RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-818/2016

RECURRENTE: MARÍA TERESA ELIZALDI MÉNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ

SECRETARIO: RAÚL ZEUZ ÁVILA SÁNCHEZ

Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.

S E N T E N C I A

Que se dicta en el recurso de reconsideración radicado en el expediente identificado con la clave SUP-REC-818/2016, interpuesto por María Teresa Elizaldi Méndez en contra de la sentencia emitida el dos de noviembre del presente año, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SM-JDC-283/2016, por la que desechó el escrito de demanda de la ahora recurrente por la que, a su vez, controvirtió la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la que se ordenó al ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León, reincorporar a Rosa María Uvalle de León en el cargo de Primera Regidora propietaria de ese órgano edilicio, de conformidad con el siguiente índice de contenidos.

ÍNDICE

R E S U L T A N D O…………...........……….....……2

C O N S I D E R A N D O..........................................4

PRIMERO. Competencia……………………….4

SEGUNDO. Procedencia……………………….4

TERCERO. Estudio de fondo………………….11

CUARTO. Efectos…………………….………...17

R E S O L U T I V O S…...........................................17

R E S U L T A N D O

I. Licencia indefinida de Rosa María Uvalle de León para separarse del cargo de Primera Regidora del Ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León. El once de noviembre de dos mil quince, el Ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León, aprobó la licencia indefinida solicitada por Rosa María Uvalle de León, para separarse del cargo de Primera Regidora de ese órgano de gobierno municipal.

II. Solicitudes de reincorporación al ayuntamiento. El quince, así como el veintiséis de julio de esta anualidad, Rosa María Uvalle de León, presentó sendos escritos ante la Presidencia del Ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León, por medio del que solicitó su reincorporación al cargo de Primera Regidora Propietaria.

III. Medio de impugnación local. El trece de septiembre del presente año, Rosa María Uvalle de León promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la omisión de reinstalarla en el ejercicio del cargo antes mencionado. El señalado medio de impugnación se radicó ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el expediente identificado con la clave JDC-004/2016 y en el que compareció como tercera interesada, la ciudadana María Teresa Elizaldi Méndez.

IV. Sentencia del Tribunal Electoral local. El once de octubre siguiente, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emitió sentencia en el medio de impugnación antes señalado, en el sentido de ordenar al Ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León, reincorporar a Rosa María Uvalle de León como Primera Regidora en el señalado órgano edilicio.

V. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El dieciocho de octubre de este año, María Teresa Elizaldi Méndez promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la sentencia referida en el resultando inmediato anterior. El medio de impugnación se radicó ante la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en el expediente SM-JDC-283/2016.

VI. Sentencia impugnada. El dos de noviembre siguiente, la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, emitió sentencia en el expediente señalado en el resultando inmediato anterior, en el sentido de desechar la demanda por considerar que se presentó de manera extemporánea.

VII. Recurso de reconsideración. El siete de noviembre del presente año, María Teresa Elizaldi Méndez, ante la Sala Regional responsable, interpuso recurso de reconsideración en contra de la sentencia antes mencionada.

VIII. Recepción de documentación en Sala Superior. El nueve de noviembre del presente año, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio identificado con la clave TEPJF-SGA-SM-1345/2016, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional responsable, por medio del que remitió el escrito de demanda, el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SM-JDC-283/2016, así como diversas constancias relativas a la tramitación del medio de impugnación.

IX. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó que con la documentación antes señalada, se integrara el expediente del recurso de reconsideración SUP-REC-818/2016, y lo turnó al Magistrado José Luis Vargas Valdez para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El acuerdo de referencia se cumplimentó mediante oficio suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

X. Radicación. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó radicar el expediente del medio de impugnación, y al advertir que las constancias que lo integraban resultaban suficientes para el dictado de la sentencia, ordenó la elaboración del proyecto correspondiente, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el recurso de reconsideración interpuesto por María Teresa Elizaldi Méndez de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se controvierte una sentencia emitida por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Procedencia. En el recurso de reconsideración que ahora se resuelve, se satisfacen los requisitos generales y especiales de procedencia, conforme se expone a continuación:

A. Forma. El recurso se presentó por escrito ante la Sala Regional responsable; en la demanda se hace constar el nombre de la recurrente, la persona autorizada para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que afirma, le causa la resolución que impugna y las disposiciones presuntamente violadas; se ofrecen pruebas y se hace constar, tanto el nombre, como la firma autógrafa de quien promueve.

B. Oportunidad. El recurso de reconsideración, se interpuso dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello es así, en razón de que la sentencia dictada en el expediente SM-JDC-283/2016, se emitió el dos de noviembre de dos mil dieciséis, y se notificó a la actora el tres del señalado mes y año, conforme consta en la cédula de notificación personal que obra agregada al expediente en que se actúa, por lo que el plazo para interponer el recurso de reconsideración transcurrió del viernes cuatro, al martes ocho de noviembre de dos mil dieciséis de la presente anualidad.

Lo anterior, sin tomar en consideración, para efectos de ese cómputo, los días cinco y seis de noviembre, por haber sido sábado y domingo, respectivamente, en tanto que la controversia planteada en el medio de impugnación que se resuelve, no se vincula de manera directa con proceso electoral alguno.

De esta manera, si la demanda de recurso de reconsideración se presentó el siete de noviembre de dos mil dieciséis, resulta evidente que el derecho de acción se ejerció de manera oportuna.

C. Legitimación. El requisito se satisface en razón de que la ciudadana que suscribe la demanda de recurso de reconsideración, ejerce la acción por propio derecho, en contra de una sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un expediente que se integró con motivo de una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano suscrita por la propia ciudadana.

D. Interés jurídico. También se cumple con el requisito de referencia, en virtud de que la recurrente es la misma persona que promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que motivó la integración del expediente en que se dictó la sentencia que ahora se controvierte, y cuya pretensión final consiste en que se revoqué la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, para que se analicen los agravios expuestos en el medio de impugnación local y, eventualmente, se le restituya en el cargo de Primera Regidora del Ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León.

En ese sentido, se requiere el dictado de una sentencia por parte de este órgano jurisdiccional en la que se resuelva si procede o no acoger la providencia solicitada por la recurrente.

E. Definitividad y firmeza. En el recurso de reconsideración, al rubro identificado, se cumple el requisito establecido en el artículo 63, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en haber agotado las instancias previas de impugnación, toda vez que se controvierte una sentencia dictada por la Sala Regional de este Tribunal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León, respecto de la cual no procede otro medio de impugnación, que deba ser agotado previamente.

F. Supuesto especial de procedencia. En el recurso de reconsideración bajo estudio, deben tenerse por satisfechos los requisitos especiales de procedencia previstos en los artículos 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, y 63, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque con independencia de que la Sala Regional responsable no analizó el fondo de la controversia planteada, ni determinó la inaplicación de alguna disposición por considerarla contraria a la Constitución, en el caso se presenta una situación excepcional y extraordinaria no prevista en la legislación que debe ser analizada a partir de la interpretación y aplicación directa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de la obligación impuesta a este Tribunal Electoral de que todos los actos y resoluciones de las autoridades de la materia se sujeten invariablemente al control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, así como de la obligación del Estado Mexicano de establecer un recurso efectivo a través del que puedan repararse las violaciones a los derechos humanos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 1, párrafos segundo y tercero; 17, párrafo segundo; 41, base sexta, y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado, debe llevarse a cabo en los plazos y términos previstos en las leyes, favoreciendo en todo momento la interpretación más amplia y que garantice una aplicación preventiva y en su caso reparadora de las violaciones a los derechos humanos en que hayan incurrido las autoridades responsables.

El Poder Revisor de la Constitución delegó al legislador ordinario la atribución para diseñar e implementar un sistema de medios de impugnación mediante el que se garantice que todos los actos y resoluciones de la materia se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Al respecto, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establecen los aspectos sustantivos y adjetivos bajo los que deben desahogarse los medios de impugnación en la materia, distribuyendo las competencias entre la Sala Superior y las Salas Regionales de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atendiendo los criterios, subjetivo, material y territorial.1

1 Artículos 185 a 189 y 192 a 195, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 44, 53, 64, 83, 87, 94, y 109, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En lo que respecta a la impugnación de las sentencias que se emitan por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dispone que únicamente son impugnables mediante el recurso de reconsideración las sentencias de fondo en las que se haya determinado la inaplicación de alguna disposición legal por estimarse contraria a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se excluye de esa vía de control constitucional las sentencias en que no se analizó el fondo de la controversia, y aquellas en las que no se hayan inaplicado normas.

No obstante, el legislador no previó la situación extraordinaria tendente a proteger el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, cuando la resolución impugnada implique una real y notoria denegación de justicia, derivada de un error evidente e inexcusable en que haya incurrido una Sala Regional de este Tribunal Electoral, ya sea por una circunstancia de hecho (o por un punto de derecho) que debiendo haber sido considerado en la determinación jurídica, no lo fue, y que ello haya propiciado una violación al debido proceso que sitúe al justiciable en estado de indefensión absoluto, y eventualmente irreparable.

Es preciso señalar que no todos aquellos medios de impugnación en los que se aduzca que una Sala Regional incurrió en alguna violación al debido proceso derivada de un error en la apreciación de los hechos y la correspondiente aplicación de la consecuencia jurídica de improcedencia o sobreseimiento del medio impugnativo, es suficiente para que el recurso se admita y sea resuelto en el fondo; sino sólo aquellos en los que la denegación de acceso a la jurisdicción sea notoria y que derive de un error evidente, apreciable mediante una revisión sumaria y preliminar del expediente, y no de alguna deficiencia insuperable del escrito impugnativo o causa derivada de la conducta procesal del justiciable, ni tampoco de ejercicio interpretativo realizado en la determinación cuestionada.

Por todo ello, cuando se plantea un error como causa de pedir, aduciendo que la responsable incurrió en un razonamiento equivocado por falta de correspondencia con los hechos, la procedencia del recurso de reconsideración se encuentra condicionada a que la equivocación se advierta de la simple revisión del expediente, sea incontrovertible, y determinante para el sentido de la sentencia cuestionada; de tal manera que su estudio genere la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada, a fin de reparar la violación a través de la medida que se considere eficaz para la restitución del derecho.

Lo anterior, resulta congruente con la obligación convencional del Estado Mexicano de establecer un recurso efectivo y de contar con un juez o tribunal superior, a través del que se protejan, respeten, garanticen, y en su caso, se reparen las violaciones cometidas por los autoridades derivadas de un error judicial, precisamente porque la aparente falta de un mecanismo de defensa que permita reparar una evidente violación al derecho humano de acceso a la jurisdicción del Estado vincula al órgano jurisdiccional a llevar a cabo la interpretación que le permita conocer y resolver la controversia en el sentido que más favorezca la protección de ese derecho fundamental, y que restituya al justiciable en el derecho afectado.

Por todo ello, este órgano jurisdiccional estima que la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 1, párrafos segundo y tercero; 17, párrafo segundo; 41, base sexta, y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 10, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como 2, y 14, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en relación con los artículos 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, y 63, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permite considerar que el derecho a la tutela judicial efectiva, así como la previsión de que todos los actos y resoluciones se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, justifican que, en aquellos casos excepcionales en los que la falta de estudio de fondo de una sentencia impugnada, sea atribuible a la Sala Regional responsable, ya sea por una indebida actuación que viole las garantías esenciales del proceso, ya sea por un error evidente e incontrovertible, apreciable de la simple revisión del expediente, y que sea determinante para el sentido de la sentencia cuestionada, el recurso de reconsideración debe ser admitido, siempre y cuando exista la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reparación de la violación atinente, a través de la medida que al efecto se estime eficaz.

En el caso, de un análisis preliminar y sin llevar a cabo un estudio profundo de la controversia, ni realizando valoración de prueba alguna, se advierte que en el acuerdo general de esta Sala Superior 3/2008, se contempla el doce de octubre como un día inhábil, mismo que fue indebidamente computado por la Sala Regional responsable para decretar el desechamiento de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sin que ello implique prejuzgar sobre la controversia, toda vez que sólo analizando el fondo de la litis se podría determinar si la situación que se imputa a la Sala Regional responsable, se actualiza o no una vulneración al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción de la ahora recurrente, motivo por el que esta Sala Superior considera conforme a Derecho resolver el fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Estudio de fondo. Esta Sala Superior arriba a la conclusión de que asiste la razón a la recurrente y por ende, procede revocar la sentencia impugnada para el efecto de que, de no advertir alguna otra causa de improcedencia, la Sala Regional responsable emita otra en la que analice el fondo de la controversia, en atención a los motivos, razones y fundamentos que se exponen a continuación.

De la lectura integral del escrito se advierte que la ciudadana María Teresa Elizaldi Méndez plantea como motivos de inconformidad, los siguientes:

A. Afirma que con el desechamiento decretado por la Sala Regional responsable, se determinó la inaplicación implícita de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no tomó en consideración el acuerdo general de esta Sala Superior identificado con al número 3/2008, en el que se estableció que en los asuntos no relacionados con los procesos electorales, el doce de octubre debe considerarse como un día inhábil.

B. Manifiesta que la Sala Regional responsable no consideró que el medio de impugnación que promovió era federal y no local, de tal manera que no debían aplicarse las disposiciones establecidas en los ordenamientos locales, sino las de naturaleza federal, y aún en el supuesto señalado en la resolución impugnada, estima que el doce de octubre del presente año, es inhábil conforme con lo previsto en el artículo 56, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, en relación con lo señalado en el diverso 288 de la Ley Electoral de esa entidad federativa, así como a lo señalado en el calendario del Poder Judicial de esa entidad federativa.

C. Se queja de que la autoridad responsable determinó no resolver el conflicto de fondo a partir de una indebida interpretación y cómputo inexacto de los días hábiles que debían cuantificarse para determinar la oportunidad del medio impugnativo, por la que le privó indebidamente del cargo de Primera Regidora del Ayuntamiento de Villaldama.

Como se advierte de los motivos de inconformidad antes expuestos, la pretensión de la recurrente consiste en que se revoque la sentencia de dos de noviembre del presente año, emitida por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el expediente SM-JDC-283/2016, para el efecto de que se determine si indebidamente se le separo del cargo de Primera Regidora del Ayuntamiento de Villaldama, Nuevo León o no.

La causa de pedir la hace depender de que, en su concepto, el doce de octubre del presente año fue un día inhábil, por lo que indebidamente se computó para determinar la extemporaneidad en la presentación del escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano antes apuntado.

El planteamiento esencial de la ciudadana María Teresa Elizaldi Méndes es fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada.

Como ya se señaló, la recurrente manifiesta que la Sala Regional responsable desechó de plano el escrito de demanda por haberse presentado fuera del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, situación que, en su concepto, vulnera su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que no advirtió que el doce de octubre del presente año fue un día inhábil de conformidad con lo establecido en el "ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE AL FEDERACIÓN NÚMERO 3/2008, DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL OCHO, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES EN LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL", por lo que no se debía tomar en cuenta para el cómputo del plazo, aunado a que, en el estado de Nuevo León, ese día también era inhábil, conforme con la legislación de esa entidad federativa.

A efecto de justificar lo fundado del agravio, es de señalarse que conforme con lo previsto en los artículos 7, y 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 323 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, 31, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como el Calendario Oficial de labores del Poder Judicial del Estado para el año 2016. Boletín Judicial el 9/10/2015. Acuerdo general número 6/2015 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, por el que se determina el calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado para el año 2016, aprobado el 28 de septiembre de 2015, en lo que al caso interesa, se tiene que para llevar a cabo los cómputos tendentes a determinar la oportunidad en la presentación de los medios de impugnación, y tomando en consideración la complejidad de la materia, en razón de que existen diversas disposiciones que prevén días inhábiles, y con la finalidad de dar certeza a los promoventes de los diversos medios de impugnación, es de suma importancia determinar con precisión los días inhábiles para efecto del cómputo de los plazos procesales que rigen en los medios de impugnación que son competencia del Tribunal Electoral, particularmente en aquellos asuntos que no estén directamente relacionados con un proceso electoral, motivo por el cual, el treinta de abril de dos mil ocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el Acuerdo General identificado con la clave 3/2008, mismo que se publicó se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil ocho, que en la parte atinente es el siguiente:

[…]

ACUERDO GENERAL

PRIMERO. Para los efectos del cómputo de los plazos procesales de los medios de impugnación, que no se encuentren relacionados con un proceso electoral federal o local, se considerarán como días inhábiles los siguientes:

[…]

9. El doce de octubre;

[…]

Precisado lo anterior, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SM-JDC-283/2016, la Sala Regional responsable determinó desechar de plano el escrito de demanda al estimar que se presentó de manera extemporánea.

Al efecto expuso que la sentencia entonces cuestionada, se emitió el once de octubre del presente año, la cual se notificó a la entonces tercera interesada, María Teresa Elizaldi Méndez el mismo día en que se emitió.

De esa manera, consideró que el cómputo del plazo para la promoción del medio impugnativo debía iniciar al día siguiente a aquel en que esa sentencia se notificó por instructivo, lo cual justificó en el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en aplicación supletoria de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en términos de lo dispuesto en el artículo 288 del propio ordenamiento legal.

Así, determinó que la presentación de la demanda fue extemporánea, toda vez que la sentencia se emitió el once de octubre del presente año, y notificada a la actora el mismo día, por lo que el cómputo del plazo para controvertir transcurrió del miércoles doce al lunes diecisiete de octubre del presente año, en tanto que la demanda se presentó hasta el dieciocho del señalado mes y año.

Esta Sala Superior considera que le asiste razón a la recurrente cuando aduce que la Sala Regional responsable vulneró su derecho fundamental de acceso a la justicia al considerar que el medio de impugnación se presentó de manera extemporánea, toda vez que indebidamente computó el miércoles doce de octubre del presente año.

Lo fundado del agravio radica en que la Sala Regional responsable debió tener en consideración que el doce de octubre de dos mil dieciséis es un día inhábil para efectos de los cómputos relativos a los medios de impugnación no vinculados con procesos electorales, por tanto, no debía tomarse en consideración para analizar la oportunidad o extemporaneidad del juicio, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero del Acuerdo General identificado con la clave 3/2008.

Asimismo, resulta aplicable la ratio essendi de la tesis de esta Sala Superior de rubro "DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. NO DEBEN COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.".2

2 Tesis II/98, consultable en la página mil ciento treinta y tres, de la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Tesis, Volumen 2, Tomo I, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese orden de ideas, a juicio de este órgano jurisdiccional, la Sala Regional responsable vulneró el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia de María Teresa Elizaldi Méndez, dado que, como se señaló, al hacer el cómputo del plazo para determinar si el medio de impugnación había sido promovido en tiempo, tomó en consideración el doce de octubre del presente año, siendo que el plazo para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano transcurrió del jueves trece, al martes dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, no siendo computables, como se mencionó, los días doce, quince, y dieciséis, del señalado mes y año, dado que fueron inhábiles en los términos expuestos en párrafos precedentes, por tratarse de un día señalado por esta Sala Superior en el acuerdo general tres de dos mil ocho, así como sábado y domingo, respectivamente.

En consecuencia, toda vez que el escrito de demanda del citado medio de impugnación se presentó el martes dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la promoción del juicio es oportuna, de ahí que sea fundado el concepto de agravio y suficiente para revocar la sentencia impugnada.

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en la parte final del escrito de demanda, la ahora recurrente expone que la Sala Regional responsable le negó "el acceso a la justicia efectiva para dirimir el conflicto de fondo relacionado con sus derechos políticos de ser mujer, propiciando de esa manera violencia política de género institucionalizada", ya que se le impidió acceder al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, con independencia de que la justiciable haya alcanzado su pretensión, toda vez que este órgano jurisdiccional ha considerado que, cuando se alegue violencia política por razones de género, se debe hacer el análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.3

3 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES". Aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública de dos de noviembre de dos mil dieciséis.

Al respecto, esta Sala Superior considera que con la emisión de la sentencia impugnada, no se configura alguna situación que genere afectación a la esfera jurídica de la justiciable en su calidad de mujer, ya que en la actuación de la autoridad responsable no se advierte la intención o finalidad de discriminar o que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio del derecho humano de acceso a la jurisdicción.

Lo anterior, adquiere sustento en lo previsto en el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se define como Violencia Institucional: "los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".

Así, en el caso bajo estudio, dado que no se advierten circunstancias o elementos que permitan presumir, cuando menos de manera indiciaria, que la sentencia controvertida fue producto de una actuación que tuvo por objeto afectar los derechos fundamentales de la ciudadana recurrente por el hecho de ser mujer, lo procedente es desestimar la afirmación de referencia, máxime que la hace depender del error en que incurrió la Sala Regional responsable y que ya ha sido analizado por este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Efectos. Por lo expuesto, lo procedente es revocar la sentencia impugnada para el efecto de ordenar a la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, que, de no advertir la actualización de diversa causa de improcedencia, proceda a admitir el medio de impugnación y a resolver lo que conforme a derecho corresponda.

En consecuencia, previas las anotaciones atinentes, se deberán enviar las constancias que integran el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SM-JDC-283/2016, a la Sala Regional responsable.

Lo anteriormente expuesto y fundado, da lugar al siguiente:

R E S O L U T I V O

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada para los efectos señalados en el considerando CUARTO de la presente ejecutoria.

Notifíquese en términos de Ley.

Devuélvanse los documentos que corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, e Indalfer Infante Gonzales, quienes emiten voto particular conjunto, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA E INDALFER INFANTE GONZALES, CON RELACIÓN A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SUP-REC-818/2016, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 187, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Lamentamos disentir del criterio mayoritario expresado en el presente asunto, por lo que, con el debido respeto a los señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con pleno reconocimiento a su profesionalismo, nos permitimos formular voto particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 11 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las razones siguientes:

Consideramos que la circunstancia de que se aduzca en los agravios una violación a los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción y a un recurso judicial efectivo, no puede equivaler a dejar de observar los requisitos de procedencia del medio de impugnación.

En efecto, acorde al dispositivo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el recurso de reconsideración sólo procede: a) en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el consejo general del instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y b) en los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la constitución.

Ahora bien, en el caso, la esencia de la controversia radica en que la sala regional desechó por extemporáneo el medio de impugnación, al estimar que el doce de octubre del año en curso fue hábil, cuando ello es inexacto.

En tal virtud, el desechamiento no ocurrió por haberse inaplicado una ley por estimarla contraria al texto fundamental y tampoco se analizó un tema de convencionalidad (supuesto jurisprudencial de procedencia), motivo por el cual, a nuestra consideración, no se reúnen los requisitos legales que la Ley General de Medios de Impugnación prevé para actualizarse la procedencia del recurso de reconsideración.

Lo anterior encuentra sentido cuando el Estado a través de los operadores de justicia tiene la encomienda de tutelar los derechos fundamentales, entre ellos el de acceso a la justicia y de un recurso efectivo, no se puede soslayar la obligación que le impone el legislador, de observar que se cumplan y actualicen los supuestos para acceder a la jurisdicción, entre otros, que el medio de impugnación no se encuentre limitado por hipótesis expresas de procedencia.

Dicho aserto se patentiza, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en la jurisprudencia que:4

4 Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 158.

"126. la corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. de tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado." (énfasis añadido)

De esta manera, por vía de consecuencia, si la ley de la materia exige que para la procedencia del recurso de reconsideración se deben actualizar ciertos requisitos, sin que ello ocurra en el caso, es evidente que la controversia no puede analizarse en este medio de impugnación y la sola cita de derechos humanos, expuestos en los argumentos de defensa, no faculta a esta Sala Superior a determinar la procedencia de la reconsideración, ni aun excepcionalmente.

En efecto, encuadrar el tema y núcleo esencial -indebido cómputo-, no es factible, porque dicho tema no se subsume en un supuesto de inaplicación de la norma, por ser contraria a la Constitución, ni lo vincula con un tema de convencionalidad.

Sobre todo, porque proceder en la forma propuesta, implicaría desnaturalizar la figura y esencia de la reconsideración, más aun, cuando el derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, se debe analizar a la luz de la justificación constitucional.5

5 Época: Novena Época Registro: 188804 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 113/2001 Página: 5 JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da."

Por éstos motivos, disentimos del proyecto de mayoría, al justificar la procedencia del Recurso de Reconsideración, en función de que señala que deben tenerse por satisfechos los requisitos especiales de procedencia porque si bien, la responsable no analizó el fondo de la controversia planteada, en el caso se aduce la presunta violación a un derecho fundamental del recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, se tiene que garantizar mediante la interpretación que favorezca de manera más amplia el ejercicio de los derechos humanos y que en el caso, se vulneró el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, dado que, al hacer el cómputo del plazo tomó en consideración el doce de octubre, siendo que el plazo para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, transcurrió del jueves trece, al martes dieciocho de octubre del año en curso, no siendo computables, los días doce, quince y dieciséis, dado que fueron inhábiles, por tratarse de un día señalado por esta sala superior en el acuerdo general 3 de 2008, así como sábado y domingo, respectivamente.

En suma, en el presente asunto, no es factible que para determinar la procedencia del recurso de reconsideración, se examine el tema de fondo, pues el pronunciamiento que se realiza, únicamente entraña el examen de delimitar qué días hábiles e inhábiles deben computarse para determinar la oportunidad del medio de impugnación.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, es que nos apartamos de la decisión asumida en el SUP-REC-818/2016. Rúbricas.