RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-63/2015

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO: ARTURO ESPINOSA SILIS

México, Distrito Federal, a dieciocho de febrero de dos mil quince.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta RESOLUCIÓN en el sentido de CONFIRMAR el acuerdo de incompetencia de cinco de febrero de dos mil quince, emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSD-4/2015, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. El veintitrés de enero de dos mil quince, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tabasco presentó denuncia en contra de la diputada federal Claudia Elizabeth Bojórquez Javier y el Partido de la Revolución Democrática, por la presunta violación a los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al numeral 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al Partido de la Revolución Democrática.

2. Acuerdo controvertido. El cinco de febrero de dos mil quince, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declaró incompetente para conocer de la denuncia presentada por el representante del Partido Revolucionario Institucional, y remitió la misma al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.

3. Recurso de revisión. El diez de febrero siguiente, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tabasco interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de la determinación de la Sala Regional Especializada.

4. Recepción y turno. El recurso de revisión fue recibido en esta Sala Superior y, por acuerdo del Magistrado Presidente de esta Sala Superior, fue turnado a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar a fin de que lo sustanciara y elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el que se impugna el acuerdo de cinco de febrero de dos mil quince, mediante el cual la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declaró incompetente para conocer de la denuncia presentada por el representante del Partido Revolucionario Institucional y remitió la misma al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.

2. PROCEDENCIA

Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, 45, 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

2.1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en la que se hace constar el nombre y firma autógrafa del recurrente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado; los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas.

2.2. Oportunidad. El recurso fue promovido de manera oportuna, toda vez que el acuerdo impugnado le fue notificado al recurrente el siete de febrero de dos mil quince, en tanto que el recurso de revisión se interpuso el diez siguiente, es decir, dentro del plazo de tres días establecido al efecto.

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el recurrente hubiere presentado el recurso de revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, pues ha sido criterio reiterado de este órgano auxiliar que es válida la promoción de los medios de impugnación ante el órgano que en auxilio notificó el acto impugnado, como ocurrió en el caso, y en dicho supuesto se interrumpe el cómputo del plazo para la promoción de la impugnación, como se sostiene en la jurisprudencia de rubro PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. EL CÓMPUTO SE INTERRUMPE AL PRESENTAR LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE EN AUXILIO NOTIFICÓ EL ACTO IMPUGNADO, por tanto, es claro que el recurso fue interpuesto en tiempo.

2.3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, toda vez que Mario Alberto Alejo García, es representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, lo cual es reconocido por la autoridad responsable, aunado a que es quien presentó la denuncia materia de controversia.

2.4. Interés jurídico. Se surte en la especia porque, el recurrente impugna el acuerdo emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se declaró incompetente para conocer de la denuncia presentada por el representante del Partido Revolucionario Institucional, lo cual en concepto del recurrente es incorrecto.

2.5. Definitividad. Esta Sala Superior advierte que no existe algún otro medio de impugnación que debiera agotarse por el recurrente antes de acudir a esta instancia federal, con lo cual debe tenerse satisfecho el requisito de procedencia bajo análisis.

3. ESTUDIO DE FONDO

3.1. Planteamiento del caso

El Partido Revolucionario Institucional a través de su representante ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tabasco denunció a la mencionada diputada federal por la presunta violación al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de la promoción personalizada de la legisladora, con motivo de su informe de gobierno, a través de pendones o banderolas que en concepto del denunciante son contrarias a la ley, y al Partido de la Revolución Democrática por culpa in vigilando, al respecto la Sala Regional Especializada consideró que era incompetente para conocer de la denuncia, y remitió la misma al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.

En ese sentido, la PRETENSIÓN del recurrente es que se revoque el acuerdo emitido por la Sala Regional Especializada en el que se declaró incompetente para conocer la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional.

La CAUSA DE PEDIR del recurrente radica en que los hechos denunciados son violatorios tanto de la Constitución federal, como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales e inciden en el proceso electoral federal.

En ese sentido, la LITIS se centra en determinar cuál es la autoridad que es competente para conocer los hechos denunciados, esto es, si la autoridad responsable o el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

3.2. Distribución de competencias de los procedimientos especiales sancionadores

El régimen sancionador previsto en la legislación electoral otorga competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la normativa electoral tanto al Instituto Nacional Electoral, como a los Organismos Públicos Locales.

Por una parte, el artículo 41, base III, apartado D, de la Constitución otorga al Instituto Nacional Electoral facultades para que a través de procedimientos expeditos, investigue las infracciones relacionadas con la difusión de propaganda en radio y televisión; por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inicio o), de la propia Constitución, señala que las constituciones y leyes de los Estados, en materia electoral, deben determinar, entre otros, las faltas y las sanciones que por ellas se deban imponer.

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el numeral 440, que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores, los primeros por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y los segundos de carácter expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. También deberán contemplar un catálogo de sujetos y conductas sancionables, reglas para el inicio, tramitación e investigación, los órganos competentes para ello, y un procedimiento para la remisión de expedientes, al tribunal electoral, para su resolución, tanto a nivel federal como local.

A partir de lo anterior, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece las reglas que rigen el procedimiento especial sancionador que conocen la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 470, de la citada ley general, el procedimiento especial sancionador procede en contrata de:

- Conductas que violen lo dispuesto en la base III, del artículo 41 constitucional, esto es, difusión de propaganda en radio y televisión.

- Conductas contrarias a lo previsto en el párrafo octavo del numeral 134 de la Constitución, el cual establece la prohibición a los servidores públicos de realizar promoción personalizada de su imagen a través de la propaganda gubernamental.

- Conductas que contravengan las normas relativas a la propaganda política o electoral.

- Conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

El artículo 471 de la mencionada legislación electoral, señala que en caso de que la conducta infractora este relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.

De todo lo anterior, se advierte que la legislación electoral contempla un sistema de distribución de competencias entre las autoridades electorales nacionales y las locales, en el que cada una conocerá de las infracciones a la normativa electoral relacionadas con los procesos electorales que son de su competencia, es decir, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de los órganos facultados para ello, conocerán de las infracciones y sancionarán las conductas que se vinculen con un proceso electoral federal, y los Organismos Públicos Locales y los Tribunales Electorales de las entidades federativas conocerán y sancionarán las conductas infractoras vinculadas con procesos electorales locales, con excepción de aquellas vinculadas con la difusión de propaganda en radio o televisión cuyo conocimiento será exclusivo del Instituto Nacional Electoral y la Sala Especializada.

Por lo que esta Sala Superior considera que el sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación electoral atiende principalmente a dos criterios, el primero en virtud de la materia, es decir, si la misma se vincula con un proceso comicial local o federal, con la excepción prevista para aquellas infracciones vinculadas a radio o televisión, como se señaló previamente, y el segundo de carácter territorial, es decir, determinar en dónde ocurrió la conducta, a efecto de establecer quien es la autoridad competente.

3.3. Competencia para conocer de la queja

En el caso, esta Sala Superior considera que los agravios expuestos por el representante del Partido Revolucionario Institucional en su escrito recursal son INFUNDADOS, ya que la materia de la denuncia consiste en la presunta ilegal promoción personalizada de la diputada federal Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, por la difusión de su segundo informe de actividades legislativas en pendones o banderolas, lo cual sería competencia de la autoridad electoral local, por tratarse de una infracción prevista en la legislación electoral local, acotada al territorio de una entidad federativa, no difundida en radio o televisión y, además, no vinculada a una elección federal (pues en la especia, la persona denunciada ya ocupa el cargo de diputada federal, sin que opere por el momento la figura de la reelección); de ahí que el acuerdo de incompetencia emitido por la Sala Regional Especializada haya sido dictado conforme a Derecho.

Como se advierte del acuerdo impugnado, a nivel local se regula la imparcialidad que deben tener los servidores públicos en el manejo de los recursos, así como la forma en que podrán difundir mensajes alusivos a sus informes de labores.

De esta forma, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, establece que "Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos", así mismo dispone que "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno estatal o municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".

A efecto de hacer compatible el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas, con el principio de imparcialidad en el manejo de recursos que deben observar los servidores públicos, el numeral 193, párrafo 5, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, establece que los informes anuales de labores de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, no serán considerados propaganda, siempre y cuando su difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y los cinco posteriores a la fecha en que rinda el informe, también señala que dichos informes no podrán tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Por su parte, dentro del catálogo de infracciones para los servidores públicos, concretamente el numeral 341 de la legislación electoral local, se contempla el incumplimiento al principio de imparcialidad y la difusión de propaganda electoral en cualquier medio de comunicación social que contravenga lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución federal. El artículo 361 del mencionado ordenamiento legal, señala que el procedimiento especial sancionador se instruirá cuando, entre otros, se denuncien infracciones a lo previsto en los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, así como 73 de la Constitución local, siendo el órgano competente para conocer de dichas infracciones el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de conformidad con lo establecido en el numeral 350 de dicha legislación comicial.

De lo anterior, se advierte que la legislación electoral en el Estado de Tabasco otorga facultades y competencia al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local para conocer y resolver las quejas que se presenten en contra de servidores públicos cuando se considere que infringieron la Constitución federal y local, así como la legislación electoral local, derivado de los mensajes difundidos alusivos a sus informes de gobierno.

Por tanto, dado que los hechos denunciados consisten en la presunta indebida promoción personalizada de la diputada federal Claudia Elizabeth Bojórquez Javier derivado de la difusión de su segundo informe de actividades legislativas en pendones o banderolas, lo cual supuestamente ocurrió en el municipio de Tenosique, Tabasco, fuera de los tiempos previstos en la legislación electoral, esta Sala Superior considera que la competencia para conocer de la denuncia corresponde a la citada autoridad electoral local, en virtud de que, como se anticipó:

- Las conductas denuncias se encuentran previstas como infracciones en la legislación electoral local, y presuntamente tuvieron lugar en un municipio del Estado de Tabasco:

- En principio, no se advierte vinculación alguna con el proceso electoral federal, pues si bien la persona denunciada es actualmente diputada federal, lo cierto es que no puede aspirar a reelegirse en el cargo, toda vez que la reelección operará a partir del proceso electoral de dos mil dieciocho, ello de conformidad con el régimen transitorio de la reforma constitucional electoral de febrero de dos mil catorce;

- Actualmente, en el Estado de Tabasco se desarrolla un proceso electoral local, por lo que en su caso la conducta denunciada sólo podría impactar en el mismo,

- La promoción personalizada de la denunciada no se llevó a cabo en radio y televisión, supuesto bajo el cual se actualizaría directamente la competencia de la autoridad electoral nacional.

Por tanto, en virtud de que la conducta denunciada puede resultar violatoria de la normatividad electoral local, e impactar en el proceso comicial de la entidad, resulta aplicable, mutatis mutandi, el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

De ahí que, en concepto de esta Sala Superior el acuerdo controvertido sea conforme a Derecho, pues de esta forma se garantiza el pleno respeto al esquema de competencias previsto desde la Constitución General de la República, así como a las facultades de las autoridades electorales locales a efecto de que dentro de su ámbito de competencia conozcan y resuelvan de las posibles violaciones a la legislación electoral estatal, y el impacto que las mismas pudieran llegar a tener en la elección local, pues es dicha autoridad la facultada, en un primer momento, para interpretar y aplicar la legislación electoral de la entidad.

En atención a lo INFUNDADO de los agravios expuestos por el recurrente, lo procedente es CONFIRMAR el acuerdo impugnado.

III. R E S O L U T I V O

ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo de cinco de febrero de dos mil quince, emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSD-4/2015.

NOTIFÍQUESE: como corresponda, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 28, 29, párrafos 1, 2 y 3, y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por MAYORÍA de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, quien emite voto particular, ante la Subsecretaria General de Acuerdos en funciones quien autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, AL DICTAR SENTENCIA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE SUP-REP-63/2015.

Porque no coincido con el sentido de la sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro indicado, en la cual la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior determinó confirmar la sentencia incidental de incompetencia de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador y ordenar remitir las constancias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, formulo VOTO PARTICULAR, en los siguientes términos:

En opinión del suscrito, fue indebido lo resuelto por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, al declarar su incompetencia para conocer de el procedimiento especial sancionador instaurado en contra de la diputada federal, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, así como del Partido de la Revolución Democrática.

Al respecto cabe destacar que este órgano jurisdiccional electoral federal ha sostenido reiteradamente el criterio de que la competencia, conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por constituir un presupuesto de validez de toda actuación de las autoridades, es de estudio preferente en todo medio de impugnación en materia electoral, el cual debe ser analizado, por el tribunal competente, incluso de oficio.

Este criterio reiterado ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 1/2013, consultable a páginas doscientas doce a doscientas trece, de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", volumen 1 (uno), intitulado "Jurisprudencia", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El rubro y texto de la tesis en cita es el siguiente:

COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, conforme al principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; por tanto, como la competencia es un requisito fundamental para la validez de un acto de molestia, su estudio constituye una cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de dictar la sentencia que en Derecho proceda, en el juicio o recurso electoral correspondiente.

En su caso, la competencia de la autoridad constituye un presupuesto de validez indispensable para la adecuada instauración de la relación jurídico procesal y también para la validez de toda relación procedimental, de tal suerte que si el órgano de autoridad, jurisdiccional o administrativo, que actúa en un caso concreto, carece de competencia, todo lo actuado estará afectado de nulidad, por la incompetencia de la autoridad actuante.

Contrario al principio de libre actuación que rige, por regla, la conducta de los gobernados, conforme al cual éstos pueden hacer todo lo que no está prohibido; para su actuación válida, todo órgano de autoridad debe estar investido de la facultad correspondiente, conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución federal, en términos del cual la autoridad sólo puede actuar válidamente si está facultada para ello por la Constitución o la ley.

En este orden de ideas, en mi opinión, la Sala Regional Especializada responsable no puede declarar su incompetencia para conocer de los procedimientos sancionadores que le sean turnados por la autoridad administrativa electoral nacional, encargada del trámite correspondiente; motivo por el cual es indebido que haya determinado enviar, para su conocimiento y resolución, el expediente del procedimiento especial sancionador instaurado en contra de Claudia Elizabeth Bojórquez Javier y del Partido de la Revolución Democrática, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Al respecto, se debe tener en mente que los artículos 475 al 477, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen lo siguiente:

Artículo 475.

1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el artículo anterior, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.

Artículo 476.

1. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, recibirá del Instituto el expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.

2. Recibido el expediente en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, el Presidente de dicha Sala lo turnará al Magistrado Ponente que corresponda, quién deberá:

a) Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos previstos en esta Ley;

b) Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley, realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;

c) De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a los funcionarios electorales;

d) Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador, y

e) El Pleno de esta Sala en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.

Artículo 477.

1. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener los efectos siguientes:

a) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o

b) Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Como se advierte, de la normativa trasunta, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en principio, es competente para resolver los procedimientos especiales sancionadores a que se refieren los artículos 470 al 474, de la citada Ley General, pero necesariamente tienen el deber jurídico de resolver, dar por concluido definitivamente, debe finalizar, el respectivo procedimiento especial sancionador, con la resolución correspondiente.

Asimismo, se prevé el trámite que debe llevar a cabo la aludida Sala una vez que reciba, del Instituto Nacional Electoral, el expediente integrado con motivo de la denuncia, así como el respectivo informe circunstanciado.

Recibido el expediente en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, su Presidente se debe turnar al Magistrado Ponente que corresponda, a fin de que radique la denuncia, verificando el cumplimiento, por parte del Instituto Nacional Electoral, de los requisitos previstos en la ley.

Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en la ley, el Ponente debe llevar a cabo u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando cuáles deben ser y el plazo para llevarlas a cabo, las que ha de desahogar en la forma más expedita.

Si persiste la violación procesal, el Magistrado Ponente está facultado para imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad, en la tramitación del procedimiento.

Cuando esté debidamente integrado el expediente, el Magistrado Ponente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, debe poner, a consideración del Pleno de la Sala Regional Especializada, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador, el cual debe dictar resolución dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto.

Las resoluciones que dicte la Sala Regional Especializada han de tener como efecto: 1) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o de la denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren ordenado, y 2) Imponer las sanciones que resulten procedentes, en términos de lo dispuesto en la ley.

Como se advierte, del análisis sistemático de los preceptos legales que rigen la actuación de la Sala Regional Especializada, con relación a la resolución de los procedimientos sancionadores sometidos a su consideración, no está el supuesto de declaración de incompetencia de la Sala Regional Especializada, para conocer de algún procedimiento sancionador.

Lo anterior es así porque, en principio, la determinación sobre la competencia para conocer de alguna queja o denuncia corresponde a la autoridad administrativa electoral nacional, encargada del trámite correspondiente.

A fin de evidenciar lo anterior, se reproduce el contenido de los artículos 470 y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que disponen lo siguiente.

Artículo 470.

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

a) Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 471.

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.

2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y

f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

5. La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:

a) No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo;

b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;

c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

d) La denuncia sea evidentemente frívola.

6. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará a la Sala Especializada del Tribunal Electoral, para su conocimiento.

7. Cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

8. Si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 467 de esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

De los artículos trasuntos se advierte lo siguiente:

Durante el desarrollo de un procedimiento electoral, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tramitar el procedimiento especial sancionador, cuando: 1) Se viole lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal; 2) Se contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, y 3) Constituyan actos anticipados de precampaña o de campaña.

Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión, en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.

Por otra parte, los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo se pueden iniciar a instancia de parte afectada.

El órgano del Instituto Nacional Electoral que reciba o presente la denuncia la remitirá inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva debe admitir o desechar la denuncia, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción.

Si se determina desechar, la aludida Unidad Técnica debe notificar al denunciante, por el medio más expedito, dentro del plazo de doce horas, posteriores a que se emita la determinación; asimismo, esta resolución se debe hacer del conocimiento de la Sala Regional Especializada.

Si la determinación es en el sentido de admitir la denuncia, se debe proveer respecto del emplazamiento al denunciante y al denunciado, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, la cual se debe celebrar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, posteriores a la admisión.

Al emplazar al denunciado, la Unidad Técnica le debe correr traslado con copia de la denuncia y sus anexos.

Finalmente, si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, considera necesario ordenar medidas cautelares, lo debe proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias de ese Instituto, dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, determinación que es susceptible de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el particular, si bien la autoridad encargada del trámite fue la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el distrito electoral federal uno (1) del Estado de Tabasco, tal circunstancia no modifica la conclusión, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 474, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las juntas distritales y locales, están facultadas para conocer de las denuncias que se presenten con motivo de la propaganda política o electoral, distinta a la transmitida por radio y televisión, así como de denuncias vinculadas con actos anticipados de precampaña o de campaña cuya conducta esté relacionada con ese tipo de propaganda, siendo el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o Local quien debe ejercer, en lo conducente, las facultades señaladas para la Secretaría Ejecutiva del Instituto, conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados.

Así las cosas, de una interpretación sistemática y funcional de los preceptos legales trasuntos, se advierte que es a la autoridad administrativa electoral nacional a la cual le corresponde determinar la competencia para conocer de las quejas o denuncias que se promuevan, pues ésta es la facultada para admitir o desechar las denuncias.

Por ende, considero que la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene atribuciones para declarar su incompetencia, en casos como el que es objeto de resolución incidental de la citada Sala Especializada, razón por la cual lo procedente, conforme a Derecho, es revocar la sentencia incidental impugnada y ordenar que resuelva el procedimiento especial sancionador que se sometió a la consideración de la Sala Regional Especializada.

Por otra parte, en opinión del suscrito, tampoco es conforme a Derecho la determinación de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, consistente en declarar su incompetencia y ordenar la remisión de la denuncia y sus anexos, que motivaron la integración del expediente del procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-PSD-4/2015, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que en Derecho corresponda, respecto de la probable vulneración a lo previsto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al caso, es importante destacar que mediante el Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral de seis de noviembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de noviembre de ese mismo año, por el que se reformó, entre otros, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el deber de los Congresos de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de adecuar su legislación atinente a lo previsto en ese Decreto de reformas, para lo cual se concede el plazo de en un año, a partir de su entrada en vigor.

El texto de los párrafos séptimo, octavo y noveno, del mencionado artículo 134 constitucional adicionado es al tenor siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134.

[...]

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Así, la Sala Superior, en diversas sentencias, ha considerado que las autoridades electorales administrativas locales eran competentes para conocer de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos, lo cual dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 3/2011, consultable a fojas ciento noventa y ocho a ciento noventa y nueve, del Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es al tenor siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Ahora bien, a partir del nuevo Sistema Electoral Nacional, emergente de la reciente reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se estableció el deber del Congreso de la Unión de expedir la ley general que reglamente el mencionado párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del mencionado Decreto de dos mil catorce, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, establece lo siguiente:

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

En este sentido, para dar funcionalidad al nuevo Sistema Electoral Mexicano se expidieron diversas leyes generales, entre otras, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, la cual, en la parte atinente a la difusión de propaganda con motivo de los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, prevé lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 242.

[…]

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

[…]

TRANSITORIOS

Vigésimo Tercero. Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 242 de esta Ley, en relación con los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, deberá ser regulado en la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Continuará en vigor lo previsto en el referido párrafo 5 del artículo 242, hasta en tanto no se expida y entre en vigor la regulación anterior en dicha ley.

En este orden de ideas, para el suscrito, es claro que dado que el Poder Revisor Permanente de la Constitución ha determinado que corresponde al Congreso de la Unión, como una atribución exclusiva, emitir la legislación que prevea lo relativo a la reglamentación del citado párrafo octavo del artículo 134 constitucional, para definir, entre otros aspectos, lo relativo a la división de competencias y materias que regularan lo relativo, en los tres ámbitos de gobierno, a la difusión de la propaganda gubernamental y la publicidad de la rendición de informes de gobierno, es inconcuso que los órganos legislativos y las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas no están facultados para legislar y conocer, respectivamente, hasta en tanto la legislación general reglamentaria sea emitida, motivo por el cual debe seguir rigiendo el sistema de transición previsto en la normativa transitoria constitucional y legal antes precisada.

Así, en mi opinión, las conductas de los servidores públicos que pudieran implicar una vulneración a lo previsto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo relativo a informes de labores o de gestiones de los servidores públicos, de los tres ámbitos de gobierno, debe ser del conocimiento exclusivo del Instituto Nacional Electoral.

Al caso, es importante precisar que en sesión pública de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la acción de inconstitucionalidad identificada con la clave de expediente 42/2014 y sus acumuladas, en la que, en la parte atinente, consideró que lo previsto en el artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental, sólo corresponde regularlo al Congreso de la Unión, mediante una ley que se debe aplicar a los tres niveles de gobierno, por lo que declaró invalido lo dispuesto en los artículos 169 y 254, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral de Michoacán de Ocampo.

Al respecto, cabe transcribir la parte atiente:

(163) El artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental, dispone que la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter informativo; fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

(164) Al encontrarse relacionado con el precepto recién referido, importa destacar el contenido del artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo, de la propia Ley Fundamental, de acuerdo con el cual, durante las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, dentro de los medios de comunicación social, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y estatales, municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, salvo las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

165) Las reglas contenidas en los preceptos invocados derivan de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación de trece de noviembre de dos mil siete, de cuyo proceso legislativo se desprende que su finalidad fue regular la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto en tiempos electorales como fuera de ellos, para generar condiciones de imparcialidad, equidad y certeza respecto de la competencia electoral.

[…]

(167) Además de la finalidad de las reglas contenidas en los dispositivos jurídicos en comento, a la que se hizo referencia con antelación, debe destacarse que el texto recién trasunto evidencia también que, en lo que ahora interesa, la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también para promover ambiciones personales de índole política.

(168) Por cuanto hace, concretamente, al artículo 134 de la Ley Suprema, se determinó que la propaganda gubernamental de todo tipo y origen fuera institucional, esto es, que en ella no debía promoverse la imagen personal de los servidores públicos, para evitar que utilizaran su cargo en beneficio de ambiciones personales de índole política.

(169) Vinculado con esto, se precisó que el propósito del precepto en comento era poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que fuera el medio para su difusión, pagada con recursos públicos, o utilizando los tiempos del Estado en radio y televisión, para la promoción personal, por lo que ésta no podría incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que implicaran promoción personalizada de los servidores públicos.

(170) Finalmente, se dijo que la imparcialidad de los funcionarios respecto de los partidos políticos y las campañas electorales debía tener un sólido fundamento en la Carta Magna, a fin de que el Congreso de la Unión determinara en las leyes las sanciones a que estarían sujetos los infractores de tal disposición.

(171) En relación con esto último, en concreto, la referencia que se hace al Legislador Federal, es relevante destacar el contenido del artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, que es del tenor literal siguiente:

TERCERO. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

(172) Como se evidencia del texto recién insertado, en congruencia con lo señalado en el proceso legislativo al que se hizo alusión previamente, el poder reformador de la Constitución reservó al Congreso de la Unión, de manera expresa, la posibilidad de expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución y, además, en lo que ahora importa destacar, señaló que en ella se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública o cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, esto es, previó que sería una norma común, y que ésta regularía todo lo relativo al precepto constitucional referido.

(173) Por tanto, atento a las consideraciones desarrolladas con anterioridad, es válido concluir que, desde la confección del precepto en comento, la intención del constituyente permanente ha sido que éste sea reglamentado por el Congreso de la Unión, a través de una norma a la que deberán sujetarse los órganos públicos de los tres niveles de gobierno por lo que, a juicio de este Tribunal Pleno, sólo dicho cuerpo legislativo cuenta con atribuciones para expedir la legislación en cita, que será común para la Federación, estados y municipios.

[…]

(174) Ahora bien, establecido lo anterior, es menester señalar que los artículos controvertidos que se analizan en el presente apartado, establecen lo siguiente:

Artículo 169

Los informes anuales de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Artículo 254. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

a) Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución General;…

(175) Como se advierte de lo trasunto con antelación, los artículos controvertidos se refieren, por una parte, a que los informes anuales de labor o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, difundidos en los medios de comunicación social, no serán considerados propaganda cuando se ajusten a la temporalidad y fines señalados y, por otra, a la atribución que tiene la Secretaría Ejecutiva del Instituto para instruir el procedimiento especial correspondiente, cuando se denuncien conductas que violen lo establecido en el artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental.

(176) Lo apuntado pone de manifiesto que los dos preceptos regulan aspectos distintos del artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental, con independencia de que uno implique una cuestión sustantiva, y el otro se relacione con un tema adjetivo.

(177) En efecto, como ha quedado asentado, el primero de los preceptos aludidos regula los informes anuales de labor o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, difundidos en los medios de comunicación social, respecto de los cuales prevé que no serán considerados propaganda cuando se ajusten a la temporalidad y fines señalados, mientras que el segundo faculta a un órgano de la autoridad electoral del Estado para instruir los procedimientos en los que se alegue que se ha violado el dispositivo normativo constitucional en comento.

(178) Así, es inconcuso que ambos preceptos se relacionan con la previsión contenida en el referido artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental que, como se señaló previamente, está encaminado a evitar que dichos funcionarios utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio para su difusión, para su promoción personal, y sólo puede ser regulado por el Congreso de la Unión, a través de una ley a la que deberán sujetarse los órganos públicos de los tres niveles de gobierno.

(179) En este orden de ideas, los preceptos ahora combatidos, indebidamente, se constituyen como una especie de normas que pretenden reglamentar el artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental, en la medida en que establecen que los informes de los servidores públicos no serán considerados propaganda en los casos a los que aluden, y determinan quién verificará las posibles violaciones al artículo constitucional de referencia, pues la Legislatura de Michoacán no cuenta con atribuciones al respecto.

(180) En este orden de ideas, toda vez que la incompetencia es general y por tanto, abarca cuestiones sustantivas y adjetivas, procede declarar la inconstitucionalidad de los artículos combatidos.

(181) Por tanto, se declara inconstitucional el artículo 169, en la porción normativa que establece "…Los informes anuales de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral...", y también el artículo 254, en la porción que señala "...a) Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución General;…"

[…]

Lo anterior, para el suscrito, conforme a lo previsto en los artículos 235, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 43 y 73, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye tesis de jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades del país, incluido este Tribunal Electoral, tanto para su Sala Superior como para sus Salas Regionales.

Por tanto, este criterio es aplicable en toda la federación mexicana, sin que sea válido aducir que sólo aplica para el Estado de Michoacán, sino para todas las entidades federativas con disposiciones legales similares.

En consecuencia, es convicción del suscrito que se debe revocar la resolución controvertida, para el efecto de que la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral resuelva el fondo de lo controvertido en el procedimiento especial sancionador que motivó la integración del expediente identificado con la clave SRE-PSD-4/2015, que se sometió a su conocimiento.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente VOTO PARTICULAR. Rúbrica.