RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-178/2016.

ACTORA: EDITORIAL GIBB, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (PERIÓDICO "LA OPINIÓN DE POZA RICA").

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA.

SECRETARIOS: ENRIQUE MARTELL CHÁVEZ Y JOSÉ EDUARDO VARGAS AGUILAR.

Ciudad de México, veinte de abril de dos mil dieciséis.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta SENTENCIA en el Recurso de Apelación SUP-RAP-178/2016, interpuesto por Miguel Ángel Juárez Pérez, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico "La Opinión de Poza Rica"), para controvertir la Resolución INE/CG112/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, mediante la cual declaró fundada la Queja instaurada en el Procedimiento Ordinario Sancionador UT/SCG/Q/CG/140/PEF/155/2015, y determinó imponer a la actora una sanción, por violaciones a la normativa electoral en materia de difusión de encuestas, sondeos de opinión y preferencias electorales.

ANTECEDENTES

I. Antecedentes. De lo narrado por la recurrente en su escrito de apelación, así como de las constancias que obran en autos del expediente al rubro indicado, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral federal y locales. En diversas fechas de dos mil catorce, dieron inicio los procesos electorales federal y locales en diversas entidades federativas.

2. Publicación de encuestas. El veintitrés de mayo de dos mil quince, se publicó en el periódico "La Opinión de Poza Rica", una encuesta sobre preferencias electorales respecto de candidatos a diputados federales.

3. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, tuvo verificativo la jornada electoral respectiva, tanto en el proceso electoral federal como en los locales en diversas entidades federativas.

4. Vista. El doce de agosto de dos mil quince, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, el oficio INE/SE/1006/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, a través del cual dio vista a dicha Unidad por presuntas violaciones a la normatividad electoral, que se atribuían a la persona moral denominada Gibb, S.A. de C.V. o Editorial Gibb, S.A. de C.V. (Periódico "La Opinión de Poza Rica").

5. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento y diligencias preliminares. El trece de agosto de dos mil quince, se dictó acuerdo en el cual se tuvo por recibida la vista planteada, asignándole el número de expediente UT/SCG/Q/CG/140/PEF/155/2015; asimismo, se reservó acordar lo conducente respecto a la admisión del dicho asunto, y lo relativo al emplazamiento del sujeto denunciado, hasta en tanto se integrara debidamente el expediente.

6. Admisión y emplazamiento. Culminada la etapa de investigación, el tres de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite el mencionado asunto y se ordenó emplazar a la persona moral denominada Gibb, S.A. de C.V. o Editorial Gibb, S.A. de C.V. (Periódico "La Opinión de Poza Rica").

7. Resolución INE/CG112/2016 impugnada. Llevadas a cabo las fases del procedimiento respectivo, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la Resolución INE/CG112/2016, mediante la cual declaró fundada la Queja instaurada en contra de la persona moral denominada Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico "La Opinión de Poza Rica"), y determinó imponerle una sanción, por violaciones a la normativa electoral, al tenor de lo siguiente:

"…

R E S O L U C I O N

PRIMERO. Es fundada la queja del procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de Gibb, S.A. de C.V., o Editorial Gibb, S.A. de C.V. (periódico La Opinión de Poza Rica), en términos del Considerando TERCERO.

SEGUNDO. Se impone a Gibb, S.A. de C.V., o Editorial Gibb, S.A. de C.V. (periódico La Opinión de Poza Rica), una sanción consistente en una multa de 1,000 (un mil) días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en dos mil quince, equivalente a la cantidad de 70,100.00 (setenta mil cien pesos 00/100 M.N.).

TERCERO. El importe de la multa deberá ser pagada a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, en los términos señalados en el Considerando QUINTO, una vez que dicha determinación haya quedado firme.

CUARTO. En caso de que Gibb, S.A. de C.V., o Editorial Gibb, S.A. de C.V. (periódico La Opinión de Poza Rica) incumpla con la obligación de pagar la multa que se le impone, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro, para lo cual deberá remitirles copia certificada de las constancias respectivas del presente expediente.

…"

La citada resolución fue notificada a la actora el veintinueve de marzo de este año, según consta en la cédula de notificación respectiva.

II. Recurso de apelación. El cuatro de abril de este año, Miguel Ángel Juárez Pérez, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico "La Opinión de Poza Rica"), interpuso recurso de apelación contra la resolución citada.

III. Trámite y sustanciación. Una vez realizado el trámite por la autoridad administrativa y que fue remitido el recurso a esta Sala Superior, el ocho de abril siguiente, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional acordó integrar el expediente SUP-RAP-178/2016 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. En su oportunidad, se radicó el medio de impugnación señalado, se admitió y, al no existir trámite pendiente de realizar, se declaró cerrada la instrucción, dejando los autos en estado de dictar sentencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por una persona moral que controvierte una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual, determinó que incurrió en violaciones a la normativa electoral y en consecuencia le impuso una sanción, que estima le ocasiona perjuicio en sus intereses.

SEGUNDO. Procedencia. El presente medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8 y 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo siguiente:

Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, y en ella se hace constar el nombre del actor, así como firma autógrafa de quien promueve en su representación, respectivamente; el domicilio para recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, y se mencionan los hechos y agravios que la accionante aduce que le causa la resolución reclamada.

Oportunidad. El recurso de apelación fue presentado oportunamente, toda vez que la resolución impugnada fue notificada a la actora el veintinueve de marzo de este año, por lo cual el plazo de cuatro días para impugnar, transcurrió del día treinta de marzo al cuatro de abril de este año, sin contar los días dos y tres de abril, por ser sábado y domingo, respectivamente, en tanto que la demanda se presentó el día cuatro de abril, por lo que es evidente su presentación oportuna.

Legitimación y personería. En la especie se satisfacen los requisitos de procedencia en cuestión, toda vez que el recurso de apelación lo interpone Miguel Ángel Juárez Pérez, en su carácter de representante de la persona moral denominada Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico "La Opinión de Poza Rica"), lo cual acredita con el instrumento notarial que acompaña al respecto.

Definitividad. El acuerdo impugnado es definitivo y firme, toda vez que, del análisis de la legislación adjetiva electoral aplicable, se advierte que no existe medio impugnativo que deba agotarse antes de acudir en la vía propuesta ante este órgano jurisdiccional, de ahí que se cumpla el presente requisito.

Interés jurídico. La persona moral apelante tiene interés jurídico para reclamar la resolución impugnada, pues a través de ella se determinó fincarle responsabilidad por la difusión de una encuesta sobre preferencias electorales respecto de candidatos a diputados federales en el proceso electoral federal 2014-2015 e imponerle una sanción, que estima es contraria a Derecho. De ahí que tenga interés jurídico para controvertirla a través del presente recurso.

TERCERO. Resolución impugnada y agravios. Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del fallo, se estima que en el caso resulta innecesario transcribir la resolución impugnada, máxime que se tiene a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis.

Aunado a ello, atendiendo a que la propia recurrente invoca en el texto de su escrito de demanda las partes atinentes que manifiesta le causan agravio, como se ha señalado, resulta innecesaria su transcripción.

De igual forma se estima innecesario transcribir los planteamientos expuestos en vía de agravios por el recurrente, sin que sea óbice para lo anterior que en el apartado correspondiente se realice una síntesis de los mismos.

CUARTO. Estudio de fondo. De la lectura de la demanda se advierte que la recurrente aduce por una parte la ilegalidad de la determinación de la falta, al considerar que la publicación de la encuesta se realizó bajo la libertad de expresión e imprenta y, por otra parte, controvierte la individualización de la sanción.

Tales motivos de inconformidad serán analizados en su orden, en los apartados siguientes:

A. Publicación de la encuesta bajo la libertad de expresión e imprenta

La recurrente tilda de ilegal la resolución impugnada, pues en su concepto, la publicación de la encuesta que le fue sancionada, emitida el veintitrés de mayo de dos mil quince, en el periódico "La Opinión de Poza Rica", sobre preferencias electorales respecto de candidatos a diputados federales en el proceso electoral federal 2014-2015, solamente se trató de una nota informativa de interés público sustentada en el ejercicio de la libertad de expresión e imprenta, así como en el libre ejercicio del periodismo en beneficio de la sociedad para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia y participación ciudadana.

Estima que tales derechos están consagrados por los artículos 6º, 7º y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales garantizan en favor de los gobernados el ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas, así como la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, por tanto, en esa libertad de expresión e imprenta contribuye a la formación de una opinión pública libre y bien informada, para el buen funcionamiento de la democracia representativa.

En consideración de esta Sala Superior, las alegaciones anteriores, expuestas en vía de agravio son infundadas, tal como se explica enseguida.

Cabe señalar previamente que, no es motivo de cuestionamiento al ser reconocido por las partes, y por tanto no sujeto a prueba, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el hecho de que Editorial Gibb, S.A. de C.V. (periódico La Opinión de Poza Rica), efectivamente publicó una encuesta el día veintitrés de mayo de dos mil quince, y que la información le fue proporcionada por el equipo de campaña del candidato de la Coalición PRI-PVEM, a Diputado Federal por el Distrito III, con cabecera en Tuxpan, Veracruz.

No ha sido motivo de controversia también que el contenido de la publicación es el siguiente:

"…

Berumen da 79.9 puntos al tricolor

[Se inserta gráfica]

ESTE ES EL RESULTADO de la encuesta de Berumen y Asociados.

TUXPAN, VER.- El abanderado de la coalición PRI-PVEM a la Diputación Federal por el Distrito III con cabecera en Tuxpan, Alberto Silva Ramos, lidera las preferencias en la encuesta realizada por la prestigiosa empresa Berumen y Asociados. La empresa encuestadora coloca al abanderado del PRI-PVEM con el mayor porcentaje en materia de Preferencia Efectiva en su análisis realizado en los municipios del III Distrito electoral.

La encuesta publicada por Berumen, registrada ante el Instituto Federal Electoral (INE), da una ventaja del 63.8 por ciento al abanderado priista ante su más cercano contrincante, el candidato del PAN.

La medición, realizada a fines de abril, da al abanderado del PRI-PVEM una preferencia efectiva del 79.9 por ciento; en un lejano segundo lugar, con apenas el 16.1 por ciento de la preferencia, aparece Roberto Cortés del Partido Acción Nacional.

Los datos dados a conocer por la empresa Berumen y Asociados reflejan que a 15 días de la elección para Diputado Federal en el Distrito, el abanderado del PRI-PVEM, Alberto Silva Ramos, obtendría el mayor número de sufragios en las urnas que se instalarán en Tuxpan, Álamo, Tepetzintla, Cerro Azul, Tamiahua y Cazones, para el Proceso Electoral del siete de junio.

…"

Del contenido antes transcrito, se advierte que, en el citado medio de comunicación, se dieron a conocer supuestos resultados de las preferencias electorales que en el Distrito III de Tuxpan, Veracruz, se tenían en ese momento acerca de las elecciones para candidatos a diputados federales.

Precisado lo anterior, contrario a lo sostenido por la recurrente, en consideración de esta Sala Superior, la resolución controvertida se encuentra apegada a Derecho, pues delimitó los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, al tiempo que expuso cada uno de los elementos que hacen aplicables dichas normas, de manera correcta, al caso sujeto a estudio.

Al respecto expuso que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en el numeral 213, lo siguiente:

Artículo 213.

1. El Consejo General emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales. Los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios.

2.

3. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente.

4. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas en su página de Internet, por los Organismos Públicos Locales en el ámbito de su competencia.

Además, tal como señaló la propia responsable, el artículo 251, párrafo 5 de la referida Ley General, establece:

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio, en todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

… "

Cabe señalar al respecto que, en cumplimiento a lo anterior, para efectos del proceso electoral federal y locales en las entidades federativas 2014-2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG220/2014, cuyo objeto consistió en regular los criterios metodológicos que todo medio de comunicación debe satisfacer para la realización de sondeos de opinión, encuestas o conteos rápidos durante cualquier jornada electoral, federal o local.

El objetivo esencial de dicho ordenamiento jurídico es la prevención de la simulación electoral, mediante la utilización de información fidedigna, con una metodología científica que demuestre las preferencias en un lugar y tiempo determinados; esto es, que cualquier medio de comunicación que publique una encuesta o sondeo, como proyecciones de opinión colectiva, necesariamente debe estar justificada con base en una técnica seria, veraz y objetiva, en tratándose de datos que podrían influir en las preferencias del electorado.

Bajo esa tesitura, la autoridad responsable aplicó oportunamente el multicitado Acuerdo INE/CG220/2014 "…por el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales federales y locales", en particular los lineamientos siguientes:

Sobre las obligaciones de quienes publiquen, soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opinión

1.- Quienes publiquen, soliciten, u ordenen la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre preferencias electorales o consultas populares que se realicen desde el inicio del Proceso Electoral Local o Federal hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección deberán cumplir con lo siguiente:

a. Si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio, deberán entregar copia del estudio completo de la información publicada al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (cuando se trate de encuestas o sondeos sobre elecciones federales) o, en su caso, a su homólogo del Organismo Público Local correspondiente (cuando se trate de encuestas o sondeos de elecciones locales), directamente en sus oficinas o a través de sus respectivas estructuras desconcentradas. Cuando se trate de una misma encuesta o sondeo de opinión que arroje resultados sobre elecciones federales y locales el estudio deberá entregarse tanto al Instituto Nacional Electoral, como al Organismo Público Local que corresponda. Cuando se trate de un estudio que arroje resultados para más de una elección local, el estudio deberá entregarse a las autoridades electorales locales respectivas.

b. Esta obligación deberá cumplirse a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación.

c. El estudio completo al que se refiere el presente Lineamiento deberá contener toda la documentación que señalen los criterios generales de carácter científico que forman parte integral del presente Acuerdo, y su entrega se realizará de conformidad con lo establecido en los mencionados criterios.

d. …

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Lineamiento será reportado en los informes que presente el Secretario Ejecutivo o su homólogo en el caso de los Organismos Públicos Locales al Consejo General u órgano de dirección superior correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Lineamiento 14. Dichos informes serán publicados en la página de internet del Instituto y del Organismo Público Local que corresponda.

4.- Con fundamento en lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe sobre los recursos aplicados en la realización de la encuesta o sondeo de opinión, acompañado de la factura que respalda la contratación de la realización de dicha encuesta o sondeo de opinión (incluyendo el nombre de la persona física o moral que contrató el estudio), y explicitando el monto y proporción que hubiese sido efectivamente cubierto al momento de la publicación. En los casos en que sea la misma persona moral quien realice y publique la encuesta, ésta deberá presentar un informe del costo total del estudio realizado.

(Énfasis añadido).

Tanto las normas legales como las reglamentarias señalan, específicamente, que las personas morales que difundan encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, deberán entregar un informe sobre la metodología, los costos, las personas responsables y resultados de la información difundida, es decir, se establecen normas prescriptivas, no facultativas, a todo aquel que difunda en cualquier medio de comunicación, encuestas o sondeos, que reflejen objetivamente las tendencias de votación de los ciudadanos, sin que sea óbice que la fuente sea considerada de dominio público o no.

En virtud de ello, la autoridad responsable aplicó correctamente las normas legales y reglamentarias al caso concreto, tal como se señaló con antelación, debido a que independientemente del sujeto activo de la acción, la sola publicación de una encuesta lo ubica en el supuesto hipotético establecido en las normas trasuntas.

La recurrente pretende con sus alegaciones, ubicar como excepción a tal normativa, que la publicación sobre preferencias electorales respecto de candidatos a diputados federales en el proceso electoral federal 2014-2015, solamente se trató de una nota informativa de interés público sustentada en el ejercicio de la libertad de expresión e imprenta para la toma de decisiones.

Al respecto, debe señalarse que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional Democrático de Derecho, el cual encuentra sustento en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se reconoce el derecho humano en cuestión.

Por su parte, en el artículo 7º de la propia Norma Fundamental, se establece la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.

En ambos casos se establecen limitantes a los aludidos derechos, al establecer, en el primero de ellos, que la libertad de expresión no será objeto de inquisición judicial o administrativa a menos que se presenten los casos siguientes:

- Ataque la moral.

- Ataque los derechos de terceros.

- Provoque algún delito.

- Perturbe el orden público.

Del mismo modo, la libertad consagrada en el segundo de los enunciados constitucionales señalados, encuentra como limitantes el respeto a la vida privada, la moral y la paz públicas.

Al respecto, debe destacarse que los tratados de derechos humanos, integrados al orden jurídico nacional, conciben de manera homogénea que el derecho a la libertad de expresión encuentra sus límites en el pleno goce de otras libertades con las que se relacionan.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 19

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Convención Americana de Derechos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

En relación con el marco normativo citado, debe señalarse, en principio que, en el ámbito público o político, la libertad de expresión tiene un alcance y relevancia preponderante dentro de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En efecto, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, por lo que la emisión de información e ideas se explica a través de tres valores primordiales: el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una "sociedad democrática".

De ese modo, el alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, así como su rol dentro de una sociedad democrática engloba dos dimensiones: la individual, que se realiza a través del derecho de expresar pensamientos e ideas, así como el derecho a recibirlas; y la social, como medio de intercambio de ideas e información para la comunicación masiva entre los seres humanos.

Respecto de esta última acepción, debe puntualizarse que existe un interés del conjunto social, porque en el debate político y electoral existe un intercambio de ideas desinhibido, una crítica fuerte acerca de las personas, partidos políticos, postulados y programas de gobierno que se proponen con la finalidad de que la sociedad y, concretamente los electores, tengan la posibilidad de conformar una opinión mayormente objetiva e informada y, bajo esas condiciones, pueda emitir el sufragio de manera libre y razonada.

Asimismo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre democracia y libertad de expresión, señalando que "… la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática; es indispensable para la formación de la opinión pública; es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente; es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre…"

Además, es de acotar que toda publicación es, en las sociedades democráticas, esencial para la formación de opinión, es base del intercambio de ideas; razón por la que los medios de comunicación asumen particular responsabilidad en el trabajo de búsqueda, recolección, indagación y difusión de información, por lo que están obligados a suministrar a la sociedad, datos que reflejen, con la mayor precisión posible, las tendencias de opinión electoral, como son las encuestas o sondeos.

Ahora bien, en la especie el recurrente aduce que, con la resolución impugnada, se coarta su libertad de expresión e imprenta, pues, en su concepto, el que la responsable arribara a la conclusión de que hubo incumplimiento de la normativa electoral en materia de publicación de encuestas y, por tanto, se le impusiera una sanción, constituye un menoscabo directo del aludido derecho fundamental.

Tal apreciación es inexacta, pues si bien la actividad ordinaria de los periodistas supone el ejercicio de libertades constitucionales, no toda restricción a esa actividad supone una vulneración a ese ejercicio, porque en tratándose de las contiendas electorales los límites a la libertad de expresión cobran sentido, sobre todo si en la ley o en la reglamentación que exista al respecto, se establecen condiciones para que el ejercicio periodístico y de imprenta no vulnere otros principios de igual o mayor importancia como es la equidad en la contienda.

Se pretende entonces evitar, imponiendo límites a la libertad periodística y de imprenta, cuando como en el caso, no se advierta un genuino ejercicio de un género periodístico, y exista una clara y proclive preferencia por un precandidato, candidato, partido político o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, y así lo evidencien las características cualitativas y cuantitativas del asunto en concreto.

Al respecto, del análisis de la conducta sancionada, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que, lo acontecido en la especie, en modo alguno puede constituir una restricción o limitación a la libertad de expresión en cualquiera de sus dimensiones.

Cabe señalar, que se advierte de las constancias del presente asunto, que si bien el Periódico "La Opinión de Poza Rica" publicó una nota en la que atribuía a la empresa "Berumen y Asociados" una encuesta supuestamente realizada sobre las preferencias electorales en el Distrito III federal del Estado de Veracruz, sin embargo, por escrito presentado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el dos de septiembre de dos mil quince, signado por el Presidente del Consejo y Apoderado Legal de Berumen y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, manifestó que su representada no realizó la encuesta de preferencias electorales publicada en el periódico La Opinión de Poza Rica, en la edición del veintitrés de mayo de dos mil quince, lo cual ya había dado a conocer a dicho medio de comunicación impresa, señalando que su representada en ningún momento solicitó o contrató la publicación de la encuesta referida.

De lo anterior se advierte que, en forma indebida, el citado medio de comunicación, por sí mismo difundió resultados sobre preferencias electorales respecto de los cuales no informó oportunamente al Instituto Nacional Electoral, debiendo entregar copia del estudio respectivo dentro de los siguientes cinco días a su publicación, obligación que tenía en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG220/2014, de entregar copia del estudio correspondiente dentro de los siguientes cinco días a su publicación, lo que no cumplió.

No es correcta la afirmación de que con la determinación de la falta por la responsable se esté coartando el derecho de información y expresión a través de la publicación de encuestas, porque este derecho es inherente a la actividad periodística, sólo que, en el caso, está sujeto a que esa actividad informativa, en materia de encuestas, deba informarse al Instituto Nacional Electoral.

Por tanto, como se ha relatado, la imposición de la sanción al ahora recurrente, fue consecuencia de la aplicación de las normas contenidas tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en los Lineamientos aprobados mediante acuerdo identificado con la clave INE/CG220/2014, en los cuales se establecen, entre otras cuestiones, las obligaciones para quienes publiquen, soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opinión.

Esto es, para que un sujeto obligado sea acreedor a alguna sanción por incumplimiento de las normas señaladas, es necesario que previamente se hayan realizado las conductas que ahí se refieren.

Así, lo que se está sancionando es el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la publicación de encuestas y no, como lo refiere el recurrente, el ejercicio de la libertad de expresión.

Ello es así, pues no actualizan alguna de las limitantes contenidas en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no restringen la libertad de expresión, sino que tienen como finalidad que, a fin de garantizar los principios de certeza y de equidad en la contienda, las encuestas o sondeos de opinión publicados en los medios de comunicación, sean producto de un estudio objetivo.

Por tanto, no es posible poder concluir que la aplicación de una sanción, como consecuencia del incumplimiento de las normas referidas, se traduzca en un menoscabo a la libertad de expresión. De ahí lo infundado del referido motivo de disenso.

B. Individualización de la sanción

La recurrente también tilda de ilegal la sanción impuesta, en virtud de que, en su concepto, la responsable no sólo debió haber tomado en consideración para la individualización de la sanción los ingresos y ventas correspondientes al año dos mil catorce, sino también la declaración complementaria de ese mismo año que reflejaba una pérdida sustantiva, así como la declaración del ejercicio dos mil quince, a fin que de que la sanción a imponer no afectara el patrimonio de la recurrente.

Se estima infundada la alegación antes señalada, ya que la responsable, a fin de determinar la sanción a imponer invocó como parámetro para tal efecto, los lineamientos contenidos en la Jurisprudencia 29/2009, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO", conforme con el cual, la autoridad sancionadora, debe realizar las diligencias necesarias, idóneas y oportunas, a fin de allegarse de la información correspondiente a la capacidad económica del sujeto denunciado, pues dicho elemento debe tomarse en cuenta al momento de imponer las sanciones.

En ese tenor, según consta en autos y así lo expone la responsable, se solicitó al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, recabara la información atinente, para conocer la capacidad económica del hoy denunciado.

Asimismo, al momento de emplazar a Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico La Opinión de Poza Rica), se le requirió para que proporcionara la información idónea y pertinente que evidenciara su situación económica, apercibiéndolo que, en caso de incumplimiento, el procedimiento se resolvería conforme a las constancias del expediente.

Así se tiene que, de la información aportada por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos del Servicio de Administración Tributaria, Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico La Opinión de Poza Rica), en el ejercicio fiscal 2014, obtuvo un ingresó acumulable de $97,187,189 (noventa y siete millones ciento ochenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Por su parte, la parte actora, entonces parte denunciada en el procedimiento sancionador respectivo, no obstante haber sido requerida durante el emplazamiento para que proporcionara información de su situación económica, al momento de dar contestación al emplazamiento del procedimiento, sólo presentó copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal, manifestando únicamente que es una persona moral que se encuentra al corriente del pago de impuestos, sin exhibir declaración o algún documento que acreditara su capacidad económica.

De ahí que, si la autoridad tomó como datos suficientes sobre la capacidad económica de Editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable (Periódico La Opinión de Poza Rica), la que fue proporcionada por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos del Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio fiscal 2014, se estima correcta tal actuación, dado que el recurrente estuvo en posibilidad de demostrar una capacidad económica diferente o menor y no lo hizo, sin que sea óbice que ahora señale acompañar a su demanda diversa información que no aportó oportunamente.

Aunado a lo anterior, es la información correspondiente al ejercicio fiscal 2014 la que debe servir como base para cuantificar la sanción a una conducta ocurrida inmediata posterior, como fue en el mes de mayo de dos mil quince, pues es la que refleja su posibilidad económica entonces actual.

Además, la recurrente no demuestra de forma alguna que la sanción impuesta se encuentre fuera de los parámetros establecidos al respecto por la legislación atinente, o que contravenga alguno de los establecidos por este órgano jurisdiccional respecto de la imposición de sanciones, por lo cual se estima infundado su agravio expuesto en contra de la individualización.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Subsecretaria General de Acuerdos quien da fe. Rúbricas.