JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-434/2014.

ACTORES: LUCÍA TERESA CRUZ VARGAS, SALVADOR OJEDA TORRES Y MARCO ANTONIO ROBLES DÁVILA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA.

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA.

SECRETARIO: DANIEL JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal, a treinta de julio de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado al rubro, promovido por Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, con la calidad de ex Regidores de Agencias y Colonias, de Obras, y de Ecología, respectivamente, del Municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, en el periodo dos mil once-dos mil trece, en contra de la sentencia de nueve de mayo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de ese Estado, en el expediente relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC/259/2013.

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. Las constancias de autos permiten derivar al respecto lo siguiente:

1. El uno de enero de dos mil once, se instaló el Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, para el período dos mil once-dos mil trece, en el que fueron designados Lucia Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, como Regidores de Agencias y Colonias, de Obras, y de Ecología, en ese orden.

2. El veinte de diciembre de dos mil trece, los funcionarios mencionados presentaron en la Oficialía de Partes del Tribunal Estatal Electoral Poder Judicial de Oaxaca, demanda de juicio ciudadano local, ante la negativa del Ayuntamiento en cita, a pagarles diversas prestaciones devengadas por el ejercicio de sus cargos, consistentes en cuarenta mil pesos por concepto de dietas adeudadas desde mayo a diciembre de ese año; quince mil pesos equivalentes a quince días de aguinaldo; y cien mil pesos por el bono de culminación de la gestión municipal.

Dicho medio de impugnación se radicó con el número de expediente JDC/259/2013.

3. El veintitrés de diciembre inmediato, el Magistrado Instructor del Tribunal local, entre otras cuestiones determinó requerir al Presidente Municipal de Villa de Etla y al Síndico, señalados como responsables, rindieran dentro del plazo de veinticuatro horas informe circunstanciado, así como las constancias pertinentes para resolver el asunto.

Asimismo, les requirió el acta de sesión de cabildo en que se determinó el monto de las percepciones de los integrantes del cabildo por concepto de dietas y por aguinaldo; las nóminas de pago de dietas y aguinaldo de mayo a diciembre de dos mil trece; el acta de veintitrés de mayo de ese año, en la que se acordó reducir a los regidores al cincuenta por ciento de la remuneración mensual de diez mil pesos a partir de ese día y que la diferencia se cubriría en una sola exhibición el once de diciembre siguiente, más un bono por cien mil pesos por culminación de la gestión municipal; y el acta de sesión de cabildo de la última fecha señalada, en la que se hizo saber a los actores de la imposibilidad de liquidarles las prestaciones reclamadas.

4. El seis de enero del dos mil catorce, el Tribunal Estatal Electoral de Poder Judicial de Oaxaca, ordenó reiterar a la autoridad municipal responsable, la solicitud de que rindiera informe circunstanciado y las documentales necesarias para resolver el asunto.

5. El veinticinco de enero inmediato, mediante oficio SM/016/14, el Síndico municipal comunicó al órgano jurisdiccional que la actual administración municipal estaba impedida para rendir la información solicitada ya que el Ayuntamiento saliente no había dejado datos al respecto.

6. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el referido Magistrado Instructor en el juicio local, requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables el informe circunstanciado, y como diligencias para mejor proveer solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, copia certificada del presupuesto de egresos correspondiente a los ejercicios dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013), referentes al Ayuntamiento de la Villa de Etla; así como toda la documentación de la que se pudieran desprender las percepciones de los concejales por concepto de dietas.

7. El tres de marzo de dos mil catorce, se ordenó agregar al expediente del juicio ciudadano local, la información remitida por la Auditoría Superior del Estado; así como el informe circunstanciado de la autoridad responsable, con el que se ordenó dar vista a los actores para que manifestaran lo conveniente a sus intereses; y, como diligencias para mejor proveer, se solicitó al Congreso del Estado informe sobre si existía en trámite procedimiento de revocación de mandato en contra de los demandantes.

8. El veintiuno de marzo posterior, se agregó al expediente la documentación remitida por el Congreso del Estado, mediante la que informó al Tribunal Electoral de Oaxaca, de la tramitación del expediente 927, relativo al procedimiento de revocación de mandato promovido por el Presidente Municipal del Municipio de Villa de Etla, en contra de Lucia Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, Regidores de Agencias y Colonias, de Obras, y de Ecología, pendiente de resolución a esa fecha; y se declaró por perdido el derecho de los actores de manifestar lo conveniente a sus intereses respecto del informe circunstanciado rendido por la responsable.

9. El nueve de mayo de dos mil catorce, el Tribunal Electoral de Oaxaca dictó sentencia en el juicio ciudadano JDC/259/2013, conforme a lo siguiente:

CUARTO. Estudio de Fondo.

Por cuestión de método serán analizados en primer lugar los agravios relativos a la omisión en el pago de dietas a que tienen derecho a percibir los actores que suscriben la demanda, y en su caso, posteriormente el agravio relativo a la omisión de la autoridad responsable en el pago del aguinaldo y bono por culminación de gestión municipal.

De esta forma el estudio de los agravios expuestos por la parte actora en el presente juicio ciudadano se realiza en su conjunto, sin que el examen de dicha forma genere lesión alguno a la misma, tal como ha sido reiteradamente sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la jurisprudencia 04/2000, consultable a fojas ciento diecinueve a ciento veinte, de la "Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", "Jurisprudencia" Volumen 1 (uno), cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

1. Por lo que hace al primero de los agravios descritos en el cuerpo de la demanda relativo a la omisión de la autoridad responsable en realizar el pago de las dietas desde el primero de mayo hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil trece, debe decirse que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que los servidores públicos de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

En ese tenor, el segundo párrafo, fracción I, del numeral 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define lo que se considera como remuneración o retribución, a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo que prevén los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 115 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se considera servidor público a los representantes de elección popular.

Por lo descrito, los ciudadanos Lucia Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, se encuentran en el supuesto de ser servidores públicos, ya que instauraron la demanda en su carácter de Regidores de agencias y colonias, de obras y de ecología respectivamente, y tal carácter no fue controvertido por la autoridad responsable, por consiguiente tienen el interés jurídico de reclamar las prestaciones que se detallan, pues derivan del desempeño del cargo que les fue conferido.

Lo anterior pese a que corre agregados a los asuntos un oficio del Congreso del estado por medio del cual manifiesta que existen dos procesos de revocación del mandato en contra de los actores, puesto que en la fecha en que los actores desempeñaron el cargo, no existió una resolución que les restringiera las prerrogativas a que tienen derecho, de allí que los procedimientos de revocación del mandato incoados en su contra no puedan tener ninguna consecuencia en contra de los actores, puesto que no existió resolución que les restringiera sus facultades en el ejercicio del cargo.

A continuación se procederá al estudio de lo reclamado.

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 15, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el que afirma está obligado a probar, en tal hipótesis, la autoridad responsable ante la omisión que se le imputa, no demostró con medios de prueba que efectivamente haya pagado a los regidores el pago de dietas, máxime que al rendir su informe circunstanciado la autoridad municipal en funciones alegó que no existía en su poder ningún documento que acreditara haber realizado el pago correspondiente de las dietas.

Ahora bien, en el presente caso, el enjuiciaste está obligado a probar su dicho, lo cual queda de manifiesto al desarrollarse que efectivamente tenían la calidad de servidores públicos y que por ese hecho tienen que ser remunerados en el pago de las dietas que reclaman.

Para lo cual alegan que recibían la cantidad de cinco mil pesos mensuales, sin que demuestren con medio de prueba que efectivamente ese era el monto que percibían.

Sin embargo, corre agregado a los autos, la copia certificada de la cédula analítica de dietas que presentó el ayuntamiento responsable a la Auditoria Superior del Estado, en la cual se aprecia que los ciudadanos Lucia Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, se encuentran en dicho presupuesto, percibiendo la cantidad mensual de cinco mil dieciséis pesos con noventa y ocho centavos por el ejercicio del cargo como regidores de agencias y colonias, de obras y de ecología respectivamente, visible en la foja doscientos cincuenta y seis del expediente en estudio, de allí que exista correspondencia entre lo alegado por la parte actora, y lo que documentalmente fue destinado para pagar por concepto de dietas.

Es decir, aun cuando los ciudadanos actores, no brindaron más allá de sus hechos prueba alguna para corroborar su dicho, lo cierto es que en su beneficio puede ser concatenado el hecho de que efectivamente les fueron adeudadas las cantidades de cuarenta mil pesos a cada uno de ellos, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil trece, máxime que no existe prueba en contrario que permita presumir que si existió un pago efectivo.

En consecuencia se declara fundado su agravio por cuanto hace a la falta de pago de dietas que suman la cantidad de cuarenta mil pesos.

Ya que dicha prestación es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de sus funciones atribuidas legalmente, y por tanto obedece al desempeño efectivo de una función pública, necesaria para el cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva. De esta forma, si se ejerce un cargo de elección popular, la persona que lo ejerza tiene derecho a la retribución para tal desempeño.

Con base en lo expuesto, queda demostrado que la autoridad responsable no ha realizado el pago de las dietas que les corresponden por derecho a los hoy enjuiciantes, por ello ante la omisión de parte de la autoridad, ha lugar a tener por cierto el reclamo de la parte actora, en consecuencia lo procedente es ordenar su pago en el plazo de quince días hábiles.

Por ende la autoridad municipal en funciones del municipio de Villa de Etla, deberá hacer entrega de la cantidad descrita, ya que, tal vulneración afecta, prima facie, el ejercicio del cargo, al tratarse de una prerrogativa constitucional.

Para lo cual se explica que aunque los servidores públicos en funciones no son los mismos que fungieron en la administración municipal concluida, en donde fue directamente responsable el cabildo municipal, lo cierto es que se trata de un derecho humano que fue conculcado y que debe ser restituido.

Por lo que conforme a la jurisprudencia 31/2002 visible en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 30 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO", la actual administración del municipio de Villa de Etla, debe realizar las gestiones necesarias para realizar el pago de cuarenta mil pesos por conceptos de dietas a cada uno de los actores en el presente juicio ciudadano.

Por lo anterior, se conmina al Presidente e integrantes del cabildo municipal de Villa de Etla, Oaxaca, den cumplimiento a lo aquí ordenado, apercibidos que en caso de incumplimiento se dará vista al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que en el ámbito de sus facultades determine lo procedente, de conformidad con el articulo 60 y 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi (razón esencial) del criterio contenido en la jurisprudencia número 24/2001 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas trescientas ocho a trescientas nueve, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES".

2. Ahora bien por lo que hace al principio de agravio que se hace valer respecto del pago de quince mil pesos de aguinaldo y cien mil pesos por concepto de bono por culminación de gestión municipal, es infundado.

Lo anterior, en virtud de que no existe medio de prueba que corrobore que efectivamente hayan sido acreedores los actores a dichas prestaciones, puesto que no hay indicios que reviertan la carga de la prueba a la autoridad responsable respecto de su omisión, ya que se trata de un circunstancia que no demostró la parte actora, y ante la incertidumbre de su veracidad no puede condenarse al pago de algo que no se comprobó que si existió, conforme a lo siguiente.

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca, el que afirma está obligado a probar.

Así pues, la parte actora pretendió demostrar que existieron dichas prestaciones con las actas de sesión de cabildo de veintitrés de mayo y once de diciembre del dos mil trece, sin embargo no fueron ofrecidas ni aportadas en términos del artículo 9, inciso g) de la ley procesal de la materia, en correspondencia al artículo 16 numeral 4 de la citada ley, por lo cual no pudieron ser analizadas en la presente sentencia.

No obstante solicito la parte actora que deberán ser requeridas por esta autoridad judicial, sin que en ninguna parte de su escrito de demanda, la parte actora justificara que oportunamente solicitó dichas documentales por escrito a las autoridades competentes, y estas no le hubieren sido entregadas o negadas, ni tampoco ofrece argumentos tendientes a justificar la imposibilidad material para solicitarlas a la autoridad municipal.

Así mismo, se aclara que en diligencia para mejor proveer, este tribunal puede requerir que se perfeccione alguna prueba o se desahogue una diligencia para el dictado de la sentencia, sin que ello obligue a esta autoridad a realizarlo de manera obligatoria, pues se trata de una potestad del tribunal, siempre que no sea obstáculo para resolver y exista la necesitada para aclarar un hecho controvertido, mas no así para substituir la carga probatoria de las partes por cuanto hace a la demostración de los hechos planteados.

Es decir, la ley procesal en su artículo 14, numeral 2, confiere a este tribunal la facultad para practicar o realizar alguna prueba, teniendo como requisito: a) que sea conducente para el conocimiento de la verdad de los puntos cuestionados y b) no lesione el derecho de las partes procurando su igualdad; todo lo cual tiene sustento en la garantía de imparcialidad consagrada en el Artículo 17 constitucional, también lo es que al dictarse una diligencia para mejor proveer, el juzgador deberá respetar los principios de igualdad de las partes y de preclusión; entendiéndose por igualdad como la posibilidad de los contendientes de tener las mismas oportunidades, eliminando situaciones de ventaja y privilegios, lo que se traduce en igualdad jurídica, y por preclusión la imposición a las partes de la obligación de aportar al proceso los medios probatorios dentro de la etapa postularía y solo por excepción en etapas diversas cuando se trata de pruebas supervinientes.

Por tanto, la facultad de los juzgadores para mejor proveer, no puede estar a una decisión arbitraria, por el contrario se debe anteponer el cumplimiento de estos principios al ordenar el desahogo de oficio de alguna prueba. Ello no puede entenderse de otra manera, pues su inobservancia, bajo el pretexto de allegarse de mayores elementos de convicción para mejor proveer, llevaría inevitablemente a subsanar la deficiencia de alguna de las partes respecto al ofrecimiento de las pruebas. Situación que sería contraria a la carga probatoria en relación a los hechos constitutivos de sus pretensiones en términos del artículo 15 numeral 2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.

Esto en suma, permite afirmar que corresponde al promovente de un medio de impugnación la carga probatoria respecto de la existencia de un derecho que alegue le fue conculcado, como también le es conferida al juzgador la potestad de requerir algún medio de convicción cuando así lo estime pertinente, pero en ninguna forma dicha facultad sirve para subsanar las omisiones en que incurra la impugnante, pues dicha potestad queda al arbitrio del juzgador ejercerla o no.

A mayor abundamiento, se razona que aun el caso de que este tribunal pudiera hacer ejercicio de la facultad para mejor proveer, a ningún fin practico llevaría ésta, puesto que de los autos se desprende que en el informe circunstanciado, la actual administración del municipio de Villa de Etla, comunica a esta autoridad judicial, que no cuenta con los archivos municipales de la administración que funcionó en el periodo 2011-2013, ya que no se entregó ningún tipo de documentación al respecto, contando esta autoridad únicamente con el presupuesto de egresos remitido por la Auditoria Superior del Estado, en el cual no existe indicio que corrobore que existieron dichas prestaciones en el ejercicio fiscal de aquel año.

No obstante lo anterior, mediante escrito de treinta y uno de mayo del dos mil catorce, la parte actora, en calidad de prueba superviniente ofreció las testimoniales rendidas ante notario público de los ciudadanos Abel Paz García y Ninfa Mendoza Santos, quienes declaran que fungieron como secretario privado del presidente municipal y ayudante del señor Daniel Ramírez Ramírez, los cuales pudieron constatar que efectivamente se autorizó el pago de un aguinaldo y un bono por las cantidades reclamadas, siendo el único indicio que sostiene el dicho de la parte actora, pero que sin embargo no genera convicción a esta autoridad, toda vez que no existe certeza de que dichos ciudadanos hubiesen trabajado en el ayuntamiento y por ende que le conste lo que vierten en su declaración, puesto que no existen documentos con que acrediten haber sido miembros del ayuntamiento responsable o tener relación con los hechos que describen, máxime que de la lista de personal de confianza a la cual le fue asignado un salario para el ejercicio fiscal del dos mil trece, visible en el presupuesto de egresos del dos mil trece, no existen dichos nombres bajo ningún cargo, menos aún que hayan fungido con algún cargo en el ayuntamiento, de allí que no exista forma de corroborar que las personas que declararon ante el notario No107 Dr. Rogelio Mario Genero Chagoya Romero, el catorce de marzo del dos mil catorce, hayan presenciado los hechos que testifican, sin que se le pueda otorgar ningún valor probatorio para lo que interesa en la demostración de los hechos de la parte actora.

Por lo anterior es congruente llegar a la conclusión de que no existe medio alguno que corrobore que a los actores les fue conculcado de un derecho que no se demostró que existiera como lo so (sic) fue el pago de dietas analizado en el apartado anterior, pese a la carga probatoria de las partes, lo cual se traduce en que este órgano colegiado esté imposibilitado para restituir de un derecho del que no fue demostrado su existencia.

QUINTO. Notifíquese personalmente …

Por lo expuesto, fundado y motivado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por los actores, relativo a la omisión de la autoridad responsable en el pago de las dietas que solicitaron, así mismo, se declara infundado el agravio consistente en la falta de pago de aguinaldo y bono de gestión municipal, en términos del CONSIDERANDO CUARTO de esta sentencia.

SEGUNDO. En consecuencia, se ordena al Presidente y miembros del cabildo en funciones del municipio de Villa de Etla, Oaxaca, realice el pago de dietas a que tienen derecho de percibir los actores, en términos del CONSIDERANDO CUARTO de esta sentencia.

TERCERO. Notifíquese …

10. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El quince de mayo del dos mil catorce, Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, presentaron demanda de juicio ciudadano contra la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca referido en el párrafo precedente.

11. Trámite y remisión a la Sala Superior. La autoridad responsable dio curso al medio de impugnación y remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las constancias atinentes, el informe circunstanciado y demás documentación.

12. Turno. El veintitrés de mayo posterior, el Magistrado presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente SUP-JDC-434/2014 y turnarlo a la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

13. Radicación, admisión y cierre de instrucción. El Magistrado instructor radicó el expediente, admitió la demanda y desahogadas las diligencias pertinentes declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es formalmente competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de un medio de impugnación promovido por ciudadanos, por propio derecho y con la calidad de ex-regidores, para controvertir la sentencia emitida por un Tribunal Estatal Electoral, que aducen les afecta su derecho político-electoral de ser votado, en la vertiente de acceso y desempeño del cargo, por declarar improcedente el pago de dietas, aguinaldo y bono por culminación de su gestión municipal.

Sirven de respaldo argumentativo a lo anterior las jurisprudencias de rubro "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO POR VIOLACIONES AL DERECHO DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE ACCESO Y DESEMPEÑO DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR." y "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)." 1

1 Publicadas en la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia", a fojas 192-193; y 173-174.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1. Formalidad. Las exigencias establecidas en el artículo 9, párrafo 1, de la citada están satisfechas, en razón de que la demanda señala el nombre de los actores, identifica el acto impugnado y autoridad responsable, menciona los hechos y agravios que se afirma causa el acto reclamado a los actores y la firman de manera autógrafa los promoventes.

2. Oportunidad. El escrito del medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal de cuatro días hábiles, porque la resolución controvertida se notificó a los promoventes el lunes doce de mayo de dos mil catorce y la demanda la presentaron el jueves quince siguiente, es decir, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley adjetiva aplicable.

Es pertinente poner de relieve el criterio de la Sala Superior, en el sentido de que cuando ha concluido el cargo de elección popular desempeñado, el interesado cuenta con el plazo de un año para reclamar el pago de dietas y retribuciones, contado a partir de la conclusión de su gestión, lo que en la especie ocurrió en el dos mil trece, de ahí que el reclamo de los promoventes es oportuno. 2

2 Criterio recogido en la tesis Tesis X/2014, aprobada por la Sala Superior, el quince de abril de dos mil catorce, de rubro "DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLAMARLAS (Legislación del Estado de México)", pendiente de publicación.

3. Legitimación e interés jurídico. La señalada exigencia, establecida en el artículo 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley adjetiva citada, se tiene por cumplida, toda vez que el juicio lo promueven ciudadanos, por derecho propio, con la calidad de ex-regidores, en el que aducen violación a su derecho político-electoral de ser votado en la vertiente de acceso y desempeño del cargo, por falta de pago de dietas, aguinaldo y un bono por culminación de gestión municipal; además fueron quienes promovieron el juicio ciudadano local, al que recayó la sentencia controvertida.

4. Definitividad. El requisito señalado está colmado, toda vez que el acto impugnado es definitivo y firme puesto que en la legislación electoral del Estado de Oaxaca, no se regula algún medio de impugnación que se deba desahogar antes de controvertirlo en la instancia jurisdiccional electoral federal, mediante juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

TERCERO. Agravios. Los argumentos de inconformidad de los actores son los siguientes:

El Tribunal Electoral violó las reglas reguladoras de la prueba, pues le dio el valor de informe circunstanciado al oficio número: SM/01614 de veinticinco de enero del año dos mil catorce, que suscribe el que dice ser Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, a pesar de que, ninguna documentación anexó para justificar la personalidad que ostenta en dicho oficio, causándonos el agravio consiguiente.

PRIMERO.- Sostiene el pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el considerando tercero, párrafo quinto, que en la demanda la parte actora en esencia hace valer como agravio:

"La negativa y falta de pagos de dietas a partir de la primera quincena del mes de mayo del año dos mil trece, hasta la culminación del encargo como Regidores;

La negativa y falta de pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil trece y un bono por gestión municipal.

En el párrafo sexto, fracción primera, inciso "a", la autoridad responsable sostiene:

"Primero.- Se ordena el pago de:

$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por el pago de dietas correspondientes a la época que transcurrió de mayo a diciembre del año dos mil trece;

Lo cual resulta de multiplicar $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por los ocho meses que le fueron retenidos las dietas; no así;

b).- $15,000.00 (Quince mil pesos 00/ 100 M.N.) por concepto de aguinaldo del año dos mil trece,

c).- $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de bono por culminación de gestión municipal.

Ambas prestaciones, según el Tribunal, no fueron probadas.

Lo anterior es inexacto, en cuanto se refiere al inciso "a", pues en el punto "5" del capítulo de hechos de nuestra demanda con toda claridad reclamamos:

I. "...El día veintitrés de mayo del año dos mil trece, a las once horas, se llevó a cabo la sesión de Cabildo, del Municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, en donde por unanimidad se tomó el acuerdo de que todos los Regidores a partir de esa fecha, recibiríamos únicamente el cincuenta por ciento, de las remuneraciones fijadas en la cantidad de $10,000.00 mensuales (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno, esto es que a partir de la fecha citada, cada regidor recibiría mensualmente $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) repartidos en dos quincenas y los $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) restantes serían pagados en una sola exhibición el once de diciembre del año dos mil trece, incluyendo la totalidad de éste mes, el aguinaldo consistente en $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) más un bono de terminación de la gestión municipal, por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno.

II. El día once de los corrientes, en la sesión de cabildo del Municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, se nos informó que no era posible liquidamos las remuneraciones adeudadas incluyendo el mes de diciembre del presente año, el aguinaldo consistente en la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) y el bono por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de nosotros, porque se les había olvidado hacer la reserva correspondiente; sin embargo, las autoridades responsables si cobraron las cantidades citadas; y, a pesar de que en la misma sesión manifestamos que era evidente la existencia de fondos suficientes para cubrir las remuneraciones adeudadas, más la totalidad del mes de diciembre, así como el bono aprobado, pero las autoridades señaladas como responsables sostuvieron la negativa de realizar el pago, de las remuneraciones a que tenemos derecho, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 43, fracción LXIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; que forman parte de nuestros derechos políticos electorales del ciudadano;..."

Esto es, que la cantidad adeudada mensualmente fue de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y no $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) como lo señala la responsable; violando con ello los principios de exhaustividad y congruencia, pues la sentencia debe reflejar claramente los hechos aducidos por las partes y las consideraciones de derecho que la autoridad señale para justificar la procedencia o improcedencia de las prestaciones reclamadas; por lo que, al señalar que nuestra reclamación fue por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, alteró en nuestro perjuicio, los hechos consignados en la demanda, alteración que produjo una sentencia incongruente.

En el párrafo séptimo, la responsable señala que la autoridad municipal que dio contestación a la demanda manifestó que el ayuntamiento que estuvo en ejercicio en el período 2011-2013, no dejó ningún tipo de documentación, en donde se pueda advertir la existencia de las actas de sesión de cabildo que autorizara dichas prestaciones; en el párrafo octavo, expresa que únicamente obra el presupuesto de egresos del años 2012 y 2013, del Ayuntamiento de la Villa de Etla, Oaxaca, que fueron solicitados por el Magistrado instructor a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. La afirmación del Tribunal carece de sustento, pues en autos consta una comunicación del Síndico de la Villa de Etla, que no reúne los requisitos del informe circunstanciado que debe rendir la autoridad responsable; mismo que no rindió a pesar de haber sido requerida por auto de veintisiete de enero del año dos mil catorce.

En el párrafo noveno, fija la litis en el sentido de determinar que a los actores les corresponde probar las prestaciones señaladas reclamadas. En el considerando cuarto, declaró procedente el pago de las dietas correspondientes a los regidores, con base en el presupuesto de egresos que el Ayuntamiento de la Villa de Etla presentó a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, en donde aparecen los actores con una asignación mensual de $5,016.98 (Cinco mil dieciséis pesos 98/100 M.N.). A pesar de que éste es un documento interno y por lo mismo unilateral y anterior al veintitrés de mayo del año dos mil catorce.

El argumento anterior es infundado e inmotivado, en razón de que pasó desapercibido para el Tribunal, que los hechos negativos son de prueba imposible y que en el caso específico, la doctrina y jurisprudencia, de acuerdo con los principios generales de la lógica, han establecido que la obligación de probar el pago, corresponde al deudor y no el acreedor, por cuanto que es imposible que el acreedor pueda probar que no se le ha pagado, y, sí en cambio, el deudor puede demostrar por cualquier medio de prueba, recibo, nómina, póliza o cheque, que ha pagado las cantidades que se le reclaman; por lo que yerra el Tribunal Estatal, cuando afirma que corresponde al actor probar la falta de pago; principio que procede indudablemente en los hechos positivos, pero no en los negativos, como en el caso; pues se trata de la ausencia de pago de acuerdo con lo establecido en las sesiones de cabildo de veintitrés de mayo y once de diciembre del año dos mil trece, que la responsable tenía a su alcance para demostrar la certeza o falsedad de la afirmación de los actores, mediante el informe circunstanciado que le fue requerido y que nunca rindió; ya que es obligación del demandado anexar a su informe todos y cada uno de los documentos que justifiquen sus afirmaciones, en los términos de los artículos 92 y 93 del Código Local de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, supletorio de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, en los términos del artículo 5, numeral 2; ya que el demandado debe contestar categóricamente todos y cada uno de los puntos contenidos en la demanda; por lo que al no rendir el informe circunstanciado, surte efecto el supuesto establecido por el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que expresamente señala quien no haga una contestación clara y contundente de los hechos que se le atribuyen, se le considerará presuntivamente confeso de los hechos que señala el actor, en el punto o puntos omitido u omitidos; igualmente el juzgador al no tomar en cuenta un hecho notorio que es: Que la existencia del contrato en el que se establecen las prestaciones para el trabajador, es a cargo del patrón, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación analógica al presente asunto; pues de acuerdo con los principios generales del derecho, es el patrón, contratante o pagador, el que tiene todos los medios a su alcance para establecer el contrato respectivo y si no lo hace, debe declararse procedente las prestaciones que aduce el actor, dado que la existencia del pacto de trabajo es una obligación a cargo del patrón y no del trabajador.

Ahora bien, se equivoca el Tribunal, cuando suple la inexistencia del informe circunstanciado, con la noticia del Síndico Municipal, de que en el Municipio de la Villa de Etla, no existe documentación del período inmediato anterior: por cuanto que, el demandado es autoridad y por ello, la sola noticia de inexistencia, no suple el informe circunstanciado que estaba obligada a rendir; por lo que, al no negar categóricamente la existencia de las actas de veintitrés de mayo y once de diciembre del año dos mil trece, su negativa debe entenderse como una simple evasiva para no aceptar el compromiso de las autoridades anteriores, que establecieron en las sesiones de cabildo ya citadas, el pactó el pago de la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, por concepto de remuneración, el aguinaldo correspondiente al año dos mil trece y el bono por la terminación de la gestión municipal; además, por lo que se refiere al aguinaldo está es una prestación constitucional para el trabajador, que por lo tanto no requiere prueba, pues el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, 26, 84 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, lo establecen como una prestación obligatoria para el patrón, como consecuencia natural de la relación laboral; por lo cual, no está sujeto a pacto, acuerdo o consideración bilateral, ya que la carta magna y la ley reglamentaria, establecen un mínimo de quince días, pero esto no limita el que patrón y trabajador puedan pactar una cantidad mayor, como la que se fijó en las sesiones ya apuntadas.

Contrario a lo que sostiene el tribunal en la sentencia impugnada, además de la confesión ficta de la parte demandada, por no haber rendido el informe circunstanciado, ni objetado lo relativo a la existencia de las sesiones de cabildo de fechas ya citadas; existe el indicio (no objetado por parte legitima) correspondiente a las declaraciones de quienes desempeñaron cargos muy cercanos al Presidente Municipal, inicialmente responsable; por lo que, atento al principio de valoración armónica de las pruebas desahogadas en el juicio, debió el Tribunal, adminicular, la confesión ficta, con la falta de informe circunstanciado la ausencia de objeción de las pruebas ofrecidas por los actores y los testimonios rendidos ante notario, las que en están relacionadas con la presunción legal derivada de las obligaciones consignadas en los artículos 122 de la Constitución Federal y 138 de la Local, pues como regidores teníamos derecho a las remuneraciones que reconocen los ordenamientos antes citados; y, como no lo hizo así, violó las reglas de la valoración de la prueba; causándonos el agravio consiguiente.

TERCERO (sic).- La responsable para justificar la omisión de la responsable de rendir su informe circunstanciado, lo suplió, con la noticia del Síndico Municipal, quien adujo extemporáneamente la inexistencia de los archivos respectivos, pero sin probar tal inexistencia, mediante la documentación idónea. Como a pesar de ello, el Tribunal le dio valor probatorio pleno; violó las reglas reguladoras de la prueba, pues no fundó ni motivó dicha valoración.

CUARTO.- La confesión ficta de los hechos constitutivos de la demanda, derivados de la prescripción contenida en el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, supletorio de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, no fue objeto de valoración en la sentencia reclamada; con lo que el Tribunal Electoral violó el principio de exhaustividad, que debe informar toda sentencia.

QUINTO.- Es inexacto lo sostenido por el Tribunal que emitió la sentencia impugnada, que no hayamos justificado la imposibilidad de obtener copia certificada de las actas de las sesiones de cabildo de veintitrés de mayo y once de diciembre del año dos mil trece; pues con el escrito de ofrecimiento de pruebas, solicitamos para el perfeccionamiento de la prueba, la remisión directa las actas de cabildo, y para ello, se requiriera a la autoridad responsable; en razón de que a pesar de haberlo solicitado oportunamente, no fueron entregadas; como se acreditó con las copias selladas de recibido de la autoridad responsable, sin que pueda alegarse que tales copias selladas no fueron exhibidas con la demanda, en razón de que, la ley de la materia en su artículo 9, no lo exige, ya que en él claramente se previene, que las pruebas deben ofrecerse dentro de los plazos fijados para ello, por lo que, con la demanda se deben anunciar las pruebas y en la dilación probatoria ofrecer las que interesen al promovente; así, con el ofrecimiento de pruebas, se exhibieron las copias selladas de la solicitud de expedición de las actas que corren agregadas a los autos a fojas trescientos sesenta; pues, si la ley no lo exige, el tribunal carece de facultades para hacerlo; y. además, porque tales documentos se ofrecieron en el período de apertura de dilación probatoria, que es el oportuno para justificar la negativa de la responsable para entregar las copias certificadas de las actas de sesión; y, como el tribunal no lo consideró así, viola en nuestro perjuicio los principios de exhaustividad y congruencia; ya que a pesar de que las copias selladas forman parte del expediente, no fueron sujeto de análisis en la sentencia.

SEXTO.- Es inexacta la afirmación del Tribunal, que al no contar la responsable con la documentación relativa al período inmediato anterior de la gestión municipal, sea suficiente para considerar que la carga de la prueba corresponde a la parte actora; porque, como ya se ha reiterado, se trata de hechos negativos y por lo mismo, de imposible demostración para el actor; y, por la otra, porque el solo dicho de la responsable (fuera de la etapa procesal oportuna) es contrario al funcionamiento normal de toda entidad pública, que cuenta en sus archivos con todos los documentos emitidos desde la creación del mismo; pues de aceptar la justificación de la responsable, se caería en el caos de perder toda memoria gubernamental y se convertiría en un instrumento de engaño, pues sería suficiente negar que existen los archivos, para revertir la carga de la prueba, con lo cual se rompería con el principio de igualdad de las partes; lo que es contrario a los principios generales de la lógica y del derecho, que soportan el orden jurídico nacional.

CUARTO. Marco contextual del derecho político-electoral de ser votado, en la vertiente de ejercicio del cargo.

La Sala Superior ha considerado que el derecho de ser electo, reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los ciudadanos la posibilidad de ser postulados como candidatos a cargos de elección popular, a fin de integrar los órganos de gobierno; los faculta a contender en el proceso electoral relativo, y de ser procedente a ser declarados candidatos electos, para que ocupen y desempeñen el cargo obtenido mediante el voto de la ciudadanía, a mantenerse en el ejercicio de la función por el período atinente y a ejercer los derechos inherentes.

De esta forma, este órgano jurisdiccional ha estimado que el derecho de voto pasivo es un derecho constitucional y también un deber jurídico de la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en los artículos 5, párrafo cuarto; 35, fracción II y 36, fracción IV, de la propia Constitución Política, por lo que se extiende a aquellos que pudieran vulnerar el efectivo desempeño del cargo, por todo el período para el cual fueron electos.

Tal criterio dio lugar a la jurisprudencia 20/2010, de rubro "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO."3

3 Publicada de la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, en las páginas 274 y 275.

Por otra parte, este órgano jurisdiccional, acorde con lo dispuesto en la Constitución Política4, también ha sostenido que la retribución económica es la consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, por tanto, obedece al desempeño de la función pública.5

4 Artículo 127.- Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

5 La Constitución de Oaxaca reitera la disposición anterior en el artículo 138 .

En ese tenor, para la Sala Superior, la falta de pago de la retribución económica correspondiente a un cargo de elección popular, afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de la responsabilidad pública respectiva, de ahí que las cuestiones jurídicas atinentes corresponde analizarlas desde el ámbito del Derecho Electoral, al menoscabar el derecho del titular a obtener una retribución por el desempeño de su función gubernamental.

De esta forma, señala que cuando se plantee ante un órgano jurisdiccional la violación a los derechos inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, entre estas, el de percibir una remuneración o dieta, como la litis relativa necesariamente implicará decidir si procede reconocer esa prerrogativa al afectado, se debe instar el juicio para la protección de los derechos político-electorales, a fin de determinar si en ese caso concreto, de la valoración de las pruebas allegadas para acreditar los hechos es dable ordenar resarcirlos.

Este criterio lo asume la Sala Superior, en la jurisprudencia 21/2011, de rubro "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)."6

6 Publicada de la Compilación 1997-2012 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1) en las páginas 163 y 164.

En el mismo orden de ideas, en el juicio ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-5/2011, la Sala Superior estableció que la pretensión de que sean retribuidas las dietas que indebidamente son retenidas a un funcionario público, no se debe estimar irreparable, a pesar de que éste hubiera concluido con el desempeño de su función, al tratarse de un derecho adquirido.

El precedente estableció que de llegarse a considerar la terminación en el ejercicio del cargo como imposibilidad para poder exigir el pago de remuneraciones adeudadas, implicaría desconocer que los recursos jurisdiccionales regulados en la legislación para la defensa de los derechos político electorales, son el medio idóneo para que los tribunales competentes en materia electoral establezcan el alcance de la reparación a que haya lugar, a fin de restituir la violación derivada de falta de pago, sin considerar el momento en que se actualizó, debido a que lo relevante es reparar el daño producido al afectado durante el ejercicio del encargo.

Esto, porque los servidores públicos de elección popular, asumen un encargo ciudadano de índole representativo, al derivar de la voluntad del pueblo mediante el voto al que sean designados para integrar los órganos de gobierno, de ahí que por esa actividad deben percibir un emolumento o "dieta", asignada presupuestalmente en forma anual con cargo al erario público, siendo irrenunciable esa prerrogativa, de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad se analizarán agrupados de acuerdo a su temática, sin que esto cause agravio a los demandantes, conforme al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sustentado en la jurisprudencia 4/2000, de rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".7

7 Publicada en la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia", a foja ciento veinticinco.

El contexto de la impugnación permite establecer, que la pretensión de los actores es que se revoque la sentencia impugnada, porque el Tribunal responsable la pronunció en contravención a los principios de congruencia y exhaustividad, al no existir correspondencia entre lo demandado y la decisión asumida, lo que desde su perspectiva, derivó del análisis incompleto de la materia del debate, porque los elementos de convicción fueron indebidamente apreciados por dicho órgano jurisdiccional y de ahí el fallo impugnado lo dictó indebidamente fundado y motivado.

Esto es, los demandantes consideran que la Sala Superior debe establecer que la sentencia impugnada les causa agravio, porque la responsable, sin analizar de manera integral las prestaciones reclamadas, estimó indebidamente infundado condenar al Ayuntamiento de la Villa de Etla a pagar a cada uno de ellos, por concepto de dietas, la suma de ochenta mil pesos correspondiente a los meses de mayo a diciembre del dos mil trece, al pasar por alto que en acuerdo de cabildo se determinó cubrirles diez mil pesos mensuales por esas remuneraciones, pero además señalan, porque el tribunal responsable también indebidamente determinó que es improcedente ordenar que se les deben cubrir quince mil pesos como aguinaldo y cien mil pesos por bono de conclusión de gestión municipal, como lo justificaron.

La causa de pedir la hacen consistir en que la resolución del Tribunal responsable los deja en estado de indefensión, porque no obstante acreditaron tener derecho a que se les paguen las prestaciones reclamadas, el tribunal responsable estimó infundada esa pretensión.

En consecuencia, la litis en el juicio consiste en establecer si la sentencia del Tribunal responsable se emitió apegada a la legalidad, al determinar que los actores sólo acreditaron tener derecho a percibir parte de las prestaciones reclamadas, o si por el contrario, dicho fallo deviene ilegal porque contrario a lo decidido, debió estimar procedente condenar al ayuntamiento demandado a pagarles las remuneraciones que alegan no les fueron cubiertas en su oportunidad.

Análisis de los agravios.

a. Los actores alegan en un primer aspecto, que el Tribunal responsable contravino las reglas de valoración de la prueba, al tener como informe circunstanciado el oficio SM/016/14, suscrito por quien se ostentó como síndico municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, sin que hubiera justificado su personalidad con documento idóneo.

Derivado de ello, señalan, se debió considerar que la autoridad municipal omitió rendir informe circunstanciado, y por ende, estimarla confesa de manera ficta de la falta de pago de las prestaciones que les adeuda como regidores, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable al caso en forma supletoria.

Por tanto, consideran que el órgano jurisdiccional afirma incorrectamente que si bien la actual administración municipal sostuvo que el Ayuntamiento saliente no dejó archivos para localizar las actas de la sesión del cabildo en las que se autorizó el pago de las prestaciones reclamadas, pasó por alto que al rendir informe circunstanciado y anexar los documentos atinentes, en términos de los artículos 92 y 93 del Código Procesal Civil invocado, pudo acreditar esa circunstancia.

Agregan, que se equivoca el Tribunal responsable, al suplir la falta de informe circunstanciado con un oficio emitido por el síndico municipal y con base en éste, tener por inexistentes las actas de cabildo relativas a las asambleas en que se acordó el monto de las prestaciones cuyo pago les ha sido omitido, sin advertir que esto constituye una evasiva para dejar de cumplir la obligación adquirida por la autoridad municipal saliente, respecto del pago de dietas, aguinaldo y bono de conclusión de su gestión como regidores, por los montos reclamados..

Concluyen, que si la autoridad municipal afirma que no cuenta con la documentación relativa al periodo de la gestión anterior, eso es contrario al funcionamiento de toda entidad pública y constituye un engaño del que la responsable pretendió derivarles la carga de la prueba de la falta de pago de las prestaciones demandadas.

Por una parte, el agravio se estima infundado, y por otra, inatendible.

Lo infundado radica en que contrario a lo alegado por los actores, la autoridad municipal actualmente en funciones en Villa de Etla, Oaxaca, en sustitución del cabildo anterior por culminación de gestión, rindió al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, informe circunstanciado en el juicio ciudadano local que promovieron para reclamar ante esa instancia el pago de remuneraciones debidas.

En efecto, del expediente relativo al juicio ciudadano 259/2013, del índice del órgano jurisdiccional señalado, en el que se dictó la sentencia impugnada, corre agregado en el cuaderno accesorio único, a foja 144, el informe circunstanciado suscrito por el Presidente Municipal, conjuntamente con el Síndico, la Secretaria y el Tesorero del Ayuntamiento señalado, actualmente en funciones, a quienes el propio tribunal local, mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil trece, requirió rendirlo en el plazo fijado a ese efecto.

La señalada autoridad municipal, en ese informe comunicó al órgano jurisdiccional requirente, que la administración saliente no dejó archivos con documentos relacionados al pago de prestaciones a los miembros del cabildo, incluidas dietas, aguinaldo y bono de conclusión de gestión municipal, cuya falta de pago demandan los actores, de ahí que estaba en imposibilidad de anexar los documentos correspondientes, y por ende, contra lo pretendido por los accionantes a anexar pruebas en este sentido.

A la vez, en la sentencia que constituye el acto reclamado, a fojas trece y dieciséis, el Tribunal Electoral de Oaxaca refiere al informe rendido por la actual autoridad Municipal en Villa de Etla, Oaxaca, en sustitución del cabildo primigeniamente responsable, destacando la circunstancia de que ésta afirmó carecer de datos para aportar al juicio respecto de la falta de pago de las remuneraciones reclamadas por los demandantes.

Por tanto, es evidente que el Tribunal Electoral de Oaxaca, para resolver el medio de impugnación promovido por Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, tuvo como informe circunstanciado el rendido por el Ayuntamiento en funciones y no el oficio SM/01614, suscrito en lo individual por el síndico municipal.

Tal comunicado, en consideración de este órgano jurisdiccional, es acorde con lo dispuesto por el artículo 18, inciso e), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al haber sido firmado por los funcionarios precisados, en representación del Ayuntamiento en funciones, y porque además, contiene las razones por las que dicho órgano de gobierno afirmó estar impedido para rendir un informe "completo" sobre la omisión impugnada.

Ahora bien, es criterio de la Sala Superior, que las autoridades responsables, en el informe circunstanciado, se pueden constreñir a señalar los motivos y fundamentos jurídicos pertinentes para sostener la legalidad del acto reclamado, sin que tengan el deber de sujetarlo a los hechos y agravios esgrimidos en la demanda, de ahí que si omiten hacer referencia a estos, ello no implica tener por presuntivamente ciertos hechos o reclamaciones respecto de los cuales no produzcan contestación o controversia.8

8 Tesis LXXXVII/2002, publicada en la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Tesis, Volumen 1 (uno), Tomo I, a fojas 1292 y 1293.de rubro INFORME CIRCUNSTANCIADO. LA OMISIÓN DE REFERIRSE A HECHOS ALEGADOS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO PRIMIGENIO, NO CONLLEVA A TENERLOS POR CIERTOS COMO SANCIÓN.

De ahí que, en contra de lo pretendido por los actores, en la especie no se actualiza la hipótesis de tener a la responsable como confesa del adeudo reclamado por los actores al no haber rendido informe circunstanciado, y que por esto se deben tener por presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, conforme lo dispone el artículo 20, párrafo 2, de la ley estatal invocada, porque además de que cumplió con la carga procesal, que los demandantes estiman infringida, se concretó a manifestar que la administración saliente no dejó ningún tipo de documentación conforme a la que pueda rendir la información solicitada, aseveraciones que fueron atendidas y ponderadas por el Tribunal Electoral de Oaxaca en el contexto apuntado en la sentencia reclamada al dilucidar la controversia..

Por otro lado, los actores alegan que la aseveración de la responsable referente a que en los archivos del municipio no consta la documentación relativa a la gestión del ayuntamiento anterior, es una circunstancia contraria al funcionamiento de toda entidad pública y constituye un engaño del que se pretende valer dicho ente público para derivarles la carga de la prueba de la falta de pago de las prestaciones demandadas.

Lo inatendible de este segmento del agravio deriva de que tales argumentos devienen dogmáticos, por ende, insuficientes para suscitar controversia respecto a las consideraciones que pretenden sostener, dado que lo actores omiten aportar datos que sustenten su afirmación en el sentido de que sÍ constan en los archivos del cabildo los documentos que la responsable aduce inexistentes y que esta aseveración constituye un ardid para revertirles la carga probatoria de un hecho negativo, debido a que esta afirmación la hacen sin ningún apoyo probatorio ni argumentativo.

b. En un segundo aspecto, los actores plantean la ilegalidad de la sentencia reclamada, por contravenir los principios de exhaustividad y congruencia, al estimar el Tribunal local que reclamaron como cantidad adeudada por concepto de dietas cinco mil pesos mensuales, siendo que tal remuneración ascendió a diez mil pesos.

Afirman, que si la actual autoridad municipal manifestó que el ayuntamiento de Villa de Etla, en el período dos mil once-dos mil trece, no dejó documentación para derivar el contenido de las actas de las sesiones de cabildo de veintitrés de mayo y once de diciembre de dos mil trece, el Tribunal responsable indebidamente les revirtió la carga de probar ese hecho negativo e igualmente concluyó sin sustento que dejaron de acreditar la procedencia de las remuneraciones reclamadas.

Es decir, señalan, el Tribunal responsable pasó inadvertido que los hechos negativos son de prueba imposible, pero además, que la doctrina y la jurisprudencia han establecido como obligación del deudor acreditar el pago de un adeudo, equivocándose al exigirles comprobar la existencia de las actas relativas a las sesiones de cabildo mencionadas.

Agregan que no obstante lo anterior, el órgano jurisdiccional declaró procedente el pago de las dietas reclamadas, con base en el Presupuesto de egresos, solicitado a la Auditoría Superior de Oaxaca, en el que los regidores aparecen con una asignación mensual de cinco mil dieciséis pesos noventa y ocho centavos, pero pasó por alto que tal documento es interno y unilateral, y por lo mismo, insuficiente para resolver la controversia.

Señalan también, que contrario a lo sostenido en la sentencia impugnada, además de la confesión ficta de la autoridad demandada, por no haber rendido informe circunstanciado, ni tampoco objetado que se llevaron a cabo las sesiones de cabildo señaladas, existen como indicio para apoyar su reclamación, las declaraciones de quienes desempeñaron cargos "muy cercanos" al Presidente Municipal inicialmente responsable.

Señalan también, que les agravia la determinación del órgano jurisdiccional responsable, de que no justificaron la imposibilidad de obtener copia certificada de las actas de las sesiones de cabildo de veintitrés de mayo y once de diciembre del año dos mil trece, toda vez que el artículo 9, de la ley de la materia no lo exige, sino que previene que las pruebas deben ofrecerse dentro de los plazos fijados.

Por tanto, alegan, atento al principio de valoración armónica de las pruebas, el Tribunal responsable debió adminicular la confesión ficta del Ayuntamiento demandado, con la falta de informe circunstanciado y con el hecho de que no se objetaron las testimoniales ante Notario público ofrecidas para derivar la presunción legal de que conforme a los artículos 123 de la Constitución Federal y 138 de la Local, como regidores tienen derecho al pago de las remuneraciones establecidas en dichas disposiciones.

El análisis de los disensos antes sintetizados, se llevará a cabo luego de las precisiones siguientes.

Del expediente se advierte que los actores presentaron ante el Tribunal Electoral de Oaxaca, demanda de juicio ciudadano para reclamar del Ayuntamiento de la Villa de Etla, la falta de pago de dietas de mayo a diciembre el dos mil trece, el aguinaldo correspondiente a ese año y bono por culminación de la gestión municipal como regidores.

Conforme a tal escrito, el señalado órgano jurisdiccional estableció que la pretensión de Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, era que condenara al ayuntamiento a pagar a cada uno cuarenta mil pesos por las dietas adeudadas, suma resultante de multiplicar cinco mil pesos por los ocho meses de retención de esas prestaciones; quince mil pesos por el aguinaldo correspondiente a dos mil trece; y cien mil pesos por bono de culminación del encargo.

En el capítulo de hechos de la demanda presentada ante el Tribunal de Oaxaca, los actores narraron:

- Que el veintitrés de mayo de dos mil trece, en sesión extraordinaria de cabildo, por unanimidad de votos se acordó que a partir de esa fecha, los regidores percibirían únicamente el cincuenta por ciento de la remuneración mensual fijada en esa fecha en diez mil pesos, pero que únicamente les serían pagados cinco mil pesos por las dos quincenas y los restantes cinco mil los recibirían en una sola exhibición hasta el once de diciembre, junto con el aguinaldo por quince mil pesos y un bono de terminación de gestión por cien mil pesos.

- Que en diversa sesión de cabildo de once de diciembre, fueron informados de la imposibilidad de pagarles tales remuneraciones, al no haberse hecho "la reserva correspondiente", pero que éstas si se cubrieron el resto de los integrantes del cabildo, lo que evidenció que había fondos suficientes para que les hubieran sido cubiertas.

Los demandantes expusieron como agravios en el medio de impugnación ante el Tribunal local, contravención a sus derechos político-electorales reconocidos en los artículos 138 de la Constitución de Oaxaca y 43, fracción LXIV, de la Ley Orgánica Municipal, en razón de lo siguiente:

- El Ayuntamiento decidió arbitrariamente incumplir un acuerdo de cabildo, privándolos del derecho a percibir las remuneraciones acordadas por unanimidad, coincidentes con las que el propio Tribunal de Oaxaca refirió al resolver el juicio ciudadano JDC-76/2011.

- La decisión de no pagarles las prestaciones reclamadas fue arbitraria, y por ende, contravino sus derechos político-electorales.

Hechas las presiones anteriores, procede llevar a cabo el estudio de los motivos de inconformidad enunciados.

El análisis de la sentencia reclamada evidencia lo inconsistente de la consideración de que fue pronunciada en contravención a los principios de congruencia y exhaustividad, debido a la incorrecta valoración de las pruebas del expediente y que ello derivó en indebida motivación y fundamentación del propio fallo.

Los principios señalados, derivados del artículo 17 constitucional, exigen la debida atención de la autoridad jurisdiccional a todas las proposiciones sometidas a su conocimiento, para resolver en forma congruente e integral la cuestión planteada en el medio de impugnación, acorde a las pretensiones de las partes y en apego a las reglas esenciales del procedimiento.

En particular, el principio de exhaustividad obliga a la autoridad a decidir la controversia tomando en cuenta todos los argumentos de las partes, de tal forma que resuelva íntegramente el debate, por lo que no debe omitir ese examen; mientras el de congruencia exige que toda decisión de los órganos jurisdiccionales sea completa, lo que supone coherencia en la decisión, la exposición concreta y precisa de la motivación correspondiente, el señalamiento especifico de las normas que le dan sustento y que además exista plena coincidencia entre lo resuelto y la litis planteada, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la cuestión debatida.

Conforme a lo apuntado, los agravios en estudio carecen de sustento, si se toma en cuenta que en el Considerando CUARTO de la sentencia impugnada, al llevar a cabo el estudio de fondo, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, fue exhaustivo y congruente, al resolver los planteamientos de los actores, en principio porque expuso planteamientos respecto a los motivos de disenso expuesto en la demanda relativos a que el Ayuntamiento decidió arbitrariamente incumplir un acuerdo de cabildo, con lo que les privó del derecho a percibir las remuneraciones que tenían derecho a percibir como regidores, consistentes en dietas, aguinaldo y bono.

Además, porque el órgano jurisdiccional señalado, tampoco varió ni modificó la litis, ni cambió los puntos puestos a debate, sino que su estudio fue ajustado a las pretensiones deducidas.

En efecto, sobre el primer tópico controvertido ante la instancia primigenia, el tribunal responsable determinó, por lo que hace a la falta de pago de dietas desde el primero de mayo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 138 de la Constitución de Oaxaca, establecen que los servidores públicos de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función y proporcional a sus responsabilidades.

También señaló el órgano jurisdiccional, que el segundo párrafo, fracción I, del numeral 127, de la Constitución Política, define como remuneración toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, bonos, compensaciones y cualquier otra, con las excepciones establecidas en el propio precepto.

El Tribunal local argumentó asimismo, que de conformidad con los artículos 108 de la Constitución Federal y 115 de la Constitución de Oaxaca, se debían considerar servidores públicos a los representantes de elección popular, de ahí que los actores se ubicaban en ese supuesto en su calidad de regidores, la cual no fue controvertida por la responsable, evidenciándose por ende su interés jurídico de reclamar las prestaciones deducidas en la demanda, al hacerlas derivar del cargo desempeñado, a pesar que el Congreso estatal informó de los procesos de revocación de mandato instaurados en su contra, sin que a la fecha de la sentencia se hubieran resuelto esos asuntos para estar en posibilidad de poder restringirles las prerrogativas a que tuvieran derecho.

Agregó la responsable, que de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 15, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Oaxaca, el que afirma está obligado a probar, y que la responsable omitió demostrar haber pagado las dietas reclamadas por los demandantes, concretándose a alegar que carecía de documentos para acreditar si se pagaron esas remuneraciones.

Consideró el propio Tribunal, que los enjuiciantes estaban obligados a probar que debieron ser remunerados con el pago de las dietas reclamadas, al alegar que recibían por ese concepto cinco mil pesos mensuales, sin llegar a demostrar que otro fue el monto fijado por acuerdo en el Cabildo, como pago de tales percepciones.

Estableció asimismo el órgano jurisdiccional, que en autos obra copia certificada de la cédula analítica de dietas presentada por el Ayuntamiento demandado a la Auditoria Superior del Estado, en la cual apreció que Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, percibían mensualmente cinco mil dieciséis pesos noventa y ocho centavos, como regidores, y que en la demanda se señala como monto de esa prestación cinco mil pesos, de allí que existía correspondencia entre lo reclamado y lo que de acuerdo a esa documentación se destinó a pagarles en la sentencia por concepto de dietas.

En consecuencia, concluyó, a pesar que los actores no aportaron prueba para corroborar su pretensión, procedía concatenar los hechos y a declarar fundado el agravio, de que se les adeudaban cuarenta mil pesos a cada uno, correspondientes a las dietas de los meses de mayo a diciembre de dos mil trece, consecuencia jurídica del ejercicio de su función pública, misma que se les debía cubrir en un plazo de quince días hábiles.

La determinación del Tribunal de que la autoridad municipal en funciones debía entregar a los actores la cantidad adeudada, se sustentó en el hecho de que al ser una prerrogativa constitucional debe pagarla a pesar que no es la administración directamente responsable de ese adeudo, ya que se trata de un derecho humano conculcado que debe ser restituido, de ahí que la apercibió con dar vista al Congreso estatal si dejaba de cubrirlo, para que determinara lo procedente, de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica Municipal.

Asimismo, de la sentencia impugnada se advierte que respecto al agravio relativo a la falta de pago de aguinaldo y bono por culminación de gestión municipal, el Tribunal Electoral de Oaxaca lo estimó infundado, al considerar que los actores dejaron de aportar pruebas para corroborar que eran acreedores a dichas prestaciones y al tampoco existir en autos indicios respecto de la omisión de pago de estas remuneraciones.

Señaló además el órgano jurisdiccional, que de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 15, de la Ley del Sistema de medios de impugnación de Oaxaca, el que afirma está obligado a probar y si la parte actora pretendió demostrar tener derecho a tales prestaciones con las actas de sesión de cabildo relativas, al haber dejado de aportarlas, quedó en imposibilidad de analizarlas, en términos de los artículos 9, inciso g) y 16 numeral 4, de la ley citada.

Adujo también el Tribunal de Oaxaca, que no obstante la parte actora le solicitó que esas actas las requiriera a la autoridad municipal, dejó de atender a tal petición porque no justificaron haberlas solicitado por escrito al ayuntamiento y que éste se las hubiera negado.

Por último, el órgano responsable estimó que el escrito en que los actores ofrecieron como prueba superveniente las testimoniales rendidas ante Notario Público por dos ciudadanos, no le generó convicción, ante la falta de certeza de que hubieran laborado en el ayuntamiento y además porque los nombres de los testigos no se incluían en la lista del personal del cabildo, con salario asignado para el ejercicio fiscal dos mil trece, conforme al presupuesto de egresos correspondiente.

En esas condiciones, contrario a lo expuesto por los accionantes, al dictar la sentencia impugnada el tribunal responsable cumplió con la exhaustividad que debe caracterizar a este tipo de resoluciones, al realizar pronunciamiento de todos y cada uno de los motivos de disenso planteados, del mismo modo que fue congruente al resolver sobre lo estrictamente pedido en el juicio local.

De esta forma, es inexacto el planteamiento de indebida valoración de pruebas aducido en esta instancia, porque como se evidenció en párrafos precedentes, de conformidad con las reglas establecidas en la ley adjetiva comicial de Oaxaca, el tribunal responsable correctamente estimó que ante la falta de prueba del Ayuntamiento sobre el pago de las dietas cuyo reclamo plantearon los actores, de los indicios del expediente debidamente adminiculados, en particular la calidad de regidores de los demandantes, la cédula analítica de dietas remitida por la Auditoría Superior del Estado y la aceptación expresa asentada en la demanda por los regidores promoventes, declaró fundada su pretensión de pago de las dietas adeudadas hasta por cuarenta mil pesos, ya que dejaron de ofrecer prueba para evidenciar que el total demandado por ese concepto fue superior a lo calculado por dicho órgano jurisdiccional.

De igual forma, de la sentencia impugnada se advierte que como lo adujo el tribunal responsable, al no obrar en autos pruebas para corroborar el pretendido derecho de los actores a percibir un "bono" de cien mil pesos, por culminación de la gestión municipal, dado que los interesados dejaron de aportar las actas de cabildo en las que supuestamente se acordó cubrirlas, resultó apegada a la legalidad la conclusión de estimar infundada la reclamación por ese concepto.

No obsta que los actores aleguen que la autoridad responsable les exigió indebidamente justificar su imposibilidad de obtener las copias certificadas de las actas de las sesiones de cabildo de veintitrés de mayo y once de diciembre del año dos mil trece, a efecto de acreditar el pago de las dietas y del bono reclamado.

Lo anterior, señalan, porque si como en el caso justificaron al Tribunal responsable que oportunamente habían solicitado las actas de cabildo al ayuntamiento que las emitió, el actuar de ese órgano jurisdiccional se apartó de las disposiciones legales atinentes, conforme a las que estaba obligado a requerirlas de oficio, porque en la demanda le proporcionaron información de tales actas, y al no haberlo hecho así incumplió su obligación de tomar las medidas para la debida sustanciación del medio de impugnación.

Contrario a lo afirmado por los actores, en principio, es inexacto que el tribunal responsable les revirtiera la carga de exhibir las actas de las sesiones de cabildo del ayuntamiento de Villa de Etla, de veintitrés de mayo y once de diciembre de dos mil trece, por tratarse de un hecho negativo y que concluyera sin sustentó que dejaron de acreditar la procedencia de las remuneraciones reclamadas, pasando por alto que los hechos negativos son de prueba imposible, equivocándose al exigirles comprobar la existencia de las mencionadas actas.

En efecto, del expediente se llega a conocer que si bien el Tribunal responsable requirió a los actores exhibieran las actas que contenían el acuerdo de Cabildo en que se modificó el monto de las remuneraciones que percibían, por concepto de dietas, tal circunstancia no agravia a los actores, dado que el órgano jurisdiccional responsable, ante la imposibilidad de los actores de allegar tales probanzas, requirió al Congreso de Oaxaca y a la Auditoria Superior en el Estado, información para resolver el medio de impugnación local que promovieron, lo que valoró conforme a las reglas aplicables relacionándola con el resto de los elementos de convicción del expediente, para resolver en los términos precisados.

Además, se debe señalar que de conformidad con los artículos 9, numeral 1, inciso g) y 16, numeral 4, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el derecho de ofrecer y aportar pruebas se debe ejercer dentro de los plazos para la presentación de la demanda, momento en que se deben mencionar, en su caso, las que habrán de aportarse, que deban requerirse cuando se justifique que oportunamente fueron solicitadas por escrito al órgano competente, y no hubieran sido entregadas; pero dichos numerales también disponen que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, salvo la excepción de las supervenientes.

En el caso, los accionantes pasan por alto que si bien la mencionada autoridad jurisdiccional tiene facultades para requerir información para resolver un asunto, ello no implica que debió sustituirlos en su obligación de cumplir con la carga probatoria de aportar con la demanda las pruebas documentales atinentes, o bien, el documento que justificara haberlas solicitado en tiempo y no las hubieran podido obtener de la autoridad que las tiene en su poder, extremos que no se demostraron, de ahí que no se actualizó el deber de la autoridad para requerirlas.

Sin que tal circunstancia agravie a los actores dado que, del expediente se llega a conocer que el Tribunal responsable, ante la falta de pruebas allegadas por los actores, requirió al Congreso de Oaxaca y a la Auditoria Superior en el Estado, información para resolver el medio de impugnación local que ellos promovieron, lo que valoró conforme a las reglas aplicables relacionándola con el resto de los elementos de convicción del expediente, para resolver en los términos precisados.

Por lo narrado, tampoco asiste razón a los inconformes cuando alegan que la sentencia impugnada es contraria a derecho por haberse emitido indebidamente fundada y motivada.

Contrario a tal alegato, dicha resolución satisface el requisito constitucional de debida fundamentación y motivación, dado que como se evidenció, el Tribunal electoral responsable para estimar infundada la pretensión de los actores en el sentido de que les fuera pagada una dieta por ochenta mil pesos, calculada con base en diez mil pesos mensuales de remuneración, y para estimar improcedente el pago a un bono de cien mil pesos por conclusión de su gestión, externó en la sentencia impugnada, los argumentos que antes se puntualizaron, se estiman eficientes, en consideración de este órgano colegiado, para apoyar la determinación a las que arribó, advirtiéndose adecuación entre tales consideraciones con las disposiciones legales que estimó aplicables a cada una de sus determinaciones.

c. En un tercer planteamiento, los actores aducen que el Tribunal Estatal del Poder Judicial de Oaxaca en forma incorrecta declaró infundada su pretensión de pago de aguinaldo por quince mil pesos correspondiente al dos mil trece, derivado de la indebida valoración de las pruebas del expediente.

Alegan al respecto, que dicho órgano jurisdiccional argumentó en forma incorrecta la falta de pruebas en el expediente para corroborar que eran acreedores a dicha prestación y que ante esa "incertidumbre" estimó infundado condenar al Ayuntamiento demandado a pagar una remuneración debidamente comprobada.

El agravio se estima en esencia fundado.

En efecto, las consideraciones del Tribunal responsable a que aluden los actores, son insuficientes para estimar improcedente el reclamo de pago de aguinaldo, porque conforme al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, proporcional a sus responsabilidades, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, incluido el aguinaldo.

De ahí que, si como lo ha sostenido la Sala Superior, la falta de pago de las remuneraciones correspondientes a un servidor público por el ejercicio de un cargo de elección popular, afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de su responsabilidad pública, porque implica que asumen un encargo ciudadano de índole representativo, al derivar de la voluntad del pueblo mediante el voto popular para integrar los órganos de gobierno, actividad por la que deben percibir un emolumento o "dieta", así como las prestaciones que resulten inherentes, entre las que se destaca el pago del aguinaldo reclamado por los actores es procedente.

En efecto, el aguinaldo es un derecho de todo servidor público que al derivar de una disposición constitucional es irrenunciable9, al formar parte del concepto de las dietas que se le deben cubrir, de ahí que, cualquier pacto o acuerdo que implique renuncia, menoscabo o afectación a esa percepción, carece de validez.

9 Este criterio lo sostuvo la Sala Superior el veinticuatro de julio de dos mil trece, al resolver por unanimidad de votos, el expediente relativo al juicio ciudadano SUP-JDC-1009/2013.

Por lo anterior, en consideración de la Sala Superior, si el Tribunal local de Oaxaca con base en la adminiculación que hizo de los indicios del expediente y conforme a los que tuvo por acreditada la omisión del Ayuntamiento responsable, de pagar a los promoventes las dietas cuyo pago solicitaron les fueran cubiertas, tal determinación debió llevar a dicho órgano jurisdiccional a estimar evidenciado el derecho de los actores al pago del aguinaldo que demandan, toda vez que al resolver el juicio ciudadano local, contó con los elementos probatorios necesarios para tener por acreditada la omisión de pago de esa prestación, en los términos en que concluyó no les fueron cubiertas las dietas reclamadas.

Sin embargo, a pesar que los demandantes afirmaron tener derecho al pago de quince mil pesos por concepto de aguinaldo, al no estar probado que ese monto es el que se les adeuda respecto de dicha prestación, el tribunal responsable debió calcular la suma que se debe liquidar a los regidores por ese concepto, a partir del monto de la dieta que percibían conforme al presupuesto de egresos correspondiente.

En esas condiciones, procede modificar la sentencia impugnada, para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de esta ejecutoria, calcule el monto al que debe ascender el pago del aguinaldo a que tienen derecho Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, ex Regidores de Agencias y Colonias, de Obras, y de Ecología, respectivamente, del Municipio de la Villa de Etla, Oaxaca, en el periodo dos mil once-dos mil trece, asimismo, conmine a las autoridades facultadas y competentes para hacer dicho pago debiendo informar a la Sala Superior del cumplimiento a lo ordenado.

En consideración de lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se modifica la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil catorce, por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de ese Estado, en el expediente relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC/259/2013, promovido por Lucía Teresa Cruz Vargas, Salvador Ojeda Torres y Marco Antonio Robles Dávila, en los términos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con ausencia de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar ante el Subsecretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.