JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACUERDO PLENARIO

EXPEDIENTES: SCM-JDC-167/2017 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA:

TERESA AMARO RAMÍREZ Y OTROS

ÓRGANOS RESPONSABLES:

COMISIÓN ESPECIAL ESTRATÉGICA PARA LA TRANSPARENCIA Y REINGENIERÍA DEL PADRÓN DE MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS

MAGISTRADA Y MAGISTRADOS PONENTES: MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS, HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS Y ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIADO: PERLA BERENICE BARRALES ALCALÁ, ALBA ZAYONARA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, LUCILA EUGENIA DOMÍNGUEZ NARVÁEZ, RENÉ SARABIA TRÁNSITO, HIRAM NAVARRO LANDEROS, MARÍA DEL CARMEN ROMÁN PINEDA Y EMMANUEL TORRES GARCÍA[1]

Ciudad de México, once de septiembre de dos mil diecisiete.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en sesión privada, acuerda radicar, acumular, reencauzar y ordenar el tramite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, respecto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos en contra de la omisión de informarles el estatus de su actualización de datos y calidad de militantes del Partido Acción Nacional en Puebla, conforme a lo siguiente:

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De lo narrado por la Parte Actora en sus escritos de demanda, así como de las constancias de los expedientes, los hechos del caso son los siguientes:

I. Tramité de actualización del Padrón de Militantes

1. Afiliación al PAN. La parte actora afirma que son militantes del PAN, lo que dicen acreditar con la captura de pantalla que en lo individual anexan a sus escritos de demanda, en la cual aparece su nombre dentro del RNM.

2. Programa de Depuración. El (26) veintiséis de abril de (2017) dos mil diecisiete[2], el CEN aprobó mediante Acuerdo CEN/SG/18/2017, la implementación del Programa de Depuración cuya instrumentación quedó a cargo del RNM en coordinación con la Comisión Especial.

En la Cláusula Segunda de dicho Acuerdo se previó que la militancia del Partido, en forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal debería acudir ante cualquier Comité Directivo Municipal o Estatal, en el que se encuentre referenciada de acuerdo a su residencia, entre el (29) veintinueve de mayo y el (22) veintidós de julio, con la finalidad de expresar por escrito, con firma autógrafa y proporcionando su huella dactilar, la voluntad de su afiliación al PAN así como desconocer y renunciar a la militancia que en su caso existiere en otro partido político diferente.

3. Asistencia al Comité Directivo. Sin precisar las fechas, las personas que integran la Parte Actora afirman que acudieron a realizar la actualización de sus datos en los módulos establecidos para tal efecto en el Comité Directivo, sin que pudieran concluir el proceso satisfactoriamente por la imposibilidad de registrar sus huellas digitales, razón por la cual les fue otorgado un plazo de (15) quince días para cumplir este requisito.

4. Primera modificación del Programa Depuración. El (1) uno de junio el Presidente del CEN del PAN, emitió providencias respecto al referido Acuerdo por el que se modificó el Programa de Depuración, en las que determinó que “los militantes que tengan su residencia y referenciada su militancia en los Estados de Chihuahua, Puebla y Quintana Roo, que no hayan actualizado sus datos y huellas digitales, y que por circunstancias diversas se encuentren en tránsito o radicando en la Ciudad de México durante el periodo de aplicación del programa específico, cuenten con la posibilidad de realizar dicho trámite en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN”.

5. Segunda modificación del Programa de Depuración. El (21) veintiuno de julio, el Presidente del CEN del PAN, emitió providencias mediante las cuales modificó el Considerando Octavo del Acuerdo CEN/SG/18/2017 a efecto de ampliar el periodo para que la militancia ratificara su afiliación al Partido, estableciendo que podrían hacerlo entre el (29) veintinueve de mayo al (21) veintiuno de agosto.

6. Cumplimiento a la prevención y nueva imposibilidad. En diferentes días de julio y agosto, la Parte Actora refiere que acudió nuevamente al Comité Directivo para subsanar la prevención que les fue realizada, sin ser posible concluir de nueva cuenta su proceso de actualización.

7. Solicitud de información del estado de su militancia. Entre el (2) dos y (5) cinco de septiembre, cada una de las personas que integran la Parte Actora presentaron un escrito ante el Comité Directivo solicitando que fuera remitido a la instancia partidista correspondiente a fin de que se les diera una respuesta en relación con el estado de su militancia.

De acuerdo a las demandas, ese día consultaron la página de Internet del RNM y encontraron que sus datos no estaban actualizados.

II. Juicios Ciudadanos.

1. Demandas. Ante la falta de respuesta, el (5) cinco de septiembre la Parte Actora promovió ante esta Sala Regional las demandas de Juicios Ciudadanos.

2. Turno. En esa misma fecha, se ordenó la integración de los expedientes SCM-JDC-167/2017 a SCM-JDC-277/2017, siendo turnados a la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno de esta Sala Regional, para que en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Medios, los sustanciaran y, en su momento, presentaran el proyecto de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es formalmente competente para conocer de los presentes medios de impugnación al ser promovidos por diversas personas que alegan la posible vulneración de su derecho de afiliación, consistente en mantener su calidad de militantes del PAN provocada por las presuntas omisiones que atribuyen a los Órganos Responsables y que sostienen que tuvieron lugar en el proceso de revisión, verificación, depuración y registro que iniciaron en Puebla. Supuesto y entidad federativa sobre la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 párrafo cuarto fracción V.

Ley Orgánica. Artículos 186 fracción III inciso c) y 195 fracciones IV y XIV.

Ley de Medios. Artículos 3 párrafo 2 inciso c), 79 párrafo 1, 80 párrafo 1 inciso f), y 83 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017[3], de (20) veinte de julio, por el cual se aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

SEGUNDO. Actuación colegiada. La materia del presente acuerdo corresponde al conocimiento del Pleno de esta Sala Regional, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 fracción II del Reglamento Interno, así como en la jurisprudencia 11/99[4] de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.

Atento a ello, el presente acuerdo consiste en determinar:

(i) El trámite que deberá darse a los Juicios Ciudadanos
SCM-JDC-167/2017 a SCM-JDC-277/2017, así como la pertinencia de su acumulación.

(ii) Si esta Sala Regional debe conocer de los presentes Juicios Ciudadanos o declarar su improcedencia y reencauzarlos a la instancia que corresponda.

Estas cuestiones implican una decisión que no puede ser tomada en un acuerdo de mero trámite, al constituir una determinación que modifica la sustanciación ordinaria de los juicios; por tanto, la decisión que al efecto deba ser tomada está fuera de las facultades de la Magistrada y los Magistrados Instructores de los asuntos.

TERCERO. Radicación. En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de turno del (5) cinco de septiembre, los medios de impugnación fueron remitidos a las respectivas ponencias.

Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199 fracción XV de la Ley Orgánica; 6 párrafo 1 y 19 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios y 52 fracción I y 56 en relación con el 44 fracción I y II del Reglamento Interno, deberán tenerse por radicados los expedientes cuyas claves de identificación, nombre de quienes promueven, Magistrada y Magistrados Instructores, se describen en los siguientes cuadros:

a) Magistrada María Guadalupe Silva Rojas

b) Magistrado Armando I. Maitret Hernández

c) Magistrado Héctor Romero Bolaños

Asimismo, cabe destacar que en cada escrito de demanda la Parte Actora señala los estrados de esta Sala Regional para oír y recibir notificaciones además de autorizar para esos efectos a una persona; por tanto, las subsecuentes notificaciones se practicarán en términos de Ley.

CUARTO. Acumulación. Con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Constitución, 199 fracción XI de la Ley Orgánica, 31 de la Ley de Medios, así como 79 párrafo 1 y 80 párrafo 2 del Reglamento Interno, una vez turnados y radicados los expedientes en las respectivas Ponencias que integran esta Sala Regional en los términos precisados, la Magistrada y los Magistrados advierten que en las demandas la Parte Actora manifiesta la misma pretensión de conservar o ratificar su militancia y señala a los mismos Órganos Responsables.

En efecto, la Parte Actora promovió los presentes Juicios Ciudadanos a fin de impugnar diversas omisiones atribuidas a los Órganos Responsables relacionadas con la actualización de sus datos en el Programa de Depuración instrumentado en Puebla, que consideran ponen en riesgo la calidad de militantes con la que se ostentan.

Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal y a fin de acordar de manera conjunta, congruente y expedita los medios de impugnación promovidos por la Parte Actora así como para evitar la emisión de resoluciones contradictorias lo procedente es acumular los Juicios Ciudadanos del
SCM-JDC-168/2017 al SCM-JDC-277/2017, al diverso
SCM-JDC-167/2017 -turnado a la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas-, por ser éste el primero que fue recibido en esta Sala Regional.

En consecuencia, a partir de este momento procesal, todas las actuaciones así como la resolución que ameriten los referidos Juicios Ciudadanos deberán seguirse en forma acumulada; por tanto, deberá glosarse copia certificada de los acuerdos correspondientes a los expedientes de los juicios acumulados.

QUINTO. Improcedencia y reencauzamiento. Los Juicios Ciudadanos son improcedentes al no cumplir con el principio de definitividad que obliga a agotar las instancias ordinarias antes de promover medios de impugnación de carácter extraordinario.

En efecto y de acuerdo a los artículos 99 párrafo cuarto fracción V de la Constitución; 195 fracción IV inciso d) de la Ley Orgánica así como 10 párrafo 1 inciso d) y 80 párrafos 2 y 3 de la Ley de Medios, al ser el Juicio Ciudadano un medio de impugnación de carácter extraordinario es necesario agotar las instancias previas antes de promoverlo, lo que en el caso no sucedió.

Las disposiciones citadas imponen la carga procesal para quien aduzca la vulneración a sus derechos político-electorales de agotar, primeramente, los medios de defensa previstos en la normativa partidista.

El citado principio se cumple cuando se agotan las instancias que:

(i)        Sean idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate.

(ii)      Sean aptas para modificar, revocar o anular tales actos o resoluciones.

Bajo esta óptica, la exigencia de agotar las instancias partidistas que cumplan esas características tiene como fin cumplir con el principio constitucional de justicia pronta, completa y expedita[5], ya que en ellas podría encontrar de manera más pronta e inmediata la protección a sus derechos y alcanzar lo que se pretende. De no ser así, tendría todavía la instancia federal para hacer valer sus derechos.

No obstante lo referido, este Tribunal ha considerado que dicho principio no es absoluto y admite ciertas excepciones, que permiten acudir ante él saltando la instancia procedente[6].

Efectivamente, la interpretación de la Sala Superior ha establecido una regla de excepción -entre otros supuestos- cuando el agotamiento de las instancias previas signifique una afectación o amenaza seria para los derechos cuya protección se pide por el tiempo de promoción, tramitación y resolución de la impugnación ordinaria; o cuando los medios de impugnación no sean formal y materialmente eficaces para restituir adecuada y oportunamente a quien promueve en el goce de sus derechos político-electorales[7].

En los asuntos en análisis, se estima que no es suficiente entrar al conocimiento directo de los Juicios Ciudadanos planteados, bajo el argumento que en algunos casos hace valer la Parte Actora, respecto a que es competencia de esta Sala Regional conocer de las impugnaciones relacionadas con el derecho de afiliación a los partidos políticos, lo que reforzó con la cita de la jurisprudencia 30/2013 de la Sala Superior[8], ya que si bien es cierto es su atribución el estudio de ese tipo de asuntos esto no excluye el agotamiento de las instancias previas.

Tampoco puede exceptuarse del cumplimiento al principio de definitividad bajo la consideración de la Parte Actora relativa a que el (13) trece de octubre la Comisión de Afiliación emitirá un acuerdo definitivo e inapelable sobre quienes mantendrán su calidad de militantes, ya que en concepto de este órgano jurisdiccional existe tiempo suficiente para que el órgano jurisdiccional partidista resuelva las controversias sin afectar el normal desarrollo del procedimiento de actualización de datos de la militancia.

Por ello, esta Sala Regional considera que al tratarse de omisiones atribuidas a los Órganos Responsables relacionadas con el estado que guarda el proceso de actualización de los datos de quienes promueven para mantener su afiliación y la necesidad de obtener una respuesta, la Parte Actora debió agotar el medio de impugnación previsto en los Estatutos, lo que privilegia el reconocimiento de las instancias partidistas como idóneas para restituir ese tipo de derechos.

* * *

La improcedencia de los Juicios Ciudadanos no significa desechar las demandas ya que esta Sala Regional considera que existe una instancia intrapartidaria idónea, apta, suficiente y eficaz mediante la que puede tutelarse el derecho
político-electoral que la Parte Actora considera vulnerado a la que deben reencauzarse.

En efecto, la Constitución limita la intervención en los asuntos internos de los partidos políticos -como es la afiliación a ellos- a hacerlo en los términos constitucional y legalmente establecidos[9].

La Ley de Partidos establece que para resolver los conflictos internos de los partidos políticos debe tomarse en consideración su calidad de entidades de interés público, su libertad de decisión interna, el derecho de auto organización y ejercicio de los derechos de las personas afiliadas o que militen en ellos[10].

De acuerdo a esta ley[11], los partidos políticos deben regular sus procedimientos de justicia intrapartidaria, que deben tener como mínimo los elementos siguientes:

(i)        Contemplar un órgano colegiado, constituido de manera previa a la sustanciación del procedimiento con un número impar de integrantes, apegado a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad.

(ii)      Prever los supuestos de procedencia, plazos y formalidades del procedimiento.

(iii)   Contar con una sola instancia de solución de conflictos internos para que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.

(iv)   Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a las personas afiliadas en el goce de los derechos político-electorales en los que resientan un agravio.

Es criterio reiterado de esta Sala Regional[12] que, de acuerdo a los Estatutos Generales del PAN[13], el órgano apto para garantizar la regularidad estatutaria de los actos y resoluciones emitidos por sus órganos, es la Comisión de Justicia[14], en única instancia, por ser la que reúne las calidades exigidas por la ley de la materia al contar con la jerarquía y capacidad suficiente para resolver con independencia e imparcialidad, siendo sus resoluciones definitivas y firmes en el ámbito intrapartidario[15].

En ese sentido y a pesar de que, como lo refiere la Parte Actora, en el transitorio segundo del acuerdo CEN/SG/18/2017, se estableció que lo no previsto sería resuelto por el CEN, a propuesta del RNM y la Comisión Especial, dicha previsión es insuficiente para considerar que se trata de una instancia idónea y apta para resolver la controversia planteada en los presentes asuntos, porque no contempla un procedimiento cierto y plazos concretos para su agotamiento mediante los cuales se tutele el acceso a la jurisdicción respecto a la omisión que hacen valer.

Aunado a que el señalado órgano no reúne los requisitos que por disposición legal debe englobar el órgano encargado de resolver las controversias internas de un partido político, mismas que fueron precisadas en párrafos que anteceden.

En consecuencia y a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución así como 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben reencauzarse al recurso de reclamación previsto en el artículo 89 párrafo 4 de los Estatutos ya que la Parte Actora promueve en contra de la omisión de informarles el estatus de su actualización de datos y calidad de militantes del Partido Acción Nacional en Puebla, aduciendo la supuesta vulneración a su derecho de mantener su afiliación.[16].

Este recurso se considera el idóneo dada su generalidad ya que está previsto para revisar los actos y resoluciones que no estén vinculados al proceso de selección de candidaturas.

Esta Sala Regional considera que no es obstáculo para lo anterior que los Estatutos no especifiquen todos los supuestos de procedencia del recurso de reclamación o solo establezca como órganos responsables al CEN, la Comisión Permanente del Consejo Nacional y el Consejo Nacional, ya que se trata de un recurso genérico mediante el cual la Comisión de Justicia ejerce su atribución de garantizar que los actos y resoluciones de los órganos del PAN[17] se apeguen a la normativa interna, supuesto que incluye a los órganos señalados como responsables[18].

Esto es así porque en los casos concretos la Parte Actora pretende salvaguardar sus derechos partidistas amenazados -desde su perspectiva- por la omisión de notificarles cómo sería cumplido el requisito de captar sus huellas digitales
-así como de informarles el estado que guarda el proceso de actualización de sus datos para mantener su afiliación, sin que puedan provocar la respuesta de los Órganos Responsables, lo que no está relacionado con un proceso de selección de candidaturas o dirigencia (supuesto de procedencia genérica del recurso) e implica la revisión de la regularidad estatutaria (atribución principal de la Comisión de Justicia).

Así, se concluye que el recurso de reclamación es la vía idónea para que la Comisión de Justicia conozca, sustancie y resuelva la controversia planteada por la Parte Actora, siendo por tanto improcedentes los Juicios Ciudadanos en estudio.

En este orden de ideas, al existir un medio de impugnación idóneo en la normativa interna del PAN, procedente para resolver la controversia planteada por la Parte Actora, debe agotarse.

Lo resuelto, además, es acorde con la jurisprudencia de la Sala Superior 1/97[19] de rubro MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA y 12/2004[20], MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA.

Esta decisión se sustenta también, en que los asuntos se encuentran vinculados estrechamente con la vida interna del Partido, es decir, con los mecanismos para regular la afiliación y permanencia de su militancia, tema respecto del cual dicho instituto político no se ha pronunciado.

Así, lo resuelto en el presente acuerdo se adopta a efecto de dar vigencia a lo dispuesto por los artículos 41 base I tercer párrafo y 116 fracción IV inciso f) de la Constitución, en relación con el 2 numeral 3 de la Ley de Medios y 5 numeral 2 de la Ley de Partidos, por cuanto al derecho de auto organización y auto determinación de los partidos políticos a fin de que resuelvan sus controversias, a la luz de lo dispuesto por sus documentos básicos, ello con el fin de lograr mayor legitimidad a su decisión interna.

En consecuencia, al corresponder al citado órgano de justicia interno resolver la controversia planteada, deberá analizar, en primer lugar, si se cumplen los requisitos de procedencia[21]. En segundo lugar, de ser el caso, deberá resolver el fondo del asunto.

Aunado a lo anterior, con el fin de dotar de certeza jurídica al proceso de actualización de la militancia del PAN, resulta importante que las impugnaciones se resuelvan con la oportunidad debida, esto con el fin de evitar que se cause una posible afectación en sus derechos por no resolver de manera pronta y expedita acorde a lo previsto por el artículo 17 de la Constitución, lo que incluye a los órganos de justicia partidarios, en tanto desarrollan actividades con características similares a las jurisdiccionales del Estado.

Finalmente, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional, remítanse las constancias que integran los expedientes en los que se actúa a la Secretaría General de Acuerdos, quien previamente deberá emitir copia certificada de las constancias para que obren en el archivo. Asimismo, en caso de recibir cualquier documentación relacionada con este asunto, deberá enviarla de manera inmediata a la Comisión de Justicia.

SEXTO. Trámite. Toda vez que las demandas fueron presentadas directamente ante esta Sala Regional, debe requerirse a los Órganos Responsables, que de manera inmediata realicen el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios, adjuntando para ello copia certificada de las demandas y sus anexos, en términos de los artículos 199 fracción XII de la Ley Orgánica, 71 y 72 fracción IV inciso c) del Reglamento Interno.

Una vez publicados los presentes medios de impugnación, los Órganos Responsables deberán remitir a la Comisión de Justicia la documentación requerida dentro de las (24) veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo de publicación, por ser dicho órgano el competente para conocer de los medios de impugnación del caso.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

A C U E R D A

PRIMERO. Radicar los expedientes de cuenta en las ponencias respectivas, en los términos que han quedado precisados, para los efectos conducentes.

SEGUNDO. Tener a la Parte Actora señalando los estrados de esta Sala Regional para oír y recibir notificaciones, así como por autorizada para esos efectos a la persona que refiere.

TERCERO. Acumular los expedientes del
SCM-JDC-168/2017 al SCM-JDC-277/2017, al diverso expediente SCM-JDC-167/2017, en los términos expuestos en el presente Acuerdo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos de acuerdo a los expedientes acumulados.

CUARTO. Declarar improcedentes los Juicios Ciudadanos promovidos por la Parte Actora.

QUINTO. Reencauzar los presentes medios de impugnación al recurso de reclamación, competencia de la Comisión de Justicia del PAN.

SEXTO. Requerir a los Órganos Responsables para que realicen el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios y, una vez tramitados, remitan las constancias respectivas así como los informes circunstanciados a la Comisión de Justicia del PAN, por ser dicho órgano el competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación.

NOTIFÍQUESE por oficio a la Comisión de Justicia de PAN y a los Órganos Responsables; así como por estrados a la Parte Actora y demás personas interesadas.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.