SUP-REC-887/2018
Y ACUMULADOS

 

 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 

EXPEDIENTE: SUP-REC-887/2018 Y ACUMULADOS

 

RECURRENTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS

 

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

 

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

 

SECRETARIADO: LUIS RODRIGO SÁNCHEZ GRACIA, OLIVER GONZÁLEZ GARZA Y ÁVILA, PRISCILA CRUCES AGUILAR, Y JOSÉ NEGUIB BELTRÁN FERNÁNDEZ

 

COLABORARON: ALEJANDRO ARTURO MARTÍNEZ FLORES, JOSÉ EDUARDO MUÑOZ SÁNCHEZ Y DORA LILIA VÁZQUEZ ROAN

 

En la Ciudad de México, en sesión pública de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior dicta sentencia en el expediente en que se actúa

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta SENTENCIA, en el sentido de acumular los medios de impugnación, revocar la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en los juicios de inconformidad SM-JIN-1/2018 y sus acumulados SM-JIN-102/2018, SM-JIN-103/2018 y el juicio SM-JDC-637/2018, así como las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificadas como INE/CG1087/2018 y INE/CG1088/2018. En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita las resoluciones correspondientes, conforme a los efectos precisados en la sentencia.

 

 

CONTENIDO

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES

2. COMPETENCIA

3. ESTUDIO DE PROCEDENCIA

4. TERCERO INTERESADO

5. ACUMULACIÓN

6. SÍNTESIS DE ACTOS IMPUGNADOS Y AGRAVIOS

6.1. Sentencia SM-JIN-1/2018 y sus acumulados

6.2. Agravios de los recursos de reconsideración SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018 y SUP-REC-890/2018

6.3. Resoluciones INE/CG1087/2018  e INE/CG1088/2018

6.4. Agravios del recurso de apelación SUP-RAP-306/018

6.5. Agravios del recurso de apelación SUP-RAP-307/2018

7. ESTUDIO DE FONDO

7.1. Falta de exhaustividad y omisión de valorar las pruebas aportadas por la Sala Regional

7.2. Indebida valoración de pruebas por la ejecución de una estrategia en la que se involucran marcas comerciales

7.2.1. Víctor Oswaldo Fuentes Solís

7.2.2. Samuel Alejandro García Sepúlveda

7.3. Difusión de la candidatura de Samuel Alejandro García Sepúlveda a través de la red social Facebook de Mariana Rodríguez Cantú

7.4. Omisión de determinar la responsabilidad del candidato en la comisión de las conductas infractoras

7.5. Indebida cuantificación de gastos no reportados

7.6. Errores en la individualización de la sanción que afectan el principio de certeza.

8. EFECTOS

9. RESOLUTIVOS

 

GLOSARIO

 

Consejo General:

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Consejo local del INE:

Consejo local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León

Constitución General:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

INE:

Instituto Nacional Electoral

LEGIPE:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley de Partidos:

Ley General de Partidos Políticos

Ley Orgánica:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

MC:

Movimiento Ciudadano

PAN:

Partido Acción Nacional

Sala Monterrey:

Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León

Sala Superior:

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

 

1. ANTECEDENTES

1.1. Jornada electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho[1] se celebró la jornada electoral para la elección, entre otros cargos, de senadores de la República por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

1.2. Cómputo distrital, declaración de validez y entrega de constancia. El cuatro de julio, el Consejo local del INE inició los cómputos distritales de su competencia y el ocho siguiente entregó la constancia de mayoría a la fórmula con más votos y la respectiva constancia de asignación de primera minoría a la fórmula correspondiente.

1.3. Medios de impugnación. Inconformes, los recurrentes promovieron juicios de inconformidad y Álvaro Suárez Garza promovió un juicio ciudadano para controvertir los actos precisados en el punto anterior. Estos juicios, fueron radicados ante la Sala Monterrey, en los expedientes
SM-JIN-1/2018, SM-JIN-102/2018, SM-JIN-103/2018 y SM-JDC-637/2018 respectivamente. Asimismo, se acumularon todos los medios de impugnación por existir identidad en los actos impugnados y la autoridad responsable.

1.4. Sentencia impugnada. El tres de agosto del año en curso, la Sala Monterrey resolvió los medios de impugnación precisados en los puntos precedentes. En su determinación, declaró la nulidad de la votación en algunas casillas, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo de la entidad federativa correspondiente a la elección para las senadurías de mayoría relativa en el estado de Nuevo León y, al no existir cambio de ganador, confirmó en lo que fue materia de controversia la declaración de validez de la elección y, como consecuencia, la constancia de mayoría y validez respectiva.

1.5. Resolución INE/CG1087/2018. El seis de agosto, el Consejo General resolvió el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado en el expediente INE/Q-COF-UTF/539/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/646/2018 interpuestos por el PRI y por el C. Alfonso Daniel Rodríguez Aguilar en contra de MC y de Samuel Alejandro García Sepúlveda por la supuesta omisión de reportar gastos en el uso de marcas, imágenes y otros conceptos que podrían constituir aportaciones en especie de ente prohibido y el rebase de topes de campaña.

Al respecto, en la resolución se determinó que el procedimiento era infundado respecto del supuesto uso indebido de las marcas y fundado por la omisión en reporte de gasto de las playeras observadas.

 

1.6. Resolución INE/CG1088/2018. El seis de agosto, el Consejo General resolvió el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado en el expediente INE/Q-COF-UTF/540/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/645/2018 interpuestos por el PRI y por el C. Alfonso Daniel Rodríguez Aguilar en contra del PAN y de Víctor Oswaldo Fuentes Solís por la supuesta omisión de reportar gastos en el uso de marcas, imágenes y otros conceptos, que podrían constituir aportaciones en especie de ente prohibido y un rebase de topes de campaña.

Al respecto, en la resolución se determinó que el procedimiento era infundado respecto del supuesto uso indebido de las marcas, pues en consideración del Consejo General, son los titulares de las marcas quienes deben iniciar la acción legal en contra de esa conducta ante la autoridad competente.

1.7. Recurso de reconsideración. El siete de agosto, los recurrentes presentaron ante la Oficialía de Partes de la Sala Monterrey los escritos de demanda de recurso de reconsideración en contra de la resolución señalada en el punto que antecede.

1.8. Turno de los recursos de reconsideración. Mediante el acuerdo de ocho de agosto, la magistrada presidenta de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018 y SUP-REC-890/2018, respectivamente y turnar los expedientes al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

1.9. Escritos de tercero interesado en los recursos de reconsideración. El nueve de agosto, los representantes del PAN y MC presentaron los escritos de terceros interesados ante la oficialía de partes de la autoridad responsable.

Posteriormente, el diecisiete de agosto MC presentó un escrito de tercero interesado en los recursos de reconsideración que aquí se resuelven.

En la misma fecha se recibieron dos escritos de tercero interesado supuestamente presentados por MC. Asimismo, el diecinueve de agosto se recibió un escrito libre suscrito por el Lic. Juan Miguel (ilegible) en donde aparentemente se transcribe un artículo de la Ley de Propiedad Industrial.

1.10. Recursos de apelación. El dieciocho de agosto, el C. Alfonso Daniel Rodríguez Aguilar presentó dos recursos a fin de impugnar las resoluciones INE/CG1087/2018 e INE/CG1088/2018.

1.11. Turno de los recursos de apelación. Mediante acuerdo, la magistrada presidenta de esta Sala Superior determinó integrar los expedientes SUP-RAP-306/2018 y SUP-RAP-307/2018 y turnar los expedientes al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

1.12. Escritos de tercero interesado los recursos de apelación. El diecinueve de agosto, el representante del PAN presentó un escrito de tercero interesado ante la oficialía de partes de la autoridad responsable.

1.13. Radicación, admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó, admitió y determinó cerrar la instrucción de los presentes medios de impugnación.

 

2. COMPETENCIA

 

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones I y X, de la Constitución General; 186, fracciones I y X, y 189, fracciones I, inciso b), y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso b), 4, y 64, de la Ley de Medios, por tratarse de recursos de reconsideración interpuestos para controvertir la sentencia de fondo dictada por una sala regional de este Tribunal Electoral en un juicio de inconformidad, cuyo conocimiento compete, en forma exclusiva, a este órgano jurisdiccional.

Ahora bien, respecto de los recursos de apelación identificados con el número de expediente SUP-RAP-306/2018 y SUP-RAP-307/2018, lo ordinario sería que la Sala Regional Monterrey resolviera lo correspondiente a los planteamientos realizados en materia de fiscalización respecto de los cuales tiene jurisdicción de acuerdo con la circunscripción plurinominal. Sin embargo, esta Sala Superior conocerá del recurso de apelación interpuesto por el partido político apelante, en atención a las circunstancias excepcionales del caso, como se explica a continuación, máxime que no se impugnan cómputos distritales sino resoluciones del Consejo General en materia de fiscalización vinculadas con la pretensión de nulidad de la elección que es materia de un diverso recurso de reconsideración, respecto del cual la materia está íntimamente vinculada, y por lo tanto, no sería precedente una división de la continencia de la causa.

El segundo párrafo del artículo 17[2] constitucional recoge expresamente el principio de justicia pronta, que consiste, esencialmente, en que los tribunales deben resolver los asuntos que se someten a su consideración dentro de los plazos previstos en la ley para tales efectos.

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que uno de los principios fundamentales que rige en los medios de impugnación en materia electoral es el de celeridad.

Se ha sostenido que el sistema impugnativo en materia electoral, donde el transcurso del tiempo es fundamental, exige la existencia de procesos altamente concentrados, con muy pocas actuaciones, incidencias e instancias, debido a la especial celeridad que debe regir en la tramitación, sustanciación y resolución, con el objeto de que exista posibilidad real de resarcir a los promoventes en el goce del derecho que se dice violado, antes de dar paso a la siguiente etapa dentro del proceso electoral, porque de lo contrario la violación alegada sería irreparable[3].

En el presente caso, dado que la materia de controversia guarda estrecha relación con la litis en los SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018 y
SUP-REC-890/2018 vinculados con la misma elección, esta Sala Superior, de manera excepcional, asume competencia para conocer y resolver el juicio bajo estudio.

Esta Sala asume competencia puesto que los hechos, materia de controversia en el recurso de reconsideración referido así como en el recurso de apelación en que se actúa, están relacionados con el rebase al tope de gastos de campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, quienes encabezaron la fórmula para senador de la República por el estado de Nuevo León, postulados por los partidos políticos MC y PAN, respectivamente, razón por la cual, en la especie, no se remite la demanda a la Sala Regional Monterrey[4].

 

3. ESTUDIO DE PROCEDENCIA

 

Se actualizan los requisitos generales y especiales de procedibilidad del recurso de reconsideración, en términos de lo expuesto a continuación.

3.1. Forma. Las demandas fueron presentadas ante la autoridad señalada como responsable, en ella se hace constar el nombre y la firma autógrafa de los representantes de los partidos políticos que promueven los recursos, el domicilio para recibir notificaciones, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; y se mencionan los hechos en los que basan sus impugnaciones, los agravios y los preceptos presuntamente vulnerados.

3.2. Oportunidad. Los recursos de reconsideración se promovieron dentro del plazo de tres días, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la citada Ley de Medios, toda vez que la sentencia controvertida fue dictada por la Sala Monterrey el tres de agosto de dos mil dieciocho y notificada por estrados a los recurrentes el día cuatro de agosto inmediato, mientras que los escritos de los respectivos medios de impugnación fueron presentados el siete de agosto siguiente, de ahí que esté satisfecho el citado requisito.

Respecto de los recursos de apelación, se considera que fueron presentados de forma oportuna pues el actor refiere que las resoluciones impugnadas no le han sido notificadas sin que ello haya sido controvertido por la responsable, por lo que se debe tener como cierta la fecha de presentación de la demanda[5].

3.3. Legitimación y personería. Se cumplen los requisitos bajo estudio, ya que los partidos políticos recurrentes interpusieron los recursos por conducto de sus representantes ante el Consejo local del INE, por tanto, se tiene por acreditada la personería, en términos del artículo 65, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios.

Respecto de los recursos de apelación, el actor está legitimado al haber sido el denunciante de las quejas primigenias[6].

3.4. Interés jurídico. Este requisito se surte en la especie, pues los recurrentes impugnan la resolución de la Sala Monterrey recaída en los juicios de inconformidad promovidos por los partidos actores, a través de la cual confirmó en lo que fue materia de controversia la declaración de validez de la elección y, como consecuencia, la constancia de mayoría y validez respectiva.

Por lo que hace a los recursos de apelación, el actor cuenta con interés jurídico al pretender que los hechos denunciados actualicen una irregularidad y el monto sea considerado en el rebase de topes correspondiente.

3.5. Definitividad. En el caso se controvierte una sentencia dictada por una sala regional de este Tribunal Electoral, respecto de la cual no procede otro medio de impugnación que deba ser agotado previamente; de ahí que se cumpla con el requisito que se analiza y resulte procedente el recurso de reconsideración.

3.6. Sentencia de fondo. El requisito previsto en el artículo 61 de la mencionada Ley de Medios está satisfecho, porque el acto impugnado es una sentencia de fondo, dictada por la Sala Monterrey en los juicios de inconformidad SM-JIN-1/2018 y sus acumulados SM-JIN-102/2018, SM-JIN-103/2018 y el juicio ciudadano SM-JDC-637/2018

3.7. Requisito especial de procedencia. En efecto, en el artículo 60, último párrafo de la Constitución General se establece que esta Sala Superior tiene competencia para revisar las sentencias dictadas por las salas regionales.

A su vez, en el artículo 189, apartado I, inciso b), de la Ley Orgánica se prevé que la Sala Superior tiene competencia, entre otras, para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable de los recursos de reconsideración que se presenten en contra de las resoluciones de las salas regionales recaídas a los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, con motivo de las elecciones federales de diputados y senadores.

Por su parte, en el numeral 195 de dicha ley se establece que las resoluciones de las salas regionales son definitivas e inatacables, salvo los casos en donde proceda el recurso de reconsideración, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior.

En el artículo 61, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, se establece que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los casos en que el juicio de inconformidad se haya promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como de las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento.

Por su parte, en el artículo 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley de Medios se dispone que, para el recurso de reconsideración, es presupuesto que la sentencia de la Sala Regional haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiera podido modificar el resultado de la elección.

En la especie, se considera que el requisito de procedencia se encuentra colmado, dado que los partidos políticos recurrentes impugnan la sentencia de tres de agosto, dictada por la Sala Monterrey en los juicios de inconformidad SM-JIN-1/2018 y sus acumulados SM-JIN-102/2018, SM-JIN-103/2018 y el juicio ciudadano SM-JDC-637/2018, sobre lo que resolvió en relación con los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos ganadora.

Al respecto, los recurrentes plantean como concepto de agravio la omisión por parte de la autoridad responsable de estudiar de fondo la causal de nulidad planteada sobre el rebase de topes de gastos de campaña de los candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por MC y el PAN, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, respectivamente. 

En este tenor, el artículo 41, base IV, párrafo tercero inciso a), establece   como una de las causales de nulidad de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, el que se exceda del gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

Por lo anterior, a juicio de esta Sala Superior, al haberse alegado la omisión en el estudio del supuesto rebase de topes, lo cual podría derivar en la nulidad de la elección controvertida y debido a que se estima que están colmados los requisitos de procedencia del presente recurso de reconsideración, es conforme a Derecho analizar el fondo de la cuestión planteada.

 

4. TERCERO INTERESADO

 

Esta Sala Superior tiene como terceros interesados en los medios de impugnación al PAN y MC con fundamento en el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley de Medios. Este artículo dispone que la calidad jurídica de los terceros interesados corresponde, entre otros, a los ciudadanos, organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos que manifiesten un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte incompatible con la pretensión del actor tal como en sus escritos manifiestan dichos institutos políticos; y en atención al artículo 67 de la misma ley que dispone que el aviso de interposición del recurso de reconsideración deberá quedar fijado en el plazo de cuarenta y ocho horas. Es en este plazo en el que los terceros interesados y coadyuvantes deben formular por escrito los alegatos.

De acuerdo con las constancias del expediente, la interposición del medio de impugnación que integró el expediente SUP-REC-887/2018, fue hecha del conocimiento público mediante estrados publicados en la Sala Monterrey, en el plazo que transcurrió del siete de agosto a las catorce horas con cuatro minutos al nueve de agosto a las catorce horas con siete minutos.

En ese sentido, al haber presentado MC su escrito de tercero interesado el nueve de agosto a las catorce horas con seis minutos, se tiene por presentado, al ser oportuno. Sin embargo, por lo que hace al escrito del PAN al haberse ingresado a las catorce horas con diez minutos, su presentación es extemporánea y no se tiene por compareciente en dicho medio de impugnación.

Por lo que hace al medio de impugnación que integró el expediente
SUP-REC-888/2018, la Sala Monterrey hizo del conocimiento público su interposición en los estrados publicados en el periodo que transcurrió del siete de agosto a las veinte horas con treinta minutos al nueve de agosto a la misma hora.

Así, al haber presentado escrito de tercero interesado el PAN el nueve de agosto a las catorce horas con doce minutos y a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos, respectivamente, se tienen por presentados.

Sobre el medio de impugnación que integró el expediente
SUP-REC-890/2018, la Sala Monterrey hizo del conocimiento público su interposición en los estrados publicados en el periodo que transcurrió del siete de agosto a las veintidós horas con siete minutos al nueve de agosto a las veintidós horas con cincuenta y ocho minutos.

Por tanto, al haber presentado escritos de tercero interesado el PAN y el MC el nueve de agosto a las catorce horas con trece minutos y a las veinte horas con quince minutos, respectivamente, se tienen por presentados.

Por otro lado, respecto del escrito suscrito por MC y presentado ante esta Sala Superior el diecisiete de agosto, por medio del cual coadyuva para la resolución de la controversia de los medios de impugnación que integraron los expedientes SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018 y SUP-REC-890/2018, al haberse exhibido fuera de los plazos señalados, se tiene por no presentado al ser extemporáneo.

Asimismo, respecto de los dos escritos presentados supuestamente por MC el diecisiete de agosto en los que se ostenta como tercero interesado en los medios de impugnación que integraron los expedientes SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018 y SUP-REC-890/2018, se tienen por no presentados al carecer de identificación de personería y firma autógrafa. Misma consideración, sobre el escrito presentado el diecinueve de agosto ya que no se identifica la persona que acude ni en qué carácter.

Por último, sobre el medio de impugnación que integró el expediente
SUP-RAP-306/2018, el Consejo General hizo del conocimiento público su interposición en los estrados publicados en el periodo que transcurrió del dieciséis de agosto a las doce horas con al diecinueve de agosto a las doce horas.

Por tanto, al haber presentado un escrito de tercero interesado el PAN el diecinueve de agosto a las once horas con cincuenta y seis minutos, se tiene por presentado en el medio como tercero interesado, al formular un interés contrario al del actor.

 

5. ACUMULACIÓN

Como ya se ha expuesto, esta Sala Superior advierte que en los recursos que se analizan existe identidad en el órgano responsable y el acto impugnado, ya que impugnan la resolución emitida por la Sala Monterrey, que a su consideración fue omisa en estudiar la causal de nulidad planteada respecto al rebase de topes de gastos de campaña de los candidatos al Senado de la República en el estado de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, postulados por los partidos políticos MC y PAN, respectivamente, por lo que los recurrentes solicitan la nulidad de la elección de senadores de la República en el estado de Nuevo León.

Asimismo, se ha considerado que tanto los recursos de reconsideración como los recursos de apelación guardan conexidad en la causa al tratarse sobre la presunta existencia de conductas infractoras que en su conjunto actualizan un rebase al tope de gastos de campaña de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de senadores de la República en las fórmulas de Samuel Alejandro García Sepúlveda y
Víctor Oswaldo Fuentes Solís en el estado de Nuevo León, postulados por los partidos políticos MC y PAN, respectivamente. 

Sobre esta base, se considera que los recursos se deben resolver en forma conjunta a efecto de dictar una sentencia congruente, exhaustiva e integral.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica; 31, de la Ley de Medios; y, 79, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, lo conducente es decretar la acumulación de los expedientes SUP-REC-888/2018, SUP-REC-890/2018, SUP-RAP-306/2018 y SUP-RAP-307/2018 al diverso recurso
SUP-REC-887/2018, por ser este último el registrado en primer orden en el índice de esta Sala Superior.

Por lo expuesto, se deberá agregar una copia certificada de la presente ejecutoria a los expedientes acumulados.

 

6. SÍNTESIS DE ACTOS IMPUGNADOS Y AGRAVIOS

6.1. Sentencia SM-JIN-1/2018 y sus acumulados

En la sentencia controvertida, la Sala Monterrey realizó un análisis relativo al sistema de fiscalización mediante el cual estableció:

         Que la función de fiscalización es una facultad constitucional del Consejo General, por lo que excluye la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales puedan sustituirse en dicha función.

 

         Que el juicio de inconformidad no es el mecanismo idóneo para cuantificar los montos erogados durante la campaña.

 

         Que el juicio de inconformidad constituye una garantía jurisdiccional que podrá declarar la nulidad de una elección en la que los promoventes deberán aportar los elementos probatorios para que se verifique la actualización de la causal de nulidad.

 

         Que el juicio de inconformidad no habilita a la Sala Regional para constituirse como autoridad fiscalizadora. 

El hecho de que el juicio de inconformidad no resulte el mecanismo idóneo para determinar los gastos realizados, no implica que se deje en estado de indefensión a los recurrentes o que se quebrante el principio de equidad, pues éstos se encontraron en aptitud de aportar, ante la autoridad fiscalizadora competente, los elementos de prueba respectivos para establecer los montos erogados por el actor político.  

Las partes tienen la obligación procesal de expresar los agravios en los cuales se evidencien los planteamientos específicos que justifiquen la configuración de las causales de nulidad invocadas, así como de ofrecer y aportar adecuadamente los elementos probatorios que sustenten la causa de pedir y en los cuales se haga constar de forma objetiva y material la configuración de las causales conforme a las cuales se solicita la nulidad.

La certeza respecto de la emisión del dictamen consolidado y la resolución relativa a los topes de gastos de campaña, tampoco puede constituir una expectativa que posibilite a los accionantes a efectuar manifestaciones genéricas y enunciar una serie de procedimientos con miras a pretender que se justifique la necesidad de aguardar la emisión de tales determinaciones, y no sólo eso, sino a efecto de que los planteamientos genéricos efectuados en la demanda se correlacionen con los resultados arrojados.

Respecto al planteamiento de nulidad por el supuesto rebase de tope de gastos resulta inatendible, pues el elemento objetivo para probar la causal de nulidad es la resolución que emita el Consejo General, la cual constituye, en principio, la base probatoria que permitirá determinar de forma objetiva y material si en una elección se rebasó el tope de gastos de campaña.

De conformidad con la jurisprudencia 2/2018, el primer elemento para configurar la nulidad de la elección por rebase, es la determinación de la autoridad administrativa electoral[7].

En este tenor la Sala Monterrey señaló que, por lo menos en esta instancia, no es posible llevar a cabo el análisis sobre la causal de nulidad, en tanto que el órgano constitucional y legalmente facultado para tales efectos aún no ha emitido la resolución correspondiente.

6.2. Agravios de los recursos de reconsideración SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018 y SUP-REC-890/2018

Los recurrentes aducen que la autoridad responsable fue omisa en estudiar exhaustivamente la causal de nulidad planteada sobre el rebase de topes de gastos de campaña de los candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por MC y el PAN, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, respectivamente.

Señalan que, si bien la responsable establece que el juicio de inconformidad no es el medio idóneo para acreditar el tope de gastos de campaña, sí es el medio para demandar la nulidad de la elección, por lo que se actualiza una interpretación errónea de la demanda, porque en ningún momento se solicitó que la Sala Monterrey determinara el rebase, sino que lo solicitado fue que declarara la nulidad mediante el medio de impugnación presentado.

Por otra parte, los recurrentes argumentan que la falta de pruebas aducida por la autoridad responsable obedeció a la omisión de la propia Sala Monterrey al no realizar las diligencias necesarias para allegarse de éstas, las cuales fueron aportadas y descritas para su requerimiento a la autoridad competente, consistentes en:

         Las quejas en materia de fiscalización sobre el rebase de tope de gastos de campaña.

         La resolución y dictamen consolidados emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización en torno a la utilización ilegal de diversas marcas de manera sistemática, reiterada y grave.

 

La Sala Monterrey, al resolver el juicio de inconformidad, antes de que se emitiera la resolución sobre las quejas presentadas en materia de fiscalización, así como el dictamen y la resolución correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a los cargos de senadores de la República, dejó sin pruebas al recurrente afectando su derecho a la garantía de audiencia.

Así, a manera de ejemplo, la responsable omitió analizar la gravedad del uso ilegal de marcas (playeras deportivas del equipo de fútbol soccer denominado “Tigres”) en beneficio de los candidatos durante el periodo de campaña, lo cual se encuentra prohibido por la ley.

Lo anterior, porque modificar la playera del equipo de fútbol agregando el logo, eslogan y “hashtag” de la campaña; así como el nombre y cargo del candidato registrado demuestra la clara intención de difundir el mensaje de que el equipo de fútbol y las marcas que originalmente vienen en la playera apoyan al candidato, por lo que, a su juicio, el uniforme deportivo pasó a ser un elemento más de propaganda electoral, caso que también se actualiza con las imágenes que se publicaron en las redes sociales, pues no se trata de simples fotografías o dibujos, sino que se trata de imágenes editadas dirigidas a influir en el electorado utilizando diversas marcas. 

La Sala Monterrey debió establecer los parámetros sobre la conducta de uso indebido de marcas en la propaganda electoral, así como las implicaciones que tiene esta conducta en el beneficio a las campañas electorales, ya que contaba con los elementos suficientes para llevar a cabo el análisis de la conducta denunciada.

En este sentido, consideran que la Sala Monterrey debió requerir a la autoridad administrativa nacional electoral para que emitiera la resolución y dictámenes correspondientes antes de que concluyera el término para resolver los juicios de inconformidad, esto es, el tres de agosto, vulnerando con ello la regla en materia de pruebas, al no haberlas requerido.

Lo anterior, bajo la premisa de que la autoridad jurisdiccional está obligada a contar con todos los elementos de prueba para brindar justicia pronta y expedita, por lo que faltó al principio de exhaustividad.

Consecuentemente, los recurrentes solicitan la nulidad de la elección de senadores de la República en el estado de Nuevo León en atención a las diferencias de votación entre el primero, segundo y tercer lugar[8].

 

6.3. Resoluciones INE/CG1087/2018[9] e INE/CG1088/2018[10]

Respecto del uso de marcas ambas resoluciones razonaron los mismos argumentos. Al respecto declararon infundado los procedimientos porque no se acreditó un beneficio económico a los candidatos.

De la valoración de las pruebas la autoridad responsable concluyó que no existió pago de derechos para poder utilizar la imagen de diversas marcas y la imagen de personas de reconocimiento social, pues de las investigaciones realizadas no se encontró ningún contrato de licencia de uso de marca en favor del partido y candidato denunciados.

Así, asentó en la resolución que, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, los titulares de las marcas son los facultados para iniciar acciones legales contra el uso ilegal de su marca comercial, o en su caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quienes de oficio podrán iniciar procedimientos administrativos ante probables infracciones a la ley en la materia, sin embargo, a la fecha de dicha resolución, no se tenía certeza de que los facultados hubieran iniciado alguna acción legal al respecto.

Por tanto, no se tuvo por acreditada la pretensión de los quejosos, pues quienes tienen el derecho de reclamar un uso indebido o ilegal de una marca, son los titulares de los derechos marcarios (mismos que negaron que los denunciados hubieran utilizado indebidamente sus marcas).

Ello, pues los promoventes únicamente, para acreditar dichas infracciones, remitieron fotografías obtenidas del perfil de Facebook del candidato denunciado, lo que constituyen pruebas técnicas, cuyo valor es insuficiente ya que se necesitaban diversos medios de convicción para ser corroboradas.

Asimismo, la autoridad determinó que no obstante la negativa de los marcarios respecto de la recepción de pago, y que podría estimarse que en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos se actualizaría una aportación en especie de un ente prohibido, ello no tendría sentido, ya que tendrían que emplear mecanismos legales conducentes para que la autoridad competente determinara en su caso un derecho a su favor.

Las publicaciones fueron realizadas como parte de un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, lo que no podía considerarse que su finalidad haya sido la de conceder un beneficio distinto a su mismo ejercicio, es decir, que constituyeran propaganda electoral ilegal, ni la existencia de gastos que debieran ser considerados para efectos de fiscalización de los sujetos obligados, por tanto, no podían ser objeto de censura ni sanción, y en consecuencia no violentan lo dispuesto por la normativa electoral vigente.

Finalmente, se declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización.

Respecto a la influencia de Mariana Rodríguez Cantú[11], de la valoración de las pruebas que obran en el expediente, tanto las ofrecidas por el denunciante, consistentes en la certificación emitida por notario público acerca de la existencia de diversas publicaciones en internet, así como un dictamen en materia de valuación expedido por un corredor público, como las recabadas por la autoridad electoral, en la resolución se concluyó lo siguiente:

         En los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se encuentra ninguna licencia de uso de marca en favor del partido Movimiento Ciudadano y/o Samuel Alejandro García Sepúlveda por las marcas señaladas por el quejoso.

         Las personas morales requeridas negaron haber recibido algún pago por la exhibición de propaganda por parte del partido Movimiento Ciudadano y/o Samuel Alejandro García Sepúlveda.

         El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encontró imposibilitado para pronunciarse respecto de la existencia de uso de marcas, en virtud de que son sus titulares quienes detentan el derecho de otorgar licencia para su explotación, así como para iniciar las acciones legales contra quienes consideren vulneran sus derechos como titulares de las marcas, en términos de la Ley de Propiedad Industrial.

         Los gastos por manejo y edición de redes sociales se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la póliza 3, periodo 3, egresos, perteneciente a la entonces candidatura de Samuel Alejandro García Sepúlveda.

         No se encontró en ninguna imagen el título inserto de “publicidad” el cual identifica a las publicaciones pagadas a la red social para su difusión.

La responsable consideró que las publicaciones realizadas por la
C. Mariana Rodríguez Cantú en presunto beneficio de Samuel Alejandro García Sepúlveda son mensajes espontáneos que carecen de un presunto beneficio al entonces candidato denunciado, toda vez que las redes son de carácter privado y en este caso retrata la vida personal, y con la que, en respuesta al requerimiento de información al referido candidato, mantiene una relación amorosa.

En este sentido, determinó que no fue posible advertir que las publicaciones materia de análisis constituyan propaganda electoral, ni la existencia de gastos que deban ser considerados para efecto de la fiscalización de los sujetos obligados, y que, por el contrario, las mismas se encuentran tuteladas por el derecho de libertad de expresión, por lo que no pueden ser objeto de censura ni sanción, ya que no trasgreden ni violentan lo dispuesto en la normativa electoral vigente.

Con base en lo anterior, la responsable concluyó que las publicaciones denunciadas se realizaron al amparo de la libertad de expresión, de manera que no constituyeron aportaciones en especie, ni reportaron algún beneficio a la candidatura, por lo que no fueron objeto de observación ni sanción, razón por la cual, con relación a esa temática, se declaró infundado el procedimiento.

Por lo tanto, el problema en el presente asunto se centra en determinar si la resolución del Consejo General se encuentra ajustada a Derecho, teniendo en cuenta los motivos de impugnación del recurrente.

6.4. Agravios del recurso de apelación SUP-RAP-306/018[12]

En esencia el recurrente argumenta que la autoridad responsable realizó una indebida valoración de pruebas por lo que no fue exhaustiva en la motivación de la resolución y por ende vulnera los principios de certeza y legalidad.

Lo anterior porque, el candidato desarrolló una estrategia de political branding (posicionamiento político) compuesta por actividades destinadas a crear, posicionar y promover su candidatura a partir de su vinculación con marcas comerciales y personas famosas o influencers, así como de la percepción de que tales marcas o personas apoyaban a los candidatos.

El ahorro que se genera por la falta de pago al utilizar una marca comercial con fines personales supone el incremento patrimonial, que en la materia constituye una aportación en especie por parte de las marcas utilizadas por el candidato, las cuales al tener una conducta pasiva consintieron el uso de sus marcas comerciales, beneficiando directamente al candidato.

La autoridad responsable omitió pronunciarse respecto de las marcas, porque si bien las marcas se pronunciaron en el sentido de que no otorgaron licencia alguna para realizar propaganda electoral y que no recibieron algún pago, ello no implica que no fueron utilizadas en beneficio de la candidatura.

Por otra parte, el ciudadano refiere que no se trata de un asunto limitado a la libertad de expresión, ya que ésta no protege el uso de una estrategia de propaganda para utilizar marcas comerciales y así obtener un beneficio económico en las campañas[13].

Respecto a lo señalado por la autoridad responsable relativo a que las publicaciones, al haberse realizado en redes sociales, son espontáneas, se difiere de tal criterio, porque las imágenes llevaron un trabajo de realización y edición antes de ser publicadas, lo cual generó también un gasto para el denunciado, gasto que no fue reportado y que debe ser cuantificado como gasto de campaña.

En este orden de ideas, las publicaciones no pueden considerarse como espontáneas porque se trató una conducta consciente, reiterada y sistemática, pues no se trata de publicaciones comunes, se trata de propaganda difundida en redes sociales para promocionar una candidatura.

Víctor Fuentes Solís cuenta con más de 112,000 seguidores en la red social, con un perfil que es público, por lo que la propaganda puede ser compartida por los usuarios de Facebook. Estas acciones ilegales fueron determinantes en el resultado de elección, pues el candidato obtuvo el segundo lugar de la elección, permitiéndole tener un lugar en el Senado de la República, violando el principio de equidad en la contienda electoral, alterando el resultado de la elección, pues la voluntad del electorado se vio influida por la utilización de las marcas en las publicaciones de la red social Facebook.

Finalmente, el recurrente señala que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto del dictamen aportado al escrito de queja en el cual se muestra un estudio realizado por un corredor público respecto del beneficio obtenido por los conceptos de gasto denunciados. Visto lo anterior, solicita se declare la nulidad de la elección.

6.5. Agravios del recurso de apelación SUP-RAP-307/2018[14]

El recurrente aduce que la resolución impugnada vulnera los principios de certeza y legalidad en la materia, porque la autoridad responsable i) no llevó a cabo una investigación completa y exhaustiva que le permitiera allegarse de información y elementos suficientes a fin de esclarecer los hechos motivo de la denuncia, y ii) no realizó un estudio de las acciones llevadas a cabo por el candidato, limitando la investigación al análisis de la libertad de expresión, por ende no emitió una resolución debidamente fundada y motivada.

Respecto del uso de marcas comerciales el recurrente señala que Samuel Alejandro García Sepúlveda utilizó marcas comerciales en su propaganda electoral durante el periodo de campaña (del 30 de marzo al 27 de junio).

Durante el periodo de campaña, el candidato desplegó una estrategia de posicionamiento político -political branding-[15] con base en la vinculación de su campaña con marcas comerciales y personas famosas o influencers; por lo que el despliegue de la estrategia implica gastos no reportados a la autoridad nacional administrativa electoral derivados del uso de las marcas comerciales; no obstante, la responsable omitió analizar la existencia de esta estrategia, la cual generó una sobreexposición del candidato, violando el principio de equidad en la contienda. 

En esencia el recurrente argumenta que la autoridad responsable realizó una indebida valoración de las pruebas por lo que no fue exhaustiva en la motivación de la resolución y por ende vulnera los principios de certeza y legalidad.

Respecto de los gastos no reportados por concepto de playeras personalizadas (apartado C de la resolución impugnada INE/CG1087/2018), el recurrente considera que la autoridad responsable incurrió en un error al cuantificar el costo de tres playeras de equipos de fútbol, sobre la base de los costos comerciales en la página de internet de la marca deportiva que las elabora.

Al respecto, la responsable cuantificó 3 modelos, sin embargo, debió de cotizar el costo de 5 modelos distintos, los cuales se refieren a continuación:

         Playera Tigres local y visitante (amarilla y azul)

 

         Playera de la selección mexicana de fútbol (verde, blanca y roja)

 

Adicionalmente, la responsable limitó el estudio de las playeras, dejando de analizar el uso de marcas comerciales (empresas mercantiles): The Home Depot, Tecate, AFIRME, Telcel, Coca Cola, Adidas y personas famosas como Adal Ramones y Eugenio Derbez, situación que podría generar confusión al electorado respecto de la propaganda que persigue fines electorales dejando claro que la conducta denunciada está permitida, lo que derivaría en una vulneración al principio de equidad.  

Asimismo, el recurrente aduce que el candidato se benefició del nombre, imagen y uso de redes sociales de Mariana Rodríguez Cantú, ciudadana ampliamente reconocida en la Ciudad de Monterrey y en el estado de Nuevo León, que influye en la vida y decisiones de las personas que la siguen por medio de sus publicaciones en la red social Instagram.

En el caso, la ciudadana realizó publicaciones apoyando a Samuel Alejandro García Sepúlveda de forma reiterada y sistemática, situación que benefició a su campaña para obtener un mayor número de votos. Al respecto, señala el recurrente que Mariana Rodríguez Cantú es una influencer, razón por la cual es susceptible de ser patrocinada o contratada para hablar bien de productos o personas, como sucedió con el candidato.

Por otra parte, el recurrente argumenta que Samuel Alejandro García Sepúlveda también es responsable de las conductas infractoras que se actualizan en la resolución de mérito, pues él directamente utilizó las playeras para su beneficio (apartado D de la resolución impugnada INE/CG1087/2018).

La responsable señaló que la responsabilidad fue imputable a MC pues éste no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta, de ahí que el recurrente considera que se debe determinar la responsabilidad del candidato, al ser el participe principal de la infracción.

En otro orden de ideas, el recurrente señala que la responsable cuantificó el costo de 3 playeras en $3,957.00 (tres mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.), lo cual es un error pues debió cotizar al menos 5 modelos al acreditarse el uso de distintos modelos, por lo que el error de la autoridad se desarrolla en el apartado correspondiente a la individualización de la sanción.

Así la recurrente considera que contrario a lo establecido en la individualización de la sanción la responsable incurrió en diversos errores:

i)       Se da el trato de conducta culposa cuando en realidad se trata de una conducta dolosa, al utilizar las playeras de marcas comerciales con propaganda electoral de forma reiterada y durante eventos de campaña;

ii)     Existe error al determinar la responsabilidad del ente político pues en el apartado de la trascendencia de la norma transgredida se imputa la responsabilidad a MORENA, cuando el responsable es MC;

iii)  En la trascendencia de la norma transgredida se refiere que el bien jurídico tutelado por las normas infringidas está relacionado con la omisión de reportar un gasto por concepto de realización de un evento en el Hotel Radisson de la Ciudad de México, no obstante, este hecho se desconoce y con ello se demuestra la falta de diligencia de la autoridad responsable en el análisis del asunto.

 

Finalmente, el recurrente señala que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto del dictamen realizado por un corredor público que se aportó en el escrito de queja en el cual se muestra, tal y como se señala, un estudio realizado por un corredor público respecto del beneficio obtenido por los conceptos de gasto denunciados, los cuales oscilaron entre $36,029, 290.30 (treinta y seis millones veintinueve mil doscientos noventa pesos 30/100 m.n.) y $87,206,235.29 (ochenta y siete millones doscientos seis mil doscientos treinta y cinco pesos 29/100 m.n.). Visto lo anterior, solicita se declare la nulidad de la elección.

 

7. ESTUDIO DE FONDO

De lo observado, se advierte que los recurrentes en el recurso de reconsideración señalan como agravio central la omisión de la Sala Monterrey de no analizar la causal de nulidad planteada por el rebase de topes y en específico: i) la falta de exhaustividad para contar con todos los elementos idóneos para resolver (resoluciones de quejas e informes de ingresos y gastos, así como los dictámenes consolidados), y ii) la omisión de valorar las pruebas aportadas en las demandas de los juicios respectivos, porque la autoridad responsable contaba con los elementos suficientes para pronunciarse sobre la ilicitud del uso indebido de marcas comerciales en beneficio de los candidatos a senadores.

Respecto de los recursos de apelación, se advierte que el recurrente impugna las resoluciones INE/CG1087/2018 e INE/CG1088/2018, las cuales resolvieron los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización iniciado con motivo de las quejas presentadas por el PRI ante la Junta local de INE en el estado de Nuevo León, a las cuales se les acumularon los escritos de queja presentados por Alfonso Daniel Rodríguez Aguilar, recuerrente en los recursos de apelación.

En este orden de ideas, el ciudadano controvierte las determinaciones de la autoridad responsable por lo que hace a los temas siguientes: i) el uso de diseños de personajes de marcas comerciales; ii) el uso de marcas comerciales en playeras de fútbol, y iii) la difusión de la candidatura de Samuel Alejandro García Sepúlveda a través de la red social Facebook de Mariana Rodríguez Cantú, conductas que representaron un beneficio económico susceptible de cuantificarse al tope de gastos de campaña de Víctor Fuentes Solís y Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Básicamente porque la autoridad responsable realizó una indebida valoración de las pruebas aportadas y, como consecuencia de ello, no fue exhaustiva en la motivación de la resolución y por ende éstas vulneran los principios de certeza y legalidad.

En este contexto, toda vez que existen dos resoluciones emitidas por el Consejo General, en las que se resolvieron como infundados los procedimientos iniciados con motivo de los escritos de queja presentados ante la autoridad fiscalizadora, y en atención a los argumentos planteados en el apartado de acumulación, lo procedente es analizar los agravios expuestos en los recursos de apelación.

Así, en atención a que el recurrente denuncia, entre otras cuestiones, la implementación de una estrategia por el uso de marcas, esta autoridad jurisdiccional realizará un análisis integral de los agravios, por lo que se estudiarán de forma conjunta.

Consecuentemente, por cuestión de método, se analizarán sistemáticamente por temáticas a fin de que se eviten reiteraciones innecesarias, sin que ello sea obstáculo a que todas las razones expuestas sean estudiadas, de resultar necesario[16].

Visto lo anterior, el orden de análisis será el siguiente:

      Falta de exhaustividad y omisión de valorar las pruebas aportadas por la Sala Regional.

      Indebida valoración de pruebas por la ejecución de una estrategia por el uso de diseños de personajes de marcas, así como el uso indebido de marcas comerciales en playeras de fútbol que representaron aportaciones prohibidas.

      Difusión de la candidatura de Samuel Alejandro García Sepúlveda a través de la red social Facebook de Mariana Rodríguez Cantú.

      Omisión de determinar la responsabilidad del candidato en la comisión de las conductas infractoras.

      Indebida cuantificación de gastos no reportados.

      Errores en la individualización de la sanción que afectan el principio de certeza.

7.1. Falta de exhaustividad y omisión de valorar las pruebas aportadas por la Sala Regional

Por razón de método, los conceptos de agravio serán analizados de manera conjunta dada su vinculación temática, sin que ello implique una afectación jurídica, ya que lo trascendental es que todos sean estudiados.

Los recurrentes aducen que la Sala responsable fue omisa en requerir al Consejo General las resoluciones relativas a las quejas presentadas a la autoridad fiscalizadora, relacionadas con el uso indebido de marcas por los entonces candidatos Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, así como la resolución y dictamen consolidado de los sujetos denunciados pues, a su consideración, con tales determinaciones se actualizaba un rebase de tope de gastos de campaña.

Asimismo, señalan que la Sala Monterrey fue omisa en valorar las pruebas aportadas en el juicio de inconformidad porque tenía elementos suficientes para pronunciarse respecto de la gravedad del uso indebido de marcas en función de los hechos narrados en los escritos de demanda primigenios.

Esta Sala Superior considera que los agravios son esencialmente fundados por las siguientes consideraciones.

En los escritos de demanda en los juicios de inconformidad que dieron lugar a la sentencia impugnada, los recurrentes hicieron valer diversos hechos que, en su consideración, corresponden al uso indebido de marcas por parte de los candidatos Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, postulados de forma respectiva por MC y el PAN, y que se traducen en aportaciones de entes impedidos que, de cuantificarse, se rebasaría el tope de campaña establecido.

De forma general, los recurrentes coinciden en que ambos candidatos utilizaron de forma reiterada diversas marcas, personajes, personas públicas o famosas sin permiso, en contravención a la normativa electoral y vulnerando la equidad de la contienda, pues ello genera un importe.

Destacaron que el uso de playeras de fútbol de la selección mexicana, así como del equipo “Tigres”, en el marco de un juego de fútbol, es un hecho grave considerando el nivel de empatía de la población con los equipos y la ilegalidad de la propaganda.

Así, narraron hechos que, en su consideración, son irregulares ya que están inclinados a influir en el electorado, los cuales son atribuibles a:

1.     Víctor Oswaldo Fuentes Solís: se denuncia pago por página de Facebook, así como por el uso de la imagen de “Goku o Kakaroto” o “Dragon Ball Z”, el uso de la imagen del futbolista de nacionalidad francesa André-Pierre Christian Gignac, de la marca “Disney", el uso de la marca “Star Wars” y por la publicación de una imagen con el personaje popular Homero J. Simpson; y en la mayoría de los casos se identifican las iniciales del candidato y el logotipo del PAN.

2.     Samuel Alejandro García Sepúlveda: por el uso durante la campaña de las marcas “Star Wars”, “The Home Depot”, Tigres”, “Tecate”, “AFIRME”, “Telcel”, “Coca-Cola”, “CEMEX”, “Tolteca”, “Eugenio Derbez”, “Adal Ramones”, “Otro Rollo”, “Adidas y Femexfut”.

Para sustentar sus afirmaciones, señalan que Samuel Alejandro García Sepúlveda utilizó de forma sistemática la playera de “Tigres” y las playeras de la selección nacional que, si bien están a la venta al público, las modificó para que fueran propaganda electoral al incorporar su eslogan de campaña, el escudo de su campaña, las palabras “Samuel” y “Senador”, con lo cual se transmitió el mensaje de que las marcas, los equipos y hasta los jugadores apoyaban su postulación.

Además, concluyen que Samuel Alejandro García Sepúlveda omitió reportar el gasto consistente en la adquisición de playeras, la modificación de los uniformes y el pago de derechos por el uso de marcas y personajes.

Con los hechos aludidos, los recurrentes consideran que debe reponerse el proceso electoral al haber rebasado el primero y segundo lugar del tope de gastos establecido, y que las consecuencias ante la nulidad de la elección respecto del impedimento en la participación de la persona sancionada alcancen a las compañeras de las fórmulas en las que participaron los candidatos denunciados.

En ese contexto, el PRI refirió en su escrito de demanda, que el veintiocho de junio presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización escritos de denuncia correspondientes al gasto de campaña no reportado tanto de Samuel Alejandro García Sepúlveda como de Víctor Oswaldo Fuentes Solís, correspondientes al uso de marcas, personajes, personas públicas o famosas sin su permiso, y vulnerando la equidad de la contienda.

Para demostrarlo, ofreccomo prueba el dictamen consolidado y los procedimientos en materia de fiscalización que interpuso en contra de los candidatos[17].

Sobre ello, esta Sala Superior advierte que, aunque de las constancias del expediente[18] se desprende que el trece de julio el magistrado instructor de la Sala Monterrey requirió al secretario ejecutivo del INE para que remitiera el dictamen y la resolución respecto de los informes de campaña de ingresos y gastos de los sujetos denunciados, lo cierto es que resolvió antes de recibir el desahogo del requerimiento y sin valorar los elementos existentes en el expediente sobre la pretensión de nulidad por rebase de topes; en su resolución alegó que el Consejo General no había resuelto las quejas en materia de fiscalización ni emitido el dictamen sobre la fiscalización de ingresos y gastos de campaña.

En ese sentido, esta Sala Superior advierte que la Sala Monterrey no requirió a la autoridad administrativa electoral que informara sobre el estado procesal en la sustanciación, ni le requirió las constancias correspondientes a todas las diligencias realizadas al momento, respecto de las quejas en materia de fiscalización cuyos acuses presentó uno de los actores; ni tampoco le solicitó información sobre si el candidato denunciado había reportado los conceptos de gasto denunciados; de la misma manera, no le solicitó un informe preliminar de la totalidad de gastos reportados en los informes de campaña de ingresos y gastos, elementos que en principio pudieron servirle a la autoridad responsable para resolver lo denunciado en el juicio de inconformidad.

Lo anterior, considerando en particular que al momento en que la Sala Monterrey realizó el requerimiento a la autoridad administrativa electoral, esta última ya contaba con el informe de campaña correspondiente al último periodo de campaña y, por ende, tenía elementos suficientes para determinar provisionalmente un monto total de gastos del candidato denunciado.

Lo anterior, considerando que el informe de campaña correspondiente al último periodo se presentó el 30 de junio, de conformidad con el Anexo 1 del acuerdo INE/CG143/2B018 “CALENDARIO DE PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PERIODO DE CAMPAÑA A LOS CARGOS FEDERALES Y LOCALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018” aprobado por el Consejo General en la sesión extraordinaria celebrada el 14 de marzo.

De esta forma, se advierte que la responsable tiene como obligación constitucional[19] resolver las impugnaciones respecto de los juicios de inconformidad de manera exhaustiva, completa e imparcial, lo cual implica considerar todos los hechos controvertidos objeto de demanda, analizar los agravios expuestos y realizar las diligencias procesales que estime necesarias.

En ese sentido, siempre que existan agravios y elementos claros en los juicios de inconformidad que permitan analizar si, en efecto, existen las condiciones para la actualización de un posible rebase de topes de gastos de campaña, como hipótesis de nulidad de una elección, las salas deben allegarse de la información que estimen necesaria y conducente, y pronunciarse sobre sobre los planteamientos hechos valer.

Al respecto, esta Sala Superior ha señalado que el principio de exhaustividad implica estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas al conocimiento de la autoridad electoral responsable, y no únicamente un aspecto concreto, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica en el que las resoluciones deben generar y resolver efectivamente la controversia planteada [20].

Así, el principio procesal de exhaustividad se cumple si se hace el estudio completo de los argumentos planteados por las partes, si se resuelven todos y cada uno de éstos y se analizan todas las pruebas, tanto las ofrecidas por las partes, como las recabadas por la autoridad jurisdiccional[21].

Lo anterior, con la intención de garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución General, el cual le impone a todas las autoridades jurisdiccionales el deber de resolver las controversias de su competencia, tomando en cuenta todos los elementos que conformen el litigio de que se trate.

Sin embargo, para definir la posición probatoria de cada una de las partes y con el objetivo de no imponer cargas imposibles o irrazonables, la autoridad jurisdiccional debe apreciar de manera detenida e integral los hechos a demostrar, tomando en cuenta su naturaleza y la facilidad o proximidad que tienen las partes sobre la fuente o conocimiento de los mismos, así como la disponibilidad para presentarlo al medio de impugnación, ya que de lo contrario, se le impondría una carga excesiva a las partes en perjuicio de su derecho al debido proceso[22].

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, quien promueve o interpone un medio de impugnación, por regla general, tiene la carga procesal de ofrecer y aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar sus afirmaciones.

Así, los citados órganos jurisdiccionales tienen la atribución  discrecional de requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación, siempre que la carga probatoria no corresponda a las partes, a fin de no afectar el principio de igualdad procesal.

Ahora bien, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, inciso a) y 99, de la Constitución General, las salas del Tribunal Electoral podrán decretar la nulidad de una elección cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, tal vulneración se deberá acreditar de manera objetiva y material y se presumirá que es determinante cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento, de manera que si, quien promueve un juicio de inconformidad aduce como causal de nulidad tal circunstancia, realizando planteamientos concretos y aportando las pruebas para demostrarlos, la sala correspondiente tiene la obligación de pronunciarse sobre esa pretensión.

Al efecto, debe señalarse que el artículo 41 de la Constitución dispone que el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución exclusiva de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos.

Tal actividad se desarrolla por conducto de la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización, quienes tiene la atribución de revisar lo reportado en los informes respectivos y sustanciar los procedimientos de queja en esa materia, los que una vez concluidos deben ser sometidos a la aprobación del Consejo General.

Conforme a las reglas establecidas para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, corresponde a la mencionada autoridad electoral determinar si un partido político, coalición o candidato han rebasado los topes de gastos de campaña establecidos para cada elección.

A partir de lo anterior, los partidos políticos pueden acudir e informar a dicha autoridad electoral respecto a la posible omisión en el reporte de egresos de algún partido, campaña o candidato, para que ésta, tomando en consideración los elementos de prueba que se aporten, considere los hechos denunciados y adopte las medidas que estime necesarias, antes de que se resuelvan los aludidos procedimientos.

En esa lógica, en el caso del análisis de los informes de ingresos y egresos, así como la sustanciación de las quejas en la materia, todos los participantes de la contienda electoral, así como las salas de este Tribunal coadyuvan con la autoridad fiscalizadora allegando los elementos que consideren deben ser conocidos por aquella.

Para que la Sala competente este en aptitud de pronunciarse sobre la nulidad de la elección por el posible rebase de topes de campaña, los accionantes deben manifestar los hechos y aportar pruebas para acreditarlos.

A partir de lo cual, al analizar la demanda la correspondiente la Sala responsable debe determinar si los argumentos son suficientes para analizar los planteamientos que se hacen valer por parte del enjuiciante.

En el supuesto de que las afirmaciones que se hagan en la demanda sean genéricas, únicamente la responsable en su sentencia, debe dejar puntualizado tal circunstancia, sin que exista obligación de llevar a cabo más investigaciones o consideraciones al respecto.

Lo mismo acontece cuando hay argumentos concretos, pero el impugnante no ofrece o aporta los elementos de convicción para demostrar el supuesto rebase en el tope de gastos de campaña.

Ahora bien, cuando la sala competente advierta que hay planteamientos concretos sobre la omisión en el reporte de gastos de campaña o la valuación de un determinado egreso, y se aportaron los elementos de convicción para demostrar sus afirmaciones, se requerirá a la autoridad administrativa toda la documentación respecto del procedimiento de revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña, así como los procedimientos administrativos sancionadores relacionados con ellos, y podría proceder de la siguiente forma:

a) Si la mencionada autoridad electoral ya emitió resolución sobre esos aspectos, la Sala Regional le debe requerir información sobre si los gastos fueron reportados y qué se resolvió al respecto, con el fin de que cuente con los elementos necesarios para determinar si hubo o no rebase en el tope de gastos de campaña, atendiendo a los elementos que se le presentan.

Si los gastos no hubieran sido reportados, le informará a la autoridad administrativa para que sean cuantificados y actualizados los topes de campaña en los dictámenes y resoluciones respectivos.

Hecho lo anterior, la autoridad jurisdiccional se debe pronunciar sobre la posible nulidad de elección solicitada, en ejercicio de su atribución constitucional y legal para validar o anular las elecciones.

b) Si dicha autoridad no ha resuelto, la Sala Regional determinará con base en los requerimientos necesarios si los conceptos fueron reportados o no, y en este último caso, le informará a la autoridad administrativa para que actúe conforme a sus facultades, y sean considerados como gastos y computados en los topes de campaña en los dictámenes y resoluciones respectivos.

Por otra parte, si de los hechos denunciados en el juicio de inconformidad se advierte que existe un problema sobre una determinación jurídica que actualice un supuesto normativo que implique la cuantificación de un gasto, la Sala Regional se encuentra vinculada a resolverlo.

En este caso, si se determina que la consecuencia jurídica constituye un beneficio susceptible de cuantificarse, solicitará a la autoridad administrativa que la cotice, lo sume y, en su caso, actualice los topes de gastos de campaña en los dictámenes y resoluciones correspondientes. La autoridad administrativa en pleno uso de sus facultades podrá ordenar el inicio de un procedimiento administrativo de así considerarlo, respetando la garantía de audiencia.

En este sentido, se advierte que en el caso objeto de análisis, la Sala regional responsable, por una parte, no requirió las constancias necesarias para estudiar lo demandando respecto de la utilización de marcas comerciales, imágenes y bienes simlares, que, eventualmente, pudieran representar un beneficio a los candidatos denunciados y el rebase de topes respectivo y, por la otra, resolvió sin contar con los elementos requeridos por los recurrentes.

Esto es, la responsable se limitó a realizar un requerimiento al secretario ejecutivo del INE, para que le remitiera el dictamen y la resolución del informe de ingresos y gastos dentro del plazo de dos días posteriores a su aprobación (ocho de agosto), cuando se encontraba obligada a resolver el tres de agosto, lo cual demuestra que ningún efecto práctico y jurídico tenía dicha diligencia.

En este sentido, si bien la responsable carece de facultades para requerir al Consejo General que resolviera las quejas o los informes de campaña respectivos antes del calendario aprobado por dicha autoridad[23], ello no le impedía estudiar y pronunciarse sobre lo demandado en el juicio de inconformidad y, en su caso, respecto a la nulidad de la elección por el presunto rebase de topes de gastos de campaña, a partir de los elementos existentes en el expediente.

De esta forma, el hecho de que la competencia originaria para fiscalizar los ingresos y gastos de los sujetos obligados en la materia corresponde al Consejo General[24], no excluye que las salas regionales están obligadas a pronunciarse sobre todos los hechos referidos en los medios de impugnación de su competencia.

En efecto, la Sala Regional tiene como obligación constitucional resolver los hechos denunciados en los juicios de inconformidad relativos al posible rebase de topes de gastos de campaña, sin que ello implique una invasión en la competencia del INE respecto de los hechos denunciados en materia de fiscalización.

De las constancias que obran en el expediente, se desprende que el recurrente presentó ante la Junta Local del INE en el estado de Nuevo León, dos escritos de queja el día posterior a la conclusión de las campañas electorales, procedimientos que fueron resueltos el seis de agosto pasado[25].

Como se señaló, la responsable no podía ejercer, en suplencia del Consejo General, las funciones de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, respecto de la instrucción y elaboración de resoluciones derivadas de procedimientos administrativos sancionadores o llevar a cabo el proceso de revisión de informes de ingresos y gastos y su consecuente resolución y dictamen consolidado, ya que son atribuciones de la autoridad electoral fiscalizadora, en el entendido de que este Tribunal Electoral, como órgano límite o de cierre, tiene la responsabilidad constitucional de controlar jurisdiccionalmente las decisiones de las autoridades administrativas electorales.

No obstante, de la demanda del juicio de inconformidad se desprende que el recurrente expresa agravios en los cuales se señalan planteamientos sobre el uso indebido de propaganda electoral, entre otros, en playeras deportivas que incluyen marcas comerciales.

Tales argumentos forman parte de su causa de pedir a fin de lograr su pretensión de nulidad por rebase de topes de campaña y, sin embargo, la responsable fue omisa en valorar y pronunciarse.

En efecto, los recurrentes expresaron en su escrito de demanda que existió una afectación al artículo 41 constitucional por el presunto rebase de topes de gastos de campaña y, en consecuencia, era necesario que la responsable analizara con objetividad los hechos expuestos, para que, con apoyo en los mismos, resolviera sobre la eventual vulneración al precepto constitucional.

Por ende, para estar en condiciones de apreciar si la transgresión tenía como consecuencia la invalidez o insubsistencia de una elección, era indispensable realizar el estudio integral del escrito de demanda, de las pruebas ofrecidas y aportadas por el recurrente, así como la información que, en su caso, hubiera emitido la autoridad administrativa electoral,  sin que ello implicara necesariamente esperar la aprobación del procedimiento administrativo sancionador y el dictamen consolidado relativo a los informes de campaña de ingresos y gastos del candidato denunciado, realizados por el Consejo General.

Al respecto, como ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, las autoridades jurisdiccionales pueden válidamente llevar a cabo diligencias para mejor proveer o resolver, como una forma de ejercer sus poderes probatorios, teniendo en cuenta que se trata de procesos de carácter público en los que se pretende esclarecer la verdad de los hechos controvertidos del caso.

En ese sentido, se considera que la Sala responsable incluso pudo válidamente dar vista a la autoridad fiscalizadora de aquellos elementos que como resultado de su valoración pudieran ser atinentes para los procedimientos a su cargo antes de la emisión del dictamen y la resolución de las quejas respectivas.

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que resultan fundados los agravios relativos a que la Sala Monterrey vulneró el principio de exhaustividad, al no estudiar y pronunciarse respecto de todos los hechos demandados en el juicio de inconformidad, tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución General, cuando fueron aportados elementos específicos para estar en aptitud jurídica de analizar la pretensión de los inconformes.

7.2. Indebida valoración de pruebas por la ejecución de una estrategia en la que se involucran marcas comerciales

Del análisis de las resoluciones impugnadas del Consejo General, se advierte que la autoridad administrativa responsable razonó que el quejoso basó su pretensión en la premisa de la existencia de un pago de derechos para poder utilizar la imagen de diversas marcas de personajes y marcas comerciales en playeras de fútbol, situación que no aconteció, pues de las diligencias realizadas con Twentieth Century Fox Film Corportion, Lucas Film LTD, Disney Enterprises Inc., Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., The Home Depot International INC,. Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V. y personas morales propietarias de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negaron haber recibido algún pago por la exhibición de la propaganda por parte de MC y/o los candidatos denunciados.

La responsable adicionalmente concluyó:

         Que en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se encuentra ninguna licencia de uso de marca a favor de los candidatos y que el Instituto se encontraba imposibilitado para pronunciarse respecto de la existencia de un uso de marcas.

         Que los gastos por administración y manejo de redes sociales se encuentran reportados en el sistema integral de fiscalización. 

         Que no se encontró en ninguna imagen el título inserto de “Publicidad”, en el cual se identificara las publicaciones pagadas a la red social para su difusión.     

Esta Sala Superior, considera que el agravio es fundado porque la autoridad responsable fue omisa en valorar los elementos de prueba de forma integral, pues en los hechos denunciados se advirtió la presunta implementación de una estrategia sistemática y reiterada de las conductas denunciadas.

No obstante, la responsable se limitó a señalar que la pretensión de los denunciantes versó sobre el pago de derechos por uso de las marcas, dejando de lado la pretensión del uso indebido de las marcas a través de un mecanismo que implicó un beneficio de los candidatos.

Para acreditar o desvirtuar la pretensión de los denunciantes era necesario que la autoridad responsable analizara en su conjunto el mecanismo de difusión, las características de los conceptos denunciados, si se trataba de propaganda electoral y si existían conductas sistemáticas y reiteradas con la intención de un fin, esto es, adquirir un beneficio que representara una aportación de un ente prohibido.

La autoridad responsable debió pronunciarse respecto de la implementación de esta estrategia, situación que en la especie no aconteció.

Ante lo fundado del agravio y tomando en consideración el término previsto para la resolución de los recursos de reconsideración relacionados con los cómputos de la elección de senadores, a fin de conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, lo procedente es que esta Sala Superior en plenitud de jurisdicción realice el estudio correspondiente de los hechos controvertidos en los recursos de apelación relativos al supuesto uso indebido de marcas comerciales en beneficio de Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, así como el posible rebase de topes por dicho uso[26].

Es importante señalar que de conformidad con los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los valores de los conceptos relacionados con gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados[27].

En este sentido, la autoridad técnica es la idónea y facultada para determinar costos sujetos de cuantificarse[28], al ser el órgano técnico y especializado de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General; por lo que no le asiste la razón al recurrente respecto de la omisión de valorar el dictamen presentado por el corredor técnico.

Marco jurídico de las aportaciones prohibidas

La Constitución General establece como prerrogativa de los partidos políticos recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades ordinarias, específicas y de campaña. El financiamiento público se otorga conforme a las reglas específicas para cada gasto etiquetado.

En este orden de ideas, la Ley de Partidos garantizará que los institutos políticos nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento, debiendo garantizar la aplicación del principio de prevalencia[29].

Los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario, en las modalidades que se enuncian a continuación[30]:

         Militancia: aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias o en especie.

         Simpatizantes: aportaciones voluntarias y personales en efectivo o en especie.

         Autofinanciamiento[31] y,

         Financiamiento por rendimientos financieros[32].

El marco constitucional y legal ha privilegiado la utilización de recursos públicos sobre los de origen privado, lo cual no excluye la posibilidad a los partidos políticos de recibir financiamiento privado, el cual se encuentra debidamente controlado a través de los límites anuales e individuales establecidos en el artículo 56 de la Ley de Partidos.

El sistema electoral también establece prohibiciones en materia de financiamiento privado, siendo estas:

         Aportaciones en efectivo o en especie de personas no identificadas[33].

         Aportaciones en efectivo o en especie de entes prohibidos por la Ley[34].

Respecto de las aportaciones de entes prohibidos, la Ley de Partidos refiere que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y, bajo ninguna circunstancia, los entes siguientes:

           Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución General y la Ley;

           Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la Ciudad de México;

           Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;

           Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

           Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

           Las personas morales, y

           Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

Esta limitante permite a la autoridad electoral tener certeza del origen de los recursos que ingresan a los partidos políticos, evitando que el actuar de éstos quede sujeto a intereses ajenos al sistema constitucional de partidos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado constitucional democrático.

La prohibición de realizar aportaciones que beneficien económicamente a los sujetos obligados por parte de entes no permitidos, si bien atiende a los principios de legalidad, prevalencia y certeza del sistema de financiamiento a candidatos en México, tiene como objeto evitar la injerencia de grupos de poder -económicos, gubernamentales u otros- en la contienda electoral y así garantizar en caso de que los contendientes resulten ganadores, el desempeño imparcial de sus funciones.

Diferencia entre donación y aportación en la participación de un tercero

Al respecto, es importante señalar la diferencia entre lo que se considera una donación y una aportación a fin de identificar su regulación en materia de fiscalización y: i) el grado de participación de un tercero, titular o dueño de los bienes donados o aportados; ii) el grado de afectación al patrimonio de dicho titular o dueño con motivo de dicha donación o aportación.

El artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes”.

De lo anterior se advierten los elementos siguientes:

         Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

         El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero "Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende como la transmisión gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del donante.

         Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente detenta derechos.

Por lo que hace a las aportaciones, cabe realizar las siguientes precisiones:

         Las aportaciones se realizan de forma unilateral por el dueño del objeto o se reciben de forma unilateral por el beneficiado, es decir, no se requiere necesariamente de un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad[35], el apoyo aportado se presenta sin necesidad de la voluntad de la contraparte, e incluso, en contra de ella.

Tal situación es de absoluta relevancia puesto que el grado de participación de las partes involucradas varía, ya que la existencia de una aportación no depende necesariamente de la aceptación del beneficiado o supuesto aportante, pues alguno de ellos podría resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.

         Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, por consiguiente, no implican necesariamente una transmisión de la propiedad de bienes o derechos, resultando en todo caso un beneficio susceptible de cuantificarse.

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el beneficio es un “bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende necesariamente como un bien material, jurídico o de cualquier índole.

Ordinariamente, al tratarse de un beneficio, el supuesto beneficiario o, en su caso, el supuesto aportante, no se encuentra en posibilidades de devolverlo o rechazarlo, dado que su existencia no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado, aunque sí se puede realizar un deslinde.

Así, en materia de fiscalización, deben ocurrir los elementos siguientes para que se actualice una aportación en efectivo o en especie por un ente prohibido.

         Objeto: existencia de un bien o cosa fungible o no fungible, tangible o no tangible que produzca un beneficio a un sujeto obligado en materia de fiscalización.

         Tercero: que el propietario del objeto sea un ente prohibido por la ley.

         Sujeto: que el beneficiado por el objeto sea un sujeto obligado en materia de fiscalización[36].

         Tipo de conducta (acción u omisión): por la naturaleza de las aportaciones, directas o indirectas, se trata de acciones u omisiones por parte del tercero y del sujeto que permiten que el beneficio acontezca.

         Beneficio: que el objeto favorezca al sujeto obligado de forma económica, política o propagandística y represente un concepto de gasto que en condiciones ordinarias hubiera tenido que pagar de sus recursos (financiamiento) al tercero para obtenerlo.

         Deslinde: que el tercero o el sujeto obligado hayan sido omisos en rechazar la existencia del beneficio acontecido.

En este contexto, la prohibición establecida en el artículo 54 de la Ley de Partidos, en relación con lo previsto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) de dicha Ley, así como los artículos 380 numeral 1, incisos c) y d), 394 y 401 de la LEGIPE, se circunscribe a dos conductas[37]:

1.     Respecto de los sujetos obligados en materia de fiscalización, a la recepción de aportaciones o donativos en dinero o en especie, así como de cualquier clase de apoyo económico, político o propagandístico.

2.     Respecto de personas físicas o morales, a la realización de aportaciones o donativos en dinero o en especie, así como de cualquier clase de apoyo económico, político o propagandístico.

Ante estas consideraciones, la actualización de las conductas descritas implica que los posibles sujetos infractores hayan omitido rechazar la existencia de los apoyos por medio de acciones jurídicas, oportunas, idóneas y eficaces que hayan derivado en el cese de la conducta supuestamente infractora[38].

La propaganda electoral integrada por uso de marcas, ¿se considera aportación de ente prohibido?

En el caso concreto y como se ha precisado, los recurrentes controvierten ante esta instancia la omisión de la Sala Monterrey de pronunciarse respecto del uso indebido e ilegal de marcas y de imágenes objeto de propiedad industrial, beneficiándose a los entonces candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por MC y el PAN, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, respectivamente. 

Consecuentemente es necesario dilucidar las cuestiones siguientes:

i)                    Si las publicaciones denunciadas son propaganda electoral a partir de las referencias personales al carácter de candidatos, a los partidos políticos o a algún eslogan o alusiones a la contienda.

ii)                 De ser así, establecer si la propaganda sólo se limita a la publicación que cualquier persona puede realizar por su afinidad comercial para el consumo de ciertos bienes, servicios o cultura, o si debe valorarse en su integridad con la inclusión de propaganda electoral posicionada en conjunto con marcas, nombres comerciales o imágenes protegidas por la regulación en propiedad industrial[39].

En esa línea, debe determinarse si el actuar del candidato implicó el uso indebido de publicidad comercial como propaganda electoral que puede traducirse en un beneficio económico susceptible de ser cuantificado en el tope de gastos de campaña.

El tope de gastos de campaña, como su nombre lo indica, se refiere a la cantidad de gasto que la autoridad administrativa electoral establece como límite.

De conformidad con el artículo 199 del Reglamento de Fiscalización se entienden como gastos de campaña en términos generales los realizados en: i) propaganda electoral; ii) gastos operativos de campaña; iii) producción de spots; iv) anuncios en internet; v) estudios sondeos y encuestas y, vi) gastos de la jornada electoral.

Ahora bien, el artículo 106, numeral 2 del mismo ordenamiento señala que si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y computará para el tope del gasto correspondiente.

Al respecto, existen diversas formas de documentar egresos relacionados con una candidatura: por una parte, el pago por parte del partido político o candidato por concepto de productos y servicios y, por otra, la cuantificación de aportaciones en especie.

Respecto a ambos mecanismos, los pagos y las aportaciones, se toman en cuenta tanto los reportados de forma voluntaria, como los identificados por la autoridad fiscalizadora a través de sus facultades de investigación, destacando en el caso de las aportaciones que, como se mencionó con anterioridad, no obstante, provengan de un ente prohibido, en caso de beneficiar a la campaña debe computarse el monto del beneficio al tope.

¿Cómo opera la publicidad y mercadotecnia de una marca comercial?

En términos generales, el titular de una marca o algún otro derecho de propiedad industrial como un nombre comercial o una imagen, busca posicionarla en el mercado, con el objeto de que el producto o servicio sea adquirido por la mayor cantidad de consumidores o por un grupo específico de éstos. Este posicionamiento se lleva a cabo en distintos canales de comunicación, como son: televisión, radio, internet, medios escritos, anuncios en el exterior, etcétera.

Conviene señalar que, en los casos descritos, el referido titular es el que provee los recursos para la implementación de las campañas publicitarias con el propósito de que la marca sea la beneficiada, es decir, paga un recurso al medio de impacto aprovechando su infraestructura o nivel de penetración en el consumidor, para que lo anunciado sea adquirido o utilizado por más personas.

Ahora bien, de forma adicional a los medios de propagación mencionados, la publicidad de marcas también se vale de diversos personajes con influencia en sectores específicos de la población, como es el caso de deportistas, personas asociadas al medio del espectáculo y, en atención a la evolución de los medios alternativos de comunicación, a sujetos de alto impacto en redes sociales.

También se hace mención de los patrocinios como herramienta para la difusión de publicidad, figura que opera en dos vías: en la primera las marcas absorben el costo de la organización de un evento en el que es plenamente identificable la marca en sí (patrocinio convencional) o difunde el producto publicitado de forma directa por diversos medios de comunicación, mientras que, en la segunda, la marca le paga en dinero o especie a una determinada persona con cierta influencia en la sociedad (figura pública: deportistas, modelos, actores, escritores, entre otros), con el propósito de que promocione o utilice sus productos o servicios. En ambos casos, la persona patrocinada obtiene algún beneficio económico, en cuanto a la reputación o de otra índole- a cambio del patrocinio.

Precisado lo anterior, en el caso de estudio, estamos frente al uso por parte de figuras públicas, por haber sido entonces candidatos a un cargo de elección popular, de diferentes marcas, nombres comerciales e imágenes sujetas a propiedad industrial, en publicaciones difundidas en sus perfiles de Facebook durante el desarrollo del proceso electoral.

¿La propaganda electoral integrada con marcas comerciales debe contabilizarse como un beneficio a las campañas?

En principio, conforme a la libertad de expresión en materia política electoral, cualquier persona que participe como candidato en una contienda electoral tiene derecho a difundir o publicar comentarios, imágenes, videos o materiales, siempre que no se rebasen los límites constitucionales.

Así, en términos generales, los actores políticos tienen libertad para vestir, portar, emplear, utilizar, manejar o presentar objetos de cualquier marca comercial, como lo hace cualquier persona, sin que ello implique, en principio, la recepción de una aportación en especie.

No obstante, la interrogante que genera controversia es si el uso especial de algún bien, servicio u objeto comercial en su propaganda electoral, bajo ciertas características, puede calificarse como un acto de aprovechamiento de la reputación ajena o de uso indebido de marcas comerciales.

Al respecto, se considera que el comportamiento especial y distinto de aprovechamiento de una marca puede distinguirse y, por ende, contabilizarse como cualquier aportación, a partir de los elementos siguientes:

a. Circunstancias de aparición. Debe valorarse si el uso es meramente contingente derivado de un acto o evento que puede explicar su difusión, o bien, al menos en principio y directamente, no se advierte algún motivo razonable aparente de su presencia.

En otras palabras, si una publicación contiene una marca aprovechada por su valor y no sólo como un elemento contingente o marginal de la publicación, es decir, debe analizarse si se presentan con motivo de un suceso o evento considerablemente causal o por el contrario las marcas aparecen sin más razón evidente que la voluntad del actor político de presentarlas.

b. Autoidentificación. Si el candidato, partido o actor político se autoidentifica con las marcas, a través del uso que les otorga, en cuanto elemento de identificación con una comunidad.

En efecto, con independencia del primer elemento, una característica que contribuye de manera determinante a definir la naturaleza de la presencia de una marca comercial se actualiza por la forma en la que el actor político la utiliza, es decir, a partir de la voluntad de quien la destaca o el papel con el que aparece en la propaganda.

c. Sistematicidad. Resulta necesario estudiar, a partir de una perspectiva más amplia, el contexto y frecuencia específica en la que el actor ha venido usando o no determinadas marcas.

Lo anterior, con el propósito de advertir la época y modalidades con las que el actor político se ha manifestado previamente a la campaña política en la que se realiza su uso o inclusive durante la misma.

La sistematicidad puede analizarse desde dos consideraciones: 1) que la utilización de una marca se realice de forma frecuente o, 2) que lo recurrente sea la utilización de varias marcas como estrategia política en una campaña.

En ese contexto, la sistematicidad se cumple cuando un actor político utiliza una sola marca de manera reiterada o bien, cuando existe el uso de varias marcas, aunque alguna o algunas de ellas sean utilizadas sólo una vez, pero que, de un análisis integral, se desprenda un uso reiterado.

d. Intención deliberada de aprovechamiento. En este paso, más allá de la existencia de un evento, fecha o suceso que explique con cierta razonabilidad la existencia de la propaganda, como un elemento menor a considerar (dado que depende completamente del escenario buscado por el actor), debe considerarse la oportunidad con la que aparece una marca comercial.

En otras palabras, resulta explicable que, en un discurso o presentación de un proyecto para un sector profesional de la población, el candidato se acompañe de objetos vinculados al tema y, por ende, que en las publicaciones aparezcan ciertas marcas.

En suma, existen elementos que permiten distinguir cuando estamos ante un comportamiento anómalo de aprovechamiento de una marca y que, por tanto, deben ser considerados como una aportación o recepción de aportación para una campaña política.

¿En qué consisten los beneficios?

Los candidatos se benefician de los productos o servicios de terceros que pueden verse reflejados en la obtención de votos o en la generación de un vínculo aparente o real entre las candidaturas y la parte aportante, que presuma la existencia de un compromiso que afecte la imparcialidad del actuar del contendiente en caso de ganar la elección.

En este sentido, para efecto de determinar si en el caso bajo análisis existe un beneficio económico susceptible de cuantificarse a la campaña de los candidatos Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, deberá acreditarse razonablemente lo siguiente:

         Que las publicaciones narradas constituyan propaganda electoral por contener alguno o algunos de los elementos referidos en el párrafo 3, del artículo 242 de la LEGIPE[40].

         Que las publicaciones que cuentan con publicidad integrada tengan como resultado que sea imposible que el público haga una disociación de la publicidad comercial, de tal forma que sea susceptible de ser percibida como una unidad por parte del electorado. Esto es, que de la propaganda se desprenda una autoidentificación con las marcas, como aspecto central de su posicionamiento político.

         Que existe consentimiento o aquiescencia de los titulares de las marcas, nombres comerciales o imágenes, para la integración de la propaganda comercial con la electoral, ya sea de forma tácita o expresa.

Esto, en atención a que el hecho de que se tenga conocimiento del acto y no exista una acción eficaz para evitar su uso, como titulares del derecho de propiedad industrial, puede concluirse que se actualiza algún tipo de patrocinio a los candidatos por el consentimiento tácito de su uso y, por consiguiente, un beneficio, susceptible de una valoración económica, que tuvo como efecto incrementar su presencia ante el electorado.

         Que, en las circunstancias de aparición de la propaganda integrada, sea evidente la voluntad del actor político de presentarlas como estrategia política.

         Que en el contexto de las publicaciones se advierta una intención objetiva, manifiesta y sistemática del candidato de identificar las marcas, nombres comerciales o imágenes, con la candidatura mediante su difusión o cobertura en redes sociales o diverso medio de comunicación.

Esto es, que se adviertan elementos objetivos que permitan concluir que la aparición de las marcas, nombres comerciales o imágenes se hizo como parte de una estrategia de propaganda electoral y con una intención deliberada, con la finalidad de impactar en el electorado.

Para lograr tal propósito, lo procedente es que se analicen los hechos en función de sus elementos comunes y se aplique el estudio propuesto. Así, en un primer apartado se analizarán los hechos atribuidos al candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís y, en un segundo apartado, se estudiará lo relativo a Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Aplicación del criterio en el caso

Los recurrentes manifestaron en los juicios de inconformidad que la Sala Monterrey dejó de valorar hechos y que, en su criterio, acreditaban el rebase al tope de gastos por las conductas infractoras denunciadas.

No obstante, como se ha dicho, del análisis a los escritos de demanda se advierte que únicamente el PRI adjuntó el acuse de dos escritos de queja presentados ante la Junta Local del INE en el estado de Nuevo León.

El primer escrito corresponde a la queja presentada en contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda y, el segundo, la presentada en contra de Víctor Oswaldo Fuentes Solís. En cada uno de los escritos se señala que presentan como elementos de prueba documentales públicas consistentes en actas fuera de protocolo en las cuales se hace constar la existencia de las publicaciones mostradas en la narración de hechos de las quejas.

En cada uno de los escritos se señala que presentan como elementos de prueba documentales públicas consistentes en actas fuera de protocolo” certificadas por notario público, en las que se hace constar la existencia de las publicaciones mostradas en la narración de los hechos.

Ahora bien, es importante señalar que al comparecer como terceros interesados el PAN y MC en los presentes medios de impugnación, no controvirtieron la existencia y contenido de las pruebas técnicas presentadas por los recurrentes. En ese sentido, consintieron la existencia de los hechos.

Si bien, de conformidad con el artículo 14, párrafo 6[41] de la Ley de Medios tales elementos probatorios adquieren el carácter de pruebas técnicas[42] que, en principio, no acreditan fehacientemente la existencia de los hechos, esta Sala Superior considera que se encuentra acreditada su existencia dado que los partidos políticos MC y PAN no controvierten su contenido.

En este orden de ideas, esta autoridad jurisdiccional remite en el Anexo de la presente ejecutoria las publicaciones que la Sala Monterrey dejó de analizar.

7.2.1. Víctor Oswaldo Fuentes Solís

Uso de imagen y marca comercial en las redes sociales

i) Jugador y equipo de fútbol “TIGRES UANL”

Del material probatorio, se advierte que el candidato utilizó en tres ocasiones la imagen del futbolista de nacionalidad francesa André-Pierre Christian Gignac, quien aparece con el uniforme del equipo de fútbol “Tigres UANL”, cuya camiseta fue alterada en su versión original con elementos específicos que la identificaron con el candidato, como lo son las letras “VFS” (que corresponden a las iniciales de su nombre) seguido de la leyenda “Vamos Fuerte al Senado”, eslogan de campaña de Víctor Oswaldo Fuentes Solís, por lo que se identifica la campaña del ciudadano y un equipo de fútbol a través de uno de sus jugadores, reforzándose tal unidad con las frases incluidas en las imágenes tales como “INSISTIR, PERSISTIR Y NUNCA DESISTIR”, “LOS RESULTADOS QUE CONSIGUES SERÁN DIRECTAMENTE PROPORCINALES AL ESFUERZO QUE APLICAS- DENIS WAITLEY”.

Es decir, mediante una asociación de frases, eslóganes e imágenes se relaciona al jugador del equipo de fútbol “TIGRES UANL” con el candidato, adquiriendo con ello el beneficio que representa el uso indebido de la imagen del jugador y de la marca del equipo de fútbol soccer.

ii) Uso de imágenes comerciales   

De los elementos de prueba presentados por los recurrentes se advierte que el candidato realizó publicaciones en su perfil de la red social Facebook con figuras de ficción o diseños exclusivos de marcas comerciales[43], como son “Dragon Ball Z[44], “Disney (sic) Mickey Mouse[45], “The Simpsons[46] y “Star Wars[47].

En las imágenes se representan situaciones de las figuras de ficción o personajes relacionados con la imagen caricaturizada del candidato o simplemente la imagen de la figura de ficción en las que se identifica la leyenda y logotipos VFS” y “Vamos Fuerte al Senado”.

Al respecto, esta autoridad no es omisa en advertir, como anteriormente se afirmó, que el eslogan “VFS” corresponde con las iniciales del candidato y que es utilizado en la publicidad analizada como parte de la construcción de un eslogan personalizado, lo cual corresponde a una estrategia electoral dentro del marco legal.

En el mismo sentido, la expresión “Vamos Fuerte al Senado” es coincidente con su carácter de candidato.

7.2.2. Samuel Alejandro García Sepúlveda

i) Uso de marcas comerciales

El candidato utilizó playeras de la selección mexicana de fútbol y del equipo de fútbol profesional “Tigres UANL”, las cuales se modificaron para incluirse: “SAMUEL GARCÍA”, “SENADOR”, el número “1” y debajo la leyenda “#ELNUEVOLEÓN”.

En los casos de la playera de la selección mexicana de fútbol adicionalmente se incluyó un emblema utilizado por el candidato que denota un león color naranja.

Se advierte que el candidato difundió a través de las redes sociales su imagen portando la playera con las características referidas actuando en diversas circunstancias como son actos en donde se muestra acompañado con un grupo de personas que ondean las banderas del partido que lo postuló, en estas publicaciones, se observa la intención del candidato de evidenciar el uso de las playeras de la selección nacional y de los “TIGRES UANL” con las frases que se escribieron en los perfiles y las cuales consisten en:

         “En el mercado de #SanPedro400. Amaneció de lujo para ir a la calle a recorridos, siempre con la camiseta de #Tigres bien puesta”;

         “Día del ÁRBOL. A sembrar desde el SENADO. Y tú ¿Qué prefieres? VIEJO LEÓN O #ELNUEVOLEÓN”;

         “VAMOS A SER CAMPEONES OTRA VEZ ¡VAMOS POR LA SÉPTIMA!”, “COMPARTE/DIFUNDE”;

         “Hoy gana TIGRES Y MOVIMIENTO CIUDADANO, dos del senador y dos de GIGNAC #ELNUEVOLEÓN”;

         “En Villaldama y el norte de Nuevo León Tigres y MC ya ganamos #ELNUEVOLEÓN ni Obama tiene esta gente hermosa #SamuelalSenado”.

En específico, en cada una de las playeras se ostentan visibles marcas comerciales, las cuales consisten en lo que se expone enseguida.

Playera “TIGRES UANL”

La playera del equipo de fútbol contiene las marcas comerciales que patrocinan al equipo, como son: "Tigres”, “Tecate”, “AFIRME”, “Telcel”, CEMEX”, “The Home Depot” y “Coca-Cola”[48].

Por las características de las estrategias comerciales a este tipo de playeras (una vez adquiridas) se les puede agregar en la parte posterior nombres, números, frases, lo que comúnmente se conoce como estampado de playeras. Situación que es ordinaria para el público para el que va dirigido, esto es, a los aficionados al equipo de fútbol.

Playera de la Selección Mexicana de Fútbol

En este caso, el candidato ejecutó el mismo mecanismo pues en dos modelos diferentes de playeras de la marca “Adidas”, incluyó su nombre, cargo, eslogan de campaña y en la playera blanca adicionó un emblema que lo identificó en la campaña con la leyenda “El Nuevo León”.

En los casos que nos ocupan se advierte que el candidato incluyó en las playeras elementos que vincularon su campaña electoral con la identidad de un equipo representativo de México como es la selección nacional (Federación Mexicana de Fútbol A.C. -FEMEXFUT-) afiliado a una Federación Internacional de Fútbol (FIFA) regido por un modelo de negocios lucrativos (comercial), así como un equipo de la liga profesional de fútbol soccer afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol “TIGRES UANL” con sede en la entidad federativa por la que contendió, playeras que se encuentran patrocinadas por las marcas comerciales, es decir, nos encontramos ante un modelo de negocios deportivos complejo a nivel nacional e internacional con fines de lucro. 

Al incluir elementos de su candidatura en las playeras de los equipos de fútbol se advierte una asociación entre el contexto electoral y las marcas comerciales, hecho que cobró mayor notoriedad cuando el candidato utilizó las playeras en eventos proselitistas, y cuando difundió imágenes en las que él utiliza la playera en las redes sociales y las frases que en algunos casos se emitieron relacionando al equipo TIGRES UANL” con su candidatura. 

 

i) Difusión de imágenes con figuras públicas

Por lo que refiere a las dos imágenes en las cuales el entonces candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda se muestra con Agustín Basave Alanís[49], Luis Donaldo Colosio Riojas[50], con Eugenio Derbez y Adal Ramones, estas últimas dos personas, figuras conocidas en el medio artístico; las mismas se desestiman por lo siguiente.

Del contenido de las publicaciones únicamente se observa la presencia de dichas personas en las fotografías, siendo que las expresiones Con un grande, Eugenio Derbez en Radio Fórmula con Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave Alanís…sigan la transmisión en vivo #ElNuevoLeón. y En el Rey del Cabrito con Adal Ramones. #ElnuevoLeón es OTRO ROLLO Y TÚ ¿Qué prefieres?, se ubican en el área del mensaje que realiza el candidato como titular del perfil de Facebook para publicarlas, sin que se advierta la posición de apoyo manifiesto, abierto y sin ambigüedades por parte de las figuras del medio artístico a favor del entonces candidato.

Así, la presencia de las figuras públicas sólo representa una acción espontánea en la que no se hace referencia ni posicionamiento alguno en apoyo al entonces candidato, por lo que se concluye que su publicación se encuentra amparadas por la libertad de expresión.

ii) Imagen Yoda Star Wars

El 9 de enero, esto es, durante el periodo de precampaña el candidato publicó en su perfil de Facebook la imagen del personaje conocido como “Yoda”[51] de “Star Wars”, la cual también se reproduce en la cuenta de la red social Instagram del candidato[52].

En ella, se observa la frase: “SI SALVAR A NUEVO LEÓN QUIERES, CONFIAR EN SAMUEL TU DEBES”, en el pecho del personaje se observa la frase: “#SAMUELALSENADO”, “precandidato”. Esto es, el candidato utilizó una imagen sujeta a propiedad industrial para identificarla con su precampaña electoral, no obstante, la imagen siguió publicada durante el periodo de campaña volviéndose identificable con ésta.

De la imagen se desprende que existe un vínculo entre la candidatura y el uso del personaje de la marca comercial de Star Wars en la campaña, en los que se identifica el nombre del candidato y el cargo por el que contiende.

Aplicación del criterio en el caso

Debe reconocerse que las diferentes formas de expresión que realicen los candidatos a fin de lograr su posicionamiento en una contienda están protegidas por la libertad de expresión y asociación, siempre y cuando, ello no traspase los límites previstos en la Constitución General y en las leyes.[53]

En ese sentido, se reconoce que el uso que realicen los candidatos de una prenda de vestir que exhiba marcas comerciales, la referencia a algún personaje de ficción o la alusión a imágenes reguladas por propiedad industrial, no genera en sí mismo alguna irregularidad, tomando en cuenta que existen diversos artículos comerciales que se encuentran a la venta al público y que exhiben su propia marca en su diseño o que llegan a incluir la marca de algún socio comercial, así como que existen imágenes que se encuentran a disposición del público en general por su dueño o titular, pero con ciertos límites.

En el caso, las publicaciones controvertidas por los candidatos descontextualizan el uso ordinario de los productos que contienen marcas comerciales, de las imágenes de figuras de ficción o de extractos de manifestaciones de una persona conocida públicamente, pues se añaden elementos o expresiones que abierta e indubitablemente lo vinculan con su calidad de candidato al Senado.

La personalización en cuestión consistió en agregar elementos que identificaban la imagen, nombre y eslogan de las campañas políticas de los candidatos y que, en términos de los criterios aplicables, su uso puede calificarse válidamente como propaganda electoral, ya que sí representa una forma de comunicación persuasiva tendente a promover actitudes en beneficio de su postulación, tal como se sostienen en los criterios jurisprudenciales siguientes:[54]

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial.

PROPAGANDA ELECTORAL. NO DEBE TENER CARACTERÍSTICAS SEMEJANTES A LAS DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 21, 22, 29, 30, 45, apartado C, párrafo sexto, inciso g); 117 Bis E, fracción II, y 117 Bis I; 246 y 247 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se advierte que el fin de la propaganda electoral es buscar la obtención del voto a favor de un precandidato, candidato o partido político; por ello, los institutos políticos deben abstenerse de incluir en la propaganda electoral expresiones, símbolos o características semejantes a las de una publicidad comercial, pues lo contrario podría afectar la equidad en la contienda electoral.

En ese sentido, esta Sala Superior ha considerado que aquellos mensajes que contengan elementos de promoción de una candidatura con alguna difusión comercial requieren la realización de un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se les atribuya un componente de naturaleza política o electoral, permita arribar con certeza a las intenciones de quienes la realizan[55], a través del examen de sus actos concretos.

En el caso, a partir de un ejercicio interpretativo de los actos de los entonces candidatos, no cabe sostener un uso ordinario de la propaganda comercial ni la difusión aislada de propaganda electoral, sino que, por el contrario, las publicaciones incluyen expresiones que de forma clara y directa identifican a los candidatos con su nombre, con el cargo de elección popular por el que contienden, con los partidos políticos que los postularon o con el eslogan de sus campañas, lo cual, se vincula con las marcas, nombres comerciales, imágenes o citas de personas de relevancia pública, bienes que, en general, están sujetos a regulaciones a fin de proteger la propiedad de sus titulares.

En efecto, con base en las reglas de la sana crítica y de la experiencia, así como de la lógica y del recto raciocinio, es válido determinar que la intención de los candidatos fue la introducción de un mensaje a los aficionados de los equipos de fútbol y a las personas que simpatizan con ciertos nombres comerciales, con el propósito de ejercer influencia en su percepción y en su esfera emotiva y así, cambiaran, mantuvieran o reforzaran su preferencia electoral hacia su candidatura.

En ese aspecto, es de destacarse que bienes como las playeras de la selección mexicana o del equipo de fútbol “Tigres” vician su contexto ordinario (uso del público en general) y por ende se asocia la campaña de los candidatos con las marcas comerciales, esto como una unidad, por lo que, los candidatos adquieren un beneficio por el uso de las marcas.

En efecto, la valoración jurídica, en el marco de elementos referenciales expuestos previamente, permite concluir que, la modalidad en las que se emplearon y difundieron las playeras deportivas, así como las imágenes de figuras de ficción, en cuanto marcas comerciales, en la propaganda política cuestionadas, sí constituye un acto de aprovechamiento de la reputación ajena (de la marca)