SUP-REP-325/2015
RECURRENTE: FERNANDO MORALES MARTÍNEZ
RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INE
MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR
SECRETARIOS: BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ Y JULIO CÉSAR CRUZ RICÁRDEZ
 
Resumen
Flujograma
ÍNDICE
A N T E C E D E N T E S
1. Denuncia
2. Admisión e investigación
3. Acuerdo impugnado
4. Interposición del recurso de revisión
5. Recepción y turno
6. Radicación y admisión
C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
Procedencia
Estudio de fondo
Solución normativa
Aplicación al caso
Estudio en plenitud de jurisdicción sobre la procedencia de las medidas cautelares
Naturaleza de las medidas cautelares
Marco normativo que regula el ejercicio de la libertad de expresión
Análisis del promocional impugnado
Existencia y contenido del promocional denunciado
Contenido
Consideraciones de esta Sala Superior
Análisis jurídico
R E S O L U T I V O S
I y II
 
RESUMEN

ACTO IMPUGNADO: Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que declaró improcedente las medidas cautelares relacionadas con la difusión del promocional en televisión "PRI PUEV.3" de folio RV01506-15, pautado por el citado Instituto como parte de las prerrogativas del PRI, cuyo contenido es presuntamente calumnioso.

ANTECEDENTES

14 de mayo, Fernando Morales Martínez, en su carácter de Subsecretario de Gobierno del Estado de Puebla presentó la denuncia.

16 de mayo, la responsable declaró improcedente la adopción de medidas cautelares.

18 de mayo, se interpuso recurso de revisión.

ESTUDIO DE FONDO

El problema central radica en definir si la Comisión responsable actuó conforme a Derecho al determinar que la presentación de la denuncia con anterioridad a que "entrara al aire" o se difundiera el promocional denunciado impedía el análisis de la procedencia o no de las medidas cautelares, pues ello implicaría emitir un pronunciamiento sobre un hecho que aún no existe, lo cual implicaría una censura previa y, por ende, la contravención al criterio contenido en la tesis XII/20091.

1 CENSURA PREVIA. EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUJETA, DE MANERA ANTICIPADA, LAS EXPRESIONES QUE SE HACEN EN LA PROPAGANDA POLÍTICA, A UNA RESTRICCIÓN DISTINTA A LAS PREVISTAS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

El agravio es sustancialmente fundado, porque al momento de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, la Comisión responsable contaba con los elementos necesarios para determinar si el promocional denunciado contenía expresiones que calumniaran al denunciante.

En efecto, de autos se advierte que la responsable tuvo certeza de la existencia y contenido del hecho denunciado para realizar la evaluación preliminar de las medidas cautelares de manera fundada y motivada, atendiendo a las condiciones indispensable definidas por la Sala Superior: a) la probable violación a un derecho o a un principio, del cual se pide la tutela en el proceso, y b) el temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.

Se advierte que la Comisión responsable se concretó a señalar que no resultaba válido el dictado de una medida cautelar cuando aún no se estaba difundiendo el promocional del que se solicitaba la suspensión, dado que el objeto de la medida cautelar consistía en la cesación de actos que pudieran ocasionar un daño irreparable en la esfera jurídica del peticionario, conclusión que es incorrecta dado que el promocional se difundió a partir del 15 de mayo, por ello no cobra aplicación la tesis XII/2009.

Por lo anterior, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado, pero dado que conforme con las constancias del expediente, la difusión del promocional denunciado concluirá el próximo 21 de mayo, esta Sala Superior procede a resolver la solicitud de medidas cautelares con plenitud de jurisdicción.

Lo alegado en la queja respecto de la existencia de un promocional que calumnia al denunciante es infundado, toda vez que dicho contenido está dentro de los límites jurídicos para el ejercicio de la libertad de expresión.

Se considera que el promocional se difundió con la finalidad principal de criticar políticas públicas (contenidos en el mensaje oral, en las imágenes generales y en las imágenes de prensa insertas en el video) y, sólo tangencialmente, difundir una crítica periodística respecto de una supuesta "complicidad" entre funcionarios locales, a partir del nombramiento de uno de ellos como Subsecretario General de Gobierno, para cometer supuestos actos irregulares en un proceso electoral, sin hacer señalamientos concretos en contra del denunciante, respecto de delitos falsos o hechos inexistentes.

En un examen a priori de juridicidad, se estima que la inclusión y difusión de tales posiciones críticas en el promocional impugnado, por desagradable que resulte para las personas involucradas, es una conducta permitida, dentro de un debate público relevante, considerar lo contrario, implicaría que hechos trascendentes para la opinión pública y sus connotaciones políticas relacionadas con el desempeño de cargos públicos, quedaran al margen del debate público en un contexto del propio derecho a la información.

Lo anterior, coincide con lo resuelto en los SUP-REP-147/2015 y acumulados, y SUP-REP-188/2015 y acumulados.

RESOLUTIVO

I. Se revoca el acuerdo impugnado.

II. Se declara improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas por Fernando Morales Martínez

 
FLUJOGRAMA