RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-75/2014

RECURRENTE: MOVIMIENTO CIUDADANO

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIA: MAGALI GONZÁLEZ GUILLÉN

México, Distrito Federal, a dos de julio de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de apelación SUP-RAP-75/2014, promovido por Movimiento Ciudadano, contra la resolución de veintiuno de mayo de dos mil catorce, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual otorgó el registro como Agrupación Política Nacional, a la asociación denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" .

RESULTANDO

I. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

1. Solicitud de registro. El treinta de enero de dos mil catorce, la Asociación denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" presentó solicitud de registro como Agrupación Política Nacional ante la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.

2. Aprobación de solicitud. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral otorgó el registro como Agrupación Política Nacional, a la asociación mencionada con la denominación "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

II. Recurso de apelación.

1. Demanda. Inconforme con el citado registro, el veintisiete de mayo del año en curso, el Partido Político Movimiento Ciudadano, a través de su representante, promovió recurso de apelación.

2. Trámite. La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación y lo remitió a esta Sala Superior, con las constancias atinentes y los informes circunstanciados respectivos.

3. Sustanciación. El tres de junio de este año, el Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos turnó el expediente a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Radicación, admisión y cierre. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó, admitió y declaró cerrada la instrucción de los asuntos, dejando los autos en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo, base VI y 99 párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso g) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto a fin de controvertir una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.El presente medio de impugnación cumple los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8°, 9°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b), 42 y 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo siguiente:

a) Forma. Este requisito está cumplido porque la demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y en ella se señala la denominación del recurrente, se asienta el nombre y firma autógrafa del representante del apelante, así como el domicilio para recibir notificaciones, se identifica la resolución impugnada y a la autoridad responsable, hace mención de los hechos y de los agravios.

b) Oportunidad. El presente recurso de apelación se interpuso dentro del plazo legal conferido al efecto, dado que la sentencia puesta a debate, fue dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el veintiuno de mayo de dos mil catorce y el escrito de demanda se presentó el veintisiete de mayo siguiente, sin contar los días veinticuatro y veinticinco del citado mes, al haber sido sábado y domingo, respectivamente, de ahí que se presentó dentro de plazo legal de cuatro días.

c) Legitimación. El recurso de apelación que se analiza fue interpuesto por el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por tanto, se cumple la exigencia prevista por los artículos 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Personería. El medio de impugnación fue promovido por representante con personería suficiente para hacerlo, acorde con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que actúa en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, situación que no es controvertida por el Secretario del mencionado Consejo General en su informe circunstanciado, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2, inciso a), de la citada ley.

e) Interés jurídico. Se estima que la recurrente tiene interés jurídico para impugnar la resolución INE/CG23/2014, dictada el veintiuno de mayo de dos mil catorce por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en virtud que la emisión de la mencionada resolución puede afectar su esfera de derechos.

f) Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque el presente recurso es interpuesto para controvertir una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la cual no existe diverso medio de defensa, por el que pudiera ser revocado o modificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, al haberse cumplido los requisitos analizados en el presente considerando y, al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al estudio del asunto planteado.

TERCERO. La sentencia que se impugna en el presente juicio, en su pate conducente, es la siguiente:

[…]

30. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado II, numeral 9 de "EL INSTRUCTIVO", se procedió a analizar el conjunto de la documentación presentada a efecto de constatar que la asociación solicitante se ostenta con una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político nacional, sin poder utilizar bajo ninguna circunstancia la denominación "partido" o "partido político" en ninguno de sus documentos.

Al respecto, resulta necesario tener en cuenta el criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-8/2002, relativo a un aparente caso de sinonimia en las denominaciones de un par de Agrupaciones Políticas Nacionales (Organización México Nuevo y México Nuevo y Unido A. C.), en el que la primera de ellas combatió la Resolución CG16/2002 del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, por la cual se otorgó el registro a la segunda de las mencionadas agrupaciones, al estimar que la denominación utilizada no era distinta a la suya, como así lo exigían las disposiciones legales aplicables.

Sobre este requisito, la citada Sala Superior puntualizó, en primer lugar, que la denominación o razón social de una persona moral o jurídica, lo mismo que el nombre en las personas físicas, tiene como primera función la de establecer su identidad mediante elementos distintivos respecto del resto de las personas, a efecto de evitar confusiones; lo anterior contribuye a la seguridad de toda clase de relaciones en que se ven involucradas las personas: las de tipo jurídico en todas sus manifestaciones; las de carácter social, y las vinculaciones económicas, toda vez que lo que realiza u omite un individuo o entidad en cualquiera de esos ámbitos, repercute indefectiblemente en las personas a través de su nombre o denominación.

La Sala Superior afirmó que las asociaciones de carácter político no constituyen una excepción en ese aspecto, por lo cual la calificación positiva o negativa de sus actitudes, de sus actividades u omisiones, se verá unida siempre a la denominación adoptada.

La mencionada Sala Superior precisó que el Legislador tomó en consideración esa realidad, y la reflejó en el artículo 35, apartado 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el entendido de que las Agrupaciones Políticas Nacionales deben tener una denominación distinta a cualquiera otra agrupación o partido político, como requisito para declararlas como tales, y otorgarles el consecuente registro.

Por lo que el contenido de esta disposición legal hace recaer una obligación en los órganos del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) que son competentes para tramitar y resolver sobre las solicitudes de registro que se presentan, consistente en revisar si la denominación asumida por una asociación solicitante es distinta de las elegidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas ya registradas, así como de las adoptadas por las restantes asociaciones cuya solicitud de registro esté en trámite; lo anterior, con el propósito de evitar la contravención al precepto legal precisado en párrafos precedentes.

Adicionalmente, la Sala Superior, en la sentencia que se cita, realizó un análisis semántico sobre los alcances de los vocablos utilizados por las agrupaciones políticas involucradas en ese asunto (Organización México Nuevo y México Nuevo y Unido A.C.), según su utilización (sustantivo o adjetivo) y resolvió en consecuencia.

En la especie, existe un partido político nacional con el nombre "Movimiento Ciudadano", mientras que la asociación de ciudadanos que pretende obtener su registro como Agrupación Política Nacional utiliza el nombre de "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", por lo que es pertinente emprender un análisis semántico de los vocablos empleados en cada caso.

Se resalta que el partido político emplea la palabra "movimiento" como sustantivo, mientras que "ciudadano" constituye el adjetivo que expresa la cualidad de ese sustantivo.

En el caso de la asociación de ciudadanos que pretende su registro como Agrupación Política Nacional, es importante destacar que a la frase "ciudadano en movimiento" le precede la denominación de "frente nacional". De manera que, en principio, nos encontramos ante una oración con mayores elementos que el de la denominación del citado instituto político. Además, la palabra "ciudadano" se utiliza como sustantivo, a la cual le sigue la preposición "en", que denota una forma o estatus determinado. Finalmente, la palabra "movimiento" se utiliza como adjetivo para precisar esa forma.

En suma, el análisis sobre la significación de las palabras utilizadas en la denominación del partido político y de la asociación que pretende obtener el registro como Agrupación Política Nacional, permite sostener que si bien en ambos casos se utilizan dos palabras idénticas, como son "ciudadano" y "movimiento", lo cierto es que se trata de denominaciones que, en su conjunto y contexto, son distintas por varias razones:

* La denominación del partido político utiliza únicamente dos palabras (movimiento ciudadano), mientras que la asociación, aunque también las utiliza, añade otras palabras que la complementan (Frente Nacional/en).

* El partido político utiliza la palabra "movimiento" como sustantivo, mientras que la asociación la emplea como adjetivo.

* El partido político utiliza la palabra "ciudadano" como adjetivo, en tanto que la asociación la emplea como sustantivo.

* La asociación utiliza la preposición "en" entre las palabras "ciudadano" y "movimiento", lo que no ocurre en la denominación del partido político referido.

Por lo anterior, se concluye que si bien el mencionado instituto político "Movimiento Ciudadano" y la solicitante "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", utilizan en su denominación dos palabras idénticas, como son "movimiento" y "ciudadano", lo cierto es que por la manera en que son utilizadas tales palabras y por la conformación en su conjunto dentro de cada denominación, existe diferenciación entre ambas denominaciones.

Así las cosas, esta autoridad estima que al denominarse la solicitante "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" y al haber presentado su documentación con dicha denominación, se tiene por cumplido el requisito a que se refieren los artículos 33, párrafo 2, y 35, párrafo 1, inciso b), ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[…]

35. Que en razón de los considerandos anteriores, y estando dentro del plazo legalmente establecido para resolver sobre la solicitud de registro presentada por la asociación denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su carácter de Comisión Examinadora, con fundamento en el artículo 116 párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el punto VIII, numeral 32 del "Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2014, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin", en sesión celebrada el día quince de mayo de dos mil catorce, aprobó el presente Proyecto de Resolución y lo remitió al Secretario Ejecutivo del Instituto para los efectos señalados en el artículo 129, párrafo 1, inciso b) in fine.

En consecuencia, la Comisión Examinadora somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, con fundamento en lo dispuesto en os artículos 9 y 35, fracción III; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; primer párrafo ín fine del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero de dos mil catorce; 33, párrafos 1 y 2; 35, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5; 105, párrafo 1, incisos a) y d); 116, párrafos 1, 2, 5 y 6; 129, párrafo 1, incisos a), b) e ¡); 177, párrafo 4; 199, párrafos, 8 y 9; y 345, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; puntos I, II, III, IV, V, VI, Vil y VIII del Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional en el año 2014, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin; y numeral 202 de los Lineamientos Generales para la Depuración del Padrón Electoral; y en ejercicio de la atribución que se le confiere en el artículo 118, párrafo 1, inciso k), del referido Código Electoral Federal, dicte la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política Nacional, a la asociación denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", bajo la denominación "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", que deberá realizar las reformas a sus Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el apartado V, numeral 5 de "EL INSTRUCTIVO" en términos de lo señalado en el Considerando 28 de la presente Resolución, a más tardar el treinta de septiembre de dos mil catorce. Las modificaciones estatutarias deberán realizarse conforme a los Estatutos probados en la presente Resolución y hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso I), del Código invocado, para que, previa Resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.

TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 5, párrafo 9, incisos e) y f), en relación con el artículo 102, párrafo 2, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CUARTO. La Agrupación Política Nacional deberá notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la integración definitiva de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, su domicilio social y número telefónico a más tardar el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de conformidad con lo establecido por el apartado IV del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y partidos políticos; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los consejos del Instituto Federal Electoral.

QUINTO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, a la Agrupación Política Nacional denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

SEXTO. Expídase el certificado de registro a la Agrupación Política Nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase en el Libro de registro respectivo.

CUARTO. Los motivos de inconformidad expresados por el apelante son:

AGRAVIOS

ÚNICO.- La Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con el Número INE/CG23/2014, de fecha veintiuno de mayo del año en curso, por medio de la cual se otorga el registro como Agrupación Política Nacional, a la Asociación de Ciudadanos denominada "FRENTE NACIONAL CIUDADANO EN MOVIMIENTO", porque en la misma la responsable acepta una denominación similar a la de mi representado "MOVIMIENTO CIUDADANO", lo cual contraviene el artículo 35, apartado 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues atenta contra el principio de identidad consagrado en ese precepto.

Es necesario precisar a esa Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el fin que persigue Movimiento Ciudadano con la presente apelación, no es que se revoque el acuerdo motivo de la misma y se niegue el registro correspondiente a la agrupación política nacional de ciudadanos denominada "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", sino que se ordene al Instituto Nacional Electoral, que otorgue un plazo razonable a la representación legal de dicha asociación, para que modifique su denominación, más aún que se le ha concedido un tiempo perentorio para reformar sus estatutos, en términos del Resolutivo Cuarto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya mencionado y que es motivo de la presente apelación.

Es el caso que se lesionan los derechos de Movimiento Ciudadano, al permitir que una asociación de ciudadanos que se constituye como Agrupación Política Nacional, cuente con una denominación semejante, que se presta a confusión en la ciudadanía, es decir, se trata de dos personas jurídicas distintas, con diferentes objetivos, pero que coexisten en el ámbito electoral, por lo que no se pueden denominar de manera semejante, esto es "Movimiento Ciudadano" y "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

La denominación o razón social de una persona moral o jurídica, al igual que el nombre en las personas físicas, tiene como función, la de establecer su identidad, mediante elementos distintivos respecto de las demás personas, a fin de evitar confusiones, lo que contribuye a la seguridad de toda clase de relaciones en que se vean involucradas; las de carácter jurídico en todas sus manifestaciones; las de índole social y las vinculaciones económicas, pues lo realizado u omitido por un individuo o entidad en cualquiera de esos ámbitos, repercute invariablemente en las personas a través de su nombre o denominación.

Las asociaciones de carácter político, no constituyen una excepción en ese aspecto, por lo cual la calificación positiva o negativa de sus actitudes u omisiones, se verá unida siempre a la denominación adoptada.

El legislador tomo en consideración esa realidad, y la reflejó en el artículo 35, apartado 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer la obligación para las agrupaciones políticas nacionales, de tener una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político, como requisito para obtener el registro.

El contenido de esta disposición legal, hace recaer una obligación en los órganos del Instituto Nacional Electoral competentes para tramitar y resolver las solicitudes de registro presentadas, consistente en revisar si la denominación asumida por una asociación solicitante es distinta de las elegidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas registradas, así como de las adoptadas por las restantes asociaciones cuya solicitud de registro esté en trámite, con el propósito de evitar la contravención al precepto legal en comento.

De una apreciación visual, tenemos que las denominaciones del partido político nacional y la agrupación política, no son idénticas, pero sí semejantes, al contener ambas las palabras "Movimiento" y "Ciudadano", como características fundamentales de su denominación, lo cual se traduce en la alta probabilidad de provocar confusión entre la ciudadanía para distinguir o identificar cuando se hace referencia a cada una de ellas, ya sea en los medios de comunicación, por las autoridades correspondientes o la ciudadanía en general, por lo que resulta indubitable la insatisfacción de la exigencia prevista en el artículo 35, apartado l, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en lo que interesa establece:

"Artículo 35

1 Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite, deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido."

De la disposición en cita, se desprende la limitación relacionada con los elementos que debe contener la denominación, así como el empleo que se dé a los mismos, a efecto de que no produzca confusión con los acogidos por otros partidos políticos, y esto se deduce del hecho de que el objeto perseguido por el legislador, consiste precisamente en que con ellos se caractericen y diferencien de otros partidos políticos, esto es, que se individualicen, de todo lo cual se colige que en los casos en que no se consiga la diferenciación perseguida e, incluso, se provoque confusión con otros entes políticos, se considere que se aparta del objeto legal destacado.

Esta situación de confusión e incertidumbre, infringe el principio de identidad citado, por lo cual se hace incompatible la coexistencia de dos entes políticos bajo esa denominación, por lo que es necesario lograr la distinción correspondiente, a través de la modificación que la agrupación política nacional realice de su denominación, pues mi representado la obtuvo con antelación.

La denominación de cada partido político, tiene como fin distinguirlo y particularizarlo de los demás, Movimiento Ciudadano desde la obtención de su registro ante el Instituto Federal Electoral con la denominación de "Convergencia por la Democracia" y posteriormente, con el cambio de su denominación a "Convergencia" y por último a "Movimiento Ciudadano", ha venido participando en los procesos electorales tanto federales como locales y ha realizado una serie de actos inherentes a sus actividades ordinarias, como son, entre otras, la divulgación ideológica y la participación política, teniendo siempre como signo distintivo de su publicidad y propaganda, su nombre que, constituye la representación simbólica de ese instituto político, razón por la cual no deben aceptarse o permitirse semejanzas en el nombre que se presten a confusión, ya que se vulneran también los principios de objetividad y de certeza.

Es el caso que la denominación de la Agrupación Política Nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", resulta similar o semejante a la previamente autorizada a Movimiento Ciudadano, con registro Nacional de Partido Político, lo cual deriva en una grave violación a sus derechos, al contravenir los artículos 27 párrafo 1, inciso a) y 38, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, transgrediendo con ello los principios de legalidad, certeza y objetividad.

Por otra parte, el artículo 34 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, marco jurídico en el que se sustenta el otorgamiento del registro que se combate, menciona que las agrupaciones políticas nacionales, podrán participar en los procesos electorales federales, mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición y que en la propaganda electoral se podrá mencionar a la agrupación participante, derivado de lo anterior, si la agrupación política "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", llegase a firmar acuerdo de participación política con un partido o coalición, bajo esa denominación, causaría una confusión en el lectorado, al dar a entender que mi representado Movimiento Ciudadano, estaría participando, cuando no es así, causando un daño irreparable.

No obstante a lo anterior, los artículos 93 y 94 del mismo Código, señalan que los partidos políticos nacionales son los únicos que podrán constituir un "Frente", para objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante la celebración de un Convenio bajo la denominación de "Frente", razón por la cual, la resolución que hoy se impugna, referente a la multicitada agrupación, deja de respetar los artículos indicados y propicia a que también se pueda crear confusión en el electorado, dado que su denominación es "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", violando los principios de legalidad, objetividad y certeza, lo que produce el consiguiente agravio en perjuicio de Movimiento Ciudadano y de la ciudadanía en general.

La autoridad responsable al realizar el análisis de la documentación presentada por la Agrupación Política Nacional, debió recurrir, en cuanto a su denominación, al criterio funcional de interpretación del artículo 35, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al que se refieren los artículos 3, párrafo 2 del propio Código y el 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin acceder a los fines del ordenamiento; al no hacerlo y concretarse solo a una interpretación gramatical para sustentar su resolución, se produce el consiguiente agravio en perjuicio de Movimiento Ciudadano, dado que la resolución motivo de la presente apelación, implícitamente acepta y tiene por válida la denominación de dicha agrupación y permite la utilización de un nombre previamente autorizado, lesionando de manera flagrante lo dispuesto por el artículo 27 párrafo 1 inciso a) de la Ley Comicial que establece:

"Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;"

Lo anterior porque los partidos políticos, como entidades de interés público, son sujetos obligados no solo de normas de naturaleza electoral, sino también de normas de cualquier otra índole, por la personalidad jurídica con que cuentan.

No se omite mencionar a esa Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la resolución dictada en el expediente SUP-RAP-35/2005, con fecha dos de junio del año dos mil cinco, dejó sin efecto la denominación de la Agrupación Política Nacional "Convergencia Nacional de Ciudadanos, con el cual se le concedió el registro, por la similitud o semejanza con la denominación de "Convergencia", con registro nacional de partido político. Lo que constituye un precedente en la resolución del presente asunto.

Consideraciones de hecho y de derecho por las cuales se pide se revoque el acuerdo controvertido, por cuanto hace a la denominación con que se ostenta la Agrupación Política Nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

QUINTO. Estudio de fondo.

1. Aspectos preliminares

El partido político Movimiento Ciudadano pone a debate la resolución emitida el veintiuno de mayo de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual aprobó el registro de la Asociación Política Nacional con la denominación "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

Sobre el punto en específico, la responsable-mediante el análisis semántico de los vocablos "movimiento" y "ciudadano"-, determinó que la denominación solicitada en los términos apuntados, contenía una diferencia considerable a la utilizada por el instituto político Movimiento Ciudadano, por lo que tuvo por colmado el requisito establecido en el artículo 35, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para arribar a esa conclusión, la autoridad administrativa nacional, en esencia, sostuvo lo siguiente:

i. La denominación del partido político utilizaba dos palabras (movimiento ciudadano), mientras que la asociación añade otras palabras que la complementan (Frente Nacional/en).

ii. El partido político utiliza la palabra "movimiento" como sustantivo, mientras que la asociación la emplea como adjetivo.

iii. El partido político utiliza la palabra "ciudadano" como adjetivo, en tanto que la asociación la emplea como sustantivo.

iv. La asociación utiliza la preposición "en" entre las palabras "ciudadano" y "movimiento", lo que no ocurre en la denominación del partido político.

v. El nombre del partido político denota un fenómeno de las cosas (movimiento), con una característica determinada (ciudadano); en tanto que el de la asociación sugiere un grupo de individuos (ciudadanos) en una condición específica (en movimiento).

Como se ve, la autoridad responsable realizó únicamente un ejercicio semántico de los vocablos que componen las denominaciones de ambas fuerzas políticas mencionadas, con el que sostuvo el cumplimiento del requisito exigido en el mencionado artículo 35, inciso b), del código electoral federal y otorgó el registro de la asociación política nacional mencionada con la denominación Frente Nacional Ciudadano en Movimiento.

2. Postura del apelante

En este contexto, el apelante asegura que las denominaciones del partido político Movimiento Ciudadano y la agrupación política Frente Nacional Ciudadano en Movimiento generan confusión, al contener las palabras "ciudadano" y "movimiento" como características fundamentales de su composición, lo que a su juicio, impide que la ciudadanía distinga o identifique las opciones políticas, tanto en los medios de comunicación como por las autoridades correspondientes.

Sobre esa línea, señala que la determinación impugnada infringe el principio de identidad, en virtud que el análisis gramatical de los vocablos referidos efectuado por la responsable, permitió a la agrupación política nacional mencionada la utilización de una denominación similar a la que el partido político utiliza desde el siete de octubre de dos mil once, cuando el Consejo General de la autoridad administrativa aprobó el cambio de denominación del instituto político Convergencia a Movimiento Ciudadano.

Agrega que la confusión se puede generar también frente al electorado, principalmente, en una eventual participación en procesos electorales federales, mediante acuerdos de participación con partidos políticos o coaliciones y ante las autoridades.

En este contexto, el actor pone a debate la posible vulneración al derecho de identidad, como elemento fundamental del contenido esencial del derecho político electoral de asociación política.

3. Problema jurídico planteado

Bajo esta lógica, lo procedente es determinar si la similitud entre la denominación elegida por la agrupación política nacional Frente Nacional Ciudadano en Movimiento para solicitar su registro y la autorizada previamente a favor del partido político Movimiento Ciudadano, existe probabilidad seria de confusión en el ámbito de actuación de las fuerzas políticas mencionadas y de frente ala ciudadanía.

Para ello, esta Sala Superior estima que para la solución de la controversia, es necesario interpretar la norma legal establecida en el artículo 35, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en que la denominación con la que solicite dicho registro sea distinta a cualquier otra agrupación o partido, desde la perspectiva constitucional del contenido esencial del derecho de asociación política, a efecto de determinar la finalidad del mencionado requisito.

4. Marco normativo aplicable

Con ese propósito, en principio, se estima necesario hacer alusión al marco normativo nacional e internacional, respecto al derecho de asociación, donde se realizará especial énfasis en la libertad de asociación política.

El artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho general de asociación, como la libertad elemental de todos los habitantes para reunirse pacíficamente a fin de tomar parte en los asuntos políticos del país.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que este derecho se traduce en la potestad que tienen las personas físicas o jurídicas de unirse para constituir otra persona moral con sustantividad propia y distinta a la de los asociantes para la consecución de ciertos fines lícitos, cuya realización es constate y permanente.1

1 Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia P./J. 28/95, cuyo rubro es: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACIÓN OBLIGATORIA. EL ARTÍCULO 5| DE LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 9° CONSTITUCIONAL.

La línea argumentativa utilizada por la Suprema Corte, permite advertir que el libre ejercicio del derecho de asociación comprende igualmente el derecho constitucional que una asociación cuente con identidad propia; esto es, reconoce a las entidades, en el ejercicio del mencionado derecho, el derecho de contar con personalidad jurídica propia.

En la justicia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de asociarse protegido por el artículo16 de la Convención Americana se manifiesta como el derecho a formar asociaciones y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse, mantenerse o separarse de una asociación.2

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C. No. 72, párr. 159.

A partir de esta premisa, la citada Corte3 ha desarrollado una conceptualización de la libertad de asociación en dos dimensiones, a saber: (i) individual, la cual abarca el derecho de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho y, (ii) social, reconoce y protege el derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Huila Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 3 de Marzo de 2005. Serie C No. 121, párrs. 69 -72.

Respecto a la dimensión social, la Corte Interamericana ha sostenido que la libertad de asociación es un medio que permite a los integrantes de un grupo o colectividad alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de ellos.

Por otro lado, la libertad de asociación tiene una de sus manifestaciones particulares más importantes en el derecho de asociación política, reconocido en los artículos35, fracción III y 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado en conjunto estos preceptos. Así, ha sostenido que el artículo 35, fracción III, reconoce el derecho ciudadano de asociarse individual y libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país.

De igual forma, ha puntualizado que la creación de los partidos políticos y agrupaciones políticas es la manifestación particular más común en el estado constitucional democrático de este derecho de asociación política. Asimismo ha sostenido que el derecho a formar fuerzas políticas o afiliarse a ellas se reconoce en el artículo41 fracción I, de la propia Constitución solamente a los ciudadanos.

De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte, la libertad de asociación promueve y garantiza la diversidad ideológica necesaria en una democracia, en virtud que la libre asociación permite al ciudadano la libertad de tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país.4

4 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2006 Y SUS ACUMULADAS 29/2006 Y 30/2006. Sentencia definitiva de 15 de octubre de 2010. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=

84232> (10 de julio de 2013). p. 195.

El derecho o libertad de asociación política garantiza la formación de asociaciones de diversas tendencias ideológicas, que fortalecen la vida democrática del país. Esta libertad permite que cualquier ciudadano pueda ser parte de esas organizaciones.5

5 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2004 Y SU ACUMULADA 9/2004.p. 10.

Sobre la propia línea de interpretación, esta Sala Superior se ha pronunciado también sobre la libertad de asociación política. Al respecto, ha establecido que para proteger el derecho de asociación política que les da origen, las fuerzas políticas deben regirse por los principios de representatividad ciudadana; de permanencia, ya que son entidades que se constituyen para influir políticamente en el seno de la sociedad de modo perdurable; con fuerza ideológica propia, que pretenden poner en práctica a través del sufragio democrático; sus principales finalidades son la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.6

6 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior. Tesis: S3ELJ 25/2002. DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. Época: Tercera. Tipo de tesis: jurisprudencia.

Por otro lado, es importante mencionar que de acuerdo con jurisprudencia de esta Sala Superior existe un derecho de afiliación del ciudadano político-electoral a los partidos políticos y agrupaciones políticas.

Este es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la potestad de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas y a pertenecer a ellos con todos los derechos inherentes.7

7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior SUP-JDC-514/2008, sentencia del 31 de julio de 2008. Disponible: <http://www.te.gob.mx/ documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/21_SUP-JDC-514-2008.pdf> (10 de julio de 20013).

Para el ejercicio de este derecho político electoral cada ciudadano, libre e individualmente, deberá manifestar su voluntad de pertenecer a una determinada fuerza política, de acuerdo con sus preferencias de esta índole.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el artículo16 de la Convención protege el derecho de asociarse con fines políticos. En esa lógica ha establecido también que la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante instituciones que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios. Esto incluye también la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio.8

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 201.

Lo hasta aquí expuesto, pone de manifiesto que dentro del contenido esencial del derecho de asociación política, se encuentran inmersos dos elementos que garantizan su eficaz y efectivo ejercicio, a saber: (i) uno individual, enfocado a reconocer el derecho de identidad como elemento determinante de distinción de frente a otras fuerzas políticas y, (ii) otro social, orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los demás derechos político-electorales de la ciudadanía, que se proyecta en el acto de elección de opciones políticas.

Ahora bien, es importante mencionar que el ejercicio del derecho fundamental de asociación política no es absoluto e ilimitado. Su creación, integración y participación en los procesos electorales está definida por las decisiones del Poder Legislativo en el ámbito de su competencia – federal o local-, quien es el facultado para determinar la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política.

En este contexto, para el ejercicio del derecho de asociación política, en la vertiente de creación de una asociación política nacional, el legislador ordinario dispuso, en el artículo 35, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como requisito para el registro, que la denominación solicitada fuera distinta a la de cualquier otra agrupación o partido político.

Esto es, dicho precepto legal establece como condición diferenciadora para obtener el registro como agrupación política nacional, que la denominación elegida por la asociación contenga signos particulares que logren establecer una distinción razonable entre fuerzas políticas con registro vigente, sea agrupación política o partido político.

A juicio de esta Sala Superior y conforme a la interpretación armónica de los artículos 9°, 35, fracción III, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso 16 de la Convención Americana de Derechos, en relación con el diverso 35, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es válido deducir que el requisito que el legislador federal estableció en el precepto legal mencionado, relativo al elemento diferenciador entre las dominaciones utilizadas por las fuerzas políticas tiene como finalidad fundamental evitar riesgos de confusión en el ejercicio del derecho de asociación política entre las opciones políticas existentes, tanto en el ámbito de actuación individual como de frente a la ciudadanía, principalmente ante el electorado.

Esto es, el ámbito de protección del derecho de asociación política impacta en ambos aspectos, protegiendo el derecho de las fuerzas políticas a ser identificables en el marco de su ámbito de actuación, pero sobre todo, el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al momento de elegir la opción política de su preferencia.

En efecto, garantiza el aspecto individual de las agrupaciones políticas nacionales a contar con una identidad propia que las distinga en su entorno, esto es, que marque una diferencia razonable con las demás opciones políticas de cara a la ciudadanía, en especial, con los electores, así como frente a las actividades ordinarias y extraordinarias que realiza.

Al respecto, es importante mencionar que la denominación de una persona jurídica, al igual que el nombre en las personas físicas tiene como primera función establecer su identidad, mediante elementos distintivos respecto de las demás personas, a fin de evitar confusiones; aspecto que contribuye a la seguridad de toda clase de relaciones en que se ven involucradas, como: las de carácter jurídico en todas sus manifestaciones; las de índole social y las vinculaciones económicas, ya que lo realizado u omitido por una entidad en cualquiera de esos ámbitos repercute en las personas a través de su nombre o denominación.

Las asociaciones de carácter político, de manera alguna constituyen una excepción en este aspecto, por lo que la calificación positiva o negativa de sus actitudes, actividades u omisiones, se verá unida siempre a la denominación adoptada; de manera que este derecho es una expresión de la individualidad, por cuanto un signo distintivo ante las demás opciones políticas.

De igual manera, esta Sala Superior advierte que el alcance normativo del citado derecho fundamental irradia en la tutela del ejercicio pleno y eficaz de los derechos político-electorales de la ciudadanía, habida cuenta que les permite elegir la opción política de su preferencia, con diferencias razonables respecto de otras existen para que se formen una opinión clara y libre sobre sus opciones políticas.

Es así, ya que usualmente la ciudadanía percibe a las opciones políticas como un todo, sin entrar al examen de sus componentes o finalidad política que persigue.

En este contexto, esta Sala Superior estima que para determinar el grado de similitud o diferencia existentes entre las denominaciones utilizadas entre las fuerzas políticas en conflicto, es necesario atender a las circunstancias integrales que ocurren en cada caso concreto, desde una perspectiva racional y lógica que atienda a un examen gramatical y esencialmente semántico de cada uno de los componentes de las denominaciones en conflicto pero, sobre todo, un análisis del impacto y presencia de riesgo de confusión frente a la ciudadanía.

5. Análisis del caso concreto

Esta Sala Superior considera que los motivos de disenso hechos valer por el ahora apelante resultan fundados y suficientes para modificar la resolución puesta a debate, en virtud que la denominación aprobada a favor de la agrupación política nacional Frente Nacional Ciudadano en Movimiento, es razonable considerar que puede llegar agenerar confusión en el ámbito de actuación del apelante y frente a la ciudadanía, ya que el grado de similitud en la denominación y fonética, de forma alguna, se ve compensado con alguna diferencia razonable que la distinga de la utilizada previamente por Movimiento Ciudadano, como en seguida se explica.

a. Análisis gramatical y semántico de los componentes de las denominaciones

En el presente caso, es un hecho notorio para esta Sala Superior que el siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el cambio de denominación del instituto político Convergencia a Movimiento Ciudadano.

El veintiuno de mayo de dos mil catorce, la responsable aprobó el registro de la agrupación política nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento".

Este órgano jurisdiccional advierte que las denominaciones del partido político nacional y la agrupación política no son idénticas, pero sí semejantes, al contener ambas las palabras "movimiento" y "ciudadano" como características fundamentales de su denominación, lo cual, en principio se traduce en la probabilidad de provocar confusión entre la ciudadanía para distinguir o identificar cuándo se hace referencia a cada una de ellas.

Ciertamente, como lo sostuvo la responsable, el partido político Movimiento Ciudadano utiliza la palabra "movimiento" como sustantivo, en tanto que "ciudadano" se usa como adjetivo, con la intención de expresar la cualidad del sustantivo.

Por su parte, la asociación política nacional utiliza como principal componente de su denominación la frase Ciudadano en Movimiento, con independencia que anteponga a dicha denominación la frase "Frente Nacional".

En esta lógica, la composición de esta denominación utiliza como sustantivo el vocablo "ciudadano"; enseguida incluye la preposición "en", con el fin de hacer notar el status de la palabra "movimiento".

A juicio de este órgano jurisdiccional, resultan insuficientes las diferencias que contiene la denominación de la agrupación política electoral "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", de frente a la utilizada previamente por Movimiento Ciudadano, para concluir que pueden coexistir con esas denominaciones, porque:

- Con independencia del orden invertido de los vocablos "movimiento" y "ciudadano", utilizados en ambas denominaciones, la palabra "ciudadano" es portadora de la información básica que manifiesta una connotación de ciudadanos realizando alguna actividad (en el caso, con fines políticos).

- La frase "Frente Nacional" que se antepone en la denominación de la agrupación política es insuficiente para juzgar que a partir de ella se aclara cualquier diferencia, si se tiene en cuenta que puede identificar tanto al partido político como a la agrupación política, puesto que ambos cumplen con esa característica que abarca un ámbito territorial.

- Al estar los vocablos "movimiento" y "ciudadano" en ambas denominaciones, las cuales implican la misma acción, puede generar la impresión de relación o vinculación entre sí.

- Ambas fuerzas políticas están integradas por ciudadanos para la consecución de fines políticos, de tal suerte que la utilización de la palabra "ciudadano", en lugar de distinguir a las fuerzas políticas las identifica.

- La preposición "en" tampoco puede estimarse como un elemento diferenciador entre los nombres analizados, ya que sólo se trata de una preposición cuya finalidad es identificar propiedad o pertenencia a algo.

Como se ve, las diferencias gramaticales y semánticas en la composición de ambas denominaciones son insuficientes, lo cual provoca que la denominación de la agrupación política sea de posible identificación con el instituto político, con el sólo nombre, circunstancia que, en forma alguna privilegia el principio de identidad que debe cumplirse.

En este contexto, al ser de reciente creación la asociación política nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento", la ciudadanía cuenta con escaso conocimiento sobre su existencia, lo que no abona a considerar que la ciudadanía esté familiarizada con ambas denominaciones y que, por tanto las pueda identificar sin confusión.

Incluso, cabe la posibilidad que el ciudadano asocie o vincule a la agrupación política nacional con el instituto político apelante y, con ello, confunda las opciones que cada fuerza política le ofrece, menoscabando con este hecho el ejercicio pleno y eficaz de sus derechos fundamentales de carácter político-electoral.

Por otra parte, es importante mencionar que la diferencia fonética entre ambas denominaciones es mínima, en tanto se trata de la identificación verbal. Es así, ya que ambas opciones políticas utilizan como factor dominante del nombre, dos vocablos idénticos:"ciudadano" y "movimiento",lo que impide que el receptor del sonido lingüístico aprecie, con suficiente claridad, los elementos diferenciadores entre las propuestas políticas que se analizan.

Otro factor que impera destacar, es la naturaleza y finalidad de las fuerzas políticas. Al respecto, según vimos, el marco normativo aplicable al caso, reconoce a ambas fuerzas políticas como entidades de interés público de naturaleza política, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

De igual forma, ambas fuerzas políticas buscan influir políticamente en el seno de la sociedad, mediante su ideología que pretenden poner en práctica, a través del sufragio democrático y la afiliación de ciudadanos a sus filas.

Lo anterior significa que ambas opciones políticas se muestran ante la ciudadanía como un mecanismo para el ejercicio del poder público.

En mérito de lo anterior, esta Sala Superior llega a la conclusión que la agrupación política nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" incumplió con la exigencia prevista en el artículo 35, apartado 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud que la similitud que existe entre su denominación y la utilizada previamente por Movimiento Ciudadano puede razonablemente generar confusión entre la ciudadanía, quien será la principal destinataria de las actividades políticas de ambas personas jurídicas.

Empero, lo anterior de ninguna forma implica rechazar el registro de la agrupación política mencionada, puesto que esta Sala Superior ha considerado9 que cuando una asociación solicita el registro como agrupación política nacional y reúne todos los requisitos esenciales exigidos por la ley, pero si uno de ellos contiene alguna deficiencia o irregularidad -como cuando la denominación escogida guarda relación de semejanza con la de otra agrupación o partido político con registro anterior-, el órgano competente del Instituto Nacional Electoral, al percatarse de esa situación, debe prevenir a la agrupación política y otorgarle un plazo razonable para modificarla, a fin de conseguir la función distintiva correspondiente, expresando con precisión con cuál otra agrupación o partido se puede producir la confusión, y los motivos para considerarlo así, situación que sólo en caso de omisión en su atención oportuna, tendría como consecuencia la negación del registro en la resolución atinente.

9 Véase SUP-RAP-35/2005

6. Efectos de la sentencia

Por tanto, a juicio de esta Sala Superior, lo procedente es declarar fundado el medio de impugnación, para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establezca que no puede admitirse como denominación de la asociación registrada la de Frente Nacional Ciudadano en Movimiento, para lo cual debe dársele la oportunidad de modificarla y vincular el registro otorgado a la satisfacción de la prevención, con el apercibimiento de tenerlo por insatisfecho si incumple el requerimiento dentro de un plazo razonable, y de acuerdo con la ley y su propia normatividad estatutaria.

En consecuencia, procede modificar la resolución impugnada, para el efecto de no tener por admitida la denominación Frente Nacional Ciudadano en Movimiento, y que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por sí o por medio del órgano competente dentro de su organización interna proceda del modo siguiente:

a) Conceda a la Agrupación Política "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" un término de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución, para que realice el cambio de su denominación, a efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos

b) Requiera a la agrupación para que una vez realizada la adecuación, la haga del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el término establecido por el artículo 38, apartado 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el que a través del dictamen previo correspondiente, determine si está cumplido o no el requerimiento, y proceda en consecuencia.

c) Aperciba a la agrupación, por medio de notificación personal a su representante legal que, en caso de incumplir con la prevención, se declarará sin efectos el registro otorgado como agrupación política nacional.

d) Una vez realizado lo anterior, informar a esta Sala Superior el resultado.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se modifica la resolución emitida el veintiuno de mayo de dos mil catorce por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para dejar sin efecto la denominación de la agrupación política nacional "Frente Nacional Ciudadano en Movimiento" con la cual se concedió el registro.

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe proceder en los términos indicados en el apartado 6del considerando QUINTO de esta ejecutoria.

Notifíquese: personalmente al partido político Movimiento Ciudadano, en la dirección señalada en autos; por correo electrónico a la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados. Lo anterior, en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de los Magistrados Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.