RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-161/2017

RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ.

Ciudad de México a doce de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-161/2017, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, a través de Ana Lilia Manzo Martínez, a fin de impugnar el oficio INE/UTF/DA-L/9198/17, emitido por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el que dio respuesta a la consulta relacionada con el procedimiento contable en materia de fiscalización que debe seguirse para reportar los ingresos que por concepto de recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado, a efecto de que se consideren recursos públicos y, no privados, con motivo de la revisión de ingresos y gastos de precampaña y campaña dentro del proceso electoral local ordinario 2014-2015, en Michoacán.

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado por el Partido de la Revolución Democrática en el escrito recursal, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

1. Consulta. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, Ana Lilia Manzo Martínez, en su calidad de Titular de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán presentó ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la mencionada entidad federativa, una consulta dirigida al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del aludido Instituto, con atención al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del indicado Instituto.

La consulta hecha valer por el ahora recurrente fue del orden siguiente:

¿Cuál es el procedimiento contable que en materia de fiscalización el Partido de la Revolución Democrática debe seguir para reportar los ingresos que por concepto de recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado, a efecto de que se consideren como recursos públicos y no recursos privados derivados de aportaciones de militantes y/o simpatizantes?

SEGUNDO. Oficio impugnado. Mediante oficio INE/UTF/DA-L/9198/17, de primero de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a la consulta formulada por el Partido de la Revolución Democrática.

El referido oficio se notificó el inmediato ocho de junio del año en curso, a la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán.

TERCERO. Recurso de apelación. Inconforme con el referido oficio, el catorce de junio de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución Democrática, a través de Ana Lilia Manzo Martínez, en su calidad de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán interpuso recurso de apelación, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

CUARTO. Trámite y Sustanciación. 1. Recepción de expediente en Sala Superior. Una vez tramitado el medio de impugnación al rubro indicado, el veinte de junio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio número INE/UTF/DG/10645/2017, por el cual el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, remitió el escrito recursal con sus anexos; el informe circunstanciado correspondiente, y las demás constancias que estimó pertinentes.

2. Turno. Por acuerdo de veinte de junio del año en curso, emitido por el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Presidente por Ministerio de Ley de este Tribunal Electoral, se ordenó integrar el expediente SUP-RAP-161/2017, y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para su sustanciación, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El referido proveído se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-4017/17, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral federal, en la citada fecha.

3. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó el recurso y se admitió a trámite; y, al no existir diligencia pendiente de desahogar, se determinó cerrar la instrucción, quedando el asunto en estado de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base VI y 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso a) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso b), 40 párrafo 1, inciso b), 44 párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra el oficio del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Partido de la Revolución Democrática, respecto del procedimiento contable que en materia de fiscalización debe seguirse para reportar los ingresos que por concepto de recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado el citado partido político, a fin de que se consideren como recursos públicos y no privados derivados de aportaciones de militantes y/o simpatizantes.

SEGUNDO. Procedencia. En el presente recurso de apelación, se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a); 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de lo siguiente:

a) Oportunidad. El medio de impugnación que se resuelve fue presentado dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8°, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El ocho de junio de dos mil diecisiete se notificó por oficio INE/UTF/DA-L/9198/17, a Ana Lilia Manzo Martínez, Titular de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, la respuesta a la consulta formulada mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre del año próximo pasado, ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la mencionada entidad federativa.

Por lo tanto, el plazo legal para impugnar el referido oficio, transcurrió del viernes nueve al miércoles catorce de junio del año que transcurre, en tanto que los días diez y once, corresponden a sábado y domingo, respectivamente, por lo que, en términos del artículo 7, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no estar la controversia planteada vinculada con un determinado proceso electoral federal o local, no se contabilizan para efectos del cómputo respectivo.

En tal virtud, si el Partido de la Revolución Democrática interpuso el escrito del recurso de apelación, el inmediato catorce de junio del año en curso, según se puede constatar en el sello de recepción impreso en la primera foja del escrito recursal, entonces resulta evidente su oportunidad, al presentarlo en el último día del plazo legal previsto para tal efecto.

b) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, esto es, en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, haciendo constar en ella, el nombre de quien promueve: Ana Lilia Manzo Martínez, Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en el Estado de Michoacán; se señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como las personas autorizadas para tales efectos.

Se mencionan los hechos en los que se basa la impugnación, se expresan los agravios y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen y aportan los elementos de prueba que se estimaron convenientes; y se hace constar la firma autógrafa de la promovente.

Por lo que se satisface lo establecido en el artículo 9°, de la ley adjetiva de la materia.

c) Legitimación y personería. Los elementos se encuentran satisfechos; el primero, porque el recurso de apelación es interpuesto por parte legítima, es decir, por el Partido de la Revolución Democrática, quien con fundamento en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra facultado para promover el medio impugnativo que se analiza, toda vez que se trata de un partido político.

En cuanto a la personería, la autoridad administrativa responsable, al rendir su informe circunstanciado, afirma que Ana Lilia Manzo Martínez tiene acreditada su personería como Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán.

Ahora bien, el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos: los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales, o sus equivalentes, según corresponda. En cuyo caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido.

Asimismo, se debe tener presente que conforme al artículo 70 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, el Comité Ejecutivo Estatal sólo contara con las Secretarías contempladas en el artículo 102, en cuyo inciso c), se prevé la de Finanzas.

Por otra parte, el numeral 77, inciso e), del ordenamiento estatutario dispone que, la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal tendrá como funciones y atribuciones: la de representar legalmente al partido en el ámbito estatal para efecto de la presentación de demandas, escritos de tercero interesado y toda clase de escritos relacionados al trámite de medios de impugnación en materia electoral.

Mientras que, en el artículo 78, inciso d), del aludido ordenamiento, se establece que el Titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal tiene dentro de sus funciones y atribuciones, la de manejar, en coadyuvancia con el Titular de la Presidencia, las finanzas del Comité Ejecutivo Estatal en coordinación con el Titular de la Secretaría de Finanzas.

De la interpretación sistemática de los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 70, 102, inciso c), 77 inciso e) y, 78, inciso d), de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se desprende que: la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, así como que el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal representa legalmente al Partido en el ámbito local para presentar demandas y escritos relacionados con el trámite de medios de impugnación en materia electoral; y, que maneja en coayuvancia con el Titular de la Secretaría General y, en coordinación con el de Finanzas, los recursos del partido político. Por lo tanto, es posible advertir que la Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal se encuentra facultada para presentar medios de impugnación en materia electoral, por lo que hace a las cuestiones relacionadas con su ámbito de competencia, en tanto que participa de forma coordinada en el manejo de las finanzas partidistas a nivel estatal, con quien, en principio, tiene la representación legal, es decir, el Presidente del aludido Comité.

En tal orden de ideas, si la referida funcionaria partidista realizó la consulta en torno a una cuestión inherente a su ámbito de competencia, como lo es la fiscalización de los recursos del partido político a nivel estatal, entonces se encuentra facultada para comparecer a la cadena impugnativa derivada de tal solicitud, pues de no procederse en tales términos se estaría vedando el derecho de acceso a la justicia previsto en los artículos 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del partido político recurrente.

De igual forma, es importante destacar que en autos obra la certificación del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán expedida el trece de junio de dos mil diecisiete, en la cual se hace constar que Ana Lilia Manzo Martínez fue nombrada Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, lo que fue informado por el aludido instituto político, mediante oficio de siete de octubre de dos mil quince.

d) Interés jurídico. El partido político recurrente tiene interés jurídico para promover el medio de impugnación al rubro indicado, dado que controvierte el oficio INE/UTF/SA-L/9198/17, emitido por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, por el que dio respuesta a la consulta que formuló, relacionada con el procedimiento contable en materia de fiscalización que debe seguirse para reportar los ingresos que por concepto de recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado, con motivo de la revisión de ingresos y gastos de precampaña y campaña dentro del proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el Estado de Michoacán, respecto del cual aduce que se encuentra indebidamente fundado y motivado por la Unidad Técnica de Fiscalización, puesto que, en su concepto, deben considerarse y registrarse como un reintegro del financiamiento público.

e) Definitividad. Se cumple también con este requisito, debido a que el recurso de apelación tiene por objeto controvertir un oficio del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, respecto del cual, no se cuenta con medio de defensa alguno por el que pudiera ser revocado o modificado.

En consecuencia, toda vez que la Sala Superior no advierte la existencia de causa de improcedencia, se abocará a estudiar el fondo del asunto.

CUARTO. Síntesis de agravios. El Partido de la Revolución Democrática hace valer, en esencia, los siguientes motivos de inconformidad:

1. Falta de fundamentación y motivación. Que la autoridad responsable no entra al análisis de fondo de la consulta, toda vez que, no se advierte la emisión de razonamientos en los que se invoquen los preceptos legales aplicables respecto del reintegro del financiamiento público que se ve afectado y disminuido con la reducción de la ministración mensual a causa del pago de multas originadas por conductas de quienes obtuvieron precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, dejando de realizar el estudio puntual y pormenorizado de la consulta.

2. Indebida fundamentación y motivación. Que el oficio controvertido vulnera los principios de legalidad, objetividad, certeza, proporcionalidad, equidad y neutralidad, al determinar la autoridad responsable que si un partido político realiza gestiones con quienes obtuvieron precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular para que paguen algún porcentaje de las multas impuestas únicamente a los institutos políticos, por conductas de omisión y/o de acción de las precandidaturas y candidaturas observadas y sancionadas en los informes de los gastos de precampaña y campaña, tal importe de recuperación de multas será considerado como financiamiento privado, proveniente de aportaciones en efectivo de militantes y simpatizantes y, no como reintegros al financiamiento público del gasto ordinario.

La autoridad responsable soslaya que las multas impuestas a los partidos políticos son pagadas con el financiamiento público para gastos ordinarios permanentes que le corresponde conforme al artículo 41 constitucional, pues se enteran con los descuentos que se efectúan de las ministraciones mensuales del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, por tanto, el importe que lleguen a recuperar los partidos políticos proveniente de quienes obtuvieron precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, debe entenderse como un reintegro al financiamiento público y, no como financiamiento privado proveniente de simpatizantes y/o militantes.

No debe soslayarse que la naturaleza jurídica del asunto deriva de la obligación prevista en el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, e inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos que impone a precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, federal o locales, ser responsables solidarios del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña, del cual nace la acción de los partidos políticos de requerirlos cuando hayan realizado una conducta que derivó en una multa económica al partido político, para que colaboren en el pago de la multa ya ejecutoriada, recurso que, debe considerarse como reintegro o restitución a la disminución del financiamiento público para gastos ordinarios.

Que el oficio controvertido, atenta contra lo dispuesto en los artículos 41 constitucional; 53, incisos a) y b); 56, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos; 95, numerales 1 y 2; 96; 102 y 103, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de los cuales se desprende, que todo partido político podrá recibir financiamiento de sus simpatizantes y militantes, el cual se encuentra sujeto a límites anuales que puede recibir el partido político y el límite individual que cada militante y simpatizante debe respetar para aportar a cada partido, en la inteligencia de que el financiamiento privado siempre debe ser inferior al financiamiento público, siendo que con el oficio controvertido, de forma automática, además de coartarse el derecho a un reintegro del financiamiento privado, limita a los partidos políticos a realizar la recuperación del financiamiento público para gastos ordinarios permanentes, pues se corre el riesgo de que se pueda rebasar el límite de aportación individual de militantes o simpatizantes y, por ende, también el límite anual que puede recibir el partido político.

Que el fundamento reglamentario invocado por la autoridad responsable de forma errónea, es conocido y aplicable al ingreso del financiamiento privado, pero no al reintegro de financiamiento público, el cual fue materia de la consulta, figura que, si bien la contempla el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción II; inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, al estimar que las precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, ya sea federal o local, son responsables solidarias del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña, también lo es que la norma reglamentaria no contempla el procedimiento aplicable para registrar contable y documentalmente la figura de reintegro al financiamiento público, siendo esa la problemática planteada en la consulta respectiva.

3. Interpretación pro personae. Que la determinación de la autoridad responsable, no cumple con la obligación de velar por los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro personae.

4. Imposición de sanciones excesivas. El oficio controvertido se encuentra indebidamente fundado y motivado, al emitirse determinaciones en las que se imponen excesivas sanciones que son ilegales, sin soslayarse que la autoridad responsable intenta fundar su decisión en los artículos 95, párrafos 1 y 2; 96; 102; y, 103, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los cuales resultan inaplicables.

5. Omisión de considerar diversas actividades desplegadas por el partido político recurrente para evidenciar la responsabilidad solidaria de precandidaturas y candidaturas.

- El Partido de la Revolución Democrática aduce que lo único que se reflejó de los diversos Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral es que las sanciones impuestas al Partido de la Revolución Democrática fueron consecuencia de que algunos de los sujetos obligados para registrar sus operaciones: precandidaturas y candidaturas, no se ajustaran a la normativa aplicable en materia de financiamiento.

- Las precandidaturas y candidaturas tuvieron conocimiento de las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, que se considerarían en el proceso electoral 2014-2015, siendo el caso que, las emanadas del Partido de la Revolución Democrática desde la invitación a participar en las precandidaturas, en la Convocatoria respectiva, se establecieron las reglas que en materia de fiscalización debían observarse.

- Además de que, las precandidaturas tenían conocimiento del Acuerdo INE/CG13/2015, por el que se fijaron las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se considerarían como de precampañas en el proceso electoral 2014-2015, cuyo artículo 4 establece las reglas de contabilidad.

- En términos del Acuerdo INE/CG248/2015, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, utilizó el correo electrónico como forma de comunicación con las precandidaturas y candidaturas para hacerles llegar diversos oficios como los recordatorios para la entrega a tiempo de los informes, siendo que bajo tal modalidad de comunicación se les hizo saber a los que no subieron al Sistema Integral de Fiscalización el primer informe de campaña y, las observaciones que realizó el Instituto Nacional Electoral, con el fin de que las candidaturas cumplieran en tiempo.

- Por lo que, la autoridad responsable antes de desestimar la existencia del sujeto obligado como obligado solidario, debe considerar los comunicados que hizo el partido a las entonces precandidaturas y, candidaturas con el fin de insistirles y recordarles su obligación de someterse a la normativa vigente.

QUINTO. Estudio de fondo. De forma previa a estudiar los motivos de inconformidad, esta Sala Superior considera necesario analizar, en primer término, la competencia del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para dar respuesta a la solicitud formulada por Ana Lilia Manzo Martínez, Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán.

Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 1/2013, visible a fojas 212 y 213 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, de rubro: “COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, que establece que, al ser la competencia un requisito fundamental para la validez de cualquier acto de molestia, su estudio constituye una cuestión preferente y de orden público, el cual se debe llevar a cabo de manera oficiosa por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, resulta oportuno tener presentes los antecedentes del asunto:

1. En la resolución INE/CG123/2015, de primero de abril de dos mil quince, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de las precandidaturas a los cargos de Diputaciones locales y de Ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-015, en el Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso diversas sanciones al Partido de la Revolución Democrática, consistentes en multas y en la reducción de las ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Mientras que a las precandidaturas se les sancionó, en unos casos, con amonestación pública y, en otros, con la pérdida del derecho a registrar las candidaturas, o bien, con su cancelación

2. Inconforme, el Partido de la Revolución Democrática interpuso el cuatro de abril de dos mil quince, recurso de apelación, asimismo, Belinda Iturbide Díaz y otros ciudadanos, presentaron juicio ciudadano, que dieron lugar a la integración de los expedientes SUP-RAP-121/2015 y SUP-JDC-872/2015, los cuales fueron resueltos por la Sala Superior el veintidós de abril de dos mil quince, la cual decretó su acumulación y, revocar la resolución impugnada, para diversos efectos.

3. En cumplimiento a la citada ejecutoria, el veintinueve de abril de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG230/2015, por el que se modificó la resolución INE/CG/123/2015, en la cual se impusieron al Partido de la Revolución Democrática diversas sanciones, consistentes en multas y, en la reducción de las ministraciones pública por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. Mientras que a las precandidaturas se les sancionó en algunos casos con amonestación pública y, en otros, con la pérdida de su derecho a registrar candidaturas, o bien, con su cancelación.

4. Inconforme, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación el tres de mayo de dos mil quince, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Al efecto, la Sala Superior dictó sentencia el diez de junio de dos mil quince, en el recurso de apelación SUP-RAP-181/2015, por la cual confirmó el Acuerdo INE/CG230/2015.

5. En la resolución INE/CG167/2015, de ocho de abril de dos mil quince, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de las precandidaturas a la Gubernatura correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso diversas sanciones al Partido de la Revolución Democrática, consistentes en amonestación pública; multas; y, en la reducción de las ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes.

6. La referida resolución fue controvertida por el Partido de la Revolución Democrática mediante recurso de apelación, respecto de dos conclusiones.

7. La Sala Superior mediante sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil quince, en el SUP-RAP-138/2015, revocó la resolución impugnada para diversos efectos.

8. En la resolución INE/CG487/2015, de veinte de julio de dos mil quince, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de las candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral ordinario 2014-2015, en el Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso al Partido de la Revolución Democrática, diversas multas.

9. En su oportunidad, el aludido instituto político controvirtió la referida resolución a través de dos recursos de apelación que dieron lugar a la integración de los expedientes SUP-RAP-311/2015 y SUP-RAP-317/2015.

10. Mediante sentencia de siete de agosto de dos mil quince, la Sala Superior: acumuló los referidos recursos al SUP-RAP-277/2015; ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolviera las quejas relacionadas con el supuesto rebase de tope de gastos de campañas electorales de las entonces candidaturas a cargos de elección federal o local; revocó los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales y para integrar los Ayuntamientos, presentados por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, así como las resoluciones relativas a la fiscalización de los partidos políticos, coaliciones, sus candidatos y candidatos independientes.

Por último, ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en el plazo de cinco días naturales posteriores a aquel en que le fuera notificada la ejecutoria emitiera los dictámenes consolidados y las resoluciones de fiscalización.

11. En cumplimiento a la citada sentencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la resolución INE/CG789/2015, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de Michoacán, en la cual impuso al Partido de la Revolución Democrática las mismas sanciones de la resolución INE/CG487/2015.

12. Inconforme, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación, el cual dio lugar al expediente SUP-RAP-491/2015, resuelto el veintitrés de septiembre de dos mil quince por la Sala Superior, en el sentido de revocar las conclusiones 36 y 37, a efecto de que la autoridad administrativa electoral reindividualizara las sanciones impuestas con motivo del rebase del tope de gastos de campaña en los Municipios de Jacona y Tocumbo, tomando en cuenta que las candidaturas fueron comunes con otros partidos, e impusiera sanciones a los Partidos Nueva Alianza y Encuentro Social.

13. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, Ana Lilia Manzo Martínez, Titular de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán presentó ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la citada entidad federativa, una consulta dirigida al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del aludido Instituto, con atención al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del indicado Instituto.

La consulta hecha valer por el ahora recurrente fue del orden siguiente:

¿Cuál es el procedimiento contable que en materia de fiscalización el Partido de la Revolución Democrática debe seguir para reportar los ingresos que por concepto de recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado, a efecto de que se consideren como recursos públicos y no recursos privados derivados de aportaciones de militantes y/o simpatizantes?

14. Mediante oficio INE/UTF/DA-L/9198/17, de primero de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a la consulta formulada por el Partido de la Revolución Democrática.

Al efecto, el referido oficio se notificó el inmediato ocho de junio del año en curso, a la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán.

Como se advierte de lo descrito en los numerales precedentes, la consulta originalmente planteada fue formulada por la Titular de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán al Licenciado Enrique Andrade González, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con atención al Contador Público Eduardo Gurza Curiel, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del aludido Instituto, quien finalmente emitió la respuesta atinente y la cual se hizo del conocimiento mediante oficio INE/UTF/DA-L/9198/17 de primero de junio de dos mil diecisiete, a la funcionaria partidista solicitante, el inmediato día ocho de junio.

Sin embargo, esta Sala Superior considera que el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no contaba con facultades para dar contestación a la solicitud formulada por la Titular de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, debido a la particularidad de la temática planteada, al estar referida al procedimiento contable que en materia de fiscalización debe seguirse para reportar los ingresos que por recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado el indicado partido político, a efecto de que se consideren como recursos públicos y no recursos privados derivados de aportaciones de militantes y/o simpatizantes.

Es decir, la consulta implica un pronunciamiento para efecto de establecer si los recursos obtenidos mediante un procedimiento de recuperación de importes con los precandidatos y candidatos, por el pago de multas instaurado por el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, corresponden a financiamiento público o privado, así como la forma en la cual deben registrarse en los informes respectivos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los sujetos obligados, entre los cuales, se encuentran los partidos políticos, podrán solicitar ante la Unidad Técnica de Fiscalización la orientación, asesoría y capacitación, necesaria en materia del registro contable de los ingreso y egresos, de las características de la documentación comprobatoria correspondiente al manejo de los recursos y los requisitos de los informes.

Asimismo, en el párrafo 4, del indicado precepto reglamentario, se establece que la Unidad Técnica de Fiscalización resolverá las consultas que sean de carácter técnico u operativo contables, referentes a la auditoría o fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, siempre y cuando se refieran a cuestiones que afecten exclusivamente al sujeto que presenta la consulta. También se dispone la resolución de la consulta en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la consulta o de concluido el plazo para subsanar los requisitos omitidos.

A su vez, en el párrafo 5, de la aludida disposición reglamentaria, se prevé que si la Comisión de Fiscalización advierte que la respuesta a la consulta implica criterios de interpretación del Reglamento; o bien, si la Unidad Técnica propone un cambio de criterio a los establecidos previamente por la Comisión, tendrá diez días a partir del día siguiente al de la recepción de la consulta o de concluido el plazo para subsanar los requisitos omitidos, para remitir el proyecto de respuesta a la Comisión para que ésta resuelva lo conducente en la sesión respectiva.

Mientras que, el párrafo 6, del artículo 16, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral establece que si la Comisión de Fiscalización advierte que la consulta involucra la emisión de respuesta con aplicación de carácter obligatorio o en su caso, se emitan normas para los sujetos obligados relativos a la normatividad en materia de fiscalización, tendrá diez días a partir del día siguiente al de la recepción de la consulta para remitir el proyecto de respuesta a la Comisión, para efectos que ésta lo someta a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General.

De lo anteriormente expuesto, se advierte, en esencia, que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se encuentra facultada para conocer y resolver aquellas consultas que sean de carácter técnico u operativo contable, respecto de la fiscalización o auditoría de los sujetos obligados, siempre que se refieran a cuestiones que afecten sólo al sujeto que realiza la consulta.

Por otra parte, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tiene competencia para conocer y resolver la consulta correspondiente, cuando la respuesta implica criterios de interpretación del Reglamento, o bien, cuando la Unidad Técnica de Fiscalización propone un cambio de criterio a los establecidos por la citada Comisión.

En su caso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral también tiene facultades para conocer y resolver consultas, cuando la Comisión de Fiscalización advierta que involucren respuestas con aplicación de carácter obligatorio, o bien, que impliquen la emisión de normas para los sujetos obligados, en materia de fiscalización.

Esto es, conforme al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las consultas formuladas por los sujetos obligados, pueden ser conocidas y resueltas por la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y, por el Consejo General, todos del Instituto Nacional Electoral, dependiendo del objeto de la consulta, en los términos que han sido precisados.

En tal orden de ideas, esta Sala Superior considera que el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral carece de competencia para efecto de atender la consulta formulada por la Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, en tanto que la misma no se reduce a una mera cuestión técnica u operativa contable respecto de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, sino que la misma propiamente puede implicar criterios de interpretación del Reglamento y, por consecuencia, en términos del artículo 16, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización, corresponde a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pronunciarse en torno a la indicada consulta.

Ello es así, pues si bien la consulta versa sobre el procedimiento contable que en materia de fiscalización debe seguirse para reportar los ingresos que por recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado el indicado partido político, a efecto de que se consideren como recursos públicos y no recursos privados derivados de aportaciones de militantes y/o simpatizantes; lo cierto es que, en realidad, involucra el establecimiento de un criterio de interpretación, en el cual se debe precisar si tales recursos recuperados corresponden a financiamiento público o privado, así como la forma en la cual deben registrarse en los informes respectivos.

Sin perjuicio de que, en su caso, la Comisión de Fiscalización puede advertir que la consulta involucra la emisión de una respuesta con aplicación de carácter obligatorio, o bien, la emisión de normas para los sujetos obligados, en materia de fiscalización, en cuyo supuesto la competencia para emitir la contestación atinente será del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, previa propuesta de la Comisión de Fiscalización.

En este contexto, toda vez que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en principio, es quien tiene que conocer y resolver la consulta planteada por la Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, respecto del procedimiento contable que en materia de fiscalización debe seguirse para reportar los ingresos que por concepto de recuperación de importes de pago de multas solidarias con los precandidatos y candidatos ha efectuado el citado instituto político, a efecto de que se consideren como recursos públicos y no recursos privados derivados de aportaciones de militantes y/o simpatizante; se actualiza la incompetencia del funcionario electoral que dio respuesta a la solicitud planteada.

SEXTO. Efectos de la sentencia. Al haberse concluido que el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral no contaba con facultades para dar respuesta a la consulta planteada por la Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, resulta procedente revocar el oficio de respuesta identificado con la clave INE/UTF/DA-L/9198/17, de primero de junio del año en curso, para los siguientes efectos:

Para que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, emita respuesta a la mencionada consulta formulada por la Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafos 5, o bien para que proceda acorde a lo establecido en el párrafo 6, del indicado precepto, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, debiendo informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a lo ordenado en la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E:

ÚNICO.- Se revoca el oficio controvertido para los efectos precisados en el último Considerando de esta sentencia.

Notifíquese, como en Derecho corresponda.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.