JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-568/2015

ACTOR: RAFAEL GUARNEROS SALDAÑA

RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIO: JORGE EMILIO SÁNCHEZ CORDERO GROSSMANN

México, Distrito Federal, veinticinco de marzo de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-568/2015, promovido por Rafael Guarneros Saldaña, a fin de impugnar diversos actos y omisiones atribuidas al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes.

1. Elección de Presidente Nacional y Secretario General del Partido Acción Nacional. El dieciocho de mayo de dos mil catorce, los militantes del Partido Acción Nacional eligieron a Gustavo Enrique Madero Muñoz y Ricardo Anaya Cortés como Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político.

2. Solicitud de licencia. El treinta de septiembre de dos mil catorce, Gustavo Enrique Madero Muñoz solicitó licencia a su cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con el objeto de contender en el proceso de selección interna de candidatos a diputados federales en el proceso electoral federal 2014-2015.

3. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El doce de enero de dos mil quince, la Comisión referida llevó a cabo la votación para elegir las tres primeras fórmulas de candidatos de cada circunscripción a diputados federales por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional.

4. Oficio de reincorporación. El dieciocho de enero de dos mil quince, Gustavo Enrique Madero Muñoz informó que daba por concluida la licencia que había solicitado al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, para reincorporarse el diecinueve siguiente.

5. Publicación de aviso de reincorporación en estrados físicos y electrónicos. El dieciocho de enero de dos mil quince, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, fijó en los estrados físicos y electrónicos de ese partido político nacional, el aviso siguiente:

"… en fecha 18 de enero de 2015 se recibió en el Comité Ejecutivo Nacional oficio signado por el C. Gustavo Enrique Madero Muñoz, en donde informa que se reincorpora al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para el periodo que fue electo, en fecha 19 de enero de 2015…"

II. Escritos de petición. El veinticinco y treinta de enero, así como el tres de febrero, todos de la presente anualidad, Rafael Guarneros Saldaña presentó sendos escritos dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, ambos órganos del Partido Acción Nacional, en los que solicitó diversas cuestiones relacionadas con la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del partido, la omisión de iniciar un procedimiento de sanción en contra de los miembros de los mencionados órganos partidistas por incumplimiento a la normativa interna al no haber convocado a la militancia partidista para elegir a un nuevo presidente, así como la falta de definición de un órgano interno para resolver quejas y denuncias contra ese tipo de actos u omisiones.

III. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El catorce de febrero de dos mil quince, Rafael Guarneros Saldaña presentó escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la Dirección General Jurídica del Partido Acción Nacional, a fin de controvertir diversos actos y omisiones atribuidas al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional.

IV. Requerimiento. El tres de marzo de dos mil quince, el Magistrado Instructor acordó requerir a los citados órganos partidistas, esto es, al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, para que informaran sobre el estado procesal que guardan o, en su caso, remitieran las constancias a través de las cuales se hubiere dado contestación a las peticiones mencionadas en el punto II de los resultandos de esta sentencia.

Dicho requerimiento fue desahogado mediante escrito de seis del mismo mes y año, suscrito por el Subdirector Jurídico de Asuntos Internos del Partido Acción Nacional, en el que informó que las referidas peticiones habían sido radicadas "bajo el número de expediente CAI-CEN-024/2015", y que se encontraban "en el orden del día de fecha 9 de marzo de 2015 para ser resuelto en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Comisión Permanente Nacional".

Ello se cumplimentó, mediante oficio número CPN/SG/073/2015, suscrito por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del multicitado instituto político, mismo que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el doce de marzo de dos mil quince, mediante el cual informa sobre los términos y el sentido de la resolución recaída al expediente CAI-CEN-024/2015, adjuntando el original de la cédula de publicitación de la misma y de la cédula de notificación practicada en el domicilio señalado para tal efecto por el peticionario, ahora actor.

V. Turno y trámite. El veinte de febrero de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior determinó integrar el expediente SUP-JDC-568/2015, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos establecidos en los artículos 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. Ampliación de demanda y presentación de pruebas supervenientes. El quince de marzo de la presente anualidad, Rafael Guarneros Saldaña presentó ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito en el que, entre otras cuestiones, combate la legalidad de la respuesta emitida por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CAI-CEN-024/2015, mencionada en el punto IV que antecede.

VII. Radicación y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado ponente determinó radicar el asunto en su ponencia y, al no existir trámite pendiente por desahogar, se declara cerrada la instrucción, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación precisado en el rubro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184 y 186, fracción III, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por un militante de un partido político a fin de controvertir la omisión de dar contestación a diversos escritos por parte de diferentes órganos partidistas, lo cual, en su concepto, violenta su derecho constitucional de petición.

SEGUNDO. Precisión de la pretensión, de los actos reclamados y sus respectivos agravios.

I. En primer término, del escrito de demanda presentado el catorce de febrero de dos mil quince ante la Dirección General Jurídica del Partido Acción Nacional por Rafael Guarneros Saldaña, mismo que dio lugar a la integración del expediente al rubro indicado, se advierte que, en esencia, controvierte lo siguiente:

1. La omisión de dar "respuesta y atención de la peticiones formuladas en los escritos dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional", ambos del Partido Acción Nacional, "los días veinticinco y treinta de enero, y el tres febrero de dos mil quince"; expresando, a manera de agravio, fundamentalmente, que indebidamente se le haya "negado información y orientación", respecto de lo siguiente:

a) La reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que, según el promovente, fue publicitada en medios de prensa sin que se refiriera "una persona responsable del comunicado", además de que estima que la reincorporación incumplió con los plazos previstos en la normativa interna del partido al haberse ampliado indebidamente el periodo de licencia que, con el fin de contender por una candidatura a diputado plurinominal, solicitó el mencionado ciudadano, por lo que la Comisión Permanente del Consejo Nacional fue omisa en iniciar un procedimiento para nombrar nuevo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional; todo lo cual, afirma que, a su vez, constituyen actos de indisciplina e infracciones que deben ser resueltos mediante un procedimiento sancionador, de conformidad con el artículo 121 de los Estatutos Generales del citado partido político.

b) La falta de previsión, en la normativa interna del Partido Acción Nacional, de un órgano de justicia intrapartidista que sea independiente, objetivo e imparcial para conocer sobre la ilegalidad de los actos emitidos por "el Comité Ejecutivo Nacional, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, el Presidente del Consejo Nacional" y los integrantes de dicho consejo, todos del Partido Acción Nacional, lo cual infringe, según su dicho, lo dispuesto por los artículos 43 y 46 de la Ley General de Partidos Políticos, así como su quinto transitorio, en el que se constriñe a los partidos políticos a adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a los previsto en dicha ley y en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el treinta de septiembre de dos mil catorce.

c) La posible "comisión del delito contra la administración de justicia político-electoral y la justicia intrapartidista" por actos y omisiones del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente del Consejo Nacional, relacionados con la obstaculización del acceso a la justicia intrapartidista a los militantes y la simulación de actos de autoridad, dado que, a su juicio, los rasgos de los acuses de recibido de diversos escritos que presentó no corresponden ni se ajustan a las formalidades jurídicas que le otorguen validez.

2. Diversas alegaciones relacionadas con el otorgamiento de licencia y la subsecuente aprobación de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Partido Acción Nacional, expresando, a manera de agravio, sustancialmente, la ilegalidad de las mismas, con base en lo siguiente:

  1. La aprobación de la licencia para separarse del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en favor de Gustavo Enrique Madero Muñoz, con base en el artículo 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular, que, según el actor, aún no había sido aprobado por el Consejo Nacional, como tampoco había sido registrado en el Libro de Registro de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
  2. La reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz "de manera extemporánea al cargo de Presidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional" del citado instituto político, al haber "incumplido lo establecido en el artículo 48 de los Estatutos Generales", así como los artículos "52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular" y "5 del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional".
  3. La aprobación del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos presentados por el citado partido político, ya que el artículo 48 de dicho reglamento extiende indebidamente la ausencia temporal de manera definitiva.

II. En segundo término, el quince de marzo de dos mil quince, el promovente presentó, ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito de ampliación de demanda por hechos que se encuentran íntimamente relacionados con la pretensión deducida y que eran desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda que dio origen al presente juicio mencionada en el punto I que antecede; y del cual se desprende que el actor controvierte, esencialmente lo siguiente:

a) La ilegalidad de la respuesta recaída al expediente CAI-CEN-024/2015, la cual fue emitida por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional el pasado nueve de marzo de dos mil quince, y que sustentó sus razonamientos en lo resuelto por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los diversos juicios ciudadanos identificados con las claves SUP-JDC-411/2015, SUP-JDC-412/2015 y SUP-JDC-413/2015, que según el actor "carece de toda lógica que vincule el hecho de que los juicios hayan sido calificados de extemporáneos, con la inacción de la Comisión Permanente para actuar ante el vencimiento de la licencia temporal otorgada a Gustavo Enrique Madero Muñoz, así como la inacción del Comité Ejecutivo Nacional", toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 33 bis, y 48 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, dichos órganos partidistas debieron convocar a la militancia para elegir a un nuevo Presidente del partido.

b) Aunado a lo anterior, arguye que el criterio adoptado por esta Sala Superior al resolver los mencionados juicios ciudadanos, por cuanto hace a la publicación en estrados de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Partido Acción Nacional, "se contrapone al espíritu de la Constitución", pues "vulnera derechos fundamentales vinculados a la afiliación de un partido político, ya que sólo una pequeña élite estará en condiciones de enterarse de manera oportuna del acto administrativo que lesiona sus derechos de militante".

Al respecto, el promovente esgrime la posible presentación de documentos apócrifos o creados exprofeso para simular actos de autoridad que no existían previamente al inicio de los litigios que iniciaron diversos militantes contra la mencionada reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político, refiriéndose, particularmente, al ofrecimiento de pruebas por parte de dicho comité, en las que, según su dicho, se basó esta Sala Superior "para soportar el sobreseimiento por extemporáneos" de los juicios ciudadanos antes citados, identificados con las claves SUP-JDC-411/2015, SUP-JDC-412/2015 y SUP-JDC-413/2015, para lo cual ofrece prueba pericial en materia de grafoscopía a cargo del M. en C. Luis Fermín Cal y Mayor Rodríguez Familiar, Perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Boletín Judicial N. 62 de fecha 11 de abril de 2013, con cédula de especialidad en Criminalista N. AE-005841, expedida por el Departamento de Autorizaciones de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Con domicilio para recibir notificaciones en AV. Toluca N. 500, Col. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, C.P. 01780, Distrito Federal.

TERCERO. Improcedencia aducida por la responsable. El Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional invoca, como causa de improcedencia, la falta de definitividad del acto reclamado, ya que el actor no agotó las instancias partidistas para resolver su pretensión.

Es infundada la alegación, porque el acto impugnado consiste en la falta de respuesta a diversas peticiones relacionadas, entre otras cuestiones, con el otorgamiento de licencia y la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del multicitado partido político, y tal omisión puede constituir, por sí sola, una infracción al derecho fundamental de petición, cuya efectiva materialización es exigible a todo órgano o funcionario de los partidos políticos, en virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado para la procedibilidad de los medios de impugnación en la materia.

Así pues, la reclamación del actor consiste en la afectación a un derecho sustantivo que debe ser atendido por este órgano jurisdiccional federal, en atención a lo dispuesto por los artículos 8° y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Estudio de fondo de los agravios relacionados con el escrito inicial de demanda y que originó la integración del expediente al rubro indicado. El promovente expresa en su escrito de demanda que dio origen al presente juicio diversas manifestaciones que, con el objeto de maximizar su garantía a una justicia plena y expedita constitucionalmente prevista, es menester que este órgano jurisdiccional federal las resuelva.

En ese sentido, adicionalmente a las alegaciones relacionadas con los escritos de petición referidos con antelación en el presente considerando, el actor aduce la ilegalidad de lo siguiente:

a) La aprobación de la licencia para separarse del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en favor de Gustavo Enrique Madero Muñoz, con base en el artículo 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular, que, según el actor, aún no había sido aprobado por el Consejo Nacional, como tampoco había sido registrado en el Libro de Registro de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.

b) La reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz "de manera extemporánea al cargo de Presidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional" del citado instituto político, al haber "incumplido lo establecido en el artículo 48 de los Estatutos Generales", así como los artículos "52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular" y "5 del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional".

c) La aprobación del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos presentados por el citado partido político, ya que el artículo 48 de dicho reglamento extiende indebidamente la ausencia temporal de manera definitiva.

Esta Sala Superior estima que las anteriores alegaciones son inoperantes, ya que resultan extemporáneas, en virtud de que en términos del artículo 8°, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la demanda se debe presentar dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiera notificado de conformidad con la legislación aplicable, salvo las excepciones previstas en la aludida ley adjetiva electoral federal

En la especie, y según se desprende de la lectura del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que obran en autos remitidas por el partido político responsable en el juicio en el que se actúa, Gustavo Enrique Madero Muñoz presentó sendos escritos dirigidos a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, el treinta de septiembre de dos mil catorce, y al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el dieciocho de enero de dos mil quince, en los que respectivamente informó sobre su solicitud de licencia para participar en el proceso de selección de candidatos a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, así como que una vez concluido dicho proceso en el que resultó electo como candidato y habiéndole informado la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional que hasta dicha fecha no se habían presentado impugnaciones, se reincorporaría al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, dando por concluida la licencia solicitada con fundamento en los artículos 83 de los Estatutos Generales de dicho partido político y 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de Elección Popular, para surtir efecto a partir del diecinueve de enero de dos mil quince.

Tal determinación de reincorporación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional con licencia fue publicada en los estrados físicos y electrónicos de dicho Comité el mismo dieciocho de enero, informando que el referido ciudadano se reincorporaría en el cargo a partir del diecinueve siguiente.

Al respecto debe precisarse que conforme a lo previsto en el artículo 30, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las notificaciones por estrados, serán consideradas como actos de publicidad los cuales surtirán efectos al día siguiente en que se practiquen.

En el caso, como ya quedó precisado el acto impugnado relativo a la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue notificado el dieciocho de enero y se materializó el diecinueve inmediato, por lo que el plazo para la interposición del respectivo medio de impugnación transcurrió del martes veinte al viernes veintitrés de enero del presente año.

Al respecto, cabe advertir que el cómputo de los plazos debe realizarse atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el acto impugnado se encuentra estrechamente relacionado con el proceso electoral federal en curso.

En efecto, la licencia que dio lugar a la reincorporación que ahora se combate, fue con motivo del proceso Interno llevado a cabo por el Partido Acción Nacional, para la selección de quienes habrán de contender como candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, de tal forma que, resulta indubitable que la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del referido instituto político, se encuentra relacionada con el proceso electoral dos mil catorce – dos mil quince, por lo que todos los días y horas deben considerarse como hábiles, para efectos del cómputo de los plazos correspondientes.

En la especie, la demanda se presentó el catorce de febrero de dos mil quince, por tanto al presentarse fuera del plazo antes referido ésta resulta extemporánea por cuanto hace a las alegaciones relacionadas con la solicitud de licencia y reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

Asimismo, por cuanto hace a la aprobación del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el presente medio de impugnación también es inoportuno, ya que, como el propio promovente expresa en su demanda de este juicio ciudadano, el catorce de octubre de dos mil catorce, en términos del artículo 36, párrafo 2° de la Ley General de Partidos Políticos, se inscribió el Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del mencionado instituto político en el Libro de Registro de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, y, como se precisó, el actor presentó su demanda hasta el catorce de febrero de dos mil quince, esto es, fuera del plazo previsto en la ley.

Ahora bien, el estudio de las constancias que obran en autos lleva a advertir que el actor también pretende obtener respuesta de la Comisión Permanente y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional, respecto de las peticiones formuladas los pasados veinticinco y treinta de enero, así como tres de febrero, todos del dos mil quince; y como causa de pedir, afirma la presentación de los escritos citados sin obtener una debida contestación hasta el momento de la promoción del presente juicio.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que son sustancialmente fundados los motivos de inconformidad, con base en las siguientes consideraciones y fundamentos de derecho:

I. Marco conceptual y normativo del derecho de petición.

El derecho de petición es, ante todo, un derecho humano que representa una pieza fundamental en todo Estado democrático de Derecho, ya que constituye un instrumento de participación ciudadana en los asuntos públicos, distinto a los mecanismos ordinarios que corresponden a los procesos electorales, así como un mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad, que se erige como eje transversal para toda la amplia gama de derechos humanos, configurándose, de esa forma, como una herramienta esencial para garantizar cualquier derecho frente a la estructura estatal. En este sentido, el reconocimiento normativo de este derecho implica también la confirmación de otros que están estrechamente vinculados y que actúan conjuntamente bajo la visión de integralidad e interdependencia de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho que tiene toda persona para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, lo cual está, a su vez, relacionado con las garantías de libertad de expresión y transparencia de la información pública.

Consecuentemente con lo anterior, el derecho de petición se encuentra enmarcado en dos acepciones primordiales, esto es: como derecho vinculado a la participación política, así como de seguridad y certeza jurídicas. El primero de éstos, se refiere al derecho que tiene toda persona de transmitir a las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto ya sea del interés del peticionario o del interés general; mientras que el segundo presupone la existencia formal de una relación entre el peticionario y las autoridades para el efecto de resolver una situación jurídica.

A pesar de su importancia dentro del sistema de democracia constitucional, el derecho de petición ha encontrado una regulación limitada respecto de su contenido, formas y procesos para exigir su pleno ejercicio, incluso por cuanto hace a su propio reconocimiento en el ámbito internacional. En efecto, este derecho no está consagrado expresamente como un derecho humano en los instrumentos internacionales de la materia; no obstante a ello, debe ser reconocido como tal, ya que, como se mencionó, se encuentra implícitamente recogido por el derecho a la información y a participar en los asuntos públicos, previstos en los artículos 18, 19 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el ordenamiento nacional mexicano, los artículos 8° y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición, de manera general, en favor de cualquier persona, y en forma particular, en relación con la materia política, en favor de los ciudadanos y las asociaciones políticas, para elevar una solicitud o reclamación ante cualquier ente público, misma que, habiendo sido efectuada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, implica la emisión de una contestación, en breve término, que resuelva lo solicitado por el peticionario.

De conformidad con la normativa constitucional en comento y en atención a su propia definición, la operatividad del derecho de petición contiene dos elementos fundamentales: el primero, el reconocimiento que se hace a toda persona a dirigir peticiones y/o comunicaciones a entes del Estado; y el segundo, la adecuada y oportuna repuesta que deben otorgarse a los peticionarios frente a las solicitudes realizadas. En tal sentido, la petición representa el acto fundamental que delimita el ámbito objetivo para la emisión de un segundo acto: la respuesta.

Así, el análisis del citado artículo 8° constitucional ha conducido a estimar que el derecho de petición no sólo consiste en la capacidad del ciudadano para dirigir y formular solicitudes ante cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su competencia; también incluye la obtención de una respuesta adecuada y oportuna por parte de la entidad accionada, misma que debe ser notificada al peticionario. Tales actos, incluyen, la recepción y tramitación de la petición, la evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido, el pronunciamiento y la comunicación de este al interesado. Por consiguiente, resulta claro que las autoridades accionadas deben actuar con eficacia y celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el trámite y resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. De ese modo, no resultan válidas ni efectivas las respuestas a través de las cuales se le informa al peticionario sobre el trámite que se está adelantando o que se pretende realizar sin que se resuelva lo solicitado.

En ese sentido, se advierte que para la plena satisfacción del derecho en comento se requiere que a toda petición formulada recaiga una respuesta por escrito de la autoridad accionada, esto es, a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del derecho de petición: (i) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa, así como ser congruente con lo solicitado; (ii) debe ser oportuna, y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. En caso de incumplimiento de esos presupuestos mínimos, se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición.

Al respecto, este órgano constitucional electoral ha emitido diversos criterios que han delimitado el alcance del ejercicio de este derecho en materia política y los elementos que deben caracterizar la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta; mismos que son del tenor siguiente:

A. Los sujetos activos: con base en una interpretación, en un sentido amplio, que sostiene que los derechos fundamentales no sólo le asisten a las personas físicas sino también a las personas jurídicas, se ha estimado que el ejercicio del derecho de petición en materia política, además de los ciudadanos, también corresponde a los partidos políticos, en razón de su naturaleza, funciones y finalidades constitucionales y legales.1

1 Al respecto, conviene tener presente la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS."

B. Los sujetos pasivos: al tratarse de un derecho fundamental, aunado al carácter de entidades de interés público que tienen los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41 constitucional relacionado con los artículos 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen que los institutos políticos son equiparables con las autoridades del Estado para la procedibilidad de los medios de impugnación en la materia y que deben conducir su conducta y la de sus militantes dentro de los cauces legales y ajustarla a los principios del Estado democrático de Derecho, se ha estimado que la efectiva materialización del derecho de petición resulta también exigible a todo órgano o funcionario de los partidos políticos.2

2 En ese sentido se emitió la tesis de jurisprudencia de rubro: "PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES."

C. La petición: con el objeto de delimitar y dar certeza a los términos, alcances y extremos de la petición formulada, se ha entendido que ésta debe suscribirse de forma escrita y de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta.3

3 Véase la tesis de jurisprudencia de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES."

D. La respuesta: para dar cumplimiento al debido proceso consagrado en los artículo 14 y 16 constitucionales y otorgar seguridad jurídica al peticionario, se ha estimado que la autoridad accionada debe emitir un acuerdo o resolución en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera en cada caso para estudiar la petición y acordarla; asimismo, la respuesta debe ser congruente con lo solicitado, con independencia del sentido de la respuesta, ya que el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, por último, la autoridad debe notificar el acuerdo o resolución recaída a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos.4

4 Al respecto, este órgano jurisdiccional electoral emitió tres tesis de jurisprudencia, cuyo rubro son del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO", "PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO", "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO".

II. Omisión de dar respuesta a una petición.

Con base en los anteriores elementos que han sido desarrollados en distintos criterios jurisprudenciales por este órgano constitucional electoral, se ha estimado repetidamente que la omisión de responder por parte de la autoridad u órgano partidista accionado se tiene por cumplida una vez que se emite una respuesta y que ésta ha sido debidamente notificada al peticionario; por lo que, ante la modificación o revocación de la omisión reclamada antes del dictado de la sentencia del medio de impugnación respectivo, ha conducido a estimar que el juicio queda totalmente sin materia.5

5 En este punto, resulta importante tener presente la tesis de jurisprudencia de rubro "OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.", en relación con la diversa tesis de jurisprudencia "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA

LA CAUSAL RESPECTIVA".

Sin embargo, en atención a la naturaleza, finalidades y alcances del derecho de petición, para el efecto de tener por colmada la omisión de atender la correlativa obligación de emitir la respuesta correspondiente, no basta con la observancia de la emisión de una resolución o acuerdo que sea debidamente notificada al peticionario en el domicilio señalado para tal efecto, sino que el juzgador debe corroborar que existen elementos suficientes que lleven a la presunción formal de que dicha respuesta también cumple con el requisito de pertinencia o concordancia consistente en la correspondencia formal entre la solicitud planteada por el peticionario y la respuesta por parte de la autoridad accionada

Lo anterior, toda vez que al tratarse de un derecho humano, mismo que de conformidad con el artículo 1° constitucional debe ser interpretado de forma pro homine, esto es, en el sentido que amplíe los beneficios y la protección de la norma en favor de los gobernados, el examen de la respuesta emitida con motivo del ejercicio del derecho de petición debe privilegiar el debido proceso, seguridad jurídica y certeza del peticionario para el efecto de asegurar una respuesta clara, precisa, oportuna y que atienda de manera frontal la solicitud planteada.

Esto último, resulta de especial importancia, puesto que la omisión, imprecisión o dilación en otorgar una respuesta a toda petición redunda en perjuicio de su efectiva materialización, en tanto que los efectos de la dilación se siguen sucediendo de momento a momento mientras subsista la inactividad, ello, por la propia naturaleza de la omisión que implica una situación de tracto sucesivo, que subsiste en tanto persista la falta de dar respuesta en los términos precisados.

En esa lógica, los artículos 8° y 35, fracción V, constitucionales obligan a las autoridades a emitir un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término, además de que la respuesta debe, esencialmente, concordar o corresponder con la petición formulada por el peticionario, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta divergente, que no corresponde a lo solicitado o que no se encuentra vinculada con el continente de la petición.

Ello no implica, de ninguna manera, soslayar la libertad de las autoridades de emitir una respuesta con base en las consideraciones que estimen pertinentes, puesto que la respuesta no es inapropiada formalmente por el hecho de que se emita en uno u otro sentido, en cuyo caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de tales razonamientos; en ese orden, la concordancia o correspondencia de la respuesta respecto del continente de lo solicitado no debe ser confundida con la legalidad material de su contenido.

En ese sentido, si se considerara, hipotéticamente, que la emisión de una respuesta y su debida notificación son, por sí solos, suficientes para cumplir con los mínimos requeridos para garantizar el ejercicio del derecho humano de petición, y que, por lo mismo, constituyen un nuevo acto que modifica la relación procesal dejando sin materia el presente juicio; todo ello podría ser, a su vez, materia de una nueva impugnación en la que se controvierta que dicha respuesta no concuerda ni tampoco corresponde con las peticiones, ya que únicamente le contestó ninguno, uno o algunos de varios puntos solicitados. Ello, sin duda alguna retrasaría injustificadamente la resolución de su pretensión.

Por consiguiente, el juzgador que resuelva sobre la omisión de cumplir con la obligación constitucional de emitir una respuesta, debe verificar los elementos mínimos que lleven a la conclusión de que se ha satisfecho este requisito de concordancia o correspondencia entre la o las solicitudes y la o las respuestas, puesto que de no hacerlo podría redundar en perjuicio del peticionario, al provocar, eventualmente, una mayor dilación en la resolución de su pretensión, consistente en solicitar la respuesta que corresponda a sus peticiones.

En esa lógica, a efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia del derecho humano de petición, los órganos jurisdiccionales deben asegurarse (i) sobre la existencia de la respuesta; (ii) que ésta sea concordante o corresponda formalmente con lo solicitado, con independencia del sentido de la propia respuesta; y (iii) que ésta haya sido comunicada al peticionario por escrito, puesto que, de no observarse éstos mínimos, se llegaría al absurdo de dejar sin objeto al propio derecho humano de petición, ya que se generaría un menoscabo a la garantía de acceso a los asuntos públicos por parte de los ciudadanos y asociaciones políticas, que es fundamental para asegurar una mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones de los entes públicos.

III. Caso bajo análisis.

En cuanto a la omisión atribuida a la Comisión Permanente y al Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional, en el expediente en que se actúa, consta lo siguiente:

1. El veinticinco de enero de dos mil quince, el promovente solicitó por escrito dirigido a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, el cual obra a foja ciento dos del expediente en que se actúa, lo siguiente:

1. "Copia del acuerdo de la Comisión Permanente en el que se autorizó la licencia del Presidente Gustavo Enrique Madero Muñoz, solicitada el 30 de septiembre de 2014; y

2. Se pronuncie y actúe en consecuencia, sobre la legalidad de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz al cargo de presidente nacional fuera de los plazos establecidos en el Estatuto y del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular y, frente a dicha legalidad indicara a la militancia qué acciones tomó para hacer respetar los documentos básicos por parte de la dirigencia nacional y restituir la legalidad y el orden estatutario. Lo anterior, tomando en cuenta que toda vez que existe contradicción entre la norma estatutaria referida en el artículo 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargo de Elección Popular, debe atenderse a la de mayor jerarquía tomando en cuenta el principio de supremacía de las Leyes, porque en realidad Gustavo Enrique Madero Muñoz rebasó el límite de tres meses en por lo menos 19 días, por lo que debe operar el supuesto del párrafo 3 del artículo 48 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional".

2. Mediante escrito de treinta de enero de dos mil quince, el cual obra a foja ciento ocho del expediente en que se actúa, el ahora actor solicitó lo siguiente:

1. "Copia del acuerdo de la Comisión Permanente en el que se autorizó la licencia del presidente Gustavo Enrique Madero Muñoz, solicitada el 30 de septiembre de 2014.

2. El nombre y el cargo de la persona u órgano partidista que autorizó el contenido, la publicación y difusión de los comunicados de prensa referidos en los hechos citados.

3. En su caso, se inicie el procedimiento de sanción establecido en el artículo 122, párrafo 1 inciso b y c, así como el párrafo 2, con base en los hechos antes expuestos, por incumplimiento con lo establecido en el artículo 48 de los Estatutos Generales del Partido y a lo establecido en los artículos 3 y 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular.

4. Proporcionarme información y orientación sobre cuál es el órgano competente específico para resolver quejas y denuncias contra los actos de la dirigencias que incumplen lo establecido en nuestros documentos básicos, así como también los mecanismos y recursos que con ella cuentan el militante frente a ello, conforme a lo establecido en el artículo 40 inciso f, de la Ley General de Partidos Políticos.

5. Proporcionarme información y orientación sobre cuáles son los órganos, formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presentaron sobre la información del PAN, conforme a los artículos 28 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos.

6. Proporcionarme información y orientación sobre cuál es el órgano específico del partido que tiene la función de proporcionar información jurídica en el ejercicio y goce de los derechos del militante cuando éstos sean violentados al interior del partido por sus dirigentes nacionales, de conformidad con el artículo 40 inciso h de la Ley General de Partidos Políticos. Incluso, información sobre cuál es el reglamento específico y los procedimientos que rigen su funcionamiento".

3. En el escrito de tres de febrero de la presente anualidad, mismo que obra a foja ciento siete del expediente en que se actúa, dirigido a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, el promovente solicitó que se le informara sobre lo siguiente:

a) "¿Cuál es el órgano interno de partido que resolverá las materias señaladas en los escritos de 25 y 30 de enero?

b) ¿Quiénes integran dicho órgano?

c) ¿Cuál es el reglamento que establece sus procedimientos, quien lo aprobó y cuándo?

d) ¿Cuáles son los plazos que tiene establecido dicho órgano para emitir resolución?

e) ¿Cuándo se constituyó y mediante que procedimiento se formalizó su integración actual y su reglamento?

f) ¿Cómo participó el Consejo Nacional en su creación y formalización?

g) ¿Cuándo se dio aviso al Instituto Nacional Electoral sobre la integración de este órgano y las modificaciones que haya sufrido su integración en el tiempo que lleva funcionando, así como su reglamento?"

Estas solicitudes se formularon de manera respetuosa y pacífica, al no advertirse la expresión de insultos, ofensas, ni amenazas a los órganos a los cuales se dirige.

En relación a las peticiones formuladas por el ahora actor, la responsable refiere, tanto en su informe circunstanciado como en el desahogo del requerimiento formulado por el Magistrado Instructor, los cuales obran en autos, que los escritos de mérito fueron "radicados bajo el número de expediente CAI-CEN-024/2015", mismo que se encontraba "en el orden del día de fecha 9 de marzo de 2015 para ser resuelto en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Comisión Permanente Nacional".

Aunado a lo anterior, el doce de marzo de dos mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, oficio número CPN/SG/073/2015, suscrito por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del multicitado instituto político, mediante el cual informa sobre los términos y el sentido de la resolución recaída al expediente CAI-CEN-024/2015, adjuntando el original de la cédula de publicitación de la misma y de la cédula de notificación practicada en el domicilio señalado para tal efecto por el peticionario, ahora actor.

La referida resolución, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

[…]

II. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LA INSTANCIA NACIONAL. En fecha 25 de enero de 2015 el C RAFAEL GUARNEROS SALDAÑA, presentó ante este Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional solicitud de inicio de procedimiento de sanción establecido en el artículo 122 párrafo 1 incisos b y c, así como párrafo 2, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, por incumplimiento con lo establecido en el artículo 48 de los Estatutos Generales del Partido y a lo establecido en los artículos 3 y 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional

CUARTO.-AGRAVIOS

Conforme al criterio sostenido por el máximo órgano jurisdiccional de la materia electoral, un escrito de impugnación debe analizarse en forma integral, pues sólo bajo esta óptica puede determinarse la verdadera pretensión del actor. El criterio anterior consta en la Tesis de Jurisprudencia publicada en la Compilación Oficial denominada Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen Jurisprudencia, visible en las páginas 182 y 183, cuyo rubro y texto expresan:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINARLA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se hace valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende".

De un estudio del escrito de denuncia, como así lo denomina el actor, se consideran los agravios que el actor expresa y son los siguientes:

PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.

Del escrito de demanda presentado por el C. RAFAEL GUARNEROS SALDAÑA, que da lugar a la integración del expediente al rubro indicado, se advierte que expresamente señala, como acto impugnado el siguiente:

Solicitud de inicio de procedimiento de sanción establecido en el artículo 122, párrafo / incisos b y c así como el párrafo 2, con base en lo establecido en el artículo 48 de los Estatutos Generales del Partido y a lo establecido en el artículo 3 y 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular.

Esta autoridad partidista considera que, el acto que hoy solicita el actor resulta INFUNDADO, en virtud de las siguientes consideraciones:

En la especie, y según se desprende de las constancias del expediente el C. Gustavo Enrique Madero Muñoz presentó escrito dirigido el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el dieciocho de enero de dos mil quince, en el que informó que una vez que concluyó el proceso de selección de candidatos a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, proceso en el que resultó electo, y habiéndole informado la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional que hasta dicha fecha no se habían presentado impugnaciones, que se reincorporaría al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, dando por concluida la licencia solicitada con fundamento en los artículos 83 de los Estatutos Generales de dicho partido político y 52 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de Elección Popular, para surtir efecto a partir del diecinueve de enero de dos mil quince.

Tal determinación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional con licencia fue publicada en los estrados físicos y electrónicos de dicho Comité el mismo dieciocho de enero, informando que el referido ciudadano se reincorporaría en el cargo a partir del diecinueve siguiente.

En el caso, como ya quedó precisado el acto impugnado relativo a la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue notificado el dieciocho de enero y se materializó el diecinueve inmediato, por lo que el plazo para la interposición del respectivo medio de impugnación transcurrió del martes veinte al viernes veintitrés de enero del presente año. Al respecto, cabe advertir que el cómputo de los plazos debe realizarse atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el acto impugnado se encuentra estrechamente relacionado con el proceso electoral federal en curso.

En efecto, la licencia que dio lugar a la reincorporación que ahora se combate, fue con motivo del proceso Interno llevado a cabo por el Partido Acción Nacional, para la selección de quienes habrán de contender como candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, de tal forma que, resulta indubitable que la reincorporación del C. Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del referido instituto político, se encuentra relacionada con el proceso electoral dos mil catorce - dos mil quince, por lo que todos los días y horas deben considerarse como hábiles, para efectos del cómputo de los plazos correspondientes.

Al respecto, la máxima autoridad electoral en el país, resolvió que las demandas en contra de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, resultaron extemporáneas. En virtud de ello esta autoridad partidista arriba a la conclusión de que no existe incumplimiento por parte de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional de convocar a los militantes a elegir al Presidente de conformidad al artículo 48 párrafo 3 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, toda vez que no existen los supuestos legales establecidos para ello.

Esto es, ya que el actor plantea que el supuesto incumplimiento por parte de la Comisión Permanente que debió convocar a elección del Presidente Nacional del Partido, por la supuesta falta absoluta del Presidente, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya se ha pronunciado al respecto, es preciso señalar que no existen los supuestos para que dicha autoridad partidista haya incurrido en incumplimiento a los Estatutos. Por lo que al quedar firme las determinaciones respecto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional así como la reincorporación del C. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ, no hay razón jurídica de incumplimiento.

En fecha 04 de marzo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Juicios SUP-JDC-411-2015, SUP-JDC-412-2015 Y SUP-JDC-413-2015; respecto de la reincorporación del C. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ como Presidente del Partido Acción Nacional, confirmando el mismo y las determinaciones que de ella derivaron

Por tal razón se:

RESUELVE

PRIMERO.- ES INFUNDADA la solicitud del C. RAFAEL GUARNEROS SALDAÑA, del inicio de procedimiento de sanción establecido en el artículo 122 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

SEGUNDA.- Túrnese a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, únicamente respecto a la solicitud de copias a que hace referencia el actor.

TERCERA.- Notifíquese al actor en el domicilio que señalado; así como en los estrados electrónicos y físicos de este Comité Ejecutivo Nacional para hacer de conocimiento público el presente resolutivo.

CUARTA.- Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de dar cumplimiento al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano número SUP-JDC-568/2015.

[…]

De la anterior transcripción se desprende que la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional del Partido Acción Nacional emitió contestación respecto de las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido en relación con la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del mismo, así como respecto de la supuesta omisión de la citada Comisión Permanente de convocar a la militancia a elegir un nuevo presidente. Al respecto, resolvió declarar infundada la solicitud del ahora actor de iniciar un procedimiento de sanción intrapartidista por violaciones a la normativa interna. Dicha Comisión Permanente sustenta su respuesta en lo resuelto por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-411/2015, SUP-JDC-412/2015 y SUP-JDC-413/2015, concluyendo que, al haber quedado firmes, tanto la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del citado partido político como las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional, no se colman los supuestos que incitan a la citada Comisión Permanente para llevar a cabo la convocatoria para elegir nuevo presidente del partido.

Ahora bien, como se mencionó con antelación, a efecto de dar cumplimiento eficaz al derecho de petición contenido en los artículos 8° y 35, fracción V, de la Constitución Poliìtica de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución que dé contestación a la omisión controvertida debe reunir ciertos mínimos necesarios que demuestren la emisión de una contestación que corresponda y sea concordante con lo solicitado, mediante un acuerdo escrito de la responsable a la que se haya dirigido la solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario en breve plazo.

En el caso bajo estudio, esta Sala Superior observa que la pretensión del promovente es, en concreto, que se resuelvan de fondo las solicitudes elevadas el veinticinco y treinta de enero, así como el tres de febrero, todos de dos mil quince, ante la Comisión Permanente del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional. De los documentos que obran en el expediente, se concluye que no han sido atendidas todas las peticiones mediante la respectiva respuesta que dé cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución federal y sea consecuente con los criterios jurisprudenciales emitidos por este órgano constitucional electoral respecto del derecho de petición y que se han resumido en párrafos precedentes, particularmente por lo que hace a su falta de concordancia y correspondencia con todas las peticiones formuladas por el ahora actor mediante escritos de treinta de enero y tres de febrero, ambos de dos mil quince. Ello, toda vez que la responsable, u órgano partidista accionado, simplemente resolvió respecto del escrito de petición de veinticinco de enero de dos mil quince y parcialmente respecto de lo solicitado en el diverso escrito de treinta de enero siguiente, en relación con la información solicitada respecto de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Partido Acción Nacional.

No obstante a ello, de la lectura de la respuesta antes transcrita, también se advierte que la respuesta no hizo referencia a diversas peticiones formuladas por el actor en los escritos de treinta de enero y de tres de febrero, ambos de la presente anualidad, particularmente aquéllas relacionadas con el numeral 1, inciso b), del considerando segundo de esta sentencia, relativas a la supuesta falta de previsión de un órgano que vigile y sancione las conductas de los miembros, tanto de la Comisión Permanente del Consejo Nacional como del Comité Ejecutivo Nacional, respecto de lo cual, el promovente formuló diversas interrogantes relacionadas con los plazos, procedimientos e integración de dicho órgano interno del partido.

En efecto, un simple análisis comparativo entre lo solicitado por el ahora actor y la mencionada respuesta, permite advertir que la responsable fue omisa en responder las peticiones formuladas en los numerales 4, 5 y 6 del escrito de treinta de enero de este año –los cuales están resaltados para su mejor ubicación en transcripciones anteriores-, además de todas las preguntas del escrito de tres de febrero del mismo año, en las que, básicamente, solicita información respecto de cuál es el órgano interno del partido competente para decidir cuestiones relativas a las quejas y denuncias que se formulen en contra de actos de la dirigencia nacional, que integre tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la Comisión Permanente del Consejo Nacional, porque incumplan lo establecido en sus documentos básicos. Dichas preguntas se encuentran estrechamente vinculadas con un tema de justicia intrapartidista, lo cual es esencial para la vida interna de los partidos políticos, y por esa razón, lo indicado sería que el mismo partido político contestara lo solicitado, dando cumplimiento al principio de auto-organización de los partidos políticos.

Así las cosas, resulta inconcuso para este órgano jurisdiccional, que con la actuación de la responsable se advierte que se vulnera el derecho fundamental de petición en materia política, pues ésta resulta insuficiente para cumplir con los elementos mínimos requeridos para el ejercicio pleno de este derecho humano de que goza el militante, ahora actor, relacionadas con su derecho de petición en materia poliìtica, que como se mencionó, la respuesta debe corresponder a lo solicitado.

Lo anterior, en virtud de que hasta el momento en que se resuelve este medio de impugnación no obra constancia alguna, de la que se pueda advertir que se haya formulado contestación que corresponda y coincida con lo solicitado en los puntos 4, 5 y 6 del escrito de treinta de enero, así como todas las preguntas expresadas en el escrito de tres de febrero, por el ahora promovente.

IV. Efectos.

En relación al escrito de veinticinco de enero, así como las peticiones formuladas en el escrito de treinta de enero siguiente, en las que el actor solicita información respecto de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Partido Acción Nacional, la supuesta omisión de la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional de dicho partido de convocar a la militancia para elegir nuevo presidente, así como la instauración de un procedimiento de sanción intrapartidista en contra de los miembros de los órganos máximos de dirección del partido por el incumplimiento a sus documentos básicos; esta Sala Superior del Poder Judicial de la Federación estima que debe tenerse por colmada la omisión de atender la correlativa obligación de emitir la respuesta correspondiente al derecho de petición ejercido por el ahora actor, toda vez que obra en el expediente copia de la respuesta emitida por la citada Comisión Permanente el nueve de marzo de dos mil quince, la cédula de notificación personal al ahora actor, además de que existen elementos suficientes que llevan a la presunción formal de que dicha respuesta también cumple con el requisito de pertinencia o concordancia que implica una correspondencia formal entre lo resuelto por parte de la autoridad accionada y la solicitud planteada por el peticionario.

Por otra parte, al no advertirse que se haya formulado contestación que corresponda y coincida con lo solicitado en los puntos 4, 5 y 6 del escrito de treinta de enero, así como todas las preguntas expresadas en el escrito de tres de febrero de dos mil quince, este órgano jurisdiccional estima que no se ha garantizado la efectiva materialización del derecho de petición consagrado en la Constitución federal en favor del promovente; siendo lo conducente, ordenar al órgano partidista accionado, para que resuelva en la próxima sesión que celebre a partir de la notificación de la presente sentencia, y de contestación a las peticiones mencionadas, e informe a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento, así como de su debida notificación por escrito al peticionario.

QUINTO. Estudio de fondo del escrito de ampliación de demanda. El quince de marzo de dos mil quince, el ahora promovente presentó escrito ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que, sustancialmente, enderezó sus agravios para controvertir la legalidad de la respuesta emitida por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, la cual se encuentra transcrita en el punto III del considerando sexto de esta sentencia, y que determinó declarar infundada su solicitud respecto de las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido en relación con la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del mismo, así como respecto de la supuesta omisión de la citada Comisión Permanente de convocar a la militancia a elegir un nuevo presidente.

Al respecto, el promovente aduce la ilegalidad de la citada respuesta que sustentó sus razonamientos en lo resuelto por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los diversos juicios ciudadanos identificados con las claves SUP-JDC-411/2015, SUP-JDC-412/2015 y SUP-JDC-413/2015, sobre la base de que "carece de toda lógica que vincule el hecho de que los juicios hayan sido calificados de extemporáneos, con la inacción de la Comisión Permanente para actuar ante el vencimiento de la licencia temporal otorgada a Gustavo Enrique Madero Muñoz, así como la inacción del Comité Ejecutivo Nacional", toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 33 bis, y 48 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, dichos órganos partidistas debieron realizar las siguientes actuaciones:

1 .Convocar a la militancia para elegir al Presidente.

2. Elegir a quien deba sustituir al Presidente en falta.

3. Resolver sobre las licencias que soliciten sus miembros y las renuncias que presenten, designando en su caso a quienes los sustituyan hasta que el Consejo Nacional haga nuevo nombramiento, si la falta fuera definitiva.

Aunado a lo anterior, arguye que el criterio adoptado por esta Sala Superior al resolver los mencionados juicios ciudadanos, por cuanto hace a la publicación en estrados de la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como Presidente del Partido Acción Nacional, "se contrapone al espíritu de la Constitución", pues "vulnera derechos fundamentales vinculados a la afiliación de un partido político, ya que sólo una pequeña élite estará en condiciones de enterarse de manera oportuna del acto administrativo que lesiona sus derechos de militante".

Al respecto, el promovente esgrime la posible presentación de documentos apócrifos o creados exprofeso para simular actos de autoridad que no existían previamente al inicio de los litigios que iniciaron diversos militantes contra la mencionada reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político, refiriéndose, particularmente, al ofrecimiento de pruebas por parte de dicho comité, en las que, según su dicho, se basó esta Sala Superior "para soportar el sobreseimiento por extemporáneos" de los juicios ciudadanos antes citados, identificados con las claves SUP-JDC-411/2015, SUP-JDC-412/2015 y SUP-JDC-413/2015, para lo cual ofrece prueba pericial en materia de grafoscopía.

Esta Sala Superior estima que las mencionadas alegaciones vertidas por el promovente devienen inoperantes por lo siguiente:

En primer término, por cuanto hace a la omisión de convocar a la militancia partidista para la elección de nuevo Presidente del partido, se estima que es inexistente toda vez que el actor parte de la premisa equivocada relativa a que se actualizó la ausencia absoluta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en los términos del artículo 48, párrafo 3, de los Estatutos del referido partido político, por lo que, en su concepto, la Comisión Permanente Nacional se encontraba obligada a convocar a la militancia para la elección de un nuevo presidente. Sin embargo, toda vez que Gustavo Enrique Madero Muñoz se reincorporó el pasado diecinueve de enero al cargo de Presidente del partido, esta Sala Superior considera que no se encuentra actualizada la hipótesis planteada por el enjuiciante.

En el artículo 48, párrafo 3 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, se prevé que en caso de falta absoluta del Presidente dentro del primer año de su encargo, la Comisión Permanente convocará en un plazo no mayor de treinta días a la militancia que elegirá a quien deba terminar el período del anterior.

De la interpretación de dicha disposición estatutaria se advierte que, para que se actualice la hipótesis en ella contenida, es condición necesaria que se presente la falta absoluta del Presidente dentro del primer año de su encargo.

En la especie, la reincorporación de Gustavo Enrique Madero Muñoz ha quedado firme, circunstancia que ya ha quedado acreditada en la presente ejecutoria, por lo que esta Sala Superior considera que no existen elementos para considerar que se haya actualizado la hipótesis relativa a la ausencia absoluta del Presidente del partido prevista en el artículo 48, párrafo 3 de los referidos estatutos.

En consecuencia, es inexistente la omisión atribuida a la Comisión Permanente Nacional por el actor en su escrito de ampliación de demanda.

En segundo término, por cuanto hace a la supuesta inconstitucionalidad del criterio adoptado por esta Sala Superior al resolver los diversos juicios ciudadanos identificados con las claves SUP-JDC-411/2015, SUP-JDC-412/2015 y SUP-JDC-413/2015, se estima que deviene igualmente inatendible, toda vez que las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional son definitivas e inatacables, de conformidad con el artículo 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, conforme a dicha disposición constitucional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representa el órgano terminal que resuelve las controversias en la materia electoral, por lo que sus determinaciones son definitivas, es decir, concluyen o dan fin a los litigios y, a su vez, son inatacables, por lo cual no admiten ser objeto de impugnación por cualquier vía o instancia, es decir, no existe posibilidad jurídica ni material para que mediante la presentación de una nueva petición u otro medio de impugnación, este órgano jurisdiccional pueda confirmar, modificar o revocar sus resoluciones.

En ese mismo sentido, esta Sala Superior estima que no resulta conducente el desahogo de la prueba grafoscópica ofrecida por el promovente, a través de la cual, pretende cuestionar los razonamientos en que se sustentaron los juicios ciudadanos citados con antelación, toda vez que su ofrecimiento es inoportuno, puesto que en la sustanciación de dichos juicios no fue ofrecida dicha probanza dentro del plazo legal, ni tampoco se advierte que los promoventes en tales juicios –en los que no formó parte el ahora actor- no hubieren estado en actitud de presentarla por desconocer los hechos o que existieran obstáculos que no estaban a su alcance superar..

En esa lógica, lo conducente es confirmar la legalidad de la respuesta recaída al expediente identificado con la clave CAI-CEN-024/2015, emitida el pasado nueve de marzo de dos mil quince por la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional del Partido Acción Nacional.

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se ordena a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que en términos de lo precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, dé cumplimiento a su obligación de emitir una respuesta respecto de las peticiones formuladas por Rafael Guarneros Saldaña.

SEGUNDO. Se confirma la legalidad de la respuesta recaída al expediente identificado con la clave CAI-CEN-024/2015, emitida el pasado nueve de marzo de dos mil quince por la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional del Partido Acción Nacional.

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio a los órganos partidistas responsables y, por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 27, 28 y 29, párrafo 1; así como 84, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 102, 103, 106 y 107 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Subsecretaria General de Acuerdos en funciones, que autoriza y da fe. Rúbricas.