RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-146/2015 Y ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS

RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: VALERIANO PÉREZ MALDONADO Y ÁNGEL JAVIER ALDANA GÓMEZ

México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, expedientes SUP-REP-146/2015, SUP-REP-148/2015 y SUP-REP-151/2015, interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional, César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, y Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, en contra de la sentencia de veintisiete de marzo del año en curso, emitida en el procedimiento especial sancionador de órgano central del Instituto Nacional Electoral, expediente SRE-PSC-44/2015, por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que determinó declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional; y

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. De la lectura de las demandas y las constancias que constan en autos se desprenden lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral federal. El siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral federal en curso para la renovación de los Diputados al Congreso de la Unión.

2. Denuncia del Partido Revolucionario Institucional. El ocho de marzo de dos mil quince, José Antonio Hernández Fraguas, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral, presentó queja ante la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, en contra del Partido Acción Nacional, por la difusión en radio y televisión de los promocionales denominados "Chihuahua 2 v2" (RV00229-15) y "Chihuahua 2" (RA00364-15), en los que, en su concepto, hacía alusión a la plataforma electoral de dicho partido político, a través de la mención del "Sistema Nacional Anticorrupción" y se atribuía diversos ilícitos al Gobernador del Estado de Chihuahua, razón por la cual solicitó medidas cautelares.

3. Medidas cautelares. El diez de marzo siguiente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo ACQyD-INE-52/2015, en el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/74/PEF/118/2015, a través del cual declaró procedente la solicitud de medias cautelares, consistente en suspender la difusión de los promocionales del Partido Acción Nacional, identificados como "Chihuahua 2 v2" (RV00229-15) y "Chihuahua 2" (RA00364-15), al considerar que este material exponía uno de los temas de la plataforma electoral de ese partido político fuera del periodo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La resolución de medidas cautelares fue confirmada por la Sala Superior, lo anterior, mediante sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, expediente SUP-REP-109/2015, de fecha dieciocho de marzo.

4. Denuncia de César Horacio Duarte Jaques, Gobernador del Estado de Chihuahua. El diez de marzo, el Gobernador citado presentó escrito de queja ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en contra del Partido Acción Nacional, por la difusión en radio y televisión de los promocionales denominados "Chihuahua 2 v2" (RV00229-15) y "Chihuahua 2" (RA00364-15), dado que, en su concepto, dichos promocionales contenían imágenes y propuestas que referían conductas negativas que desprestigian, demeritan y calumnian su persona y su imagen como Gobernador, razón por la que solicitó medidas cautelares, la cual en su oportunidad se declaró improcedente, dado que ya existía pronunciamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto respecto de la propaganda materia de la solicitud.

5. Acumulación. En esa misma fecha, dada la relación existente entre los hechos denunciados, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral determinó acumular los procedimientos especiales sancionadores UT/SCG/PE/PRI/CG/74/PEF/118/2015 y UT/SCG/PE/CHDJ/CG/80/PEF/124/2015, integrados con motivo de las denuncias presentadas por el Partido Revolucionario Institucional y el Gobernador del Estado de Chihuahua, respectivamente, al considerar que los hechos denunciados guardaban estrecha relación, al efecto, ordenó la realización de diversas diligencias.

6. Recepción del expediente en la Sala Especializada. El veintitrés de marzo, la Unidad Técnica antes mencionada remitió los expedientes acumulados a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la integración de los expedientes de los procedimientos especiales sancionadores, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por esta Sala Superior.

7. Sentencia de la Sala Especializada. El veintisiete de marzo, la Sala Especializada citada, dictó sentencia en el procedimiento especial sancionador, expediente SRE-PSC-44/2015, en el sentido de declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.

1. Interposición de los medios de defensa. El treinta y uno de marzo, en el orden siguiente, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante; César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, por su propio derecho, y el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, presentaron ante la Sala Regional Especializada demandas de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en contra de la sentencia antes mencionada.

2. Remisión de los expedientes a la Sala Superior. El treinta y uno de marzo y primero de abril, respectivamente, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Especializada remitió a esta Sala Superior, entre otros documentos, los escritos de demanda, el expediente cuya sentencia se impugna y constancias de trámite.

3. Turno de expedientes. En esas fechas, el entonces Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó, según el orden de presentación de las demandas, integrar los expedientes SUP-REP-146/2015, SUP-REP-148/2015 y SUP-REP-151/2015, con motivo de la presentación de esos medios de impugnación y turnarlos a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los acuerdos de mérito fueron cumplimentados en las mismas fechas, mediante sendos oficios suscritos por la Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones de esta Sala Superior.

4. Radicación. El seis de abril, el Magistrado Instructor acordó radicar los recursos al rubro citados en su Ponencia para su trámite correspondiente.

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor emitió acuerdo en los recursos que se indica, mediante los cuales admitió las demandas para su trámite y, al no existir prueba alguna pendiente de desahogar ni diligencia alguna que practicar, declaró cerradas su instrucción, quedando los asuntos en estado de dictar sentencia; y

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los asuntos citados al rubro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso a) y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, donde se impugna la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento especial sancionador de órgano central del Instituto Nacional Electoral, expediente número SRE-PSC-44/2015, en la que se declaró inexistente la violación objeto de las denuncias incoadas en contra del Partido Acción Nacional, relativas a la realización de actos anticipados de campaña y de calumnia.

SEGUNDO. Acumulación. De la revisión integral de las demandas que dieron origen a la integración de los expedientes de recursos de revisión citados al rubro, se advierte que existe identidad entre ellas, ya que controvierten el mismo acto, esto es, la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se declaró inexistente la violación objeto de las denuncias promovidas en contra del Partido Acción Nacional, relativas a la realización de actos anticipados de campaña y de calumnia, emitida el veintisiete de marzo del año en curso, en el expediente SRE-PSC-44/2015 y señalan como responsable a la misma autoridad.

En atención a lo anterior, acorde al principio de economía procesal, lo procedente es acumular los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, expedientes SUP-REP-148/2015 y SUP-REP-151/2015 al diverso juicio SUP-REP-146/2015, por ser éste el que se recibió en primer orden en esta Sala Superior.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los recursos acumulados.

TERCERO. Requisitos de procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, 45, 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellas se hace constar el nombre de los recurrentes, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar, tanto el nombre, como la firma autógrafa de los promoventes.

2. Oportunidad. Los recursos fueron promovidos de manera oportuna, pues por lo que hace a las demandas promovidas por el Partido Revolucionario Institucional y César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, fueron notificados de la sentencia impugnada el veintiocho de marzo del presente año; por tanto, si las demandas se presentaron el treinta y uno del mismo mes y año, resulta inconcuso que su presentación fue dentro de los tres días que prevé el artículo 109, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Respecto al recurso de revisión incoado por el Partido Verde Ecologista de México, de igual forma satisface dicho requisito, pues de conformidad con el artículo 30, párrafo segundo, en relación con el 109, numeral 3, de la referida Ley General antes citada, no requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Diario Oficial de la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y de las Salas del Tribunal Electoral.

En ese sentido, al no haber sido el Partido Verde Ecologista de México, parte en el procedimiento especial sancionador que da origen a la sentencia impugnada, por ende, para efectos del cómputo para conocer la presentación oportuna de su demanda del presente medio impugnativo, se contará a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación de la sentencia impugnada fijada en los estrados de la Sala Regional correspondiente, en la inteligencia de que la autoridad responsable es un órgano jurisdiccional de este Tribunal Electoral.

En esa línea argumentativa, en autos se advierte que la sentencia cuestionada se publicó por estrados el día veintisiete de marzo de este año, surtiendo efectos al día siguiente, por tanto, el plazo para la presentación oportuna del presente recurso transcurrió del veintinueve al treinta y uno de ese mismo mes y año; en consecuencia, si la demanda se presentó el treinta y uno de marzo de esta anualidad, resulta evidente que su interposición fue dentro del plazo legal.

3. Legitimación y personería. Los presentes medios de impugnación fueron interpuestos por parte legítima.

Ello, porque de conformidad en lo señalado en el artículo 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracciones I y II, aplicable al recurso de revisión en que se actúa, en términos de lo dispuesto por el artículo 110, párrafo 1, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dicho medio de impugnación puede ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos y ciudadanos por propio derecho, como sucede en el caso.

Respecto al recurso citado al rubro, expediente SUP-REP-146/2015, es promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien fue denunciante en el expediente SRE-PSC-44/2015.

El recurso también mencionado al rubro, expediente SUP-REP-148/2015, es interpuesto por César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, por su propio derecho, además fue denunciante en el expediente SRE-PSC-44/2015.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, el criterio sostenido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 10/20031 intitulada "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS CIUDADANOS DENUNCIANTES ESTÁN LEGITIMADOS PARA APELAR LA DETERMINACIÓN EMITIDA".

Finalmente, respecto del recurso, expediente SUP-REP-151/2015, es promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, si bien no fue parte en el procedimiento primigenio, en la especie, se considera que colma el requisito de legitimación.

Ello tiene sustento en esencia en lo sostenido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 8/20041, cuyo texto y rubro son los siguientes:

1 Consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. p.p. 425

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE. La legitimación activa del tercero interesado para promover el medio de defensa que proceda en contra de la resolución emitida en un juicio o recurso que forme parte de una cadena impugnativa, deriva de que el impugnante haya tenido el carácter de parte actora o tercera interesada en el procedimiento natural, por lo que la comparecencia previa no constituye un requisito esencial para su comparecencia posterior, ya que la necesidad de ejercitar su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses.

Por lo que hace al requisito de personería, esta Sala Superior advierte que los hoy recurrentes, en particular, los partidos políticos aludidos, están facultados para promover en representación, dado que dicho requisito es reconocido como cumplido por la propia autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, de igual manera acontece en cuanto al ciudadano señalado, al promover por su propio derecho, por lo que, en suma, resulta suficiente para tener por satisfecho este aspecto, acorde con el artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Interés jurídico. Este requisito también se encuentra satisfecho, respecto a los tres recurrentes.

En el caso de las denuncias presentadas por el Gobernador de Chihuahua y el Partido Revolucionario Institucional, acreditan su interés jurídico, toda vez que impugnan la resolución dictada por la Sala Regional Especializada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-44/2015; resolución en la que los recurrentes figuraron como parte denunciante, y sostienen que ésta les causa perjuicio por atentar contra diversas disposiciones constitucionales y legales, así como los principios de certeza y legalidad rectores en la materia electoral.

Tocante a la demanda promovida por el Partido Verde Ecologista de México, si bien no fue parte en el procedimiento especial sancionador que da origen a la sentencia impugnada, también cuenta con interés jurídico para promover el presente medio de impugnación, ya que tiene la calidad de entidad de interés público reconocido con tal naturaleza por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que le deriva la posibilidad jurídica de actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo, cuando considere que un acto emitido por una autoridad electoral viola el principio de legalidad, por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución o en la ley electoral, con independencia de la defensa de sus intereses particulares, en tanto que al hacerlo, no defienden un interés propio, sino que busca la prevalencia del interés público.

Robustece lo señalado, la jurisprudencia 15/200022, de esta Sala Superior, del rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES".

2 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 492 a 494.

5. Definitividad. También se estima colmado el requisito de procedencia en cuestión, pues del análisis de la normativa aplicable se advierte que no existe un medio de impugnación previo que sea procedente para combatir la sentencia impugnada por los recurrentes.

Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia de los recursos de revisión citados al rubro, lo procedente es analizar el fondo de las cuestiones planteadas.

CUARTO. Sentencia impugnada y agravios. Por razón del principio de economía procesal y en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la presente sentencia, se estima que resulta innecesario transcribir la sentencia impugnada, máxime que se tiene a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis.

Al respecto, resulta orientador el criterio contenido en la Tesis, Tribunal Colegiado de Circuito, página 406, Tomo IX, Abril de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, que es del tenor literal siguiente:

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.

De forma igual se estima innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía de agravios por los accionantes, sin que sea obstáculo a lo anterior que en considerando subsecuente se realice una síntesis de los mismos.

Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial y como criterio orientador, el contenido de la Tesis, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octava Época, noviembre de 1993, página 288, que es como sigue:

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.

QUINTO. Resumen de agravios. De las demandas de los medios de impugnación de que se tratan, los recurrentes exponen en esencia los agravios siguientes:

Agravios del Partido Revolucionario Institucional.

1. Que la Sala responsable de forma errónea determinó la inexistencia de actos anticipados de campaña por parte del Partido Acción Nacional, cuando los spots denunciados versaron sobre uno de los ejes principales plasmados en su plataforma electoral presentado el veintiocho de enero del presente año relativo al Sistema Nacional de Anticorrupción.

Sobre el particular que es inadmisible que la Sala responsable no tuviera por acreditado que la difusión en radio y televisión tenía como propósito comunicar la plataforma del partido político denunciado, pues si bien puede ser considerado como de agenda legislativa nacional el tema sobre anticorrupción, lo cierto es que en esa plataforma se hacen propuestas específicas y diferentes al tema genérico de anticorrupción, es decir, una cuestión es el tema general de evitar actos de corrupción que todos los partidos pretenden, y otra, es la propuesta específica de cómo evitar este tipo de actos lo que en la especie hizo el Partido Acción Nacional.

En función de lo anterior, que la Sala responsable indebidamente permitió que a través de prerrogativas ordinarias se genere un impacto en la equidad del proceso electoral y hacer llegar con anticipación una promesa de campaña denominada Sistema Nacional de Anticorrupción, tratando de posicionarse ante el electorado, previo al inicio del periodo de campaña electoral.

Por ello, considera el recurrente, que es incorrecta la afirmación de la Sala responsable cuando estima que el Sistema Nacional de Anticorrupción es un tema de agenda legislativa nacional, de contenido informativo y, por ende, de interés general y nacional, no un tema electoral de un solo partido político.

En esta situación, que no puede permitirse al partido político denunciado difunda anticipadamente su plataforma electoral ni sus propuestas de campaña.

2. Que es ilegal la sentencia impugnada, debido a que los spots denunciados hacen llamados implícitos en contra del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que es sabido por parte de la ciudadanía chihuahuense que César Horacio Duarte Jázquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, surgió de sus filas y fue postulado por él.

El contenido de los spots denunciados, en concepto del partido político recurrente, le causaron un perjuicio, porque constituyeron propaganda negativa en su contra, por lo que considera que la afirmación de la Sala responsable es errónea cuando señaló que no le causaba perjuicio alguno pues en el promocional no se incluía ni se mencionaba al Partido Revolucionario Institucional, cuando es conocido por parte de la ciudadanía de Chihuahua que César Horacio Duarte fue postulado por este partido, por lo tanto, conocen y saben que es Gobernador priista.

Además, que el señalamiento de la Sala responsable es erróneo cuando adujo que los spots no hacían un llamamiento a favor del Partido Acción Nacional, ya que al difundirse el primer eje rector de su plataforma electoral era indudable que se hacía un llamado a favor de este partido político, constituyendo actos anticipados de campaña.

Que en el caso, se acreditaban los elementos para estimar existente la infracción, esto es, el personal (realización de actos anticipados de precampaña o campaña por un partido político), elemento temporal (difusión de spots en radio y televisión antes del inicio del periodo de campaña, la cual inició el cinco de abril), y elemento subjetivo (existencia de llamados expresos e implícitos en contra del Partido Revolucionario Institucional, ya que el Gobernador denunciado no puede ser disociado del partido que lo postuló), porque se fijó una postura política, se difundió una propuesta de gobierno y plataforma electoral.

En concepto del actor, los actos denunciados constituían llamados en contra del Partido Revolucionario Institucional, ya que se basaba en una denuncia que estaba en la etapa de averiguación previa para calumniar al Gobernador citado, por lo que la Sala responsable no hizo una correcta valoración de pruebas, pues omitió ponderar el estatus procesal de esa investigación al concluir que no se configuraba la calumnia electoral y que el margen de tolerancia del Gobernador debía ensancharse, pues las aseveraciones vertidas podían constituir temas de interés público para la sociedad y la ciudadanía de Chihuahua, dada la calidad del servidor público.

Que ello, en concepto del actor, genera grave incertidumbre, dado que implica autorizar que se pueden difundir hechos denunciados por cualquier persona sin que exista una sentencia condenatoria que, a la postre, puede influir, desconcertar y mal informar a la ciudadanía, en todo caso, el debate debe darse sobre hechos ciertos, probados y no respecto de denuncias que pueden ser falsas.

Agravios de César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua.

3. Que es errónea la conclusión de la Sala responsable respecto de la inexistencia de calumnia en contra del Gobernador, pues los materiales denunciados le imputan hechos y delitos falsos, pues respecto de ellos no existe sentencia condenatoria en su contra, además, que es conocido que como Gobernador fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por lo tanto, se afecta su imagen y ello incide en el proceso electoral ante la afectación que se hace al Revolucionario Institucional.

El recurrente considera que los promocionales denunciados no contribuían a aportar elementos que permitieran la formación de una opinión libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento por una cultura democrática, pues por su contenido tenían como intención final denigrar o degradar al Gobernador, haciendo creer que hay una malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, es decir, el material denunciado llevaba implícito hacer creer a la ciudadanía como ciertos, hechos que no han sido probados, hace imputaciones falsas, cuestiones que no fueron analizadas por la responsable, dado que no consideró que se acreditaba la calumnia sobre la base de que el Gobernador es una figura pública y el contenido de los spots denunciados se refería a acciones de gobierno.

Lo incorrecto de esa afirmación, señala el actor, radica en que no se trata de acciones de gobierno sino una serie de imputaciones no acreditadas como enriquecimiento ilícito y peculado, además, la secuela de imágenes y audio le imputan conductas ilícitas al existir una relación estrecha entre el Gobernador y un banco así como la presentación de una denuncia, en concepto del recurrente, ser socio de una institución financiera no implica una malversación de fondos o que haya enriquecimiento ilícito, sino actos privados que escapan de lo público, por lo tanto, no es una acción de gobierno.

Que la Sala responsable de forma incorrecta equiparó las afirmaciones que se desprenden de los spots denunciados con una simple crítica, por la cual se debe tener mayor tolerancia, más aún cuando se trate de una figura pública en el contexto del debate político, al respecto, señala el recurrente, la responsable dejó de atender que se trataban de imputaciones de hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, con lo que se agravió al Gobernador, al orden público y al principio de equidad electoral.

Lo anterior, porque la intención principal del Partido Acción Nacional, fue confundir a la ciudadanía en cuanto que el Gobernador cometió un delito, con impacto en la percepción pública, y con ello en la equidad del proceso electivo en curso.

Además, que la determinación de la Sala responsable implicó una vulneración al principio de presunción de inocencia que le asiste a título personal y como representante del Poder Ejecutivo, porque mediante la trasmisión de spots denunciados en radio y televisión, se trató en un juicio paralelo en los medios de comunicación y frente a la percepción pública al Gobernador como un delincuente; esto sobre la base de que la Sala responsable omitió ponderar que la denuncia penal se encontraba en la etapa de investigación.

Agravios del representante del Partido Verde Ecologista de México.

4. Que la sentencia impugnada está indebidamente fundada y motivada, que es incompleta, parcial y carente de motivación, pues del análisis integral del expediente de mérito se aprecia que el contenido del promocional denunciado rompe con el esquema de crítica dura, dado que no es una opinión realizada a una acción de gobierno, sino una imputación respecto de un hecho que hace el Partido Acción Nacional a manera de una simulación para intentar evadir la constitución de una infracción a la normativa electoral con el simple hecho de la presentación de una denuncia penal y aprovechar ésta para calumniar a una persona.

Además, que la Sala responsable indebidamente le otorgó valor idóneo a una documental privada presentada en copia simple para tener por acreditada la existencia de una denuncia en contra del Gobernador.

La valoración de una documental simple para acreditar que se encuentra incoado un proceso penal en contra del Gobernador, para sustentar la imputación de un hecho delictivo, hacen que la sentencia resulte incongruente, sobre la base de que las aseveraciones del Partido Acción Nacional además de resultar calumniosas resultan simples opiniones.

5. Que la sentencia impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, debido a que el promocional que calumnia al Gobernador constituye acto anticipado de campaña, pues su contenido sobreexpone la plataforma del Partido Acción Nacional relativo al sistema anticorrupción.

Que la propaganda denunciada guarda identidad con el contenido de la publicidad analizada por esta Sala Superior en los expedientes SUP-REP-19/2014, SUP-REP-21/2015 y SUP-REP-76/2015, de los que destacan como elementos comunes los temas denominados "el que contamina paga y repara el daño", "no más cuotas obligatorias en escuelas públicas", "cadena perpetua a secuestradores", además de las leyendas "sí cumple", "ley aprobada", la frase "Verde sí cumple", los cuales fueron declarados ilegales, al constituir una sistematicidad del partido para posicionarse de manera indebida frente a la ciudadanía.

Que la estrategia del Partido Acción Nacional es la misma, al realizar una campaña a través de promocionales en radio y televisión, espectaculares, bardas y demás medios de comunicación a nivel nacional, para posicionar su propuesta de campaña en concreto, por lo que se acredita el elemento subjetivo en función de la intención de ese partido para posicionarse a través de una propuesta concreta propia de su plataforma electoral, criterio que, en concepto del actor, se robustece con lo resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Monterrey, expediente SM-JDC-86/2015.

SEXTO. Estudio de los agravios.

Los agravios precisados en el resumen que antecede, pretenden controvertir fundamentalmente las consideraciones de la Sala responsable relativas a los dos temas siguientes: I. La no acreditación de la calumnia en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua y II. La inexistencia de actos anticipados de campaña.

Por razón de método los conceptos de agravio se analizarán en ese orden y de forma conjunta, debido a que guardan identidad y estrecha relación, sin que esta circunstancia genere agravio alguno a los recurrentes, conforme a la Jurisprudencia 4/20002, con rubro y texto siguientes:

2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, página 125.

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

En ese tenor, la Litis planteada consiste en dilucidar si, contrariamente a lo aseverado por la Sala responsable, los spots denunciados contienen calumnias en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua, constituyen actos anticipados de campaña y si su contenido viola el principio de presunción de inocencia.

En concepto de esta Sala Superior son infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios hechos valer, por las siguientes razones:

Calumnia

En relación con los agravios precisados en el resumen que antecede, relativo a la presunta calumnia en contra de César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, en concepto de esta Sala Superior, se consideran infundados por lo siguiente.

En primer lugar, conviene tomar en cuenta lo que la Sala responsable consideró en el caso, a saber:

Tuvo por acreditada la existencia y difusión de los promocionales denunciados denominados "Chihuahua 2" y "Chihuahua 2 v2", identificados con los folios RA00364-15 y RV00229-15 pautados por el Partido Acción Nacional.

Además, la existencia de las denuncias ministeriales con base en documentales privadas aportadas por el Partido Acción Nacional, presentadas ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en contra del Gobernador citado, por la probable comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, aunado a que el apoderado de César Horacio Duarte Jáquez, al comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos, no negó la existencia de esas denuncias, por lo que tuvo por acreditada su existencia.

Acto seguido, esa Sala estableció el marco normativo que consideró aplicable en el caso, al efecto precisó el contenido de los artículos 1, 6, primer párrafo, 7, 41, base III, apartado C, primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 443, párrafo 1, inciso j) y 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos; 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los criterios de esta Sala Superior.

En función de lo anterior, consideró que el Gobernador aludido es una figura pública y el contenido de los spots denunciados se refiere a acciones de gobierno que no le imputan de forma directa la comisión de un delito, sino que emiten una crítica dura a su gestión en su carácter de servidor público, a partir de las denuncias presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado.

En armonía con lo anterior, la Sala responsable expuso en esencia lo siguiente:

a) Las figuras públicas, tales como servidores públicos, están sujetas a un tipo diferente de protección en cuanto a su reputación y honra respecto de las demás personas, por tanto, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica.

b) Los límites a la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un mayor control de sus actividades y manifestaciones.

c) Las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con su proyección pública.

d) El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto en torno a personajes públicos, ideas que pueden ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, sin embargo, son demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

e) La Sala Superior ha privilegiado una interpretación favorecedora de la libertad de expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos políticos y de la sociedad en general.

f) Ello no significa que la persona o institución objeto de una manifestación que no coincida con la opinión del emisor deba tolerarla, ya que en ejercicio de su libertad de expresión puede debatirla.

g) El derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos prefiere aquella interpretación que mejor proteja a la persona.

h) La libertad de expresión no tutela la manifestación de hechos falsos, sin embargo, por su naturaleza, la exigencia de un canon de veracidad no debe requerirse cuando se trate de opiniones ni cuando exista una unión inescindible entre éstas y los hechos manifestados que no permitan determinar la frontera entre ellos.

i) La Sala Superior ha determinado que las expresiones utilizadas para establecer los límites de la propaganda electoral constituyen conceptos jurídicos indeterminados, por lo que se requiere de interpretación por parte del juzgador para concluir si se trata de propaganda prohibida.

Una vez precisado lo anterior, la Sala responsable procedió a analizar los promocionales denunciados y estimó que no se acreditaba la calumnia, porque el Gobernador es una figura pública y se referían a acciones de gobierno del Estado de Chihuahua, por lo tanto, goza de un menor grado de protección y la crítica debe ser más tolerable en relación a las personas privadas.

En ese análisis, la Sala responsable expuso que no se acreditaba la calumnia en contra del Gobernador, dado que los promocionales no le imputaban de forma directa la comisión de un delito, sino que emitían una crítica dura a su gestión como servidor público a partir de las denuncias presentadas en su contra.

Incluso, razonó la Sala responsable que la voz en off del promocional refería que el Gobernador ha sido "acusado penalmente de la probable comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y peculado", hecho que, acorde con lo expuesto en la sentencia impugnada, había sido confirmado por su apoderado en la audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento sancionador.

Abundó la responsable que el señalamiento hecho al Gobernador consistía en la "probable comisión de delitos", en su calidad de funcionario público, por lo tanto, existían elementos para considerar este hecho como de interés para la ciudadanía.

Con esa lógica argumentativa, la Sala responsable concluyó que no se configuran los elementos de la calumnia electoral, pues en este contexto, el margen de tolerancia del Gobernador frente a los hechos denunciados debía ensancharse en tanto constituían temas de interés para la sociedad relacionados con su condición de servidor público.

Incluso, señaló que la porción de los promocionales en la que distintas personas señalan que se sienten impotentes ante la corrupción, no realizan alguna imputación de un delito al Gobernador, sino una crítica gubernamental y de la difusión de los asuntos de interés general. Lo anterior, al estimar que si se atiende la expresión "nos sentimos impotentes ante la corrupción" se refiere a un fenómeno social sin vincular de forma directa al Gobernador, en términos semejantes aconteció con la frase "¿Un gobernador que se hizo banquero? ¡Hazme el favor!", sin imputar al Gobernador delito alguno.

Precisó esa autoridad que los promocionales cierran expresando que el Partido Acción Nacional apoya el sistema nacional anticorrupción y "que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes".

En suma, la Sala responsable indicó que se presentó denuncia en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua por la probable comisión de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, sin que le atribuya de forma expresa que este funcionario cometió tales delitos sino que ha sido denunciado como probable responsable, por lo que al tratarse de opiniones relacionadas con la actividad del Gobernador, no resultaba comprobable o exigible un canon de veracidad como había mencionado ese servidor público.

Ahora bien, conforme a lo anterior, de la sentencia impugnada se desprende que los puntos centrales en los que la Sala responsable se apoyó para declarar la inexistencia de la calumnia imputada al Gobernador multicitado por parte del Partido Acción Nacional son:

- La maximización del derecho de libertad de expresión dentro del debate público.

- Las expresiones referidas a figuras públicas gozan de menor grado de protección.

- La crítica debe ser más tolerable que la realizada a las personas privadas.

Precisado lo anterior, debe decirse que la libre expresión bajo cualquier medio es uno de los pilares fundamentales para el Estado Constitucional Democrático de Derecho.

En el sistema mexicano, el artículo 6º de la Constitución establece o reconoce la libertad fundamental de expresión.

Dicho precepto señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

En términos generales, la libertad de expresión se percibe en una doble dimensión: por un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o pública.

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para asegurar a las personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociación, votar y ser votado, entre otros.

En su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde a una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre, bien informada y, por tanto para la toma de decisiones de interés público, más allá del interés individual, por tanto, imprescindible para una democracia representativa.

En atención a ello, el espectro protector de la libertad de expresión es diverso, según la dimensión en la que se ejerce:

En la dimensión colectiva, existen expresiones que gozan de una protección más amplia, como ocurre con las que se presentan en el contexto de cuestiones o personas políticas, públicas o con proyección política, en cambio, en la dimensión individual, el margen de protección del discurso es moderado cuando se trate de un interés meramente individual.

Esto es, en el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea la concreción, tiene un alcance y relevancia mayor que en la esfera y sobre aspectos privados.

En esa dirección, en cuanto al interés público del discurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado, ya que al permitirse la circulación libre de ideas e información planteada o respecto a los partidos contribuye a cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, como condiciones para ejercer el derecho de sufragio de manera informada.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión.

En ese sentido, los márgenes de la libertad de expresión, desde la perspectiva interamericana, privilegian aquella información que resulte útil para forjar una opinión pública e informada y únicamente aceptan las limitantes válidas en una sociedad democrática.

En esa dinámica se inserta el estándar de relevancia pública que identifica que las personas privadas con proyección pública están sujetas a un acentuado margen de aceptación a la crítica, esto es, no están exentos de ingresar al debate público; empero, su ámbito de apertura no corresponde necesariamente a la intensidad que deben soportar los servidores públicos, cuando el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a sus actividades públicas.

En el mismo sentido, las expresiones que refieran a un asunto o persona de naturaleza pública deben valorarse en el marco del interés legítimo de la sociedad de mantenerse informada.

Esto, precisamente, porque una opinión pública informada constituye un instrumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del gobierno, de sus integrantes o de personas con trascendencia pública.

Como referencia, para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, una democracia constitucional requiere de un debate "desinhibido, vigoroso y completamente abierto sobre los asuntos públicos, y que puede incluir expresiones vehementes, cáusticas y algunas veces ataques severos hacia el gobierno y funcionarios públicos".

En tanto, en ese contexto jurídico nacional y comparado, este Tribunal Electoral también ha considerado ya en reiteradas ocasiones, que las expresiones que se emiten en el contexto del proceso electoral deben valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas, y de igual forma, ello debe ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o personas de interés general, público, o con proyección pública.

Esto, en el entendido de que siempre que el discurso se refiere a personas con proyección política, las expresiones o información en cuestión, debe estar vinculada con sus actividades.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que ello obedece principalmente por el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones que realizan dichas personas, desde luego, sin que por ello se llegue al extremo de considerarlas privadas de derechos.

Por tanto, que cuando el discurso se orienta a criticar a personas con proyección pública, debe garantizarse la posibilidad de que exista un discurso fuerte y amplio en su contra, y el nivel de intromisión admisible será mayor que cuando se dirige a personas con una proyección privada, desde luego, con la condición fundamental de que el discurso se relacione con asuntos vinculados con su actividad pública.

En ese tenor, la libertad de expresión, al igual que opera con el resto de derechos fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.

Así, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la libertad de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público.

Esto es, la propia norma fundamental del sistema jurídico mexicano establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos constitucionales, y ello también se lee en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos (Integrada a nuestro orden jurídico nacional, conforme a lo que establecen los artículos 1º y 133 de la Constitución), en el artículo 13, parágrafo 1, en relación con el parágrafo 2 del mismo artículo, y el artículo 11, parágrafos 1 y 2, luego de reconocer el derecho de expresión y manifestación de las ideas, reitera como límites: el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, y el derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad.

En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna. Sin embargo, como cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino que debe ejercerse bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden público, o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa con algún otro derecho.

En el entendido, como se indicó, que el contexto incide directamente en la apreciación del ejercicio de la libertad de expresión, por lo que en los supuestos en los que la crítica, discurso, promocional, video, espectacular, o cualquier elemento de expresión auditivo, visual o de diversa naturaleza, en el que se materialice el ejercicio de la libertad de expresión, se oriente a cuestionar un asunto o persona de interés o con funciones públicas, el margen de tolerancia será mayor, con la condición, en el caso de las personas de proyección pública, que las manifestaciones estén orientadas a cuestionar la actividad propiamente pública3.

3 En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que existen, cuando menos, tres categorías de figuras públicas: 1. Servidores públicos, así como contendientes a cargos de elección popular (estas personas son quienes, por excelencia, han sido consideradas como figuras públicas); 2. Personas con proyección pública, quienes por su trascendencia económica y su relación social. En estos términos, podría hablarse en realidad de su semipublicidad, pues se encuentra más atenuada que la de quienes ejercen cargos públicos o pretenden ejercer cargos de elección popular, y 3. Medios de comunicación, considerados como figuras públicas, mientras que las y los comunicadores y periodistas, como líderes de opinión, gozan también de proyección pública respecto a aquello relacionado con sus actividades profesionales. Véase la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A EFECTOS DEL ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO DE FIGURA PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL.

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, expediente SUP-REP-55/2015.

Ahora bien, el artículo 41, Base III, Apartado C, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

El artículo 443, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que constituyen infracciones de los partidos políticos a dicha ley, entre otras, la difusión de propaganda política o electoral que calumnien a las personas.

También el artículo 471, párrafo 2, del ordenamiento legal antes citado, indica que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

Por último, el artículo 25, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos, refiere que entre las obligaciones de los partidos políticos se encuentra la de abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas.

Precisado lo anterior, en atención al criterio de maximización de la libertad de expresión, esta Sala Superior estima que, como lo sostuvo la Sala responsable, los promocionales denunciados no contienen calumnias en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua.

Ello es así, porque conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador de Chihuahua es una figura pública al tener la calidad de servidor público, por lo que sus actos pueden ser cuestionados.

En el caso, los promocionales aludidos señalan:

Título: RA00364-15 "Chihuahua 2" (Radio)

Duración: treinta segundos

Medio: Radio

Impactos: 1252

CONTENIDO

Voz en off:

"La corrupción lastima nuestro hogar, lastima a México, el Gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, hasta ahora la PGR no ha hecho nada".

Voz mujer 1:

"Nos sentimos impotentes ante la corrupción".

Voz de mujer 2:

"Y el cinismo de estas gentes".

Voz de hombre:

"¿Un gobernador que se hizo banquero? ¡Hazme el favor!".

Voz de mujer 3:

"Ya basta, ¿no? ¿Acaso son intocables?".

Voz en off:

"En el PAN apoyamos el sistema nacional anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes".

Título: RV00229-15 "Chihuahua 2 v2" (Televisión)

Duración: treinta segundos

Medio: Televisión

Impactos: 536

CONTENIDO

Voz en off:

"La corrupción lastima nuestro hogar, lastima a México, el Gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, hasta ahora la PGR no ha hecho nada".

Voz mujer 1:

"Nos sentimos impotentes ante la corrupción".

Voz de mujer 2:

"Y el cinismo de estas gentes".

Voz de hombre:

"¿Un gobernador que se hizo banquero? ¡Hazme el favor!".

Voz de mujer 3:

"Ya basta, ¿no? ¿Acaso son intocables?".

Voz en off:

"En el PAN apoyamos el sistema nacional anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes".

De los promocionales aludidos se advierte que refiere a que Cesar Horacio Duarte, Gobernador del Estado de Chihuahua, está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, que la "PGR no ha hecho nada", "¿Un gobernador que se hizo banquero?", referencias que de suyo deben considerarse como actos derivados de su gestión de gobierno, al cuestionarse precisamente que en su calidad de servidor público se hizo banquero y en función de esta condición se formuló denuncia en su contra por la probable comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

Cabe señalar que, si bien es cierto los hechos imputados al servidor público forman parte de una averiguación previa y, por tanto, no existe aún responsabilidad alguna que se le impute,

en los promocionales aludidos no se asevera que el Gobernador haya sido declarado culpable por sentencia condenatoria, sino que se expresa la "probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado", por lo que es incorrecta la apreciación de los recurrentes cuando afirman que le imputan al Gobernador multicitado hechos y delitos falsos o bien que se le trata como delincuente.

Por otra parte, no asiste razón a los recurrentes cuando aducen que conforme al contenido de los promocionales denunciados, se advierte que tenían la intención de denigrar o degradar al Gobernador aludido haciendo creer que hay una malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, haciendo creer a la ciudadanía como ciertos los hechos que no han sido probados, lo anterior, por una parte porque la propia autoridad responsable señaló que no se imputaba de forma directa la comisión de los delitos ya referidos y que la acusación penal estaba enderezada en contra del Gobernador como probable responsable.

En este sentido, al margen de la apreciación subjetiva de los recurrentes relacionada con la intencionalidad final del promocional, lo cual no se acredita en autos, es válido concluir que el contenido del promocional difundido tuvo sólo como impacto lo que material y objetivamente se logra percibir y verificar a partir de su contenido, esto es, que no se imputó delito alguno sino como probable responsable del sujeto denunciado, lo que motivó la crítica dura a su gestión de gobierno, la cual ya se indicó es ajustado a derecho.

No es óbice lo anterior, lo señalado por los recurrentes en el sentido de que ser socio de una institución financiera no implica la malversación de fondos públicos o que haya enriquecimiento ilícito, sino actos privados que escapan de lo público, lo anterior, porque si bien es cierto que esa calidad de socio puede corresponder al ámbito privado de una persona, en la especie no se puede perder de vista el contexto en que se difundió el promocional, esto es, que el Gobernador en su condición de servidor público se convirtió socio de una institución financiera, circunstancia que originó la crítica dura a su gestión, en este sentido, la alegación de que esa condición pertenece al ámbito privado no resulta suficiente, dado que al realizar funciones públicas, su margen de tolerancia debe ser mayor en la medida que van dirigidas a cuestionar su actividad propiamente pública.

Es decir, el señalamiento del promocional está estrechamente vinculado con el hecho de que se le señale como Gobernador que se hizo banquero presuntamente a partir del destino que dio a los recursos públicos, así, en este contexto es de interés para la sociedad y obedece a su gestión de gobierno.

Por otra parte, en relación con la secrecía que deben guardar las denuncias penales, debe decirse que no basta que se aduzca la secrecía de la averiguación previa derivada de las denuncias presentadas para que se estime que los spots cuestionados infringen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas electorales aplicables, pues debe analizarse en su conjunto todas las circunstancias que originaron la crítica dura hecha en contra del Gobernador a partir de las denuncias ministeriales existentes. Esto es, la calidad del servidor público, la trascendencia pública de sus acciones o bien gestiones de gobierno así como del dominio público de que durante su gestión se había convertido en socio de una institución financiera, los cuales, en suma, originó la presentación de las denuncias penales bajo la premisa de que indebidamente había destinado recursos públicos para ello. En este tenor, la secrecía adquiere una diversa proporción emergiendo al ámbito público para dar lugar a un debate intenso, considerando que la crítica a personas con proyección pública puede ser fuerte y amplio, donde el nivel de intromisión admisible es mayor.

Por último, debe precisarse que los recurrentes no niegan la existencia de las denuncias penales presentada en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, por lo que al considerarse su conocimiento una noticia del dominio público, su utilización en los spots emitidos por el Partido Acción Nacional constituyen, como lo aseveró la Sala responsable, meras opiniones en cuanto a la gestión de su gobierno.

Máxime que en la sentencia impugnada se mencionó que la existencia de las denuncias penales se acreditaba con las documentales privadas existentes en autos así como en el hecho de que el apoderado del Gobernador citado, al comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos, no negó la existencia de aquellas, de ahí que no le asiste razón a los recurrentes cuando exponen que la responsable indebidamente tuvo por acreditada la denuncia a partir de una copia simple de la denuncia, por lo que la sentencia devenía en incongruente, esto es así, porque esa autoridad tomó en cuenta dos medios de prueba, las documentales privadas y la conducta del apoderado del Gobernador de no negar la existencia de tales denuncias.

Cabe precisar que el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, es el caso que en la especie no se colma este presupuesto normativo, por una parte porque, como ya se dijo, en el promocional difundido no se atribuye delito alguno al Gobernador sino como presunto responsable; y por la otra, el sustento de ese señalamiento consistió en las denuncias penales, mismas que se encuentran agregadas en autos, en este sentido, si éstas tienen existencia material y jurídica, y en ellas se sustenta el contenido del mensaje difundido, es inconcuso que el señalamiento no se apoyó en un hecho falso, en la inteligencia de que la prohibición normativa radica en que el señalamiento sea falso, lo cual no se actualiza en la especie. En mérito de lo anterior, resulta irrelevante lo aducido en el agravio en el sentido de que el Gobernador se le atribuye hechos y delitos falsos respecto de los cuales no existe sentencia condenatoria.

En consecuencia, al no estar acreditada la imputación de hechos o delitos falsos hacia el Gobernador del Estado de Chihuahua, sino como probable responsable, en virtud de que, a través de los spots aludidos únicamente se realiza una dura crítica a la gestión de gobierno del servidor público, debe concluirse que no se actualiza el concepto de calumnia comprendido en el artículo 471, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo tanto, en concepto de esta Sala Superior, la Sala responsable correctamente consideró que el contenido de los spots son expresiones del conocimiento público que forman parte de un debate público relevante, por lo que es permisible el uso de la imagen del Gobernador del Estado de Chihuahua dentro del discurso político y, por tanto debe privilegiarse y maximizarse la libertad de expresión en el contexto en el cual fueron elaborados los promocionales, pues al ser su contenido un tema de interés general para la ciudadanía, tal cuestión enriquece el debate público en el contexto de un proceso electoral federal y resulta necesario en un Estado Democrático de Derecho.

Por lo anterior, es que se consideran infundados los agravios antes analizados.

Actos anticipados de campaña

Por otra parte, los agravios formulados en el sentido de que el contenido de los promocionales constituye actos anticipados de campaña, en concepto de esta Sala superior, son infundados por lo siguiente.

Al efecto, en lo que interesa, conviene señalar lo que la Sala responsable consideró, a saber:

Llamados a favor o en contra y plataforma electoral:

Los "actos anticipados de campaña" contienen tres elementos fundamentales:

1)El personal, consistente en que los actos investigados sean realizados por los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos.

2)El subjetivo, se refiere a la materialización de acciones cuyo propósito u objetivo fundamental es presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la Jomada Electoral.

3)El temporal, que consiste en que dichos actos acontezcan antes del procedimiento interno de selección respectivo y previamente al registro interno ante los institutos políticos o una vez registrada la candidatura ante el partido político antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas.

Del contenido de los spots y de las constancias que obran en autos se acredita el elemento personal, pues los spots señalados fueron realizados por el Partido Acción Nacional como parte de sus prerrogativas.

Asimismo, se acredita el elemento temporal, pues la transmisión y difusión de los spots se realizó antes del inicio formal de las campañas, es decir, durante la etapa de intercampaña, que corre del veinte de febrero al cuatro de abril, dentro del actual proceso electoral federal, pues se difundieron entre el ocho y dieciséis de marzo del presente año.

Elementos que al haberse acreditado no fueron controvertidos por las recurrentes.

Por otra parte, consideró la Sala responsable que no se acredita el elemento subjetivo puesto que del contenido de los spots no se advierte que tuvieran como propósito fundamental presentar una plataforma electoral o promover a un ciudadano para obtener la postulación de una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular u obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral, por lo que los promocionales se encontraban en el ámbito de permisibilidad y del libre ejercicio del partido político a utilizar su prerrogativa de tiempos de radio y televisión para difundir ideas y generar debate sobre temas de interés general propias del sistema democrático.

Ello, pues de los spots denunciados no se advierte que se hace un llamado a favor del Partido Acción Nacional ni tampoco en contra del Partido Revolucionario Institucional –incluso éste no es mencionado-. Que si bien se hace referencia al Gobernador aludido, de su contenido no se advierte vinculación alguna con el Partido Revolucionario Institucional.

Tampoco, se advierte que el Partido Acción Nacional esté haciendo alusión a su plataforma electoral, aunque hace mención que en Acción Nacional se apoya al Sistema Nacional Anticorrupción, pues es un hecho notorio que el sistema anticorrupción es un tema de interés nacional que está presente en la opinión pública y, por tanto, válidamente los partidos políticos pueden fijar una postura al respecto, en el contexto del debate político.

No es obstáculo a lo anterior, que uno de los seis ejes de las propuestas del Partido Acción Nacional se refiera al "combate a la corrupción y fortalecimiento institucional", pues ello no implica que le está vedado al partido político manifestar su posición sobre un aspecto que está presente en el debate público, como es el caso del sistema anticorrupción.

Así, estimó que al no acreditarse el elemento subjetivo, dado que los spots señalados no contienen llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, ni expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido ni tampoco que hagan referencia a su plataforma electoral, declaraba la inexistencia de actos anticipados de campaña.

En relación al contenido prohibido de la propaganda denunciada, señaló lo siguiente:

La Sala responsable determina la inexistencia de contenido prohibido en los promocionales identificados como "Chihuahua 2 v2" y "Chihuahua 2", pautados por el Partido Acción Nacional transmitidos durante el periodo de intercampaña4, en virtud de que del análisis integral del contenido de los spots señalados se tiene que las frases contenidas en los spots se enmarcan dentro de una propaganda cuya finalidad trata de hacer un contraste, desde la perspectiva del partido político, entre una realidad que se advierte como negativa por cuanto al tema de la corrupción, mencionando que el Partido Acción Nacional apoya el sistema nacional anticorrupción y que quienes atenten contra los bienes públicos no queden impunes.

4 El periodo de intercampaña del proceso electoral federal en desarrollo comenzó el diecinueve de febrero y concluyó el cuatro de abril de dos mil quince.

Señala que la propuesta contenida en los promocionales denunciados consiste en que quienes cometan alguna infracción no queden impunes, expresiones que son propias del debate político, en el que se realizan críticas y se plantean problemáticas concretas, sin que ello signifique, un acto anticipado de campaña.

Que el Sistema Nacional Anticorrupción es un tema de la Agenda legislativa nacional y no sólo un tema electoral restringido a un partido político, de ahí que el tema sobre anticorrupción sea de contenido informativo y por ende de interés general entre la población.

En este sentido, cualquier referencia al tema de la corrupción como fenómeno social debe considerarse como meramente informativo de un tema de debate e interés nacional.

Señaló que del análisis del contenido de los promocionales se determina que no se encuentra directamente vinculado con la exposición de uno de los ejes de la Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional, la cual fue aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el veintiocho de enero del presente año, al ser un tema de interés general, al que dicho instituto político apoya.

Asimismo, puntualizó la Sala responsable que dicha determinación resulta acorde con la libertad de los partidos políticos para definir el contenido de su propaganda electoral puesto que, la propia normativa electoral establece las reglas para definir el contenido que los institutos políticos pueden utilizar durante cada una de las etapas del proceso electoral que vayan a difundirse en los medios de comunicación social o por cualquier otro medio previsto por la ley.

Ahora bien, los recurrentes aducen que la Sala responsable realizó una incorrecta valoración de pruebas por lo que, contrariamente a lo resuelto, sí se encuentra acreditado el elemento subjetivo y, por tanto, que a través de los spots denunciados se realizaron actos de campaña.

El agravio en estudio es infundado, pues parte de la premisa errónea de que los spots denunciados, al ser difundidos por el Partido Acción Nacional y hacer referencia al Sistema Nacional Anticorrupción son, por sí mismos, actos anticipados de campaña, al difundir la propuesta particular que tiene ese partido político, con respecto al tema genérico de evitar actos de corrupción y ser uno de los ejes rectores de la plataforma electoral de instituto político.

En primer término debe decirse que esta Sala Superior ha considerado que el elemento subjetivo consiste en que los actos imputados como anticipados de campaña deben tener como finalidad presentar una plataforma electoral y promover a un candidato para obtener un cargo de elección popular.

Así, en los promocionales denunciados no se advierte ninguna alusión directa para promover alguna candidatura en particular, ni la solicitud expresa del voto a su favor, ni que se haya presentado plataforma electoral como tampoco que exista promoción a favor de cierto partido político, sino que como anteriormente se dijo, se trata de opiniones derivadas de la gestión pública de gobierno del Gobernador del Estado de Chihuahua.

No obstante lo anterior, debe decirse que las afirmaciones de los recurrentes son genéricas, pues en ninguna parte de los agravios en estudio se especifica el por qué ni tampoco se detalla cuáles son las supuestas particularidades de la estrategia del Partido Acción Nacional que se difunde en los spots reclamados y que por ende los convierte en actos anticipados de campaña.

En efecto, debe subrayarse que del estudio del contenido de la trascripción integral de los spots reclamados podemos observar que en lo que respecta al Plan Nacional Anticorrupción esencialmente se menciona que: "En el PAN apoyamos el sistema nacional anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes"; afirmación de la cual no se puede desprender particularidad alguna de la propuesta del Partido Acción Nacional, pues el posicionamiento de que quien viole la ley o atente contra los bienes públicos sea castigado puede considerarse como un posicionamiento generalizado de los partidos políticos; hecho que nos lleva a la conclusión de que en los spots en cuestión no se está difundiendo la plataforma del Partido Acción Nacional.

En este sentido, deviene insuficiente la alegación en el sentido de que en la plataforma se hacen propuestas específicas y diferentes al tema genérico de anticorrupción, es decir, una cuestión es el tema general de evitar actos de corrupción que todos los partidos pretenden, otra es la propuesta específica de cómo evitar este tipo de actos, lo que en la especie hizo el Partido Acción Nacional.

Lo anterior, porque el contenido de los spots antes reproducido se considera genérica en relación al tema de anticorrupción y no una propuesta específica, lo anterior, debido a que no precisa ni identifica una acción concreta que se pudiera traducir como promesa de campaña o bien parte de una oferta política respecto de cómo evitar actos de corrupción, en todo caso, la frase expresa que el partido citado apoya la idea de abatir la corrupción, es decir, que se suma a la propuesta generalizada en ese sentido, en la medida que ese tema es de interés general, el cual, por su relevancia, forma parte de la agenda legislativa y, por sí solo, de interés ciudadano y de los partidos políticos, de ahí que no se puede considerar como exclusivo de un instituto político.

Por otra parte, también es incorrecta la afirmación en el sentido de que los spots reclamados al ir en contra del actual Gobernador de Chihuahua estén encaminados a afectar al Partido Revolucionario Institucional.

En primer lugar, tal como lo sostuvo la Sala especializada, en los spots denunciados no se aduce que haya un llamamiento a favor del Partido Acción Nacional, ni en contra del Partido Revolucionario Institucional, pues en ninguna parte de los spots en estudio se hizo alusión alguna a éste.

Igualmente, la Sala responsable destacó que si bien en los mencionados spots se menciona al Gobernador, en los mismos no se alude que exista algún tipo de identidad entre dicho mandatario y el partido político al que pertenece.

En este sentido, cabe subrayar que de conceder el argumento de que toda crítica a un Gobernador de una entidad federativa implica por sí misma un ataque al partido político al que pertenece y, por tanto, constituye un acto anticipado de campaña podría llevar al absurdo de establecer restricciones excesivas al derecho a la libertad de expresión, lo que podría inhibir la formación de un debate político informado y la formación de una opinión pública sobre los asuntos políticos.

Ello estriba en que los partidos políticos de oposición podrían dejar de externar un posicionamiento de crítica frente a los titulares de los gobiernos estatales, al correrse el riesgo de que estos fuesen sancionados bajo el argumento de que su crítica es un acto anticipado de campaña por ser un llamado en contra del partido político que postuló al funcionario a quien se critica y obtuvo la victoria.

En este mismo sentido, respecto de la aseveración de que al criticar al Gobernador se critica al partido que lo postuló debe decirse, por un lado, que los spots en mención no hacen ninguna referencia a la afiliación partidaria de este funcionario y además el citado Gobernador tampoco está compitiendo por cargo alguno por el Partido Revolucionario Institucional, tal como se señaló en la sentencia reclamada.

Aunado a lo anterior, la aseveración de que la crítica al Gobernador del Estado de Chihuahua tiene un efecto de ataque contra el partido que lo postuló en el caso concreto resulta ineficaz, pues en el actual proceso electoral no se está compitiendo por la titularidad del Poder Ejecutivo de ese Estado, de sus presidentes municipales o sus legisladores locales.

Lo anterior en razón a que en el presente proceso electoral 2014-2015, los ciudadanos del Estado de Chihuahua únicamente elegirán diputados federales; funcionarios que de conformidad con nuestro sistema político son parte del poder legislativo federal; ámbito de gobierno que es distinto e independiente al que pertenece el Gobernador del Estado de Chihuahua, al que se está criticando en los presentes spots.

Finalmente, también debe destacarse que es incorrecto que la Sala responsable no ponderó que los spots reclamados están relacionados con hechos que aún no han sido probados y que tampoco consideró que la frase de "enriquecimiento ilícito y peculado" tenían un efecto de distorsión en el electorado.

En efecto, debe señalarse que la Sala responsable trascribió y analizó la totalidad del contenido de los spots mencionados y una de las consideraciones medulares que llevaron a esa Sala a concluir que no existía calumnia en los spots señalados era que en los mismos no se advertía la imputación de hechos falsos en contra del Gobernador, pues como se dijo, en los mismos no se señalaba que hubiera cometido algún delito, sino que en los citados spots únicamente se hacía referencia a que tal funcionario era presunto responsable y que tenía denuncias en su contra por los delitos de peculado y por enriquecimiento ilícito, cuya existencia fueron acreditadas en autos.

En este contexto, la mencionada consideración de la Sala responsable también es acorde a lo establecido por el artículo 471, párrafo 2, de la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues en dicho numeral textualmente se tipifica a la calumnia como: "la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral"; cuestión que de acuerdo a los explicado no ocurrió en los spots denunciados.

Por lo anterior, se consideran infundados los agravios analizados en este apartado.

Presunción de inocencia

El agravio de los recurrentes en el que esencialmente argumentan que con la sentencia impugnada no se toma en cuenta que se está violando el principio de presunción de inocencia, al no considerarse que con la trasmisión de los spots reclamados se está siguiendo un juicio paralelo en los medios de comunicación, presentando al Gobernador como un delincuente, sin que exista una determinación judicial que así lo determine deviene inoperante.

Ello radica en que de la lectura integral de los escritos de denuncia primigenia, no se desprende que se haya expuesto el argumento de que los spots reclamados violaban el principio de presunción de inocencia; hecho que trae como consecuencia que esta Sala Superior no pueda pronunciarse al respecto, debido a que el mismo no fue parte de la Litis planteada en la sentencia de la Sala Regional Especializada que se impugnan por esta vía, lo que provocaría que en el análisis de esta Sala Superior se variara el litigio que originalmente fue planteado por la partes.

Finalmente, el agravio formulado en el sentido de que la propaganda denunciada guarda identidad con el contenido de la publicidad analizada por esta Sala Superior en los expedientes SUP-REP-19/2014, SUP-REP-21/2015 y SUP-REP-76/2015, de los que destacan elementos comunes los temas denominados "el que contamina paga y repara el dado", "no más cuotas obligatorias en escuelas públicas", "cadena perpetua a secuestradores", además de las leyendas "sí cumple", "ley aprobada", la frase "Verde si cumple", los cuales fueron declarados ilegales, al constituir una sistematicidad del partido para posicionarse de manera indebida frente a la ciudadanía, circunstancia que, según los inconformes, la estrategia del Partido Acción Nacional es la misma, al realizar una campaña a través de promocionales en radio y televisión, espectaculares, bardas y demás medios de comunicación a nivel nacional, para posicionar su propuesta de campaña, por lo que se acredita el elemento subjetivo en función de la intención de ese partido para posicionarse a través de su propuesta propia de su plataforma electoral, criterio que, según ellos, se robustece con lo resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Monterrey, expediente SM-JDC-86/2015, se considera infundado por lo siguiente.

La Litis en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador con número de expediente referidos se ocuparon sustancialmente de las frases expuestas en el planteamiento del agravio, en mérito de lo anterior, la Sala Superior consideró que existía una conducta sistemática, reiterada, permanente y continua del Partido Verde Ecologista de México, de promocionar esas frases con contenido electoral, situación que reflejaba la existencia de acciones y conductas que denotaban una actuación sistemática y que el factor preponderante en esa difusión era buscar un posicionamiento ante la ciudadanía.

Es decir, los temas materia de sentencia en esos recursos obedecieron a hechos y razones distintos al que ahora se resuelve, por lo que no existe identidad sustancial con el caso que ahora se analiza.

Además, si bien se aduce que existe una estrategia sistemática e integral del Partido Acción Nacional, lo que le permite supuestamente una sobreexposición ante la ciudadanía, este aspecto no se evidencia en el caso, pues no se menciona en qué otros asuntos similares se condujo de esa forma, para que esta Sala Superior pudiera analizar o contrastar la presunta conducta sistemática del partido con el afán de posicionar su propuesta de campaña, máxime que con antelación ya se precisó la inexistencia de actos anticipados de campaña, incluso, a nada práctico llevaría analizar el argumento vertido en el expediente SM-JDC-86/2015.

Cabe precisar que en el presente caso la difusión de los spots se realizó sólo a través de radio y televisión, y no a través de espectaculares, bardas u otros medios que posibilitaran posicionar la propuesta de campaña, distinción que por sí sola define una diferencia entre la infracción que se atribuye al Partido Acción Nacional y la que en su oportunidad se imputó al Partido Verde Ecologista de México.

En estas condiciones, al resultar, por una parte, infundados y, por otra, inoperantes los agravios hechos valer, debe confirmarse la sentencia recurrida.

R E S U E L V E

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, expedientes SUP-REP-148/2015 y SUP-REP-151/2015 al diverso recurso, expediente SUP-REP-146/2015, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los expedientes de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia de veintisiete de marzo del año en curso, emitida en el procedimiento especial sancionador de órgano central del Instituto Nacional Electoral, expediente SRE-PSC-44/2015, por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que determinó declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional.

Notifíquese, personalmente a los recurrentes en los domicilios que señalan en sus escritos de demanda; por correo electrónico a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; y, por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 9, párrafo 4, 26, 27, 28, 29, 48 y 110 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera, ante la Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones quien autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO RAZONADO QUE EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LOS RECURSOS ACUMULADOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES DE EXPEDIENTE SUP-REP-146/2015, SUP-REP-148/2015 Y SUP-REP-151/2015.

No obstante que coincido con lo determinado en la sentencia que se dicta en los recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves de expediente SUP-REP-146/2015, SUP-REP-148/2015 y SUP-REP-151/2015, motivo por el cual voto a favor, a fin de evitar posible confusión con el diverso voto emitido al dictar sentencia en el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-81/2015, expreso las razones que me llevan a tal conclusión, en términos del siguiente VOTO RAZONADO:

Al caso se debe precisar que el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-151/2015, fue promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a fin de impugnar la resolución identificada con la clave SRE-PSC-44/2015, de veintisiete de marzo de dos mil quince, emitida por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, en los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves de expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/74/PEF/118/2015 y UT/SCG/PE/CHDJ/CG/80/PEF/124/2015.

Asimismo, se debe destacar que el mencionado instituto político no intervino jurídicamente en ese procedimiento especial sancionador.

En efecto, del análisis de la resolución controvertida, en ese recurso de revisión SUP-REP-151/2015, se advierte que el procedimiento especial sancionador fue iniciado con motivo de las denuncias presentadas por el Partido Revolucionario Institucional y por el Gobernador del Estado de Chihuahua, en contra del Partido Acción Nacional, por la difusión, en radio y televisión, de promocionales que consideraron constituían calumnia en contra del mencionado Gobernador, aunado a que, desde su perspectiva, constituyen actos anticipados de campaña.

Ahora bien, de las constancias de autos se conoce que la resolución controvertida, en el recurso de revisión
SUP-REP-151/2015, además de ser notificada a quienes intervinieron en los procedimientos especiales sancionadores UT/SCG/PE/PRI/CG/74/PEF/118/2015 y UT/SCG/PE/CHDJ/CG/80/PEF/124/2015, se hizo del conocimiento público en los estrados de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince.

En este orden de ideas, para el suscrito, tal como se argumenta en la sentencia dictada para resolver, en forma acumulada, los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves de expediente
SUP-REP-146/2015, SUP-REP-148/2015 y SUP-REP-151/2015, conforme a lo previsto en el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral las notificaciones de proveídos y resoluciones por estrados, para los terceros ajenos a la relación procesal o procedimental, tienen efectos de publicidad, si no existe un acto específico de publicidad del respectivo proveído o resolución; por tanto, esta publicación, que no es un acto de notificación por estrados, surte sus efectos al día hábil siguiente de la fecha en que se practiquen, para que se pueda efectuar el cómputo de los plazos correspondientes, entre los que está el plazo legal para promover el medio de impugnación electoral que sea procedente conforme a Derecho.

Para mayor claridad se transcribe el mencionado precepto legal, que es al tenor siguiente:

Artículo 30

[…]

2. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Diario Oficial de la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y de las Salas del Tribunal Electoral.

En este sentido, en opinión del suscrito, resulta inconcuso que el acto de publicitación de la resolución impugnada, por el Partido Verde Ecologista de México, hecha mediante la fijación de una copia en los estrados de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, surtió sus efectos al día siguiente de tal acto de publicidad, es decir, el día veintiocho de marzo de dos mil quince.

Conforme a lo anterior, el plazo para controvertir esa resolución, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, transcurrió del veintinueve al treinta y uno de marzo de dos mil quince, computando todos los días y horas como hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 7, párrafo 1, de la mencionada ley procesal electoral federal, en razón de que la resolución controvertida está vinculada, de manera inmediata y directa, con el procedimiento electoral federal dos mil catorce-dos mil quince (2014-2015), que actualmente se lleva a cabo.

Por tanto, la presentación de la demanda, que dio origen al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-151/2015, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, se hizo de manera oportuna.

La anterior conclusión, como quedó precisado al principio de este VOTO RAZONADO, no implica contradicción o alteración del contenido del voto que formulé al dictar sentencia, esta Sala Superior, en el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-81/2015.

Esto es así, dado que lo argumentado en el considerando segundo y punto resolutivo único del proyecto de sentencia, que el suscrito sometió a consideración del Pleno de la Sala Superior, en ese recurso de reconsideración existe una situación jurídica diferente a la que prevalece en los recursos de revisión al rubro identificados, toda vez que la sentencia impugnada en el mencionado recurso de reconsideración SUP-REC-81/2015, fue notificada por estrados, a Josefina Meza Espinoza, Cristina Hernández Meza y María Angélica Puerto Muñoz, recurrentes en ese medio de impugnación, porque no se pudo llevar a cabo la notificación personal ordenada, dado que el domicilio señalado por las interesadas, para oír y recibir notificaciones, se encontró cerrado, tal como consta en las cédulas de notificación por domicilio cerrado y las razones de tal notificación por domicilio cerrado, así como de fijación en estrados de la copia de la sentencia notificada con esas formalidades por encontrar cerrado el domicilio correspondiente.

Las actuaciones anteriormente señaladas se llevaron a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 27, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual establece, en síntesis, que si al practicar la diligencia de notificación personal, el domicilio correspondiente se encuentra cerrado, el funcionario responsable de la notificación debe fijar la cédula correspondiente, junto con la copia del auto, resolución o sentencia a notificar, en un lugar visible del local, y asentar la razón correspondiente en autos, además de fijar, en los estrados respectivos, la cédula de notificación, así como la copia del auto, resolución o sentencia a notificar.

En consecuencia, resulta claro, para el suscrito, que el acto de notificación por estrados y el acto de publicación por estrados, de un auto, proveído, resolución o sentencia, tienen naturaleza jurídica totalmente diferente y consecuencias legales distintas, motivo por el cual, en los mencionados artículos 26, párrafo 1, 27, párrafo 4, y 30, párrafo 2, todos Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Congreso de la Unión, estableció lo que ha quedado precisado en párrafos precedentes.

Finalmente se debe decir que, para el suscrito, resulta incuestionable que la notificación hecha por estrados, al encontrar cerrado el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, surte sus efectos el mismo día en que se practica la diligencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, párrafo 1, de la mencionada ley electoral adjetiva; por tanto, el voto que ahora emito, no implica contradicción o alteración del contenido del voto que formulé al dictar sentencia en el recurso de reconsideración ya identificado.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente VOTO RAZONADO. Rúbrica.