Asamblea Informativa

Asamblea informativa celebrada el 26 (veintiséis) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), en el pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, ubicado en la demarcación territorial La Magdalena Contreras

Comisión del Panteón

Comisión del Panteón en el pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, en la demarcación territorial La Magdalena Contreras

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Denunciada

Cruz Erlyn López Rivas

Denunciante o

parte actora

Rosario Moreno Rojas

IECM

Instituto Electoral de la Ciudad de México

Juicio de la Ciudadanía

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (y personas ciudadanas)

Ley de Medios

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

PES

Procedimiento Especial Sancionador

Suprema Corte o

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tribunal Local

Tribunal Electoral de la Ciudad de México

VPMRG

Violencia política contra las mujeres en razón de género

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, confirma la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que resolvió el procedimiento especial sancionador identificado con la clave TECDMX-PES-023/2023.

GLOSARIO

De la demanda y del expediente, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Denuncia de hechos ante el IECM

1. Presentación de la denuncia ante el IECM. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la parte actora presentó ante el IECM un escrito de queja, con el objeto de hacer del conocimiento de la autoridad administrativa electoral supuestos actos de violencia que sucedieron el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno en una asamblea informativa[52], y que en su concepto violentaron los derechos humanos de personas adultas mayores, discapacitadas, niñas, niños y mujeres que estaban presentes en dicha reunión, así como para controvertir supuestas irregularidades en el actuar de Cruz Erlyn López Rivas, en su carácter de funcionaria de la Contraloría Interna del IECM ─con el cargo de Asesora─.[53]

II. Procedimiento Especial Sancionador

1. Recepción del expediente, acuerdo de integración y registro. El veinte de julio de dos mil veintidós, el secretario ejecutivo del IECM ordenó integrar el expediente IECM-QNA/049/2022, así como la realización de diversas diligencias. [54]

2. Acuerdo de inicio. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Consejo General del IECM determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en contra de Erlyn Cruz López Rivas[55] como probable responsable de la realización de diversas conductas.

El procedimiento se registró con la clave IECM-QCG/PE/018/2022, y se ordenó emplazar a la persona probable responsable.[56] 

3. Emplazamiento. El dos de diciembre de dos mil veintidós, se efectuó el emplazamiento ordenado por la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Consejo General del IECM.

4. Contestación al emplazamiento. El siete de diciembre de dos mil veintidós, mediante correo electrónico ante la Oficialía de Partes del IECM, la persona probable responsable dio contestación a la denuncia.[57]

5. Admisión de pruebas y alegatos. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva del IECM proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y ordenó darles vista con el expediente a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.[58]

6. Cierre de instrucción. El once de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva del IECM ordenó el cierre de la instrucción del PES y la elaboración del dictamen correspondiente, para ser remitido al Tribunal local.[59]

7. Dictamen. En esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del IECM emitió el dictamen correspondiente al Procedimiento IECM-QCG/PE/018/2022.

III. Trámite ante el Tribunal local

1. Recepción e integración del expediente. El dieciséis de octubre, se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal local el oficio de la Secretaría Ejecutiva del IECM mediante el cual remitió las constancias originales del expediente del PES identificado con la clave IECM-QCG/PE/018/2022, acompañado del dictamen correspondiente.

Asimismo, el magistrado Presidente Interino del TECDMX ordenó integrar el expediente TECDMX-PES-023/2023 y turnarlo a la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores del mismo Tribunal local.

2. Resolución. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, el Tribunal local resolvió el PES identificado con la clave TECDMX-PES-023/2023.

IV. Juicio de la ciudadanía federal

1.          Escrito de demanda. Para controvertir tal determinación, el trece de diciembre de este año, la ciudadana Rosario Moreno Rojas presentó escrito de demanda en la oficialía de partes de esta Sala Regional, la cual dio lugar a la integración del juicio electoral SCM-JE-94/2023, mismo que se turnó al magistrado José Luis Ceballos Daza, quien en su oportunidad lo radicó y propuso el reencauzamiento del medio de impugnación a juicio de la ciudadanía.

2.          Cambio de vía a juicio de la ciudadanía. Mediante acuerdo Plenario de diecinueve de diciembre del presente año, fue reencauzado el juicio electoral con la clave SCM-JE-94/2023 a juicio de la ciudadanía, el cual fue identificado con el expediente SCM-JDC-388/2023, mismo que se turnó al magistrado José Luis Ceballos Daza, quien en su oportunidad lo radicó, admitió a trámite la demanda y lo sustanció hasta dejar el medio de impugnación en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y jurisdicción.

Esta Sala Regional es competente para conocer del presente juicio de la ciudadanía, al ser promovido por una persona que
–ostentándose como autoridad tradicional de la Comunidad Indígena del pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice-, que controvierte la resolución por la que, entre otras cuestiones, el Tribunal local determinó la inexistencia de las infracciones que denunció, particularmente al considerar que constituían VPMG en su contra, las cuales atribuyó a una persona de quien indicó ostentaba la calidad de servidora pública adscrita el IECM, lo que resulta competencia de esta Sala Regional, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo Base VI; y 99 párrafo cuarto fracción X.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 164, 165, 166 fracción I, 173 y 176 fracción IV inciso d).

Ley de Medios. Artículos 79 numeral 1 y 80 numeral 1.

Acuerdo INE/CG130/2023, emitido por el Consejo General del INE, que aprobó el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

Normativa que si bien se refiere explícitamente a la competencia de esta autoridad judicial para conocer de supuestas vulneraciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía respecto de elecciones populares constitucionales, también lo es que dichos preceptos tienen el alcance para sustentar la competencia de esta Sala Regional en lo tocante a la tutela del derecho político-electoral de la ciudadanía perteneciente a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas a participar en los procedimientos electivos para la renovación de sus autoridades tradicionales.

Además, resulta aplicable la jurisprudencia 13/2021, bajo el rubro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES LA VÍA PROCEDENTE PARA CONTROVERTIR LAS DETERMINACIONES DE FONDO DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO TANTO POR LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE COMO POR LA DENUNCIANTE.[60]

SEGUNDA. Perspectiva intercultural, perspectiva de género y tipología del conflicto.

Es preciso destacar que en la instancia jurisdiccional local y en esta federal, la promovente del presente juicio de la ciudadanía ostentó ser perteneciente al Pueblo de San Jerónimo Aculco-Lídice, quien acude a reclamar presuntas transgresiones a sus derechos político-electorales y supuestas infracciones que considera constitutivas de VPMG en su contra.

Por ello, en este asunto se adoptará una perspectiva intercultural, al referir al Pueblo de San Jerónimo Aculco-Lídice como uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, cuyos orígenes orientarán la determinación judicial que se tome no solo en aras de lograr una protección reforzada para quien promovió este juicio de la ciudadanía, sino del bienestar de la comunidad en sí misma.[61]

Al efecto, el artículo 6 párrafo 1 de la Ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, establece que en dicha entidad federativa, los sujetos de derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados dentro de su territorio, comunidades indígenas residentes y personas indígenas, mujeres y hombres, de cualquier edad, situación o condición.

Bajo esa perspectiva, esta Sala Regional, al resolver este juicio de la ciudadanía, se apegará a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, que establecen que, en los casos relacionados como este, se realice el estudio con una perspectiva intercultural.[62]

Por otra parte, esta Sala Regional estima necesario reiterar[63] que con referencia a la perspectiva de género como método analítico debe aplicarse en todos los casos que involucren posibles relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de “mujeres” u “hombres”.[64]

Ello pues dicha perspectiva obliga a las personas juzgadoras a incorporar en los procesos jurisdiccionales un análisis de los posibles sesgos de desequilibrio que, de manera implícita o explícita, puedan estar contenidos en la ley o en el acto impugnado[65], lo que permite identificar la existencia de distinciones indebidas, exclusiones o restricciones basadas en el género que impidan el goce pleno de los derechos de las mujeres.

Dichas directrices serán tomadas en cuenta en el caso en estudio, reconociendo que quien acude a la presente instancia jurisdiccional es quien está inconforme con la resolución impugnada, en la que el Tribunal local determinó la improcedencia de la VPMG que denunció en diversos PES y –según afirma– le ha causado agravio, por lo que su revisión será mediante una perspectiva o enfoque de género, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia plena.

En el caso, como se precisó quien acude a este juicio de la ciudadanía ostenta ser perteneciente al mencionado pueblo originario y acude en respeto al derecho a la libre determinación y autonomía del mismo el cual estima vulnerado con la determinación de los efectos de la resolución emitida por el Tribunal local.

Así, conforme a los parámetros trazados por la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2018[66], se trata de un conflicto extracomunitario, ya que la controversia se relaciona con un PES que, en su momento, el Tribunal local al resolverlo determinó la inexistencia de las infracciones que denunció la persona accionante al considerar que constituían VPMG en su contra.

TERCERA. Requisitos de procedibilidad.

La demanda del presente juicio de la ciudadanía reúne los requisitos previstos en los artículos 7, 8 párrafo 1, 9 párrafo 1, 79 párrafo 1 y 80 párrafo 1 de la LGSMIME, por lo siguiente:

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito, contiene nombre y firma autógrafa de la actora, quien identifica como acto impugnado la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TECDMX-PES-023/2023, aunado a que expone hechos y agravios en los que basa la controversia.

b) Oportunidad. La resolución impugnada se notificó a la persona accionante mediante correo electrónico el ocho de diciembre de dos mil veintitrés (tal como se observa de la cédula de notificación respectiva[67]) y la demanda se presentó el trece de diciembre posterior, por lo que ello se hizo dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios, esto es, de forma oportuna.[68]

c) Legitimación e interés jurídico. La parte actora cumple con dichos requisitos, ya que se trata de una persona ciudadana que, ostentándose como vocal de la Comisión, controvierte la sentencia impugnada emitida por el tribunal local.

Ahora bien, de la demanda se puede advertir que la parte actora refiere que forma parte de una autoridad tradicional representativa de un pueblo originario, y en este sentido dicha autoadscripción es suficiente para considerar que está legitimada para promover el juicio con el objeto de que se tutelen los derechos de la comunidad a la que pertenece conforme a las normas constitucionales y sus sistemas normativos.[69]

Ello tiene sustento en las razones esenciales de la jurisprudencia 4/2012 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO[70], lo cual es acorde al deber impuesto a los órganos jurisdiccionales de flexibilizar el análisis de la legitimación para promover los juicios de la ciudadanía cuando la persona indígena o perteneciente a un pueblo originario plantee la afectación a la comunidad a la que pertenece para elegir a sus representantes o autoridades.

Lo anterior en términos de la diversa jurisprudencia 27/2011 de la aludida Sala Superior, que lleva por rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE.[71]

En ese sentido, al tratarse de personas que se autoadscriben como pertenecientes a un pueblo originario de la Ciudad de México, tienen interés legítimo, por lo que válidamente pueden acudir a juicio para solicitar la protección de los principios y derechos político-electorales constitucionales establecidos a favor de la comunidad a la que pertenecen.[72]

Todo lo anterior, aunado al hecho de que los agravios expuestos por la parte actora están encaminados a controvertir la resolución impugnada, que estima le causa un perjuicio, al haber sido la denunciante en el PES.

De ahí que, de asistirle la razón a la parte actora, se pueden restituir los derechos que señala le fueron vulnerados.[73]

d) Definitividad. La resolución controvertida es definitiva y firme, pues no hay un medio de impugnación ordinario que la parte actora deba agotar antes de acudir a esta Sala Regional, de ahí que se trate de un acto definitivo.

CUARTA. Resumen de la resolución controvertida.

El tribunal responsable en la resolución controvertida realizó una valoración de los elementos probatorios y acreditación de los hechos, señalando entre otras consideraciones que constituían hechos notorios:

        Que el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Asamblea Informativa del Pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, la cual se vio interrumpida por varias personas quienes expresaron su descontento con relación al desempeño de aquellas que integraban la Comisión del Panteón.

        Que en dicha asamblea, mientras la parte actora hacía uso de la voz y pidió un minuto de silencio por las personas que fallecieron con motivo de la pandemia, una persona del género masculino comenzó a gritarle que la información que les estaba dando era equivocada; mientras que la persona denunciada de manera simultánea comenzó a hablar a través de un megáfono para señalarle a las personas presentes que el pueblo tenía derecho a la libre autodeterminación para elegir nuevas autoridades y que si estaban convocados podían llevar a cabo una asamblea, una votación y una elección.

Derivado de lo anterior -en la sentencia impugnada se dice- que la presidenta de la comisión del panteón le solicitó a la parte actora suspender la reunión y retirarse, al considerar que no existían condiciones para continuar; por lo que las personas que permanecieron llevaron a cabo la elección de una “Nueva Comisión del Panteón del Pueblo Originario de San Jerónimo Aculco Lídice” para el período comprendido del veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno al veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

De ahí que, el tribunal local advirtió que no todas las conductas denunciadas podían ser reprochadas o atribuidas a la persona probable responsable, ya que en su concepto, algunas fueron desplegadas por terceras personas, como se constata de los videos aportados como prueba.

Asimismo, en la sentencia impugnada se estableció un apartado denominado “Hechos corroborados”, en el cual se determinó que del caudal probatorio el tribunal local no advirtió:

          Que la persona denunciada le hubiera dicho a una persona adulta mayor que nunca más volvería a la Comisión de Festejos, ejerciendo violencia y haciendo un ejercicio de discriminación, vulnerando sus derechos humanos;

          Que al haber presenciado la menor hija de la parte actora, los hechos violentos que acontecieron durante la Asamblea Informativa se violentaron los derechos humanos de niños y niñas pues se transgredió su derecho a vivir una vida libre de violencia, atentando contra su salud y bienestar mental y psicológico.

En esa tesitura, en la sentencia impugnada se precisó que, no obstante que ante un tema en el que se denuncia una presunta violencia a una persona infante y que la declaración de la parte actora cobra especial relevancia, en el análisis del caso la reversión de la carga de la prueba no opera en forma absoluta a partir de la sola manifestación de un hecho en el que se atribuya la infracción.

De igual forma, el tribunal local señaló que, no se acreditaban los hechos denunciados, consistentes en la asistencia de la hija de la parte actora a la asamblea referida, o algún acto de violencia por parte de la probable responsable.

Para sustentar su determinación, en la sentencia impugnada el tribunal local invocó criterios que refieren que en el PES la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto, con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.

En consecuencia, en la sentencia impugnada se determinó la inexistencia de la vulneración de los derechos humanos de las personas adultas mayores; y, la vulneración de los derechos humanos de niños y niñas, específicamente los de la hija menor de edad de la parte actora.

Ahora bien, el tribunal responsable al llevar a cabo el estudio de fondo estableció el marco normativo constitucional, convencional, legal y los correspondientes a los protocolos y la jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte y este Tribunal Electoral sobre VPMG.

Asimismo, advirtió que el asunto debería resolverse desde una perspectiva intercultural, ya que la persona accionante como habitante del Pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, quien denunció hechos presuntamente constitutivos de VPMG, en el desarrollo de una asamblea informativa de presupuesto participativa del citado pueblo.

En dichas consideraciones, señaló que también se reconocía la existencia de límites constitucionales y convencionales en su implementación; toda vez que, la libre determinación y autonomía de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México no es un derecho ilimitado, pues debe respetar los derechos fundamentales de las personas que los conforman, entre ellos, el de seguridad y certeza jurídica frente a los actos de la autoridad cuya intervención en los asuntos internos de la comunidad es instada por sus integrantes.

De igual forma, de acuerdo con la conducta denunciada, el tribunal responsable consideró que debía analizar la problemática con perspectiva de género, derivado de la situación de vulnerabilidad en la que pudiera encontrarse la parte actora.

También, la resolución impugnada destacó que la parte actora ofreció y aportó las pruebas que consideró idóneas para acreditar su denuncia y, en su caso la probable responsable ofreció aquellas con las que consideró se desvirtuaban las imputaciones que efectuó en su contra.

Además, -se dice en la sentencia impugnada- la autoridad administrativa instrumentó las inspecciones, certificaciones, actas circunstanciadas               y requerimientos correspondientes, con la finalidad de hacer constar la existencia y particulares en que ocurrieron los hechos denunciados.

Así, el tribunal local identificó que en el expediente SCM-JDC-2/2023 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se señaló que la Sala Superior ha establecido que la VPMG, generalmente en cualquiera de sus tipos, no responde a un paradigma o patrón común que pueda fácilmente evidenciarse y hacerse visible, sobre todo en casos en los que los simbolismos discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada forman parte de una estructura social; por lo que, observó que esta Sala Regional manifestó que la autoridad responsable debe partir de la premisa inicial de que el dicho de la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece y, en su caso, aplicar la reversión de la carga probatoria, pues corresponde a la parte denunciada desvirtuar la existencia de los hechos.

Luego, el tribunal responsable señaló en la resolución controvertida que la Sala Superior y esta Sala Regional han sostenido que para el análisis de hechos que pudieran constituir VPMG es importante realizar un análisis contextual de los hechos y las pruebas aportadas las cuales no deben valorarse de manera aislada y estricta en cuanto a su contenido —como sucedería en casos ordinarios—, sino atendiendo al contexto de posible VPMG.  

De lo dicho, en la resolución impugnada se establece un apartado sobre el contexto del asunto, para posteriormente analizar la infracción conforme los lineamientos establecidos en la Jurisprudencia 21/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, en la que se considera que, para acreditar la existencia de la infracción dentro del debate político, se debían analizar si las expresiones reúnen ciertos elementos.

De esta manera en la sentencia impugnada se contestaron las siguientes preguntas:

1. ¿Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público?

Este elemento -dice la resolución controvertida- sí se acredita, ya que los hechos denunciados ocurrieron durante el desarrollo de la Asamblea Informativa, en la que la parte actora participó en el ejercicio de un derecho político electoral en su vertiente ejercicio del cargo, como Vocal de la Comisión del Panteón.

2 ¿Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas?

Este elemento -señala el tribunal local- sí se actualiza, ya que la persona probable responsable actuó en calidad de vecina y representante propietaria del Pueblo Originario de San Jerónimo Aculco Lídice.

3. ¿Es simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica?

Para el tribunal responsable, dado el contexto en el que se dieron los hechos, estimó que el elemento no se configuraba; ello, debido a que, en la Asamblea se dio un intercambio de opiniones y discusión entre las personas vecinas que llevó a una de ellas a dirigirse a las personas asistentes través de un megáfono -de manera simultánea que hablaba la parte actora- para decir que se tenía derecho a la libre autodeterminación y se podían elegir nuevas autoridades, sin que el tribunal local advirtiera alguna acción que coaccionara, amenazara o violentara a la parte actora ni a las personas asistentes a la Asamblea.

Por ello, la sentencia impugnada señala:

“...que la intervención de la probable responsable, se circunscribió a indicar a las personas presentes sobre la viabilidad de llevar a cabo en ese momento una nueva elección para elegir a las nuevas personas integrantes de la Comisión del Panteón, bajo el derecho que les asiste de su autodeterminación como pueblo.

Lo anterior, significa que, en su intervención, la probable responsable, no dijo palabras ofensivas, insultos, calificativos, o un doble sentido, ni comentarios sarcásticos, burlas o insinuaciones dirigidas a exponer públicamente a la denunciante, ya que su intervención estuvo dirigida a las personas asistentes a la Asamblea, para expresar su punto de vista sobre la posibilidad de poder llevar a cabo una asamblea electiva.”[74]

De dichas consideraciones, el tribunal responsable concluyó que tales manifestaciones no podían calificarse como violencia invisible o implícita, pues la intervención se dio en medio de un intercambio de opiniones en donde se consideró que se podría llevar a cabo una elección derivado de su autodeterminación como pueblo originario.

Asimismo, el tribunal responsable aclaró que las manifestaciones se realizaron en el marco de una asamblea comunitaria, la cual es el máximo órgano de decisión de una comunidad basada en usos y costumbres como lo es el caso de San Jerónimo Lídice; y, -señala la sentencia impugnada- es a través de las asambleas donde se manifiesta el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, pues son el medio a través del cual, una comunidad ejerce su autogobierno y regula sus relaciones sociales por lo cual, es válido que se  produzcan debates entre las personas asistentes, en el caso particular sobre la integración de la autoridad tradicional y respecto a la cual diversas personas expresaron inconformidades.

4. ¿Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres?,

El tribunal local determinó que el elemento no se acreditaba pues las expresiones y actos llevadas a cabo no obedecieron a una cuestión de género, sino a un descontento expresado por las personas que asistieron a la Asamblea y que manifestaron su inconformidad con el desempeño de quienes veían desempeñándose como integrantes del Comité del Panteón, situación que -dice la sentencia impugnada- se hizo constar en el Acta de Asamblea de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno.

5. ¿Se basa en elementos de género?

Para el tribunal local de los hechos se concluye que la conducta desplegada por la probable responsable hacia la parte actora no obedeció a un tema relacionado con su condición de ser mujer, ni se basó en estereotipos de género, sino que derivó del descontento expresado por las personas integrantes del Pueblo Originario con respecto a quienes integraban la Comisión del Panteón, situación que significa lo mismo, si hubiera sido un hombre.

El tribunal local en la sentencia impugnada señala que el mensaje dado por la probable responsable, no estaba dirigido a la parte actora, sino a las personas que se encontraban presentes, a quienes les explicó que en el ejercicio de su derecho de libre autodeterminación podían llevar a cabo una elección y una votación en ese momento; por lo que, desde una perspectiva de género, -dice en la sentencia controvertida- se estima que la intervención de la probable responsable, no obedeció a una cuestión de género, ni se trató de manifestaciones dirigidas a la parte actora el objeto de atentar contra de su dignidad humana, o demeritar, menoscabar o a hacer nugatorio el derecho de acceder y ejercer un cargo público de elección popular, por el hecho de ser mujer sin que se pueda concluir que dicha conducta obedeciera a estereotipos de género.

Así, el tribunal local señaló que lo dicho resultaba congruente con lo señalado por esta Sala Regional en la sentencia recaída al expediente SCM-JDC-2/2023 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, respecto a que no cualquier acto contra una mujer constituye necesariamente violencia de algún tipo en su contra, lo que se relaciona con lo señalado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-307/2023 de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, que adujo que algunas expresiones, acciones u omisiones aun cuando pudieran considerase ofensivas, chocantes, desagradables o groseras, las mismas no implican VPMG.

De igual manera, la sentencia controvertida al sustentarse en las razones esenciales de la tesis II.1o.1CS (10a.), de rubro “PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS”.

En la que se ha establecido que la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, determinó declarar la inexistencia de las infracciones consistentes en VPMG y violencia política atribuidas a la persona denunciada.

Por lo dicho, el tribunal local resolvió:

PRIMERO. Se declara la inexistencia de los hechos atribuidos a Cruz Erlyn López Rivas, descritos en el inciso III del Considerando CUARTO, con los que supuestamente, se vulneraron los Derechos Humanos de las personas adultas mayores, con discapacidad, niños y niñas, en los términos razonados en el Considerando referido.

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción consistente en Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género y violencia política, atribuida a Cruz Erlyn López Rivas, en términos de lo razonado en el considerando CUARTO de la presente resolución.

QUINTA. Síntesis de agravios, pretensión, controversia y metodología.

A.      Síntesis de agravios. De la lectura de la demanda esta Sala Regional advierte –en esencia– que la parte accionante manifiesta las siguientes temáticas de agravios:

a)    Agravios sobre el análisis de los elementos de VPMG.

b)    Agravios sobre el análisis del PES. 

c)    Agravios sobre el análisis de la libertad de expresión.

d)    Agravios sobre análisis de la presencia de una persona menor de edad.

e)    Agravios sobre las declaraciones de otra persona.

B)               Pretensión y controversia. La parte actora pretende que se revoque la resolución controvertida, con la finalidad de que se acredite que los hechos que denunció en el PES constituyeron VPMG en su contra.

C)               Metodología. Este órgano jurisdiccional considera que el estudio de los agravios se llevará a cabo de manera conjunta entre los agravios identificados con los incisos a) y c); posteriormente los identificados con los incisos b) y d); y, finalmente el correspondiente al inciso e) sin que ello cause perjuicio alguno a la parte promovente, conforme a la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN[75].

SEXTA. Cuestión previa.

Resulta importante señalar que la parte actora fue electa bajo un sistema tradicional de asamblea y votación por mayoría a través de planillas; procedimiento electivo que inicia con la emisión de una convocatoria para la elección de la Comisión en la cual se identifica la fundamentación legal, las autoridades convocantes, los requisitos para ser integrante de la Comisión, la forma de integración de las planillas participantes, los ciudadanos que tienen derecho a voto - residentes del Pueblo Originario de San Jerónimo Aculco Lídice y usuarios del panteón-, la fecha y la hora de la jornada electiva y el desarrollo de la misma.

De ahí que, para participar en el procedimiento de elección deben postularse personas candidatas a ocupar los cargos de la presidencia, secretaría y vocalías electas en planilla por las y los integrantes del pueblo y los usuarios del panteón.[76]

Así las cosas, resulta un hecho notorio para esta Sala Regional[77] que, el cinco de octubre de dos mil diecinueve, la parte actora fue electa como vocal de la Comisión, acorde con el comunicado enviado a la persona titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras mediante el cual se le informa que en asamblea comunitaria se llevó a cabo la elección de la Comisión para el periodo dos mil diecinueve-dos mil veintidós. [78]

De igual forma, en el expediente en que se actúa[79], se encuentra copia del comunicado que realiza el Director Ejecutivo de Gobierno de la Alcaldía La Magdalena Contreras, mediante el cual informa a la Directora de Participación Ciudadana del IECM, sobre los datos de las personas integrantes de la Comisión, entre las cuales se encuentra el nombre de la actora.[80]

Así, resulta inconcuso que la parte actora es una de las vocales de la Comisión electa mediante planilla y por mayoría de votos, por lo que con esa calidad combate la resolución impugnada al considerar que le son vulnerados su derechos político-electorales en el ejercicio de su encargo.

SÉPTIMA. Estudio de fondo.

Atendiendo al planteamiento metodológico expuesto, se analizarán los agravios hechos valer por la parte accionante.

      Agravios sobre el análisis de los elementos de VPMG y de la libertad de expresión.

Esta Sala Regional considera que los agravios son infundados, conforme a lo siguiente.

La parte actora señala en su escrito de demanda, que el tribunal local se limita a enunciar los tipos de violencia, sin contrastar de manera exhaustiva la conducta denunciada ni valorar con perspectiva intercultural resolviendo que la participación de la probable responsable en la Asamblea no ejerció ningún tipo de violencia y califica las expresiones como un ejercicio del derecho de libertad de expresión.

Asimismo, la persona accionante señala que le causa agravio que el tribunal local no advirtiera que la conducta desplegada por la persona probable responsable al utilizar un megáfono, realizó aseveraciones que si bien podrían no tener el carácter despectivo se ejecutaron con el fin de desestabilizarle en su participación y perturbar la reunión del pueblo y ejercer violencia y desorden; por lo que señala ese actuar fue premeditado y doloso, además de pretender dañar la estabilidad psicológica de la parte actora, podría presumirse como incentivo a que le insultaran y le rechazaran las personas asistentes.

De ahí que, para la persona accionante los supuestos gritos que el tribunal responsable califica de “libertad de expresión” deben considerarse como una dolosa y violenta forma de callar a una mujer indígena integrante de un pueblo originario que llevaba la Asamblea, por lo que el análisis debió partir desde una perspectiva intercultural, que podría haber llevado al tribunal local a darse cuenta de que la idea era reventar la reunión y dejar de lado el tema del presupuesto participativo para convertirla en una asamblea y asumir la Comisión del Panteón.

Ahora, como se adelantó, resulta infundado el planteamiento de la parte accionante, pues el tribunal local en la sentencia impugnada llevó a cabo el análisis de los elementos que constituyen la violencia política de género, conforme lo dispone la jurisprudencia 21/2018, de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, en la que se considera que para acreditar la existencia de la falta dentro del debate político se debe analizar si las expresiones, reúnen determinados elementos.

Así las cosas, como se ha señalado en el apartado del resumen de la resolución impugnada, el tribunal local respondió a la pregunta sobre si los hechos sucedieron en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, a lo cual se pronunció acertadamente, toda vez que, -dice la resolución controvertida- los hechos denunciados ocurrieron durante el desarrollo de la Asamblea Informativa celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, con el objeto de discutir y elegir los proyectos de presupuesto participativo dos mil veinte y dos mil veintiuno de conformidad con su sistema normativo; asamblea en la que la parte actora participó en el ejercicio de un derecho político electoral en su vertiente ejercicio del cargo, como Vocal de la Comisión del Panteón.

Asimismo, en la resolución impugnada también se actualizó el elemento sobre si el hecho denunciado había sido perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; ello, ya que la persona probable responsable actuó en calidad de vecina y representante propietaria del Pueblo Originario de San Jerónimo Aculco Lídice.

En otra parte del análisis, el tribunal local explicó los elementos simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; haciendo énfasis en que la VPMG se traduce en acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.[81]

En efecto, para el desarrollo de dicho estudio en la sentencia impugnada se señala que dado el contexto en el que se dieron los hechos, estimaba que el elemento no se configuraba, debido a que, si bien varias personas asistentes a la Asamblea comenzaron a manifestar su descontento de manera directa a la parte actora en relación am su desempeño, dicha participación debía considerarse como una expresión de su derecho de libertad de expresión.

Esto es, se señala en la sentencia impugnada, que en la Asamblea se dio un intercambio de opiniones y entre las personas vecinas una de ellas se dirigió través de un megáfono para decir que se tenía derecho a la libre autodeterminación y se podían elegir nuevas autoridades, sin que ese hecho resultara alguna acción que coaccionara, amenazara o violentara a la parte actora.

Situación con la que esta Sala Regional está de acuerdo, pues resulta evidente que la intervención de la probable responsable -al margen del uso de un megáfono- se circunscribió a indicar a las personas presentes sobre la viabilidad de llevar a cabo en ese momento una nueva elección para elegir nuevas personas integrantes para la Comisión del Panteón, bajo el derecho de autodeterminación como pueblo.

Así las cosas, conforme lo señalado por la parte actora[82], la intervención de la persona denunciada no tuvo un carácter despectivo; tampoco se advierten palabras ofensivas, insultos, calificativos o burlas con la finalidad de exponer a la parte actora, sino que resulta clara una intervención dirigida a las personas asistentes al evento a fin de exponerles una propuesta sobre la posibilidad -ante la convocatoria emitida y el número de personas participantes- de llevar a cabo una elección para designar una nueva integración de la Comisión.

De ahí que resulta adecuado que el tribunal local haya concluido que tales manifestaciones no podían calificarse como violencia implícita, pues la intervención de la persona denunciada se dio en medio de un intercambio de opiniones en donde se consideró que se podría llevar a cabo una elección derivado de su autodeterminación como pueblo originario.

Asimismo, se advierte que en la sentencia impugnada tampoco quedó acreditado que la probable responsable hubiera arrebatado el micrófono a la parte actora y, que por ello se hubiera visto impedida para continuar con la Asamblea, circunstancias que fueron corroboradas con las declaraciones de las partes y con el contenido de los videos ofrecidos como pruebas, y de las cuales ante esta instancia la parte actora no se inconforma sino se limita a señalar que la actuación de la persona denunciada tuvo como finalidad desestabilizarle en su participación y perturbar la reunión del pueblo y ejercer violencia y desorden; por lo que señala que ese actuar fue premeditado y doloso, además de pretender dañar su estabilidad psicológica, lo que podría presumirse como incentivo a que le insultaran y le rechazaran las personas asistentes.

De ahí que, dichas presunciones también resulten infundadas sobre la base de que las intervenciones generales de las personas participantes que se califican de “libertad de expresión” deben considerarse como una dolosa y violenta forma de callar a una mujer indígena integrante de un pueblo originario que llevaba la Asamblea.

Ello, pues contrario a lo afirmado por la parte actora, el tribunal local en la sentencia impugnada sí realizó un análisis a partir de una perspectiva intercultural, ya que aclaró que las manifestaciones se realizaron en el marco de una asamblea comunitaria[83], la cual debía considerarse el máximo órgano de decisión de una comunidad basada en usos y costumbres como lo es el caso de San Jerónimo Lídice.

Adicionalmente, el tribunal local identificó que en dichas asambleas es en donde se manifiesta el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, pues son el medio a través del cual, una comunidad ejerce su autogobierno y regula sus relaciones sociales por lo cual, es válido que se  produzcan debates entre las personas asistentes, en el caso particular sobre la integración de la autoridad tradicional y respecto a la cual diversas personas expresaron inconformidades.

De ahí que no resulte acertado lo señalado por la persona accionante, en el sentido de que el tribunal local no atendió una perspectiva intercultural.

Derivado de lo anterior, el tribunal local al estudiar si la conducta denunciada tenía por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres -en el caso de la parte actora-, determinó que dicha circunstancia no se acreditaba pues las expresiones y actos llevados a cabo no obedecieron a una cuestión de género, sino a un descontento expresado por las personas que asistieron a la Asamblea Informativa y que manifestaron su inconformidad con el desempeño de quienes venían desempeñándose como integrantes del Comité del Panteón.

Así, con respecto a la pregunta sobre si los hechos denunciados se basaban en elementos de género es decir si se dirigían a una mujer por ser mujer, si tenían un impacto diferenciado en las mujeres o si afectaba desproporcionadamente a las mujeres; en la sentencia controvertida se determinó que no se acreditaban tales situaciones, porque la conducta reprochada tuvo verificativo durante el desarrollo de una Asamblea, evento en el cual la parte actora participó y después de pedir un minuto de silencio por las personas que habían fallecido con motivo de la pandemia, una persona del género masculino comenzó a gritarle que la información que les estaba dando era equivocada y que no los mal informara, por lo que la gente comenzó a intervenir.

De esta forma, el tribunal local concluyó que la conducta desplegada por la probable responsable hacia la parte actora -intervención mediante el uso de un megáfono- no obedeció a un tema relacionado con su condición de ser mujer, ni se basó en estereotipos de género, sino que derivó del descontento expresado por las personas integrantes del pueblo originario con respecto a quienes integraban la Comisión del Panteón, situación que significa lo mismo, si hubiera sido un hombre quien interviniera.

Esto es, el tribunal local en la sentencia impugnada señala que el mensaje dado por la probable responsable, estaba dirigido a las personas que se encontraban presentes, a quienes explicó que en el ejercicio de su libre autodeterminación podían llevar a cabo una elección y una votación en ese momento.

De ahí que, contrario a lo manifestado por la parte actora, el tribunal local fortaleció su argumentación conforme una perspectiva de género al aducir que la intervención de la probable responsable -conforme al caudal probatorio y su adminiculación-, no obedeció a una cuestión de género, ni se trató de manifestaciones dirigidas a la parte actora el objeto de atentar contra de su dignidad humana, o demeritar, menoscabar o a hacer nugatorio el derecho de acceder y ejercer un cargo público de elección popular, por el hecho de ser mujer sin que se pueda concluir que dicha conducta obedeciera a estereotipos de género.

Así las cosas, resulta infundado el planteamiento de la persona accionante, en el sentido de que el tribunal local no consideró que la intención de la persona denunciada era disolver la reunión y dejar de lado el tema del presupuesto participativo para de manera arbitraria convertirla en una asamblea y asumir la Comisión del Panteón, toda vez que, como se ha señalado, la decisión de llevar a cabo una nueva elección no resultó por la voluntad de una sola persona -en el caso de la persona denunciada - sino de quienes se encontraban convocados y decidieron en conjunto realizar acciones tendentes a designar a nuevas personas integrantes de la señalada Comisión.

De igual forma, el tribunal responsable fundamentó su decisión congruente con lo señalado por esta Sala Regional en la sentencia recaída al expediente SCM-JDC-2/2023 de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, respecto a que no cualquier acto contra una mujer constituye necesariamente violencia de algún tipo en su contra, lo que se relaciona con lo señalado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-307/2023 de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, que adujo que algunas expresiones, acciones u omisiones aun cuando pudieran considerase ofensivas, chocantes, desagradables o groseras, las mismas no implican VPMG.

Por lo dicho, es que resultan infundados los motivos de inconformidad que plantea la parte actora, respecto a que la calificación de las intervenciones de las personas presentes en la asamblea, sobre los supuestos gritos que se califican al amparo de la “libertad de expresión” deben considerarse como una dolosa y violenta forma de callar a una mujer indígena integrante de un pueblo originario que llevaba la Asamblea; ello, puesto que como se ha señalado en la resolución impugnada se llevó a cabo un estudio conforme una perspectiva intercultural y al amparo del análisis de los elementos que constituyen VPMG.

Lo anterior, al margen de que la actora manifieste que el tribunal local debió haber concluido que la intención de la intervención de la persona denunciada era disolver la reunión y dejar de lado el tema del presupuesto participativo para convertirla en una asamblea y asumir la Comisión del Panteón, ya que dichas manifestaciones carecen de sustento alguno y con la fuerza para combatir los argumentos establecidos en la resolución impugnada.

Ello, ya que la resolución controvertida se sustentó en las razones esenciales de la tesis II.1o.1CS (10a.), de rubro “PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS”.

Tesis en la que se ha establecido que la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en razón de su género, determinó declarar la inexistencia de las infracciones consistentes en VPMG y violencia política atribuidas a la persona denunciada.

Razonamientos jurisdiccionales, que ante esta instancia federal la parte actora no controvierte, por lo que los agravios deben estimarse infundados.

      Agravios sobre el análisis del PES y sobre la presencia de una persona menor de edad.

La parte actora señala que el tribunal local debió analizar en el PES en su conjunto las pruebas que allegó con las determinaciones del propio Tribunal responsable y de esta Sala Regional emitidas en los juicios TECDMX-JEL-077/2022 y SCM-JDC-068/2022, en los que confirman la ilegalidad del acto que llevaron a cabo las personas que violentaron la Asamblea cuyo objeto no fue otro que discutir y elegir los proyectos de presupuesto participativo dos mil veinte y dos mil veintiuno en cumplimiento a las sentencias SUP-REC-35/2020 y SCM-JDC-22/2020 emitidas por la Sala Superior y la Sala Regional.

Asimismo, la persona accionante sostiene que en el expediente se afirma que no se tuvo la certeza de que la hija de la parte actora estuviera presente y fuera resguardada; sin embargo, señala que las evidencias fueron entregadas al IECM.

Los agravios son uno infundado y otro inoperante.

Contrario a lo que la parte actora señala, el tribunal local sí llevo a cabo su estudio tomando en consideración las determinaciones del propio tribunal responsable y de esta Sala Regional emitidas en los juicios TECDMX-JEL-077/2022 y SCM-JDC-068/2022.

Lo anterior es así, ya que en la resolución impugnada se encuentra un apartado denominado Hechos acreditados[84], que entre otras consideraciones, se estableció que derivado de la concatenación del contenido de los videos aportados por la parte actora y con la información proporcionada por las personas que fueron entrevistadas por la autoridad instructora, se tuvo por acreditado que la Asamblea Informativa se vio interrumpida por varias personas de ambos géneros, quienes expresaron su descontento en relación al desempeño de las personas que integraban la Comisión del Panteón y llevaran a cabo la elección de una “Nueva Comisión del Panteón del Pueblo Originario de San Jerónimo Aculco Lídice” para el período comprendido del veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno al veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

En ese sentido, apuntó que dicha determinación fue validada en el Acta de Asamblea de la misma fecha, por aproximadamente doscientos cincuenta vecinos y vecinas; circunstancia, que quedó acreditada ante el tribunal local al resolver el expediente TECDMX-JEL-077/2022 y acumulados, en el que se declaró la invalidez de ese proceso electivo al considerar que el mismo no se había realizado bajo los requisitos legales que deben llevarse a cabo para ese fin, sentencia que fue confirmada por esta Sala Regional.

Así las cosas, no resulta acertado lo señalado por la parte actora, ya que el tribunal local si analizó el PES en conjunto con el caudal probatorio y con lo resuelto en los expedientes TECDMX-JEL-077/2022 y SCM-JDC-068/2022.[85]

Ahora bien, resulta inoperante el agravio en el cual la parte actora señala que en el expediente se afirma que no se tuvo la certeza de que la hija de la persona accionante estuviera presente y fuera resguardada.

En principio, es relevante dejar sentado que la denuncia se dirigió de manera directa contra la persona denunciada para imputarle una responsabilidad -sobre el hecho de haberse dirigido a las personas asistentes a través de un megáfono- de violación de derechos humanos de personas adultas mayores, discapacitadas, niñas, niños y mujeres que estaban presentes en dicha reunión; de manera particular, de la hija menor de edad de la parte actora al transgredir su derecho a vivir una vida libre de violencia, atentando contra su salud y bienestar mental y psicológico.

Así, al margen de que los hechos y las conductas imputadas a la persona denunciada pudieran haber tenido un tratamiento particularizado llevado a cabo por instituciones especializadas, lo cierto es que, las alegaciones sobre violaciones a los derechos humanos de diversas personas, se encontraban inmersas en los hechos ocurridos en la Asamblea, por lo que resultaba dable que el tribunal responsable llevara a cabo el estudio atinente de una manera integral.

En efecto, al llevar a cabo el análisis de los hechos narrados en la denuncia, que se encuentran encaminados a evidenciar la violación a derechos humanos de personas adultas mayores, discapacitadas, niñas, niños y mujeres que estaban presentes en dicha reunión, en la sentencia impugnada se señala que del caudal probatorio no se advirtió que la persona denunciada hubiera tenido alguna interacción con una persona menor de edad, sin que fuera posible realizar algún juicio de reproche respecto de hechos presuntamente violentos que adujo la parte actora presenció su hija y que fueron realizados en conjunto por las personas asistentes a la asamblea. [86]

Ello, toda vez que el tribunal local determinó que, no obstante que la parte actora afirmó que fue la persona menor de edad quien grabó los videos, de los aportados como prueba, no fue perceptible que la menor aludida estuviese presente en el lugar y al momento en que se llevó a cabo la Asamblea; aun tomando en cuenta los diversos ángulos de las tomas, incluso las que daban hacia las escaleras en donde se refirió que presuntamente se encontraba la persona menor de edad.

De esta forma, el tribunal local señaló que acorde con los criterios contenidos en las Jurisprudencias 12/2010 de rubro “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”, y 16/2011 de rubro “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”.

Que refieren que en el PES la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto, con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral, la parte actora tenía la obligación de aportar los medios de prueba que generaran por lo menos indicios de la existencia de éstos, lo que en el caso no aconteció.

Por lo dicho, el motivo de inconformidad consistente en que en el expediente se afirma que no se tuvo la certeza de que la hija de la persona accionante estuviera presente y fuera resguardada, deviene inoperante, ya que aun cuando la presencia de la persona menor de edad fuera constatada, lo cierto es que la responsabilidad por parte de la persona denunciada de violar los derechos humanos de una persona menor de edad al transgredir su derecho a vivir una vida libre de violencia, atentando contra su salud y bienestar mental y psicológico no fue comprobada con los medios de convicción que tuvo el tribunal local a su alcance y que fueron expuestos en la resolución impugnada.

Asimismo, el agravio es inoperante toda vez que la parte actora no combate frontalmente las consideraciones expuestas por el tribunal responsable; además de que los motivos de inconformidad resultan ambiguos y superficiales, en tanto que no señalan ni concretan algún razonamiento capaz de ser analizado, ni controvierten el fundamento, razones decisorias o argumentos expuestos por el tribunal local.[87]

Así es que los agravios unos resultan infundados y otros inoperantes.

      Agravios sobre las declaraciones de otra persona.

La parte actora señala que en la declaratoria del señor Víctor Fermín Palomares Martínez, se identifican a la señora María de la Soledad Moreno Romero y a Rosario Moreno como personas que cobraban dinero y el tribunal local, pasa desapercibido que el IECM debió probar los dichos del señor, antes de enviarlo para su análisis, pues son señalamientos que afectan a las personas, y aun cuando no es atribuible a la persona denunciada, sí da indicio a que contribuyó a que una persona me continúe violentando.

Dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes.

Lo anterior, en atención a que la parte actora se limitó a señalar que el tribunal local pasó por desapercibido que el IECM debió probar los dichos de una persona antes de enviarlo para análisis, al considerar que resultan señalamientos que afectan a las personas, pues son indicios sobre que una persona le continúe violentando.

Así, resulta evidente que la parte actora deja de señalar la etapa en la cual el tribunal responsable omitió el análisis sobre los dichos del señor Víctor Fermín Palomares Martínez y los argumentos por los cuales considera que resultarían indicios sobre la actuación de una persona que le violentaría; así también, omite señalar la forma de violencia a la que se refiere y mucho menos indica cómo dichas circunstancias impactan en la sentencia impugnada.

Incluso, la persona accionante deja en claro que la declaratoria del señor Víctor Fermín Palomares Martínez mediante la cual identifica a unas personas que cobraban dinero, no es atribuible a la persona denunciada, por lo que, los motivos de inconformidad resultan argumentos vagos y genéricos en tanto no señalan ni concretan algún razonamiento capaz de ser analizado y en modo alguno demeritan la presunción de legalidad de la resolución controvertida.

Asimismo, los motivos de inconformidad de la parte actora no se encuentran dirigidos a controvertir las razones proporcionadas por el tribunal responsable para dar sustento a la sentencia controvertida, por lo que resultan ineficaces para lograr la pretensión de revocarla.

Por lo dicho, resulta importante recordar que los agravios en los medios de impugnación requieren que quien promueve refiera las consideraciones esenciales que sustentan la decisión del acto o resolución que controvierte y la posible afectación o lesión que ello le causa a fin de que, a partir de ello, el órgano resolutor valore si la determinación de la autoridad responsable se apega o no a la normativa electoral aplicable.[88]

De ahí lo inoperante de los agravios.

Por lo expuesto, fundado y motivado, esta Sala Regional

RESUELVE

ÚNICO. Se confirma la resolución controvertida.

Notifíquese personalmente a la actora, por oficio al tribunal local y por estrados a las demás personas interesadas.

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse las constancias atinentes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.