RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-163/2015

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIOS: ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA Y DANIEL ÁVILA SANTANA

México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral1 de veinte de marzo de dos mil quince, mediante el cual declaró la incompetencia del Instituto Nacional Electoral para conocer del procedimiento administrativo especial sancionador identificado con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015.

1 En adelante Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes

De las constancias del expediente y de las afirmaciones de la parte enjuiciante, se advierten los datos relevantes siguientes:

1. Hechos2:

2 Según se tuvieron por probados en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015.

a) Inicio de los procesos electorales Federal y en el Estado de México. El siete de octubre de dos mil catorce dieron inicio, el proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como el proceso electoral en el Estado de México para elegir a los integrantes de los ayuntamientos así como las diputaciones a la legislatura de dicha entidad federativa.

b) Denuncia. Por escrito del diecisiete de marzo de dos mil quince, el Partido de la Revolución Democrática por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó en la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del citado Instituto, escrito de denuncia en contra del Gobernador del Estado de México y de quien resulte responsable, por la distribución de tarjetas denominadas "La Efectiva te apoya en grande", lo que en su concepto constituye, en síntesis, un uso indebido del padrón electoral así como actos de presión y coacción del voto.3 Junto con dicha denuncia se solicitó la adopción de medidas cautelares.

3 Documento consultable a partir de la foja 1 de la copia certificada del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015 que obra en el expediente en que se actúa.

c) Acuerdo de radicación y sobre medidas cautelares. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, entre otras cosas, acordó: i) radicar y registrar el procedimiento con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015; ii) iniciar un procedimiento ordinario sancionador por lo que hace a la denuncia de mal uso del padrón electoral; iii) iniciar un procedimiento especial sancionador por lo que respecta a la presunta transgresión del artículo 134 de la Constitución Federal; iv) determinar la competencia prima facie del Instituto Nacional Electoral sobre la denuncia planteada respecto a la presunta violación del artículo 134 constitucional y, por ende, reservar sobre su admisión o desechamiento hasta la conclusión de la investigación preliminar ordenada; y, v) reservar el pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas, en tanto concluyera la investigación preliminar ordenada.4

4 Documento consultable a partir de la foja 46 de la copia certificada del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015 que obra en el expediente en que se actúa.

d) Acuerdo impugnado. El veinte de marzo de dos mil quince, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dictó acuerdo en el cual determinó que esa autoridad electoral no estaba facultada para conocer de las violaciones reclamadas por el Partido de la Revolución Democrática respecto al artículo 134 de la Constitución General de la República y diversas disposiciones correlativas del Estado de México, siendo el Instituto Electoral del Estado de México de México, el órgano competente para conocer de esas conductas.5

5 Documento consultable a partir de la foja 246 de la copia certificada del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015 que obra en el expediente en que se actúa.

En la misma fecha, dicho acuerdo fue notificado al representante del Partido de la Revolución Democrática.6

6 Documento consultable en la foja 261 de la copia certificada del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015 que obra en el expediente en que se actúa.

II.Recurso de apelación.

a) Demanda de recurso de apelación7. El veinticuatro de marzo de la presente anualidad, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó ante dicha autoridad administrativa electoral nacional, demanda de recurso de apelación en contra del acuerdo que se precisa en el inciso d) del numeral que antecede.

7 Documento consultable a partir de la foja cinco del expediente principal en que se actúa.

b) Remisión del expediente. El veintiocho siguiente, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral remitió a esta Sala Superior el expediente integrado con el escrito de demanda y demás documentación atinente.

c) Recepción, registro y turno de expediente. El treinta de marzo del dos mil quince, el Magistrado Presidente de la Sala Superior acordó integrar el expediente del recurso de apelación, registrarlo con la clave SUP-RAP-109/2015, así como turnarlo a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 46 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo se cumplimentó mediante oficio de la misma fecha, suscrito por la Subsecretaria General de Acuerdo en Funciones de esta propia Sala Superior.

III. Reencauzamiento.

a) Acuerdo Plenario. El ocho de abril de dos mil quince, este órgano jurisdiccional federal reencauzó el recurso de apelación SUP-RAP-109/2015 a recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el cual fue turnado nuevamente a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

b) Radicación, admisión, cierre de instrucción y formulación del proyecto de sentencia. En su oportunidad la Magistrada Instructora determinó radicar el expediente de cuenta, admitir a trámite la demanda, cerrar la instrucción y formular el proyecto de resolución que conforme a Derecho procede.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral por tratarse de un Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, a fin de impugnar una determinación dictada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la sustanciación de un procedimiento especial sancionador.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, 45, 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

a) Forma. Se cumplen los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda: i) se presentó por escrito ante la autoridad responsable; ii) en ella se señala el nombre del recurrente; iii) señala el domicilio para recibir notificaciones; iv) identifica el acto o resolución impugnado y a la autoridad responsable; v) menciona los hechos y los agravios que el recurrente dice que le causa el acto reclamado; y, vi) asienta el nombre así como la firma autógrafa del representante de la parte recurrente.

b) Oportunidad. El presente recurso se presentó dentro del plazo general de cuatro días a que se refiere el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable para aquellos medios de impugnación que no tengan una regla especial para la oportunidad en la presentación de la demanda.

Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109, párrafo 1, de la citada Ley, procede el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra de lo siguiente:

a) De las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral;

b) De las medidas cautelares que emita el Instituto a que se refiere el Apartado D, Base III, del artículo 41 de la Constitución, y

c) Del acuerdo de desechamiento que emita el Instituto a una denuncia.

Asimismo, en el párrafo 3 del precepto citado, se establece como regla específica que el plazo para impugnar los supuestos contenidos en los incisos a) y b) anteriores, es de tres días y cuarenta y ocho horas, respectivamente.

Sin embargo no se prevé plazo alguno para impugnar el supuesto previsto en el inciso c), que se refiere al desechamiento de una denuncia, así como lo relativo a una determinación de incompetencia, como acontece en la especie.

Además de que el artículo 110, en su párrafo 1, de la Ley en cita, establece que para la tramitación, sustanciación y resolución del recurso previsto en el Libro respectivo, es decir, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, serán aplicables, en lo conducente, las reglas de procedimiento establecidas en tal Ley y en particular, las señaladas en el recurso de apelación contenidas en el Título Tercero del Libro Segundo, de modo que al no existir una previsión especial respecto del plazo en que debe presentarse la demanda de dicho recurso tratándose del supuesto previsto en el inciso c), así como en lo relativo a las determinaciones de incompetencia como ocurre en el presente caso, debe estarse a la aplicación de la regla general de cuatro días establecida en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el caso, consta en la respectiva copia certificada de la cédula de notificación que obran en el expediente SUP-REP-**/2015, que el acuerdo impugnado fue notificado al ahora recurrentes el día veinte de marzo del año en curso, por lo que el plazo para presentar su demanda transcurrió del veintiuno al veinticuatro de marzo de dos mil quince. Por tanto, si como se advierte del acuse de recibo del escrito de demanda del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, fue interpuesta el veinticuatro de marzo del presente año, entonces resulta evidente que fueron presentadas en forma oportuna.

Mismo criterio fue adoptado al resolver el diverso recurso SUP-REP-11/2014 y su acumulado.

c) Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, toda vez que Pablo Gómez Álvarez, es representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo cual es reconocido por la autoridad responsable, aunado a que fue uno quien promovió la denuncia origen de la controversia.

d) Interés jurídico. Se estima que la recurrente tiene interés jurídico para impugnar el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, toda vez que mediante dicho acuerdo se determina, contrario a lo que considera el recurrente en el presente medio de impugnación, que la autoridad electoral responsable no se encuentra facultada para conocer sobre las violaciones denunciadas.

e) Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque el presente recurso es interpuesto para controvertir un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto de la cual no existe diverso medio de defensa, por el que pudiera ser revocado o modificado.

En consecuencia, al haberse cumplido los requisitos analizados en el presente considerando y, en virtud, de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al estudio del asunto planteado.

TERCERO. Estudio de fondo.

Por razón de método, el estudio del presente asunto seguirá el orden de análisis siguiente: 1) materia de la denuncia planteada; 2) resumen del acuerdo reclamado; 3) síntesis de agravios; y, 4) pronunciamiento sobre los planteamientos de inconformidad.

1) Materia de la denuncia planteada

El dieciocho de marzo de dos mil quince, el Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral escrito inicial de queja en contra del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y de quien resulte responsable, por la distribución, en forma personalizada, de la tarjeta denominada "La Efectiva" relacionada con un programa de útiles escolares.

Señaló el denunciante, en resumen, que dicho programa y la distribución de la tarjeta se realiza dentro del proceso electoral tanto a nivel estatal como federal afectando los principios de equidad e imparcialidad entre los partidos contendientes, porque: i) está posicionando al Partido Revolucionario Institucional ya que la tarjeta contiene sus colores; y, ii) está coaccionando al electorado del Estado de México para que voten a favor de ese partido político, porque los útiles serán entregados después de la jornada electoral, esto es, a partir del ocho de junio y hasta diciembre de dos mil quince.

Anotó que la tarjeta contiene, además de la información que refiere al programa del Gobierno del Estado de México, datos que refieren al Gobierno Federal por incluir un logotipo muy similar al que utiliza de "Mover a México", lo cual podría denotar su coadyuvancia.

En ese orden de ideas, consideró que las conductas denunciadas configuran, en realidad, una estrategia política en la que participan, cuando menos: i) El Gobernador del Estado de México y quien además resulte responsable, por transgredir los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral previstos en los artículos 41 y 134 de la Constitución General de la República, así como 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al generar una sobreexposición en favor del Partido Revolucionario Institucional, en la etapa de intercampañas en los procedimientos electorales estatal y federal, que condiciona el voto a la entrega de útiles escolares, de acuerdo con las dos etapas del referido programa; y, ii) El Partido Revolucionario Institucional, al utilizar indebidamente los datos del padrón electoral para el envío de las tarjetas, para lo cual se inserta el "testimonio" de una ciudadana cuyo domicilio, se afirma en la denuncia, se ubica en el Distrito Federal.

2)Resumen del acuerdo reclamado

Mediante acuerdo dictado el veinte de marzo de dos mil quince, en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó, en síntesis lo siguiente:

Que los motivos de inconformidad consisten esencialmente en la presunta violación, por parte del Gobernador, de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República por: i) la entrega de la tarjeta denominada "La Efectiva" dentro del programa de otorgamiento de útiles escolares del Gobierno del Estado de México; ii) acotada al territorio de esa entidad federativa; iii) no difundida en radio y/o televisión; y, iv) no vinculada de manera directa con una elección federal.

Sobre el último aspecto anotó, que no se aprecian elementos objetivos que pudieran actualizar una posible incidencia en el proceso electoral federal, ya que hechos ocurridos en una entidad federativa y la concurrencia de una elección estatal con la federal, por sí solo, afecten a esta última, toda vez que señaló que el partido denunciante se limita a manifestar genéricamente que las conductas denunciadas inciden tanto en el proceso local como en el federal.

Estimó que el programa denunciado forma parte del Plan de Gobierno del Estado de México 2011-2017, por lo que está focalizado en apoyar a personas residentes en el Estado de México, así como resaltó respecto a la coadyuvancia señalada respecto al Gobierno Federal al aparecer el logotipo "Mover México" que, por sí mismo, implica que exista una incidencia en el proceso electoral federal y, por ende, la competencia del Instituto Nacional Electoral, máxime que la Secretaría de Educación Pública Federal así como la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República informaron no contar con un convenio de colaboración entre el Gobierno Federal y el del Estado de México para autorizar el uso del logotipo "Mover a México" ni para participar en el programa de entrega de útiles escolares, a través de la tarjeta "La Efectiva".

A lo anterior, sumó que los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 465 del Código Electoral de esa propia entidad federativa, regulan en el ámbito estatal, el principio de imparcialidad que tutela la equidad de la competencia entre los partidos políticos y su observancia por los servidores públicos. Asimismo advirtió que la legislación electoral local otorga facultades al Instituto Electoral del Estado de México para conocer y resolver las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos cuando se aduzca la violación de tal principio.

En ese contexto, consideró que si la violación denunciada se refiere al orden local entonces el Instituto Nacional Electoral no sería competente para conocer del fondo de la misma, pues la conducta denunciada debe ser examinada a la luz de la normatividad electoral local con el fin de determinar si el Gobierno del Estado incurrió en algún tipo de responsabilidad derivada de la entrega de la tarjeta denominada "La Efectiva", lo cual consideró acorde con la jurisprudencia 3/2011 de rubro "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO),"

Como resultado, estimó que el Instituto Nacional Electoral no se encuentra facultado para conocer de las violaciones denunciadas sino el órgano electoral competente es el Instituto Electoral del Estado de México, porque la denuncia se refiere a la presunta responsabilidad del Gobernador del Estado de México, respecto a la vulneración al principio de imparcialidad en contravención de los artículos 134 de la Constitución General de la República; 129 de la Constitución del Estado de México; y, 465 del código comicial local.

3)Síntesis de agravios

Ahora bien, el Partido de la Revolución Democrática considera que el referido acuerdo es violatorio de los principios de legalidad y exhaustividad, esencialmente, por los agravios que se refieren a los temas siguientes:

i) Indebido estudio de los hechos denunciados; y,

ii) El tipo de determinación que, en su caso, se debió dictar en el presente asunto.

Por cuestión de método, los agravios se examinarán conforme al orden previamente establecido, porque se considera que la conclusión a la que se arribe respecto al examen de los hechos denunciados condicionará el tipo de determinación que se debió dictar en el presente caso.

4)Pronunciamiento sobre los planteamientos de inconformidad

Como se advirtió en la síntesis de agravios, el apelante se duele de un estudio indebido de los hechos denunciados, porque la responsable pasa por alto que la denuncia:

> no sólo fue por violación a los principios de imparcialidad y equidad sino también por la compra y coacción al voto del electorado;

> en la tarjeta se visualiza el uso del logotipo del Gobierno Federal en un programa de gobierno de esa entidad federativa, lo que denota que existe participación de ambos gobiernos hacia un mismo fin –beneficiar a los candidatos locales y federales– y, por ende, se justifica la competencia del Instituto Nacional Electoral;

> la información allegada por la Secretaría de Educación Pública Federal y la secretaría técnica del Gobierno Federal resulta insuficiente para concluir que no se afecta el proceso electoral estatal federal, ya que la aparición de ese logotipo muestra, en su concepto, la incidencia del Gobierno Federal en el proceso electoral; la parcialidad de los servidores públicos que implementan dicho programa; y, la coacción y compra del voto ciudadano, en violación a lo previsto, principalmente, en los artículos 41, base II, y 134, párrafos séptimo, de la Constitución General de la República así como 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

> la tarjeta que obra en autos fue recibida en un domicilio ubicado en el Distrito Federal, por lo que es inexacto que ese programa de gobierno local se circunscriba al territorio del Estado de México atento a la participación del Gobierno Federal;

> la conducta denunciada se realiza en época de elecciones y está prohibido que programas sociales distribuyan tarjetas que contienen cantidades de dinero y recompensas con útiles escolares a partir de la jornada electoral; y,

> el criterio de competencia aducido por la responsable no se ajusta, por ser de los años dos mil nueve y dos mil diez, es anterior a las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral derivada de la reforma constitucional en materia electoral del año dos mil catorce.

En concepto de esta Sala Superior resulta fundado el presente agravio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el principio de legalidad exige a todas las autoridades que cualquier acto de molestia de la autoridad en la esfera jurídica de las personas debe cuando menos:

i) constar por escrito;

ii) ser emitido por la autoridad competente; y,

iii) fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Sobre ese último requisito, esta Sala Superior ha reiterado el criterio que el requisito de fundamentación se cumple, cuando la autoridad cita con toda exactitud las disposiciones jurídicas exactamente aplicables al caso concreto, en tanto que el requisito de motivación se satisface, cuando se expresan las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que se toman en consideración para el dictado de una determinación de la autoridad; precisando además que, debe existir congruencia entre los fundamentos y motivación expresados.

Dicho principio constitucional aplicado en lo que respecta al tema de la presente controversia, permite advertir que de conformidad con lo previsto en los artículos 51, párrafo 28 y 459, párrafo 1, inciso c)9, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 3, párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se concluye que a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral le corresponde determinar desde el dictado del primer acuerdo y en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción.

8 Artículo 51, párrafo 2: "La Secretaría Ejecutiva tendrá adscrita una Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que será competente para la tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que determine esta Ley y las disposiciones aplicables."

9 Artículo 459.

1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador:

a) El Consejo General;

b) La Comisión de Denuncias y Quejas, y

c) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General.

Por tanto, esta Sala Superior considera que le asiste la razón al partido denunciante en cuanto afirma que la autoridad responsable adoptó su decisión sobre un indebido examen de los hechos denunciados así como de las presuntas infracciones cometidas, ya que en la denuncia que formuló también expresó, en resumen, las consideraciones siguientes:

> la presencia de compra y coacción al voto del electorado con impacto en los procesos comiciales federal y local, en contravención a lo previsto en el artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y,

> la tarjeta que obra en autos fue recibida en un domicilio ubicado en el Distrito Federal, por lo que es inexacto que ese programa social se circunscriba al territorio del Estado de México debido a la participación del Gobierno Federal.

Aspectos sobre los cuales, esta Sala Superior advierte que la autoridad responsable, para emitir el acuerdo reclamado, no tomó en consideración el señalamiento relativo a la transgresión del artículo 209, párrafo 5, de la Ley General apuntada e, incluso, pasó por alto que la conducta denunciada rebasa al territorio del Estado de México cuando expresó el denunciante, con base en un "testimonio", que la referida tarjeta se entregó en un domicilio ubicado en el Distrito Federal.

Como consecuencia, se considera que el acuerdo reclamado se construye sobre la premisa inexacta de que los hechos denunciados únicamente violan lo previsto en el artículo 134 de la Constitución General de la República y sus correlativos regulados en el ámbito local del Estado de México.

Acorde con lo anterior, le asiste la razón al apelante cuando afirma que la autoridad responsable determina que la conducta denunciada no está vinculada de manera directa con una elección federal, porque en concepto de esta última, no se aprecian elementos objetivos que pudieran actualizar esa posible incidencia, ya que la sola coincidencia de los procesos electorales local y federal no la actualiza, aunado a que el quejoso sólo se limita a manifestar genéricamente que las conductas denunciadas inciden tanto en el proceso electoral federal como local.

Esto es así, debido a que la autoridad responsable no explica de qué modo es posible desarticular que la tarjeta y programa social señalados, contrario a lo que denunció el instituto político ahora recurrente, pueden incidir únicamente en el proceso electoral local, cuando la materia de estudio se refiere, precisamente, al señalamiento de un programa social de carácter local con coadyuvancia del Gobierno Federal, cuya aplicación se realiza durante el desarrollo de los procesos comiciales federal y estatal, incluso fuera del Estado de México, el cual beneficia al Partido Revolucionario Institucional que participa en ambas elecciones concurrentes.

Sobre este particular, se considera que el examen realizado sobre la previsión en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado de México 2011-2017, así como la información recabada de la Secretaría de Educación Pública Federal así como de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, resultan insuficientes para justificar que la conducta denunciada sólo podría incidir en el ámbito de la elección estatal, ya que el denunciante afirmó que se beneficia al Partido Revolucionario Institucional en el curso de dos procesos electorales concurrentes, sin que sea factible que, con esos elementos, se pueda distinguir con meridiana claridad, la desvinculación entre ambos procesos electorales que la autoridad responsable sostuvo en su determinación.

Por todo lo anterior, resulta evidente que por la naturaleza de los hechos denunciados y por las presuntas infracciones cometidas, no resulta aplicable al caso concreto, el criterio jurisprudencial 3/2011 de esta Sala Superior, ya que en el caso concreto se aduce la violación, entre otros, de ese dispositivo constitucional pero con el señalamiento de una supuesta afectación simultánea e inescindible a los procesos electorales federal y local del Estado de México, que se encuentran en curso.

En efecto, esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada el criterio consistente en que el conocimiento de las posibles violaciones al artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución General de la República corresponderá a la autoridad electoral federal –a partir de la reforma constitucional del año 2014, de carácter Nacional– conocer de las denuncias o quejas sobre tales violaciones, cuando la conducta infractora afecte simultáneamente a un proceso electoral federal y a uno local por ser concurrentes y siempre que resulte jurídicamente imposible dividir la materia de la queja que se presente para hacer del conocimiento de la autoridad los hechos que se consideran irregulares.10

10 Criterio sostenido entre otras ejecutorias en las dictadas en los expedientes SUP-RAP-57/2013, SUP-RAP-84/2010, SUP-RAP-76/2010, SUP-RAP-55/2010 y SUP-RAP-23/2010.

Lo cual se satisface en el presente caso para efecto de la admisión y sustanciación del procedimiento correspondiente, porque el denunciante afirma cuando menos, las razones siguientes:

i) en la tarjeta "La Efectiva" se visualiza también el uso del logotipo del Gobierno Federal en un programa de gobierno de esa entidad federativa, lo que denota que existe participación de ambos gobiernos hacia un mismo fin –beneficiar a los candidatos locales y federales–;

ii) la distribución de esa tarjeta también fuera del territorio del Estado de México; y,

iii) la coacción y compra del voto ciudadano con afectación en ambos procesos comiciales, en violación a lo previsto en los artículos 41, base II, y 134, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República, así como 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como consecuencia de lo anterior, esta Sala Superior determina que al resultar fundado dicho agravio, éste resulta suficiente para revocar el acuerdo reclamado y, por ende, torna innecesario el estudio del otro tema de agravio.

CUARTO. Efectos.

Como resultado de que el primer tema de agravio formulado por el partido apelante ha resultado fundado lo procedente es que esta Sala Superior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110 y cuyo texto remite al diverso 47, párrafo 1, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, determine REVOCAR el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, mediante el cual, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral declaró la incompetencia para conocer de los hechos denunciados en el expediente identificado con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/94/PEF/138/2015 y, por ende, ordenó la remisión de las constancias originales al Instituto Electoral del Estado de México.

Lo anterior, para que en el plazo de doce horas contadas a partir de la notificación de esta ejecutoria, la Unidad Técnica responsable dicte otro en el que de no existir alguna otra causa diversa de improcedencia, asuma competencia y prosiga con la tramitación del procedimiento sancionador correspondiente.

En consecuencia, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México a partir de la notificación de esta sentencia, a remitir de inmediato a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral las constancias originales que recibió en ejecución del acuerdo cuyos efectos han sido revocado con motivo de esta sentencia.

Agotado lo anterior, se ordena a la Unidad Técnica responsable, que dentro de las veinticuatro horas siguientes, informe a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, acompañando copia certificada de la documentación que así lo acredite.

Por lo expuesto y fundado se,

RESUELVE

ÚNICO. Se revoca el acuerdo reclamado, para los efectos precisados en el considerando CUARTO de esta sentencia.

Notifíquese personalmente al partido apelante así como a la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado de México; por correo electrónico a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado de México así como a la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral; y, por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 4, 26, 27, 28, 29 y 48, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Devuélvanse los documentos que corresponda y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López. Ante la Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones, que autoriza y da fe. Rúbricas.