ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, sin permitir invocar en estos casos, como agravios, las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, pues los actos preparatorios se convierten en definitivos e impugnables, al término de esa etapa del proceso electoral.

Lo anterior se encuentra recogido en la jurisprudencia 15/2000 con el rubro: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES.2

2 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 455 a 457.

En relación a lo anteriormente expuesto, el actor tiene interés jurídico en el presente medio de impugnación, al tener relación con la determinación de la autoridad administrativa electoral encargada de organizar las elecciones para el proceso electoral dos mil quince, de ahí lo infundado de la causal en estudio.

c) Determinancia

Finalmente, la autoridad responsable señala que no se cumple con el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, ya que el acto impugnado es un punto de acuerdo por el que el Congreso local pone a consideración del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Tabasco, la posibilidad de que convenga con el Instituto Federal Electoral, para que este último asuma la organización del proceso electoral local, cuya jornada se efectuara el cinco de julio de dos mil quince.

Dicha causal resulta infundada pues el acto reclamado sí es determinante para el desarrollo del proceso electoral y para el resultado de final de las elecciones.

Ahora bien, la determinancia se colma cuando se emiten actos o resoluciones que puedan afectar las actividades de los partidos políticos, pues como lo establece el artículo 99 párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las impugnaciones de resoluciones definitivas y firmes de autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar comicios o resolver controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, el juicio de revisión constitucional, procederá sólo cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible.

Así también el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala que la violación reclamada puede resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.

Este requisito se encuentra satisfecho en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional controvierte un punto de acuerdo del Congreso del Estado de Tabasco mediante el cual se solicita al instituto electoral local que suscriba convenio con el Instituto Federal Electoral para que sea este último el encargado de organizar las elecciones del proceso electoral local dos mil quince, situación que resulta determinante, pues se relaciona directamente con actos que pueden incidir en la definición del órgano administrativo electoral que se encargaría de la organización de los comicios locales próximos, lo que encuentra relación de manera sustancial en el desarrollo de los mismos.

Asimismo, esta controversia se encuentra relacionada con la determinación de la autoridad administrativa que tendrá a su cargo la organización del proceso electoral, lo que constituye un acto de carácter electoral que forma parte de la etapa de preparación del proceso electoral en cuestión, como se analizó en esta ejecutoria en el apartado relativo a la jurisdicción y competencia.

En este sentido, los actos relativos a la eventual firma de convenio entre la autoridad local y federal en materia electoral, deben considerarse como actos propiamente de organización y preparación de las elecciones, en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

Por lo expuesto es que resulta infundada la causal de improcedencia manifestada por la autoridad responsable.

TERCERO. Procedencia y requisitos especiales de procedibilidad. El presente medio de impugnación cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia previstos en los artículos 9, párrafo 1; 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

a) Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto impugnado, y consta el nombre y firma autógrafa del promovente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y los ciudadanos autorizados para tal efecto, la identificación de los actos combatidos, los hechos materia de la impugnación y la expresión de agravios atinente.

b) Oportunidad. Se cumple el requisito en cuestión, tal y como se expuso en el considerando segundo de la presente resolución al desvirtuar la causal de improcedencia.

c) Legitimación. El juicio de mérito es promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido en el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello, porque el dispositivo jurídico en comento contempla que el presente medio de impugnación sólo puede ser incoado por los partidos políticos a través de sus representantes y, en el caso, el actor es el Partido Revolucionario Institucional.

d) Personería. Por otra parte, se tiene por acreditada la personería de Martín Darío Cázarez Vázquez, como apoderado del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, ya que en autos obra copia de la escritura pública dos mil ochocientos treinta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número treinta y dos, con adscripción en Villahermosa, Tabasco, que acredita el carácter con que comparece.

En esas condiciones, es claro que quien presenta la respectiva demanda del juicio de revisión constitucional electoral, cuentan con la personería suficiente, en términos de los dispuesto en el artículo 88, apartado 1, inciso d), de la citada ley adjetiva de la materia.

e) Interés jurídico. El cumplimiento de tal requisito se satisface en términos de lo establecido en el considerando segundo de la presente resolución al desestimar la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable.

f) Definitividad y firmeza. El presente acto impugnado es un acto definitivo y firme, ya que no procede algún recurso y no se prevé la existencia de algún medio de impugnación que pueda tener como efectos la modificación y confirmación, razón por la cual, es evidente que se cumple el requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral establecido en el artículo 86, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el acto combatido debe ser definitivo y firme.

No debe dejar de apuntarse que si bien el actor aduce que acude per saltum a promover su demanda de juicio de revisión constitucional electoral, no estaba obligado a agotar algún juicio o recurso local.

Esto, ya que la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco, no contempla algún medio de defensa local, que pudiera resultar eficaz para potencialmente reparar las violaciones que se aducen.

En esa lógica, resulta palpable que el justiciable no estaba obligado a accionar algún recurso ordinario, antes de acudir a la justicia constitucional electoral federal.

g) Violación de preceptos constitucionales. Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que el partido político actor manifiesta que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

Toda vez que el requisito en comento debe entenderse en sentido formal, atento a lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/97, cuyo rubro es: JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA3, es evidente que el mismo se encuentra debidamente satisfecho.

3 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 380 a 381.

h) Violación determinante. En la especie, se cumple el requisito previsto en el artículo 86, párrafo primero, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante, tal y como se analizó al calificar como infundada la causal de improcedencia relativa en el considerando segundo de la presente ejecutoria.

i) Reparación material y jurídicamente posible. El requisito consistente en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible, establecido en los incisos d) y e) del artículo 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cubre en la especie, ya que es relativo a la etapa de preparación de la elección, la cual, se llevará a cabo hasta el año de dos mil quince.

Al respecto se debe destacar que el acuerdo impugnado se refiere a la solicitud dirigida al instituto local a fin de que suscriba convenio con el Instituto Federal Electoral para que este último organice el próximo proceso electoral.

En términos del artículo 29, último párrafo, de la ley electoral local, la solicitud que en su caso tendría que realizar el instituto electoral local deberá formularse con doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral de que se trate.

Siendo que de conformidad con el artículo 200 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, el proceso electoral ordinario se inicia el veinticinco de noviembre del año previo a la elección de que se trate, es posible concluir que en la especie la solicitud para suscribir el acuerdo tendría que formularse a más tardar el veinticinco de noviembre del año en curso, de ahí que sea claro que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible.

Ahora bien, toda vez que en la especie, se cumplieron los requisitos de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, lo conducente es realizar el estudio de fondo de los motivos de impugnación expuestos por el actor, en su respectivo escrito de demanda.

CUARTO. Resumen de agravios. Del escrito de demanda se advierten sustancialmente los siguientes motivos de disenso:

a) El acuerdo impugnado vulnera la autonomía e independencia técnica y de gestión del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, toda vez que lo que el Congreso, a petición del Gobernador del Estado, hace es dar una orden o instrucción al instituto local.

Al solicitar al instituto local que convenga con el Instituto Federal Electoral que este último asuma la organización del proceso electoral local dos mil quince, el Congreso local invade la esfera de independencia y autonomía de la autoridad electoral estatal, lo que constituye una injerencia en la libertad de dicho instituto para emitir sus resoluciones, dada su naturaleza de órgano autónomo, aunado a que no cuenta con facultades para formular dicha petición.

b) El Congreso del Estado de Tabasco no cuenta con facultad expresa para ordenar o siquiera solicitar a un órgano autónomo e independiente la celebración de convenios. Sólo el instituto estatal electoral, sin la orden de algún otro poder del Estado de Tabasco, puede convenir con el Instituto Federal Electoral respecto de la organización de elecciones.

El punto de acuerdo impugnado no cumple lo previsto en el artículo 36, fracción XLIII de la Constitución local, al no advertirse razones objetivas sobre la consecución que a través del exhorto de mérito, se gestione un apoyo a la población que se busque algún beneficio a la ciudadanía. Asimismo, de sus considerandos ninguno se avoca a especificar la finalidad de la solicitud o precisar por que el Congreso tiene la atribución expresa o implícita para realizar la solicitud.

c) No se advierte como es que el convenio del instituto local con la autoridad electoral federal pueda representar un ahorro para la economía del Estado, siendo necesario para acreditar dicho beneficio realizar los estudios de costos correspondientes.

d) Con la aprobación del punto de acuerdo se da una intromisión por parte del Congreso del Estado en la decisión de celebrar el convenio respectivo, siendo contrario a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en diversas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las facultades de los institutos locales para convenir con el Instituto Federal Electoral respecto de la organización de elecciones, ha considerado que la finalidad de la norma no se alcanza si los convenios están sujetos a la aprobación de otra entidad o poder de la entidad federativa correspondiente.

e) La solicitud impugnada se relaciona con el trasfondo político de centralizar en una sola autoridad electoral la organización de elecciones locales, lo que implicaría la vulneración de la soberanía de las entidades federativas.

Previo a una solicitud como la formulada por el Congreso estatal, debe realizar un análisis de las fortalezas y debilidades del instituto local, y sólo al constatar que sean más las debilidades, resultaría procedente su propuesta de centralizar la organización de los comicios.

f) El punto de acuerdo carece de la debida fundamentación y motivación, ya que del mismo no se advierte razón objetiva, ni sustancial que faculte al Congreso local para exhortar al instituto electoral estatal.

QUINTO. Cuestión previa. Esta Sala Superior considera pertinente precisar que el juicio de revisión constitucional electoral es un medio de impugnación de estricto derecho, en el cual se deben cumplir, indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, cabe destacar lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuanto que dispone que en los juicios de revisión constitucional electoral no procede suplir la deficiencia de la queja, de ahí que esos juicios sean de estricto derecho y, por ende, esta Sala Superior no se encuentra en posibilidad jurídica de suplir las deficiencias u omisiones de los conceptos de agravio.

Si bien para la expresión de conceptos de agravio, esta Sala Superior ha admitido que se pueden tener por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también es cierto que como requisito indispensable se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado, así como los motivos que lo originaron.

Asimismo, sobre este aspecto de derecho, esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que la regla de estricto derecho no es obstáculo para que los disensos aducidos por los enjuiciantes se puedan advertir de cualquier capítulo del escrito inicial, debido a que no resulta indispensable que estén contenidos en el capítulo especial de conceptos de agravio, por lo que pueden incluirse en cualquier parte de la demanda, siempre y cuando se expresen con toda claridad las violaciones constitucionales o legales que consideren fueron cometidas por la responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se concluya que la autoridad, o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo aplicable; o por el contrario, aplicó una diversa sin que ésta debiera aplicarse al caso concreto, o bien, realizó una interpretación incorrecta de la norma aplicada.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 3/2000 emitida por esta Sala Superior, consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, tomo Jurisprudencia, volumen 1, páginas ciento diecisiete a ciento dieciocho, cuyos rubro y texto es del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio."

Asimismo, sirve de sustento, la jurisprudencia 2/98 emitida por esta Sala Superior, consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, tomo Jurisprudencia, volumen 1, páginas ciento dieciocho a ciento diecinueve, cuyos rubro y texto es del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada."

De ahí que los motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver.

Por ende, al expresar cada concepto de agravio, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral, debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, así los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando:

-No controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnado;

-Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los expresados en el medio de impugnación local, sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones medulares que sirven de sustento a la autoridad responsable para desestimar los conceptos de agravio aducidos en la instancia local;

-Se formulan conceptos de agravio que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable, de suerte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto;

-Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir, y

-Se enderecen conceptos de agravio, que pretendan controvertir un acto o resolución definitiva y firme.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los conceptos de agravio no tendrían eficacia alguna para anular, revocar o modificar la sentencia impugnada.

SEXTO. Estudio de fondo. Por razón de método, se abordarán en conjunto los agravios identificados con los incisos a), b), d) y f), relacionados con la presunta violación a la independencia y autonomía de la autoridad electoral local a partir del acuerdo del Congreso sin estar fundado ni motivado, lo anterior, por ser la materia principal de la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional.

Para este efecto se hará una referencia sobre el mecanismo previsto constitucional y legalmente para que, en su caso, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco convenga con el Instituto Federal Electoral a efecto de que recaiga en este último la organización de comicios locales.

Dicho supuesto encuentra sustento en lo establecido en el artículo 41, base V, último párrafo, de la Constitución Federal, el cual establece que el Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

En igual sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso d), constitucional establece que las constituciones y leyes locales garantizarán que las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral, para que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

Por otra parte, el artículo 118, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, a la solicitud de las autoridades electorales competentes de las entidades federativas, relacionadas con convenios para organizar comicios locales, previa aprobación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva formulará los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de procesos electorales locales, formulando el proyecto de convenio correspondiente que, en su caso, deberá ser aprobado por el Consejo General con al menos seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral del que se trate.

En cuanto al marco normativo local, la Constitución Política del Estado de Tabasco, en su artículo 9, Apartado C, párrafo I, inciso a), in fine, faculta al citado instituto local para convenir con la autoridad administrativa electoral federal, previa aprobación del Consejo Estatal, para que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

Asimismo, el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, prevé que el instituto estatal electoral podrá convenir con el Instituto Federal Electoral, previa aprobación de las dos terceras partes de su Consejo Estatal, para que éste último asuma la organización de procesos electorales locales.

Aunado a lo anterior, establece que dicha solicitud deberá formularse con doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral de que se trate.

Dicha porción normativa fue objeto de pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil nueve, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009.

Al respecto, el Máximo Tribunal señaló que de conformidad con los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Federal, se desprende que constituye una obligación para los Estados garantizar que las autoridades electorales competentes de carácter administrativo de la entidad, a instancia propia, puedan convenir con el Instituto Federal Electoral que éste se haga cargo de la organización de procesos electorales locales.

Por otra parte, a partir de lo establecido en los dictámenes de las diversas comisiones del Congreso de la Unión que participaron en el proceso de reforma constitucional, la reforma y adición a los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, la Suprema Corte concluyó que el propósito de dicha reforma consiste en otorgar la atribución al Instituto Federal Electoral de organizar, por convenio con las autoridades electorales estatales o del Distrito Federal, procesos electorales en el ámbito de las entidades federativas y así aprovechar la capacidad material y humana del Instituto Federal Electoral, lo que redundará en una mayor confianza y credibilidad ciudadana en los procesos comiciales locales.

Asimismo, de las disposiciones constitucionales en estudio se desprende que el Constituyente definió como facultad exclusiva del órgano electoral local la decisión de celebrar dicho convenio de colaboración; y que el citado convenio se ajustará a los términos que disponga la legislación aplicable, por lo que debe entenderse que en ese rubro los Estados se encuentran en aptitud de legislar siempre y cuando, no invadan la esfera de competencia de la autoridad federal ni contraríen las disposiciones del ordenamiento supremo que los habilita.

Respecto de las disposiciones locales relacionadas con la citada facultad del instituto local, el Máximo Tribunal consideró que a través de ellas el Congreso del Estado de Tabasco, de un lado, observó el mandato constitucional previsto en el aludido artículo 116, fracción IV, inciso d), de garantizar la posibilidad de que la autoridad electoral administrativa de la entidad convenga con su similar de carácter federal, que éste se encargue de la organización de comicios de la localidad; y de otro, salvaguardó la prerrogativa de que dicho convenio se realice sólo a instancia de la autoridad local.

Por otra parte, en cuanto al requisito de temporalidad para solicitar el convenio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no veda ni restringe la oportunidad de que ésta se estudie, valore, discuta y apruebe con la debida anticipación para enviarla al Instituto Federal Electoral; tampoco impide que una decisión de tal naturaleza se lleve a cabo con el consenso, estudios, consultas y análisis suficientes que motiven la actuación de la autoridad electoral local.

De la ejecutoria relatada, se deriva la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 53/2011 (9a.), de la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, pag. 284, con el rubro y texto siguientes:

CONVENIOS ENTRE LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS Y EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES LOCALES. LOS ESTADOS CUENTAN CON UN MARGEN DE REGULACIÓN SOBRE AQUÉLLOS EN TANTO NO CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DEL ORDENAMIENTO SUPREMO QUE LOS HABILITA. De los artículos 41, base V, último párrafo y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que constituye una obligación para los Estados garantizar que las autoridades electorales competentes de carácter administrativo de la entidad, a instancia propia, puedan convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. Lo que significa que en ese rubro los Estados están en aptitud de legislar, siempre y cuando no invadan la esfera de competencia de la autoridad federal ni contraríen las disposiciones del ordenamiento supremo que los habilita. Esto es, las Legislaturas de los Estados cuentan con un margen de regulación sobre las condiciones que estimen necesarias para su concertación y operatividad, en atención al principio de soberanía que el pacto federal reservó a los Estados integrantes de la Federación que se expresa en su capacidad para organizar y desarrollar los procesos electorales relativos a los poderes públicos locales y de los Municipios que los integran, siempre y cuando esté garantizada la posibilidad de que se celebren tales convenios.

De lo anterior es posible concluir que, a fin de materializar un convenio entre el instituto electoral local en Tabasco y el Instituto Federal Electoral, para que la autoridad federal organice los procesos locales, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La autoridad competente para solicitar al órgano administrativo electoral federal la celebración del convenio es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Tabasco, en respeto de la soberanía propia de las entidades federativas.

- Dicha solicitud requiere ser aprobada por dos terceras partes del Consejo Estatal del instituto electoral local.

- El límite para realizar la solicitud es doce meses antes del inicio del proceso electoral de que se trate.

- Una vez formulada la petición, Consejo General del Instituto Federal Electoral estudiará la aprobación de la misma.

- Posterior a la aprobación del referido consejo, la Junta General Ejecutiva formulará los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que la autoridad federal asuma la organización de los comicios locales, formulando el proyecto de convenio.

- El convenio deberá ser aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral con al menos seis meses de anticipación al proceso electoral local de que se trate.

En ese sentido, es posible concluir que, en términos de la legislación analizada, la única autoridad facultada para formular la solicitud de convenio ante el Instituto Federal Electoral, es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.

Asimismo, dicha solicitud se encuentra sujeta, únicamente a los requisitos de aprobación por dos terceras partes del Consejo Estatal del propio instituto local, y el relativo a la antelación con la que debe formularse.

Ahora bien el acto impugnado, está relacionado con el punto de acuerdo emitido por el Congreso Local de Tabasco, el cual es en los siguientes términos:

"LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 28, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 36, FRACCIÓN XLIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con fecha 11 de los presentes mes y año, se recibió en la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Tabasco, oficio suscrito por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual, por diversas consideraciones, solicita al órgano legislativo considerar la posibilidad de solicitar formalmente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que, conforme a lo expresamente dispuesto por la Constitución Estado, convenga con el Instituto Federal Electoral, que dicha institución asuma la organización del proceso electoral para los comicios intermedios del 2015 en el Estado de Tabasco, en el que se renovarán la Legislatura y los ayuntamientos de la entidad.

SEGUNDO. Que como establece el artículo 9, Apartado C, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) podrá convenir con el Instituto Federal Electoral (IFE), previa aprobación de su Consejo Estatal, para que dicho organismo federal asuma la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

En el mismo sentido, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

TERCERO. Que el artículo 118, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 29, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, establece que "Conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, a solicitud de las autoridades electorales competentes de las entidades federativas, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base V del artículo 41 de la Constitución, previa aprobación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva formule los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de procesos electorales locales, formulando el proyecto de convenio correspondiente que, en su caso, deberá ser aprobado por el Consejo General con al menos seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral local de que se trate."

De su parte, el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco señala que: "El Instituto Estatal, podrá convenir con el Instituto Electoral, previa aprobación de las dos terceras partes de su Consejo para que este último asuma la organización de procesos electorales locales. La solicitud deberá formularse con doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral de que se trate".

CUARTO. Que en términos de las consideraciones formuladas en la solicitud expresada por el C. Gobernador del Estado para que el Poder Legislativo se dirija al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, para que por conducto de su Consejo Estatal se evalúe y, en su caso, se convenga con el Instituto Federal Electoral, para que éste asuma la organización del proceso electoral para los comicios intermedios de 2015 en nuestro Estado, se estiman atendibles dichos argumentos, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de optimizar recursos institucionales dedicados a la organización electoral y a las características específicas que habrán de tener los próximos comicios estatales y federales, con la integración de las candidaturas independientes y las consultas populares.

QUINTO. Que en el supuesto de que se realicen las acciones necesarias para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el Instituto Federal Electoral convengan lo conducente, es de reiterar que dicha circunstancia de ninguna manera implicaría la desaparición de las autoridades electorales estatales, ni mucho menos la abrogación del marco normativo Constitucional en materia electoral ni de la legislación secundaria.

SEXTO. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Local, para aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la Legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; ha tenido a bien emitir el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 028

ÚNICO.- Se solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que por conducto de su Consejo Estatal, en términos de lo establecido por el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco convenga con el Instituto Federal Electoral para que dicho ente público asuma la organización del proceso electoral local, cuya jornada se efectuará el 5 de julio de 2015, para renovar el Congreso del Estado y los 17 ayuntamientos de la entidad.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE."

Tal como puede observarse, el punto de acuerdo que nos ocupa, tiene su origen en el oficio suscrito por el Gobernador del Estado de Tabasco al Congreso Local de considerar la posibilidad de solicitar formalmente al instituto electoral local que pudiera convenir con el Instituto Federal Electoral el que asumiera la organización del proceso electoral local en el año de dos mil quince.

La fundamentación para realizar tal solicitud por parte del Congreso Local se estableció en la Constitución Federal y local, así como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral local. En tales instrumentos normativos se preceptúa la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral pueda convenir con las autoridades administrativas electorales locales la organización de los procesos electorales locales.

En tal lógica el Congreso local emite el punto de acuerdo realizando una solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que por conducto de su Consejo Estatal convenga con el Instituto Federal Electoral el que organice el proceso electoral local en el año de dos mil quince.

Ahora bien, tal como se ha hecho constar, la materia a dilucidar en el presente asunto, se encuentra relacionada con la presunta vulneración a la autonomía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

La transgresión aludida se ve actualizada a juicio del partido accionante en virtud de la solicitud realizada por parte de uno de los poderes del Estado al señalado instituto electoral local.

En tal medida tal como se puede apreciar de los agravios hechos valer, podemos obtener en esencia las siguientes premisas de inconformidad:

i) La solicitud violenta la autonomía e independencia del órgano administrativo electoral local.

ii) Que no existe facultad para hacer la solicitud correspondiente.

Como se estableció previamente, de la normativa electoral del Estado de Tabasco se puede advertir que los órganos administrativos locales en la materia electoral deben de gozar autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Ahora bien, la controversia que nos ocupa, puede dilucidarse desde la perspectiva relacionada con el hecho de que un poder del Estado vulnera la autonomía de un órgano electoral local.

En dicha medida, la disyuntiva a dilucidar se centra en el hecho de que si la acción, entendida esta como el punto de acuerdo combatido, vulnera la autonomía de un órgano administrativo electoral.

Por tanto, al respecto es menester precisar como punto de partida que se entiende por la autonomía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Al respecto, se estima necesario traer a cuenta criterios que han sido materia de pronunciamiento por esta Sala Superior en diversas ejecutorias en relación con la autonomía de un órgano electoral local.

Se ha establecido que la autonomía constitucional conferida a un organismo público electoral se puede entender como un grado extremo de descentralización de la administración pública, esto es de los poderes del Estado, buscando evitar la injerencia gubernamental

Asimismo se ha sustentado que conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales prevén que las autoridades en materia electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, concepto este último que implica una garantía constitucional de que las mismas se den con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso, de personas con las que guardan alguna relación afectiva ya sea política, social o cultural.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis XCIV/2002 que lleva por rubro "INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL"4 y la tesis CXVIII/2001 con el rubro "AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL."5

4 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 2, Tomo I, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 1215 a 1217.

5 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 2, Tomo I, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 871 a 872.

Aunado a ello debe considerarse que la autonomía referida hace que de manera orgánica tales organismos no se encuentren subordinados jerárquicamente a ningún otro órgano público o poder público.

Tal autonomía deviene directamente de la Constitución Federal que se ve reflejada a nivel local, tal atribución busca que por razones de imparcialidad y objetividad se separe de cualquier acto de subordinación con cualquier entidad pública, buscando resaltar la naturaleza especifica de su función, esto es organizando los procesos electorales locales, por medio de los cuales se eligen al titular del poder ejecutivo local, y se integran tanto el congreso local como los ayuntamientos.

Entendida la autonomía como un ejercicio de equilibrio de poderes públicos, así como también político, es decir a raíz de que el control administrativo de la competencia política pasa bajo su esfera de competencia, se trata de buscar que en la medida de los posible se encuentren ajenos a los poderes públicos que pudieran influir en su actuar. Brindando así una especie de control de poder, lo cual al no existir una subordinación, tiene una paridad de rango con los demás órganos y poderes públicos, bajo el principio de coordinación.

En tal sentido, la autonomía como órgano da sentido a que sus decisiones no se ven influenciadas por órganos externos de poder, y en consecuencia brinden certeza en las mismas.

En el caso que nos ocupa, se considera que la solicitud realizada por parte de unos de los poderes del Estado en la entidad federativa de mérito no puede considerarse como intromisión del poder legislativo en la autonomía de un órgano electoral administrativo, tomando en cuenta que el efecto de la solicitud de mérito, no invade la toma de decisión del citado órgano.

En efecto, lo anterior es así, dado que tal y como se ha asentado la decisión les corresponde únicamente a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para solicitar el poder convenir con el Instituto Federal Electoral, sin que exista facultad de decisión alguna a favor del Congreso local dentro del procedimiento para convenir que la organización de los procesos electorales locales recaiga en dicha autoridad federal.

En tal medida, la solicitud del Congreso local puede sustentarse mutatis mutandis en el principio de división de poderes en el contexto del Estado de Derecho por cuanto a hacer funcional el sistema, esto es, que la sola solicitud no violenta el principio de autonomía de los órganos administrativos electorales locales.

En efecto, en el caso que nos ocupa no existe afectación alguna a tal principio, dado que tal como lo ha considerado Suprema Corte de Justicia de la Nación, la violación al principio de división de poderes puede darse bajo tres modalidades: la intromisión, dependencia y subordinación, con la jurisprudencia P./J. 80/2004, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, pag. 1122, con el rubro y texto siguientes:

DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior.

Del criterio en comento, podemos desprender que en el caso de mérito, no existe subordinación entre el poder legislativo local y el instituto electoral local, en virtud de la propia autonomía de la que goza este último, y atendiendo a que su decisión sobre solicitar o no la firma del mencionado convenio no se encuentra sometida a la voluntad del órgano legislativo, puesto que, como se ha visto, el esquema legislativo de la propia entidad determina que corresponde en exclusiva a la autoridad administrativa electoral local determinar si solicita o no al Instituto Federal Electoral la firma del convenio respectivo, sin que exista norma o disposición que someta esta decisión a la influencia o aprobación de un tercero.

Por otra parte, tampoco se actualiza el supuesto de dependencia, dado que el poder legislativo no impide de forma antijurídica la toma de la decisión en comento, ni con su actuar impide que el instituto proceda de manera autónoma, esto es que, el punto de acuerdo de mérito no puede incidir ni jurídica, ni de forma fáctica en él, aunado a que del punto de acuerdo impugnado no se advierte que la autoridad legislativa condicione la decisión del instituto local respecto de la definición del algún otro tema en el que el órgano legislativo pudiera incidir en el normal funcionamiento del citado instituto, como sería, por ejemplo, el nombramiento o destitución de consejeros o el otorgamiento y autorización del presupuesto correspondiente.

Finalmente tampoco se puede desprender que en el caso exista intromisión, entendida esta como la generación de un acto de interferencia o intervención por parte de un poder a otro; y que dicho acto se actualice en la esfera de competencia de otro poder. Lo anterior es así, dado que el punto de acuerdo no interfiere ni interviene en la esfera de competencia del instituto electoral local, ya que el mismo se encuadra en una comunicación oficial que pone del conocimiento a la autoridad competente un planteamiento para que en última instancia sea el instituto local, como único órgano competente, el que tome finalmente la decisión, mediante la votación de los integrantes de su Consejo Estatal.

En dicha medida, es claro que la solicitud en cuestión no afecta el normal funcionamiento del órgano electoral en la toma de decisiones ni genera sumisión o dependencia respecto de otro poder.

Cuestión distinta, sería que existiere una disposición jurídica que supedite la decisión del órgano administrativo electoral local a la aprobación del congreso local, o bien, normas que establecieran la obligación ineludible del instituto local de atender y cumplir los puntos de acuerdo que le formule el congreso estatal.

La circunstancia descrita ya ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Máximo Tribunal, el cual ha sostenido que existe intromisión en la independencia de las autoridades electorales locales, respecto de la facultad para solicitar convenir con el Instituto Federal Electoral respecto de la organización de los comicios locales en casos en los que dicha solicitud se encuentre supeditada ineludiblemente a la previa aprobación del Congreso de la Entidad, o que el convenio esté sujeto a la autorización de mayorías calificadas del órgano legislativo local, como se advierte en las siguientes jurisprudencias:

CONVENIOS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL SUBORDINAR LA FACULTAD DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE FIRMARLOS CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A LA AUTORIZACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE QUE GOZAN LOS INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES. El citado precepto, al establecer que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León podrá convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de los procesos electorales de la entidad, previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, transgrede los principios de autonomía e independencia de que gozan los institutos electorales locales contenidos en los artículos 41, base V y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque el artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, al autorizar que el Poder Legislativo de la entidad apruebe o no el convenio para que el Instituto Federal Electoral organice los procesos electorales locales, permite que las funciones del órgano electoral local se sometan a la decisión de uno de los Poderes del Estado, en tanto que con la aprobación del indicado convenio se propicia que prive el interés de la Legislatura, al dejar esa decisión a los diferentes partidos que la integran; además, de los indicados preceptos de la Ley Suprema se advierte que el Constituyente Permanente definió como facultad exclusiva del órgano electoral local la celebración de dicho convenio, sin prever la intervención de algún otro Poder o ente, por lo que su suscripción no puede quedar supeditada a la autorización de alguna autoridad, sin que ello implique que el órgano constitucional autónomo local que organiza las elecciones pueda actuar arbitraria e irracionalmente y sin cumplir con el marco jurídico que rige para tales efectos.6

6 Jurisprudencia P./J. 60/2009, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, pag. 1430.

PROCESOS ELECTORALES LOCALES. EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN XXXIII, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL DISPONER LA PREVIA APROBACIÓN DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD, A EFECTO DE QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL SOLICITE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EL ESTUDIO EN EL QUE SE ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES, COSTOS Y PLAZOS PARA QUE ASUMA SU ORGANIZACIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN MATERIA ELECTORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009). Los artículos 41, fracción V, párrafo último y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Federal prevén que el Instituto Federal Electoral puede asumir mediante convenio que celebre con los Institutos Electorales de los Estados que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, de acuerdo con lo que disponga la legislación aplicable; asimismo, que las Constituciones y leyes estatales electorales garantizarán que las autoridades administrativas en esa materia puedan convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de la organización de sus procesos electorales. Por otra parte, debe destacarse que los convenios a que se refieren los preceptos constitucionales aludidos tienen por objeto la organización de procesos electorales locales a cargo del Instituto Federal Electoral, al que las autoridades administrativas electorales de la entidad, es decir, sus Institutos Electorales Locales, le solicitan la celebración de dicho convenio, el cual, junto con la organización de los procesos electorales locales, se deben realizar en los términos que disponga la legislación aplicable. En ese sentido, el artículo 96, fracción XXXIII, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al establecer que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiene como atribución solicitar al Instituto Federal Electoral, previa aprobación del Congreso del Estado, el estudio en el que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que aquél asuma la organización del proceso electoral local, desconoce la autonomía e independencia que la Constitución Federal otorga al Instituto Electoral del Estado, pues si bien es cierto que dicho instituto tiene la atribución de solicitar al Instituto Federal Electoral el estudio en el que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que aquél asuma la organización del proceso electoral local, también lo es que esa solicitud sólo la puede elevar previa aprobación del Congreso Local, y es en este aspecto, en que la norma violenta el régimen constitucional de la materia, pues el legislador del Estado de Chihuahua, no tomó en cuenta que el Instituto Electoral Local es el órgano administrativo encargado de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, lo que implica que todos los actos que incidan en esas funciones, se entienden conferidos exclusivamente a dicha autoridad administrativa electoral, por lo que no se explica la intervención que la disposición reclamada otorga al Congreso del Estado, pues sus funciones son ajenas a lo que en exclusiva corresponde realizar al Instituto Electoral de la entidad. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el artículo 96, fracción XXXIII, mencionado no establezca que la celebración del convenio debe estar sujeta a la aprobación del Congreso Local, supuesto que ha sido declarado inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ese precepto alude a un acto que si bien es previo a la celebración de ese convenio, incide en la celebración de éste, razón por la cual es lógico concluir que todo lo que atañe a dicho convenio debe ser competencia exclusiva de los institutos que intervengan en su celebración, pero no de un órgano político como lo es el Poder Legislativo de la entidad, cuyas facultades deben entenderse ajenas a las que constitucionalmente son propias de las autoridades administrativas electorales. Pensar lo contrario significaría supeditar el ejercicio de una de las facultades del Instituto Electoral de la entidad a lo que decida el Congreso, cuando la Constitución Federal es clara en establecer que sólo las autoridades administrativas electorales tanto federal como local, son las que deben intervenir en la preparación y celebración del convenio de que se trata.7

7 Jurisprudencia P./J. 26/2013, de la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, pag. 174.

Como se observa, los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han encaminado a establecer que resulta una intromisión indebida por parte del Poder Legislativo local frente a un órgano electoral administrativo, el que pase por la aprobación de tal poder la firma de convenio entre un instituto electoral local y el Instituto Federal Electoral.

En ese sentido, por mayoría de razón, la existencia de iure o de facto de un deber del multicitado instituto de obedecer los puntos de acuerdo que le dirigiera el congreso sería una intromisión inaceptable en la autonomía de dicha autoridad y de la cual goza por imperativo constitucional.

En tal medida, es válido sustentar que la violación a la autonomía de un instituto electoral local se ve actualizada cuando sus decisiones se encuentran supeditadas a la autorización por parte de un poder público, empero no puede decirse que la violación a tal autonomía se actualiza por la sola petición que haga un mismo poder público.

Lo anterior sirve como parámetro para poder definir que en el caso que nos ocupa no se violentó la autonomía del órgano administrativo electoral local mediante la solicitud del Congreso local.

Es dable considerar que la autonomía dada por la propia Carta Magna así como por la constitución local al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deriva de su naturaleza como órgano autónomo del poder público, el cual tiene la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos; por tanto, tal independencia y autonomía opera tanto externa (aspecto administrativo) como internamente (actos administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones que la ley le confiere).

Como expresión de tal autonomía, vertida a nivel constitucional y legal, la facultad del Consejo Estatal no se ve vulnerada con la solicitud de un poder del Estado para considerar la posibilidad de realizar un acto que le corresponde únicamente al órgano administrativo electoral local.

En consecuencia, es claro que el instituto local goza de autonomía e independencia en sus decisiones y funciones, derivada de la Constitución Federal y de la local, por lo que es el único órgano facultado para determinar si solicita o no al Instituto Federal Electoral la celebración del convenio de mérito, sin que ningún otro órgano de poder público cuente con la posibilidad de ejercer presión, de cualquier forma, sobre el sentido de su determinación.

En la especie, el acuerdo impugnado no constituye un acto vinculante para el instituto local, de ahí que en el presente caso se encuentre intocada la facultad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que, de manera autónoma e independiente en el sentido de su resolución, analice si considera procedente realizar la solicitud a la autoridad electoral federal.

En efecto, tal solicitud se estima racional toda vez que, es menester considerar que el ejercicio de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho y la correlativa obligación de los órganos estatales para satisfacerlos, se puede alcanzar con la comunicación y dialogo entre los órganos de poder público a fin de salvaguardar los principios, fines y valores que se encuentren involucrados en cada caso.

Al respecto el Congreso local, consideró la necesidad de optimizar los recursos institucionales dedicados a la organización electoral, toda vez que los próximos comicios locales, se incorpora la figura de candidaturas independientes y tendrán lugar consultas populares; por lo que a su juicio se justifica la solicitud de convenio que aborda el punto de acuerdo impugnado.

Cabe destacar que, esté órgano jurisdiccional no se pronuncia en relación con la pertinencia de la motivación contenida en el acuerdo impugnado, sino simplemente se externan las motivaciones que expresó el congreso para aprobar el multicitado punto de acuerdo.

Aunado a lo anterior, la solicitud se encuentra dentro de las facultades del órgano legislativo local con el fin de realizar una petición, cuya ejecución dependerá en última instancia única y exclusivamente del órgano al cual se le formula, ya que, se insiste por ley es el único facultado para adoptar finalmente la decisión, sin que resulte válida la intromisión de otro poder en la misma.

Es decir, no puede existir violación a la autonomía de un órgano electoral local por el hecho de que un órgano del poder público realice una solicitud que se encuentra dentro de su ámbito de competencia, situación que no lo obliga en forma fáctica, jurídica o de cualquier tipo a pronunciarse en un sentido determinado.

Máxime que de la lectura del punto de acuerdo emitido por parte del Congreso local, no se encuentran términos de amenaza velada, ni explícita, ni expresiones de carácter imperativo o que contengan la orden de celebrar el convenio con el Instituto Federal Electoral. En tal medida no se tienen locuciones de las cuales pueda desprenderse un intento de sometimiento del poder legislativo a un órgano autónomo, como lo es el instituto electoral local.

Esto es, se trata de una solicitud que se emite de manera respetuosa, de acuerdo a las facultades del Congreso local y por las razones que consideró pertinentes.

Cabe mencionar que es un hecho notorio para esta Sala Superior, que se invoca con fundamento en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-87/2013, obra informe rendido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo siguiente:

"De esto podemos inferir, que las decisiones tomadas por los Consejos también, tiene limitantes, es decir, que respeten la aplicación de los procedimientos, tomando en consideración el asunto de que se trate, como es en el caso que nos ocupa, por lo que en solicitud realizada por el recurrente en la Sesión Ordinaria, que se llevó a efecto el 14 de julio de 2013, el Presidente del Consejo formalizó una invitación a los integrantes del Consejo presentes, a reunión de trabajo para el día 20 de junio de 2013, con la finalidad de abordar el tema de la petición efectuada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

En vía de la invitación realizada en la Sesión Ordinaria mencionada, el Presidente a través de sendos oficios, hizo del conocimiento que el tema en cuestión sería tratado para su análisis en reunión de trabajo con los integrantes del Consejo, adjuntando la documentación enviada por el Ejecutivo Estatal, así como la del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Tabasco, como se desprende de los oficios de mérito, que se está dando el trámite correspondiente respetando la institucionalidad entre las partes.

Es decir, que en nada depara lesión al recurrente, toda vez que no se ha conculcado ni realizado acto alguno para que el ciudadano impetrante afirme que se está violentando la autonomía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ya que la petición formulada por el Ejecutivo del Estado, en primer término la petición fue formal y respetuosa y segundo no resulta propio sino que es atribución específica de los Consejeros Electorales."

En este sentido, es posible concluir que actualmente el instituto electoral local se encuentra estudiando la petición contenida en el acuerdo impugnado, sin que se encuentre comprometido el resultado de su análisis, limitando su trámite al diálogo que es deseable exista entre las instituciones públicas dentro del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Por tanto, esta situación corrobora lo afirmado en la presente resolución, en el sentido de que corresponde en exclusiva al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco decidir si celebra o no el convenio respectivo.

Por todo lo expuesto, esta Sala Superior arriba a las siguientes premisas, bajo las cuales se ha realizado el presente estudio:

-El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco es la única autoridad facultada para solicitar y realizar un convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral para que este último asuma la organización de un proceso electoral local.

-La solicitud de mérito depende exclusivamente de la decisión que tomen los miembros del Consejo General del propio instituto.

-El Congreso local se encuentra obligado a respetar la decisión del órgano administrativo electoral, de tal forma que incluso en el supuesto que la decisión fuera en sentido negativo, dicha autoridad legislativa estará obligada a colaborar y proveer los recursos correspondientes y necesarios al instituto para que lleve a cabo sus funciones.

-El Congreso local, en términos del artículo 9, Apartado C, fracción II, de la constitución local, está obligado a autorizar los recursos necesarios conforme lo solicitado por el Consejo Estatal del instituto local, y en el caso de años electorales se aumentará el presupuesto tomando en cuenta las elecciones de que se trate.

En este sentido, respecto del proceso electoral local dos mil quince, el Congreso está obligado, sin excusa alguna, a proporcionar los recursos peticionados para el desarrollo de dichos comicios, en pleno respeto de la determinación que en su caso asuma el instituto electoral local en cuanto a solicitar o no la firma del convenio relativo a la autoridad encargada de la organización.

En tal medida esté órgano jurisdiccional considera que en la especie la solicitud de mérito no demuestra que se violente la autonomía e independencia del órgano administrativo electoral local.

Cabe precisar que respecto de la afirmación contenida en la petición relacionada con el ahorro que generaría al erario público del Estado de Tabasco que la organización de los comicios locales recaiga en el Instituto Federal Electoral, en el artículo 118, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que, en su caso, la Junta General Ejecutiva del citado instituto electoral hará diversos estudios, entre los que se encuentra el relativo a los costos generados para la organización de la elección.

Por lo anterior, es inconcuso que, contrario a lo que se sostiene en el acuerdo impugnado, aún cuando el Instituto Federal Electoral se encargue de organizar el proceso electoral local dos mil quince en el Estado de Tabasco, dicha colaboración no se encuentra exenta de gastos, es decir, resulta innegable que la misma implica necesariamente la erogación de recursos públicos a cargo de la entidad federativa.

Asimismo, se tiene que, para que se concrete el convenio de mérito, debe acontecer lo siguiente:

-Aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral;

-La Junta General Ejecutiva formulará los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que dicha autoridad electoral federal asuma la organización de procesos electorales locales y,

-Aprobación del proyecto de convenio por parte del citado Consejo General con al menos seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral del que se trate.

Por tanto, es claro que la petición formulada en forma alguna puede tener un sentido obligatorio, pues dependerá de la voluntad y decisión de los integrantes tanto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como del Instituto Federal Electoral, para que se concrete la celebración del convenio.

De ahí lo infundado de los agravios.

En cuanto a los agravios identificados en los incisos c) y e), relativos a que no se encuentra justificado el beneficio económico derivado de la realización del mencionado convenio, y que el mismo obedece en realidad a motivaciones de índole político, los mismos resultan inoperantes, ya que la definición de las implicaciones económicas del convenio se encuentra sujeta al eventual estudio que realicen las autoridades involucradas, como el que se ha precisado a cargo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, lo cual no es materia de estudio en el presente medio de impugnación toda

vez que el acto impugnado consiste únicamente en el acuerdo por el que se solicita la realización del convenio.

Lo anterior con independencia de que, como ha quedado acreditado en la presente ejecutoria, dicha petición no implica violación al mecanismo previsto constitucional y legalmente para la materialización de convenios entre las autoridades electorales locales y el Instituto Federal Electoral en materia de organización de comicios estatales.

Es así como, al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por instituto político actor en el presente medio de impugnación, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO.- Se confirma el acuerdo de catorce de mayo de dos mil trece, emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido político actor en el domicilio señalado en su demanda; por oficio, a la autoridad responsable, y por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28, 29 y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 102, 103 y 106, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devuélvase los documentos que corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, con el voto particular del Magistrado Flavio Galván Rivera, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE SUP-JRC-68/2013.

Porque no coincido con el sentido y las consideraciones de la ejecutoria aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en el juicio de revisión constitucional electoral radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JRC-68/2013, en cuanto a confirmar el Acuerdo 028, emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, el catorce de mayo de dos mil trece, por el cual solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad federativa que, por conducto de su Consejo Estatal, celebre convenio con el Instituto Federal Electoral para el efecto de que este último asuma la organización del procedimiento electoral local que se debe llevar a cabo en el período dos mil catorce-dos mil quince, formulo VOTO PARTICULAR, en los siguientes términos:

Contrariamente a lo sostenido por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, considero que el acuerdo controvertido es contrario a lo previsto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo tercero, Apartado C, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, párrafo segundo, 122 y 128, de la Ley Electoral de la mencionada entidad federativa, en cuanto a la naturaleza jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como un organismo público, con personalidad jurídica y autoridad en la materia electoral, caracterizado constitucionalmente por ser profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.

A fin de sustentar mi conclusión, es necesario precisar el contenido de la citada normativa constitucional y legal:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 116. […]

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[…]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

[…]

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

[…]

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

Artículo 9.- […]

La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los gobiernos municipales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, cuyo ejercicio está garantizado por esta Constitución. Dicha renovación se sujetará a las siguientes bases:

[…]

APARTADO C- Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

I. La organización de las elecciones estatal, distritales y municipales es una función pública del Estado que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, así como los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. El Instituto cumplirá sus funciones conforme a las siguientes bases:

a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco será autoridad competente en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo Estatal será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente, seis Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los Consejeros del Poder Legislativo, los Consejeros Representantes de los partidos políticos que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior y un Secretario Ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto del servicio profesional electoral que con base en ella apruebe el Consejo Estatal, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos;

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, podrá convenir con el Instituto Federal Electoral, previa aprobación de su Consejo Estatal, para que éste último asuma la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable;

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO

Artículo 29. […]

El Instituto Estatal, podrá convenir con el Instituto Federal Electoral, previa aprobación de las dos terceras partes de su Consejo Estatal, para que éste último asuma la organización de procesos electorales locales. La solicitud deberá formularse con doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral de que se trate.

Artículo 122. El Instituto Estatal es el organismo público, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones.

Artículo 128. El Consejo Estatal es el órgano superior de Dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto.

De las normas transcritas se advierte con toda claridad que, por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas y leyes de las entidades federativas, deben garantizar que las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

En congruencia con lo anterior, en el Estado de Tabasco la función electoral administrativa corresponde a un organismo público dotado de autonomía constitucional, denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el cual, por disposición expresa de la Constitución Política de ese Estado Libre y Soberano, por cuanto hace a su régimen interior, es autoridad competente en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.

Además, también por disposición expresa de la citada Constitución local, el Consejo Estatal es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el cual se integra con un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales y concurren a sus sesiones, con derecho a voz pero sin derecho de voto, los Consejeros del Poder Legislativo, los Consejeros Representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo.

Por disposición de la Constitución Política del Estado, la designación del Consejero Presidente y de los seis Consejeros Electorales es facultad del Poder Legislativo del Estado, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos, conforme a lo previsto en la respectiva legislación reglamentaria.

Asimismo, se establece, tanto en la Constitución Política como en la Ley Electoral del Estado, que es atribución del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, previa aprobación por el voto calificado de las dos terceras partes de sus miembros, celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral, para que este último asuma la función pública de organizar los correspondientes procedimientos electorales locales.

En este contexto, de manera previa al análisis de la cuestión que motiva la emisión de mi voto particular, es necesario destacar que en el Estado contemporáneo ha cambiado la forma de entender la teoría de la división de poderes, la que ahora ya no se concibe como la separación rígida de funciones y atribuciones, tan sólo en tres materias fundamentales: legislativas, administrativas y jurisdiccionales.

Actualmente, en los Estados democráticos de Derecho o Estados Constitucionales democráticos, se han establecido, en el contexto de las mismas Constituciones, como Ley Suprema del Estado, órganos o entes de Derecho Público que no se adscriben a alguno de los tres poderes típicos y tradicionales (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial). No obstante, esos órganos del Estado son parte estructural e indispensable en la organización y funcionamiento del Estado democrático de Derecho, por ser depositarios del cumplimiento o ejercicio de una específica, determinada y especial función del Estado.

Sólo en vía de ejemplo cabe señalar que al respecto se ha considerado (Cárdenas, Jaime et. al., Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2000, pp. 22 y 23) que los organismos constitucionales autónomos:

Representan una evolución en la teoría clásica de la división de poderes, porque se asume que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales. […] Son órganos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional. En última instancia, son órganos de defensa constitucional y de la democracia y, por eso, es preciso que estén contemplados en la Constitución a fin de que en ella se regule su integración y estructura para que su funcionamiento posterior sea independiente.

Estos órganos suelen tener funciones propias, reconocidas y garantizadas en la Constitución, y son capaces de emitir actos definitivos, salvo el control jurisdiccional que sobre ellos pueda ejercerse. […]

Es de advertir, de la anterior transcripción, el apartado en el que el autor destaca que los organismos constitucionales autónomos "son órganos de equilibrio constitucional y político", a partir de lo cual, en mi opinión, se justifica plenamente que no estén adscritos, que no formen parte de la estructura orgánica, de alguno de los poderes públicos de la clásica tripartición; estos entes del Estado, por ello órganos de autoridad, coadyuvan, al igual que los citados tres poderes públicos, a su equilibrio constitucional, a partir del principio de "pesos y contrapesos", entre poderes y órganos de autoridad, idea a la que si bien a partir de la consideración únicamente de los "tres poderes", hace referencia Montesquieu (Del Espíritu de las Leyes, Madrid, Tecnos, 1985, p. 113) al señalar:

Los tres poderes permanecerían así en reposo o inacción, pero, como por el movimiento necesario de las cosas, están obligados a moverse, se verán forzados a hacerlo de común acuerdo.

Por otra parte, con relación a los organismos constitucionales autónomos, resulta también citable, por ilustrativo, en opinión del suscrito, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J.12/, emitida al resolver la controversia constitucional 32/2005, consultable en el Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.- Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Por lo que se refiere a las características de los citados organismos constitucionalmente autónomos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en opinión de algunos tratadistas del Derecho, a los que sumo mis personales consideraciones, se puede aseverar que son las siguientes: a) Son órganos creados en forma directa por el Poder Constituyente o por el Poder Revisor Permanente de la Constitución; por ende, están previstos expresamente en el texto constitucional; b) Cuentan con un específico ámbito de atribuciones constitucionalmente determinada; c) Llevan a cabo funciones esenciales del Estado, en los Estados modernos; d) No están orgánicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a alguno de los tres clásicos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; e) Sus relaciones con los tres clásicos poderes son de coordinación, no existe relación de supra-subordinación; f) Tienen personalidad jurídica y, por ende, su particular patrimonio; g) Son órganos de autoridad, con independencia funcional; h) Tienen su propio presupuesto y, por ello, autonomía financiera, y j) Sus actos y resoluciones son revisables por las instancias jurisdiccionales.

(Para el estudio del tema es recomendable la consulta de la obra de Miguel Carbonell, intitulada: Elementos de Derecho Constitucional, México, Fontamara, 2006).

Igualmente, con relación a las características de los organismos constitucionales autónomos, cabe mencionar que al resolver la controversia constitucional 31/2006, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J. 20/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647, que es al tenor siguiente:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las caracbterísticas esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

La característica fundamental de estos organismos establecidos por el ordenamiento constitucional es precisamente su autonomía, que desde un punto de vista político y con relación a los órganos que tienen a su cargo la función pública de organización de las elecciones, corresponde "a la calidad que tiene el órgano electoral de ejercer su función en forma independiente, sin sujeción a otro órgano y que la normatividad le otorgue el carácter de máxima autoridad en la materia" (Cárdenas, Jaime et. al., Op. Cit., pp. 28 y 29).

De la consulta del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se advierte que palabra autonomía es un expresión polisémica, a la que se atribuye hasta cinco significados diferentes, dentro de los cuales los dos que nos interesas son los siguientes: "Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios" y "Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie".

Al respecto, Joaquín García Morillo considera que la autonomía es la consagración de un ámbito de actuación y libre disposición, en el que se incluye, al menos, un mínimo ámbito de discrecionalidad y consecuentemente, una cierta capacidad de resistencia frente a las órdenes o instrucciones que pretendan invadir dicho ámbito (García Morillo, Joaquín, La Configuración Constitucional de la Autonomía Local, Editorial Marcial Pons, Barcelona, España, 1998, p. 21).

Conforme a los razonamientos anteriores, es factible aseverar que un órgano del Estado dotado de autonomía constitucional debe tener la capacidad de resistencia frente a invasiones, instruccciones u órdenes que provengan de un ente distinto, trátese de alguno de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial o bien de otro órgano del Estado con autonomía constitucional.

En este orden de ideas, para el suscrito, es claro que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, al estar dotado de autonomía constitucional, no está subordinado a alguno de los tres poderes de esa entidad federativa, al estar prevista expresamente y, por ende, tener garantizada, tanto en la Ley Suprema de la Federación como en la Constitución Política del mismo Estado Libre y Soberano, en cuanto a su régimen interior, su "autonomía en su funcionamiento y la independencia en sus decisiones".

Si bien, la autonomía no implica que los actos o resoluciones del mencionado Instituto Electoral local estén exentas de la revisión y en su caso confirmación, modificación o revocación, ello será por conducto de los órganos jurisdiccionales, federal y local, constitucional y legalmente facultados para ello, al estar previsto inclusive desde la Constitución federal, la existencia de un sistema de medios de impugnación en la materia, tanto en el orden federal como en las entidades federativas.

Así, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como organismo público autónomo, se le debe permitir, el desempeño de la función electoral que entre otras, por razones de imparcialidad y objetividad, y sobre todo por razones de orden público, ha quedado a cargo de un organismo independiente y autónomo.

Ahora bien, con relación a la atribución que conforme a la Constitución federal y a la legislación constitucional y legal del Estado de Tabasco tiene el citado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local, que le otorga la posibilidad de celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral, para el efecto de que el organismo federal asuma la responsabilidad de cumplir la función pública de organizar un procedimiento electoral local, esa determinación debe ser asumida de manera libre, responsable e informada, adecuadamente fundada y motivada, por su máximo órgano de dirección, es decir, por el Consejo Estatal local, con la aprobación del voto calificado equivalente a las dos terceras partes de sus miembros, sin que sean vinculantes o necesariamente tomadas en consideración, conforme a Derecho, las solicitudes, sugerencias, propuestas, instrucciones u órdenes, formuladas por algún otro órgano de autoridad, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial o bien de algún otro ente con autonomía constitucionalmente prevista, porque esa atribución le corresponde única y exclusivamente al máximo órgano de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, actuando con plenitud de autonomía e independencia constitucionalmente prevista y garantizada.

Tal determinación debe estar necesariamente sustentada en la libre determinación de las decisiones que asume, a partir de la autonomía de que goza, para así decidir, sin la sugerencia, petición, solicitud, orden o instrucción de diverso ente, dado que se trata de una facultad exclusiva y discrecional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

En un Estado democrático de Derecho, cada órgano de autoridad, sea parte de alguno de los tres poderes tradicionales o en calidad de órgano constitucional autónomo, debe desempeñar la función que le corresponde, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, constitucional y legalmente establecidas.

En el particular, de las constancias que obran en los autos del juicio que se resuelve, se advierte que el Gobernador del Estado de Tabasco dirigió un oficio al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de esa entidad federativa, a fin de que, de considerarlo procedente, someta al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura el proyecto de acuerdo para que el Poder Legislativo solicite al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, "que en uso de sus facultades solicite al Instituto Federal Electoral el que dicho organismo asuma la organización de los comicios locales intermedios de 2015".

Conforme a la solicitud antes precisada, el Congreso del Estado emitió, en fecha catorce de mayo de dos mil trece, el acuerdo 028, cuyo único punto de acuerdo es en los términos siguientes:

ÚNICO.- Se solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que por conducto de su Consejo Estatal Electoral, en términos de lo establecido por el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, convenga con el Instituto Federal Electoral para que dicho ente público asuma la organización del proceso electoral local, cuya jornada se efectuará el 5 de julio de 2015, para renovar el Congreso del Estado y los 17 ayuntamientos de la entidad.

En este orden de ideas, a juicio del suscrito, el mencionado acuerdo 028, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, contiene realmente la instrucción, aun cuando se utiliza la expresión "Se solicita…", al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la esa entidad federativa que, por conducto de su Consejo Estatal, convenga con el Instituto Federal Electoral que este último asuma la función pública de organizar el aludido procedimiento electoral local, lo cual, desde mi perspectiva, es contraria a las normas constitucionales y legales que dotan de autonomía en su funcionamiento y de independencia en sus decisiones al citado Instituto Electoral local.

Por las consideraciones precedentes, en mi concepto, le asiste la razón al partido político demandante, al aducir que el citado acuerdo es contrario a la Constitución federal, a la Constitución del Estado y a la Ley Electoral de esa entidad federativa, al vulnerar la autonomía e independencia en la toma de decisiones del mencionado Instituto Electoral local. En igual sentido, en opinión del suscrito, le asiste razón en cuanto al argumento de que no existe facultad expresa en la Constitución para que el Congreso ordene, solicite, instruya, sugiera o exhorte, al mencionado organismo autónomo constitucional, para que celebre convenio con el Instituto Federal Electoral, para que este último organice el correspondiente procedimiento electoral local.

Para mayor claridad se transcribe la parte conducente de los aludidos conceptos de agravio:

A G R A V I O S

PRIMERO. Causa al instituto político que represento este agravio el acuerdo expedido por la Sexagésima Primera Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco a petición del gobernador del Estado, porque el mismo es contrario a la Constitución y a la ley secundaria, cuando dice:

[…]

Lo anterior, en virtud de que tal determinación vulnera la autonomía e independencia técnica y de gestión, así como independencia para emitir sus resoluciones, del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, consagrada en los artículos 116, fracción cuarta, inciso c), de la Constitución Federal; 9, apartado C, fracción primera e inciso a), de la Constitución local y 132 de la Ley Electoral local.

En efecto, se considera así, ya que conforme al artículo único del acuerdo mencionado, lo que el Congreso, a petición del gobernador del Estado, le está dando al referido Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, es una orden o una instrucción, porque dicho artículo establece:

[…]

Acto que es a todas luces violatorio de los preceptos constitucionales y de la ley secundaria citados, así como de los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, que deben ser garantizados para las autoridades electorales conforme al artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que ni siquiera le da opción al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para determinar si realiza o no el acto que se le mandata, sino que lo dice es que "Se solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que por conducto de su Consejo Estatal, en términos de lo establecido por el artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, convenga con el Instituto Federal Electoral para que dicho ente público asuma la organización del proceso electoral local, cuya jornada se efectuará el 5 de julio de 2015, para renovar el Congreso del Estado y los 17 ayuntamientos de la entidad".

Las palabras claves de ese mandato son "se solicita" y "convenga". El termino solicitar conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa:

solicitar.

(Del lat. sollicitāre).

1. tr. Pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado.

2. tr. Hacer diligencias o gestionar los negocios propios o ajenos.

3. tr Requerir y procurar con instancia tener amores con alguien.

4. tr. Pedir algo de manera respetuosa, o rellenando una solicitud o instancia.

5. tr. Der. Dicho de un confesor: Requerir de amores a la penitente.

6. tr. Fis. Someter a un cuerpo a una o más fuerzas con diferente sentido.

7. intr. ant. Instar, urgir.

Por lo tanto solicitar, significa entre otras cosas: pretender o pedir algo; así como requerir, instar o urgir.

Conjugando es verbo encontramos que su imperativo es "solicita".

De manera que no hay duda que el Congreso del Estado de Tabasco, al solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que convenga con el Instituto Federal Electoral para que dicho ente público asuma la organización del proceso electoral local, cuya jornada se efectuará el 5 de julio de 2015, para renovar el Congreso del Estado y los 17 ayuntamientos de la entidad, está invadiendo la esfera de su independencia y autonomía, lo que constituye una injerencia en la libertad que el referido órgano electoral local tiene para emitir sus resoluciones, dada su naturaleza de órgano autónomo (sic); ya que se está entrometiendo al girar ese tipo de mandatos a Instituto Estatal Electoral, sin tener facultades para ello, y sin importarle, que dicho órgano tenga autonomía para la emisión de sus resoluciones, incluso conforme al artículo 29, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal, tiene la facultad optativa de que previo acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, convenir con el Instituto Federal Electoral que este último asuma la organización del proceso electoral mencionado, lo caul (sic) debe de estar devidamente (sic) fundado y motivado, mediante acuerdo que exprese las razones especiales que hacen suponer que el Instituto Electoral Local no este (sic) en condiciones de organizar la elección.

De manera que, la solicitud que le formula el Congreso del Estado, es contraria a la constitución, a la ley secundaria, está fuera de lugar y es innecesaria, empero lo más grave, es que constituye una invasión en la esfera de competencia del órgano electoral estatal, al emitir un mandato solicitándole que convenga con el Instituto Federal Electoral que este (sic) asuma la organización del proceso electoral local, cuya jornada se efectuará el 5 de julio de 2015, para renovar el Congreso del Estado y los 17 ayuntamientos de la entidad.

Por lo tanto se debe revocar el acuerdo impugnado, ya que una de las características de los los (sic) órganos constitucionalmente autónomos, es que están dotados de garantías de actuación e independencia, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

Luego entonces, si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción cuarta, inciso c), de la Constitución Federal; 9, apartado C, fracción primera e inciso a), de la Constitución local y 132 de la Ley Electoral local, cuenta con autonomía para emitir su resoluciones, al Sexagésima Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, no tiene facultades para solicitarle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, convenga con el Instituto Federal Electoral que éste organice y realice las elecciones para el año 2015, en las que se elegirán integrantes del Congreso Estatal y de los ayuntamientos; por lo que al hacerlo es claro que vulnera los referidos preceptos constitucionales y legales, así como la autonomía e independencia del órgano estatal electoral y por lo tanto debe revocarse el acuerdo impugnado.

SEGUNDO.- Causa agravios al Instituto Político que represento el hecho de que con la emisión del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado, se atente contra la autonomía e independencia en la toma de decisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y que en consecuencia se vulneren normas que preservan el orden público y de observancia general, como lo son la Constitución Federal, La Constitución Local y la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

Por ello mi representado, como instituto político le asiste el interés jurídico y legitimo para agotar la presente vía, puesto que es su derecho solicitar que se aplique y se respete el marco constitucional tanto a nivel federal como local y sobre todo la vigencia y tutela de las leyes que de ellas emanan, sobre todo, que se salvaguarde el estado de derecho y los principios del estado democrático evitando que en lo sucesivo los poderes del estado de tabasco se abstengan de exhortar al IEPCT respecto a la realización de un convenio con el IFE, para que sea este último órgano electoral quien organice las elecciones en el estado de Tabasco

Se precisa que el Congreso del Estado no puede actuar contrario a lo previsto en la Constitución Federal porque su numeral 116 fracción IV inciso d) señala:

V. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) al c) ...sic...

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

Como se puede ver, en primer término el Congreso del Estado de Tabasco, no es autoridad competente de carácter administrativo como para indicar a un ente autónomo e independiente que celebre convenios con el Instituto Federal Electoral para la realización de procesos comiciales locales, ya que por mandato constitucional no se permite la Intervención del congreso en los actos que celebren los órganos estatal y federal para la organización de las elecciones.

Se insiste que el Instituto Estatal tiene autonomía e independencia en sus decisiones en razón de lo previsto en el arábigo 9 apartado C, de la Constitución Local del Estado de Tabasco.

[…]

De la intelección del artículo transcrito, se reitera que sólo el Instituto Electoral sin la orden de alguno de los poderes del estado de Tabasco, como el poder legislativo, puede convenir que el IFE, organice las elecciones locales, sobre todo se aclara que el congreso del estado no tiene injerencia en las decisiones del Instituto Estatal.

En ese sentido, al haber disposiciones expresas en torno a la posibilidad de la celebración de un convenio para celebrar un comicio local, donde solo participan el IFE y el IEPCT, no debe de imperar la voluntad del poder legislativo y menos del Ejecutivo para solicitar al IEPCT, (ente autónomo e independiente en sus decisiones), para realizar determinada acción (celebración de convenio), porque pensar lo contrario es atentar contra la misma constitución local y lo dispuesto en el último párrafo del artículo 29 y el diverso 122 de la ley comicial en comento, transcritos en los hechos 3 y 4 del presente juicio.

[…]

Mas a nuestro favor esta lo previsto en las 47 (XLVII) fracciones del numeral 36 de la Constitución Local, de las que se puede entender que NO HAY FACULTAD EXPRESA para el Congreso del Estado o sus diputados, para ORDENAR o siquiera Solicitar (sic) a un órgano autónomo como el IEPCT, que convenga con el IFE la organización del proceso comicial local.

[…]

TERCERO.- Lo constituye la violación a lo dispuesto en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que el acto no cumple con los requisitos de forma y fondo que debe de contener todo acto de autoridad, es decir, el mismo esta (sic) desprovisto de la debida fundamentación y motivación que es requisito sine qua non en actos que son emitidos por el Congreso del Estado, quien es perito en la materia legislativa y ante todo debe de fundar y motivar sus actos antes de aprobarlos.

[…]

En términos de la anterior, contrariamente a lo sostenido por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, lo procedente conforme a Derecho, en mi concepto, es revocar el aludido acuerdo 028, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, el catorce de mayo de dos mil trece, para dejar sin efecto la mencionada determinación de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado.

Por otra parte, si como lo considera la mayoría, el citado acuerdo 028 no es un decreto ordenador sino sólo una solicitud, se debe desechar la demanda por ser notoriamente improcedente el juicio, al no existir acto definitivo y firme que se impugne.

Por lo expuesto y fundado, emito este VOTO PARTICULAR. Rúbrica.