RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-30/2015

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIOS: ARTURO ESPINOSA SILIS Y JORGE MEDELLIN PINO

México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta RESOLUCIÓN en el sentido de CONFIRMAR el acuerdo de dos de enero de dos mil quince, emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/74/INE/90/PEF/44/2014, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. El treinta de diciembre de dos mil catorce, el partido recurrente presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, denuncia en contra de Manuel Velasco Coello, Carlos Arturo Penagos Vargas y Leticia Coello de Velasco, Gobernador, Secretario de Juventud y Deporte, y Presidenta del DIF, todos del Gobierno del Estado de Chiapas, por la presunta transgresión a los artículos 130 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, con motivo de la indebida difusión de propaganda partidista a partir de la utilización de símbolos, signos y expresiones religiosas; así como la supuesta violación al principio de imparcialidad, derivada de la realización de actos anticipados de precampaña y campaña atribuibles al Partido Verde Ecologista de México.

2. Acuerdo controvertido. El dos de enero del año siguiente, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, acordó, entre otros, inhibir su competencia por cuanto hace al posible impacto de las conductas denunciadas, para lo cual consideró que la autoridad electoral administrativa en el Estado de Chiapas puede conocer de esos actos denunciados.

3. Recurso de revisión. El seis de enero de la presente anualidad, Horacio Duarte Olivares, en representación del partido político MORENA, interpuso recurso de revisión para controvertir el citado acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

4. Recepción y turno. El recurso de revisión fue recibido en esta Sala Superior y, por acuerdo del Magistrado Presidente de esta Sala Superior, fue turnado a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar a fin de que lo sustanciara y elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el que se impugna el acuerdo de dos de enero de dos mil quince, emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se declaró incompetente para conocer de las conductas denunciadas; lo que en concepto del hoy recurrente es contrario a los artículos 1, 14, 16, 17, 41, base VI, 99, fracción IX, y 134 de la Constitución Federal.

2. PROCEDENCIA

Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, 45, 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

2.1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la que se hace constar el nombre y firma autógrafa del recurrente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado; los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas.

2.2. Oportunidad. El recurso fue promovido de manera oportuna, toda vez que el acuerdo impugnado le fue notificado al recurrente el tres de enero de dos mil catorce, en tanto que el recurso de revisión se interpuso el seis siguiente, es decir, dentro del plazo de tres días establecido al efecto.

2.3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, toda vez que Horacio Duarte Olivares, quien se ostenta como representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es el quejoso en el procedimiento especial sancionador con clave UT/SCG/PE/MORENA/CG/74/INE/90/PEF/44/2014 incoado por el propio recurrente, por supuestas infracciones al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, efectuadas por el Gobernador, Secretario de Juventud, y Presidenta del DIF, todos del estado de Chiapas, por la utilización de símbolos, signos y expresiones religiosas en su propaganda política.

2.4. Interés jurídico. El recurrente impugna el acuerdo emitido por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el cual está vinculado a un procedimiento especial sancionador, y donde el recurrente fue parte denunciante, de lo cual se desprende dicho interés.

2.5. Definitividad. Esta Sala Superior advierte que no existe algún otro medio de impugnación que debiera agotarse por el recurrente antes de acudir a esta instancia federal, con lo cual debe tenerse satisfecho el requisito de procedencia bajo análisis.

Lo anterior, ya que si bien esta Sala Superior ha sostenido que por regla general los actos o determinaciones que se lleven a cabo durante la sustanciación de procedimientos administrativos, no son definitivos y firmes, toda vez que no resulta admisible reclamar una actuación procesal al estar pendiente de resolución el procedimiento respectivo, sin embargo, también ha señalado que por excepción, es posible impugnar aquellas actuaciones que contienen alguna determinación sobre la existencia de una posible infracción y la probable responsabilidad de la persona denunciada, de ahí que se cumpla con la definitividad, pues se puede limitar o prohibir de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales.

Lo anterior, tienen sustento en la jurisprudencia de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.1

1 Jurisprudencia 1/2010, consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo jurisprudencia, volumen 1, pp. 540-541.

En ese sentido, dado que el acuerdo impugnado puede implicar un cambio sustancial en el procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la denuncia instaurada por Horacio Duarte Olivares, en representación de MORENA, se debe estudiar en el fondo los planteamientos formulados por el recurrente a efecto de determinar si se genera un perjuicio irreparable a algún derecho sustantivo o garantía fundamental del procedimiento.

De ahí que se considere que el acuerdo de incompetencia emitido por la Unidad Técnica de los Contenciosos del Instituto Nacional Electoral el dos de enero pasado, deba ser analizado en el fondo.

3.1. Planteamiento del caso

El partido político MORENA, a través de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, denunció al Gobernador del Estado de Chiapas, así como a diversos funcionarios de la entidad, por la violación a los artículos 130 y 134 constitucionales, en virtud del uso se símbolos religiosos y promoción personalizada de su imagen derivado de la difusión de diversas fotografías en la cuenta de Facebook del Gobernador, producto de la peregrinación realizada al Templo de Guadalupe en la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Al conocer de la denuncia presentada por el mencionado instituto político, el Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral para efecto de que dicha unidad trámite la denuncia.

En ese sentido, la PRETENSIÓN del recurrente es que se revoque el auto dictado el dos de enero de dos mil quince por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral en el que se declaró incompetente para conocer de los hechos materia de la denuncia, y remitió la misma al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a fin de que conociera de la misma.

Su CAUSA DE PEDIR la hace consistir en dos premisas fundamentales:

1. El Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral carece de facultades para declararse incompetente para conocer de una denuncia a través del procedimiento especial sancionador, pues en todo caso es la Comisión de Quejas y Denuncias quien cuenta con facultades para ello, y

2. El Instituto Nacional Electoral es quien debe conocer de la denuncia planteada, pues los hechos que se denuncian constituyen violación a los artículos 130 y 134 constitucionales, se vinculan con el proceso electoral federal y el Gobernador del Estado de Chiapas también es un funcionario partidista en el ámbito nacional del Partido Verde Ecologista de México, pues es integrante del Consejo Político Nacional de dicho partido político.

De ahí que la LITIS de la presente controversia sea determinar en primer lugar, si el Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral cuenta con facultades para determinar la competencia y conocer de la queja o remitirla a la autoridad competente o si en su caso debe ser la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho Instituto, y en segundo, qué autoridad es la competente para conocer, sustancias y resolver la denuncia.

3.2. Agravios del recurrente

3.2.1. Incompetencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para remitir la denuncia a la autoridad administrativa electoral local

El recurrente estima que la Unidad Técnica de lo Contencioso actuó en exceso de sus atribuciones y competencia, toda vez que sin fundamento constitucional o legal alguno, se declaró incompetente para conocer del procedimiento especial sancionador de mérito.

Además, el recurrente estima que la Comisión de Quejas y Denuncias era la autoridad competente para pronunciarse respecto de la incompetencia del presente caso y, por ende, remitir el asunto al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

3.2.2. Competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para sustanciar la denuncia de mérito

El recurrente estima que, contrariamente a lo resuelto por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los actos denunciados sí inciden en el proceso federal y, no sólo en el proceso local, pues el Gobernador de Chiapas es dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, ya que tiene el carácter de consejero político nacional.

Aunado a lo anterior, el recurrente estima que los hechos denunciados vulneran los artículos 130 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución General, toda vez que existe la prohibición expresa de: i) la utilización de símbolos, signos y expresiones religiosas en materia electoral; ii) la violación al principio de imparcialidad de los servidores públicos, y iii) la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

3.3. Contestación a los agravios

3.3.1. Incompetencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para remitir la denuncia a la autoridad administrativa electoral local

Esta Sala Superior estima que dicho concepto de agravio es INFUNDADO, pues contrariamente a lo aducido por el recurrente, de una interpretación sistemática de los artículos 471, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 60, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias, se advierte que la Unidad Técnica de lo Contencioso sí tiene atribuciones para declararse incompetente para conocer de procedimientos especiales sancionadores2.

2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 471. …

5. La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:

a) No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo;

b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral.

c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

d) La denuncia sea evidentemente frívola.

Reglamento de Quejas y Denuncias

Artículo 6.

1. La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica, sin prevención alguna, cuando:

I. No reúna los requisitos indicados en el artículo 10 de este Reglamento;

II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;

III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

IV. La denuncia sea evidentemente frívola.

En efecto, esta Sala Superior ha sostenido que de una interpretación de los referidos preceptos normativos, se advierte que si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tiene atribuciones para desechar de plano las denuncias, sin prevención alguna, cuando las mismas: no cumplan los requisitos atinentes; los hechos denunciados no constituyan violaciones en materia de propaganda político-electoral; no se aporten ni se ofrezcan pruebas, y cuando la denuncia sea frívola, entonces también debe considerarse que cuenta con facultades para dictar acuerdos de incompetencia. Además, este órgano jurisdiccional ha estimado que dicha Unidad sí tiene facultades para emitir acuerdos de incompetencia, en tanto que es el órgano competente para la tramitación del procedimiento especial sancionador, entre otros, en términos del artículo 459, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.3

3 Este criterio fue sustentado en el recurso de revisión SUP-REP-11/2014 y su acumulado, resuelto el dieciocho de diciembre de dos mil catorce.

Por tanto, contrariamente a lo aducido por el recurrente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tiene atribuciones para dictar acuerdos de incompetencia, cuando advierta que los hechos denunciados no están dentro de su ámbito de competencia y, por ende, puede ordenar la remisión inmediata a la autoridad que considere que debe conocer de los mismos.

3.3.1. Competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para sustanciar la denuncia de mérito

En el caso, esta Sala Superior considera que los agravios expuestos por el partido político Morena en su escrito de demanda son INFUNDADOS, ya que como los hechos denunciados ocurrieron en la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, los sujetos denunciados son servidores públicos en dicha entidad federativa y las conductas objeto de la denuncia se encuentran tipificadas en la normativa electoral local, de ahí que tal como lo sostuvo la autoridad responsable, la competencia para conocer de la denuncia presentada por el partido recurrente sea de la autoridad administrativa electoral local.

Lo anterior, ya que de las constancias que obran en autos no es posible advertir que la materia de la denuncia guarde relación con el proceso electoral federal, aunado a que si bien se denuncia la posible promoción personalizada del Gobernador de la Entidad, lo que pudiera suponer una violación al artículo 134 constitucional, tal precepto debe interpretarse a la luz del correlativo del ordenamiento legal local, esto es, el artículo 89 de la Constitución local, por lo que si en el ámbito local existe dicha prohibición y la conducta no incide en un proceso electoral federal la competencia corresponde a la autoridad local. Lo anterior, aunado a que el hecho de que uno de los sujetos denunciados forme parte de un órgano directivo nacional de un partido político, como lo señala el recurrente en el sentido de que el Gobernador de la entidad también es consejero político nacional del Partido Verde Ecologista de México, por sí sólo no actualiza la competencia del Instituto Nacional Electoral, especialmente considerando que ni de los hechos denunciados, ni de las constancias de autos se advierte que hubiere actuado en su calidad de funcionario partidista.

Como lo sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver el recurso de revisión SUP-REP-22/2014, la legislación electoral contempla un sistema de distribución de competencias entre las autoridades electorales nacionales y las locales, en el que cada una conocerá de las infracciones a la normativa electoral relacionadas con los procesos electorales que son de su competencia, es decir, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de los órganos facultados para ello, conocerán de las infracciones y sancionarán las conductas que se vinculen con un proceso electoral federal, y los Organismos Públicos Locales y los Tribunales Electorales de las entidades federativas conocerán y sancionarán las conductas infractoras vinculadas con procesos electorales locales, con excepción de aquellas vinculadas con la difusión de propaganda en radio o televisión cuyo conocimiento será exclusivo del Instituto Nacional Electoral y la Sala Especializada.

Por lo que esta Sala Superior considera que el sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación electoral atiende principalmente a dos criterios, el primero en virtud de la materia, es decir, si la misma se vincula con un proceso comicial local o federal, con la excepción prevista para aquellas infracciones vinculadas a la radio o televisión, como se señaló previamente, y el segundo de carácter territorial, es decir, determinar en dónde ocurrió la conducta, a efecto de establecer quien es la autoridad competente.

En el caso, se denunció al Gobernador del Estado de Chiapas, así como a otros servidores públicos de la entidad, por la violación a lo establecido en el artículo 130 y 134 de la Constitución federal, ello en virtud del uso de símbolos religiosos y promoción personalizada de su imagen derivado de la difusión de diversas fotografías en la cuenta de Facebook del Gobernador, producto de la peregrinación realizada al Templo de Guadalupe en la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

El denunciante señala que los servidores públicos incurrieron en violación a los mencionados artículos constitucionales, pues con la difusión de las imágenes en redes sociales promocionaban su imagen de manera indebida buscando influir en la contienda electoral federal, aunado a que también actuaban en su calidad de funcionarios partidistas.

Contrariamente a lo señalado por el recurrente, de las constancias que obran en autos no es posible advertir que los hechos denunciados tuvieran un impacto o se encaminarán a influir en el proceso electoral federal, ya que no existe elemento alguno del que se pueda advertir la intención de alguno de los sujetos denunciados de postularse a algún cargo de elección popular a nivel federal, ni de llamar a la ciudadanía a votar en favor de un partido político o candidato, así como tampoco se advierte que se buscara posicionar a una fuerza política como aduce el incoante.

De ahí que no se pueda concatenar un acto público del Gobernador del Estado de Chiapas llevado a cabo con la participación de otros servidores públicos con motivo de una fecha religiosa, con una conducta tendente a influir en el proceso electoral federal.

Tampoco puede señalarse que la competencia para conocer de la denuncia corresponde al Instituto Nacional Electoral ya que el Gobernador actuaba en su carácter de funcionario partidista, en virtud de que es consejero político nacional del Partido Verde Ecologista de México, o alguno de los servidores públicos que lo acompañaban acudieron con tal carácter, pues ello no constituye uno de los supuestos bajo los cuales se actualiza la competencia de una u otra autoridad electoral, aunado a que del material probatorio que obra en autos no se desprende que estuviere actuando con tal carácter, ya que no existen elementos para advertir que el acto que se lleva a cabo en las imágenes materia de la denuncia fuera del Partido Verde Ecologista de México, ya que únicamente se advierte a un grupo de personas caminando con una imagen de la Virgen de Guadalupe y un arreglo floral, y se señala que es la "Peregrinación al Templo de Guadalupe".

Respecto de la violación que se denuncia del artículo 134 constitucional, este órgano jurisdiccional advierte que la obligación de los servidores públicos de actuar de manera imparcial a fin de no realizar promoción personalizada de su imagen, también se encuentra prevista en el numeral 89 de la Constitución del Estado de Chiapas.

De esta forma, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que "los servidores públicos del Estado y los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos."

Por su parte, dentro del catálogo de infracciones para los servidores públicos, el artículo 341, fracción III, de la ley comicial local contempla como supuesto el incumplimiento al principio de imparcialidad y la difusión de propaganda electoral en cualquier medio de comunicación social que contravenga lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución federal y el 89 de la Constitución local. Por tanto, el órgano competente para conocer de dichas infracciones es el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad, y en esa medida, a través de los procedimientos sancionadores previstos en los numerales 355 y 364 de la legislación electoral local, sustancia y resuelve las quejas que se presenten por la comisión de dicha infracción, a fin de determinar si existe alguna incidencia en el proceso electoral local.

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la legislación electoral en el Estado de Chiapas otorga facultades y competencia al Instituto Electoral local para conocer y resolver las quejas que se presenten en contra de servidores públicos cuando se denuncien supuestas violaciones a la Constitución federal y local, así como la legislación electoral local, derivado de la posible promoción personalizada de un servidor público local.

En consecuencia, en virtud de que los hechos denunciados fueron llevados a cabo por servidores públicos del gobierno del Estado de Chiapas, entre ellos el Gobernador de la entidad, es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana local quien tiene competencia para conocer de las posibles infracciones en que hubieran ocurrido derivado de los mismos.

Finalmente, si bien los hechos denunciados se vinculan con la indebida utilización de símbolos religiosos, la cual es contrario al principio de separación Iglesia-Estado consagrado en el artículo 130 constitucional, ello no implica que la competencia para conocer de su posible vulneración sea exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pues el propio precepto constitucional citado señala que son las autoridades federales, locales y municipales las facultadas para velar por su cumplimiento.

En ese sentido, la legislación electoral del Estado de Chiapas establece en los numerales 24, 69, fracción XXIV, y 117, fracción II, la prohibición de utilizar símbolos religiosos en la propaganda electoral a efecto de salvaguardar el principio establecido en el artículo 130 de la Constitución federal.

Por lo que es la autoridad electoral local quien debe determinar si las conducta denunciada, consistente en la utilización de símbolos religiosos incide en el proceso electoral local, por lo que en el caso debe ser el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana quien determine sí, derivado de los hechos denunciados, existió un uso indebido de símbolos religiosos, pues como se señaló de las constancias de autos no existe elemento alguno del que se desprenda que los mismos se vinculan con un proceso electoral federal.

De ahí que, dado que de la denuncia presentada por el partido político MORENA no se advierte ningún elemento del que se pueda desprender que es el Instituto Nacional Electoral la autoridad competente para conocer de la misma, pues los hechos denunciados ocurrieron en la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, fueron supuestamente llevados a cabo por servidores públicos del gobierno del Estado, y no es posible vincularlos con el proceso electoral federal, es correcta la determinación de la autoridad responsable en el sentido de que es el Instituto Electoral local quien debe conocer y resolver la denuncia.

En atención a lo INFUNDADO de los agravios expuestos por el recurrente, lo procedente es CONFIRMAR el acuerdo impugnado.

III. R E S O L U T I V O

ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo de quince de diciembre de dos mil catorce, emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

NOTIFÍQUESE: como corresponda, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 28, 29, párrafos 1, 2 y 3, y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza ante el Subsecretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.