RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-19/2013

ACTORES: MANUEL IVAN VERDUGO HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO GARCÍA MAGALLANES

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIO: FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS

México, Distrito Federal, a primero de mayo de dos mil trece.

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-19/2013, promovido por Manuel Iván Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes, en contra de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, a fin de controvertir la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil trece, en los juicios acumulados de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicados en los expedientes identificados con las claves SG-JRC-12/2013 y SG-JDC-41/2013, respectivamente y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes: De lo narrado por los recurrentes y de las constancias de autos se advierte lo siguiente:

1. Aviso de registro. El veintidós de marzo de dos mil trece, el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California emitió el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el "Consejo Político Estatal".

2. Recursos de apelación local. Disconformes con el aviso precisado en el punto uno (1) que antecede, Joel Anselmo Jiménez Vega, Juan Sánchez Torres y Enrique Velazco Bustamante, presentaron, ante Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, escrito de recurso de apelación, el cual fue radicado en el expediente identificado con la clave RA-023/2013.

Por otra parte, el treinta y uno de marzo del año en que se actúa, Manuel Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes, presentaron, ante la mencionada Oficialía de Partes del Tribunal Electoral local, escrito de apelación, con el cual se integró el expediente identificado con la clave RA-025/2013.

3. Sentencia del Tribunal Electoral local. El once de abril de dos mil trece, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, resolvió de forma acumulada los recursos de apelación radicados en los expedientes identificados con las claves RA-023/2013 y RA-025/2013, al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

"…R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca el aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes, efectuado por el Partido Estatal de Baja California, materia de esta impugnación.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, Se ordena que, dentro de los plazos indicados, el Partido Estatal de Baja California realice las acciones descritas en el considerando sexto de este fallo.

TERCERO. Se previene al Partido Estatal de Baja California, que de no dar debido cumplimiento a este fallo, se le impondrá una medida de apremio de las establecidas en el artículo 451 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales."

4. Juicio de revisión constitucional electoral. Disconforme con la sentencia precisada en el punto tres (3) que antecede, el trece de abril del año en que se actúa, el Partido Estatal de Baja California presentó, en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, el cual fue radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, en el expediente identificado con la clave SG-JRC-12/2013.

5. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El quince de abril del año en que se actúa, Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez presentaron, en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar la sentencia precisada en el punto tres (3) que antecede.

El aludido medio de impugnación fue radicado en el expediente identificado con la clave SG-JDC-41/2013.

6. Sentencia impugnada. En sesión del veinticuatro de abril de dos mil trece, la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral emitió sentencia en los citados juicios, cuyo considerando sexto y puntos resolutivos son al tenor siguiente:

SEXTO. Estudio de fondo. Se precisa que en un primer momento se analizará el agravio identificado con el número 2 de los expresados por los actores Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez en el juicio ciudadano, y en el supuesto de que resulte infundado o inoperante, proceder a realizar el estudio del resto de los motivos de disenso expresados por los accionantes del medio de impugnación.

En concepto de esta Sala Regional, resulta fundado el motivo de inconformidad precisado en el considerando que antecede con el número 2 del juicio ciudadano, expresado por los ciudadanos Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez, relativos, en esencia, a que la responsable, en la resolución impugnada en esta instancia constitucional, no consideró la conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización del referido partido político local, al negarle al Consejo Político Estatal del instituto político actor, estipular las disposiciones relativas al proceso interno de postulación de candidatos, en términos de lo establecido en los artículos 42, fracciones IX y X, y 78 de sus Estatutos, variando la litis al utilizar argumentos del expediente RA-02/2013, el cual no guarda relación con los recursos de apelación RA-023/2013 y RA-025/2013 acumulados de los cuales deriva la resolución aquí combatida, toda vez que en aquél fueron argumentos para sustentar la renovación de un órgano municipal del partido político local, en donde se determinó "por única ocasión" la participación con derecho a voto de todos los militantes, situación no aplicable al caso concreto, ya que en el la especie sí existe un órgano competente para fijar los lineamientos o disposiciones que habrán de regir en el proceso interno de elección de candidatos, como lo es el Consejo Político Estatal, en términos de los citados numerales de los Estatutos, tal y como lo realizó dicho órgano partidario en las asambleas de fechas treinta y uno de enero y veintiocho de febrero del año que transcurre, máxime que en las demandas que dieron origen a los mencionados recursos de apelación acumulados, no se impugnaron las aludidas asambleas, que originó el argumento de la responsable relativo al trato diferenciado en los métodos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa (método de elección por parte de la militancia) y para la elección de regidores propietarios y suplentes (método de designación a través del Consejo Político Estatal), pues lo que se impugnó fue el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", invadiendo con ello la vida interna del multicitado partido político local, al introducir un agravio no invocado por los militantes promoventes, relativo al método de elección utilizado para los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; razón por la que son jurídicamente eficaces tales motivos de agravio para acoger la pretensión de los demandantes, por las razones y argumentos que se exponen a continuación.

En efecto, asiste la razón a los demandantes del medio de impugnación que se resuelven, cuando aducen, en esencia, que el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California no tomó como eje rector la interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de considerar que el multicitado "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal" emitido el veintidós de marzo del año actual por el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California, se trata de un tema de autodeterminación emitido acorde con su estrategia e ideología política.

Para arribar a la anotada conclusión se tiene en cuenta que los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; y 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dicen:

(Se transcriben)

De la anterior transcripción, se desprende que en relación a los partidos políticos nacionales y estatales, los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Carta Magna, respectivamente, así como el numeral 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, son la base constitucional del principio de respeto a su auto-organización y autodeterminación, al establecer que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los referidos institutos, en los términos que establezcan las propias Constituciones tanto federal y local, así como la ley.

Asimismo, la remisión explícita de los referidos artículos de las Constituciones federal y local a la ley, lleva a verificar las normas secundarias relativas al tema.

En este sentido, se tiene que del texto de los numerales 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California antes transcritos, se observa que para los efectos del segundo de los artículos constitucionales aludidos, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución del Estado, en la ley electoral local, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

También en el segundo precepto de la invocada ley electoral del Estado de Baja California, se describen cuáles son los asuntos internos de los partidos políticos, y entre ellos destacan, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección.

Más aún, del artículo 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral transcrito, se advierte que la conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización partidaria deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a ese tipo de asuntos.

Por otra parte, en el dictamen de la Cámara de origen (Senadores), relativa al proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional federal de dos mil siete, se observa el alcance o finalidad del concepto de respeto a la autodeterminación, con relación a los procedimientos internos de los partidos políticos, tal como se advierte de la parte destacada de dicho documento, el cual es del tenor siguiente:

"[…] La adición de un tercer párrafo en la Base I del mismo artículo 41, para delimitar la intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos a lo que señalen la Constitución y la ley, se considera de aprobar en virtud del propósito general que anima la reforma en el sentido de consolidar un sistema de partidos políticos que cuente con un marco legal definido.

Al respecto, la iniciativa propone la siguiente redacción:

"Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley."

Las Comisiones Unidas consideran que es de aprobarse por lo siguiente: la extrema judicialización de los asuntos internos de los partidos políticos es un fenómeno negativo para la democracia mexicana; son varias las causas de tal fenómeno, pero quizá la más importante sea la continuada práctica de la autoridad jurisdiccional federal de realizar la interpretación de las normas constitucionales y legales en materia de vida interna de partidos, situación que ha derivado en la indebida práctica de sustituir la ley dictada por el Poder Legislativo a través de sentencias emitidas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dan lugar a una compleja y vasta jurisprudencia en la materia, que a su vez retroalimenta la judicialización de la política a extremos cada vez mayores. Ésa no fue la intención ni el espíritu de la reforma electoral de 1996, que instauró el Tribunal Electoral y definió sus facultades y competencias.

La propuesta en comento dará lugar a la reforma de la ley secundaria, a fin de perfeccionar la obligación de los partidos políticos de contar, en sus propias normas y en sus prácticas cotidianas, con órganos internos para la protección eficaz y expedita de los derechos de sus afiliados, sin dilaciones ni subterfugios que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos de los militantes. […]"

En este orden de ideas, la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal invocado, así como la intención del poder reformador de la Constitución Federal, pone de manifiesto que el principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático, aspectos que se deben plasmar en sus distintos instrumentos normativos.

En suma, el derecho de auto-organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional implica la facultad auto normativa de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura, con el fin de dar identidad partidaria, con el propósito de hacer posible la participación política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados.

Con respaldo en lo hasta aquí considerado, es posible afirmar que el Partido Estatal de Baja California, como entidad de interés público, tiene reconocido tanto en la Constitución General de la República, como en la Constitución de dicha Entidad Federativa, el derecho de auto-organización y autodeterminación, que en forma integral comprende, el respeto a sus asuntos internos, entre los que están los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como para la toma de decisiones por sus órganos de dirección.

Ahora bien, como se anticipó, asiste la razón a los ciudadanos Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez, pues del análisis del "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal" emitido el veintidós de marzo del año actual por el Consejo Político Estatal del referido instituto político, en atención a lo aprobado por dicho órgano partidario en las asambleas celebradas el treinta y uno de enero y el veintiocho de febrero de la presente anualidad, con fundamento en lo establecido en los artículos 42, fracciones IX y X, y 78 de sus Estatutos, que dicen: "ARTÍCULO 42.- Son facultades y deberes del Consejo Político Estatal. […] IX.- Determinar la línea política, plataforma, declaración de principios, programa de acción, bases para la elección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular. --- X.- Aprobar la participación del Partido en alianza, coaliciones o candidaturas comunes con otras fuerzas políticas para contender en elección popular así como aprobar la plataforma electoral, programa de acción, declaración de principios, estatutos y candidaturas resultantes de estas alianzas y coaliciones. […] ARTÍCULO 78.- El proceso interno para postular candidatos a puestos de elección popular deberá regirse, en lo general, por las disposiciones que estipule el Consejo Político Estatal." (El subrayado es de este Tribunal), que originó la designación de los referidos ciudadanos actores por parte del Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California el seis de abril pasado, como candidatos a regidores propietarios por los municipios de Tijuana y Ensenada, respectivamente, para participar a nombre y representación del citado instituto político local en la Planilla de la Coalición Unidos por Baja California, conformada por los Partidos Estatal de Baja California, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, en cumplimiento al convenio correspondiente y a los estatutos de dicho partido político local; se arriba a la conclusión de que se trata de un tema de autodeterminación emitido acorde con su estrategia e ideología política, el cual debió haberse respetado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California responsable.

Máxime que en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción IX, de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California, una de las obligaciones de todos los afiliados a dicho instituto político local, es la de: "[…] Participar en los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos, cuando conforme a estos estatutos, así lo disponga la convocatoria correspondiente. […]" (El subrayado es de este Tribunal)

De las consideraciones reseñadas, se evidencia que el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal" emitido el veintidós de marzo del año actual por el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California, el cual fue revocado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California en la resolución impugnada en esta instancia constitucional emitida el once de abril pasado en los recursos de apelación identificados con la claves RA-023/2013 y RA-025/2013 acumulados, corresponde a una determinación amparada por los derechos de auto-organización y autodeterminación previstos en los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106, 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; 42, fracciones IX y X, y 78 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California.

De este modo, la circunstancia de que el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California responsable, hubiera variado la litis al utilizar argumentos del expediente RA-02/2013, el cual no guardaba relación con los recursos de apelación RA-023/2013 y RA-025/2013 acumulados de los cuales deriva la resolución aquí combatida, toda vez que en aquél fueron argumentos para sustentar la renovación de un órgano municipal del partido político local, en donde se determinó "por única ocasión" la participación con derecho a voto de todos los militantes, situación no aplicable al caso concreto, ya que en la especie sí existe un órgano competente para fijar los lineamientos o disposiciones que habrán de regir en el proceso interno de elección de candidatos, como lo es el Consejo Político Estatal, en términos de los numerales 42, fracciones IX y X, y 78 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California, tal y como lo realizó dicho órgano partidario en las asambleas de fechas treinta y uno de enero y veintiocho de febrero del año que transcurre, máxime que en las demandas que dieron origen a los mencionados recursos de apelación acumulados, no se impugnaron las aludidas asambleas, que originó el argumento de la responsable relativo al trato diferenciado en los métodos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa (método de elección por parte de la militancia) y para la elección de regidores propietarios y suplentes (método de designación a través del Consejo Político Estatal), pues lo que se impugnó fue el multicitado "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes", trajo como consecuencia una resolución que no consideró la conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización del Partido Estatal de Baja California en sus asuntos internos.

Acorde con lo anterior, es claro que la decisión adoptada por el Consejo Político Estatal el veintidós de marzo pasado en el multireferido "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes", corresponde a una determinación amparada por los derechos de auto-organización y autodeterminación del Partido Estatal de Baja California, previstos en los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106, 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; 42, fracciones IX y X, y 78 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California.

Por tanto, conforme con los preceptos constitucionales, legales y estatutarios invocados, la actuación del Consejo Político Estatal debió ser considerada por la autoridad jurisdiccional electoral local responsable, dentro del marco del mandato constitucional que irradia a las autoridades electorales, incluidas las jurisdiccionales, de respeto a los asuntos internos de los partidos políticos, como en el caso, la posibilidad de determinar las bases para la elección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular del Partido Estatal de Baja California, aprobando la participación de dicho instituto político local en coalición con otras fuerzas políticas para contender en las elecciones populares en dicha Entidad Federativa, pues en el caso, ante la celebración del convenio de coalición, situación extraordinaria, ya que lo ordinario sería contender de manera individual, se estableció un método de designación directa de los candidatos, en ejercicio de las facultades conferidas a los órganos del instituto político.

Conforme a lo expuesto, es inconcuso que asiste la razón a los ciudadanos Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez aquí promoventes, cuando sostienen que el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California indebidamente pasó por alto los principios de auto-organización y autodeterminación previstos en la normativa constitucional, legal y partidista mencionada, con el objeto de que se respetara el proceso de designación de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes en el Estado de Baja California, a cargo del Consejo Político Estatal multicitado instituto político local, de ahí lo fundado de los motivos de agravio.

Consecuentemente, lo procedente es revocar la resolución impugnada, emitida el once de abril pasado por el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California en los recursos de apelación identificados con la claves RA-023/2013 y RA-025/2013 acumulados y, en consecuencia, todos los actos realizados por el Partido Estatal de Baja California en cumplimiento de la misma.

No pasa inadvertido para este órgano que el plazo para el registro de candidatos feneció el veintiuno de abril pasado, motivo por el cual, en su caso, se vincula al Partido Estatal de Baja California para que realice las gestiones necesarias ante la coalición "Alianza Unidos por Baja California", para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir del momento en que se practique la notificación de este fallo, registren a los candidatos designados Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez, en los lugares que corresponden al instituto político local, en los municipios de Tijuana y Ensenada.

De igual manera, de ser el caso, también se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa para que reciba, de trámite y resuelva las solicitudes de registro de los candidatos de la coalición señalada en los términos de ley.

Tanto el partido político como el instituto electoral local, de ser el supuesto, deberán informar del cumplimiento que den a la presente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Finalmente, en virtud de la solución adoptada en la presente sentencia, resulta innecesario el análisis del motivo de inconformidad resumido en el considerando que precede marcado con el número 1 expresado por los actores Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los establecido en los artículos 19, párrafo 1, inciso b), 22, 25, 84, párrafo 1, inciso b), y 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SG-JDC-41/2013 al SG-JRC-12/2013, por ser éste el más antiguo, en términos de lo expresado en el considerando segundo de esta sentencia; en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la misma, al medio de impugnación acumulado.

SEGUNDO. Se sobresee el juicio de revisión constitucional electoral SG-JRC-12/2013, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo.

TERCERO. Se revoca la resolución impugnada, por las razones y para los efectos expresados en el considerando sexto de la presente sentencia."

II. Recurso de reconsideración. Disconformes con la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, el veintiocho de abril del dos mil trece, Manuel Iván Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes presentaron escrito de recurso de reconsideración en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

lll. Turno a Ponencia. Por proveído de veintiocho de abril de dos mil trece, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente SUP-REC-19/2013, con motivo de la demanda presentada por Manuel Iván Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en los artículos 19 y 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

lV. Radicación y requerimiento. Por auto de veintinueve de abril dos mil trece, el referido Magistrado acordó radicar, en la Ponencia a su cargo, el recurso de reconsideración al rubro indicado; asimismo requirió a la Sala Regional Guadalajara, por conducto de su Presidenta, para que diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Admisión. Por acuerdo de primero de mayo de dos mil trece, el Magistrado Instructor admitió el escrito de recurso de reconsideración al rubro indicado.

VI. Engrose. En sesión pública de primero de mayo de dos mil trece, se sometió a la consideración de la Sala Superior el proyecto de resolución del Magistrado Flavio Galván Rivera respecto del recurso de reconsideración al rubro indicado, el cual fue rechazado.

En razón de lo anterior, el Magistrado Presidente se propuso para elaborar el engrose respectivo, y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de reconsideración promovido para controvertir una sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, al resolver de forma acumulada un juicio de revisión constitucional electoral y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Requisitos y presupuesto de procedibilidad.

1. Requisitos generales.

1.1 Formales. El recurso de reconsideración fue promovido por escrito, el cual reúne los requisitos formales que establece el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque los promoventes: 1) Precisan su nombre; 2) Identifican el acto impugnado y la autoridad responsable; 3) Narran los hechos en que se sustenta la impugnación; 4) Expresan conceptos de agravio, y 5) Asientan su firma autógrafa.

1.2 Oportunidad y presentación ante la autoridad responsable. Por cuanto hace al requisito previsto en los artículos 8 y 66 de la ley adjetiva de la materia, consistentes en que el medio de impugnación debe presentarse ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable, y el relativo a la oportunidad de la demanda, esta Sala Superior estima conveniente analizar el cumplimiento de dichos requisitos de manera conjunta, dada su estrecha relación en el presente caso.

El invocado artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral refiere, en la parte que interesa, que los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado.

Como se observa, la disposición en comento prevé una regla general en cuanto al lugar donde deben presentarse, para efectos de su promoción o interposición, los medios de impugnación en materia electoral, incluído, por supuesto, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Tal regla general consiste en que los medios de impugnación deben exhibirse por escrito ante la autoridad u órgano señalado como responsable del acto o resolución combatidos.

La exigencia de presentar la demanda ante la responsable, atiende a la realización de diversos actos que son necesarios para la debida integración de la relación jurídica procesal, ya que de conformidad con los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, corresponde a la autoridad tramitar y darle publicidad al medio de impugnación.

Por otra parte, el artículo 66 del ordenamiento legal invocado, estatuye que los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los tres días contados a partir del día siguiente al en que se haya notificado la sentencia de fondo impugnada de la Sala Regional.

Así las cosas, la carga procesal impuesta al promovente de presentar su medio de impugnación ante la autoridad u órgano responsable, en principio, debe cumplirse dentro del señalado plazo de tres días.

La consecuencia jurídica del incumplimiento de la enunciada obligación procesal, se contempla expresamente en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y se refiere al desechamiento de la demanda.

En el caso sometido a estudio, es necesario tener en cuenta que de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

La sentencia impugnada fue emitida por la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, el veinticuatro de abril de dos mil trece, publicada por estrados el mismo día, como se advierte de la cédula de notificación respectiva.

Por tanto, si la sentencia impugnada se publicó por estrados, el veinticuatro de abril de dos mil trece, es claro que surtió efectos el inmediato día veinticinco.

Por ende, el plazo para impugnar transcurrió del viernes veintiséis al domingo veintiocho de abril de dos mil trece, computando todos los días como hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que el recurso está vinculado, de manera inmediata y directa, con el procedimiento electoral local que actualmente se lleva a cabo en el Estado de Baja California.

Ahora bien, por principio de cuentas se debe precisar que para llegar a la anterior conclusión se tiene en cuenta el propósito medular del Constituyente permanente, mismo que motivó y finalmente prevaleció en la reforma Constitucional en materia de derechos humanos aprobada el pasado diez de junio, consistente en expandir o maximizar la protección de dichos derechos, imponiendo, dentro del ámbito competencial de cada una de las autoridades, el débito de promover, respetar y garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En esta lógica, atento al principio de progresividad que rige la interpretación proteccionista de derechos humanos, debe entenderse que, en la especie, concurren una serie de circunstancias esenciales que conducen a esta Sala Superior, en carácter de garante obligado del derecho fundamental de acceso a la justicia, a privilegiarlo en beneficio de la impetrante.

En efecto, si bien las constancias de autos dan cuenta de que la parte actora presentó el medio de impugnación ante autoridad diversa a la responsable, tal cuestión, aun cuando representa una irregularidad procesal que, en principio podría dar lugar al desechamiento de la demanda respectiva, dicha situación, a la luz de la interpretación proteccionista de los derechos de la justiciable, no puede dar cabida al desechamiento, dado que:

- El medio de impugnación se presentó ante una de las Salas integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta Sala Superior.

Al respecto, conviene recordar que el citado organismo electoral es, con excepción de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

En esta lógica, si se toma en consideración que el Tribunal Electoral representa una unidad y la creación y permanencia de las Salas que lo integran tiene que ver con cuestiones de competencia en la materia, atendiendo a la división de circunscripciones plurinominales, puede arribarse válidamente a una primera conclusión en el sentido de que la demanda se presentó, de manera general, ante el Tribunal Electoral.

La anterior conclusión sirve de base para determinar que, finalmente, la demanda se recibió ante la autoridad que, atendiendo a lo razonado con antelación, es la competente para resolver el caso concreto.

Así las cosas, se estima que la presentación de la demanda del recurso en cuestión comento ante este Tribunal Electoral, se insiste, siempre y cuando sea el competente para resolver la cuestión a dilucidar, debe considerarse en tiempo y forma.

En consecuencia, si el escrito de demanda del recurso de reconsideración fue presentado, ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el domingo veintiocho de abril de dos mil trece, es inconcuso que se hizo de manera oportuna.

Similar criterio se adoptó por esta Sala Superior al resolver el juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-11/2012.

1.3 Legitimación. Esta Sala Superior considera que Manuel Iván Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes, tienen legitimación para promover el recurso de reconsideración al rubro indicado, por lo siguiente:

Derivado de la reforma constitucional de dos mil siete y legal de dos mil ocho en materia electoral, se advierte que a fin de darle funcionalidad al sistema de impugnación electoral y con la finalidad de garantizar, a los sujetos de Derecho, un efectivo acceso a la justicia constitucional en materia electoral, se estableció en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la competencia de las Salas de este Tribunal Electoral para analizar aspectos relativos a la constitucionalidad de leyes, a partir de un acto concreto de aplicación.

Asimismo, del análisis de la citada ley de impugnación electoral, se advierte que el recurso de reconsideración se estableció como una vía impugnativa para controvertir tres tipos de actos, a saber: 1) Sentencias de fondo dictas por las Salas Regionales en juicios de inconformidad; 2) Sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los demás medios de impugnación, cuando hubiesen determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución, y 3) La indebida asignación de diputados y senadores, electos por el principio de representación proporcional, que haga el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

De lo anterior, se colige que una de las finalidades del recurso de reconsideración es que esta Sala Superior revise las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando determinen la inaplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución federal. En este sentido, el recurso de reconsideración se torna en segunda instancia constitucional electoral, que tiene como objetivo que esta Sala Superior revise el control de constitucionalidad de leyes que hacen las mencionadas Salas Regionales.

Por cuanto hace a los sujetos de Derecho legitimados para promover el recurso de reconsideración, conforme al artículo 65 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son los siguientes:

"Artículo 65

1. La interposición del recurso de reconsideración corresponde exclusivamente a los partidos políticos por conducto de:

a) El representante que interpuso el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada;

b) El representante que compareció como tercero interesado en el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada;

c) Sus representantes ante los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral que correspondan a la sede de la Sala Regional cuya sentencia se impugna, y

d) Sus representantes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para impugnar la asignación de diputados y de senadores según el principio de representación proporcional.

2. Los candidatos podrán interponer el recurso de reconsideración únicamente para impugnar la sentencia de la Sala Regional que:

a) Haya confirmado la inelegibilidad decretada por el órgano competente del Instituto Federal Electoral, o

b) Haya revocado la determinación de dicho órgano por la que se declaró que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

3. En los demás casos, los candidatos sólo podrán intervenir como coadyuvantes exclusivamente para formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes, dentro del plazo a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo 66 de la presente ley."

De la transcripción anterior, se podría advertir que el legislador únicamente consideró como sujetos legitimados para promover el recurso de reconsideración a los partidos políticos y a candidatos, disposición que no sería acorde con la naturaleza que se le dio a este medio de impugnación con motivo de las reformas antes aludidas.

Lo anterior es así, porque si se interpreta de forma gramatical el artículo 65 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación implicaría hacer nugatorio para los sujetos de Derecho distintos a los partidos políticos y candidatos el derecho de impugnar las sentencias dictadas por las Salas Regionales que afecten su esfera jurídica, en las que se haga control de constitucionalidad y, en consecuencia, se estaría violando el derecho de acceso eficaz a la justicia completa, en todas sus instancias, previsto constitucionalmente.

En este orden de ideas esta Sala Superior ha determinado que se deben tener como sujetos legitimados para promover el recurso de reconsideración a los mismos que tengan legitimación para incoar los medios de impugnación electoral en la primera instancia federal, es decir, ante las Salas Regionales.

En el caso, si bien es cierto que los ahora recurrentes no comparecieron ante la Sala Regional en los juicios en los que se emitió la sentencia controvertida, lo cierto es que esa circunstancia no es suficiente para considerar que no están legitimados para promover el recurso de reconsideración que ahora se resuelve, pues la comparecencia previa no constituye requisito esencial para su comparecencia posterior, ya que la necesidad de ejercitar su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que podría resultar adversa a sus intereses.

Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 8/2004 emitida por esta Sala Superior, consultable a foja trescientas noventa y cinco, del Volumen 1, Jurisprudencia, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", de este órgano jurisdiccional, de rubro y texto siguientes:

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE. La legitimación activa del tercero interesado para promover el medio de defensa que proceda en contra de la resolución emitida en un juicio o recurso que forme parte de una cadena impugnativa, deriva de que el impugnante haya tenido el carácter de parte actora o tercera interesada en el procedimiento natural, por lo que la comparecencia previa no constituye un requisito esencial para su comparecencia posterior, ya que la necesidad de ejercitar su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses.

Luego, si los actores en el recurso de reconsideración al rubro indicado, son los mismos que promovieron uno de los recursos de apelación ante el Tribunal Electoral local, cuya sentencia fue revocada por la Sala Regional responsable, es inconcuso que están legitimados para promover este medio de impugnación, con independencia, como se precisó, de que no hayan comparecido ante la Sala Regional, dado que la posible afectación a sus intereses surge precisamente con la sentencia que determinó revocar la resolución dictada por el tribunal local.

Por tanto, en este particular, es inconcuso que los demandantes están legitimados para promover el recurso de reconsideración, pues aducen que la sentencia de la Sala Regional impugnada les es adversa a sus intereses.

2. Requisitos especiales. En el recurso de reconsideración al rubro identificado, se satisfacen los requisitos especiales de procedibilidad previstos en los artículos 61, párrafo 1, inciso a); 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 63, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2.1 Sentencia de fondo. El requisito previsto en el artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cumple en el caso en estudio, toda vez que el acto impugnado es una sentencia definitiva que resolvió el fondo de la litis planteada ante la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, en los juicios acumulados de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, radicados en los expedientes identificados con las claves SG-JRC-12/2013 y SG-JDC-41/2013, respectivamente, promovidos por el Partido Estatal de Baja California, el primero, y por Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez, el segundo.

Por tanto, es evidente que se cumple el mencionado requisito de definitividad de la sentencia impugnada, que resolvió el fondo de la litis planteada en la instancia precedente, siendo procedente el recurso que se resuelve.

Además los mencionados juicios federales, fueron incoados para impugnar la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, mediante la cual se revocó el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", emitido el veintidós de marzo del dos mil trece por el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California.

2.2 Presupuesto. El recurso de reconsideración cumple los requisitos especiales de procedibilidad previstos en los artículos 61 y 62, párrafo 1, fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con las siguientes consideraciones.

Conforme con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen competencia para resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, con las previsiones y salvedades que el propio numeral indica; esto es, limitarse al caso concreto y, de ser así, dar aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, el numeral 61, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece:

Artículo 61

1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

De la aludida disposición, se advierte la posibilidad de impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, derivadas de cualquier medio de impugnación, cuando se haya determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

No obstante lo anterior, se debe señalar que para garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial, esta Sala Superior ha ampliado la procedibilidad del recurso de reconsideración, en particular, cuando las Salas Regionales interpretan directamente preceptos constitucionales en ejercicio de su facultad de control constitucional o inaplican, expresa o implícitamente, normas internas de los partidos políticos.

Lo anterior, en términos de las tesis de jurisprudencia consultables en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5 (cinco), Número 11 (once), dos mil doce, páginas veinticuatro a veinticinco, así como Año 5 (cinco), Número 10 (diez), dos mil doce, páginas treinta y dos a treinta y cuatro. El texto de las tesis es al tenor siguiente:

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que, a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, el recurso de reconsideración procede no sólo cuando una Sala Regional resuelve la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal, sino también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental, pues ello hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control constitucional.

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base I, 60, párrafo tercero, 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, inciso b), 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 46 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, apartado 2, 61 y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son competentes para resolver sobre la no aplicación de leyes en materia electoral; que la Sala Superior es competente para conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de las sentencias de las salas regionales, cuando se inapliquen leyes electorales; y que el principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa interna. En ese contexto, a fin de garantizar el acceso pleno a la justicia, debe estimarse que la normativa interna de los partidos políticos, materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracta e impersonal, razón por la cual, el recurso de reconsideración debe entenderse procedente, cuando en sus sentencias, las salas regionales inaplican expresa o implícitamente normas internas de los partidos políticos.

Precisado lo anterior, de la sentencia impugnada se advierte que la Sala Regional determinó que los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Carta Magna, respectivamente, así como el numeral 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, son la base constitucional del principio de respeto a la auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos, lo que implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que prevea su ideología e intereses políticos, siempre que se apegue a los principios de orden democrático, aspectos que se deben prever en sus distintos instrumentos normativos.

En este sentido, el órgano jurisdiccional responsable revocó la sentencia impugnada, pues a su juicio, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California vulneró los principios de autoorganización y autodeterminación, al vincular al Partido Estatal de Baja California a llevar a cabo un procedimiento de elección de candidatos a regidores para los municipios de Tijuana y Ensenada, revocando la determinación previamente adoptada por ese instituto político.

En consecuencia, si bien es cierto que en la sentencia recurrida, la Sala Regional responsable no inaplica de forma expresa respecto de alguna disposición al caso concreto, también lo es que esta Sala Superior ha considerado en diversos criterios que a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, si existe algún tipo de pronunciamiento por parte de la responsable relacionado con la interpretación directa de preceptos constitucionales, que pudieran dar como resultado la inaplicación expresa o implícita de alguna disposición estatutaria de los partidos políticos, se debe considerar que el recurso de reconsideración es procedente para controvertir tal aspecto de la respectiva sentencia.

Así las cosas, si en el caso la Sala Regional Guadalajara aplicó e interpretó directamente los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Carta Magna, así como el numeral 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, conforme a los cuales determinó que son la base constitucional del principio de respeto a la auto-organización y autodeterminación de los partidos, además de interpretar y aplicar disposiciones estatutarias del Partido Estatal de Baja California, es inconcuso que están colmados los requisitos legales, generales y especiales, para la procedibilidad del recurso de reconsideración al rubro identificado, por lo que es conforme a Derecho entrar al estudio y resolución del fondo de la litis planteada.

TERCERO. Conceptos de agravio. Los recurrentes exponen conceptos de agravio, en los términos siguientes:

[…]

AGRAVIOS:

1. Nos causa Agravio la Sentencia recurrida ya que el Veintidós de Marzo de la presente anualidad el Consejo Político Estatal publicó, por medio de correo electrónico, el aviso para elegir los Candidatos a Regidores Propietarios y Suplentes de las Planillas a Munícipes del Partido Estatal de Baja California, sin siquiera tomar en cuenta, el Presidente del Consejo Político Estatal, la opinión ni el sentir de los militantes del Partido Estatal de Baja California violando con esto el Artículo 1ro. Constitucional dejando al total de la militancia en total estado de indefinición causándonos graves daños y perjuicios.

2. Causa Agravio la Sentencia al determinar que el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California negó al Consejo Político Estatal estipular las disposiciones relativas al proceso interno de la postulación de los candidatos en términos de los artículos 42 Fracciones IX y X y 78 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California que aquí se transcriben como si a la letra se insertaran:

(Se transcriben)

Si bien es cierto que dichos Estatutos facultan al Consejo Político Estatal determinar las Bases y aprobar los Candidatos como lo marca el Articulo 42 de los Estatutos así como que la elección de candidatos a puestos de elección popular deberá regirse por las disposiciones que estipule el Consejo Político Estatal como lo marca el Articulo 78, la Sala estima equivocadamente que el Consejo Político Estatal tiene facultades que le permitan violar los mismos Estatutos del Partido porque según el Artículo 42 Fracción IX el Consejo tiene la facultad y el deber de DETERMINAR LAS BASES pero si analizamos el significado de la palabra determinar conforme la Real Academia Española dice: (determinar. (Del lat. determināre). 1. tr. Fijar los términos de algo. 2. tr. Distinguir, discernir. 3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto. Determinar día, hora 4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl. 5. tr. Hacer tomar una resolución. Esto me determinó a ayudarle.) como se podrá apreciar el Consejo solo tiene la facultad para determinar las Bases o sea normas que regulan la elección de los Candidatos a Regidores SIEMPRE Y CUANDO estas BASES estén apegadas a los Estatutos del Partido especialmente los Artículos 1, 13, 14, 22, 76 y al Revocar la Sentencia del Tribunal de Justicia Electoral la Sala Regional deja a los militantes de las Circunscripciones de Ensenada y Tijuana en total estado de indefinición ya que dicha Sentencia ordena registrar a los Candidatos a Regidores, sin siquiera permitir ejercer el derecho a votar y ser votado de la militancia de dichas circunscripciones ya que el Consejo DESIGNO a los Candidatos a Regidores y no hubo elección de por medio, causándonos graves daños y perjuicios al negar nuestros derechos políticos-electorales de los militantes y no solo de los recurrentes de la Sentencia que aquí se combate.

3. Causa Agravio la Sentencia recurrida ya que si bien es cierto como dice la Sala Regional que los aquí recurrentes no impugnaron las Asamblea del Treinta y Uno de Enero y Veintiocho de Febrero se equivoca la Sala Regional siendo que los Actores exageran al decir que fueron Asambleas, siendo que no fueron Asambleas sino reuniones del Consejo y a PUERTA CERRADA, sin avisar a la militancia y sin oportunidad de opinar al respecto y mucho menos participar a los militantes del Partido como lo marcan los Estatutos, cosa que la Sala Regional omitió entrar al estudio del fondo del Asunto, y los recurrentes del Recurso de Apelación nunca tuvieron conocimiento de dichas pseudo-Asambleas, aduciendo la Sala Regional que el Tribunal invadió la vida interna de los partidos políticos alegando equivocadamente la Sala Regional que el Consejo tiene la facultad y obligación de violar los Estatutos del Partido y lo más grave que le permite al Consejo violar los derechos políticos-electorales de la militancia de las circunscripciones de Tijuana y Ensenada, causándonos graves daños y perjuicios dejándonos en total estado de indefensión.

4. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional omitió entrar al fondo del Asunto de la Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral ya que solo se avoco a los Agravios esgrimidos por los recurrentes en dicho asunto pero si la Sala Regional se hubiera abocado al estudio del fondo del Asunto como lo marca la diversa jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hubiera percatado que los recurrentes en ningún momento fueron ELEGIDOS SINO DESIGNADOS como lo indica el aviso de registro combatido por los suscritos ante el Tribunal de Justicia Electoral ya que dicho Aviso, indica que las Candidaturas a Regidores de las planillas de Munícipes, correspondientes al PEBC, serán por vía de designación del Consejo Político Estatal, violando el Artículo 76 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California en todas sus Fracciones y que a continuación se transcriben como si a la letra se insertaran:

(Se transcribe)

Como se podrá observar, dicha Sentencia omite entrar al fondo del estudio del Asunto ya que de haberlo hecho se hubiera percatado que dicho Aviso viola todas las Fracciones de este Artículo, ya que al decidir el Consejo Político Estatal los Candidatos a Regidores por designación, viola los derechos políticos-electorales de todos los militantes del Partido Estatal de Baja California.

5. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional omite entrar al estudio del fondo del asunto porque ignora por completo los razonamientos esgrimidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de baja California ya que el Tribunal fundamentó su actuar conforme lo establecen los diversos Artículos de la Constitución especialmente el Artículo 1ro. que obliga a todas las Autoridades a respetar los derechos políticos-electorales y humanos de los Ciudadanos causándonos graves daños y perjuicios dejándonos en total estado de indefinición al no permitirnos nuestros derechos consagrados de votar y ser votados.

6. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional omite entrar al estudio del fondo del asunto al establecer que el Tribunal de Justicia Electoral invadió la esfera del Partido Político al no observar lo establecido en el Articulo 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California y que aquí se transcribe como si a la letra se insertara lo conducente: "ARTÍCULO 107.- Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos estatales en los términos que establecen la Constitución del Estado, la presente Ley, y las demás leyes aplicables.

Para lo anterior, son asuntos internos de los partidos políticos estatales:

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular."

Como se podrá observar la Sala Regional le dio una interpretación inexacta al mencionado Artículo, ya que el Tribunal SI TENIA LA FACULTAD DE INTERVENIR en los asuntos internos del Partidos, si este no cumple con los Estatutos del Partido y sobretodo la Constitución como sucedió en la Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral causándonos graves daños y perjuicios dejándonos en total estado de indefinición al no permitirnos nuestros derechos consagrados de votar y ser votados.

7. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional invoca el Articulo 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral transcrito, que advierte que la conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización partidaria deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a ese tipo de asuntos, aquí se muestra un agravio de corte Constitucional ya que la Sala Regional supedita dicho Artículo 2 de la LGMIME al Artículo 1 Constitucional, así como los diversos tratados internacionales que se invocan en dicho Artículo, creando un vació de poder al poner de relieve la trascendencia del legislador de actualizar y armonizar la LGMIME a la Constitución reformando el Articulo 2 de dicha Ley causándonos graves daños y perjuicios dejándonos en total estado de indefensión al no permitirnos nuestros derechos consagrados de votar y ser votados.

8. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional invoca para revocar la Sentencia del Tribunal de Justicia Electoral un dictamen de la Cámara de Senadores que apenas está en estudio y aun así con la sola intención del legislador de modificar la Constitución, revoca una Sentencia que da la Protección más amplia a los derechos políticos-electorales de los militantes del Partido, acatando lo establecido por el Artículo 1ro. de la Constitución causándonos graves daños y perjuicios dejándonos en total estado de indefinición al no permitirnos nuestros derechos consagrados de votar y ser votados.

9. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional expone que asiste la razón a los ciudadanos Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez aquí promoventes, cuando sostienen que el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California indebidamente pasó por alto los principios de auto-organización y autodeterminación previstos en la normativa constitucional, legal y partidista mencionada, con el objeto de que se respetara el proceso de designación de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes en el Estado de Baja California, a cargo del Consejo Político Estatal multicitado instituto político local, de ahí lo fundado de los motivos de agravio con esto la Sala Regional cae en una contradicción ya que ignora por completo lo establecido por el Articulo 41.- Fracción VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Violando así la Sala Regional nuestros derechos plasmados en la Constitución respecto a las normas relativas a los derechos humanos y derechos fundamentales, que se interpretarán no sólo de acuerdo con la Constitución sino además de conformidad con los tratados internacionales de la materia y favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y de acuerdo con el principio de progresividad. En otras palabras, las autoridades electorales deben de respetar los principios de auto organización y auto determinación de los Partidos Políticos, dichos principios deben a su vez descansar sobre la base del principio democrático, es decir, que las determinaciones y/o acuerdos que tomen los partidos políticos para la elección de sus candidatos a puestos de elección popular, deben estar sujetos a procesos democráticos, respetando el derecho a voto y ser votado a todo ciudadano que participe y se integrante de un partido político, arrojando como resultado la descentralización al máximo de las responsabilidades decisorias. En otras palabras, la DEMOCRACIA interna se plasma en la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y funcionamiento interno mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión mediante el reconocimiento de derechos y atribuciones en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. Es por ello que la determinación que tomo la sala regional de Guadalajara en el sentido que nos ocupa, no causa agravio, en relación a nuestros derechos humanos, en el sentido de que no se nos respetan la libre expresión y participación en la elección de candidatos que nos ocupa. Es decir, nos negó a los ciudadanos participantes de un partido político a elegir a muertos??? candidatos, arrebatándonos el derecho de voz y voto.

10. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional hace caso omiso al Artículo 1 de la Constitución en la parte relativa que dice: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Y al ignorar la Sala Regional dicho precepto Constitucional deja en estado de indefinición a los militantes del Partido Estatal de Baja California de las Circunscripciones de Tijuana y Ensenada para ejercer sus derechos plasmados en los Estatutos del Partido y los Consagrados en la Constitución y tratados internacionales respecto a los derechos de votar y ser votados y así poder elegir a nuestros representantes en las elecciones que se avecinan causándonos graves daños y perjuicios de difícil reparación.

11. Causa Agravio la Sentencia recurrida porque la Sala Regional al ordenar inscribir como Candidatos a Regidores a los c. Héctor Riveros Moreno y Gilberto Sánchez Martínez niega a los militantes del Partido e incluso apoya a la violación del Artículo referido de la Constitución Política del Estado de Baja California relativo a la Cuota de Género que la Sentencia del Tribunal ordenó respetar dejando en estado de indefinición a todos aquellos militantes que pretendieron participar en dicha contienda de regidores negándose sus derechos causadnos graves daños y perjuicios de difícil reparación.

12. Causa agravio la sentencia recurrida al determinar que el Partido Estatal de Baja California aprobando la participación de dicho instituto en coalición con otras fuerzas políticas para contender en las elecciones populares, y en consecuencia se celebre un convenio de coalición, esa circunstancia trae como resultado que el Partido Político se encuentre en una "SITUACIÓN EXTRAORDINARIA", ya que lo ordinario, seria contender de manera individual, aunado a que en dicho convenio de coalición se estableció un método de designación directa de los candidatos en el ejercicio de las facultades conferidas a los órganos del instituto político. Conforme a lo expuesto es inconcuso que asiste la razón a los CC. Héctor Riveros Moreno y Gilberto Bernardino Sánchez Martínez. Lo anterior nos causa agravio en el sentido de que la Sala sostiene el criterio de que al ir un partido en coalición y al firmarse por tal motivo un convenio de coalición, nos encontramos entonces en una situación extraordinaria, lo cual es totalmente erróneo en virtud de que en este sentido los partidos políticos acuerdan previamente los motivos por el cual se van a coaligar y los lineamientos por los cuales van a elegir a sus candidatos a puestos de elección popular siendo éste un acuerdo de voluntades y no una situación imprevista que trajere como consecuencia una necesidad extraordinaria de realizar actos o medidas, repito extraordinarias para poder darle cumplimiento a alguna determinación legal.

Aunado a lo anterior, y para el caso concreto que nos ocupa, es necesario manifestar que no hay normatividad que regule ni en los estatutos ni en la ley electoral y ni en las constituciones respectivas, cuales son específicamente las situaciones extraordinarias en que se encuentran los partidos políticos y por lo tanto tener derecho los órganos respectivos para poder realizar una designación directa, sin la participación de voto y voz secreto de los ciudadanos que participen en dichos partidos políticos.

Lo anterior nos causa agravio al ser menoscabados nuestros derechos plasmados en la carta magna ya que se nos está negando el derecho de participar como ciudadanos integrantes de un partido político estatal de participar con voz y voto en las elecciones de candidatos a munícipes, lo cual es un derecho inherente y natural el participar en dichos comicios.

Aunado a lo anterior los dos puntos que anteceden (1-2) repito, violan lo consagrado en el artículo 1, 41 fracción I, de la Carta Magna,

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley...

II. …"

Como se pude percatar en relación al artículo 41 es obligación de los partidos políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo cual se nos ha sido despojado mediante la Sentencia que se combate, ya que como se mencionó con anterioridad la Autoridad Responsable le otorga facultades al Consejo Político Estatal, para designar de forma directa y sin la Participación de la Base Militante en la elección de los candidatos, facultad que en la especie en lo compete, ya que dicho órgano solo tiene la facultad de aprobar los candidatos que surjan de las coaliciones, mas no de designar, ya que solo esa facultad cobra vida cuando el Partido Político se encuentra en una situación extraordinaria, lo cual no ha sucedido aun. En este sentido de ideas la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara, vulnera sin lugar a dudas dichos preceptos Constitucionales, causándonos agravios a nuestro derechos humanos y políticos electorales, ya que es obligación de los tribunales al dictar sus resoluciones primeramente proteger dichos derechos.

13. En conclusión y tomando en consideración todo lo manifestado anteriormente, la aplicación en su totalidad de la sentencia recurrida, va en detrimento y viola sin lugar a duda el principio de democracia que tutela celosamente la carta magna de conformidad con los siguientes puntos:

Primeramente tiene su fundamento en el artículo siguiente de la Carta Magna:

"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."

Lo anterior significa que estamos constituidos un una república democrática ya que nuestra forma de gobierno se basa en el concepto de que la autoridad reside en el pueblo, quien mediante su voto, directo, libre y secreto comisiona, periódicamente, a un grupo de representantes para que gobierne en su nombre. Así mismo, dichos representantes tienen la obligación de velar los intereses y bienestar de todas las personas que vivan dentro del territorio mexicano.

Ahora bien, en otras palabras, vemos que los derechos políticos, sociales, de libertad y civiles, son las cuatro dimensiones que corresponden con los cuatro tipos de derechos fundamentales y que le son inherentes al ser humano. En relación a lo anterior, la democracia y el estado fundados en adelante en principios simples e indiscutibles, contribuyen siempre al mantenimiento de la constitución y al bien común. Si estos requisitos se cumplen, al ser proclamados en los actos de los poderes de la unión y de toda institución política, aumentan las posibilidades de que los gobernados cuenten con niveles aceptables de certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, todavía podemos ir más lejos: el estado de derecho necesariamente implica el PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, y a la noción de DERECHOS FUNDAMENTALES. Es entonces que se habla de un estado democrático de derecho, ya que no basta con la existencia de normas con ciertas características, sino, que las mismas deben ser la manifestación indirecta de la voluntad popular y si el Estado da un ejemplo contundente a través de órganos como el Poder Judicial donde se haga valer la ley, corresponde también a las instituciones y asociaciones políticas tales como los partidos políticos ser manifiestos de esta misma voluntad popular, creando lineamientos como sus estatutos y sus reglamentos sobre una base democrática, y así cumplir con los principios tutelados por la carta magna.

De acuerdo a lo anterior, el estado de derecho y la democracia choca con los sistemas totalitarios o autoritarios, es decir, con los sistemas donde no existe control efectivo sobre el gobierno y los derechos fundamentales de los ciudadanos no son respetados. Aunado a esto, enfocándonos en el área de los partidos políticos, debido a los cambios efectuados en México a la legislación electoral les ha dado el estatus de organizaciones de interés social que se proponen la consecución de la DEMOCRACIA, y por tanto, se han dotado de estatutos que regulan su vida interna y prevén los procedimientos para dirimir sus controversias internas. Uno de esos instrumentos de organización ha sido el centralismo democrático, practica consistente en admitir la libre discusión y la crítica en el proceso de toma de decisiones en el partido que, para asegurar su permanencia en la práctica se restringe a la más alta dirigencia de los partidos, con lo que suele convertirse en AUTORITARIO lo que en principio se presenta como DEMOCRÁTICO.

En este orden de ideas, el solo hecho de permitir y otorgarle mediante la Sentencia que se combate, al Consejo Político Estatal, la facultad el poder DESIGNAR DE FORMA DIRECTA el candidato y suplente a munícipe, nos estaríamos aportando totalmente del principio DEMOCRÁTICO, cayendo en una DICTADURA, en este caso llevada a cabo por el Consejo Político, donde no son tomados en cuenta los derechos fundamentales del hombre, y en el caso que nos ocupa, no se tomaría en cuenta el sentir de la base militante. Además, es importante señalar, que al otorgarle al Consejo Político la Facultad de designar, el candidato designado en esta tesitura sería un candidato ilegitimo, en virtud de que no es aquel que tiene la mayor representatividad de la base militante, y por lo tanto no se estaría persiguiendo el bien común, si no el bien de intereses particulares.

Es por ello que la aplicación de la Sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara, nos causa agravio, ya que vulnera uno de los principios más tutelados por la constitución el cual es el principio de Democracia. En este sentido solicitamos se deje sin efectos la Sentencia combatida y se le devuelva el derecho a la base militante de elegir a sus representantes cumpliendo con todos los preceptos legales que la Carta Magna establece al respecto.

Y para mejor fundar el presente recurso se inserta la siguiente Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Jurisprudencia 26/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. (Se transcribe).

Jurisprudencia 10/2011

RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO SE OMITE EL ESTUDIO O SE DECLARAN INOPERANTES LOS AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS ELECTORALES. (Se transcribe).

Jurisprudencia 17/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS. (Se transcribe).

Jurisprudencia 32/2009

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE SI EN LA SENTENCIA LA SALA REGIONAL INAPLICA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, UNA LEY ELECTORAL POR CONSIDERARLA INCONSTITUCIONAL. (Se transcribe).

Tesis XXVI/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA CONTROVERTIR SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO EJERZAN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. (Se transcribe).

[…]

CUARTO. Estudio del fondo de la litis. Expuesto lo anterior, esta Sala Superior procede al análisis de los conceptos de agravio hechos valer.

Son infundados en una parte e inoperantes en otra, los conceptos de agravio transcritos, los cuales por razón de método se analizan en forma distinta a la planteada por los recurrentes, sin que su examen y resolución genere agravio alguno a los impugnantes.

El criterio mencionado ha sido sustentado por esta Sala Superior, en reiteradas ocasiones, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia consultable en la página veintitrés de la Compilación Oficial de "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen "Jurisprudencia", que es al tenor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Hechas las acotaciones anteriores, en primer lugar se analizarán, en conjunto, los conceptos de agravio identificados con los numerales 1, (uno), 2 (dos), 5 (cinco), 6 (seis), 9 (nueve), 10 (diez) y 13 (trece), del escrito de demanda, pues en todos están inmersos temas de interpretación de principios constitucionales, además de que están dirigidos a controvertir los argumentos de la Sala Regional Guadalajara, de este Tribunal Electoral, en los que se analiza si el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", emitido el veintidós de marzo del dos mil trece por el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California, revocado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de esa entidad federativa, es una determinación amparada por los derechos de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, previstos en los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106 y 107, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; 42, fracciones IX y X, y 78, del Estatuto del Partido Estatal de Baja California.

Al respecto, los recurrentes aducen que la Sala Regional Guadalajara indebidamente revocó la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la cual se da preeminencia al principio de auto-organización y auto-determinación del Partido Estatal de Baja California, sin respetar el diverso principio de democracia interna que debe imperar en los partidos políticos.

En este orden de ideas, los recurrentes afirman que la Sala Regional interpretó, en forma equivocada, los artículos 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, en razón de que el principio de autodeterminación se debe interpretar garantizando la democracia interna para que sea la militancia la que elija a sus candidatos.

Así las cosas, Manuel Iván Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes afirman que la Sala Regional resolvió que el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California tiene facultades para designar a sus candidatos, a cargos de elección popular, sin embargo, con esta resolución se viola lo previsto en los artículos 1, 13, 14, 22 y 76 del Estatuto de su partido político.

Aunado a lo anterior, consideran los recurrentes que se incumplió lo previsto en los artículos 1º y 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el sistema de medios de impugnación debe garantizar el principio democrático. Afirman que la democracia interna comprende la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y funcionamiento mediante reglas que permitan la participación de los afiliados, mediante el reconocimiento de derechos y atribuciones, a fin de conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. No obstante, en el caso no se respetó la libre expresión y participación de la militancia en la elección de candidatos.

Los conceptos de agravio antes precisados son infundados, porque esta Sala Superior considera conforme a Derecho la determinación de la Sala Regional Guadalajara de revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California, toda vez que transgredió los principios de auto-organización y autodeterminación del Partido Estatal de Baja California, al revocar el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", emitido el veintidós de marzo del dos mil trece por el Consejo Político Estatal de este instituto político, como se explica a continuación.

La Sala Regional Guadalajara determinó que el Estatuto del Partido Estatal de Baja California faculta a su Consejo Político Estatal para establecer las bases para la selección de candidatos a cargos de elección popular, aprobar la participación del partido político en alianza con otras fuerzas políticas, para contender en las elecciones populares, así como para aprobar a los candidatos que participarán en las coaliciones en las que participe el partido político local. En este sentido, la responsable concluyó que la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California vulneró los aludidos principios, pues vinculó al partido político a llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección de candidatos, basado en la consulta a su militancia.

En efecto, para llegar a la anotada conclusión, la Sala Regional Guadalajara analizó los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; y 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales son al tenor siguiente:

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 41.- […]

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

I. […]

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Artículo 116.- […]

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[…]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

[…]

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

[…]

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA:

Artículo 5.- […]

APARTADO A. Los partidos políticos:

[…]

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

[…]

DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE BAJA CALIFORNIA:

Artículo 106.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso f) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución del Estado, en esta Ley, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Artículo 107.- Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos estatales en los términos que establecen la Constitución del Estado, la presente Ley, y las demás leyes aplicables.

Para lo anterior, son asuntos internos de los partidos políticos estatales:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, y

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados.

De igual forma, las autoridades electorales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos nacionales, a que se refiere la fracción IV del presente artículo, con motivo de su participación en los procesos electorales locales.

DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL:

Artículo 2

[…]

2. La conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto organización de los partidos políticos, deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos políticos.

Al respecto, el órgano jurisdiccional responsable determinó que la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal transcrito, pone de manifiesto que los principios de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse internamente, siempre y cuando sus determinaciones se ajusten a su ideología e intereses políticos y sean acordes a los principios de orden democrático.

Una vez precisado lo anterior, la Sala Regional Guadalajara consideró que el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", aprobado el veintidós de marzo del dos mil trece por el Consejo Político Estatal del citado instituto político local, se emitió como consecuencia de los acuerdos adoptados en sus asambleas, llevadas a cabo el treinta y uno de enero y el veintiocho de febrero de dos mil trece.

Asimismo, precisó la responsable, que tal determinación intrapartidista está debidamente fundada, pues se dictó en términos de lo dispuesto en los artículos 42, fracciones IX y X, y 78 del Estatuto del Partido Estatal de Baja California, los cuales se transcriben a continuación:

ARTÍCULO 42.- Son facultades y deberes del Consejo Político Estatal.

[…]

IX.- Determinar la línea política, plataforma, declaración de principios, programa de acción, bases para la elección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

X.- Aprobar la participación del Partido en alianza, coaliciones o candidaturas comunes con otras fuerzas políticas para contender en elección popular así como aprobar la plataforma electoral, programa de acción, declaración de principios, estatutos y candidaturas resultantes de estas alianzas y coaliciones. […]

ARTÍCULO 78.- El proceso interno para postular candidatos a puestos de elección popular deberá regirse, en lo general, por las disposiciones que estipule el Consejo Político Estatal

Al respecto, consideró la Sala Regional responsable que la determinación intrapartidista estaba debidamente motivada, pues la designación de los ciudadanos como candidatos a regidores propietarios por los municipios de Tijuana y Ensenada, respectivamente, se debió a que el Partido Estatal de Baja California participará en la Planilla de la Coalición Unidos por Baja California, conformada también por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, en términos del convenio correspondiente.

Así las cosas, la Sala Regional Guadalajara concluyó que el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal" corresponde a una determinación amparada por los derechos de auto-organización y autodeterminación del Partido Estatal de Baja California, previstos en los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106, 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; 42, fracciones IX y X, y 78 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California.

En este orden de ideas, se determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California, para el efecto de que el aludido aviso quedara firme.

Precisado lo anterior, esta Sala Superior considera que son infundados los conceptos de agravio en los que se aduce la vulneración al principio de democracia interna en los partidos políticos y al de votar y ser votado en la selección de candidatos, pues la sentencia impugnada no contraviene esos principios, dado que la Sala Regional responsable resolvió que el procedimiento elegido por el Consejo Político Estatal fue conforme a su normativa estatutaria.

Al respecto, como ha quedado precisado, la Sala Regional atendió a los principios de auto-organización y autodeterminación partidista, sin que tal determinación pudiera implicar violación a lo previsto en los artículos 1º y 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tampoco contravención a lo dispuesto en los numerales 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, ya que, como ha quedado precisado, el Consejo Político Estatal actuó conforme a lo previsto en su Estatuto, al designar a quienes integrarán las planillas de candidatos que ha de postular la Coalición Unidos por Baja California, para las elecciones municipales en Tijuana y Ensenada, que se lleva a cabo en esa entidad federativa.

En efecto, al revocar la sentencia impugnada, la Sala Regional responsable lo hizo en atención a los principios de auto-organización y autodeterminación del Partido Estatal de Baja California, sin que esta circunstancia vulnere cualquier otro derecho previsto constitucionalmente a favor de la militancia, como pudiera ser el de elegir a los candidatos a los puestos de elección popular mediante algún otro procedimiento democrático, pues, como ha quedado precisado, el órgano jurisdiccional responsable determinó que el Consejo Político Estatal del citado instituto político actuó conforme a lo previsto en su normativa interna.

Para esta Sala Superior, el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", emitido el veintidós de marzo de dos mil trece, por el Consejo Político Estatal del instituto político local, fue resultado de las asambleas de ese órgano de dirección, llevadas a cabo el treinta y uno de enero y el veintiocho de febrero, ambos de dos mil trece.

Cabe reiterar que tal órgano de dirección partidista tiene la facultad de determinar la línea política, plataforma, declaración de principios, programa de acción, así como las bases para la elección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

Además, en caso de considerarlo conforme a la necesidad y realidad política, el mencionado el Consejo Político Estatal puede aprobar la participación del ese instituto político en alianza, coaliciones o candidaturas comunes, con otros partidos políticos.

También tiene facultad para aprobar las candidaturas resultantes de estas alianzas y coaliciones.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del consultado Estatuto del Partido Estatal de Baja California.

Por otra parte en el artículo 78 del Estatuto, se prevé que el procedimiento interno para postular candidatos a cargos de elección popular se rige, en lo general, por las disposiciones que establezca el Consejo Político Estatal.

También se debe destacar que acorde a lo previsto en el artículo 70 del Estatuto, el procedimiento de elección de dirigentes tiene como objetivos, entre otros, ampliar la participación de las bases en la orientación del quehacer partidista, además de reconocer la militancia, representatividad, capacidad personal, honestidad, lealtad, trabajo de base, arraigo popular, como medios efectivos para consolidar la carrera del Partido Estatal de Baja California.

Por tanto, si la designación de los ciudadanos actores ante la responsable Sala Regional Guadalajara, fue hecha por el aludido Consejo Político Estatal, como candidatos a regidores propietarios para los municipios de Tijuana y Ensenada, respectivamente, a fin de participar a nombre y representación del citado instituto político local en la Planilla de la Coalición Unidos por Baja California, conformada por los Partidos Estatal de Baja California, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, es inconcuso que se hizo respetando la libertad de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos y fue con fundamento en facultades de órganos que estatutariamente gozan de la representatividad de la militancia de ese instituto político.

Acorde a la línea política que el partido político local decidió establecer, tales designaciones fueron con motivo del convenido de coalición correspondiente, lo cual hace evidente que fue conforme a Derecho la determinación de la Sala Regional Guadalajara.

Finalmente, no pasa inadvertido que el Tribunal Electoral local determinó que con su resolución se garantizaba el derecho al voto activo y pasivo al interior del aludido partido político; sin embargo, tal derecho no es absoluto, sino que conforme al Estatuto del Partido Estatal de Baja California, los afiliados tienen como obligación participar en los procedimientos de elección de candidatos, conforme a ese Estatuto y a la convocatoria correspondiente, por lo que si en el particular se consideró que la determinación de los candidatos en controversia debía ser mediante designación, no se afectó tal derecho, pues el órgano que hizo la designación goza de representatividad y facultades para ello, según ha quedado expuesto.

Lo anterior, es acorde al criterio de esta Sala Superior, contenido en la tesis relevante VIII/2005, consultable a fojas mil ciento diez a mil ciento doce, del Volumen 2, intitulado "Tesis", de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", de este órgano jurisdiccional, con el rubro y texto siguientes:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos.

En este sentido, a juicio de esta Sala Superior, la Sala Regional resolvió en estricto apego a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que expresamente señalen las leyes, siendo que conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, constituyen un asunto interno de los partidos políticos estatales.

Cabe adicionar que la Sala Regional responsable tampoco vulneró lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución General de la República, porque al resolver la controversia planteada lo hizo en atención a los principios de constitucionalidad y legalidad, que deben regir todos los actos y resoluciones electorales, atendiendo precisamente a los multicitados principios de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos.

Por otra parte, a juicio de esta Sala Superior, son inoperantes los conceptos de agravio precisados con los numerales 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 8 (ocho) y 12 (doce) del escrito de demanda.

En cuanto a estos conceptos de agravio, los actores aducen que la Sala Regional equivocadamente resolvió que el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California tiene facultades que le permiten vulnerar el artículo 42, fracción IX, de su propio Estatuto, porque indebidamente consideró que tiene la facultad y el deber de determinar las bases que regulan la elección de los candidatos; sin embargo, solo tiene esta facultad cuando las bases estén apegadas al Estatuto del partido político, en especial a los artículos 1, 13, 14, 22, 76.

Asimismo, afirman los recurrentes, que indebidamente la Sala Regional concluyó que para la designación directa de los candidatos se llevaron a cabo diversas asambleas, porque sólo se efectuaron a puerta cerrada y sin avisar a la militancia.

Igualmente, aducen los recurrentes, que sin razón alguna la responsable omitió analizar las consideraciones de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Baja California, pues, de haberlo hecho, concluiría que los impugnantes en ningún momento fueron elegidos sino designados.

Los recurrentes también consideran que indebidamente se invoca en la sentencia un dictamen de la Cámara de Senadores, que apenas está en estudio y que no ha sido aprobado, dejándolos en total estado de indefinición, al no permitirles ejercer sus derechos de votar y ser votados.

Finalmente, precisan como concepto de agravio, que el hecho de que se firme un convenio de coalición no trae como consecuencia que el partido político esté en una "SITUACIÓN EXTRAORDINARIA", sino que se trata de un acuerdo de voluntades, aunado a que no hay disposición que regule las situaciones extraordinarias en las cuales los partidos políticos pueden llevar a cabo una designación directa, sin la participación de los militantes.

En este contexto, señalan los recurrentes que es deber de los partidos políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo cual se ha incumplido con la sentencia de la Sala Regional, ya que el Consejo Político Estatal sólo tiene la facultad de aprobar los candidatos que surjan de las coaliciones, mas no de designarlos, ya que esa facultad sólo es aplicable cuando el partido político está en una situación extraordinaria, lo cual no ha sucedido.

A juicio de esta Sala Superior, los anteriores conceptos de agravio resultan inoperantes, en razón de que están dirigidos a controvertir sólo aspectos de legalidad, de la sentencia impugnada, sin tomar en consideración la naturaleza del recurso de reconsideración, en términos de la Constitución y leyes aplicables, así como de los criterios de esta Sala Superior, que limitan la litis al análisis de conceptos de agravio vinculados al control de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales.

En este orden de ideas, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de agravio aducidos por los recurrentes, en el orden señalado en los razonamientos que anteceden, lo procedente, conforme a Derecho, es confirmar la sentencia impugnada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se confirma la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara, el veinticuatro de abril de dos mil trece, al resolver, en forma acumulada, los juicios identificados con las claves SG-JRC-12/2013 y SG-JDC-41/2013.

Notifíquese; por correo certificado a los recurrentes en el domicilio señalado en autos; personalmente al Partido Estatal de Baja California; por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria, a la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, así como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, y por estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, quien formula voto particular y la ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar; el Secretario General de Acuerdos, autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-REC-19/2013.

Porque no coincido con el criterio sustentado por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, al emitir ejecutoria en el recurso de reconsideración identificado con la clave de expediente SUP-REC-19/2013, formulo VOTO PARTICULAR, conforme a lo argumentado en el considerando cuarto y punto resolutivo único del proyecto de sentencia que sometí a consideración del Pleno de la Sala Superior, el cual fue rechazado por la mayoría.

En consecuencia, a continuación transcribo, a título de VOTO PARTICULAR, la aludida parte considerativa y resolutiva de mi proyecto de sentencia:

[…]

CUARTO. Estudio del fondo de la litis. Expuesto lo anterior, esta Sala Superior procede al análisis de los conceptos de agravio hechos valer.

Previamente cabe advertir que el estudio de los conceptos de agravio transcritos, por razón de método se analizaran en forma distinta a la planteada por los recurrentes, sin que su examen y resolución genere agravio alguno a los impugnantes.

El criterio mencionado ha sido sustentado por esta Sala Superior, en reiteradas ocasiones, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia consultable en la página veintitrés de la Compilación Oficial de "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen "Jurisprudencia", que es al tenor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Hechas las acotaciones anteriores, en primer lugar se analizarán, en conjunto, los conceptos de agravio identificados con los numerales 1, (uno), 2 (dos), 5 (cinco), 6 (seis), 9 (nueve), 10 (diez) y 13 (trece), del escrito de demanda, pues en todos están inmersos temas de interpretación de principios constitucionales, además de que están dirigidos a controvertir los argumentos de la Sala Regional Guadalajara, de este Tribunal Electoral, en los que se analiza si el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", emitido el veintidós de marzo del dos mil trece por el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California, revocado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de esa entidad federativa, es una determinación amparada por los derechos de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, previstos en los artículos 41, párrafo segundo, bases I y VI, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106 y 107, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; 42, fracciones IX y X, y 78, del Estatuto del Partido Estatal de Baja California.

Al respecto, los recurrentes aducen que la Sala Regional Guadalajara indebidamente revocó la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la cual se da preeminencia al principio de auto-organización y auto-determinación del Partido Estatal de Baja California, sin respetar el diverso principio de democracia interna que debe imperar en los partidos políticos.

En este orden de ideas, los recurrentes afirman que la Sala Regional interpretó, en forma equivocada, los artículos 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, en razón de que el principio de autodeterminación se debe interpretar garantizando la democracia interna para que sea la militancia la que elija a sus candidatos.

Así las cosas, Manuel Iván Verdugo Hernández y Alejandro García Magallanes afirman que la Sala Regional resolvió que el Consejo Político Estatal del Partido Estatal de Baja California tiene facultades para designar a sus candidatos, a cargos de elección popular, sin embargo, con esta resolución se viola lo previsto en los artículos 1, 13, 14, 22 y 76 del Estatuto de su partido político.

Aunado a lo anterior, consideran los recurrentes que se incumplió lo previsto en los artículos 1º y 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el sistema de medios de impugnación debe garantizar el principio democrático. Afirman que la democracia interna comprende la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y funcionamiento mediante reglas que permitan la participación de los afiliados, mediante el reconocimiento de derechos y atribuciones, a fin de conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. No obstante, en el caso no se respetó la libre expresión y participación de la militancia en la elección de candidatos

Por su parte, la Sala Regional Guadalajara determinó que el Estatuto del Partido Estatal de Baja California faculta a su Consejo Político Estatal para establecer las bases para la selección de candidatos a cargos de elección popular, aprobar la participación del partido político en alianza con otras fuerzas políticas, para contender en las elecciones populares, así como para aprobar a los candidatos que participarán en las coaliciones en las que participe el partido político local. En este sentido, la responsable concluyó que la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California vulneró los aludidos principios, pues vinculó al partido político a llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección de candidatos, basado en la consulta a su militancia.

En efecto, para llegar a la anotada conclusión, la Sala Regional Guadalajara analizó los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos f) y l), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106 y 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; y 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales son al tenor siguiente:

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 41.- […]

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

I. […]

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

[…]

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

Artículo 116.- […]

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[…]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

[…]

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

[…]

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

[…]

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA:

Artículo 5.- […]

APARTADO A. Los partidos políticos:

[…]

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

[…]

DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE BAJA CALIFORNIA:

Artículo 106.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso f) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución del Estado, en esta Ley, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Artículo 107.- Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos estatales en los términos que establecen la Constitución del Estado, la presente Ley, y las demás leyes aplicables.

Para lo anterior, son asuntos internos de los partidos políticos estatales:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, y

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados.

De igual forma, las autoridades electorales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos nacionales, a que se refiere la fracción IV del presente artículo, con motivo de su participación en los procesos electorales locales.

DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL:

Artículo 2

[…]

2. La conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto organización de los partidos políticos, deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos políticos.

El órgano jurisdiccional responsable determinó que la interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal transcrito, pone de manifiesto que los principios de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse internamente, siempre y cuando sus determinaciones se ajusten a su ideología e intereses políticos y sean acordes a los principios de orden democrático.

Una vez precisado lo anterior, la Sala Regional Guadalajara consideró que el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal", aprobado el veintidós de marzo del dos mil trece por el Consejo Político Estatal del citado instituto político local, se emitió como consecuencia de los acuerdos adoptados en sus asambleas, llevadas a cabo el treinta y uno de enero y el veintiocho de febrero de dos mil trece.

Asimismo, precisó la responsable, que tal determinación intrapartidista está debidamente fundada, pues se dictó en términos de lo dispuesto en los artículos 42, fracciones IX y X, y 78 del Estatuto del Partido Estatal de Baja California, los cuales se transcriben a continuación:

ARTÍCULO 42.- Son facultades y deberes del Consejo Político Estatal.

[…]

IX.- Determinar la línea política, plataforma, declaración de principios, programa de acción, bases para la elección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

X.- Aprobar la participación del Partido en alianza, coaliciones o candidaturas comunes con otras fuerzas políticas para contender en elección popular así como aprobar la plataforma electoral, programa de acción, declaración de principios, estatutos y candidaturas resultantes de estas alianzas y coaliciones. […]

ARTÍCULO 78.- El proceso interno para postular candidatos a puestos de elección popular deberá regirse, en lo general, por las disposiciones que estipule el Consejo Político Estatal

Así, consideró la Sala Regional responsable que la determinación intrapartidista estaba debidamente motivada, pues la designación de los ciudadanos como candidatos a regidores propietarios por los municipios de Tijuana y Ensenada, respectivamente, se debió a que el Partido Estatal de Baja California participará en la Planilla de la Coalición Unidos por Baja California, conformada también por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, en términos del convenio correspondiente.

Así las cosas, la Sala Regional Guadalajara concluyó que el "Aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes de las planillas de munícipes para participar en el proceso de designación que efectuará el Consejo Político Estatal" corresponde a una determinación amparada por los derechos de auto-organización y autodeterminación del Partido Estatal de Baja California, previstos en los artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General de la República; 5, apartado A), párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 106, 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California; 42, fracciones IX y X, y 78 de los Estatutos del Partido Estatal de Baja California.

En este orden de ideas, se determinó revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, para el efecto de que el aludido aviso quedara firme.

Previo a analizar los conceptos de agravio, esta Sala Superior considera pertinente hacer las siguientes precisiones, respecto al derecho al sufragio activo y pasivo, al interior de los partidos políticos, para elegir a los ciudadanos que han de ser candidatos a cargos de elección popular.

A fin de que los ciudadanos puedan ser votados a los cargos de elección popular, en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Carta Magna, se prevé que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como propósito promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Tal norma federal, está reproducida en el artículo 5, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en la que se establece, entre otros aspectos, que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En consonancia con lo anterior, el legislador local dispuso, en el artículo 216, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California que corresponde exclusivamente a los partidos políticos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y prescripciones de esta Ley.

No obstante esos derechos, el legislador local determinó imponer deberes a los partidos políticos, respecto a la manera de llevar a cabo sus actuaciones y, para el caso concreto, en la selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular.

Así, se dispuso en el artículo 96, fracciones II y III, de la citada Ley Electoral local que son deberes de los partidos políticos nacionales, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, así como observar los procedimientos que prevean los Estatutos respectivos para la postulación de candidatos.

También se debe destacar que en términos de lo previsto en el artículo 42, fracción II, de la ley electoral local, se prevé que la declaración de principios de los partidos políticos locales en Baja California, deberá contener, entre otros aspectos, la obligación de observar la Constitución federal, la Constitución del Estado y respetar las leyes e instituciones que de ellas emanen.

Es decir, la manera en la que los partidos políticos deben postular candidatos a los diversos cargos de elección popular, ya sea en los procedimientos electorales locales o municipales, no está sujeto a la discrecionalidad y arbitrio de los institutos políticos, sino que tienen que cumplir las normas constitucionales, legales y partidistas, para considerar que la selección de candidatos esta apegada a Derecho.

Entre esos deberes, como se ha mencionado, está el relativo a que los partidos políticos deben garantizar, en la selección de sus candidatos, el principio de democracia interna, para lo cual es necesario cumplir lo dispuesto en las normas constitucionales, legales, reglamentarios y partidistas respectivos, respetando y maximizando el derecho de sus afiliados al voto, en su doble vertiente.

Por lo que hace a los ordenamientos legales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California dispone, en su artículo 217, que los procedimientos internos que lleven a cabo los partidos políticos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de actividades que efectúan esos institutos políticos y los precandidatos, de conformidad con lo establecido en el mencionado Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.

En términos del artículo 219, de la aludida Ley Electoral Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es necesario que los partidos políticos precisen, al Consejo General del Instituto Electoral local a más tardar veinte días antes del inicio de la precampaña los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los precandidatos en el periodo de precampaña.

El citado numeral es claro al prever un deber de los partidos políticos, consistente en informar al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, la manera en que se llevará a cabo el procedimiento interno respectivo para la selección de candidatos, así como el método o métodos que serán utilizados para llevar a cabo ese procedimiento.

Ahora bien, cabe precisar que en términos del artículo 96, fracciones II y III, de la Ley electoral local, de los cuales se ha hecho mención en esta sentencia, los partidos políticos deben ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, de ahí que los procedimientos internos para la selección de sus candidatos también deben ser democráticos y, solamente en casos excepcionales, es posible dejar de cumplir ese principio.

Uno de los principios de todo Estado democrático, es el relativo a la democracia al interior de los partidos políticos, privilegiando el voto directo de la militancia para la elección del candidato a un cargo de elección popular. Esto trae como consecuencia, conforme a nuestro vigente Derecho Constitucional, en el cual los partidos políticos un medio importante para que los ciudadanos puedan acceder al ejercicio del poder público, en los términos que se han descrito, la necesidad de que esos institutos políticos garanticen que, al solicitar el registro respectivo de sus candidatos, que efectivamente la militancia haya participado en la elección de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

Tal ha sido criterio de esta Sala Superior que en el control de constitucionalidad y legalidad de los estatutos de los partidos políticos, se debe armonizar el derecho de asociación de los ciudadanos y la libertad de autoorganización de los partidos políticos, lo anterior se sostuvo en la tesis relevante VIII/2005, consultable a páginas mil ciento diez a mil ciento doce, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", volumen 2 (dos) "Tesis", Tomo I, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos.

En la tesis trasunta se sostiene que si bien en el texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de los partidos políticos, esa libertad o capacidad de autodeterminación de los partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes, entre esos derechos el de votar y ser votados en la designación de candidatos a algún cargo de elección popular.

De la normativa constitucional y legal que se ha invocado, se advierte que los partidos políticos deben regir su conducta a los principios del Estado Democrático de Derecho, entre los cuales destaca la selección democrática de sus candidatos a los cargos de elección popular.

De esta forma, se advierte el principio de democracia al interior de los partidos político es la única vía para fortalecer el sistema de partidos políticos, en un Estado Democrático de Derecho, por lo que se deben privilegiar los métodos de participación directa, para seleccionara los ciudadanos que serán postulados a los cargos de elección popular, tal principio está contenido en la Constitución federal, en la Constitución y Ley Electoral de Baja California.

Para ese efecto, se impone a los partidos políticos el deber de implementar reglas claras, precisas y concretas, que regulen la manera en que cumplirán el principio de democracia interna en la postulación y solicitud de registro de candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.

La existencia de esas reglas al interior de los partidos políticos se torna necesaria, para que las determinaciones que adopten estén apegadas a la normativa correspondiente y, con esto, evitar actos discrecionales o arbitrarios que atenten contra los principios del Estado Democrático, de democracia la interior de los partidos políticos, de acceso en condiciones de igualdad a los diversos cargos de elección popular.

Ahora bien, como se ha explicado en esta sentencia, por mandato constitucional, legal y reglamentario, la forma normal en que los partidos políticos deben seleccionar a sus candidatos a los cargos de elección popular, es mediante procedimientos democráticos en los que se garanticen los derechos de votar y ser votados para ser postulados a los diferentes cargos de elección popular.

No obstante lo anterior, es posible que en determinados casos excepcionales, jurídicamente justificados, no sea posible llevar a cabo esos procedimientos democráticos, ordinarios como puede ser en razón de la urgencia para tener un candidato que contienda a un puesto de elección popular; sin embargo, esos supuestos son verdaderas hipótesis de excepción, es decir, las causas por las cuales no sea factible llevar a cabo un procedimiento democrático ordinario para seleccionar candidatos, son supuestos extraordinarios que deben estar plenamente justificados y, en consonancia con esto, debidamente fundados y motivados, para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, en un Estado Democrático de Derecho, ni los procedimientos de elección ni la toma de las decisiones mediante la regla de la mayoría, en la vida interna de partidos políticos, se pueden llevar a cabo al margen del principio de legalidad, entendido como el estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Asimismo, se debe destacar que esta Sala Superior ha establecido que la cualidad de "democrático" de los procedimientos para la designación de candidatos a cargos de elección popular, se puede asumir, que en principio, está dada por los propios estatutos de los partidos políticos. Ello en razón de que tales normas, una vez vigentes, se presumen constitucionales y legales y, en consecuencia, democráticos.

El criterio anterior ha sido reiterado por esta Sala Superior, lo cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 3/2005, consultable a fojas trescientas diecinueve a trescientas veintiuno, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen I (uno), intitulado "Jurisprudencia", publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

Ahora bien, en el particular los actores aducen que la Sala Regional Guadalajara varió la litis en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que resolvió, dado que no fue alegado por los entonces actores, que existiera una causa justificada o una situación extraordinaria para llevar a cabo la elección de los candidatos a munícipes, que le corresponden al Partido Estatal de Baja California, según el convenio de Coalición con los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, en los Municipios de Tijuana y Ensenada.

Además exponen que se vulnera su derecho de afiliación a un partido político local, porque no se les permite votar y ser votados en la designación de candidatos a regidores de diversos ayuntamientos en el Estado de Baja California, tal como se prevé en su normativa estatutaria y que al revocar la sentencia del Tribunal Electoral de esa entidad federativa le dio preeminencia a la designación de candidatos llevada a cabo por el órgano de dirección estatal del aludido partido político estatal, so pretexto del respeto al principio de autoorganización de los partidos políticos.

Esta Sala Superior considera que el concepto de agravio de los actores es sustancialmente fundado, porque indebidamente la Sala Regional Guadalajara revocó una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la que se había ordenado al Partido Estatal de Baja California elegir a sus candidatos mediante elecciones democráticas, conforme a lo previsto en su normativa partidista.

Lo incorrecto de la determinación de la Sala Regional Guadalajara consiste en que indebidamente dio preeminencia a la autoorganización de un partido político local, pero sin armonizarlo con otros derechos de los militantes de ese instituto político, entre los que destacan, el de afiliación, así como los de votar y ser votados para la elección de candidatos a distintos cargos de elección popular, y sin tomar en consideración el principio de democracia al interior de los partidos políticos.

La Sala Regional Guadalajara argumentó que la actuación del Consejo Político Estatal fue ajustada a su normativa interna, para lo cual precisó que la determinación de establecer como método la designación directa de los candidatos se justifica debido a la situación extraordinaria del convenio de coalición, pues lo ordinario es que ese instituto político participe en las elecciones de forma individual.

En este contexto, la Sala Regional Guadalajara no tomó en considerar el deber jurídico que tiene, respecto a maximizar los derechos fundamentales, entres los cuales, para le caso, destaca el relativo al voto, en su doble vertiente.

En principio, esta Sala Superior considera pertinente precisar que por Decreto publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De la disposición trasunta se advierte que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia.

Tal principio constitucional fija un parámetro obligatorio de carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, constituye una norma que obliga a los órganos jurisdiccionales a interpretar las disposiciones aplicables conforme al texto constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro homine o pro persona.

Asimismo, respecto a la disposición constitucional en comento, se precisa que todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En ese sentido, cuando el precepto constitucional bajo análisis dispone que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ello implica que se haga de manera universal, esto es, a todas las personas por igual, lo que implica que el ejercicio de un derecho humano necesariamente debe ser respetado y protegido, conjuntamente con los demás derechos vinculados; los cuales no se deberán dividir ni dispersar, y cuya interpretación se debe hacer de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos.

Al respecto, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, del Senado de la República, publicado en la Gaceta del ocho de marzo de dos mil once, que recayó a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de decreto que modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló lo siguiente:

Asimismo, se modificó para establecer el principio pro homine o principio pro persona, es decir, que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca a las personas. Dicha modificación se realizó con el ánimo de reflejar lo establecido en el párrafo primero ya señalado, ya que al adicionar la protección que beneficie de manera amplia a las personas, representa el fortalecimiento de las prerrogativas que las dignifiquen.

Este principio representa una máxima protección para las personas, ya que se deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional que más proteja los derechos de las mismas. Con esto se refuerzan las garantías y los mecanismos de protección.

De ahí que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos.

Así, es dable señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios 912/2010, en sesión de catorce de julio de dos mil once, determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

-Es un hecho inobjetable que la determinación de sujeción de los Estados Unidos Mexicanos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión ya consumada del Estado mexicano.

-Las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.

-Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1 constitucional cuya reforma se publicó el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en particular en su párrafo segundo, donde establece que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".

-En el caso mexicano, se presenta una situación peculiar, ya que hasta ahora y derivado de una interpretación jurisprudencial, el control de constitucionalidad se ha ejercido de manera exclusiva por el Poder Judicial Federal mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad. De manera expresa, a estos medios de control, se adicionó el que realiza el Tribunal Electoral mediante reforma constitucional de primero de julio de dos mil ocho, en el sexto párrafo del artículo 99 de la Constitución federal, otorgándole la facultad de no aplicar las leyes sobre la materia contrarias a la Constitución.

-Así, la determinación de si en México ha operado un sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes en algún momento, no ha dependido directamente de una disposición constitucional clara sino que, durante el tiempo, ha resultado de distintas construcciones jurisprudenciales.

-Con base en el artículo 1 constitucional reformado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.

-De este modo, este tipo de interpretación por parte de los juzgadores presupone hacer:

a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

-Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas.

La citada sentencia dio pauta para que se aprobaran, entre otras, las siguientes tesis sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son del tenor siguiente: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"; "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD"; "PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"; "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO"; "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO"; "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".

En este orden de ideas, esta Sala Superior considera que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Constituyente Permanente y publicada el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en concordancia con las determinaciones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido expediente Varios 912/2010 —entre las cuales destaca el criterio según el cual las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano sea parte en el litigio—, significan o entrañan un nuevo sistema dentro del orden jurídico mexicano, en cuya cúspide está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el Estado mexicano tiene el deber jurídico de respetar y hacer vigentes los derechos humanos de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, consistentes en votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, o bien, de otro carácter que fueren necesarias para dar vigencia o efectividad a tales derechos y libertades, mediante el despliegue de actos positivos que se concreten en ciertas leyes o medidas de cualquier índole, por lo que toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho humano.

En ese sentido, cabe advertir, que el respeto al carácter expansivo de los derechos humanos, que determina, a su vez, la afirmación del principio favor libertatis, conlleva a que toda limitación o interpretación de un límite de los derechos humanos deba ser hecha restrictivamente, dando el mayor grado de ejercicio posible al derecho humano que se trate.

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia identificada con clave 29/2002, consultable a fojas doscientas cincuenta y cuatro a doscientas cincuenta y seis, de la "Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno), intitulado "Jurisprudencia", de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA".

Lo anterior implica la exigencia constitucional de efectuar una interpretación que favorezca ampliamente los derechos humanos, que se traduce en la necesidad de extremar las posibilidades de interpretación conforme al marco constitucional, convencional y legal a efecto de favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales, en términos de lo que la propia Constitución General de la República establece.

Tal interpretación, maximizadora de los derechos fundamentales de los militantes del Partido Estatal de Baja California no fue hecha por la Sala Regional Guadalajara, sino que por el contrario, privilegió la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, a partir de un acto que carecía de la fundamentación y motivación necesaria para los actos de excepción, que implican una limitación a un derecho humano.

Se afirma lo anterior, porque no tomó en consideración lo expuesto por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, el cual ordenó revocar el aviso de registro de candidatos a regidores propietarios y suplentes, efectuado por el Partido Estatal de Baja California y ordenó que en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Consejo Político Estatal emitiera la convocatoria correspondiente a la elección interna de regidores y la diera a conocer la militancia de los municipios de Tijuana y Ensenada, para que en un plazo de siete días posteriores a la emisión de la aludida convocatoria, procediera conforme al convenio, estatutos y convocatoria, a celebrar la elección de candidatos a regidores propietario y suplente en Tijuana y Ensenada, cumpliendo además la cuota de género prevista en el la ley electoral local.

Para llegar a la aludida conclusión, el Tribunal local consideró fundados los conceptos de agravio en los que se adujo que no se tomó en cuanta a los militantes en el procedimiento de selección interna para el registro de candidatos a regidores en los citados municipios, además de que el órgano partidista responsable fundó su determinación con una interpretación errónea del artículo 42 del Estatuto.

En este sentido, ese órgano jurisdiccional precisó que los partidos políticos tienen la responsabilidad de organizar y conducir sus procesos de selección de candidatos en estricto respeto de los derechos fundamentales de sus integrantes, para lograr garantizar la expresión libre de su voluntad y que las decisiones tomadas adquieran cierto grado de legitimidad.

Asimismo, señaló que se deben respetar los principios de legalidad, certeza e igualdad, para establecer reglas claras durante el procedimiento interno, dando la certeza de varias fases, por ejemplo, la emisión de una convocatoria, el registro de precandidatos y un periodo de precampaña, para que se esté en condiciones de seleccionar a quienes obtuvieron el respaldo mayoritario de acuerdo al método elegido.

Aunado a lo anterior, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California tomó en consideración que conforme a la reforma del artículo 1º constitucional, de junio de dos mil once, las normas relativas a los derechos humanos se tienen que interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Con sustento en lo anterior, el órgano jurisdiccional local concluyó que, en el caso concreto, el órgano partidista se apropió la facultad de designar a los candidatos a regidores en detrimento de los posibles participantes, lo cual supuso un trato diferenciado a la base militante, sin mayor argumento que atender a lo aprobado en las asambleas ordinarias de treinta y uno de enero y veintiocho de febrero de dos mil trece, en las que se acordó ese método de designación, acuerdos que, además, no se hicieron del conocimiento de la militancia.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California concluyó que al no estar debidamente motivada la diferencia en los métodos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y la de regidores propietarios y suplentes, se vulnera el derecho fundamental de votar de los actores para elegir a quienes serán sus representantes en estas últimas posiciones, ya que no es suficiente el manifestar que al participar en las elecciones en coalición y no de manera independiente, es suficiente para llevar a cabo la designación, pero que, además en el convenio de coalición se reservó a los partidos coaligados a elegir a sus candidatos conforme a sus métodos de selección interna.

Ahora bien, conforme a lo sostenido por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, a foja veinticuatro de la sentencia emitida en el recurso de apelación RA-023/2013, el convenio de coalición en el que participa el Partido Estatal de Baja California, prevé una reserva para que los partidos políticos coaligados puedan elegir a sus candidatos conforme a los métodos de selección interna de cada uno de ellos.

En este entendido, es inconcuso que la participación del Partido Estatal de Baja California en una coalición no es justificación para preterir la designación de candidatos por encima de los procedimientos democráticos, previstos en la normativa estatutaria de ese partido político. Aunado a que tal argumento no formó parte de la litis, ni en los recursos de apelación ni ante la Sala Regional Guadalajara.

Al respecto, en los artículos 42 y 76, del Estatuto del Partido Estatal de Baja California, prevén lo siguiente:

CAPITULO CUARTO

DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL

ARTICULO 42. - Son facultades y deberes del Consejo Político Estatal.

I.- Elegir los miembros del Comité Ejecutivo Estatal o revocar las designaciones que hubiere hecho cuando considere que exista de forma comprobable causa justificada para ello.

La revocación procederá en los términos constitucionales basado en el derecho de audiencia y la cual tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes cuando menos de los integrantes del Consejo Político Estatal.

II.- Designar las comisiones permanentes que considere conveniente formar, así como al coordinador de cada una de ellas.

III.- Designar las comisiones que estimen necesarias para fines específicos;

IV.- Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como las modificaciones a los mismos, las deudas a un plazo mayor de un año, y revisar y aprobar, en su caso, los informes y dictámenes que sobre la cuenta general de administración rinda la Comisión de Vigilancia del Consejo.

V.- Discutir y aprobar en su caso, a propuesta del Comité Ejecutivo Estatal, el reglamento de este.

VI.- Resolver aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

VII.- Decidir todas las cuestiones que se susciten entre los órganos directivos del partido.

VIII.- Aprobar los planes de carácter estatal a corto y largo plazo que le presenten sus integrantes o los Comités Directivos.

IX.- Determinar la línea política, plataforma, declaración de principios, programa de acción, bases para la elección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

X.- Aprobar la participación del Partido en alianza, coaliciones o candidaturas comunes con otras fuerzas políticas para contender en elección popular así como aprobar la plataforma electoral, programa de acción, declaración de principios, estatutos y candidatos resultantes de estas alianzas y coaliciones;

XI.- Las demás que le señalen los reglamentos y estatutos.

[…]

CAPITULO OCTAVO

DEL PROCESO INTERNO PARA POSTULAR CANDIDATOS

ARTICULO 76. - El proceso interno para postular candidatos a cargos de elección popular tiene los siguientes objetivos:

I.- Acelerar el desarrollo político del pueblo y contribuir a la unidad democrática de las fuerzas que, por su posición en el seno de la colectividad, fincan en el cambio social sus posibilidades de emancipación.

II.- Fortalecer la democracia interna del Partido y la unidad de las fuerzas que lo integran, así como lograr la mayor representatividad de los candidatos del Partido.

III.- Descentralizar las responsabilidades decisorias y estimular al máximo posible la participación de las bases militantes.

IV.- Aplicar la fórmula de voto individual, secreto y escrutinio público abierto en los procesos de selección interna de candidatos, cuando se trate del procedimiento de consulta directa a la base militante, sin perjuicio de mantener la unidad de acción orgánica y estratégica del Partido.

V.- Postular como candidatos a quienes por su representatividad, convicción ideológica, militancia y trabajo partidista, garanticen en el desempeño de las funciones públicas, el cumplimiento de la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos del Partido.

VI.- Propiciar un mejor acceso de las mujeres y jóvenes a las candidaturas del Partido a cabos de elección popular.

ARTICULO 77. El militante del Partido que pretenda ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, deberá cumplir las siguientes condiciones:

I.- Ser ciudadano mexicano y en pleno goce de sus derechos políticos;

II.- Satisfacer los requisitos exigidos por los ordenamientos electorales aplicables a los comicios constitucionales de que se trate;

III.- Ser militante del Partido, de comprobada convicción afín a los intereses del Partido Estatal de Baja California, que se haya manifestado a través de la observancia estricta de los estatutos y la acción permanente para realizar los objetivos de la declaración de principios y el programa de acción;

IV.- No haber sido dirigente, candidato, ni miembro destacado de Partido o asociación política, cuyos principios estén en oposición con los del Partido, no haberse significado, durante las luchas políticas, por su sistemático antagonismo al Partido o a las organizaciones de los sectores que lo integran;

V.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas al Partido

VI.- Los demás que establezca el Consejo Político Estatal.

ARTICULO 78. - El proceso interno para postular candidatos a puestos de elección popular deberá regirse, en lo general, por las disposiciones que estipule el Consejo Político Estatal.

De la normativa estatutaria transcrita, se advierte que el procedimiento interno para postular candidatos a cargos de elección popular tiene como objetivos primordiales: 1) Fortalecer la democracia interna del partido, 2) Descentralizar las responsabilidades decisorias y estimular al máximo posible la participación de las bases militantes 3) Utilización del voto individual, secreto y escrutinio público abierto en los procedimientos de selección interna de candidatos.

Conforme a lo anterior, le asiste razón a los actores cuando aducen que el Consejo Político del Partido Estatal de Baja California, carece de atribuciones para designar directamente a los candidatos a cargos de elección popular, porque en el artículo 42 fracción IX, no se prevé esa atribución, sino que se establece que ese órgano partidista puede establecer las bases, pero se deben ajustar a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 del propio estatuto. Además en numeral 42, fracción X, tampoco se prevé de forma expresa la atribución de la Comisión Política Estatal para designar directamente a sus candidatos, aspecto que no fue tomado en consideración por la Sala Regional Guadalajara.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que conforme a lo establecido en el artículo 122, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, el convenido de coalición, entre otros aspectos, contendrá el procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición.

En ese sentido, conforme a lo previsto en la clausula tercera, punto 4, del convenio de coalición que celebraron el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y el Partido Estatal de Baja California se prevé que el mencionado partido político estatal seleccionará a sus candidatos a munícipes a través del Consejo Político Estatal de conformidad con el artículo 42, fracción X, y demás relativo de los estatutos de ese partido político local.

Para mayor claridad se transcribe la parte correspondiente del mencionado convenio de coalición:

TERCERA.- PROCEDIMIENTO QUE SEGUIRÁ CADA PARTIDO POLÍTICO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS QUE SERÁN POSTULADOS POR LA COALICIÓN

1. Por el "Pan"

a. La selección de candidatos a Gobernador, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Munícipes, será por Método Ordinario de conformidad con el artículo 36 TER de los Estatutos del "PAN", 27 fracciones II, IV, V y VI del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular y atendiendo las circulares de fecha 25 de enero de 2013 de la Comisión Nacional de Elecciones, firmado por los CC José Espina Von Roehrich y Vicente Carrillo Urbán, Presidente y Secretario Ejecutivo de la citada comisión.

b. En términos de lo dispuesto por el artículo 36 TER, incisos F) e i) de los Estatutos Generales, si le es aprobado el presente convenio de coalición al Partido Acción Nacional, se podrá cancelar el proceso interno de selección de candidatos para proceder al método extraordinario. Tal situación se aprecia en la misma circular detallada en líneas anteriores.

2. Por el "PRD"

a. La selección de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Munícipes, será de conformidad con lo estipulado en la convocatoria expedida por la Comisión Política Nacional en fecha 16 de enero de 2013, la cual se encuentra debidamente publicada en la página electrónica del Partido, y de la cual se anexa al presente convenio.

3. Por "NA"

a. La selección de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Munícipes, será a través del Consejo Estatal de conformidad con los artículos 116 y demás relativos de los estatutos del NA. Para el caso de candidato a gobernador este deberá ser aprobado por el mismo órgano de gobierno.

4. Por el "PEBC"

a) La selección de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Munícipes, será a través de Consejo Político Estatal de conformidad de los artículos 42 fracción X y demás relativos de los estatutos del PEBC.

Las inconformidades suscitadas en los procedimientos de elección interna de cada partido, se resolverán en términos de los Estatutos y reglamentación de cada partido político.

El aludido convenio de coalición fue consultado en la página de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, en la dirección electrónica: http://www.iepcbc.org.mx/partidos/linconv/CONV-CAUPBC.pdf

En efecto, como se ha precisado en esta sentencia, es derecho de los militantes del Partido Estatal de Baja California participar en los procedimientos democráticos de selección de candidatos a los diversos cargos de elección popular.

Las restricciones a ese derecho deben estar limitadas a supuestos previstos en la normativa respectiva, pero siempre el partido político debe fundar y motivar debidamente por qué considera que se actualiza alguno de los supuestos de excepción para llevar a cabo el procedimiento democrático de selección de candidatos.

En concepto de esta Sala Superior, el partido político responsable, en la instancia primigenia, faltó a este deber, porque el supuesto de excepción en comento, para estar debidamente actualizado, es necesario que cumpla la debida fundamentación y motivación caso por caso, es decir, por qué en esos municipios, es indispensable designar directamente a los candidatos a diversos cargos de elección popular.

Cabe destacar, como se ha expuesto, que la celebración de un convenio de coalición con otros partidos políticos, no es razón suficiente, pues en términos de ese convenio, la postulación de los candidatos que le corresponda a los institutos políticos participantes, se deberá hacer conforme a lo previsto en su normativa interna.

Así, de la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, no se advierte que exista, por parte del Partido Estatal de Baja California, ni de la argumentación propia de esa autoridad jurisdiccional consideraciones que justificaran por qué en los citados municipios debía prevalecer un método extraordinario, el cual excluye el derecho fundamental de voto al interior del citado instituto político.

En consecuencia, para esta Sala Superior, se debe revocar la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, por lo que debe subsistir la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, quedando insubsistente el registro de los candidatos postulados por el Partido Estatal de Baja California para munícipes en los Municipios de Tijuana y Ensenada.

Por tanto, para efecto de registro de quien resulte electo como candidato en el procedimiento democrático que se lleve a cabo, se vincula al Partido Estatal de Baja California, a la Coalición "Unidos por Baja California", al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California y al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado Baja California al cumplimiento de esta sentencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se revoca la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara, el veinticuatro de abril de dos mil trece, al resolver, en forma acumulada, los juicios identificados con las claves SG-JRC-12/2013 y SG-JDC-41/2013.

Por lo expuesto y fundado, formulo el presente VOTO PARTICULAR. Rúbrica.