ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: SUP-AG-26/2015

PROMOVENTE: TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ Y MARTÍN JUÁREZ MORA

México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del expediente SUP-AG-26/2015, promovido por Carlos Alberto Ferrer Silva, en su carácter de Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto a la solicitud de intervención de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se determine quién es la autoridad competente para conocer y resolver de la queja interpuesta por Rocío Sánchez Ruiz y Mercedes Muñoz Liberato, por la probable realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como la supuesta promoción personalizada y uso de recursos públicos, atribuible a Ariadna Montiel Reyes, en su carácter de Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Distrito XXXI, en Coyoacán, Distrito Federal; y,

R E S U L T A N D O S:

I.- Antecedentes.- De las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

1.- Queja.- El cuatro de febrero de dos mil quince, Rocío Sánchez Ruiz y Mercedes Muñoz Liberato, interpusieron sendos escritos de queja ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través de los cuales denunciaron diversas conductas que a su consideración podían constituir violaciones a la normativa electoral, atribuidas a Ariadna Montiel Reyes, en su carácter de Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Distrito XXXI, en Coyoacán, Distrito Federal.

Dichas conductas se hicieron consistir en: a) La probable realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña; b) La supuesta promoción personalizada; y, c) Uso de recursos públicos.

2.- Inicio de procedimiento especial sancionador.- Por acuerdo de seis de febrero de dos mil quince, la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal, determinó iniciar el procedimiento especial sancionador derivado del escrito de queja presentado por Rocío Sánchez Ruiz, mismo que fue radicado con la clave IEDF-QCG/PE/021/2015.

Asimismo, por acuerdo de diez de febrero siguiente, la referida Comisión de Asociaciones Políticas, determinó iniciar el procedimiento especial sancionador derivado del escrito de queja presentado por Mercedes Muñoz Liberato, mismo que fue radicado con la clave IEDF-QCG/PE/024/2015.

En este último acuerdo se determinó acumular el expediente IEDF-QCG/PE/024/2015 al diverso IEDF-QCG/PE/021/2015.

3.- Cierre de instrucción.- Sustanciado el procedimiento especial sancionador en cuestión, el veinticuatro de marzo del presente año, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar el expediente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal para el efecto de que elaborara el Dictamen correspondiente, a fin de remitirlo al Tribunal Electoral del Distrito Federal para que resolviera lo que en Derecho correspondiera, mismo que fue radicado con la clave TEDF-PES-021/2015.

4.- Acuerdo plenario del Tribunal Electoral local.- El siete de abril del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal determinó, en lo que interesa, que no era procedente resolver el indicado procedimiento especial sancionador TEDF-PES-021/2015, ordenando su remisión al Instituto Nacional Electoral, a fin de que resolviera el citado procedimiento.

5.- Acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.- El nueve de abril de dos mil quince, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dictó un Acuerdo dentro del Cuaderno de Antecedentes correspondiente al expediente UT/SCG/CA/TEDF/49/2015, mediante el cual determinó, en lo que interesa, solicitar la intervención de esta Sala Superior a fin de que se defina quién es la autoridad competente para conocer sobre las conductas denunciadas objeto del expediente TEDF-PES-021/2015, del cual se declaró incompetente el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

6.- Trámite y sustanciación.- a) En su oportunidad, mediante proveído de veintidós de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente de Asunto General, mismo que fue radicado con la clave SUP-AG-26/2015 y dispuso turnarlo a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b) Dicho Acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-3684/15, de la misma fecha, suscrito por la Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones de esta Sala Superior.

c) En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó y admitió a trámite el Asunto General al rubro citado y declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Actuación colegiada.- La materia sobre la que versa la resolución que se emite compete a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuando en forma colegiada, en atención a lo sostenido en la Jurisprudencia 11/99, visible a fojas 447 a 449, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro es: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR."

Lo anterior, en virtud de que en este caso se trata de determinar a qué autoridad electoral le corresponde conocer y resolver la queja presentada por Rocío Sánchez Ruiz y Mercedes Muñoz Liberato, por la probable realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como la supuesta promoción personalizada y uso de recursos públicos, atribuible a Ariadna Montiel Reyes, en su carácter de Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Distrito XXXI, en Coyoacán, Distrito Federal.

SEGUNDO.- Estudio de fondo.- Como ya se señaló en el presente asunto general se debe determinar qué autoridad es la competente para conocer sobre la denuncia presentada por Rocío Sánchez Ruiz y Mercedes Muñoz Liberato, por la probable realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como la supuesta promoción personalizada y uso de recursos públicos, atribuible a Ariadna Montiel Reyes, en su carácter de Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Distrito XXXI, en Coyoacán, Distrito Federal, relacionadas con el Segundo Informe de Labores.

2. Distribución de competencias.

Como cuestión preliminar es importante destacar que el régimen sancionador prevé diferentes competencias para conocer de infracciones relacionadas con: i) el régimen de propaganda política, ii) la propaganda gubernamental e institucional, iii) los informes de labores de los servidores públicos, iv) la promoción personalizada mediante la utilización de recursos públicos con propósitos electorales, así como, v) la relacionada con violaciones al modelo constitucional de comunicación política.

En lo que es materia de controversia en el presente asunto general, se debe determinar la competencia para conocer sobre la alegada promoción personalizada, la utilización de recursos públicos y los actos anticipados de campaña.

2.1.Promoción personalizada. Por lo que corresponde a la competencia para conocer sobre presuntas violaciones a la promoción personalizada de los servidores públicos, esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que los organismos públicos locales son competentes para conocer de violaciones al respecto. En efecto, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución; y Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; se advierte que las autoridades electorales administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.

2.2.Elecciones inescindibles. No obstante lo anterior, puede darse el caso en que se aduzca la violación al referido artículo 134 Constitucional pero con el señalamiento de una presunta afectación simultánea e inescindible a los procesos electorales federal y local.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada el criterio consistente en que el conocimiento de las posibles violaciones al artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución General de la República corresponderá a la autoridad electoral federal –a partir de la reforma constitucional del año 2014, de carácter Nacional– conocer de las denuncias o quejas sobre tales violaciones, cuando la conducta infractora afecte simultáneamente a un proceso electoral federal y a uno local por ser concurrentes y siempre que resulte jurídicamente imposible dividir la materia de la queja que se presente para hacer del conocimiento de la autoridad los hechos que se consideran irregulares.

2.3.Utilización de recursos públicos. Al respecto, el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, prescribe una orientación general para que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral. Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son asignados garantiza que no haya una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la competencia que exista entre los partidos políticos.

En este sentido, la norma constitucional que prevé el principio de la prevalencia de la aplicación imparcial y equitativa de los recursos públicos se encuentra enlazada a "la competencia entre los partidos políticos" es decir, a los procesos electorales.

De ahí que el conocimiento de violaciones al referido principio constitucional se orientará a partir del tipo de elección en el que se participe, de suerte que si se participa en una elección local, será la autoridad electoral de la entidad donde se desarrolle el proceso electoral y, en esa misma lógica, si la afectación es a la elección federal, corresponderá al Instituto Nacional Electoral el conocimiento de la infracción.

2.4.Actos anticipados de campaña. Al respecto, la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra.

En el ámbito federal, los artículos 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que constituyen infracciones de los partidos políticos la realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos, así como que constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso.

Respecto a la competencia para conocer sobre violaciones por actos anticipados de precampaña o campaña, la repercusión o incidencia al proceso electoral que se afecte configura un elemento orientador para definir la competencia del órgano al que corresponde conocer de la infracción.

En ese sentido, si lo que se busca tutelar es la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la queja a aquélla instancia administrativa electoral que organice el proceso electoral que se ve afectado.

3. Análisis del caso.- En el presente caso, los hechos relevantes para definir la competencia son los siguientes:

Hechos denunciados.- Promoción personalizada, utilización de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

Sujeto denunciado.- C. Ariadna Montiel Reyes, en su calidad de Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Temporalidad de los hechos.- Conforme con lo manifestado por la denunciante, la evidencia de los hechos denunciados consta en el acta notarial, de veintitrés de enero del año en curso, de la fe de los Notarios Públicos 169 y 226 del Distrito Federal, que asentó la existencia de la propaganda en cuestión, que contenía la imagen de la citada Diputada local, así como el emblema de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Partido de la Revolución Democrática.

•Medio de comisión.- Propaganda consistente en lonas y carteles colocados en diferentes puntos de la delegación Coayoacán, en la Ciudad de México, todos ellos relativos al Segundo Informe de labores de la asambleísta Adriadna Montiel Reyes.

•Cargo al que fue registrada la denunciada.- Candidata propietaria al cargo de Diputada Federal por el principio de mayoría relativa por el distrito 23 de esta Ciudad, postulada por la coalición flexible denominada "de izquierda progresista".

De los elementos antes descritos, esta Sala Superior considera que la competencia para conocer del procedimiento sancionador seguido en contra de la denunciada, se surte en favor de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Ello porque, si bien es cierto que las instancias locales son competentes para conocer y resolver sobre infracciones al artículo 134 de la Constitución (promoción personalizada y utilización de recursos públicos) no menos cierto es que esa competencia está condicionada a la incidencia de un proceso electoral, el cual determinará la competencia entre la autoridad local o nacional.

Aunado a lo anterior, como ya se refirió, cuando la violación al referido artículo 134 Constitucional, incida de manera indisoluble y simultánea en un proceso electoral federal y otro local, la competencia para conocer de la infracción corresponderá al Instituto Nacional Electoral.

Frente a los dos supuestos anteriores, esta Sala Superior llega a la convicción de que la denuncia por la colocación de lonas y carteles imputable a la C. Ariadna Montiel Reyes, en la que se atribuyen actos de promoción personalizada y utilización de recursos públicos corresponde al Instituto Nacional Electoral, en tanto que, no es posible desvincular los hechos denunciados con el cargo al que participa la referida ciudadana, el cual es de naturaleza federal.

Por lo que hace a la alegada violación a la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, si bien al momento de los hechos no se habían surtido los plazos de registro de candidatos en los procesos electorales local o federal; lo cierto es que al momento en que el Tribunal Electoral del Distrito Federal emitió el acuerdo de incompetencia, ya se sabía que el cargo al que contendería la denunciada, corresponde a uno federal.

A juicio de esta instancia jurisdiccional, los hechos denunciados concatenados con el cargo al que se registró la C. Ariadna Montiel Reyes, podrían tener repercusión en el proceso electoral federal. Por tanto, no se podría actualizar la competencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal al tratarse de conductas que podrían tener como impacto, el posicionamiento del nombre e imagen de la denunciada de manera anticipada ante el electorado para el proceso electoral federal ordinario 2014-2015.

Consecuentemente, se estima que los hechos denunciados son competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, por lo que se deben remitir a ese instituto las constancias que correspondan, a efecto de que resuelva lo que en Derecho proceda.

Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral que de vista al Tribunal Electoral del Distrito Federal con las constancias del expediente del procedimiento especial sancionador, a fin de que éste determine lo que en Derecho proceda.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA:

PRIMERO.- La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral es competente para conocer la queja presentada por Rocío Sánchez Ruiz y Mercedes Muñoz Liberato en contra de la C. Ariadna Montiel Reyes.

SEGUNDO.- Remítanse las constancias que correspondan a la referida Unidad, a efecto de que sustancie lo que en Derecho proceda y, en su caso, remita a la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral.

TERCERO.- Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral que de vista al Tribunal Electoral del Distrito Federal con las constancias del expediente del procedimiento especial sancionador, a fin de que éste determine lo que en Derecho proceda.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

Devuélvanse los documentos que corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones, que autoriza y da fe. Rúbricas.