RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-37/2018

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO: RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIO: ALEJANDRO OLVERA ACEVEDO

COLABORÓ: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ CUÉ

Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el recurso de apelación al rubro identificado, en el sentido de confirmar la resolución INE/CG121/2018, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[1], respecto del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave de expediente UT/SCG/Q/MORENA/CG/41/2017, iniciado con motivo de la queja presentada por MORENA, en contra de diversos servidores públicos, por el presunto uso indebido de recursos públicos.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, MORENA presentó escrito de queja ante el Instituto Nacional Electoral[2] en contra de Alfredo del  Mazo Maza, Gobernador del Estado de México; Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador de Yucatán; Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche; Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora; Rubén Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila; Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa; Emilio Gamboa Patrón, Senador; Cesar Camacho Quiroz, Diputado Federal, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional[3], derivado del presunto uso indebido de recursos públicos, toda vez que la y los servidores públicos denunciados asistieron en día y hora hábiles a la XLI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional[4], celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

2. Admisión y emplazamiento. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral[5] dictó acuerdo por el que, ordenó admitir a trámite la queja, misma que quedó registrada con la clave UT/SCG/Q/MORENA/CG/41/2017, así como el emplazamiento de la y los servidores públicos, así como al partido político denunciados.

3. Resolución impugnada. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió la resolución INE/CG121/2018, por la que, entre otras cosas, declaró infundado el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra de la y los señalados servidores públicos y del PRI.

4. Recurso de apelación. Para controvertir esa determinación, el dos de marzo del año en curso, MORENA promovió recurso de apelación ante el Consejo General.

5. Recepción en la Sala Superior. El seis de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio INE/SCG/0424/2018, mediante el cual el Secretario del Consejo General, remitió el expediente INE-ATG/68/2018, formado con motivo de la demanda presentada por MORENA.

6. Integración de expediente y turno. Por acuerdo de esa misma fecha, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente SUP-RAP-37/2018, así como el turno a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[6].

7. Radicación. Mediante proveído de siete de marzo siguiente, la Magistrada Instructora radicó el recurso al rubro identificado, en la Ponencia a su cargo.

8. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad la Magistrada Instructora admitió la demanda y, al no haber pruebas ni diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de resolución, por lo que se ordenó elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

II. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia. Conforme con lo previsto en los artículos 41 párrafo segundo base VI y 99 párrafo cuarto fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[7]; 184, 185, 186 fracción III inciso a) y 189 fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[8], así como 4 párrafo 1, 6 párrafo 3, 40, párrafo 1 inciso b) y 44 párrafo 1 inciso a), de la Ley de Medios, este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver este medio de impugnación.

Lo anterior, toda vez que se trata de un recurso de apelación promovido por un partido político a fin de controvertir una resolución del Consejo General, órgano central del INE, emitida en un procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de diversos servidores públicos, así como del PRI, con motivo del presunto uso indebido de recursos públicos, toda vez que asistieron en día y hora hábiles a la XLI Sesión Extraordinaria.

SEGUNDA. Requisitos de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 7, 8 párrafo 1, 9 párrafo 1, 40, 44 y 45, de la Ley de Medios, conforme con lo siguiente:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; se señala el nombre del recurrente, el domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado y la autoridad responsable, la mención de los hechos y de los agravios que el partido político apelante aduce que le causa la resolución reclamada, asimismo, se advierte la firma autógrafa de quien promueve en su nombre y representación.

2. Oportunidad. El escrito de demanda fue presentado dentro del plazo de cuatro días, previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la Ley de Medios, toda vez que la resolución impugnada fue emitida el veintiocho de febrero del año en curso, en tanto que el referido escrito fue presentado el dos de marzo siguiente, esto es, de manera oportuna.

3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, dado que MORENA está legitimado, para promover el recurso en su calidad de partido político. Asimismo, Horacio Duarte Olivares, como representante propietario de ese instituto político ante el Consejo General, cuenta con personería para interponer el medio de impugnación, en términos del reconocimiento hecho por la autoridad responsable, al rendir el respectivo informe circunstanciado.

4. Interés para interponer el recurso. Este requisito está satisfecho, porque el promovente fue quien presentó la queja en contra de diversos servidores públicos, derivado del presunto uso indebido de recursos públicos, la cual originó la resolución que ahora impugna, con la pretensión de que sea revocada, porque en su concepto los servidores públicos denunciados tuvieron un actuar indebido que vulnera el principio de imparcialidad establecidos en el artículo 134 constitucional, por lo que, con independencia de que le asista o no razón, es claro que tiene interés jurídico para promover el medio de impugnación que se resuelve.

5. Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito.

TERCERA. Tercero interesado. Durante la tramitación de este medio de impugnación, el ciudadano Rubén Ignacio Moreira Valdez compareció como tercero interesado.

Al respecto se precisa que, se tiene al mencionado ciudadano con la calidad con la que comparece, en virtud de que se cumplen los requisitos para ello, a saber:

1. Forma. En el escrito que se analiza, se identifica el nombre y firma autógrafa del compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

2. Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, en atención a que el tercero interesado compareció dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la publicitación de la presentación de la demanda de recurso de apelación que se resuelve, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 párrafo 1 inciso b) en relación con el párrafo 4 de la Ley de Medios.

Lo anterior, toda vez que, de lo asentado en las razones de fijación y retiro de la cédula de notificación, se advierte que las setenta y dos horas de publicitación del medio de impugnación, transcurrieron de las doce horas del tres de marzo a las doce horas del seis de marzo del año en curso; por lo que, si el escrito de comparecencia de Rubén Ignacio Moreira Valdez fue presentado el seis de marzo, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos, resulta evidente su oportunidad.

3. Legitimación. El ciudadano Rubén Ignacio Moreira Valdez está legitimado para comparecer en el recurso, al rubro identificado, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, toda vez que aduce tener un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretende el promovente, quien solicita se revoque la resolución emitida por el Consejo General, en razón de que, para el demandante los servidores públicos denunciados vulneraron el principio de imparcialidad que contempla el artículo 134 de la Constitución federal, mientras que el tercero interesado pretende que se declaren infundados los agravios planteados por el partido político actor y subsista la determinación impugnada.

4. Interés jurídico. El referido ciudadano tiene interés jurídico para comparecer como tercero interesado, en términos del artículo 17, párrafo 4, inciso e), de la Ley de Medios, porque en su carácter de otrora Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, fue uno de los servidores públicos denunciados en el procedimiento sancionador ordinario en el que fue emitida la resolución impugnada, y pretende que se declaren infundados los motivos de agravio que el actor formula en la demanda del recurso de apelación que se resuelve.

CUARTA. Síntesis de conceptos de agravio. En su escrito de demanda, MORENA expone los conceptos de agravio que se sintetizan a continuación.

1. Uso indebido de recursos públicos

MORENA argumenta, que la autoridad responsable indebidamente determinó declarar infundada la queja presentada, mediante la cual resolvió que los servidores públicos denunciados no vulneraron los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, aun teniendo por acreditado que asistieron a un evento partidista en día y hora hábil.

En ese mismo sentido, argumenta que sí existió uso indebido de recursos públicos, consistente en que los sujetos denunciados los utilizaron de manera injustificada para asistir a un evento meramente partidista, en atención al carácter de la función que cada uno de ellos desempeña, generando un inadecuado ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

Asimismo, señala que los servidores públicos denunciados tuvieron un actuar indebido que vulnera el principio de imparcialidad contemplado en el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución federal, al asistir a un evento meramente partidista en día y hora hábil, lo que constituye una conducta injustificada contraria al principio de imparcialidad, equiparable a un uso indebido de recursos públicos, ya que los servidores públicos denunciados distrajeron las actividades para las que fueron elegidos, para acudir, a un acto partidista.

Por último, argumenta que las libertades fundamentales de reunión y asociación no pueden utilizarse para justificar la legalidad de la asistencia de los servidores públicos a la sesión de carácter partidista, y decir que no hay un uso indebido de recursos públicos.

2. Indebido ejercicio de la facultad investigadora de la UTCE

El partido actor aduce que la autoridad responsable en ningún momento razonó, ni mucho menos investigó el origen de los recursos que utilizaron los servidores públicos denunciados para su traslado a la XLI Sesión Extraordinaria.

En ese mismo sentido, señala que la UTCE, dejó de ejercer su facultad investigadora, pues la queja interpuesta se sustentó en hechos claros y precisos en los cuales se explican las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en tanto que esa Unidad, no fue exhaustiva, pues en lugar de investigar, se concretó a desvirtuar de manera oficiosa los señalamientos de la queja.

Asimismo, argumenta que la Unidad Técnica dejó de ejercer la función punitiva como órgano administrativo electoral, pues tiene amplias facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos; sin embargo, ello no ocurrió así.

Finalmente, considera que la autoridad responsable debió ejercer su facultad investigadora a fin de saber dónde obtuvieron los recursos los servidores públicos denunciados para su traslado a la XLI Sesión Extraordinaria, es decir, si viajaron en avión, si utilizaron vehículos oficiales, si viajaron con personal de seguridad, si se hospedaron en algún hotel, entre otros.

QUINTA. Estudio del fondo del asunto

1. Consideraciones del Consejo General. A efecto de resolver la cuestión planteada, resulta pertinente señalar las consideraciones del Consejo General que sustentan la resolución ahora controvertida.

El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, MORENA presentó escrito de queja en contra de Alfredo del  Mazo Maza, Gobernador del Estado de México; Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador de Yucatán; Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche; Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora; Rubén Moreira Valdés, otrora Gobernador de Coahuila; Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa; Emilio Gamboa Patrón, Senador; Cesar Camacho Quiroz, Diputado Federal, así como en contra del PRI con motivo del presunto uso indebido de recursos públicos, toda vez que asistieron en día y hora hábiles a la XLI Sesión Extraordinaria, celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del instituto político de referencia.

En atención a las diligencias realizadas por la UTCE, durante el desarrollo del procedimiento sancionador ordinario, el Consejo General en la resolución impugnada analizó lo relativo al caudal probatorio presentado por el quejoso y al recabado por la referida Unidad, a efecto de esclarecer los hechos denunciados y poder determinar si hubo el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de los servidores públicos.

Así, derivado del análisis realizado por el Consejo General, en la resolución se acreditó lo siguiente:

                    El veinte de octubre de dos mil diecisiete, se celebró la XLI Sesión Extraordinaria, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ubicadas en la Ciudad de México.

                    Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México; Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador de Yucatán; Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche; Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora; Rubén Moreira Valdés, otrora Gobernador de Coahuila; Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa; Emilio Antonio Gamboa Patrón, Senador de la República y César Octavio Camacho Quiroz, Diputado Federal, ambos de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el PRI, asistieron a la XLI Sesión Extraordinaria.

                    Que la naturaleza de la XLI Sesión Extraordinaria multicitada, correspondió a cuestiones de organización partidaria y no de carácter proselitista, toda vez que su objeto fue el fijar el procedimiento estatutario para determinar el método de elección de candidaturas a cargos de elección popular y la emisión de sus respectivas convocatorias, con base en los principios y normas contenidos en sus Estatutos.

Con base en lo anterior, el Consejo General declaró infundada la queja interpuesta por MORENA relacionada con la supuesta utilización de recursos públicos por parte de los servidores públicos denunciados.

Ello, toda vez que quedó acreditado que la naturaleza de la XLI Sesión Extraordinaria, correspondió a cuestiones de organización partidaria, tales como asuntos internos estatutarios, en particular en la presentación para su aprobación de reformas y adiciones al Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulaciones de Candidaturas, así como la aprobación de los procedimientos relativos a la selección de las candidaturas a diversos cargos que contenderán en las elecciones constitucionales del año en curso.

En este sentido, destacó que la celebración de esa Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo como parte de las funciones del Consejo Político Nacional del PRI, con la finalidad de definir los métodos de selección de candidaturas a diputaciones federales, senadurías y Presidencia de la Republica, asimismo, tuvo como finalidad cuestiones relativas a la organización interna del partido político denunciado, de lo que se concluyó que los hechos materia de la queja, no tenían repercusión en materia electoral.

Por tanto, en consideración de la autoridad responsable no se actualizó alguno de los supuestos del artículo 134 de la Constitución federal, ya que se trató de un acto de naturaleza “meramente partidista”, que se realizó en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el cual estaba encaminado a informar a sus militantes el método de elección de sus candidaturas a cargos de elección popular y la emisión de sus respectivas convocatorias, con base en los principios y normas contenidos en sus Estatutos y no a un evento proselitista, pues no se encontraba realizando proselitismo ni al interior del partido, ni hacia el exterior, ya que el objeto de la Sesión Extraordinaria fue informar sobre el método de selección de candidaturas.

Por otro lado, el Consejo General tuvo por acreditada la asistencia de los Gobernadores del Estado de México, Yucatán, Campeche, Sonora, Coahuila, Sinaloa, así como de Emilio Antonio Gamboa Patrón, Senador de la República y César Octavio Camacho Quiroz, Diputado Federal, ambos de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a la XLI Sesión Extraordinaria.

En ese sentido, señaló que dicha asistencia fue en su carácter de Consejeros Políticos del PRI, toda vez que, de conformidad al artículo 4 del Reglamento del Consejo Político Nacional del partido político, tal órgano partidista se integrara, entre otros, por la tercera parte de los senadores de la República y de los diputados federales, insaculados o electos, para un ejercicio con vigencia de un año y presencia rotativa de los integrantes de ambas cámaras, así como los gobernadores de filiación priísta; por lo que la asistencia de los sujetos denunciados, se apega a lo establecido en los artículos 34, numeral 2, inciso d), de la Ley de Partidos y 12, 13, 71 y 77, del Estatuto del instituto político de referencia, mediante los que se rige su organización intrapartidista.

Así, declaró que no se vulneraba el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal, puesto que la asistencia de servidores públicos a reuniones u actos partidistas, dirigidos a su militancia, sólo demuestra que están ejerciendo su derecho fundamental de reunión y asociación, mismo que no puede ser coartado por el simple hecho de desempeñar un cargo público, por lo que la asistencia de los denunciados a la XLI Sesión Extraordinaria, en día y hora hábil, no actualizaba la vulneración al principio de imparcialidad contenido en el aludido precepto constitucional.

Por lo anterior, el Consejo General consideró que los sujetos denunciados no vulneraron los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda electoral, en los términos de lo dispuesto en los preceptos constitucionales y legales mencionados, ya que su asistencia al evento partidista a que se ha hecho referencia se encuentra justificada en ejercicio de sus derechos de asociación y reunión política.

Por lo antes referido, concluyó que los hechos denunciados de manera alguna constituyeron una conducta contraria al principio de imparcialidad, equiparable a la indebida utilización de recursos públicos, por tanto, no existió vulneración a la normativa denunciada.

2. Planteamiento del caso

El recurso de apelación versa sobre la asistencia de los Gobernadores del Estado de México, Yucatán, Campeche, Sonora, Coahuila, Sinaloa, así como de Emilio Antonio Gamboa Patrón, Senador de la República y César Octavio Camacho Quiroz, Diputado Federal, ambos de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a la XLI Sesión Extraordinaria, acto que en concepto del recurrente constituye una vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución federal.

La pretensión del partido político recurrente es que se revoque la resolución controvertida, y que el Consejo General determine que se vulneró lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo constitucional por parte de los sujetos denunciados y derivado de ello les imponga la sanción correspondiente.

Su causa de pedir consiste, en que la y los servidores públicos denunciados tuvieron un actuar indebido al asistir a un evento partidista en día y hora hábil, lo que constituye una conducta injustificada contraria al principio de imparcialidad, equiparable a un uso indebido de recursos públicos, ya que distrajeron las actividades emanadas de los cargos que desempeñan a un acto de índole partidista.

Cabe señalar que se encuentran acreditadas, tanto la asistencia de los funcionarios denunciados a la multicitada XLI Sesión Extraordinaria, así como la naturaleza de la misma, la cual correspondió a cuestiones de organización partidaria y no de carácter proselitista.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si los sujetos denunciados vulneraron la disposición constitucional referida al acudir a la XLI Sesión Extraordinaria, en un día y horario hábiles, o si como lo sostuvo la autoridad responsable, su actuar se encuentra dentro de los límites del ejercicio de sus derechos de libertad de reunión y asociación.

3. Marco normativo que tutela la imparcialidad en la utilización de recursos públicos por parte de los servidores públicos

El texto del artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el siguiente:

Artículo 134. …

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos…

Como se advierte del contenido del precepto, los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos a efecto de influir en las preferencias electorales.

De esta forma, el mencionado precepto constitucional tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía.

En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-410/2012 este órgano jurisdiccional consideró que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución federal, es necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos.

Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es precisamente evitar que el poder público sea utilizado de manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos económicos hacia fines distintos a los que están constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función pública.

Lo anterior considerando también que la presencia de un servidor público en un acto proselitista en días y horas hábiles supone el uso indebido de recursos públicos en atención al carácter de la función que desempeñan.

4. Derecho de libertad de reunión y de asociación

El artículo 9° de la Constitución federal establece que no podrán coartarse los derechos de reunión y de asociación, siempre que tengan un objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 15 y 16 respectivamente, consagra el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, señalando que el ejercicio de estos derechos sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

En ese mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala, en su artículo 20.1, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Ahora bien, esta Sala Superior ha sostenido si bien los servidores públicos cuyos cargos son de elección popular tienen derecho a participar en la vida política (interna y externa) de sus respectivos partidos políticos, su actuación se debe guiar bajo los límites permitidos en la Constitución federal y la legislación aplicable, a efecto de que su actuación en la vida partidista no implique un abuso respecto del desempeño de sus funciones como servidor público.[9]

En ese sentido, como parte del ejercicio de libertad de asociación en materia política de los ciudadanos, la Sala Superior ha reconocido el derecho de los servidores públicos a asistir en días inhábiles a eventos de proselitismo político a fin de apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, siempre y cuando no implique el uso indebido de recursos del Estado.[10]

Sin embargo, los derechos de libertad de reunión y asociación encuentran su limitación en lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos alcances han sido definidos en el apartado anterior.

5. Actos partidistas: actos partidistas en sentido estricto y actos partidistas de carácter proselitista

Antes de entrar al análisis de los agravios planteados por el recurrente, este órgano constitucional considera necesario establecer en qué casos se está en presencia de un acto partidista de carácter proselitista y cuando en uno de carácter netamente partidista o partidista en sentido estricto. En ese sentido es preciso referir, por un lado, el marco normativo, y por otro lo que esta Sala Superior ha señalado en sus ejecutorias que resulten aplicables al caso en estudio.

En efecto, el artículo 41 constitucional establece, entre otras cosas, que los partidos políticos son entidades de interés público, a los cuales la ley determina (i) normas y requisitos para su registro legal, (ii) formas específicas de su intervención en el proceso electoral y (iii) derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

La finalidad de los institutos políticos es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; asimismo, se prevé que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.

Por otro lado, el referido precepto constitucional establece que los ciudadanos son los únicos sujetos que pueden formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.

Asimismo, se establece que en la Ley se debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

Por lo que hace a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[11], establece en el artículo 226, párrafo 3, que los precandidatos que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas.

El artículo 227 dispone que la precampaña electoral está integrada por aquellos actos en los que los precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

Ahora bien, el artículo 242 de ese mismo ordenamiento legal, prevé que la campaña electoral está integrada por el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados para la obtención del voto.

En ese sentido, tal precepto establece que los actos de campaña se entienden como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Por otro lado, dispone que la propaganda electoral es el conjunto de medios publicitarios y expresiones que durante la campaña electoral difunden los institutos políticos, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

De lo anterior, se advierte que las actividades descritas buscan propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral para la elección en cuestión hubieren registrado.

El artículo 244, de la Ley Electoral establece que las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados deberán respetar los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como la garantía de reunión y la preservación del orden público.

La referida ley, prohíbe que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, se celebren o difundan reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.[12]

Finalmente, el artículo 370 señala que, los actos para recabar el apoyo ciudadano, son el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano.

Por lo que hace a la Ley General de Partidos Políticos[13], señala en el artículo 34 que los asuntos internos de los partidos políticos comprenderán lo siguiente: (i) elaboración y modificación de sus documentos básicos; (ii) la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; (iii) elección de los integrantes de sus órganos internos; (iv) procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; (v) los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y (vi) la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

Por otro lado, el artículo 83 de la Ley de Partidos refiere que los gastos genéricos de campaña son aquellos realizados en los actos de campaña y de propaganda, en los que el partido o la coalición promuevan o inviten a votar por los candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña.

De lo anterior, se concluye que los actos proselitistas dentro de los periodos de precampaña y campaña, son aquellas actividades realizadas por sujetos políticos, encaminadas a influir en el electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular o para promover sus candidaturas.

Aunado a lo anterior, esta Sala Superior enfatizó en el recurso de apelación SUP-RAP-75/2010, que todos los ciudadanos, incluyendo los servidores públicos, además de tener el derecho de asistir en días inhábiles a eventos de carácter político electoral, tienen derecho a militar en un partido político y a realizar todos los actos inherentes a dicha afiliación en ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política, sin que ello se traduzca en autorización para realizar actos u omisiones que impliquen un abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, pues en todo momento tienen un deber de autocontención al no poderse desprender de la investidura que les otorga el cargo que ostentan.

Asimismo, este órgano jurisdiccional al dictar sentencia el dieciséis de julio de dos mil catorce en el expediente SUP-RAP-52/2014 y acumulados, determinó que el uso indebido de recursos públicos también implica que los servidores públicos pudiesen incidir de manera indebida en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado candidato o partido político dentro del proceso electoral a partir de su presencia en actos proselitistas en días y horas hábiles.

En ese mismo sentido, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador con clave SUP-REP-379/2015 y su acumulado, este órgano jurisdiccional estableció que la vulneración al principio de imparcialidad tutelado en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, implica que el servidor público haya usado de manera indebida recursos públicos que puedan incidir de manera indebida en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado candidato o partidos político dentro del proceso electoral.

En esa resolución, refirió que la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político-electoral, cuya investidura, responsabilidades o participación pudiera implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida de los electores o de parcialidad política-electoral, supone un ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso indebido de recursos públicos, salvo que existan circunstancias que justifiquen plenamente dicha asistencia o que por las circunstancias del caso no resulte razonable suponer un uso indebido o parcial de recursos públicos o un actuar indebido de servidores públicos.

En esa misma línea, ha señalado que los servidores públicos se deben abstener de acudir en días hábiles a reuniones o eventos que impliquen actos partidistas en favor o en contra de un candidato o de un partido político.

Además se ha considerado que la restricción destinada a los servidores públicos, consistente en que se abstengan de asistir en días hábiles a actos partidistas o proselitistas, persigue una doble finalidad, por un lado, preservar que los recursos públicos se destinen para el fin previsto en la legislación y, por otro, para evitar alguna afectación a los principios de equidad e imparcialidad, así como de autenticidad y libertad del sufragio[14].

Asimismo, esta Sala Superior sostuvo al dictar sentencia en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-124/2017 que un acto anticipado de campaña se actualiza cuando el acto proselitista se dirija de manera pública al electorado para solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado.

Posteriormente, en el juicio ciudadano SUP-JDC-439/2017 y acumulados, confirmó lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el sentido de que deben prevalecen dos prohibiciones dirigidas a todo servidor público. La primera, consiste en abstenerse, durante el proceso electoral, de asistir a todo acto de proselitismo para apoyar a cualquier partido, precandidato o candidato, teniendo como referencia temporal exclusivamente a los días hábiles; mientras que la segunda, les exige abstenerse de emitir expresiones a favor o en contra de algún partido, precandidato o candidato, sin tener una referencia temporal acotada, por lo que se extiende tanto a días hábiles como inhábiles, inclusive días festivos.

Ahora bien, desde una perspectiva doctrinal, en el Diccionario Electoral el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en coedición con este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Luciana Lossio define a la propaganda electoral como aquella preparada por los partidos políticos y candidatos con el propósito de captar los votos del electorado para conseguir el mandato político[15].

De todo lo antes expuesto, es posible advertir lo siguiente:

                    Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

                    Que la precampaña electoral, son actos en los cuales los precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

                    Que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, son el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a una candidatura independiente con el objeto de obtener el apoyo ciudadano.

                    Que las campañas electorales, son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

                    Que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento.

                    Que existe una prohibición a los servidores públicos de desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección de popular.

                    Que un acto proselitista se dirige de manera pública al electorado para solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado.

                    Que es equiparable el uso indebido de recursos públicos, con la conducta de los servidores consistente en su asistencia a eventos proselitistas en día u horario hábil, dado que se presume que la  simple asistencia de éstos conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues a través de su investidura pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto.

                    Que los servidores públicos tienen la restricción de asistir en días hábiles a actos proselitistas, pues, por un lado, deben preservar que los recursos públicos se destinen para el fin previsto en la legislación y, por otro, evitar alguna afectación a los principios de equidad e imparcialidad, así como de autenticidad y libertad del sufragio.

Con base en lo anterior, de una interpretación sistemática de los artículos 242, 244, 251, 277 y 370 de la Ley Electoral, en sintonía con el artículo 41, fracciones I y II de la Constitución federal, esta Sala Superior concluye que un acto partidista de carácter proselitista es toda aquella acción o actividad realizada por algún sujeto relacionado con cualquier partido político, dirigida a influir en la voluntad del electorado para favorecer o en oposición de algún contendiente electoral, ello con independencia de que sea un evento dirigido a la militancia o a la ciudadanía en general, con la finalidad de presentar una plataforma electoral, solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado, el cual puede ser realizado dentro o fuera de un proceso electoral.

Determinado lo anterior, es dable establecer que, a diferencia del acto partidista de carácter proselitista, un acto partidista en sentido estricto es aquella actividad o procedimiento relacionadas con la organización y funcionamiento de un partido político, es decir cuestiones preponderantemente vinculadas a los denominados asuntos internos de los partidos políticos.

6. Análisis de los conceptos de agravio.

A. Uso indebido de recursos públicos

A juicio de esta Sala Superior es infundado el concepto de agravio en el que el partido político demandante aduce que, los servidores públicos denunciados tuvieron un actuar indebido que vulnera el principio de imparcialidad que contempla el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución federal, al asistir a un evento de carácter netamente partidista en día y hora hábil, lo que constituye una conducta injustificada contraria al principio de imparcialidad, equiparable a un uso indebido de recursos públicos, ya que los servidores públicos denunciados distrajeron las actividades para las que fueron elegidos para acudir, a un acto partidista.

En primera instancia, es menester tomar en cuenta que el Consejo General tuvo por acreditado en el acto impugnado que la naturaleza de la XLI Sesión Extraordinaria correspondió a cuestiones de carácter partidista.

Dicha circunstancia no es controvertida por MORENA, sino contrario a ello, de la demanda se advierte que el propio partido político reconoce tal hecho, toda vez que en el agravio que ahora se estudia refiere que “…los servidores públicos denunciados tuvieron un actuar indebido que vulnera el principio de imparcialidad que contempla el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución, al asistir a un evento meramente partidista en día y hora hábil….

Por tanto, tomando en consideración que no existe controversia sobre el carácter de la citada sesión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso se está en presencia de un acto partidista en sentido estricto, ello de conformidad con lo establecido en el considerando en estudio.

En consecuencia, lo infundado radica en que si lo alegado por MORENA deriva únicamente de la asistencia de los servidores públicos a un acto de índole estrictamente partidista en día y horas hábiles, esta Sala Superior estima correcto lo determinado por la autoridad responsable, en el sentido de que la asistencia de dichos servidores, se dio, en el ámbito de ejercicio de sus libertades de expresión, reunión y de asociación.

Se arriba a tal conclusión, en razón de que, como ya se señaló, el Consejo General tuvo por acreditado que se trató de un acto partidista, cuyo objeto fue el de fijar el proceso estatutario para determinar el método de elección de sus candidatos a cargos de elección popular y la emisión de sus respectivas convocatorias, con base en los principios y normas contenidas en los Estatutos del PRI.

Ello significa, que la XLI Sesión Extraordinaria tuvo como objeto analizar y discutir cuestiones relacionadas con la vida interna del partido. Por tal motivo, la asistencia de los funcionarios públicos a un evento de esa índole, en modo alguno trastocó la equidad de la competencia entre los partidos políticos, pues no constituyó un acto del cual se pueda advertir que tuviera como finalidad el apoyar a un candidato o al propio partido político para obtener ventaja en la contienda electoral en curso.

Asimismo, del caudal probatorio con el cual la Consejo General tuvo por acreditado la naturaleza del evento y que obran en los autos del recurso que se resuelve, es posible tener por demostrado que los servidores públicos asistieron a dicho evento mas no se advierte que hayan solicitado a la militancia su apoyo a favor o en contra de algún candidato, precandidato o partido político.

Así, no existen elementos que permitan equiparar la sola presencia de servidores públicos en una reunión con el uso indebido de recursos públicos, porque aun cuando no genera duda que la reunión objeto de la denuncia se llevó a cabo en días y horas hábiles, y se realizó en el CEN del PRI, hay elementos para tener por acreditado que no se trató de un acto proselitista, cuyo objeto fuera posicionar a determinada persona ante la ciudadanía y que ello implicara una afectación o puesta en riesgo de los principios rectores de la materia electoral de imparcialidad, neutralidad y equidad.

No es contrario a lo anterior, el criterio de esta Sala Superior, contenido en la tesis identificada como L/2015, de rubro: ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR EN DÍAS HÁBILES[16], puesto que en el caso como se ha dicho, no se advierte una inobservancia por parte de los servidores públicos a su obligación de preservar la equidad en la contienda electiva, puesto que  el cargo que ostentan no se utilizó para afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político, ya que no acudieron a un acto de carácter proselitista, por lo que no resultaría justificado restringir manifestaciones hechas por servidores públicos fuera del ámbito de sus funciones, cuando aquellas no involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, dado que el criterio jurisdiccional a que se ha hecho referencia es acorde con el propósito de prevenir y sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, al usar recursos públicos, lo que no acontece en el particular.

Asimismo, del criterio anteriormente citado se advierte que para determinar una infracción al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos, entre otras, se debe demostrar la asistencia de servidores públicos en día y horas hábiles a un evento de carácter proselitista[17], circunstancia que en el caso concreto no aconteció, pues como ya se dijo los temas objeto de análisis y determinación en la mencionada XLI Sesión Extraordinaria fueron de carácter partidista como parte de las funciones del Consejo Político Nacional del PRI.

En ese sentido, si no se acredita que la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos políticos tenga como finalidad el uso de su investidura, para presionar, coaccionar o inducir de forma indebida a los electores, no resulta razonable suponer un uso indebido o parcial de recursos públicos o un actuar indebido de servidores públicos.

Desde esa perspectiva, en el caso concreto, la asistencia de los servidores públicos denunciados en día hábil no implicó vulneración al principio de imparcialidad en materia electoral, pues no se advierten circunstancias de las que se pueda derivar un uso indebido de recursos públicos a efecto de influir en la contienda electoral, pues el evento no tuvo la finalidad de incidir en la voluntad de los asistentes a favor de algún contendiente electoral, ni posicionar alguna candidatura para el proceso federal en curso.

Aunado a lo anterior, como lo consideró la autoridad responsable, la asistencia de los servidores públicos denunciados fue en su carácter de Consejeros Políticos del PRI, toda vez que, de conformidad al artículo 4 del Reglamento del Consejo Político Nacional de dicho partido, éste se integra, entre otros, por la tercera parte de los senadores de la República y de los diputados federales, insaculados o electos, para un ejercicio con vigencia de un año y presencia rotativa de los integrantes de ambas cámaras, así como los gobernadores de filiación priísta; por lo que la asistencia de los referido servidores, se encontraba apegada a lo establecido en los artículos 34, numeral 2, inciso d), de la Ley de Partidos y 12, 13, 71 y 77, del Estatuto del instituto político de referencia.

En ese sentido, esta Sala Superior ha establecido que, en principio, todo ciudadano por el sólo hecho de serlo, incluidos los servidores públicos, en ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política, tienen derecho a pertenecer a un determinado partido político, así como realizar todos los actos inherentes a dicha afiliación, siempre que ello no implique un abuso respecto del desempeño de sus funciones o una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad mediante conductas específicas, situación que en el caso no acontece.

Esto amparado por los derechos constitucionales de reunión y de asociación previstos en artículo 9°, el cual establece el derecho de los gobernados para reunirse libremente con cualquier objeto lícito, esto es, para la consecución de ciertos fines que no sean contrarios a las buenas costumbres o a las normas de orden público, como la realización de determinadas actividades, la protección de sus intereses comunes, o fines de carácter político.

Por tanto, no se puede pretender coartar los derechos de reunión y asociación en forma irracional o injustificada, por la asistencia de servidores públicos a un acto de carácter partidista, toda vez que el debido ejercicio del derecho de reunión resulta indispensable para el pleno ejercicio de la prerrogativa de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Entonces, esta Sala Superior considera que el análisis de conductas que puedan suponer una vulneración del principio de imparcialidad en el servicio público, como lo es la asistencia de un servidor público a un acto partidista en día hábil, requiere un escrutinio estricto de las autoridades electorales a fin de evitar una vulneración al ejercicio de sus derechos de reunión y asociación.

En consecuencia, es infundado el motivo de disenso en estudio, toda vez que no se acredita el uso indebido de recursos públicos, como lo pretende el recurrente, debido a que, tal como se razonó, la sola asistencia de los denunciados a la XLI Sesión Extraordinaria, no constituye una conducta contraria al principio de imparcialidad, equiparable a la utilización de recursos públicos, puesto que no se trató de un acto proselitista, sino uno de carácter partidista, el cual está protegido por el derecho de asociación de los servidores públicos denunciados.

B. Indebido ejercicio de la facultad investigadora de la UTCE

Por lo que hace a este apartado, devienen en inoperantes los conceptos de agravio en los cuales el recurrente aduce que la responsable no ejerció debidamente su facultad investigadora, en razón de que no realizó mayores diligencias para determinar de dónde provenían los recursos utilizados por los denunciados para asistir a la asamblea partidista.

Lo inoperante del agravio radica, en que, con las diligencias realizadas en su momento por la UTCE, así como con el caudal probatorio remitido por el partido político actor al presentar la queja que dio origen al procedimiento sancionador ordinario, la autoridad responsable tuvo por acreditado que la XLI Sesión Extraordinaria del PRI era de carácter partidista.

En consecuencia, al haber determinado que no se trataba de un acto proselitista y que los servidores públicos denunciados no hicieron un uso indebido de recursos públicos al asistir a un evento en su carácter de Consejero Políticos del PRI, resultaba innecesario que se llevaran a cabo mayores diligencias de investigación.

En este sentido, no existen elementos objetivos para que la responsable llevara a cabo mayores diligencias, pues con las constancias que obraban en el expediente de la queja pudo determinar la naturaleza partidista de la XLI Sesión Extraordinaria, y por ende determinó que no existió un uso indebido de recursos públicos por parte de los servidores públicos, por tanto, como se señaló en párrafos precedentes resultaba innecesario que la Unidad Técnica realizara mayores investigaciones sobre el tema denunciado.

Aunado a lo anterior, esta Sala Superior estima que no resulta relevante para los efectos del procedimiento ordinario sancionador que la UTCE realizara mayores diligencias sobre la supuesta utilización de recursos públicos por parte de los servidores denunciados, ello toda vez que, como ya se señaló, la asistencia de esos servidores no violentó de manera alguna, cuestiones relacionadas con la materia electoral. Lo anterior, porque el INE tiene competencia para conocer de cuestiones que involucren el uso indebido de recursos públicos cuando afecten principios de imparcialidad y equidad tutelados en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal.

Así, la afirmación que el recurrente hace en torno a que la responsable indebidamente omitió investigar el origen de los recursos utilizados para la transportación de quienes asistieron al acto partidista es inoperante, en razón de que tal aseveración resulta novedosa y parte del presupuesto equivocado de que la autoridad responsable de oficio tenía la obligación de realizar una investigación en relación con dicho aspecto, del cual el actor no aportó información, ni elemento probatorio alguno.

En términos de lo expuesto, lo procedente conforme a Derecho es confirmar la resolución INE/CG121/2018, emitida por el Consejo General.

III. R E S O L U T I V O

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

Notifíquese conforme a Derecho corresponda.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Secretaria General de Acuerdos da fe. Rúbricas.


[1] En adelante, Consejo General o autoridad responsable.

[2] En adelante, INE.

[3] En lo sucesivo, PRI.

[4] En lo subsecuente, XLI Sesión Extraordinaria.

[5] En adelante, UTCE o Unidad Técnica.

[6] En lo sucesivo, Ley de Medios.

[7] En adelante, Constitución federal.

[8] En lo sucesivo, Ley Orgánica.

[9] Criterio sostenido en el SUP-RAP-4/2014.

[10] Jurisprudencia 14/2012 de rubro ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY, consultable en la Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo Jurisprudencia, volumen 1, pp. 112 Y 113.

[11] En los sucesivo, Ley Electoral.

[12] Artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[13] En adelante, Ley de Partidos.

[14] Véase la sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional SUP-JRC-195/2016.

[15] Diccionario Electora Serie Elecciones y Democracia. Ciudad de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 885. Consultable en la página http://www.iidh.ed.cr/capel/diccionario/index.html

 

[16] Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 56 y 57.

[17] Como se puntualizó, el acto partidista de carácter proselitista es toda aquella acción o actividad realizada por algún sujeto relacionado con cualquier partido político, dirigida a influir en la voluntad del electorado para favorecer o en oposición de algún contendiente electoral, ello con independencia de que sea un evento dirigido a la militancia o a la ciudadanía en general, con la finalidad de presentar una plataforma electoral, solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado, el cual puede ser realizado dentro o fuera de un proceso electoral.