RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: SUP-REP-87/2019.

RECURRENTE: MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES.

SECRETARIOS: JORGE ARMANDO MEJÍA GÓMEZ Y RODRIGO QUEZADA GONCEN.

COLABORARON: CLAUDIA MARISOL LÓPEZ ALCÁNTARA, OMAR ENRIQUE ALBERTO HINOJOSA OCHOA, MARCO VINICIO ORTÍZ ALANIS Y FRANCISCO CRISTIAN SANDOVAL PINEDA.

Ciudad de México, a diez de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado al rubro, interpuesto por Mario Martín Delgado Carrillo, en contra de la resolución dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación en el procedimiento especial sancionador electoral identificado con la clave SRE-PSC-54/2019; y

R E S U L T A N D O S :

I. Antecedentes. De los hechos narrados en la demanda y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

1. Inicio de los procesos electorales locales en diversas entidades federativas. Entre el nueve de agosto de dos mil dieciocho y el nueve de febrero de dos mil diecinueve, iniciaron los procesos electorales locales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla (elección extraordinaria), para la renovación de diversos cargos –Gobernador, diputaciones e integrantes de Ayuntamientos-.

2. Campañas, precampañas, veda y jornada electoral. Las precampañas y campañas electorales de los diversos procesos electorales locales ordinarios y extraordinario -Puebla-, así como la celebración de la jornada electoral se realizó en las fechas que se describen a continuación:[1]

El periodo de la veda electoral en las mencionadas entidades federativas fue del treinta de mayo al uno de junio pasado, en virtud que los periodos de campaña concluyeron el veintinueve de mayo del año que transcurre.

3. Denuncia. El uno de junio de dos mil diecinueve, Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó denuncia en contra de Mario Martín Delgado Carrillo, en su calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la supuesta vulneración a la veda electoral, así como por el presunto uso indebido de recursos públicos, por la publicación de un video en su perfil de la red social Facebook, en el que aparecieron diversos candidatos del partido político Morena a cargos a elegir en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo, vulnerándose el principio de equidad en la contienda en esas entidades federativas.

Asimismo, denunció a Morena por culpa in vigilando, respecto de la conducta atribuida a su militante Mario Martín Delgado Carrillo.

4. Resolución del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-54/2019 (acto impugnado). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la citada Sala Regional pronunció resolución en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-54/2019, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

[…]

R E S U E L V E

PRIMERO. Se determina la existencia de la infracción atribuida a Mario Martín Delgado Carrillo, consistente en la vulneración al periodo de veda electoral, en los términos precisados en la presente ejecutoria.

SEGUNDO. Se determina la existencia de la infracción atribuida a Mario Martín Delgado Carrillo, consistente en la vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad, en los términos de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a MORENA.

CUARTO. Se da vista con copia certificada de las constancias que integran el presente expediente, a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a efecto de que proceda a determinar lo conducente conforme a su normativa en torno a la responsabilidad del servidor público mencionado en la presente sentencia, por haber inobservado la normativa constitucional y electoral.

[…]

La resolución se notificó al denunciado el veinte de junio de dos mil diecinueve[3].

II. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

1. Interposición del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. En contra de esa determinación, el veintitrés de junio de dos mil diecinueve, Mario Martín Delgado Carrillo interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral, quien lo remitió a la Sala Regional Especializada ese mismo día.

2. Recepción y turno. El veinticuatro de junio del año que transcurre, se recibió la demanda del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, motivo por el cual, el Magistrado Presidente ordenó registrar el expediente en el Libro de Gobierno con la clave SUP-REP-87/2019 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral.

3. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó y admitió a trámite la demanda y, agotada la instrucción, la declaró cerrada, con lo cual los autos quedaron en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O S :

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, porque se controvierte una sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, cuyo conocimiento es competencia exclusiva de este órgano jurisdiccional federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Cumplimiento de los requisitos de procedencia. Se colman los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, 45; 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes:

a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad competente; consta el nombre del accionante; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; menciona los hechos en que basa su impugnación; los agravios que considera se le causan y los preceptos presuntamente vulnerados; de igual forma, obra la firma autógrafa del recurrente.

b. Oportunidad. Se cumple el requisito, porque de las constancias se advierte que la sentencia combatida se notificó al recurrente el veinte de junio de dos mil diecinueve, en tanto la demanda que dio origen al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en que se actúa, se presentó ante el Instituto Nacional Electoral el veintitrés de junio siguiente y esa autoridad lo remitió a la Sala Regional Especializada el mismo día; de este modo, la demanda fue recibida por la autoridad responsable dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 109, párrafo 3, parte final, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Legitimación. El requisito se colma, toda vez que Mario Martín Delgado Carrillo, está legitimado para promover el medio de impugnación, al ser quien fue denunciado en el procedimiento especial sancionador cuyo fallo se revisa.

d. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés jurídico para interponer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque combate la resolución dictada en el procedimiento respectivo en que fue parte denunciada, en la cual se declaró la existencia de las infracciones que se le atribuyeron.

e. Definitividad. También se colma este requisito de procedencia, porque en la normativa aplicable no existe otro medio de impugnación para controvertir la resolución recurrida.

En consecuencia, al cumplirse los requisitos de procedencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y no advertirse de oficio causas de improcedencia, corresponde analizar y resolver el fondo del asunto controvertido.

TERCERO. Planteamiento del caso.

1. Queja:

Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, denunció a Mario Martín Delgado Carrillo, en su calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la supuesta vulneración a la veda electoral, así como por el presunto uso indebido de recursos públicos, por las siguientes razones:

         Vulneración a la veda electoral. La presunta transgresión a lo dispuesto en los artículos 41, de la Constitución Federal; 251, párrafos 3 y 4, y 449, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuible a Mario Martín Delgado Carrillo, derivado de la publicación de un video en la cuenta oficial del denunciado en la red social Facebook el treinta y uno de mayo del año que transcurre, en donde, a decir del denunciante, se realizó un llamado al voto a favor de los candidatos postulados por Morena a diversos cargos de elección popular en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango y Puebla.

         Uso indebido de recursos públicos. La presunta vulneración a lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 7, de la Constitución Federal y 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuible a Mario Martín Delgado Carrillo, al considerar que en el referido video Mario Martín Delgado Carrillo se ostentó con la calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y solicita el voto a favor de los referidos candidatos a diversos cargos de elección popular postulados por Morena, situación que presuntamente vulnera el principio de imparcialidad y equidad de la contienda electoral en los citados Estados.

         Culpa in vigilando. La transgresión a los artículos 443, párrafo 1, incisos a), h) y n), de la referida Ley General, así como al artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos, atribuible a Morena. Lo anterior, respecto al indebido actuar atribuido a Mario Martín Delgado Carrillo.

El material denunciado es el siguiente:

2. Resolución del procedimiento especial sancionador

La Sala Regional Especializada determinó la existencia de las infracciones denunciadas, en razón de que el video difundido por Mario Martín Delgado Carrillo en su cuenta oficial de Facebook constituye propaganda electoral, cuya difusión está prohibida en el periodo de veda electoral, a partir de las consideraciones siguientes:

a)    Se tuvieron por acreditados los elementos:

-         Temporal, ya que el video se transmitió el treinta y uno de mayo pasado, es decir, dentro del periodo de veda electoral en los Estados con elecciones locales ordinarias y extraordinaria;

-         Material, porque el video constituye propaganda electoral, ya que se advierte la presencia de candidatos postulados por Morena a diversos cargos de elección popular; ello asociado con frases relacionadas con el partido político MORENA, finalizando con la leyenda que hace referencia al día en que se celebraría la jornada electoral en las entidades federativas mencionadas; y

-         Personal, toda vez que es un hecho público y notorio que actualmente Mario Martín Delgado Carrillo ostenta la calidad de Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por lo que el denunciado es un sujeto obligado respecto de la norma que establece la veda electoral, al encontrarse en un cargo público y al ser militante y/o simpatizante de un partido político en particular.

b)    Además, con la difusión del contenido del video difundido a través de la red social Facebook, se tuvo por actualizada la vulneración al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, ya que si bien no se acreditó la utilización de recursos públicos, materiales y humanos, sí se comprobó que el funcionario referido manejó su función relevante de servidor público para desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales que se desarrollaron en las entidades federativas antes referidas durante el periodo de veda electoral.

c)    Finalmente, la Sala Especializada, al tener por actualizada la vulneración a la normativa electoral, determinó dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, respecto del actuar de Mario Martín Delgado Carrillo, Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo.

Por otra parte, la Sala Especializada consideró inexistente la infracción que se le atribuyó a Morena por culpa in vigilando, con la consideración esencial de que los partidos políticos no son responsables por las conductas de sus militantes cuando actúan como servidores públicos (como ocurrió en el caso).

3. Recurso de revisión

Inconforme con tal determinación, el denunciante promovió el presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el que plantea lo siguiente:

     La infracción que tuvo por demostrada la Sala Especializada no se encuentra tipificada en la Constitución Federal ni en los ordenamientos aplicables, por lo que, en el caso concreto, al no encontrarse regulada la conducta, no se vulnera la normativa electoral.

     Inexistencia de la transgresión de los principios de neutralidad y equidad, ya que el recurrente actuó en su ejercicio de libertad de expresión.

     Violación a los principios de legalidad y congruencia, toda vez que se declara la inexistencia de la infracción respecto a Morena y no del servidor público, siendo que debió declararse la inexistencia de las infracciones respecto de ambos.

     Aplicación errónea de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que fue abrogada con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

     Las opiniones de los Diputados son inviolables.

CUARTO. Estudio de fondo.

Del escrito de demanda, se puede advertir que la pretensión recurrente es que se revoque la resolución impugnada, a efecto de que la Sala Superior declare la inexistencia de la infracción y deje sin efectos la vista ordenada a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, los agravios serán atendidos en orden distinto al que fueron expuestos, sin que tal circunstancia cause afectación a los derechos del accionante de acuerdo con la jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

A) Falta de tipicidad.

El recurrente señala que le agravia la transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica y congruencia, toda vez que la conducta que tuvo por acreditada la Sala Regional Especializada no se encuentra tipificada como infracción administrativa electoral en algún ordenamiento legal de la materia ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para sustentar sus afirmaciones, señala que la Sala Superior ha sostenido que al derecho sancionador electoral le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados en el derecho penal. Por esto, el recurrente expresa que el ilícito, falta, infracción o contravención normativa, debe contener la descripción clara de la conducta considerada como antijurídica y expresamente prevista en la normativa electoral aplicable para que pueda ser sancionada.

Para esto, el recurrente aduce que la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-JRC-73/2001, determinó que no es posible imponer una sanción en materia electoral por simple analogía, sino que debe estar prevista en una ley.

Asimismo, razona que la conducta antijurídica debe de ser una descripción clara de la conducta considerada ilícita y contener elementos ciertos, precisos, claros y suficientes para que se actualice la hipótesis, sin que sea por analogía y, por tanto, arbitraria la sanción de la autoridad.

Agrega, que cuando una conducta no reúna todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta la atipicidad, la cual no podrá ser sancionada.

Explica, que la Sala responsable consideró que se actualizaban las siguientes infracciones:

i)                    Difusión de propaganda electoral en periodo de veda electoral, lo cual fundamentó en el artículo 210, de la Lay General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

ii)                 Vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad, mismo que fundó en el artículo 448, párrafo 1, inciso c), de la citada ley.

A decir del recurrente, ninguno de los anteriores preceptos normativos le es aplicable a la conducta que desplegó, ya que no se refieren a la difusión de un video en redes sociales.

No le asiste la razón al inconforme, en atención a lo siguiente.

En el ámbito del derecho administrativo sancionador, el ilícito, falta, infracción o contravención normativa, en sentido lato, se identifica como la conducta antijurídica, típica y culpable, que un sujeto de derecho lleva a cabo, con la cual conculca el vigente sistema normativo; por tanto, ante la comisión de esa conducta antijurídica, típica y culpable, el legislador prevé, como consecuencia, por regla, la imposición de una sanción, para el sujeto activo de la conducta o, en su caso, para quien sea responsable de la conducta antijurídica.

En este sentido, es claro que el tipo normativo debe contener la descripción clara de la conducta considerada ilícita, a partir de elementos ciertos, expresos, claros y suficientes, para que el aplicador de la normativa jurídica tipificadora y posiblemente sancionadora, así como el destinatario de esa normativa, tengan plena certeza y seguridad jurídica del contenido y significado de la norma.

La descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, porque existe el riesgo de un excesivo arbitrio, de una mayoritaria libertad en la actuación del órgano de autoridad encargado de calificar la conducta y, en su caso, de imponer la sanción respectiva, lo cual puede conculcar los principios de certeza y seguridad jurídica, en agravio del sujeto activo o responsable de la conducta infractora; además de autorizar la comisión de conductas antijurídicas, arbitrarias, por parte de la autoridad sancionadora.

Así, el mandato de tipificación coincide con la exigencia de que se cumpla la determinación y taxatividad, cuyos objetivos son proteger o garantizar la vigencia efectiva del principio de seguridad jurídica, además de reducir la discrecionalidad o arbitrio, es decir, la libertad y posible antijuridicidad en el acto de imposición de sanciones.

En este orden, la conducta (ya sea de acción u omisión), que se considere constitutiva de una falta o infracción administrativa, debe estar previa y expresamente prevista o tipificada en la normativa electoral aplicable.

En el derecho penal, a cuyos principios se recurre por ser la rama del ius puniendi mejor desarrollada, es exigencia constitucional, para que una conducta se pueda considerar como delito, que esté prevista como tal en un precepto legal y, en su caso, que tenga asignada una pena o sanción específica.

Por tanto, en materia penal, lo mismo que en el derecho administrativo sancionador, rige el principio de estricta aplicación de la ley, en cuanto que no se puede imponer una sanción por simple analogía y tampoco por mayoría de razón; sólo se puede imponer sanción en los supuestos previstos en la ley, por la comisión de una conducta descrita, también en la ley, como antijurídica y, por ende, prohibida. Tal razonamiento encuentra su fundamento en el tercer párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece:

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

(…)”.

De la lectura del tercer párrafo de la disposición constitucional transcrita, se advierte que en el derecho penal está prohibido imponer sanciones por simple analogía e incluso por mayoría de razón; por tanto, resulta evidente que tampoco se puede imponer una sanción si no está prevista en una ley exactamente aplicable a la infracción de que se trate.

La analogía y la mayoría de razón no tienen cabida en la conformación de infracciones administrativas y tampoco en la imposición de sanciones de la misma naturaleza, es decir, por grave o reprobable, en el contexto social, que sea la conducta ejecutada, no se puede aplicar sanción alguna si, en principio, tal conducta no está tipificada en la ley con el carácter de infracción administrativa o como delito y tampoco, a pesar de estar legalmente descrita o tipificada la conducta como antijurídica, si no existe adecuación entre el hecho ejecutado y el supuesto previsto en la norma jurídica.

Este criterio ha sido sustentado reiteradamente por esta Sala Superior, como se advierte de la tesis relevante identificada con la clave XLV/2001[4], cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

“ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. Del contenido del artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la prohibición de imponer, en los juicios del orden criminal, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, se arriba a la convicción de que tales reglas son igualmente aplicables para aquellas disposiciones de las que se derive la posibilidad de imponer una sanción de naturaleza administrativa en materia electoral. En efecto, en un importante sector de la doctrina contemporánea prevalece la tesis de que no hay diferencias sustanciales, cualitativas o cuantitativas, que pudieran justificar una regulación distinta, por lo que se ha concluido que la tipificación de una conducta como infracción administrativa o criminal es el resultado de una decisión de política legislativa que, bajo ciertos márgenes, tiende a diseñar una estrategia diferenciada de lucha contra la criminalidad, con el propósito fundamental de evitar la sobrecarga, en exceso, de la maquinaria judicial, para ponerla en condiciones de actuar más eficazmente en los ilícitos más graves y relevantes para la sociedad. De ahí que la extensión de las garantías típicas del proceso penal, como la señalada, se justifique por el carácter sancionador del procedimiento, pues con ello se impide que, de hecho, sufran un menoscabo las garantías constitucionales y procedimentales constitucionalmente establecidas. Y es que, al final de cuentas, las contravenciones administrativas se integran en el supraconcepto de lo ilícito, en el que ambas infracciones, la administrativa y la penal, exigen un comportamiento humano (aunque en la administrativa normalmente se permita imputar la consecuencia a un ente o persona moral), positivo o negativo, una antijuridicidad, la culpabilidad, el resultado potencial o actualmente dañoso y la relación causal entre éste y la acción, esencia unitaria que, no obstante, permite los rasgos diferenciales inherentes a la distinta función, ya que la traslación de las garantías constitucionales del orden penal al derecho administrativo sancionador no puede hacerse en forma automática, porque la aplicación de tales garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza”.