RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-83/2015

RECURRENTES: VÍCTOR IVÁN MANUEL ALONSO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIOS: FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS, MARIO LEÓN ZALDIVAR ARRIETA Y JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ

México, Distrito Federal, veintisiete de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del recurso de reconsideración al rubro citado, promovido por Víctor Iván Manuel Alonso, Álvaro Ayala Espinosa y Celia Manuel Apóstol, por su propio derecho y en su carácter de ciudadanos del Municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, en contra de la sentencia dictada el primero de abril de dos mil quince, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, en el expediente identificado con la clave SX-JDC-245/2015 y SX-JDC-249/2015 acumulados.

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. Del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Convocatoria para elección de concejales municipales. El once de diciembre de dos mil catorce, el Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca y las autoridades auxiliares de dicha localidad emitieron la convocatoria para la elección de concejales de ese Municipio, regido por normatividad indígena, la cual se llevaría a cabo el veintiuno de diciembre siguiente.

2. Jornada de elecciones. El veintiuno de diciembre de dos mil catorce, se celebró la referida elección, para el período dos mil quince, resultando ganadora la planilla verde encabezada por el ciudadano Jaime Regino Patricio, quien como alegan los recurrentes, se ostentaba en el cargo de Presidente de dicho Municipio.

3. Validez de la elección. El treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca mediante acuerdo CG-IEEPC-OPLEO-SNI-10/2014, calificó y declaró válida la elección de concejales al Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

4. Juicio electoral de los sistemas normativos internos local. El treinta y uno de diciembre del dos mil catorce y el dos de enero del año en curso, respectivamente, los ahora recurrentes presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, sendos juicios electorales de los sistemas normativos internos, a fin de impugnar el acuerdo señalado en el punto que antecede.

Dichos juicios se registraron cono las claves JNI/84/2014 y JNI/01/2015 respectivamente; seguido el trámite respectivo el veintiséis de febrero del año en curso, el Tribunal Electoral local dictó sentencia en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado, vincular al Ayuntamiento del Municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, y ordenar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, para que lleven a cabo las acciones necesarias para acordar y formar las mesas de trabajo respecto del procedimiento de la siguiente elección, debiendo ambas autoridades informar bimestralmente.

5. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En contra de lo anterior, el dos de marzo de dos mil quince, los ahora recurrentes, en su calidad de ciudadanos y habitantes del municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, interpusieron juicio ciudadano, que fue del conocimiento de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, y que en su oportunidad quedó registrado con la clase SX-JDC-245/2015.

Asimismo, mediante escrito de tres de marzo de dos mil quince, diversos ciudadanos del Municipio en cita, se inconformaron también en contra del acto precisado en el punto anterior, mediante juicio ciudadano que quedó registrado ante dicha Sala Regional con la clave SX-JDC-249/2015.

6. Sentencia impugnada. Mediante resolución de primero de abril de dos mil quince, la Sala Responsable decidió acumular los juicios y resolver:

[…]

SEGUNDO. Se modifica la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en los expedientes JNI/84/2014 y JNI/01/2015 acumulados, que confirmó el acuerdo de validez de la elección ordinaria de concejales del municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca llevada a cabo el veintiuno de diciembre de dos mil catorce.

TERCERO. Se revoca la declaración de validez de la elección únicamente de los cargos suplentes de Síndico Procurador, Regidor de Hacienda y de Educación, respectivamente. En consecuencia, se debe revocar la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, respecto de los suplentes Santiago Cruz Francisco, Omar Nicolás Santiago y Antonio Sanginés Ramírez.

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la elección de todos los concejales propietarios y propietarias, así como los cargos suplentes de Presidente Municipal, Síndico Hacendario, Regidores de Obras públicas, Salud, Seguridad pública y recreación, respectivamente; por tanto, deberá quedar firme la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca.

QUINTO. Se deberá notificar esta sentencia también a la LXII Legislatura del Congreso, al Gobernador Constitucional, así como, a la Secretaría General de Gobierno, todos del estado de Oaxaca, para los efectos jurídicos que pudieran corresponder; tal como se precisó en el considerando noveno del presente fallo.

SEXTO. Se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para los efectos citados en el considerando décimo de esta sentencia.

II. Recurso de reconsideración. Inconformes, mediante escrito recibido en esta Sala Superior el diez de abril de dos mil quince, Víctor Iván Manuel Alonso, Álvaro Ayala Espinosa y Celia Manuel Apóstol, por su propio derecho y en su carácter de ciudadanos y habitantes del Municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Estado de Oaxaca, promovieron el presente recurso de reconsideración.

III. Trámite y turno. Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil quince el entonces Magistrado Presidente, ordenó integrar el expediente del recurso de reconsideración, registrarlo con el número de expediente SUP-REC-83/2015, turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y para evitar dilaciones en la sustanciación y resolución del asunto remitió copias del expediente a efecto de que se diera el trámite respectivo previsto en el artículo 18 de la Ley en cita.

Turno que se cumplimentó por oficio TEPJF-SGA-3358/15 signado por la Subsecretaria General de Acuerdo en Funciones, a través del cual envió el expediente a la ponencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos para los efectos conducentes.

Mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-709/2015, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el once de abril de dos mil quince, el Secretario General de Acuerdos de la Sala señalada como responsable remitió las constancias respectivas, y el trámite ordenado y sus anexos.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 99, cuarto párrafo, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración, cuya competencia para resolver recae, en forma exclusiva, en esta autoridad jurisdiccional, mismo que fue interpuesto para controvertir una sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz al resolver los juicios ciudadanos SX-JDC-245/2015 y SX-JDC-249/2015 acumulados.

SEGUNDO. Estudio de procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, 13, párrafo 1, inciso b); 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV; 63, 65 y 66 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

1. Oportunidad. El medio de impugnación se presentó dentro del plazo legal de tres días, de acuerdo con lo siguiente.

La sentencia impugnada se notificó personalmente a los recurrentes, el siete de abril de dos mil quince. Por lo que el término para presentar el recurso de reconsideración inició el ocho y término el diez, ambos días de abril de la presente anualidad, lo anterior de conformidad con los artículos 26 y 66, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por tanto, si el recurso se presentó el diez de abril de dos mil quince, tal como se desprende del sello fechador que obra en la primera página del escrito de agravios, resulta inconcuso que el recurso se interpuso dentro del plazo respectivo, y en consecuencia resulta oportuno.

2. Forma. El recurso se presentó por escrito; en él se hace constar el nombre de la recurrente; se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basa la impugnación, así como los preceptos presuntamente violados; por último, se hace constar la firma autógrafa de quien lo interpone.

3. Legitimación. Este Órgano jurisdiccional electoral federal estima que la recurrente cuenta con legitimación para promover el recurso de reconsideración, en tanto que ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior que, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia, se deben tener como sujeto legitimado a quienes se les ha reconocido esa calidad para promover los medios de impugnación electorales ante las Salas Regionales.

En el caso, los ahora recurrentes se constituyeron como actores del juicio ciudadano, en la sentencia que se controvierte en este recurso, en la que se confirmó diversa sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca en la que se validó las elecciones por las que se eligieron distintas autoridades del Municipio que afirman habitar. Además de que se ostentan como ciudadanos que contendieron en la jornada electoral como candidatos a ocupar puestos de dicho municipio.

4. Interés jurídico. Los recurrentes tienen interés jurídico, pues la resolución que controvierte en el presente recurso no acogió sus pretensiones jurídicas respecto de los agravios que manifestaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral local, que a su vez confirmó las resoluciones por las que se validó la elección de autoridades municipales en las que no resultaron vencedores.

5. Definitividad. Se cumple con este requisito, ya que la resolución combatida se emitió dentro de un juicio de la competencia de una Sala Regional, respecto de la cual no procede algún otro medio de impugnación.

6. Requisitos especiales de procedencia. La procedencia del recurso de reconsideración, tratándose de sentencias dictadas en cualquier medio de impugnación diferente al juicio de inconformidad, se actualiza en el supuesto de que la Sala Regional responsable dicte una sentencia de fondo, en la cual haya determinado la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, una interpretación progresiva de la procedencia del recurso de reconsideración ha llevado a esta Sala Superior a concluir que el recurso es procedente, entre otros supuestos, cuando se hayan declarado infundados los planteamientos de inconstitucionalidad, criterio que fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados que integran esta Sala Superior, en sesión pública del veintisiete de junio de dos mil doce, al emitir sentencia en el recurso de reconsideración SUP-REC-57/2012 y acumulado.

También se ha establecido que dicho recurso de admitirse cuando hubiera pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma en materia electoral de manera expresa o implícita, o respecto a la interpretación de un precepto constitucional mediante el cual se orienta la aplicación o no de normas secundarias. Ello, de acuerdo con el criterio utilizado para resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-180/2012 y acumulados, aprobado el catorce de septiembre de dos mil doce.

En esa tesitura esta Sala Superior estima que los anteriores supuestos de procedencia ampliada del recurso de reconsideración se estiman satisfechos en el presente asunto.

Ello es así, en virtud de que en el escrito de agravios se evidencia que los recurrentes esencialmente combaten la sentencia en virtud de que declaró infundados los agravios relativos a que la supuesta inelegibilidad de quien resultó vencedor en la elección del Presidente Municipal.

A su juicio la Sala Responsable implícitamente inaplicó el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca relativo al requisito de elegibilidad consistente en la separación del cargo por un periodo de de setenta días en el que los funcionarios públicos que se inscriban para contender como candidatos a algún cargo de elección en los municipios de dicho Estado.

En efecto, la Sala Responsable, tomando como marco normativo las disposiciones fundamentales que aseguran para las comunidades indígenas que puedan elegir mediante sus propios usos, costumbres y tradiciones a los miembros de su gobierno, estimó que en el caso, al tratarse de un proceso electoral interno, las normas de la Constitución local, y legal que se referían al requisito de elegibilidad consistente en estar separados de un cargo público con facultades ejecutivas setenta días antes de la fecha de elección no cobraba aplicación.

Se advierte que la restricción de temporalidad relativa al plazo de setenta días en el que los funcionarios públicos que se inscriban para contender como candidatos a algún cargo de elección popular, como requisito de elegibilidad, sólo resulta aplicable al sistema de partidos, más no así, en aquellos municipios o comunidades que rigen sus elecciones por sus propios sistemas normativos internos.

En esa tesitura, se estima que en el presente caso se surten los requisitos de procedencia del presente recurso en tanto subsiste un problema en el que está involucrada la interpretación del artículo 2º constitucional respecto de aquellas normas y principios que deben regir en las elecciones llevadas a cabo en aquellos municipios que se rigen por sus propias normas en atención a que son localidades indígenas.

Así, en aras de maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales, así como el derecho a un recurso efectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 17, de la Constitución Federal, así como 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, esta Sala Superior considera que debe prevalecer el principio pro actione pues, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y toda vez que la elección involucrada en el presente recurso de reconsideración se rige por un sistema normativo interno, lo procedente es determinar si efectivamente existió o no, la violación a los principios constitucionales alegados, de tal manera que la sentencia impugnada debe someterse al control constitucional que ejerce este órgano jurisdiccional electoral federal.

Para reforzar lo anterior, es de precisarse que este Órgano Jurisdiccional Electoral ya ha sostenido que a través del recurso de reconsideración se tiene la facultad de revisar los pronunciamientos de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales, por lo que este medio de impugnación es una segunda instancia constitucional electoral; en este sentido.

Así, esta Sala Superior considera que el presente medio de impugnación es procedente, de conformidad con los artículos 61, 62 y 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Planteamiento del problema. Para precisar la litis en el presente recurso de reconsideración y resolverla, se estima pertinente traer a colación las consideraciones de la sentencia reclamada y los agravios esgrimidos.

1. Consideraciones de la sentencia recurrida. Al respecto, la sentencia reclamada la constituye la dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-245/2015 y SX-JDC-249/2015 acumulados. En dicha sentencia, la Sala responsable modificó a su vez la resolución dictada por el Tribunal Electoral local en el Juicio electoral de los sistemas normativos internos local JNI/84/2014 y JNI/01/2015 en los que entre otras cuestiones se:

- Revoca la declaración de validez de la elección únicamente de los cargos suplentes de Síndico Procurador, Regidor de Hacienda y de Educación, respectivamente.

- Confirma la declaración de validez de la elección de todos los concejales propietarios y propietarias, así como los cargos suplentes de Presidente Municipal, Síndico Hacendario, Regidores de Obras públicas, Salud, Seguridad pública y recreación.

Dichos resolutivos se basaron en las consideraciones que en esencia se resumen en los siguientes puntos:

i) En un primer punto la Sala responsable desestimó los agravios en los que se aducía la falta de legitimidad del Consejo Municipal Electoral e incongruencia de la resolución recurrida.

La Sala responsable aduce que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, las comunidades involucradas mediante actas de asamblea respectivas acordaron constituir un Consejo Municipal Electoral y nombrar mediante Asamblea con los delegados que las conforman y que cada una de las comunidades respetaría los acuerdos tomados en la Asamblea.

En ese orden de ideas, la Sala Regional consideró que para la organización de la elección de referencia, tanto el Instituto Electoral local, como el Consejo Municipal Electoral tomaron medidas tendentes a contar con la participación de los representantes de todas las comunidades integrantes de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, ante los representantes de las planillas, en la que se tomaron los acuerdos respecto a la celebración de la elección municipal.

Así, contrario a lo afirmado por los actores, se tiene que los ciudadanos de dichas comunidades estuvieron representadas en la toma de decisiones ante el Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, tanto en el momento de constitución del mismo, como en la emisión de la convocatoria, por lo cual puede concluirse válidamente que éstos sabían de los acuerdos tomados al seno de dicho Consejo, entre ellos, el respectivo a que en diversas comunidades la realización de la Asamblea electiva sería con urnas y boletas electorales, así como el registro de todas y cada una de las planillas de candidatos al cargo ya mencionado.

En razón de lo anterior, la Sala responsable estimó que de las constancias de autos se advierte que existió un Consejo Municipal Electoral encargado de la organización y vigilancia del proceso electoral ordinario de San Juan Cotzocón, desde antes de la emisión de la convocatoria respectiva, en cuya preparación y desarrollo participó como coadyuvante el personal previamente designado para ello por el Instituto Electoral local, de lo que se puede afirmar que en la preparación, desarrollo y vigilancia de una elección regida por usos y costumbres, es importante que se dé la participación tanto de un órgano ajeno al conflicto como de los representantes de las partes en desacuerdo.

En ese sentido, afirmó la Sala que, durante la preparación y desarrollo de la elección ordinaria estuvo presente el Consejo Municipal Electoral, lo cual garantizó la debida celebración de la misma, sin que exista prueba alguna en autos que evidencie que su actuación se realizó fuera de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia, rectores de la materia electoral.

Concluyó por tanto, que era posible advertir que, contrario a lo aducido por los accionantes, la autoridad responsable en ningún momento dejó por sentado que el sistema normativo interno y las reglas electorales que deban regir dicho municipio no se encuentran establecidas, ni definidas.

Toda vez que como ha quedado precisado con antelación, el conocimiento de las reglas, antes y durante de la elección ordinaria, eran claras y precisas. Esto es, la participación de los hombres y mujeres mayores de dieciocho años estaba garantizada en la convocatoria respectiva.

ii) Sostuvo la Sala Xalapa que si bien es cierto, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código comicial local para ser miembro de un ayuntamiento regido por su sistema normativo interno se requiere acreditar lo señalado por el artículo 113 de la Constitución local consistente en la separación del cargo setenta días previos a la elección, así como, estar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el sistema normativo interno de su municipio o comunidad, de conformidad con el artículo 2 de la constitución federal, los convenios internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, y el artículo 25, apartado A, fracción II, de la Constitución Estatal.

De lo anterior, advirtió la Sala, que la restricción de temporalidad relativa al plazo de setenta días en el que los funcionarios públicos que se inscriban para contender como candidatos a algún cargo de elección popular, como requisito de elegibilidad, sólo resultaba aplicable al sistema de partidos, más no así, en aquellos municipios o comunidades que rigen sus elecciones por sus propios sistemas normativos internos.

Además, adujo la Sala que de conformidad con la convocatoria para la elección de concejales municipales de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, mediante el sistema normativo interno, emitida por el Consejo Municipal Electoral, con la aprobación de todos de los representantes comunitarios de la citada localidad, no se advirtió disposición alguna que establezca como condicionante para participar en la citada contienda electoral haberse separado del cargo setenta días antes.

Ahondó la responsable, que dadas las circunstancia del caso concreto, cualquier ciudadano que pretendiera postularse como candidato y estuviera en el ejercicio de algún cargo, no podría separarse con el tiempo exigido por la Constitución estatal y la legislación electoral local aplicable.

Al respecto, sostuvo el criterio que la separación del cargo setenta días antes de la elección es exigible, únicamente, cuando las etapas del proceso electoral y sus plazos estén claramente definidos, pues sólo de esta forma los interesados estarán en aptitud de cumplirlo, por lo que, cuando éstos no existan la protección al principio de equidad en la contienda quedará sujeto a la prueba de la comisión de actos contrarios.

Considerando las cadenas impugnativas que se dieron en la elección así como las circunstancias sociopolíticas de la comunidad, implicó que los plazos de cada una de las fases que se determinaran conforme a los acuerdos tomados en las diversas reuniones de trabajo, se redujeran, pues fue hasta el once de diciembre de dos mil catorce, cuando se emitió la convocatoria respectiva y se definió que el veintiuno de diciembre siguiente se celebrarían las veinticuatro asambleas comunitarias electivas.

En razón de lo anterior, a partir de la determinación de la fecha de la elección once de diciembre y el día de la celebración de las asambleas comunitarias electivas existieron, cuando menos, diez días de diferencia.

En ese orden de ideas, resulta evidente que el cumplimiento de la disposición que obligaba a quienes ejercieran un cargo municipal con facultades ejecutivas, separarse con setenta días de anticipación a la jornada, resultaba imposible. Por dichas consideraciones estimó infundado el agravio a estudio.

iii) Asimismo, estimó fundado y suficiente para revocar el agravio relativo a que se habían incumplido los principios relativos a la igualdad de género, ya que tres concejales propietarias tienen como suplentes a varones, cuando debieron ser del mismo género que las propietarias. En esa tesitura se estimó fundado respecto de los tres cargos de concejales suplentes controvertidos, para el efecto de revocar exclusivamente la constancia de mayoría expedida a favor de los suplentes de la Síndico Procurador, así como de las Regidoras de Hacienda y Educación, respectivamente.

Por último, en relación a la paridad de género alegada por la parte actora en la conformación del referido Ayuntamiento, se estimó que el planteamiento relativo resultaba infundado, toda vez que de conformidad con el sistema normativo electoral vigente en el Estado de Oaxaca, tal cuestión, es de observancia obligatoria únicamente para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular mediante el sistema de partidos políticos, sin que tal circunstancia, resulte aplicable respecto de los municipios regidos mediante el sistema normativo interno, ya que éstos, por disposición expresa contenida en el artículo 2 de la Constitución Federal, gozan de plena autonomía y autodeterminación para establecer sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales para elegir a sus propias autoridades y representantes populares.

2. Agravios. En esencia, de la lectura integral del escrito de interposición del recurso de reconsideración, es posible advertir que la causa de pedir se esgrime un único motivo de agravio, consistente en que no le asiste la razón a la Sala responsable sobre la base de que a su juicio sí debe aplicar el requisito de elegibilidad consistente en la separación del cargo setenta días antes de la elección, que aunque no esté expresa, sí debe considerarse aplicable para elecciones regidas por sistemas internos.

Añadió que debe considerarse las manifestaciones hechas en el tribunal primigenio, como en la sala regional, referente al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI/30/2014, en la que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, declaró omiso al Presidente Municipal Jaime Regino Patricio, en dar cumplimiento a un acuerdo pactado ante el entonces Consejo Municipal Electoral, aun cuando él mismo sabía que debía instalarlo en el mes de enero, se vio obligado por la resolución del tribunal de mérito hasta el mes de octubre, retrasando las mesas de diálogo y de trabajo por más de nueve meses.

El permitir que un presidente municipal sea al mismo tiempo candidato al mismo cargo pone en desventaja a los demás contendientes, y ello se vio en los resultados de la elección.

Se sostiene también la inelegibilidad al cargo del presidente municipal suplente, toda vez que fungía como director de asuntos indígenas y culturales del ayuntamiento.

3. Precisión de la litis. Esta Sala Superior considera que atendiendo a la causa de pedir, la cuestión propiamente de constitucionalidad efectivamente planteada en el presente recurso de reconsideración consiste en determinar si fue correcta la resolución de la Sala responsable específicamente cuando estimó infundados los agravios relativos a la supuesta inelegibilidad del candidato ganador a Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, sobre la base de que el requisito de la separación del cargo setenta días previos a la elección no resultaba aplicable al caso concreto en virtud de que se trataba de una elección mediante el sistema interno de usos y costumbres indígenas.

CUARTO. Estudio de fondo. El problema jurídico planteado de constitucionalidad consiste en resolver si, a la luz de las circunstancias del caso correcto: ¿Viola alguna norma fundamental que en la elección del presidente municipal San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, la aplicación de la norma de la Constitución y ley locales relativa al requisito de elegibilidad consistente en la separación de los candidatos setenta días antes de la fecha de la elección?

Para resolver este planteamiento esta Sala Superior, no deja de tomar en cuenta y compartir el análisis contextual1 que realiza la Sala responsable respecto las condiciones étnicas, sociales culturales del Municipio. Resulta relevante para resolver, traer a colación las siguientes circunstancias:

1 Jurisprudencia 9/2014, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 17 y 18. COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS INTRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE OAXACA).

Se ubica al noreste de Oaxaca, en la región llamada Sierra Norte, formando parte de la cuenca del Papaloapan.2

2 Información obtenida del Plan Municipal de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca. Consultable en http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ pdf/inversion_publica/pmds/08_10/190.pdf

Al norte, colinda con el Municipio de Santiago Yaveo, al sur, con San Juan Mazatlán, al suroeste con San Lucas Camotlán, San Miguel Quetaltepec, Santa María Alotepec, al oeste con Santiago Zacatepec, al este con Matías Romero y tiene linderos naturales con los ríos Trinidad y Jalatepec.

Lengua

Según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en las comunidades del Municipio de San Juan Cotzocón, la variante lingüística que se habla es el ayuuk, es decir, Mixe medio del este.3

3 Consultable en http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf. El catálogo establece que las comunidades que hablan esa lengua son Arroyo Carrizal, Arroyo Encino, Arroyo Mojarra (Arroyo Tejón), Arroyo Peña Amarilla, Arroyo Venado, Benito Juárez, Buenos Aires, El Paraíso, El Patio la Sabana, El Porvenir, El Tamarindo, El Zapote, Emiliano Zapata, Eugenio Muñoz, Jaltepec de Candoyoc (San Juan), La Estrella, La Libertad, La Nueva Raza, La Primavera, Las Cruces, Las Palmas (Rancho las Palmas), Los Raudales, María Lombardo de Caso [Santa María Lombardo], Matamoros (Santa María Matamoros), Mej Nee Awim (Del otro lado del Río), Nuevo Cerro Mojarra, Rancho de Galdino Camacho Basilio, Rancho Hermanos José, Rancho Taurino, Rodolfo Bellma, San Felipe Zihualtepec, San Juan Cotzocón, San Juan Otzolotepec, Santa María Puxmetacán, Santa Rosa Zihualtepec, Tres Islas, Vásquez (Rancho los Vásquez)

Pueblo Mixe4

4 Cfr. Torres Cisneros, Gustavo. Mixes. Pueblos Indígenas del México contemporáneo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, 2004. Consultable en http://www.cdi.gob.mx

Los Mixes se asientan en la porción más oriental de la Sierra Norte de Oaxaca. El territorio Mixe se divide, principalmente en tres zonas: alta, media y baja.

La mayor parte del territorio Mixe es montañoso, selvático o boscoso, con excepción de las tierras bajas, donde los terrenos son planos. Dicho territorio se compone de cerca de 290 comunidades y localidades asentadas dentro de 19 Municipios.

El Municipio de San Juan Cotzocón se ubica en la parte baja.

Los Mixes, desde una perspectiva de su composición cultural y étnica, colindan con los Chinantecos y Zapotecos, con algunas comunidades Popolucas y pueblos mestizos de Veracruz.

Esta cultura presenta diferencias étnicas al interior, mismas que se manifiestan entre una comunidad y otra en la indumentaria, costumbres, gastronomía, actividades económicas, expresiones artísticas y lengua.

De este modo, el pueblo indígena Mixe se integra por un número importante de comunidades pertenecientes al Estado de Oaxaca, entre los cuales se encuentra el Municipio de San Juan Cotzocón, por lo cual es importante conocer su conformación.

Con ese marco contextual, resulta pertinente considerar las normas relevantes sobre el derecho de los pueblos indígenas ubicados en el Estado de Oaxaca de elegir a sus gobernantes mediante los sistemas internos basados en sus usos y costumbres.

Por lo que hace a las elecciones celebradas bajo el régimen de usos y costumbres, en el artículo 2°, apartado A, fracciones I, II, III, y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, cuyo derecho a su libre determinación se ejerce en el marco constitucional de autonomía, entre otros aspectos, para decidir sus formas internas de convivencia y organización política y cultural, y elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a los órganos de autoridad o representantes y en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos.

Precisadas las normas constitucionales a nivel federal y estatal relacionadas con el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas, lo procedente es analizar lo previsto al respecto en las normas internacionales; a efecto de dilucidar los alcances del mencionado derecho fundamental.

Así, atendido a lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, en el que se establece que las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es conveniente traer a colación por lo que las normas de fuente internacional que protegen los derechos de los pueblos indígenas:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Los pueblos tienen el derecho a libre determinación, lo que implica que establezcan libremente su condición política y proveer respecto de su desarrollo económico, social y cultural (artículo 1).

- Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática a fin de proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad, para lo cual deben de implementar medidas que garanticen a los miembros de esos pueblos el goce, en condiciones de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorgue a los demás miembros de la población (artículo 2°).

Al aplicar los órganos del Estado las disposiciones del mencionado Convenio deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de los pueblos indígenas, considerando los problemas que se les plantean, de forma colectiva como individualmente, así como los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos (artículo 5°).

Del dicho breve marco internacional, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en el Pacto Federal, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Por otra parte, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, también se reconoce el derecho de la libre determinación de las comunidades indígenas para celebrar sus procedimientos electorales conforme a sus sistemas normativos internos, al establecer lo siguiente:

"Artículo 16. El Estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como del Pueblo y comunidades afromexicanas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas y del Pueblo y comunidades afromexicanas.

[…]

Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos. La Ley reglamentaria establecerá los casos y formalidades en que proceda la jurisdicción mencionada y las formas de homologación y convalidación de los procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias.

[…]

Artículo 25. El sistema electoral y de participación ciudadana del Estado se regirá por las siguientes bases:

A. DE LAS ELECCIONES

Los procesos electorales y de participación ciudadana son actos de interés público. Su organización, desarrollo y calificación estarán a cargo del órgano electoral, las instancias jurisdiccionales competentes y de la ciudadanía en la forma y términos que establezcan las leyes.

[…]

II. La ley protegerá y propiciará las prácticas democráticas en todas las comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, en los términos establecidos por el artículo 2°. Apartado A, fracciones III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; establecerá los mecanismos para garantizar la plena y total participación de la mujer en dichos procesos electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser votada en condiciones de igualdad con el de los varones y sancionará su contravención".

Además, en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca se prevé la instrumentación de los procesos electivos que se rigen por los sistemas normativos internos, en los términos siguientes:

"De la Renovación de los Ayuntamientos en Municipios que Electoralmente se rigen por Sistemas Normativos Internos.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Preliminares

CAPÍTULO ÚNICO

Del Derecho a la Libre Determinación y Autonomía

Artículo 255

[…]

2. Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.

[…]

4. En este Código se entiende por sistemas normativos internos, los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.

5. El procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.

6. El Instituto será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado".

De la normativa transcrita se advierte que, la Constitución y el Código electoral local, reconocen y garantizan los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, se establece que los procedimientos electorales son actos de interés público, cuya organización, desarrollo, y calificación estará a cargo del órgano electoral, las instituciones jurisdiccionales competentes y de la ciudadanía en la forma y términos que establezcan las leyes.

Asimismo, se prevé que los sistemas normativos internos, son los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, que son reconocidos como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía establecidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.

Ahora bien, por lo que hace al procedimiento deliberativo y la elección en la asamblea, se establece en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, que éste comprende el conjunto de actos llevados a cabo por los ciudadanos y los órganos de autoridad competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. En su caso, estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de éstas y la elaboración de las actas correspondientes.

Del marco normativo anterior, es posible concluir, que las normas constitucionales e internacionales obligan todas las autoridades a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de autodeterminación de las comunidades indígenas, en el sentido de que dichas comunidades están facultadas también para establecer las formas, procedimientos y requisitos que consideren adecuados de acuerdo a sus usos y costumbres para acceder al poder, siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales de los integrantes de su comunidad.

A su vez, esta Sala Superior ya ha sostenido que5 parte, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación constituye el principio que articula y engloba una serie de derechos específicos que constituyen manifestaciones concretas de autonomía:

5 Así lo consideró también esta Sala Superior al resolver el citado expediente SUP-JDC-9167/2011

1) Autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

2) Autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

3) Autonomía para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, y

4) Autonomía para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

En esa línea argumentativa, el reconocimiento constitucional y convencional de la diversidad étnica y cultural responde a una concepción del Estado en el sentido de que tiene la obligación de garantizar y respetar la concepción de las formas de acceso al poder por parte de los indígenas, a efecto de que su cosmovisión expresada en sus usos y costumbres puedan coexistir pacíficamente con aquellos valores y principios constitucionales que la mayoría de la población ha establecido para la renovación del poder.

Dicha tarea no resulta sencilla, en tanto que en muchas ocasiones los usos y costumbres indígenas, pueden resultar contrarios a aquellas normas y principios que de manera generalizada se han concebido para garantizar la democracia en todo el País.

Por ello, las autoridades jurisdiccionales electorales, aun cuando encuentren prácticas electorales que no sean compatibles con las prácticas generalizadas, tiene que hacer compatible su deber de proteger las reglas electorales, con su deber de preservar los usos y costumbres como medio para fortalecer a las culturas indígenas de nuestro País.

Ello en virtud de que la conformación multicultural que establece el artículo 2º de la Constitución Federal implica la obligación de no imponer una concepción del mundo particular, pues de lo contrario se vulneraría el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y del trato igualitario para las diferentes culturas indígenas. En otras palabras, dicha norma constitucional, entre otras normas convencionales, ordenan precisamente que se debe tener presente que la democracia en que vivimos también tiene una conformación multicultural.

Debe recordarse también que, esta Sala Superior ha sostenido que dicho derecho de autodeterminación no es absoluto, sino que encuentra límites por ejemplo en el derecho a la igualdad de las mujeres6 o en el principio de la universalidad el voto.7

6 Véase Jurisprudencia 48/2014 de esta Sala Superior, aprobada en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, cuyo rubro es SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE LLEVAR A CABO ACTOS TENDENTES A SALVAGUARDAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER (LEGISLACIÓN DE OAXACA

7 Véase, Jurisprudencia 37/2014 de esta Sala Superior aprobada en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO

En ese entendido, en la propia dinámica de las normas constitucionales, por un lado se encuentra la obligación de maximizar en la medida de lo posible el derecho de autodeterminación de las comunidades indígenas a efecto de evitar afectaciones e interferencias injustificadas en la forma de decidir cómo elegirán a sus autoridades; y por otro debe considerarse que dicha maximización no puede hacerse a costa de la vulneración desproporcionada de otros principios y derechos constitucionales que pueden verse afectados.

Bajo este contexto, los límites a los que debe someterse a las comunidades indígenas respecto de sus usos y costumbres para elegir a sus propias autoridades deben ser aquellos que evidentemente lesionen de manera directa y desproporcionada derechos humanos y principios de superior jerarquía y que bajo cualquier perspectiva resulten inadmisibles a la luz de las normas fundamentales.

Lo anterior, se concretiza en el criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, que en el marco de aplicación de los derechos individuales y colectivos indígenas, los órganos jurisdiccionales deben privilegiar el principio de maximización de la autonomía y de minimización de la intervención,8 salvaguardando y protegiendo el sistema normativo interno que rige a cada pueblo o comunidad, siempre que se respeten los derechos humanos, lo que conlleva tanto la posibilidad de establecer sus propias formas de organización, como también la de regularlas, pues ambos aspectos constituyen la piedra angular del autogobierno indígena.

8 Similares consideraciones se hicieron valer al resolver el SUP-REC-19/2014, SUP-REC-439/2014 y SUP-REC-7/2015 y SUP-REC-8/2015 acumulados.

Así, en el caso concreto esta Sala Superior considera que existen suficientes razones para estimar que en el caso no resulta exigible la regla que prescribe que los candidatos a un cargo de elección dentro del ayuntamiento tengan que separarse de su cargo setenta días antes de la elección, en los comicios del Municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

En primer lugar resulta correcto traer a colación el texto de las normas secundarias que los recurrentes aducen que deben ser exigidas para dicha comunidad.

El artículo 113 de la Constitución local literalmente establece lo siguiente:

Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

a) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos;

b) Saber leer y escribir;

c) Estar avecindado en el municipio, por un período no menor de un año inmediato anterior al día de la elección;

d) No pertenecer a las fuerzas armadas permanentes federales, a las fuerzas de seguridad pública estatales o de la seguridad pública municipal;

e) No ser servidora o servidor público municipal, del Estado o de la Federación, con facultades ejecutivas;

f) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;

g) No haber sido sentenciado por delitos intencionales; y

h) Tener un modo honesto de vivir.

Las ciudadanas y ciudadanos comprendidos en los supuestos de los incisos d) y e), podrán ser concejales, siempre y cuando se separen del servicio activo o de sus cargos, con setenta días de anticipación a la fecha de la elección."

Por su parte el artículo 258 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca dispone:

Para ser miembro de un ayuntamiento regido por su sistema normativo interno se requiere:

I.- Acreditar lo señalado por el artículo 113 de la Constitución Estatal;

II.- Estar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el sistema normativo interno de su municipio o comunidad, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Federal, los convenios internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, y el artículo 25, apartado A, fracción II, de la Constitución Estatal.

En principio, debe precisarse que este último precepto legal, literalmente establece que para ser miembro de un ayuntamiento regido por su sistema normativo interno, como requisitos de elegibilidad se requiere:

- Cumplir con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución local; y

- Estar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el sistema normativo interno de su municipio o comunidad, de conformidad con el artículo 2 de la constitución federal, los convenios internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, y el artículo 25, apartado A, fracción II, de la Constitución Estatal.

En ese entendido de una interpretación sistemática de ambos ordenamientos, es posible advertir que el código comicial local, remite a los requisitos de elegibilidad de la Constitución local para ser miembro del ayuntamiento, entre los cuales se encuentra que los ciudadanos que desempeñen un cargo público municipal, del Estado o de la Federación, con facultades ejecutivas sólo podrán ser concejales, siempre y cuando se separen de sus cargos, con setenta días de anticipación a la fecha de la elección.

Ese requisitos no resulta exigible al caso concreto, en tanto que, dadas las particularidades sociales, políticas y culturales que enmarcan el contexto de la elección de las autoridades internas que se impugna, resultaría una interferencia injustificada al sistema normativo de la comunidad.

Como ha quedado precisado, la normatividad en comento impone requisitos de elegibilidad a aquellos ciudadanos que busquen obtener un cargo público conforme a los sistemas electorales basados en usos y costumbres, es decir, se trata de una norma que afecta el derecho fundamental de autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas

Sin embargo, esta Sala Superior considera que el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 258 del Código electoral local, en relación con el artículo 113 de la Constitución del estado, no debe exigirse a la Comunidad que nos ocupa.

Pues si bien la intención del requisito es salvaguardar la equidad en la contienda, a fin de evitar que los ciudadanos que sean postulados para ocupar cargos como miembros de un ayuntamiento o ayudantes municipales se encuentren en posibilidad de disponer de recursos materiales o humanos para favorecer sus labores proselitistas durante la campaña electoral, o de aprovechar su posición de cualquier modo para ejercer hasta la más mínima influencia o para proyectar su imagen ante el electorado o ante cualquier autoridad, especialmente los organismos electorales, en el desarrollo de los comicios.9

9 Jurisprudencia 14/2009: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 48 y 49. SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES). El artículo 117, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Morelos, establece que para ser candidato a integrar ayuntamiento o ayudante municipal, los empleados de la Federación, Estados y Municipios, deberán separarse noventa días antes de la elección, lo cual implica que el plazo de dicha separación debe abarcar todo el proceso electoral de que se trate. Lo anterior, porque el requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que sean postulados como candidatos, tengan la posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos, durante las etapas de preparación, jornada electoral, resultados para influir en los ciudadanos o las autoridades electorales.

Los candidatos, el Consejo Municipal Electoral, y sus representantes firmaron un pacto de civilidad, en el que se estableció, entre otras cosas, a) reconocieron al Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, como interlocutor para alcanzar concordancias durante todo el proceso electoral; y b) acordaron que el ganador apoyaría económicamente a los integrantes del Consejo Municipal Electoral y se haría responsable de la próxima jornada electoral.

El primero de diciembre de dos mil trece, se celebraron las Asambleas electorales en las veinticuatro comunidades del Municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca. En catorce de ellas, se llevaron a cabo a mano alzada; y diez, por voto secreto.

Posteriormente se realizó el cómputo respectivo del cual se obtuvo que el Presidente del Consejo Municipal Electoral declaró ganadora a la Planilla Verde, encabezada por Jaime Regino Patricio por el periodo de un año comprendido en dos mil catorce (dicho ciudadano fue quien volvió a ganar en la elección para el año dos mil quince que se impugna en la presente secuela procesal).

En contra de dichas elecciones se presentaron diversos medios de impugnación, los cuales derivaron en la sentencia de seis de febrero de dos mil catorce, en la cual la Sala Regional Xalap emitió resolución en los expedientes SX-JDC-7/2014 y SX-JDC-36/2014, acumulados, en el sentido de confirmar la sentencia emitida en los juicios JNI/47/2013 y JNI/66/2013, que confirmaron el acuerdo CG-IEEPCO-SNI-73/2013, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, relativo a la validez de la elección de concejales del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

Dicha sentencia a su vez, fe impugnada mediante recurso de reconsideración respectivo, y mediante resolución de cuatro de junio de dos mil catorce en el expediente SUP-REC-14/2014 esta Sala Superior confirmó la sentencia precisada, en atención a que el método utilizado en la elección cumplía con el principio de universalidad del voto, que implica que todos los habitantes de las comunidades, hombres y mujeres que forman el municipio, puedan votar y ser electos, como integrantes de la autoridad municipal.

Ahora bien, con motivo de la preparación y desarrollo de la elección de concejales municipales para el período dos mil quince, es decir la elección que se impugna, el dos de julio de dos mil catorce, mediante oficio IEEPCO/DESNI/409/2014, la Directora Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral local solicitó al Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, Mixe, le informara por escrito cuando menos noventa días de anticipación la fecha, hora y lugar de la celebración de la elección de concejales en el mencionado municipio a desempeñarse en el período de este año.

Mediante oficio número 510/MSJ/2014, la autoridad municipal informó que el cabildo municipal se encontraba en pláticas con los actores políticos del municipio para definir la fecha en que se convocaría a las autoridades auxiliares para definir la forma de integración del Consejo Municipal Electoral e iniciar los trabajos de preparación de la elección.

El veintitrés de agosto de dos mil catorce, el Ayuntamiento, autoridades auxiliares municipales y representantes agrarios, todos de San Juan Cotzocón, celebraron asamblea extraordinaria, en la que acordaron lo siguiente:

Primero.- Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de efectuar los trámites legales necesarios para efectuar una consulta ciudadana contemplando la continuidad de la actual Presidencia Municipal.

Segundo.- Se renovara el Consejo Municipal Electoral, en asambleas comunitarias donde se deberán nombrar dos representantes o delegados por población, afinando los detalles de sus funciones con el IEEPCO.

Tercero.- Solicitar una audiencia al IEEPCO, el día tres de septiembre donde estarán presentes las autoridades auxiliares del municipio acompañadas de su secretario o suplente (dos personas por localidad), se tomó en cuenta una solicitud del Grupo Ciudadano denominado "Movimiento Ciudadano" de tener presencia en los eventos referentes a la toma de acuerdos, acordándose invitar a una representación de dos personas.

El diecisiete de septiembre y seis de octubre de dos mil catorce, diversos ciudadanos promovieron medios de impugnación local, en contra de la omisión del Consejo General del Instituto Electoral local y del referido Ayuntamiento de llevar a cabo el procedimiento relativo a la elección de concejales para el período dos mil quince, así como de emitir la correspondiente convocatoria.

El veintidós de octubre de dos mil catorce, el Tribunal Electoral local emitió sentencia en el expediente JDCI/30/2014, en el sentido de ordenar al Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, que en un plazo de quince días naturales emitiera la convocatoria correspondiente e instale el Consejo Municipal Electoral.

El once de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal Electoral local emitió sentencia en el expediente JDCI/38/2014 y acumulados, en el sentido de ordenar al Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, que en un plazo de quince días naturales emitiera la convocatoria para la celebración de la elección de concejales al aludido Ayuntamiento y que la misma se celebrara en la forma y tiempo acostumbrado.

Una vez, conformado el Consejo Electoral, y luego del correspondiente debate sobre los requisitos para el desarrollo de la elección, el nueve de diciembre de dos mil catorce, con base en el Acuerdo CG-IEEP-OPLEO-SNI-3/2014, del Consejo General del Instituto Electoral local, su Director General, expidió los nombramientos a los funcionarios electorales, que coadyuvarían en la organización de la elección de concejales municipales en el municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

Así, el diez de diciembre de dos mil catorce, el Presidente del Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, convocó a sesión de trabajo de ese consejo a los delegados (consejeros electorales) de las comunidades de Nueva Raza, Nuevo Cerro Mojarra, el Tesoro, Arroyo Venado, Arroyo Encino, Arroyo Carrizal, Arroyo Peña Amarilla, Santa María Puxmetacan, Profesor Julio de la Fuente, Benito Juárez, María Lombardo de Caso, Santa Rosa Zihualtepec, Emiliano Zapata, el Paraíso, el Porvenir, la Libertad, Eva Sámano de López Mateos, Jaltepec de Candayoc, Santa María Matamoros, San Felipe Zihualtepec, San Juan Otzolotepec, Miguel Herrera Lara, Emilio Ramírez Ortega, San Juan Cotzocón y Max Agustín Correa, así como los representantes del grupo Movimiento Ciudadano, a celebrarse el once de diciembre de dos mil catorce.

El once de diciembre siguiente, al cabo de una reunión de trabajo, el Consejo Municipal Electoral, con la participación de las comunidades de referencia, así como los funcionarios designados por el Instituto Electoral, respectivamente, sometieron a discusión entre otras cosas, los aspectos relativos a la renovación o no del Consejo Municipal Electoral, ya sea que sus integrantes fueran cambiados por sus respectivas asambleas o, en su caso, que fuera el personal del propio Instituto Electoral local quienes presidieran el citado consejo municipal, sin embargo, el representante de la Agencia Municipal de San Felipe Zihualtepec, señaló al efecto, que si bien, en un primer momento, en lo particular tuvo en desacuerdo con el trabajo del citado Consejo, lo cierto, es que dicha autoridad, se encontraba acatando las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y administrativos locales, en ese sentido, afirmó que no había tiempo para discutir dichos aspectos y que lo relevante era hacer los trabajos de la mejor manera.

Posteriormente, se discutió el método de elección y después de varias deliberaciones, se determinó emitir la convocatoria para participar en las Asambleas Generales Comunitarias, para la elección de Concejales al Ayuntamiento de San Juan Cotzocón para el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en la que se estableció entre otras, las bases siguientes:

- La autoridad de cada localidad instalaría la asamblea comunitaria y una vez nombrada la mesa de debates, esta se encargaría de todo el proceso de elección de concejales municipales en coadyuvancia con el personal del Instituto Electoral local.

- Las Asambleas Comunitarias de la elección se realizarían el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, en el lugar de costumbre.

- Las Asambleas iniciarían a las nueve y concluirían a las dieciséis horas o hasta que vote el último ciudadano formado.

- Se instalarían veinticuatro Asambleas y el método en cada localidad sería algunos por casillas otros por mano alzada.

- Que la orden del día contendría la instalación legal de la Asamblea, elección de Concejales Municipales y clausura de la Asamblea.

- Que cada una de las planillas se integraría por nueve ciudadanos propietarios y sus suplentes.

- Que la solicitud de registro de planillas sería ante el Consejo Municipal Electoral en la Agencia Municipal de María Lombardo de Caso, el dieciséis de diciembre.

- Que quienes desearan postularse deberían ser ciudadanos originarios o vecinos del municipio de San Juan Cotzocón; saber leer y escribir; tener por lo menos veintitrés años cumplidos el día de la elección; tener un modo honesto de vivir; estar avecindado en el Municipio cuando menos un año previo a la elección; y no haber sido sentenciado por delitos intencionales.

- Votarían hombres y mujeres de más de dieciocho años, con credencial de elector original con domicilio dentro del Municipio.

- Para aquellas localidades que aprobaron el procedimiento mediante urnas: con credencial de elector, la cual sería registrada en una lista al momento de emitir su voto.

- Para las comunidades que aprobaron el método a mano alzada: utilizarían una lista de asistencia como tradicionalmente lo han realizado.

- Las Asambleas Comunitarias, serían la máxima autoridad en la jornada electoral.

- La autoridad de cada localidad instalaría la Asamblea Comunitaria y una vez nombrada la mesa de debates, ésta se encargaría de todo el proceso de elección en coadyuvancia con personal del Instituto Electoral local.

- Para el caso de las comunidades que aprobaron el método a mano alzada, el órgano responsable de presidirla daría a conocer las planillas contendientes, posteriormente, iniciaría la votación.

- En las comunidades que aprobaron el método por voto secreto, el órgano responsable de presidir la Asamblea iniciaría la votación una vez instalada la misma, mediante boletas y urnas.

- Se computaría la votación que se reciba en cada una de las Asambleas Comunitarias, a la planilla por la que haya decido votar.

- Concluida la elección, se levantaría el acta con los resultados, que quedaría en poder de los funcionarios del Instituto Electoral Local, y se entregaría copia a la autoridad auxiliar de la localidad y al representante de planilla.

- Los funcionarios del Instituto, en coordinación con la autoridad auxiliar de la comunidad, trasladarían las actas de la elección al Consejo Municipal ubicado en María Lombardo de Caso, en donde se llevaría a cabo el cómputo final.

- La planilla que obtuviera más votos gobernaría del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

- A partir de ese momento, se ordenó publicarse en los lugares públicos y más visibles de todas y cada una de las comunidades que integran el municipio de San Juan Cotzocón, debiéndose levantar la constancia de ello.

Ahora bien, en fecha dieciséis de diciembre siguiente, iniciaron los trabajos para el registro de planillas de candidatos a concejales municipales, en la localidad de María Lombardo de Caso, ante la presencia de los integrantes del Consejo Municipal Electoral, con la participación de los representantes de las comunidades de Nueva Raza, Nuevo Cerro Mojarra, el Tesoro, Arroyo Venado, Arroyo Encino, Arroyo Carrizal, Arroyo Peña Amarilla, Santa María Puxmetacan, Profesor Julio de la Fuente, Benito Juárez, María Lombardo de Caso, Santa Rosa Zihualtepec, Emiliano Zapata, el Paraíso, la Libertad, Eva Sámano de López Mateos, Santa María Matamoros, San Felipe Zihualtepec, Miguel Herrera Lara y Max Agustín Correa.

Así, del contenido del acta de sesión del Consejo Municipal Electoral de esa misma fecha, se advierte, que por parte del Ejido Miguel Herrera Lara y la Agencia Municipal de San Felipe Cihualtepec, estuvieron presentes las ciudadanas Elisea Mujica Morgado y Agapita Evaristo Mendoza, por cuanto hace al primero de los mencionados, y Luis Ángel Casiano Victoriano y Guadalupe García Diego, por cuanto hace al segundo, toda vez que aparece su nombre y firma en el acta de referencia.

Ahora bien, el veinte de diciembre de dos mil catorce, el ciudadano Víctor Iván Manuel Alonso, en calidad de representante de la planilla roja, presenta ante el Consejo Municipal Electoral, la relación de ciudadanos que fungirían como representantes de planilla ante las asambleas electivas comunitarias.

En razón de lo anterior, mediante sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, de veinte de diciembre de dos mil catorce, se llevó a cabo el registro de representantes de las planillas, así como la presentación de los funcionarios del Instituto Electoral local que fungirían como representantes ante cada una de las asambleas electivas comunitarias.

El veintiuno de diciembre de dos mil catorce, se celebró la elección de concejales del municipio en cita, para el período dos mil quince, posteriormente se realizó el cómputo y la planilla verde encabezada por Jaime Regino Patricio obtuvo el triunfo por un segundo periodo de un año.

Así, tal como la Sala Regional lo concluyó, en la organización de la elección de referencia, tanto el Instituto Electoral local, como el Consejo Municipal Electoral tomaron medidas tendentes a contar con la participación de los representantes de todas las comunidades integrantes de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

Las anteriores cuestiones sirven para evidenciar que la decisión de las reglas en las que había de participar se siguieron mediante los usos y costumbres en condiciones que garantizaron la participación en condiciones de igualdad, mediante asambleas con la intervención de todos los interesados; y mediante el ejercicio de democracia deliberativa, sin que existieran circunstancias en las que se evidenciaran que se vulneró el principio de equidad o que se hayan utilizado recursos público para influir en el electorado.

En sentido contrario, la aplicación del requisito que nos ocupa, dadas las circunstancias del caso concreto, representaría una interferencia en las normas internas de dicha comunidad.

Toda vez que la comunidad decidió no darse ninguna norma relativa a que las autoridades que ocupaban funciones ejecutivas en el municipio, debieran separase de su cargo setenta días antes de la elección.

Ello es así sobre la base de que mediante el sistema normativo interno, emitido por el Consejo Municipal Electoral, con la aprobación de todos los representantes comunitarios de la citada localidad, no se advierte disposición alguna que establezca como condicionante para participar en la citada contienda electiva, que los integrantes del referido Ayuntamiento, tenían la obligación para efectos de elegibilidad, separarse de sus cargos con la temporalidad de setenta días previos a las asambleas electivas.

Por el contrario, previa discusión, se aprobó la convocatoria citada en la que se decidieron efectivamente los requisitos de elegibilidad en los que se estableció que quienes deseaban postularse:

- deberían ser ciudadanos originarios o vecinos del municipio de San Juan Cotzocón;

- saber leer y escribir;

- tener por lo menos veintitrés años cumplidos el día de la elección;

- tener un modo honesto de vivir;

- estar avecindado en el Municipio cuando menos un año previo a la elección; y

- no haber sido sentenciado por delitos intencionales.

Así de los requisitos de elegibilidad, que en ejercicio de su derecho de autodeterminación la comunidad indígena decidió establecer, no precisó que los empleados con cargos públicos y con funciones ejecutivas del municipio debían separarse de su cargo con algún tiempo anticipación.

En consecuencia, imponer un requisito de elegibilidad que la comunidad indígena no estableció, consistente en la separación del cargo, y además someterlo a una temporalidad en específico como lo serían setenta días, resulta una interferencia en su auto-organización.

Ya que no permite a la comunidad modular el requisito a efecto de establecer menores o mayores periodos de separación del cargo, según las circunstancias de cada caso concreto.

Las comunidades indígenas, en el ejercicio de autodeterminación mediante sus usos y costumbres pueden valorar de manera diferente el tiempo necesario para separarse del cargo en aras de poder competir en los comicios, habrá comunidades que consideren que el tiempo sea menor o incluso ínfimo, o incluso que consideren uno mayor.

Por ello, dicha norma no permite que las comunidades indígenas de acuerdo a sus propias costumbres y condiciones particulares consideren temporalidades diferentes o incluso opciones diferentes para asegurar los principios y valores que estimen importantes.

Otro argumento que se considera para fundamentar que la norma que se analiza resulta en una interferencia grave tiene que ver con el hecho de que en el sistema normativo interno el cargo de presidente Municipal tiene una duración de un año.

En efecto, conforme al ejercicio de su derecho de autonomía, el sistema interno ha considerado que los presidentes municipales sólo duren un año en el encargo. Cuestión que interpretada sistemáticamente en el contexto de los usos y costumbres, puede válidamente inferirse que la comunidad ha querido que a través de votaciones anuales se evalúe políticamente el desempeño de sus autoridades, a efecto de que los integrantes de la comunidad tengan la facultad de decidir, mediante el voto, si continúan con el mismo presidente municipal por considerar que así conviene para su comunidad, o bien decidir que no están satisfechos y optar por una diferente opción política.

En el caso, el ciudadano Jaime Regino Patricio quien obtuvo el triunfo en la contienda electoral que se analiza, lo hizo para un segundo período de un año.

En ese orden de ideas, entendiendo que la comunidad Mixe del Municipio en comento quiso poder elegir a su presidente municipal cada año, hace lógica con que esas autoridades puedan participar en procesos electorales, sin que tengan que separarse con una temporalidad específica previa.

Así, resulta contrario al sistema normativo de la Comunidad que nos ocupa exigirle de manera absoluta que todas sus autoridades municipales tengan que separarse del cargo con setenta días de anticipación a quienes que vayan a competir por un cargo en el ayuntamiento, pues ello trastocaría con la concepción de aquellas comunidades que deciden válidamente que sus presidentes municipales duren periodos cortos con posibilidad de ser electos para ulteriores periodos consecutivos.

Máxime si se tiene en cuenta que en el caso, la propia Constitución local en su artículo 113, así como 268, del código comicial local, determinan que los miembros del ayuntamiento electos conforme al sistema normativo interno desempeñaran sus cargos durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas de elección determinen, precisando al efecto, que en ningún caso podrá exceder de tres años. Cuestión que no se trastoca en el presente caso, pues como ya se precisó el presidente municipal electo sólo lo fue por segundo año consecutivo.

Además, las circunstancias particulares del proceso electoral interno hicieron imposible el cumplimiento de ese requisito.

En atención a los principios de certeza y seguridad jurídica que rigen la organización de los procedimientos electorales en todo el país, obligan a que las reglas que regirán los procesos electorales se den con el tiempo razonable a efecto de ser conocidas y cumplidas, y que no se vuelvan un requisito que torne nugatorio el derecho al voto pasivo.

Dadas las circunstancias del caso concreto, la norma que establece como requisito la separación del cargo con setenta días de anticipación a la elección no se corresponde con la manera en cómo se emiten por la comunidad Mixe las normas que contienen los requisitos de elegibilidad.

En efecto, de constancias se advierte que debido a los conflictos electorales internos, a la dinámica de discusión y acuerdos que derivan de los usos y costumbres, al tiempo utilizado en reuniones de trabajo, así como a diversas sentencias dictadas por el Tribunal Local, influyeron en que no fuera sino hasta el once de diciembre de dos mil catorce, cuando se emitió la convocatoria respectiva y se definió que el veintiuno de diciembre siguiente se celebrarían las veinticuatro asambleas comunitarias electivas.

Por ello, en el presente caso hubo, entre la determinación de la fecha de la elección y el día de la celebración de las asambleas comunitarias electivas, sólo diez días de diferencia.

Cuestión que tornaba en extremo desproporcionado exigir que la comunidad celebrara sus elecciones aplicando una norma que no podía fácticamente ser cumplida en el caso concreto.

Asimismo, las elecciones en el Municipio de San Juan Cotzocón, han sido revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e incluso declaradas no validas en dos ocasiones.

En efecto, la elección celebrada el primero de noviembre del año dos mil diez, fue anulada por la Sala Regional Xalapa al resolver los juicios ciudadanos SX-JDC-436/2010 y SX-JDC-443/2010 acumulados, el treinta y uno de diciembre de dicha anualidad, al considerar que no se llevó a cabo bajo un método democrático pues no se satisfizo el principio de universalidad del voto ya que no se tomaron en cuenta a las Agencias Municipales en las decisiones del Cabildo y de las Asambleas Comunitarias.

Por su parte, durante el año de dos mil once, no obstante que se realizaron diversas actuaciones y asambleas, no se lograron los acuerdos necesarios para llevar a cabo una elección reconocida y aceptada por todas las comunidades del municipio de San Juan Cotzocón, de tal forma que, el veinte de diciembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, emitió el acuerdo CG-RDC-017/2011, mediante el cual calificó como no válida la elección de concejales celebrada el cuatro de noviembre de dos mil once.

Posteriormente, el cuatro de enero de dos mil doce, mediante el decreto numero setecientos setenta y cuatro emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Oaxaca, se designó como Administrador Municipal al ciudadano Álvaro Ayala Espinosa.

También, cabe destacar que el seis de marzo de dos mil trece, la Sala Regional Xalapa resolvió los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-15/2013, SX-JDC-18/2013 y SX-JDC-19/2013, acumulados, en los que tres ciudadanos que se ostentaron como indígenas mazatecos pertenecientes a la zona Mixe del Estado de Oaxaca, impugnaron la omisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Congreso y Gobernador, todos de esa entidad federativa, de llevar a cabo la elección de las autoridades en el referido municipio.

En dicha resolución, la Sala Regional Xalapa expresamente señaló que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no había realizado las medidas necesarias y aceptables para realizar las elecciones por el sistema normativo indígena, pues advirtió que:

a) Solo había desempeñado en los años dos mil once a dos mil doce actos repetitivos y poco eficaces, lo que ha ocasionado que no se lograra una conciliación entre las partes.

b) Dichos actos consistieron en: 1.- Reuniones de trabajo en la que solo asisten una de las partes en conflicto; 2.- Notificación por oficio o teléfono a las partes que no asisten a las referidas reuniones para que éstas acudan a las instalaciones del Instituto; 3.- Emplazamientos prolongados, entre cada reunión de trabajo en las que no se llega a acuerdos concretos y en consecuencia se proponía nueva fecha para la celebración de una nueva; 4.- Emisión de acuerdos por parte del Consejo General en el que dictaminaba anular dos elecciones, porque no se convocó a sufragar a todos los habitantes del municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, en especial el de las agencias.

Y agregó que dicha autoridad electoral local tampoco había implementado las medidas de mediación que se encuentran contempladas en el artículo 265 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

En este sentido, en la resolución dictada en estos juicios ciudadanos acumulados, la Sala Regional Xalapa sostuvo que era obligación de la autoridad administrativa electoral en el estado de Oaxaca de instrumentar los mecanismos suficientes, razonables y necesarios para dar vigencia al derecho político electoral de los ciudadanos para elegir a los concejales al ayuntamiento municipal respectivo, de acuerdo con su normativa interna, en la medida que tiene la función estatal de organizar y desarrollar los actos de interés público relativos a la realización de las elecciones.

De tal forma, la Sala Regional Xalapa señaló que el instituto electoral local, debía abstenerse de emitir resoluciones que propiciaran el estado de incertidumbre para la elección de las autoridades en un municipio que se rige bajo su sistema normativo interno, violentando con ello su derecho de autodeterminación para elegir a sus autoridades.

Ello, pues si la autoridad administrativa electoral local responsable, no advirtió que desde el año dos mil diez hasta dos mil doce, en la práctica de los usos y costumbres para elegir autoridades en el Municipio de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, no se permitió la participación de todos los miembros de los pueblos que integran al Municipio, era claro que su actuar no resultó lo suficientemente amplio como para comprender el alcance de su responsabilidad y haber actuado conforme con la auto-organización de la comunidad.

Por lo anterior, la Sala Regional Xalapa, al resolver los referidos juicios ciudadanos, consideró que en el caso particular, asistía la razón a los actores pues previamente a cualquier resolución, la autoridad debía buscar realizar un esfuerzo tenaz, pertinente y constante de las atribuciones legales que le correspondían, para que los habitantes de una población indígena pudieran elegir a sus autoridades conforme a su sistema normativo interno y, en su oportunidad, resolviera lo conducente atendiendo al interés superior de la comunidad de que se trataba.

Acorde con lo anterior, la Sala Regional Xalapa vinculó a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca para que, en ejercicio de las atribuciones previstas a su favor, de inmediato, emitiera la determinación que correspondiera respecto de la situación política que había de prevalecer en la referida localidad.

Posteriormente, en las elecciones que tuvieron verificativo en el año dos mil catorce, tampoco estuvieron exentas de conflictos, sin embargo se pudieron superar a través de acuerdos y mecanismos de participación en las que en el proceso de toma de decisiones sobre los mecanismos electorales facilitaron la inclusión de todos los ciudadanos de la comunidad.

Dicho proceso electoral incluso fue revisado en su oportunidad por esta Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-14/2014, sentencia en la que se validó que el procedimiento empleado en la elección de integrantes del ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, derivó de los acuerdos adoptados por los integrantes de la propia comunidad, haciendo congruentes y coherentes sus usos y costumbres, con los principios constitucionales que rigen en la materia electoral, en particular, el de universalidad del sufragio, los actos -asambleas comunitarias y acuerdos- que se llevaron a cabo para determinar el procedimiento mediante el que se realizaría el ejercicio comicial.

También la elección llevada a cabo este año no ha estado exenta de impugnaciones y de intervenciones por parte de las autoridades electorales. Cabe recordar que el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Tribunal Electoral local emitió sentencia en el expediente JDCI/30/2014, en el sentido de ordenar al Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, que en un plazo de quince días naturales emitiera la convocatoria correspondiente e instale el Consejo Municipal Electoral. Igualmente, el once de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal Electoral local emite sentencia en el expediente JDCI/38/2014 y acumulados, en el sentido de ordenar al Consejo Municipal Electoral de San Juan Cotzocón, que en un plazo de quince días naturales emitiera la convocatoria para la celebración de la elección de concejales y que la misma se celebrara en la forma y tiempo acostumbrado.

Del relato anterior, es posible advertir que las elecciones en dicho municipio ya han sido anuladas en dos ocasiones previas y que incluso en un momento peligró que se siguiera dando el ejercicio democrático de la comunidad, pues no había condiciones sociales y políticas para celebrar comicios. No fue sino hasta el proceso pasado en el que los ciudadanos Mixes pudieron llegaron a un acuerdo que respetara los principios constitucionales mínimos.

En esa tesitura, es posible considerar que dada la inestabilidad política, social y cultural, la nulidad de la elección basada en la norma que obliga a los munícipes a separase de su cargo setenta días antes de la elección redundaría en una interferencia desproporcionada en perjuicio grave no sólo en el derecho de autodeterminación de los indígenas, sino de los acuerdos y la expresión de la voluntad de los ciudadanos en las elecciones.

Máxime, si se considera, tal como lo sostuvo la Sala responsable, que en las elecciones que se analizan la participación ciudadana fue superior al porcentaje de votación obtenido en el municipio en las elecciones de diputados locales y de gobernador.

Así, en el caso de la elección ordinaria para elegir a los concejales al ayuntamiento de San Juan Cotzocón, celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, el porcentaje de votación fue del 51.45%, lo cual es superior a la participación ciudadana del municipio en las elecciones relativas a cargos por el sistema de partidos políticos.

Además, de acuerdo con la votación obtenida en cada localidad, se advierte que al menos trece comunidades del total de veintidós, obtuvieron un porcentaje de votación mayor al cincuenta y uno por ciento. Dichos porcentajes de participación en el municipio, fueron más altos que a aquellos en los que se celebran elecciones en por el sistema de partidos para la elección de gobernador.10

10 En las elecciones de gobernador, el porcentaje más alto en el municipio, entre dos mil cuatro y dos mil diez, fue del 47.97%. Véase páginas 119-120 de la sentencia reclamada.

En esas condiciones, al considerar que ya se han generado nulidades en elecciones pasadas, que ha habido una latente inestabilidad y conflictividad electoral y que la participación ciudadana en la presente elección superó el cincuenta por ciento de votación, es posible advertir que existe un panorama que implica la necesidad de ser deferente hacia la autoorganización de la comunidad indígena.

En ese orden de ideas, la interferencia de la norma en el sistema normativo interno de la mencionada comunidad indígena, resultaría trascendental.

Pues como ya se consideró, el principio de equidad en la contienda en el presente caso no se demostró que se vulnerara, además de que estuvo asegurado por otros mecanismos menos gravosos.

Por esas circunstancias, en el presente caso, esta Sala Superior considera que debe prevalecer el sistema normativo interno de la referida comunidad indígena, frente al requisito analizado, ya que la previsión de que las autoridades municipales deban separarse de su cargo setenta días previos a la elección, se convertiría en una interferencia en el derecho de elegir las formas comunitarias de acceso al poder.

Ello sin que se óbice, como señalan los recurrentes que el retraso en la emisión de la convocatoria se debió al propio presidente municipal, que resultó ganador en las elección, de acuerdo a los sostenido en la sentencia relativa al expediente JDCI/30/2014, en la que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, le ordenó que emitiera la convocatoria a elecciones respectiva.

Lo anterior es así porque dicha circunstancia, en nada cambia la conclusión de que la comunidad en ningún momento decidió que los integrantes de su ayuntamiento no podían participar en la elección si no se separaban de su cargo con anticipación de setenta días antes de la fecha de la elección.

Finalmente, cabe señalar que las consideraciones anteriores, y que sustentan el sentido de la presente ejecutoria, no pueden suponer ni entenderse en el sentido de que los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas sean monolíticos y rígidos respecto de las necesidades y reivindicaciones de sus integrantes, por el contrario, en ejercicio de su autonomía como expresión del derecho a la libre determinación, los miembros y autoridades de las comunidades del municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca, tienen el derecho de contar con la información suficiente para conocer sus sistemas normativos y los procedimientos para cambiarlos, así como la facultad de establecer nuevas prácticas y costumbres que se conviertan en derecho interno.

En el entendido de que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, estatales y federales, deben valorar el grado de conservación y consenso de las costumbres y normas internas de las comunidades a fin de maximizarlas o, en su caso, para propiciar las condiciones de diálogo en procesos de modificación de las mismas. En ningún caso se deben desconocer las condiciones políticas y culturales de dichas comunidades y pueblos que enmarca cada asunto que se somete a su consideración.

Consecuentemente, esta Sala Superior estima que el requisito de elegibilidad consistente en que los servidores públicos municipales con funciones ejecutivas se separen de su cargo setenta días antes de la elección, no debe ser exigible para el caso concreto.

En consecuencia, debe confirmarse la parte de la sentencia que se impugna, pero por las razones que se expresaron en la presente ejecutoria.

QUINTO. Publicitación de la sentencia y su traducción. Con el objeto de promover la mayor difusión y publicitación del sentido y alcance de la presente sentencia por parte de los integrantes de las comunidades del Municipal de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, esta Sala Superior estima procedente elaborar un resumen oficial, para efecto de su difusión y, en su caso, traducción en las lenguas que correspondan con base en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, Variantes Lingüísticas de México con sus Autodenominaciones y Referencias Geo-estadísticas; el Catálogo Municipal de Usos y Costumbres del Estado de Oaxaca, o el que corresponda.

Al respecto, con base en lo previsto por los artículos artículo 2º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 13, numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 4 y 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconocen los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas como forma de promoción de su propia cultura, en particular el derecho a conocer y dar a conocer sus derechos y su cultura en su propia lengua, esta Sala Superior considera procedente realizar un resumen oficial a partir del cual se pueden tomar medidas de difusión y traducción para garantizar una mayor publicitación de la resolución y facilitar a los miembros de la comunidad el conocimiento de su sentido y alcance a través de los medios de comunicación ordinarios en la comunidad y, en su caso, de las lenguas o algunas de las lenguas de la comunidad.

Lo anterior es acorde con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, y contribuye a la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas como parte de los fines del Estado mexicano en su carácter pluricultural, atendiendo al reconocimiento legal del carácter nacional de las lenguas indígenas.11

11 Véase jurisprudencia 46/2014, aprobada por la Sala Superior en sesión pública de veintinueve de octubre de dos mil catorce, cuyo rubro es: COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE SU TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN.

Para tal efecto, se solicita al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que, de conformidad con la cláusula segunda incisos a), y e), del Convenio General de Colaboración firmado el seis de mayo de dos mil catorce entre este Tribunal y dicho Instituto, colabore para realizar la traducción de los puntos resolutivos y del resumen correspondiente, con el fin de que con posterioridad, se hagan del conocimiento y se difundan a los integrantes de las comunidades que integran el municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca.

Para ese fin se deberá considerar como oficial el siguiente:

RESUMEN

El 27 de mayo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad de máxima autoridad nacional en materia electoral decidió confirmar la sentencia de la Sala Regional Xalapa, respecto de la parte en la que avaló la validez de la elección celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, en la que resultó electo Jaime Regino Patricio para el cargo de Presidente Municipal de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca.

En el caso concreto se estimó que la regla que establece que los funcionarios del ayuntamiento con funciones ejecutivas deben separarse de su cargo 70 días antes de la elección, no es exigible para el caso concreto, porque interfiere en el derecho de las comunidades indígenas de gobernarse y elegir a sus autoridades en virtud de las normas que ellas mismas establezcan con base en sus propios usos y costumbres.

Por esa razón se consideró que en la elección del Presidente Municipal de San Juan Cotzocón no se infringió norma alguna, pues la comunidad decidió no establecer como requisito que sus autoridades debieran separarse de su cargo a efecto de competir por la Presidencia del ayuntamiento.

Asimismo, se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Oaxaca, a efecto de que el resumen en español y la traducción de mérito, se fijen en los estrados del propio Instituto, así como en lugares públicos del Municipio de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, Oaxaca y comunidades que lo integran. De igual manera deberá adoptar las medidas necesarias para que, por la vía que estime idónea, se haga del conocimiento de los integrantes de la comunidad, de manera oral y en lengua indígena, el resumen y su traducción.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se confirma la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-245/2015 y SX-JDC-249/2015, acumulados.

SEGUNDO. Se solicita la colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia.

TERCERO. Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a realizar las acciones precisadas en los efectos de la presente resolución, lo cual deberá informar dentro de un plazo de veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

NOTIFÍQUESE. Por correo electrónico a los recurrentes; por correo electrónico a la Sala Regional de este Tribunal Electoral, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz; así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; por oficio al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y por estrados a los demás interesados.

En su oportunidad, devuélvase los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.