JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SCM-JDC-2196/2021, Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: REYNA FUENTES CASTAÑEDA Y OTRAS PERSONAS

PARTE TERCERA INTERESADA: NANCY RAMÓN ALCANTAR Y OTRAS PERSONAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIADO: JUAN CARLOS CLETO TREJO Y OMAR ENRIQUE ALBERTO HINOJOSA OCHOA[1]

Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil veintiuno[2].

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, en sesión pública, resuelve los juicios identificados al rubro, en el sentido de modificar la sentencia impugnada, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

De los escritos de demanda, de las constancias que integran los expedientes, así como de los hechos notorios para esta Sala Regional[3], se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Contexto

1. Inicio del proceso electoral y jornada electoral. El siete de septiembre del año dos mil veinte inició el proceso electoral local en el estado de Morelos para elegir a las personas integrantes de los Ayuntamientos y del Congreso local.

2. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otras, a las personas integrantes del Ayuntamiento.

3. Cómputo municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal llevó a cabo el cómputo municipal correspondiente a la elección de integrantes del Ayuntamiento, mismo que concluyó el inmediato día once, declarándose la validez de la elección y otorgando la constancia de mayoría a la planilla postulada por MORENA, integrada por Rodrigo Luis Arredondo López y Norberta Ceballos Neri, como presidente y síndica municipales propietario y propietaria, respectivamente.

4. Asignación de regidurías. El trece de junio, el Consejo Estatal emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/361/2021, mediante el cual llevó a cabo la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de integrantes el Ayuntamiento y ordenó la entrega de las respectivas constancias de asignación, en los siguientes términos.

II. Instancia jurisdiccional local.

1. Medios de impugnación locales. A fin de controvertir los resultados del cómputo llevado a cabo por el Consejo Municipal y el acuerdo de asignación de regidurías emitido por el Consejo Estatal, diversos partidos políticos y personas candidatas promovieron sendos recursos de inconformidad y juicios de la ciudadanía, ante el Tribunal responsable.

2. Sentencia impugnada. El quince de septiembre, el Tribunal local resolvió los medios de impugnación referidos en el numeral que antecede determinando, en esencia:

          acumular los juicios identificados con la clave TEEM/JDC/1379/2021-2 y acumulados al expediente TEEM/JDC/1374/2021-2, dada la conexidad de la causa.

          sobreseer parcialmente el juicio de la ciudadanía local promovido por Guillermo del Valle Reyes, respecto de los agravios dirigidos a controvertir los Lineamientos aplicados en la asignación de regidurías, al estimar que la impugnación resultaba extemporánea.

          modificar el cómputo municipal de la elección de presidencia y sindicatura del Ayuntamiento y, al no existir cambio de ganador, confirmó la validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría relativa.

          dejar sin efectos la asignación de regidurías integrantes del Ayuntamiento llevada a cabo por el Consejo Estatal y, en plenitud de jurisdicción, realizó la asignación correspondiente y ordenó al Consejo Estatal que entregara las constancias de asignación respectivas, en los siguientes términos:

III. Juicios de la ciudadanía federales.

1. Demandas. Del diecinueve al veintiuno de septiembre, la parte actora presentó sendos escritos de demanda ante el Tribunal responsable a fin de controvertir la sentencia impugnada, mismas que fueron remitidas a esta Sala Regional del veinte al veinticuatro de septiembre.

2. Recepción y turnos. Una vez recibidas las constancias respectivas en esta Sala Regional, mediante proveídos dictados del veinte al veinticuatro de septiembre, el Magistrado Presidente ordenó integrar los expedientes de los juicios de la ciudadanía que a continuación se precisan y turnarlos a la ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

3. Instrucción. En su oportunidad, el Magistrado instructor, mediante sendos acuerdos ordenó radicar en la ponencia a su cargo los expedientes de los juicios de la ciudadanía indicados en el numeral que antecede; admitir a trámite las demandas, y al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar acordó el respectivo cierre de instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia respectivo.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al ser promovidos por ciudadanos y ciudadanas que, por propio derecho, controvierten la sentencia dictada por el Tribunal local, en la que, entre otras cuestiones, modificó el cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, confirmó la validez de la elección y en plenitud de jurisdicción llevó a cabo la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional; al estimar que tal determinación vulnera su esfera jurídica de derechos.

Supuesto que es competencia de este órgano jurisdiccional electoral y entidad federativa respecto de la cual ejerce jurisdicción, con fundamento en:

Constitución Federal. Artículos 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III, inciso c), y 176, fracción IV.

Ley de Medios. Artículos 3, numeral 2, inciso c) y d); 79, párrafo 1; 80, numeral 1, inciso f); 83, numeral 1, inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017[4]. En el cual se establece el ámbito territorial de esta cuarta circunscripción plurinominal y a la Ciudad de México como su cabecera.

SEGUNDO. Acumulación

En concepto de esta Sala Regional procede acumular los juicios identificados al rubro toda vez que, del análisis de los respectivos escritos de demanda, se advierte que existe conexidad en la causa, ya que en todos los casos se controvierte una misma sentencia dictada por la misma autoridad responsable.

En efecto, la parte actora en los juicios de la ciudadanía indicados al rubro acude ante este órgano jurisdiccional para controvertir la resolución emitida por el Tribunal local al resolver el juicio local con clave de expediente TEEM/JDC/1374/2021-2 y sus acumulados, al estimar, en cada caso, que esa determinación le genera un perjuicio.

En atención a lo anterior, acorde al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta y completa los medios de impugnación y evitar la emisión de resoluciones contradictorias, se estima conducente su acumulación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, de la Ley de Medios; 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 79, del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

En consecuencia, los juicios de la ciudadanía con claves SCM-JDC-2197/2021, SCM-JDC-2198/2021, SCM-JDC-2199/2021, SCM-JDC-2201/2021, SCM-JDC-2246/2021, SCM-JDC-2247/2021 y SCM-JDC-2248/2021, deben acumularse al diverso SCM-JDC-2196/2021, al ser éste el primero en el índice de este órgano jurisdiccional; por lo que se instruye a la Secretaria General de Acuerdos que expida copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente de los medios de impugnación acumulados.

TERCERO. Análisis con perspectiva interseccional

La Sala Regional analizará los planteamientos de las y los promoventes aplicando -en lo conducente- una perspectiva de género pues diversas actoras aducen en sus medios impugnativos que se violó en su perjuicio el principio de paridad de género al dejar de asignarles una regiduría[5].

La perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.

Con relación a ello, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitió el Protocolo[6], señalando que se debe adoptar cuando en un proceso puedan existir situaciones asimétricas de poder, o bien, contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las preferencias/orientaciones sexuales de las personas.

Juzgar con esta perspectiva implica -entre otras cuestiones- reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres[7] -aunque no necesariamente está presente en todos los casos-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo[8].

Esto permite identificar la existencia de distinciones indebidas, exclusiones o restricciones basadas en el género que impidan el goce pleno de los derechos de las personas.

Adicionalmente, considerando que diversas personas promoventes se autoadscriben como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes e indígenas, se aplicará una perspectiva para juzgar a personas pertenecientes a grupos vulnerables a fin de tener en cuenta posibles situaciones de discriminación, vulnerabilidad o violencia que pudieran haber sufrido dichas personas debido a su interseccionalidad, al ser integrantes de dichas comunidades.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el análisis y resolución de un medio impugnativo con perspectiva interseccional no se traduce en que el órgano jurisdiccional esté obligado a resolver el fondo conforme a las pretensiones planteadas, solamente en atención al género o pertenencia a grupo de vulnerabilidad de las partes implicadas, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia para la interposición de cualquier medio de defensa, aunado a los criterios legales y jurisprudenciales que al caso resulten aplicables; ello, ya que las formalidades procesales, así como los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte -en su carácter de órganos terminales- son los mecanismos que hacen posible arribar a una resolución adecuada.

CUARTO. Personas terceras interesadas

Mediante sendos escritos, diversos ciudadanos y ciudadanas, así como el PAN y MORENA -a través de quienes se ostentan como sus respectivos representantes-, se apersonaron a fin de comparecer como personas terceras interesadas en los diversos juicios de la ciudadanía indicados al rubro.

Ahora bien, acorde a las constancias de publicitación remitidas por la autoridad responsable, se desprende que la publicitación de los medios de impugnación se llevó a cabo como se indica a continuación y que los respectivos escritos de comparecencia se presentaron en los términos que se precisan:

En ese sentido, esta Sala Regional considera que debe reconocerse el carácter de terceras interesadas a las personas que comparecen a los respectivos juicios de la ciudadanía, en los términos que se han precisado, toda vez que comparecieron por escrito y en forma oportuna ante el Tribunal local; asentando su firma autógrafa.

Cabe precisar que, por cuanto hace a MORENA y el PAN, los escritos de comparecencia fueron presentados por Armando Hernández del Fabbro y José Rubén Peralta Gómez, quienes se ostentan como sus respectivos representantes ante el Consejo Estatal, calidad que acreditan con sus correspondientes constancias de nombramiento emitidas por el Instituto Electoral local, por lo que debe reconocerse el carácter en la relación jurídico-procesal.

Asimismo, las personas comparecientes formulan su pretensión, lo cual evidencia en cada caso que cuentan con un interés incompatible con el de la respectiva parte actora y cumplen los requisitos previstos en el artículo 17, párrafo 4, incisos a) al g), de la Ley de Medios, en consecuencia, se estima que están en aptitud jurídica de ser parte en el presente juicio, con la calidad de terceras interesadas.

Con la precisión de que, no procede reconocer la calidad de tercero interesado al ciudadano Miguel Ángel Barranco García en el juicio de la ciudadanía identificado con la clave SCM-JDC 2247/2021, toda vez que el escrito por el cual pretendió comparecer con tal carácter carece de su firma autógrafa, por lo que no cumple el requisito previsto en el artículo 17, párrafo cuarto, inciso g) de la Ley de Medios.

Por otra parte, respecto a los escritos de quienes pretenden comparecer como personas terceras interesadas en los juicios de la ciudadanía con claves SCM-JDC-2201/2021 y SCM-JDC-2196/2021, de las constancias de autos se advierte que el escrito fue presentado fuera del plazo establecido por la Ley de Medios, tal como se muestra a continuación:

En ese sentido, esta Sala Regional estima que, en estos casos, no es posible reconocer la calidad de personas terceras interesadas, ya que como ha quedado precisado, el escrito de comparecencia fue presentado fuera del plazo previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, para tal efecto.

QUINTO. Causal de improcedencia.

En su escrito de comparecencia como tercero interesado en el juicio de la ciudadanía con clave SCM-JDC-2196/2021, MORENA hace valer la causal de improcedencia consistente en la falta de afectación a los derechos aducidos por la parte actora; de tal forma que, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, enseguida se procede a su análisis, en términos de lo previsto por los artículos 1, 9 párrafo 3, 10, 11 y 19, párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios.

En efecto, MORENA manifiesta que el juicio de la ciudadanía promovido por Reyna Fuentes Castañeda resulta improcedente, ya que, desde su perspectiva, no existe afectación alguna a su esfera de derechos político-electorales, puesto que la actora no es precisa en señalar en qué consiste la afectación que le genera la determinación emitida por el Tribunal local en la sentencia impugnada.

A juicio de esta Sala Regional la aludida causal de improcedencia debe ser desestimada, en tanto está vinculada de manera directa con el fondo de la cuestión planteada, al tener relación con la pretensión esencial de la actora en el mencionado juicio de la ciudadanía, toda vez que de su escrito de demanda se desprende que controvierte la sentencia impugnada, al estimar que fue indebida la asignación de regidurías que llevó a cabo el Tribunal local, por lo que pretende su revocación.

En razón de lo anterior, es un tema que se estudiará en el fondo del presente asunto donde habrá de dilucidarse si la actora cuenta o no con elementos y razonamientos que apoyen su pretensión.

En tal tesitura, para esta Sala Regional la causal debe ser desestimada, ya que en todo caso el análisis de los agravios expuestos por la actora y su eficacia para controvertir la resolución impugnada, debe ser materia de estudio de fondo.

Sirve de sustento a lo anterior la razón esencial de la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”

SEXTO. Precisión de la parte actora en los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-2197/2021 y SCM-JDC-2199/2021.

El actor Eduardo Barragán Martínez presentó dos escritos de demanda ante la autoridad responsable el mismo día, esto es, ambas dentro del plazo para controvertir la sentencia impugnada, lo cual originó la integración de los juicios de la ciudadanía con claves SCM-JDC-2197/2021 y SCM-JDC-2199/2021, del índice de este órgano jurisdiccional.

Al respecto, es importante tener en cuenta el criterio sustentado por la Sala Superior en la tesis relevante LXXIX/2016, de rubro: PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ELECTORALES. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, CUANDO SE ADUZCAN HECHOS Y AGRAVIOS DISTINTOS[9].

En el citado criterio se explica que, por regla, la presentación de una demanda por los sujetos legitimados activamente cierra la posibilidad jurídica de accionar una diversa a fin de controvertir un mismo acto, y da lugar al desechamiento de las promovidas posteriormente.

No obstante, cuando los planteamientos sean sustancialmente diferentes en cuanto a su contenido y se presenten dentro del plazo legal previsto para ello, por excepción, tal situación no conduce a su desechamiento, por lo que, de reunir el resto de los requisitos de procedencia, resulta viable el estudio de los hechos y agravios vertidos en ellas.

Lo anterior potencializa el derecho de acceso a la justicia y al recurso judicial efectivo de las y los justiciables.

Por tanto, esta Sala Regional estima que, en el caso, es procedente el análisis de los agravios contenidos en ambas demandas, toda vez que cumplen los requisitos previstos en la referida tesis, al expresarse conceptos de agravio distintos en cada uno de los escritos.

Lo anterior aunado a que cumplen los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación, como se analizará en el siguiente apartado.

SÉPTIMO. Requisitos de procedibilidad.

Esta Sala Regional considera que los juicios de la ciudadanía reúnen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 7; 8; párrafo 1; 9, párrafo 1; 79, párrafo 1; y, 80, párrafo 1, de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente:

a) Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito, contienen los nombres y firmas autógrafas de la parte actora; se identifica la sentencia impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que basan su impugnación y los agravios que estimaron pertinentes.

b) Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, puesto que las demandas se presentaron dentro del plazo de cuatro días que establecen los artículos 7 numeral 1 y 8, de la Ley de Medios, como es posible advertir del cuadro que a continuación se inserta, del cual se desprende la fecha en la cual fue notificada a la parte actora la sentencia impugnada y el día en que el respectivo escrito de demanda fue presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal local:

Conforme a los datos precisados, este órgano jurisdiccional advierte que, en todos los casos, los escritos de demanda se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días, por lo que es evidente que se hizo de manera oportuna.

c) Legitimación e interés jurídico. La parte actora se encuentra legitimada para promover los medios de impugnación y cuenta con interés jurídico toda vez que se trata de personas ciudadanas que acuden por su propio derecho y que se ostentan como otrora candidatas y candidatos a diversas regidurías del Ayuntamiento, a fin de controvertir una sentencia dictada por el Tribunal local que, en su concepto, es violatoria de sus derechos político-electorales, específicamente el derecho a ser votadas; razón por la cual se tienen por colmados los requisitos en análisis.

d) Definitividad y firmeza. El requisito se tiene por satisfecho, porque en contra de la sentencia impugnada no procede algún medio de impugnación previsto en la normativa local que deba agotarse previamente.

Así, al haberse cumplido los requisitos de procedibilidad de los juicios y en virtud de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas por la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio de fondo de los motivos de disenso expuestos por la parte actora.

OCTAVO. Estudio de fondo.

A.   SÍNTESIS DEL ACTO IMPUGNADO.

A fin de impugnar el cómputo municipal y la asignación de regidurías, diversas personas y partidos políticos presentaron medios de impugnación, competencia del Tribunal responsable; al respecto, se integraron los siguientes expedientes.

Asimismo, en los señalados asuntos acudieron como terceros interesados el siguiente ciudadano y partidos políticos:

Por otro lado, el Tribunal local llamó a terceras personas a juicio para que tuvieran pleno conocimiento de las impugnaciones presentadas, compareciendo los siguientes:

Sobreseimiento parcial del juicio TEEM/JDC/1443/2021-2

Ahora, en primer término, resulta relevante señalar que en la sentencia impugnada se determinó sobreseer parcialmente la demanda presentada por el ciudadano Guillermo del Valle Reyes (TEEM/JDC/1443/2021-2), puesto que algunos de los agravios que esgrimió en su demanda local se encontraron dirigidos a combatir aspectos relacionados con el procedimiento seguido por las autoridades administrativas electorales del IMPEPAC, al aprobar los Lineamientos de asignación.

Al respecto, la autoridad responsable determinó que los agravios señalados por el actor resultaban improcedentes ya que se dirigieron a combatir vicios en el proceso de creación y falta de legalidad de los lineamientos, aspectos que se consumaron de modo irreparable por no haberse interpuesto el medio de impugnación en el término legal, es decir, dentro del plazo previsto computado a partir de que estos se publicaron.

Asimismo, el Tribunal local consideró que, si bien, el actor impugnó un acto de aplicación de dichos lineamientos (la asignación de regidurías), lo cierto es que la naturaleza de sus motivos de disenso no guardan relación con el proceso de asignación de regidurías, sino con el de la creación de los referidos lineamientos; sumado a que el actor conoció los lineamientos y se sujetó a estos al solicitar su registro para contender a cargos de elección popular.

En ese tenor, el Tribunal local determinó sobreseer la demanda del promovente respecto de los agravios señalados, por lo que solamente estudió los que guardaban relación con el acto de aplicación relativo a la asignación de regidurías en el Municipio.

Estudio de las causales de nulidad invocadas

El Tribunal local, al estudiar las causales de nulidad hechos valer por diversos actores, actoras y recurrentes, solamente consideró declarar fundado el relativo a la existencia de errores en los rubros fundamentales asentados en las actas de la casilla 144 C1, por tanto, al tratarse de un error que no era subsanable y resultaba determinante, la autoridad responsable resolvió anular la votación recibida en dicha casilla.

En ese sentido, al haber anulado la votación recibida en la casilla 144 C1, el Tribunal local procedió a realizar el recómputo de la votación y a asignar las regidurías por el principio de representación proporcional. Lo anterior, previo a que estudiara los agravios por los que se combatió la asignación de regidurías efectuada por el Consejo Estatal.

Al respecto, se determinó que, como lo resolvió el Consejo Municipal, el ganador de la elección seguía siendo MORENA, por lo que se confirmó el otorgamiento de constancias de mayoría en favor de la fórmula para la presidencia y sindicaturas municipales.

Posteriormente, con los nuevos resultados de la votación, el Tribunal local, en plenitud de jurisdicción, procedió a realizar las asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional.

En primer lugar, expuso los porcentajes de acuerdo con la votación total emitida en el municipio, la cual se inserta en la siguiente tabla:

Posteriormente, de conformidad con el artículo 18 del Código local, sumó los votos de los partidos que obtuvieron al menos el 3% tres por ciento de la votación emitida:

Primera Asignación (factor porcentual simple de distribución)

Posteriormente, procedió a obtener el valor porcentual simple de distribución, dividiendo la votación total de los partidos políticos que obtuvieron al menos el 3% (tres por ciento) de la votación, entre las nueve regidurías por distribuir, obteniendo como resultado 6,616.33 seis mil seiscientos dieciséis puntos treinta y tres.

En ese tenor, insertó una tabla por la que representó la primera distribución de regidurías:

Una vez que determinó cuántas regidurías se asignaron en la primer distribución (seis), estimó que aun restaba asignar tres, por lo que procedió a realizar la segunda distribución por el método de resto mayor.

En ese sentido, para distribuir las tres regidurías restantes, las asignó en orden decreciente de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes de aquellos que obtuvieron regidurías con la aplicación del factor porcentual simple de distribución.

En ese sentido, el Tribunal Electoral local determinó asignar, mediante el método de factor simple de distribución, una regiduría al PAN, una a Movimiento Ciudadano, dos a MORENA, una al PES y una al PSD; asimismo, mediante el método de resto mayor, asignó una regiduría al PRI, una a Movimiento Ciudadano y una a MORENA.

Una vez que se asignaron el total de las regidurías, el Tribunal local, con fundamento en el artículo 16, fracción I, del Código local, procedió a verificar que se respetaran los límites de sobre y subrepresentación.

Al respecto, la autoridad responsable consideró que MORENA, al tener tres regidurías, una presidencia municipal y una sindicatura, contaba con cinco integrantes del Ayuntamiento, por lo que se encontraba sobrerrepresentado respecto de la votación que obtuvo en el municipio.

Para realizar lo anterior, el Tribunal local insertó los siguientes cuadros por los que se reflejó la sobrerrepresentación aludida.

En ese sentido, al estimar que MORENA se encontraba sobrerrepresentado, procedió a ajustar tal situación y restar una de sus regidurías para que se asignara al partido Morelos Progresa, partido que tenía el superior resto mayor de votación.

Por tanto, estimó que la repartición de regidurías quedaría de la siguiente manera:

De esa manera, el Tribunal local realizó un ejercicio en donde repartió de manera natural los cargos a las candidaturas conforme a las listas presentadas aprobadas, presentadas por los partidos políticos, resultando de la siguiente manera:

Una vez que realizó la distribución natural, procedió a efectuar los ajustes necesarios para garantizar el principio de paridad de género, así como aplicar las medidas afirmativas sobre personas indígenas y grupos vulnerables.

En ese tenor, acorde al artículo 13 de los Lineamientos de asignación, procedió a verificar cuántas regidurías permanecen del género sobrerrepresentado y las sustituyó por fórmulas del género subrepresentado.

Por tanto, la autoridad responsable razonó que el ayuntamiento, en su corrimiento natural, fue integrado por tres mujeres y ocho hombres, por lo que no existía paridad, en consecuencia determinó que debían sustituirse dos regidurías para ser asignadas a por lo menos dos mujeres, iniciando por el partido que obtuvo la votación más baja en el municipio.

En segundo término, verificó el cumplimiento de las acciones afirmativas sobre candidaturas indígenas, por tanto, de conformidad con el artículo 13 y 27 de los Lineamientos para personas indígenas, procedió a garantizar que las regidurías correspondientes a las posiciones siete, ocho y nueve, fueran ocupadas por indígenas.

Asimismo, razonó que la regiduría de la cuarta posición que se le asignó al PAN, al tratarse de una postulación indígena, se dejaría intocada, sin embargo, determinó que debían asignarse dos regidurías más a personas indígenas, ajustando la lista presentada por los partidos políticos de las posiciones ocho y nueve, es decir, de Movimiento Ciudadano y de Morelos Progresa.

En ese tenor, determinó que los ciudadanos a los que de manera natural les correspondía la novena regiduría, Eduardo Olegario Juárez Cárdenas y Ángel Martín Barreta Aguilar, postulados por Morelos Progresa, debían ser sustituidos por las mujeres indígenas que dicho instituto político postuló, es decir, por Xóchitl Tepoztlán Palacios y María Luisa Baizano Tecolote, quienes ocuparon la octava posición en la lista de regidurías postuladas por ese partido.

Posteriormente, determinó que las ciudadanas a las que de manera natural les correspondía la octava regiduría, Yuliana Trujillo Chávez y Mariana Margarita Delgado Gallegos, postuladas por Movimiento Ciudadano, debían ser sustituidas por mujeres indígenas[10], por tanto, el Tribunal local optó por designar a las mujeres indígenas que se encontraban en la cuarta posición de la lista propuesta por ese instituto político, es decir, por Yessenia Guadalupe Anota Trejo y Alma Belem Lara Cortes.

Finalmente, determinó sustituir a los ciudadanos Guillermo del Valle Reyes y Julián Reyes Salazar Sandoval, postulados por el PRI, a los que de manera natural les correspondía la séptima regiduría, por Nancy Ramón Alcantar y Rosa María Bonfil Quiroz, mujeres postuladas por ese partido.

Ahora, no escapó del análisis del Tribunal local la aplicación de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables; al respecto, razonó que, de conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos de asignación de dichos grupos -aprobados mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021-, al menos una regiduría debería estar conformada por personas que pertenezcan a esos grupos; por tanto, si la ciudadana postulada por MORENA, Carmen Genis Sánchez formaba parte de un grupo vulnerable, por ser mayor de sesenta años, y fue designada como segunda regidora propietaria, razonó que no resultaba necesario hacer ajuste alguno, pues ya se cumplía con la acción afirmativa señalada.

En conclusión, en la sentencia impugnada se determinó que la conformación del Ayuntamiento quedaría de la siguiente forma:

Finalmente, el Tribunal local razonó que el Ayuntamiento cumplía con integración paritaria ya que se designaron a cinco mujeres y seis hombres; además, se cumplió con la acción afirmativa indígena, dado que las regidurías cuatro, ocho y nueve, fueron ocupadas por indígenas; asimismo, la segunda regiduría propietaria fue ocupada por una mujer adulta mayor, cumpliéndose así la acción afirmativa dirigida a grupos vulnerables.

Posteriormente, el Tribunal local estudió los agravios de las partes relacionado con la distribución de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Estatal.

Estudio respecto de los agravios relacionados con distribución de regidurías.

a.     Derecho del PT a que se le asignara una regiduría a pesar de no haber alcanzado el 3% tres por ciento de la votación emitida. (TEEM/JDC/1379/2021-2, TEEM/JDC/1380/2021-2, TEEM/JDC/1447/2021-2 y TEEM/RIN/78/2021-2)

Los actores consideraron que el PT tenía derecho a que se le asignaran regidurías a pesar de no haber alcanzado el 3% tres por ciento de la votación emitida, puesto que los artículos 18 y 19 del Código local, no establecen que dicha regla opere para regidurías, sino que solo se establece que para que se asignen diputaciones debe de tenerse una votación superior al 5% cinco por ciento (artículo 16 del Código local).

Asimismo, señalaron que resultaba aplicable lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 42/2017.

Por tanto, consideran que la regiduría que se asignó al PSD por el método de resto mayor le correspondía al PT.

Al respecto, el Tribunal local declaró infundados los agravios de la parte actora, ya que, si bien el artículo 18 del Código local no establece una limitante para que aquellos partidos que obtuvieron al menos el 3% tres por ciento de la votación no tengan derecho a ocupar un espacio en el Ayuntamiento, lo cierto es que dicho precepto normativo prevé el siguiente procedimiento para la repartición de regidurías:

“Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos el tres por ciento del total de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente; el resultado se dividirá entre el número de regidurías por atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución, asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores alcance hasta completar las regidurías previstas.”

En ese tenor, la autoridad responsable resolvió de inoperante el agravio ya que, acorde a dicha norma, la asignación se realizará tomado en cuenta un factor porcentual simple de distribución con la suma de los partidos que obtuvieron al menos el 3% tres por ciento de la votación total en el Ayuntamiento, aspecto que imposibilita que los partidos que obtuvieron un menor porcentaje, como lo es el PT[11], pueda acceder a la asignación de regidurías.

Asimismo, la autoridad responsable razonó que tampoco tendría derecho a una regiduría en la segunda asignación por resto mayor (de las tres restantes por repartir), puesto que hubo tres partidos políticos cuyo resto mayor resultaba superior a los resultados del Partido del Trabajo

b.    Desconocimiento de su calidad indígena (TEEM/JDC/1525/2021-2).

La actora indicó que se registró como candidata con adscripción a un grupo indígena; sin embargo, en la asignación, si bien le correspondió la novena regiduría, el Consejo Estatal modificó la lista al considerar que no se cumplió con dicha cuota y se otorgó a alguien más (Reyna Fuentes Castañeda).

Se duele de que el partido que la postuló (PSD) no agregara su constancia de autoadscripción indígena y que nunca se le notificó la improcedencia de su constancia.

El Tribunal local declaró los agravios de la actora cuya fórmula fue sustituida por una integrada por mujeres indígenas como fundados pero inoperantes.

Lo anterior, al considerar que, si bien el partido que la postuló (PSD) omitió registrarla ante el IMPEPAC con la constancia a través de la cual pretendió acreditar su candidatura indígena, lo cierto es que la aprobación del registro de la planilla de candidaturas integrantes del Ayuntamiento, postulada por ese partido, fue emitida mediante acuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/012/202, de diez de abril.

Por tanto, la autoridad responsable razonó que la actora dejó de inconformarse del acuerdo señalado, mismo que se le notificó desde el dieciséis de abril, de ahí que no resultara válido impugnar su incorrecto registro hasta que se asignaran las regidurías.

Sumado a lo anterior, el Tribunal local refirió que, en atención al orden de prelación de la lista de candidaturas presentada por el PSD, no le corresponde una regiduría.

Finalmente, por lo que hizo al planteamiento de la ciudadana Reyna Fuentes Castañeda, tercera llamada a juicio, la autoridad responsable lo calificó de inoperante, puesto que, si bien el Consejo Estatal asignó dos regidurías al PSD, lo cierto es que dicha asignación quedó sin efectos, por lo que de la asignación realizada por el propio Tribunal local se advierte que solo le correspondió una regiduría, la registrada en el primer lugar de la lista.

c.     Al partido Encuentro Solidario solo le debió corresponder una regiduría de forma natural, sin acciones afirmativas (TEEM/JDC/1408/2021-2, TEEM/JDC/1424/2021-2, TEEM/JDC/1427/2021-2, TEEM/JDC/1428/2021-2 y TEEM/RIN/63/2021-2)

Indebida sustitución de regiduría

La parte actora señaló que el acuerdo de designación de regidurías no estaba debidamente fundado y motivado, ya que no se dieron razones para sustituir a la primera regiduría por la sexta.

Por otro lado, señalaron que en los artículos 20 y 27 de los lineamientos para grupos vulnerables, se indica que el procedimiento para cumplir con las acciones afirmativas descansa en modificar el orden de las listas empezando por el partido de menor votación de forma ascendente y una vez cumpliendo con la acción afirmativa de personas indígenas continuar con el de los grupos vulnerables.

Por tanto, adujeron que, al no pertenecer a grupo vulnerable, se les afectaron sus derechos, aspecto que trastocó el propósito de las acciones afirmativas, ya que se vulneraron más derechos de los que se debían proteger; además, indicaron que modificar el orden de las listas que ya fueron votadas trastoca la voluntad popular depositada en las urnas.

Asimismo, consideraron que el ajuste que los privó de ser asignados debió realizarse a Movimiento Ciudadano, ya que ese partido cumplía con el requisito respectivo, de conformidad con el acuerdo por el que se aprobó su registro, en el que postuló a diversas personas pertenecientes a grupos vulnerables.

En otro orden, indicaron que no les fue asignada una regiduría a pesar de que obtuvieron el 9.25% nueve punto veinticinco por ciento de la votación emitida, por lo que el Consejo Estatal debió modificar las listas en orden ascendente y tomar como punto de partida a partidos que obtuvieron menor votación, es decir, Movimiento Ciudadano.

Señalaron que el PRI y Movimiento Ciudadano no cumplieron con acciones afirmativas en la postulación de candidaturas.

No se respetó el artículo 20 de los lineamientos para grupos vulnerables, dado que no se realizaron acciones necesarias para cumplir con acciones afirmativas, además, en la norma no se advierte que si un apersona es joven, además tenga que cumplir con pertenecer a otro grupo vulnerable.

Violación a paridad de género.

La actora indicó que en la asignación de regidurías no se respetó el principio de paridad de género, puesto que las primeras cuatro regidurías fueron integradas por hombres, por lo que el Ayuntamiento se integró con cinco hombres y cuatro mujeres, es decir, fueron más hombres que mujeres.

Por otro lado, señaló que, si bien ella no fue postulada como perteneciente a un grupo vulnerable, lo cierto es que al asignarle el cargo al partido que la postuló se recorrió y se saltó su lugar en la lista para otorgarle el cargo a un hombre por pertenecer a este grupo.

Verificación de sobrerrepresentación previo a la paridad de género (argumento esgrimido en una Ampliación de demanda local)

Por otro lado, consideró que el Consejo Estatal aplicó indebidamente la sobrerrepresentación seguida de la paridad de género y los grupos (personas) indígenas, aspecto que resulta errado y que, en consecuencia, la quinta regiduría le correspondía al PES, sumado a que ella pertenece a la comunidad indígena de Cuautlixco.

Indebida asignación de regidurías de grupos vulnerables

Señalaron que el Consejo Estatal omitió asignar a los grupos vulnerables en las últimas regidurías; al respecto, la actora del TEEM/JDC/1427/2021-2, indica que la acción afirmativa corresponde a la regiduría siete y en su caso a la seis, pero nunca a la cinco; por su parte, el actor del TEEM/JDC/1428/2021-2 inicia que la acción afirmativa corresponde a la regiduría seis, pero nunca a la cinco.

Dichas personas actoras señalaron que les correspondía una regiduría ya que, la actora del TEEM/JDC/1427/2021-2, pertenece a la comunidad indígena Cuautlixco, y el actor del TEEM/JDC/1428/2021-2, es joven; además, refirieron el marco normativo que debe aplicarse sobre la sub y sobrerrepresentación.

Para el PES (TEEM/RIN/63/2021-2) la acción afirmativa a grupos indígenas debió aplicarse a la regiduría siete, además de que le corresponde a la fórmula encabezada por Miguel Ángel Barranco García.

Lo anterior ya que, de conformidad con el artículo 27 de los Lineamientos para personas indígenas, se debía reservar las regidurías 7, 8 y 9 para cumplir con la cuota de tres indígenas en el Ayuntamiento.

Asimismo, acorde al artículo 22 de los Lineamientos para grupos vulnerables, la regiduría seis debía reservarse para cumplir con dicho grupo.

Finalmente, estimaron indebido que el Consejo Municipal no haya remitido al Consejo Estatal los paquetes electorales el día séptimo posterior al cómputo, de acuerdo con el Código local.

Respecto de los agravios esgrimidos por Celia Gandarilla Mercado y Dulce Anahí Pamos Martínez, así como le partido Encuentro Solidario, el Tribunal local los declaró inoperantes, ya que, en primer lugar, ellas ocupaban la posición número dos de la lista de regidurías, como propietaria y suplente, respectivamente, sumado a que el Partido Encuentro Solidario no estaba obligado a cumplir con una acción afirmativa para grupos vulnerables, por lo que la asignación no les correspondía.

Asimismo, se declaró inoperante el agravio de Víctor Yamil Salgado Taboada, ya que, si bien es un joven de veinte años, el partido político que lo postuló no tenía la obligación de cumplir con acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables.

Por otro lado, respecto de los agravios de Eduardo Barragán Martínez e Ignacio Roberto Hernández Álvarez, la autoridad responsable los calificó de inoperantes, ya que, si bien pertenecen a un grupo vulnerable, lo cierto es que en el caso se debió respetar la prelación de la planilla postulada por el PES de forma natural.

Finalmente, calificó de fundados los agravios de los ciudadanos Miguel Ángel Barranco García y José de Jesús Ortiz Violante, dado que la fórmula que integraron se encontraba en la primera posición de la lista propuesta por el partido político, por lo que les correspondió una regiduría, aspecto que se previó al realizarse la asignación de regidurías respectiva.

d.    Al PRI le corresponde una regiduría y esta debe observar la paridad de género. (TEEM/JDC/1443/2021-2)

Indebido corrimiento de la lista para cumplir con paridad.

El actor alegó que se trasgredió su derecho a ser votado al recorrer la lista para cumplir con el principio de paridad de género, pues dicho principio agotó su vigencia al momento en que se designaron las candidaturas.

Por otro lado, señaló que, para garantizar efectivamente los derechos de los grupos vulnerables, se debieron modificar las listas de los partidos con más votos, de lo contrario se colocaría a las mujeres en lugares que obtuvieron partidos minoritarios, dejándolas en un mayor estado de vulnerabilidad sin que accedan efectivamente a estructuras de poder.

Derecho a ser designado al ganar votos directos.

Por otro lado, señaló que él encabezó el proyecto del partido que lo postuló, (además de como regidor, también se le postuló como Presidente Municipal) por lo que si la población lo votó se le debería otorgar una regiduría.

El Tribunal local declaró infundados los agravios esgrimidos por Guillermo del Valle Reyes, al razonar que los Lineamientos de asignación de regidurías contemplaban lo siguiente:

        Tanto en la postulación como en la asignación de regidurías se debe observar el principio de paridad de género.

        Los ajustes para garantizar el principio de paridad de género y las acciones afirmativas indígenas deben comenzar con el partido que recibió menor porcentaje de votación.

Asimismo, declaró inoperante el agravio por el que dicho actor indicó que al haberse postulado también como Presidente Municipal fue su proyecto el que generó votos a favor del PRI; lo anterior ya que no tiene ninguna relación el hecho de que el actor haya ocupado un cargo de mayoría relativa con el hecho de que no se le asignó una regiduría por el principio de representación proporcional, puesto que, en todo caso, los votos que recibió solo sirvieron para obtener el porcentaje de votación del PRI dentro del Ayuntamiento.

Sumado a lo anterior, la autoridad responsable indicó que el actor no fue postulado como candidato indígena, inclusive señaló que no pertenecía a una comunidad indígena, por lo que su agravio se tornaba inoperante.

De ahí que no bastó que el actor exhibiera una constancia que, a su parecer, acreditaba su autoadscripción indígena, así como el acuse de recibo que demostraba que dicha constancia fue recibida ante el IMPEPAC el doce de junio, fecha posterior a la aprobación de registros de candidaturas, puesto que tales aspectos no acreditan que hubiera presentado una solicitud a un cargo indígena ante el PRI.

Finalmente, el Tribunal local declaró fundados los agravios de Nancy Ramón Alcántar y Rosa María Bonfil Quiroz, dado que la regiduría del PRI corresponde a una candidatura compuesta por mujeres, de ahí que es ajustado a derecho que se recorrieran los lugares de la lista para que se asignara a las mujeres que ocupaban la segunda posición de la planilla.

e.     A Movimiento Ciudadano le corresponden dos regidurías, una de forma natural y otra en donde se apliquen paridad de género y acciones afirmativas para indígenas (TEEM/JDC/1453/2021-2)

Señaló la parte actora que pertenece al grupo vulnerable de personas con discapacidad y que no fue registrado de esa forma; asimismo, indica que el Consejo Estatal, al no otorgarle una regiduría, dejó de observar el artículo 15 BIS de los Lineamientos para grupos vulnerables.

El Tribunal local declaró inoperante el agravio de Eulalio García Hernández, por el que manifiesta pertenecer a un grupo vulnerable y que no fue registrado de esa forma; lo anterior ya que el artículo 14 de los Lineamientos para grupos vulnerables establece que las personas con discapacidad que deseen ser registradas en ese grupo deberán presentar una certificación médica expedida por una institución de salud pública.

Asimismo, por la posición de la lista y los votos obtenidos por Movimiento Ciudadano, se desprende que no existía obligación de que sus regidurías fueran ocupadas por una persona perteneciente a un grupo vulnerable, sino que correspondió, la primer repartición, a la primera regiduría de la lista, y a la segunda, a una fórmula de mujeres indígenas.

Además, el actor se encontraba en la posición número tres de la planilla postulada por Movimiento Ciudadano, mientras que el espacio reservados para personas con discapacidad era el correspondiente a la posición número nueve.

Por otro lado, el Tribunal local calificó al argumento de Yuliana Trujillo Chávez como inoperante, ya que la asignación de regidurías realizada por el Consejo Electoral quedó sin efectos, sumado a que en la asignación realizada por el propio órgano jurisdiccional responsable, la segunda regiduría asignada a Movimiento Ciudadano por resto mayor debe cumplir con la acción afirmativa para personas indígenas, así como paridad de género.

De ahí que a pesar de que la actora es mujer y pertenece a un grupo vulnerable, tal aspecto no implicaba que se le tuviera que asignar una regiduría, puesto que, como se señaló, estaba reservada para mujeres indígenas.

f.       MORENA tiene derecho a la asignación de dos regidurías. (TEEM/JDC/1477/2021-2)

La actora argumentó que los principios de sobre y subrepresentación son contrarios a la representación proporcional en la integración de los Ayuntamientos, por lo que pidió la inaplicación del artículo 18 del Código local.

Asimismo, indicó que si bien fue postulada por MORENA, no se le reconoció el derecho de asignación de regidurías al PAN y al Partido Verde Ecologista de México.

La autoridad responsable declaró fundado el agravio de Carmen Genis Sánchez, por lo que respecta a que el Consejo Estatal no respetó su derecho a la asignación a una regiduría; lo anterior ya que a MORENA se le debieron asignar dos regidurías, aspecto que no trastoca los límites de sobrerrepresentación.

B.   SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

La parte actora señala que el Tribunal responsable llevó a cabo un indebido análisis de los límites de sobre y subrepresentación, ya que no debió tomar en consideración para tal efecto a la presidencia y sindicatura del Ayuntamiento, al ser figuras electas por el principio de mayoría relativa, por lo que únicamente debió considerarse a las regidurías asignadas por el principio de representación proporcional.

Asimismo, señala la parte actora en el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2198/2021, que el Tribunal local debió valorar si era factible emplear la fórmula aplicada para verificar la sobre y subrepresentación, toda vez que la Constitución federal no establece un porcentaje determinado para la regulación del principio de representación a nivel municipal, puesto que las legislaturas locales son las que determinan la inclusión de dicho principio en los Ayuntamientos, por lo que estima que el artículo 18, del Código local es inconstitucional.

La parte actora estima que si bien MORENA obtuvo un factor porcentual simple de distribución suficiente para que se le asignaran dos regidurías, lo cierto es que a fin de proteger el derecho de acceder al cargo por parte de las candidaturas de los partidos políticos minoritarios, debe retirársele una candidatura pues, al haber ganado los cargos por el principio de mayoría relativa (presidencia y sindicatura) dicho instituto político se encuentra rebasando los límites de sobrerrepresentación.

En ese sentido, alegan que, como en su momento lo estimó el Instituto local, a MORENA únicamente le correspondía una regiduría, de lo contrario contaría con cuatro cargos al interior del Ayuntamiento, cuestión que revela su sobrerrepresentación al interior del cabildo.

La actora del juicio ciudadano SCM-JDC-2198/2021 aduce que el artículo 13, fracción I, incisos a, b, c y d, de los Lineamientos de asignación, señala que para cumplir el principio de paridad de género así como las acciones afirmativas a favor de personas indígenas, los ajustes al corrimiento natural de las listas de candidaturas a regidurías postuladas por los partidos políticos deben empezar por el instituto político de menor votación de forma ascendente, cumpliendo primeramente con personas indígenas y posteriormente los grupos vulnerables.

Desde su perspectiva, tal cuestión transgrede el principio de paridad de género y de igualdad, ya que ello privilegia a los partidos políticos con mayor votación, puesto que solo a estos se les respeta el orden de prelación de las planillas registradas.

Asimismo, aduce que configura un acto de violencia de género el hecho de que los Lineamientos de asignación consideren que los partidos minoritarios sean los que tengan que cumplir el principio de paridad de género, por tanto, estima que dichos lineamientos deben declararse inconstitucionales ya que vulneran los principios de igualdad y paridad de género.

Finalmente, estima que el hecho de que el Ayuntamiento esté integrado por cinco hombres y cuatro mujeres no beneficia al género femenino, aunado a que si la responsable hubiera tomando en cuenta el principio de alternancia le hubiera correspondido ocupar la sexta regiduría al ser mujer.

Por otro lado, el actor del juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2201/2021, señala que el Tribunal local interpretó de manera incorrecta el principio de paridad de género previsto en los Lineamientos de asignación, en particular el artículo 13, fracción I, que establece que, una vez asignadas las regidurías de manera natural, si no se logra la integración paritaria de los ayuntamientos, se sustituirán las regidurías necesarias comenzando por el partido que recibió el menor porcentaje de votación.

El actor estima que la autoridad responsable no consideró que esto tiene un impacto negativo en la participación de las mujeres, ya que la inclusión de mujeres solo se encuentra en los partidos con menor votación, como una forma de sanción, por lo que, en su concepto, la interpretación debe dirigirse a que el ajuste de paridad de género se aplique en los partidos políticos con mayor votación y no de los partidos con menor votación.

Por otro lado, la actora cuya demanda motivó la integración del expediente SCM-JDC-2247/2021, se duele de que el acto impugnado vulnera su derecho a ser votada, ya que, aun siendo mujer, la autoridad responsable la sustituyó por otra mujer registrada como candidata indígena a fin de cumplir la acción afirmativa, sin respetar el orden de prelación de la lista, vulnerando el principio de certeza.

Además, indica que Movimiento Ciudadano no fue el partido político con menor votación de todas las opciones políticas, por lo que los ajustes a las listas no debía realizarse a dicho instituto político.

Por tanto, aduce que la autoridad responsable, al aplicar el artículo 27, de los Lineamientos para personas indígenas, cometió un acto inconstitucional, pues vulneró el orden de prelación de la lista del partido político que la postuló, sumado a que la acción afirmativa se colmó al momento del registro de las candidaturas.

Así, estima que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 27 de los Lineamientos para personas indígenas, puesto que resulta excesivo que, al establecer acciones afirmativas con posterioridad al día de la jornada electoral, se permita la designación de fórmulas ubicadas en una posición inferior a las personas que se encuentran primero en el orden de prelación de la lista respectiva, cuestión que vulnera el principio de certeza, que exige conocer los lineamientos y procedimientos que regirán el proceso electoral antes de la jornada electoral.

Además, señala que en la acción de inconstitucionalidad 139/2020, emitida por la SCJN, se invalidaron diversas disposiciones del Código Electoral local que fueron la base en la cual se sustentaron y emitieron los Lineamientos para personas indígenas, por lo que estos resultan inconstitucionales.

Indica el actor que resulta indebido que la segunda regiduría que se le asignó a MORENA, y la cuarta regiduría, asignada al Partido Acción Nacional, le correspondieran a personas pertenecientes a un grupo vulnerable y a indígenas; lo anterior en razón de que, acorde a los Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas, al municipio del Cuautla, le correspondían la asignación de tres personas pertenecientes al grupo vulnerable de indígenas en las sétima, octava y novena regidurías, y no en la segunda y cuarta, como aconteció en el caso.

Por tanto, estima que se le debe asignar una regiduría ya que él, al pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+, también forma parte de un grupo vulnerable.

Asimismo, el actor alega que la autoridad responsable realizó una incorrecta interpretación a las acciones afirmativas contenidas en los Lineamientos para grupos vulnerables, toda vez que determinó asignar a una mujer adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable, la segunda regiduría otorgada a MORENA, cuando la obligación de asignar a una persona perteneciente a grupos vulnerables se colmaba con la asignación de una persona perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+.

Además, aduce que, las y los integrantes del Consejo Estatal aprobaron su registro como integrante de la planilla del PES como grupo vulnerable perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que al asignar la sexta posición de las regidurías no se debió tomar en cuenta la primera formula registrada en la planilla del PES sino considerar las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBTTTIQ+ y asignársela.

En concepto del actor, contrario a lo resuelto por la autoridad responsable, al Partido Encuentro Solidario le correspondía la cuarta regiduría y al Partido Acción Nacional la quinta regiduría; al respecto, refiere que en el acto impugnado se realizó un cálculo incorrecto derivado de la anulación de la casilla 144 C1, por lo cual estima que se debe modificar la tabla de posiciones respecto a las regidurías otorgadas.

El actor del juicio SCM-JDC-2201/2021 indica que la autoridad responsable no llevó a cabo un adecuado control de constitucionalidad al sobreseer su medio de impugnación, por considerarlo extemporáneo, con relación a los motivos de disenso por los que controvirtió aspectos vinculados con la legalidad de los 1) Lineamientos de asignación, 2) Lineamientos para aplicar el principio de paridad
- aprobados mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020 y modificados en el acuerdo IMPEPAC/CEE/313/2020-[12] y 3) Lineamientos para personas indígenas.

Lo anterior, bajo el razonamiento de que el Tribunal local, indebidamente, consideró que perdió su oportunidad para impugnar cuestiones relacionadas con los procedimientos de creación de los tres lineamientos, sin embargo, refiere que la autoridad responsable confundió los “Lineamientos para el registro de las candidaturas” con los “Lineamientos para la asignación de regidurías”, que son distintos, cuando los que en realidad reclamó fueron los Lineamientos de asignación, los cuales no podía controvertir antes, ya que dependían de una aplicación hipotética futura.

Sumado a ello, refiere que no le fue posible controvertir los aludidos lineamientos antes, ya que carecía de legitimación; es decir, solo podía controvertirlos hasta que su aplicación le generara alguna afectación.

Así, estima que los Lineamientos de asignación, al ser normas heteroaplicativas, podían ser controvertidos hasta el momento en que le fueron aplicados, es decir, en el momento en que se transgredió su derecho político-electoral a ser votado y que no se le permitió integrarse dentro del cabildo.

Por ello aduce que el Tribunal local debió estudiar de fondo los agravios por los que controvirtió vicios procesales que se cometieron en el procedimiento llevado a cabo al interior del IMPEPAC para emitir los lineamientos indicados.

Por otro lado, el mismo actor del juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2201/2021 señala que la autoridad responsable no resolvió su medio impugnativo local bajo una perspectiva intercultural, a pesar de que se autoadscribió como persona indígena y presentó el documento respectivo que lo acreditaba; lo anterior, en razón de que el Tribunal local estimó que la documental que presentó no se apegaba a los estándares formales de los plazos establecidos para el registro de candidaturas, sumado a que no fue registrado como candidato indígena.

En ese sentido, el enjuiciante alega lo resuelto por el Tribunal local no implica que pierda su calidad de indígena y, por lo tanto, considera que se le debe juzgar tomando en consideración dicha calidad concediéndole un trato diferenciado y privilegiado, aun cuando no fue registrado en alguna candidatura indígena.

Finalmente, el actor del juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2201/2021 indica que la autoridad responsable no analizó de manera exhaustiva el agravio que esgrimió ante esa instancia, relativo a que el PRI ganó votos derivado de la imagen, nombre y estrategia política que impulsó como candidato a la presidencia municipal, por lo que, en consecuencia, se le debe asignar una regiduría por el principio de representación proporcional.

La actora del juicio SCM-JDC-2246/2021 considera que, acorde al artículo 16 del Código Electoral local, el Tribunal responsable, para conocer el factor de distribución simple de regidurías, debió tomar en cuenta para conocer la votación total emitida en el municipio, la relativa a todos los partidos políticos, candidaturas no registradas y votos nulos.

C.   METODOLOGÍA.

De la síntesis de agravios de la parte actora de los juicios de la ciudadanía que se resuelven, se advierte que, en algunos casos, se plantean temáticas comunes y en otros se hacen valer agravios de manera individual, mismos que pueden englobarse en los siguientes tópicos:

I.          Indebido análisis de los límites de sub y sobrerrepresentación en la asignación de regidurías.

II.          Sobrerrepresentación de MORENA.

III.            Indebida interpretación del principio de paridad de género y acciones afirmativas.

IV.          Indebida asignación de segunda y cuarta regiduría a candidaturas pertenecientes a grupos vulnerables e indígenas.

V.          Indebida asignación a partir del cómputo efectuado por el Tribunal local

VI.          Violaciones en el procedimiento de creación de Lineamientos.

VII.          Regiduría indígena no reconocida

VIII.          Derecho de asignación de regiduría al haber sido también por el principio de mayoría relativa

IX.          Inclusión del Partido del Trabajo a la repartición de regidurías.

En ese sentido, dada la vinculación de algunos de los motivos de disenso hechos valer por las y los enjuiciantes, esta Sala Regional abordará su estudio de manera conjunta e individual, y en un orden diverso al planteado, privilegiando el análisis de aquellos planteamientos que, de resultar fundados, implicarían un mayor beneficio a la parte actora, sin que ello les genere algún perjuicio.

Lo anterior, dado que no es la forma en que se analicen los agravios, que puede causar una lesión, sino que se deje de analizar alguno de ellos, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior, en la tesis jurisprudencial de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN[13].

D.   ANÁLISIS DE AGRAVIOS. 

I.            Violaciones en el procedimiento de creación de Lineamientos[14]

El ciudadano Guillermo Del Valle Reyes, actor del juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2201/2021, refiere que la autoridad responsable debió haber realizado un debido control de constitucionalidad y convencionalidad al analizar los lineamentos que controvirtió, pues, desde su perspectiva, erró al sobreseer parcialmente su demanda y dejar de analizar el fondo de las alegaciones relacionadas con el procedimiento de creación y legalidad de los Lineamientos de asignación; los de paridad y los lineamientos para personas indígenas.