RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: SUP-REP-402/2015.

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIO: HÉCTOR REYNA PINEDA.

México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y revoca la sentencia de quince de mayo del año en curso, emitida por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSD-193/2015, en la cual tuvo por no acreditada la infracción atribuida a Francisco Javier Niño Hernández candidato a diputado federal en Oaxaca por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, consistente en usar propaganda impresa (calcomanía adherible) con materiales no reciclables o biodegradables.

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias de autos se advierte lo siguiente:

1. Denuncia. El veinticuatro de abril de dos mil quince, Urbano Pedraza Zúñiga, representante del Partido Revolucionario Institucional, presentó queja en contra de Francisco Javier Niño Hernández candidato a diputado federal en Oaxaca por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, por el uso de propaganda impresa (calcomanía adherible) con materiales no reciclables o biodegradables.

En el escrito de queja se ofreció la prueba pericial a fin de comprobar los materiales de elaboración de la propaganda objeto de la denuncia.

2. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de esa misma fecha, la autoridad instructora ordenó radicar la queja número JD/PE/PRI/JD01/OAX/010/2015; asimismo, determinó requerir al denunciado a fin de proporcionar información sobre la orden de elaboración de la propaganda, los materiales de la misma y la empresa fabricante.

3. Acuerdo de admisión y emplazamiento. Cumplido el requerimiento, el veintinueve de abril siguiente la autoridad instructora admitió a trámite la queja y ordenó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

4. Audiencia. El dos de mayo posterior, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en la cual el Vocal Secretario de la referida Junta Distrital Ejecutiva determinó, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente:

"TERCERO. CON LO QUE RESPECTA A LA PRUEBA PERICIAL QUÍMICA A REALIZARSE SOBRE LA PROPAGANDA (CALCOMANÍA) MATERIA DE LA PRESENTE QUEJA Y OFRECIDA POR EL DENUNCIANTE EN SU ESCRITO INICIAL, RECIBIDO EN ESTA JUNTA EJECUTIVA DISTRITAL CON FECHA VEINTICUATRO DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, ESTA AUTORIDAD ATENDIENDO A LAS REGLAS DE LA LÓGICA, LA SANA CRÍTICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA, DEJA A RESERVA DE LO QUE ORDENE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION".

5. Cierre de instrucción y remisión a la Unidad Especializada. Concluida la audiencia, se declaró cerrada la instrucción, se ordenó la elaboración del informe y la remisión del expediente a la sala responsable.

6. Sentencia impugnada. El quince de mayo de dos mil quince, la Sala Regional Especializada dictó sentencia dentro del expediente SRE-PSD-193/2015, en términos del punto resolutivo siguiente:

"ÚNICO. No se acredita la conducta consistente en que se distribuyó propaganda electoral que no fue elaborada en plástico reciclable o materiales biodegradables o bien textil perteneciente a Francisco Javier Niño Hernández, candidato a diputado federal por el 01 distrito electoral federal en el estado de Oaxaca".

La sentencia fue notificada al partido recurrente el quince de mayo del presente año.

II. Recurso de Revisión. Inconforme, el veinte de mayo del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional promovió recurso de revisión.

1. Recepción y turno. Recibidas las constancias respectivas, el veintidós de mayo de dos mil quince, el Magistrado Presidente determinó integrar el expediente SUP-RRV-28/2015 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Pedro Esteben Penagos López.

2. Reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de tres de junio del año en curso, la Sala Superior reencauzó el medio de impugnación a recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

3. Registro y turno. En esa misma fecha el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional determinó la integración del expediente SUP-REP-402/2015 y turnarlo nuevamente a la ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

4. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el asunto en la ponencia a su cargo, admitió la demanda y al no existir diligencia pendiente de desahogo declaró cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el asunto citado al rubro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución; 186, fracción III, incisos a) y h) y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso a) y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el cual se impugna una sentencia de la Sala Regional Especializada.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, 45, 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca; consta el nombre del recurrente y domicilio para notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos, los agravios y los preceptos violados, así como la firma autógrafa de quien promueve en representación del partido recurrente.

2. Oportunidad. Se considera que el recurso se promovió dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 109, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque mediante determinación de la Sala Regional Especializada de diecisiete de mayo de dos mil quince1, notificada vía electrónica en esa misma fecha, solicitó el apoyo de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, a fin de notificar personalmente a las partes, la sentencia emitida el quince de mayo anterior.

1 Se consulta a fojas 107 a 108 del cuaderno accesorio único, con el que se integró el expediente en que se actúa.

Por tanto, al no constar en autos la razón de la notificación solicitada, debe considerarse que el partido político recurrente tuvo conocimiento de la sentencia en la misma fecha en que se solicitó el aludido auxilio, de manera que, si el escrito del recurso de revisión fue presentado el veinte de mayo siguiente, ante la referida Junta Distrital Ejecutiva, ello evidencia que el recurso se interpuso dentro del plazo legal.

No obsta, que el escrito en cuestión se presentó en la Junta Distrital Ejecutiva 01 del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, si se toma en consideración que por conducto del citado órgano administrativo electoral se solicitó la notificación de la sentencia impugnada al partido político recurrente.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 14/20112, de la Sala Superior de rubro: "PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. EL CÓMPUTO SE INTERRUMPE AL PRESENTAR LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE EN AUXILIO NOTIFICÓ EL ACTO IMPUGNADO",

2 Consultable a páginas 518 a 520, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1.

3. Legitimación y personería. Los requisitos se encuentran satisfechos en términos de lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque el recurso fue interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario ante el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, quien fue denunciante en el procedimiento de donde emana la sentencia reclamada, carácter suficiente e idóneo para instar el presente medio de impugnación.

Lo anterior, de conformidad con el criterio de la jurisprudencia 10/20033 de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS CIUDADANOS DENUNCIANTES ESTÁN LEGITIMADOS PARA APELAR LA DETERMINACIÓN EMITIDA.

3 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen I, Jurisprudencia, pp. 549-551.

4. Interés jurídico. Este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional impugna la sentencia de la Sala Regional Especializada, bajo el supuesto de que resulta contraria a diversas disposiciones constitucionales y legales, así como a diversos principios rectores en la materia electoral.

5. Definitividad. Se estima colmado este requisito, ya que del análisis de la normativa aplicable, se advierte que no existe un medio de impugnación procedente para combatir, previamente, la sentencia impugnada por el recurrente.

TERCERO. Estudio de fondo.

a. Controversia

En la sentencia recurrida, no se tuvo por acreditada la conducta atribuida a Francisco Javier Niño Hernández candidato a diputado federal en Oaxaca:

1. Bajo la premisa de que la carga de la prueba corre a cargo del denunciante4, al establecer que, acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15 párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, supletoria en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 441 de la Ley Electoral; en este asunto resulta insuficiente que el promovente aluda la presunta utilización de materiales distintos a los establecidos por la Ley Electoral, sin acreditar su dicho con pruebas idóneas y suficientes

4 Estas consideraciones de la Sala Especializada se pueden consultar a fojas 9 de la sentencia, que corresponde a la foja 103 vuelta del cuaderno accesorio único.

2. Que no se acreditó la presunta utilización de materiales distintos a los establecidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues sólo lo afirmó, pero no acreditó con pruebas idóneas y suficientes, ya que la pericial química no debía admitirse.

En específico, en cuanto a la prueba la responsable sostuvo que la autoridad instructora debió pronunciarse sobre el desechamiento, o en su caso, admisión y desahogo de la prueba, y no delegar dicha facultad a la autoridad jurisdiccional, pues el artículo 472, numeral 3, inciso c) de la Ley Electoral, prevé que en la audiencia de pruebas y alegatos se resolverá sobre la admisión de pruebas y su desahogo; sin embargo, de cualquier forma, debía desecharse en atención a que el artículo 472, numeral 2 del citado ordenamiento, establece que no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, en razón del carácter sumario de este tipo de procedimientos y lo breve de los plazos; además, si bien no son admisibles pruebas periciales, como ocurre en otras materias, sí pueden desahogarse en la audiencia documentales con dictámenes técnicos.

Al respecto, el recurrente afirma que, es indebido el desechamiento, pues al evitarse el desahogo de la prueba, se hace nugatorio su derecho para promover quejas relativas a propaganda electoral elaborada con material prohibido, pues la autoridad jurisdiccional únicamente estará a la documental y la técnica, las cuales no son idóneas para acreditar si determinado material es reciclable o biodegradable, en contravención del artículo 23, párrafo 5, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, precepto que sí permite el desahogo de la pericial.

Por tanto, la litis en el presente recurso de revisión se circunscribe en determinar si es correcta o no la decisión de desechar ese medio de convicción.

b. Tesis de la decisión.

Resulta sustancialmente fundado el planteamiento.

Lo anterior, porque la sala responsable rechazó ilegalmente ese medio de convicción, al considerar que el artículo 472, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sólo autoriza admitir en el procedimiento especial sancionador, las pruebas documental y técnica.

c. Demostración.

En efecto, las razones que sustentan la decisión impugnada, son las siguientes.

"2. Desechamiento de la pericial química.

Ahora bien, cabe mencionar que el promovente en su escrito de queja ofreció la realización de una prueba pericial química para acreditar los materiales o componentes con los que estaban hechas las calcomanías.

Esta Sala Especializada concluye que la autoridad instructora debió pronunciarse sobre se admisión, desechamiento y desahogo, y no debió delegar dicha facultad a la autoridad jurisdiccional, pues el artículo 472, numeral 3, inciso c) de la Ley Electoral, establece que la autoridad instructora, en la audiencia de pruebas y alegatos resolverá sobre la admisión de pruebas y procederá a su desahogó.

En ese sentido, debe precisarse que esta autoridad debe resolver con aquellos elementos probatorios que obren en autos, hayan sido admitidos y desahogados por la autoridad instructora, así como aquellos de los cuales las partes hayan tenido conocimiento para su efectiva defensa para privilegiar sus garantías del debido proceso.

No obstante ello, en plenitud de jurisdicción para evitar dilaciones en el procedimiento, respecto a la admisión de dicha pericial se concluye que la misma debe desecharse, pues debe recordarse que en términos del artículo 472, numeral 2 de la Ley Electoral, establece que no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica. Ello en razón del carácter sumario de este tipo de procedimientos y lo breve de los plazos.

La finalidad esencial del procedimiento especial sancionador consiste en evitar que la conducta presumiblemente transgresora de la normativa electoral genere efectos perniciosos e irreparables, ello a través de medidas tendentes a lograr la paralización, suspensión o cesación de los actos irregulares.

Además de que si bien no son admisibles las pruebas periciales, como en otras materias, si pueden desahogarse en la audiencia documentales con dictámenes técnicos".

Se observa de lo anterior que, en principio, no pasó inadvertido para la Sala Especializada el proceder del vocal secretario al reservar la admisión de la prueba pericial, para que fuera la propia sala especializada la que determinara lo conducente.

Al respecto, la responsable reconoció que el proceder del vocal secretario resultó indebido, al estimar que en la audiencia de pruebas y alegatos debió pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la prueba pericial ofrecida por el denunciante.

Con base en lo anterior, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento, determinó asumir plena jurisdicción para pronunciarse sobre la pericial, sin que resultara procedente su admisión, porque el artículo 472, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que en el procedimiento especial sancionador solo son admisibles la documental y la técnica, sin contemplar lo relativo a la pericial.

Además, la Sala Especializada reconoció que, si bien no son admisibles las pruebas periciales, como en otras materias, sí es posible desahogar en la audiencia de pruebas y alegatos documentales con dictámenes técnicos.

Dichas consideraciones son contrarias a Derecho.

Para demostrarlo, es pertinente acudir al significado de la palabra "técnica" que proporciona el Diccionario de la Lengua Española: "Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 2. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 3. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo.

Al aplicar estos significados al caso concreto, es posible deducir naturalmente que la prueba técnica requiere necesariamente de conocimientos respecto de una ciencia o arte, así como de la pericia o habilidad para el uso de determinados procedimientos y recursos.

Esta situación, se adecua a casos como en el presente asunto, en donde la prueba pericial, en función de su naturaleza, se vincula con el hecho denunciado en un grado de especialidad tal, que requiere la intervención de conocimientos técnicos y especializados para determinar cuál fue con precisión el material utilizado en la propaganda denunciada.

En este mismo contexto, este órgano jurisdiccional ha sustentado el criterio en el sentido de que las pruebas técnicas, por su naturaleza, por regla general, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar5.

5 Jurisprudencia 36/2014, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60, con el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.

Así por ejemplo, se considera prueba técnica, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, con los cuales se pretende acreditar un hecho específico, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia con la prueba técnica, a fin de que la autoridad resolutora pueda fijar el valor convictivo que corresponda.

Ahora bien, respecto a la prueba pericial se ha reconocido que tiene lugar sobre cuestiones que requieren de un conocimiento especial, y siempre y cuando sea necesario el asesoramiento técnico o práctico en respaldo del juzgador6.

6 Ver Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, página 502.

De esta manera, cuando se requiera de conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, en los casos en que expresamente lo prevenga la ley, debe admitirse la participación de peritos que cuenten con título en la ciencia o arte a la que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere legalmente reglamentado; por otra parte, si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan título.

Con base en todo lo anterior, cabe concluir que la prueba pericial en realidad constituye un medio de convicción que debe considerarse dentro de las pruebas técnicas, a desarrollarse con cierto grado de precisión, por personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia, profesión, técnica o arte, cuya opinión se considera necesaria en la solución de la controversia planteada en el procedimiento sancionador de que se trate.

En conclusión, es posible afirmar que la prueba pericial se encuentra comprendida dentro de las técnicas a que alude el artículo 472, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese contexto, contrario a lo sostenido por la Sala Regional Especializada, la prueba pericial, en función de su naturaleza y los conocimientos especializados o técnicos que aporta en el procedimiento, constituye una prueba técnica que jurídicamente puede ser admitida en el procedimiento especial sancionador.

Sobre todo, si se considera que, en el caso, la prueba pericial resultaba trascendental, porque con ella el denunciante pretende demostrar que los elementos o materiales de elaboración de la propaganda cuestionada, son distintos a los permitidos por el artículo 209, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se establece que toda la propaganda electoral impresa debe ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

Efectos. En consecuencia, al resultar sustancialmente fundado el planteamiento del actor, toda vez que se rechazó indebidamente la prueba pericial ofrecida por el denunciante, se considera que lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que la autoridad administrativa electoral que instruyó el procedimiento sancionador, admita dicha prueba, proceda a su desahogo y, en su oportunidad, remita el asunto a la Sala Regional Especializada para que resuelva lo conducente.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se revoca la sentencia impugnada, en términos de lo considerado en esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, como en Derecho corresponda.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos que da fe. Rúbricas.