ACUERDO PLENARIO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SCM-JDC-437/2021

ACTORA: MARÍA LUISA BADILLO RAMOS

RESPONSABLE:

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIA: BERTHA LETICIA ROSETTE SOLIS[1]

Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintiuno[2].

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada, reencauza este medio de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo siguiente.

G L O S A R I O

A N T E C E D E N T E S

1. Providencias. El veinticinco de febrero, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitió las Providencias 199.

2. Solicitud de registro a la Candidatura. A decir de la actora, el veintiséis de febrero, llevó a cabo su registro y entrega de documentos ente la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN a través del portal https://registro.puebla.org/. como aspirante a la Candidatura.

3. Aprobación del Registro. Refiere que el veintiséis de febrero recibió del correo electrónico registropanpuebla@registropanpuebla,org la aprobación de su registro.

4. Juicio de la Ciudadanía. El veintiocho de marzo, la actora presentó demanda ante esta Sala Regional -en salto de instancia- para controvertir las Providencias, por lo que se integró el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-437/2021, que fue turnado a la ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza.

El veintinueve siguiente el magistrado instructor tuvo por recibido el expediente.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S:

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es formalmente competente para conocer este Juicio de la Ciudadanía, al ser promovido por una ciudadana, por derecho propio y quien se ostenta como aspirante a la Candidatura, para controvertir, entre otras cuestiones, las Providencias 233 y las Providencias SG/296/2021 emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como la sesión ordinaria de la Comisión Permanente Estatal del PAN en Puebla, al considerar que vulneran su derecho a ser votada; supuesto normativo que tiene competencia y ámbito geográfico en el que ejerce jurisdicción esta Sala Regional. Lo anterior, con fundamento en:

   Constitución: artículos 41 párrafo tercero base VI y 99 párrafo cuarto fracción V.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 186, fracción III, inciso c) y 195, fracción IV inciso d).

   Ley de Medios: artículos 79 párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso g) y 83 párrafo 1 inciso b) y fracción IV.

   Acuerdo INE/CG329/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de cada una de las 5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera[7].

SEGUNDA. Actuación colegiada. La materia de este acuerdo corresponde al conocimiento de esta Sala Regional mediante actuación colegiada, en términos del artículo 46 fracción II del Reglamento Interno de este tribunal, ya que es necesario acordar si debe conocer el juicio en este momento o reencauzarlo, cuestión que no es de mero trámite y podría implicar una modificación en la sustanciación ordinaria, lo que se aparta de las facultades de la magistrada instructora[8].

TERCERA. Falta de definitividad y reencauzamiento. La actora no agotó la instancia idónea para resolver la controversia planteada y, por tanto, su demanda no cumple el principio de definitividad.

Los artículos 99 párrafo cuarto fracción V de la Constitución, 10 párrafo 1 inciso d), 80 párrafo 2 y 80 párrafo 3 de la Ley de Medios, establecen como requisito de procedencia del Juicio de la Ciudadanía la definitividad; es decir, que los actos o resoluciones controvertidos sean definitivos y firmes porque se hayan agotado todas las instancias (establecidas por las leyes, federales o locales, o por las normas internas de los partidos políticos) que hubieran podido modificarles, revocarles o anularles antes de acudir a esta instancia.

Las disposiciones citadas imponen la carga procesal para quien considere vulnerados sus derechos político-electorales de recurrir a los medios de defensa previstos en la normativa partidista y local, antes de acudir a la justicia federal.

Este principio se cumple cuando se agotan las instancias:

i.     Idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate.

ii.          Aptas para modificar, revocar o anular tal acto o resolución.

Bajo esta óptica, la exigencia de agotar la instancia partidista y
-en su caso- la local tiene como fin cumplir el principio constitucional de justicia pronta, completa y expedita, ya que en ellas la parte actora podría encontrar de manera más accesible e inmediata la protección a sus derechos y alcanzar lo que pretende.

Además, resulta importante señalar que se debe privilegiar, en todo momento, el derecho pleno a la tutela jurisdiccional intrapartidista a la parte actora, lo cual se garantiza con la posibilidad de emitir una decisión más allá del plazo fijado en la Convocatoria de mérito, que no podría ser obstáculo, para en su caso, restituir el derecho que presuntamente se afirma le fue vulnerado al actor.

Criterio que también ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.18/2010, de rubro: “INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS Y RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA”[9].

Esto no implica que la acción intentada por la actora no pueda ser atendida, ya que existe una instancia previa que resulta idónea, apta, suficiente y eficaz mediante la cual pueden tutelarse los derechos político-electorales que considera vulnerados, a la que debe ser reencauzada.

Lo anterior encuentra sustento, en la interpretación funcional del artículo 75 del Reglamento Interno de este tribunal[10], el cual señala que una decisión de reencauzamiento no implica la improcedencia de la demanda, toda vez que con dicha actuación se preserva la materia de la controversia[11].

En el caso concreto, la actora señala como agravio el procedimiento interno de selección de candidaturas a las diputaciones locales de Puebla realizada por la comisión permanente estatal, especialmente por lo que ve al distrito local electoral IX y la consecuente designación realizada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en las providencias SG/296/2021, ya que -a su consideración- transgredió los principios de imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia y legalidad y considera que tal designación no está debidamente fundada y motivada.

Aunado a lo anterior, la actora refiere que también le causa agravio las Providencias SG/233/2021, ya que carecen de fundamento y motivación para determinar la ampliación del registro, al solo precisar lo relativo al cumplimiento de requisitos legales y estatutarios.

Justifica que acude en salto de instancia, porque el agotamiento de un recurso ante el partido, incluso en la jurisdicción local, podría generar una merma en sus derechos y volverlos irreparables.

Debe señalarse que la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones locales ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla será del veintinueve de marzo al once de abril, órgano que deberá revisarlas y aprobar las que sean procedentes a más tardar el tres de mayo para iniciar el periodo de campañas que transcurrirá del cuatro de mayo al dos de junio[12].

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal Electoral establece que es procedente el salto de instancia cuando los derechos cuya protección se pide pueden afectarse o extinguirse en caso de recurrir a las instancias ordinarias[13].

Sin embargo, esta Sala Regional considera que en el caso concreto no puede exentarse a la actora de cumplir la definitividad, pues sus argumentos resultan insuficientes para justificar que no debe agotar la instancia partidista y, eventualmente, la jurisdiccional local.

Lo anterior, pues no se advierte riesgo de irreparabilidad de los derechos de la actora; asimismo, atendiendo las fechas mencionadas, particularmente que el inicio de campañas en el estado de Puebla será el cuatro de mayo, se estima que tampoco se actualiza un riesgo de merma de sus derechos.

Por tanto, existe tiempo suficiente para que, en un principio, la controversia sea analizada y resuelta por la instancia partidista.

Además, es criterio de este Tribunal Electoral[14] que los actos intrapartidistas, por su naturaleza, son reparables; es decir, la irreparabilidad no opera en los actos y resoluciones emitidos por los partidos políticos, sino solo en aquellos derivados de alguna disposición constitucional o legal.

Lo anterior es conforme a la jurisprudencia 45/2010 de la Sala Superior de rubro REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD[15], la cual establece que aun la finalización del plazo para solicitar el registro de candidaturas, no genera la imposibilidad de reparar cualquier irregularidad que hubiese tenido lugar en el procedimiento de selección de candidaturas de los partidos.

Esto no implica que la acción intentada por la actora no pueda ser atendida, ya que existe una instancia previa que resulta idónea, apta, suficiente y eficaz mediante la cual pueden tutelarse los derechos político-electorales que considera vulnerados, a la que debe ser reencauzada.

En atención a lo expuesto, a juicio de esta Sala Regional no se actualiza algún supuesto de excepción que permita acudir ante esta instancia directamente y debe privilegiarse el agotamiento de la cadena impugnativa previa, sin que el tiempo de su resolución pueda generar alguna merma o posible extinción del derecho cuya protección solicita la actora.

La determinación de esta Sala Regional no significa desechar la demanda de la actora, por incumplir el principio de definitividad, ya que la Comisión de Justicia es una instancia idónea, apta, suficiente y eficaz para tutelar el derecho político-electoral que considera vulnerado, por lo que debe reencauzarse a dicha instancia[16].

De esta forma, el reencauzamiento no es un formalismo que retrasará la impartición de justicia; por el contrario, es un instrumento que puede reparar desde la primera instancia los derechos que la actora considera vulnerados.

Así, tienen plena eficacia las distintas esferas de solución de controversias (partidista, local y federal) establecidas en la Constitución, sin restar, en perjuicio de la promovente, dos instancias de acceso a la justicia.

En efecto, los artículos 41 párrafo tercero, Base I de la Constitución, así como 5, párrafo 2 y 34 de la Ley General de Partidos Políticos establecen el principio de mínima intervención estatal en la vida intrapartidista, mientras que los artículos 1 párrafo 1 inciso g), 40 párrafo 1 inciso h), 43 párrafo 1 inciso e) y 47 párrafo 2 del de la normativa citada imponen a los partidos políticos el deber de establecer un órgano de decisión colegiada, responsable de la justicia intrapartidaria, al que se debe acudir antes que a las instancias jurisdiccionales del Estado.

Además, los artículos 41 Base VI y 116 fracción IV incisos c) y l) de la Constitución establecen que los estados deben garantizar en su legislación interna la existencia de autoridades jurisdiccionales locales que resuelvan las controversias en materia electoral mediante un sistema de medios de impugnación que permita revisar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones en esta materia.

Así, en caso de no resultar satisfactoria la decisión de la Comisión de Justicia, además de la instancia jurisdiccional local, la actora puede de acudir a esta Sala Regional a fin de proteger sus derechos político-electorales.

En ese sentido, en los artículos 119 y 120 de los Estatutos Generales del PAN, se prevé que la Comisión de Justicia es el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de controversias como las derivadas de:

a)    Las comisiones organizadoras electorales de selección de candidaturas a cargos de elección popular.

b)    Por los órganos de dirigencia nacional, estatales y municipales.

c)     De las controversias surgidas entre las personas precandidatas y candidatas a la dirigencia nacional y/o estatal, antes, durante y después del proceso de renovación correspondiente.

Asimismo, se establece que asumirá las atribuciones en materia jurisdiccional dentro de los procesos internos de selección de candidaturas y conocerá de las controversias derivadas de actos y resoluciones emitidos por las comisiones organizadoras electorales y, entre otras, por las Comisiones Permanentes Estatales.

Así, la Comisión de Justicia es competente para resolver las cuestiones señaladas por la actora, debido a que tiene facultades para conocer y resolver las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna del PAN relacionadas con la selección de las personas que serán postuladas como candidatas y, en consecuencia, para conocer la impugnación contra los actos de los que se considere vulnerados la actora.

Por tanto, es evidente que existe una instancia partidista que, en principio, es eficaz para que, en caso de tener razón, la actora logre su pretensión.

Por ello, con la finalidad de hacer efectivo su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva[17], lo procedente es reencauzar este medio de impugnación a la Comisión de Justicia para que lo resuelva a través del medio de impugnación establecido en los Estatutos Generales del PAN, ante una eventual respuesta desfavorable o que afecte a sus intereses, podría acudir ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Debe precisarse que este reencauzamiento no prejuzga el cumplimiento de los requisitos de procedencia respectivos, ya que esa decisión corresponde a la Comisión de Justicia, pues es el órgano competente para resolver el medio de impugnación[18].

Ahora bien, esta Sala Regional considera que la Comisión de Justicia debe resolver el medio de impugnación en un plazo que no podrá exceder de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la notificación de este acuerdo y notificar su determinación a la actora dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que ello ocurra, lo cual es razonable en atención a la controversia planteada y con la finalidad de que -de ser el caso- se puedan agotar las instancias respectivas. Debiendo informar a esta Sala Regional dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, remitiendo los documentos que acrediten el cumplimiento de esta resolución.

Esto, en el entendido de que la Comisión de Justicia resolverá en plenitud de atribuciones, considerando en lo posible, las medidas pertinentes para proteger la salud e integridad de las personas que intervienen en la tramitación e instrucción del medio de impugnación de la actora en función de la situación sanitaria que prevalezca en los estados involucrados en las actuaciones que deban realizarse.

Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala que, para cumplir lo acordado, remita a la Comisión de Justicia la demanda de la actora, previa copia certificada que del mismo se integre al expediente y demás trámites correspondientes.

Asimismo, se advierte que a la fecha en que se emite el presente acuerdo, continúa transcurriendo el plazo relacionado con el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios, por lo que, en caso de recibir cualquier documentación relacionada con este asunto, sin que medie actuación alguna deberá remitirse a la Comisión de Justicia, previa copia certificada que quede en el expediente.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

A C U E R D A:

PRIMERO. No ha lugar a conocer este Juicio de la Ciudadanía.

SEGUNDO. Reencauzar este medio de impugnación a la Comisión de Justicia, en los términos precisados en este acuerdo.

Notificar por correo electrónico a la actora[19] por oficio, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y a la Comisión de Justicia; y por estrados a las demás personas interesadas.

Devolver las constancias que correspondan y, en su oportunidad, archivar este asunto como definitivamente concluido.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados, ante la secretaria general de acuerdos quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el acuerdo general 3/2020 de la Sala Superior, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se emitan con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.