Ficha bibliográfica

Tres militantes del Partido Comunista Portugués impugnaron las sanciones que les impuso el Comité Central de ese instituto político con motivo de diversas manifestaciones que hicieron fuera de su partido, las cuales tuvieron una repercusión importante en los medios de comunicación. Las sanciones consistieron en la expulsión de dos de ellos y en la suspensión por 10 meses de sus derechos como afiliado, para el tercero. El Tribunal Constitucional de Portugal ejerció su facultad de revisar las decisiones relacionadas con la imposición de sanciones disciplinarias por parte de los órganos internos de los partidos políticos, en las que se cuestionan temas como la libertad de expresión y la democracia al interior de estos. Tras ello, el Tribunal confirmó las sanciones al considerar que eran razonables y proporcionales en relación con la gravedad de las manifestaciones hechas, tomando en cuenta que las conductas evidenciaban la intención de los sancionados de formar un grupo en el partido político que apoyara sus particulares posiciones y demandas. De igual forma, consideró que era plausible la valoración efectuada por los órganos partidistas, en el sentido de que se había puesto en entredicho la imagen, el funcionamiento de los órganos internos y la línea política del partido.