JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
(Y PERSONAS CIUDADANAS) Y DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

Expediente: SCM-JDC-2214/2024 y acumulados

Parte actora:

MARÍA GUADALUPE CRUZ MONTAÑO, OTRAS PERSONAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

PARTE TERCERA INTERESADA:

Orquídea Larragoiti Osorio Y OTRA PERSONA.

autoridad Responsable:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

Magistrada:

María Guadalupe Silva Rojas

SecretariADO:

pAOLA LIZBETH VALENCIA ZUAZO Y RAFAEL IBARRA DE LA TORRE[1]

Ciudad de México, 30 (treinta) de agosto de 2024 (dos mil veinticuatro)[2].

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública, resuelve
[i] acumular los juicios indicados, [ii] modificar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el juicio TEEH-JDC-315/2024 y acumulados, y [iii] vincular al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, para los efectos precisados en esta sentencia.

g l o s a r i o

A N T E C E D E N T E S

1. Jornada electoral. El 2 (dos) de junio, se llevó a cabo la jornada electoral, donde se recibió la votación, entre otros cargos a las diputaciones del Congreso Local.

2. Cómputo del Consejo Distrital. El 5 (cinco) de junio, se llevó a cabo sesión en los 18 (dieciocho) distritos locales en el estado de Hidalgo, donde se computaron los votos de las elecciones de las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y RP.

3. Asignación de diputaciones locales por el principio de RP. El 8 (ocho) de agosto, el Consejo General realizó la asignación de las 12 (doce) diputaciones por el principio de RP para la integración de la LXVI (sexagésima sexta) legislatura del Congreso Local, mediante la Resolución 008[5].

4. Sentencia impugnada. En contra de la Resolución 008 diversas personas y partidos políticos presentaron medios de impugnación ante el Tribunal Local, formándose el expediente TEEH-JDC-315/2024 y acumulados.

El 20 (veinte) de agosto el Tribunal Local emitió la sentencia impugnada, en el sentido de revocar la resolución impugnada y, en plenitud de jurisdicción, realizó la asignación de diputaciones por el principio de RP[6].

5. Juicios en esta Sala Regional

5.1. Turno y recepción. En contra de la sentencia anterior, el 22 (veintidós), 24 (veinticuatro) y 25 (veinticinco) de agosto, se recibieron en esta Sala Regional diversas demandas con las que se integraron los siguientes expedientes que fueron turnados a la ponencia de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas:

5.2. Instrucción. La magistrada recibió los expedientes en la ponencia a su cargo, los admitió y, en su oportunidad, cerro instrucción.

R A Z O N E S  Y  F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer estos medios de impugnación, al ser promovidos por diversas personas, por propio derecho y ostentándose como candidatas a una diputación por el principio de RP -postuladas por diversos partidos políticos- para la integración de la LXVI (sexagésima sexta) legislatura del Congreso Local, asimismo por partidos políticos que participaron en el proceso electoral en el estado de Hidalgo, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Local mediante la que realizó -en plenitud de jurisdicción- la asignación de diputaciones por dicho principio; supuesto normativo que compete a este órgano jurisdiccional y entidad federativa respecto de la cual ejerce jurisdicción. Esto, con base en lo siguiente:

   Constitución General: artículos 41 párrafo tercero base VI y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracción V.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: Artículos 164, 165, 166-III, 173 párrafo primero y 176-IV.

   Ley de Medios: Artículos 79.1 y 80.1.d), 83.1.b)-II, 86.1 y 87.1-b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de cada una de las 5 (cinco) circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una.

SEGUNDA. Acumulación

Del análisis de las demandas se advierte que están dirigidas a impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Local en el expediente TEEH-JDC-315/2024 y acumulados, por lo que existe conexidad en la causa.

Atendiendo al principio de economía y celeridad procesal, y a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias, es procedente acumular los expedientes del JDC 2216, JDC 2219, JDC 2220, JDC 2221, JDC 2222, JDC 2223, JDC 2224, JRC 204 y JRC 205 al expediente del JDC 2214, por ser el primero que se recibió en esta Sala Regional[7]. Por lo tanto, deberá integrarse copia certificada de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERA. Parte tercera interesada

Orquídea Larragoiti Osorio, ostentándose como diputada de RP electa, postulada por el PT presentó escrito a fin de comparecer como tercera interesada en el JDC 2220; asimismo, Héctor Chávez Ruiz, por derecho propio y en su calidad de “… actor en el juicio de origen…”, presentó escrito para comparecer como tercero interesado en el JRC 205.

Se les reconoce como parte tercera interesada en los juicios que refieren, pues sus escritos cumplen los requisitos establecidos en los artículos 12.1.c) y 17.4 de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

3.1 Forma. Los escritos fueron presentados ante el Tribunal Local y en ellos consta el nombre y firma autógrafa de la persona compareciente, además, expresan los argumentos que estiman pertinente para defender sus intereses.

3.2. Oportunidad. Los escritos se presentaron de manera oportuna dentro las 72 (setenta y dos) horas establecidas para tal efecto, como se muestra:

3.3. Legitimación e interés jurídico. Estos requisitos están satisfechos pues quienes comparecen alegan tener un derecho incompatible con el de la parte actora, ya que su pretensión es que se confirme la sentencia impugnada.

CUARTA. Causales de improcedencia

Por ser de estudio preferente y de orden público, se analiza la causal de improcedencia hecha valer por el Tribunal Local en distintos informes circunstanciados.

Respecto de las demandas que dieron origen al JDC 2214, JDC 2216, JDC 2223, JDC 2224, JRC 204 y JRC 205 el Tribunal Local señala que resultan improcedentes al carecer las partes actoras de interés jurídico y legitimación para promoverlos, toda vez que no acudieron a la instancia previa con ningún carácter procesal.

Dicha causal de improcedencia es infundada.

Si bien quienes presentaron los medios de impugnación referidos no acudieron ante el Tribunal Local a impugnar la Resolución 008, lo cierto es que en la sentencia impugnada el Tribunal Local revocó dicho acuerdo y, en plenitud de jurisdicción, realizó una nueva asignación de diputaciones por el principio de RP, lo cual -evidentemente- implicó cambios en candidaturas y partidos políticos que en un principio no habían visto afectada su esfera jurídica con la Resolución 008.

Bajo esas condiciones, quienes acuden como parte actora en dichos juicios lo hacen por derecho propio y ostentándose -en todos los casos- como personas candidatas a una diputación de RP, afirmando que por tanto, integran la Lista A (en el caso de la parte actora del JDC-2223 y JDC-2224) o la Lista B (en el caso de la parte actora del JDC-2214, JDC-2216) correspondiente.

En ese sentido refieren que la sentencia impugnada vulneró su derecho político electoral a ser votadas al no haberles asignado una curul a la que -alegan- tenían derecho derivado de varios cuestionamientos que plantean a esta Sala Regional y que, por tanto, deben ser analizados en el estudio de fondo.

Por otro lado, el PT y el PVEM tienen interés jurídico para promover sus juicios porque en la sentencia impugnada el Tribunal Local aplicó un método de reasignación de las diputaciones que tuvo como resultado que se les asignaran menos curules que las establecidas en la Resolución 008, o modificó sus candidaturas, cuestión que consideran indebida.

Así, la legitimación e interés jurídico de la parte actora debe tenerse colmado, porque analizar en este apartado la supuesta afectación alegada implicaría un pronunciamiento anticipado del fondo de la controversia.

Aunado a ello, es importante advertir que la comparecencia previa en una cadena impugnativa no constituye un requisito esencial para estar en aptitud de promover un ulterior medio de defensa en contra de un acto emanado de aquella.

Ello, pues la necesidad de ejercitar su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses. Lo anterior, conforme con la jurisprudencia 8/2004 de la Sala Superior de rubro LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE[8].

QUINTA. Requisitos de procedencia de los juicios

Los medios de impugnación reúnen los requisitos previstos en los artículos 8.1, 9.1, 13.1.a)-I, 79.1, 80.1, 86.1 y 88.1.a) de la Ley de Medios, por lo siguiente:

5.1. Juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (y personas ciudadanas)

5.1.1. Forma. Las personas que integran la parte actora presentaron sus demandas por escrito, en que constan sus nombres y firmas autógrafas; identificaron la sentencia impugnada, expusieron hechos, agravios y ofrecieron pruebas.

5.1.2. Oportunidad. Las demandas fueron interpuestas dentro del plazo de 4 (cuatro) días que refiere el artículo 8 de la Ley de Medios, toda vez que la sentencia impugnada se emitió el 20 (veinte) de agosto y las demandas fueron presentadas los días 21 (veintiuno), 23 (veintitrés) y 24 (veinticuatro) de agosto, por lo que resulta evidente su presentación oportuna.

5.1.3. Legitimación e interés jurídico. Las personas actoras tienen legitimación para promover los presentes juicios, pues son personas ciudadanas que acuden por derecho propio, y se ostentan como titulares de una candidatura a una diputación del Congreso Local por el principio de RP, de ahí que también tengan interés en la controversia al estimar que la determinación del Tribunal Local vulneró sus derechos político-electorales a ser votadas.

5.1.4. Definitividad. El requisito está satisfecho, pues la norma electoral no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia para controvertir la sentencia impugnada.

5.2. Juicios de revisión constitucional electoral

Requisitos generales

5.2.1. Forma. El PT y el PVEM presentaron sus demandas por escrito ante el Tribunal Local en las que constan los nombres de los partidos políticos y de quienes acuden en su representación, así como sus firmas autógrafas, señalaron domicilio y personas autorizadas para recibir notificaciones; identificaron la sentencia impugnada, expusieron hechos y agravios.

5.2.2. Oportunidad. Las demandas fueron interpuestas dentro del plazo de 4 (cuatro) días que refiere el artículo 8 de la Ley de Medios, toda vez que la sentencia impugnada se emitió el 20 (veinte) de agosto y las demandas fueron presentadas el 24 (veinticuatro) siguiente, por lo que resulta evidente su oportunidad.

5.2.3. Legitimación y personería. El PT y el PVEM tienen legitimación para promover estos juicios, según el artículo 88.1 de la Ley de Medios, pues son partidos políticos nacionales con acreditación local en el estado de Hidalgo. Además, Honorato Rodríguez Murillo y Francisco Javier León Castillo tienen personería, pues la calidad con que se ostentan se acredita con la copia certificada de los oficios suscritos por la persona secretaria general del PVEM y la comisión coordinadora nacional del PT certificados por el Instituto Local.

5.2.4. Interés jurídico. El PT y el PVEM tiene interés jurídico para promover estos juicios, en tanto que la necesidad de ejercitar su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses. Lo anterior, conforme con la jurisprudencia 8/2004 de la Sala Superior de rubro LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO, AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE[9].

Es importante advertir que la comparecencia previa en una cadena impugnativa no constituye un requisito esencial para estar en aptitud de promover un ulterior medio de defensa en contra de un acto emanado de aquella.

5.2.5. Definitividad y firmeza. La sentencia impugnada es definitiva y firme, pues de conformidad con la legislación local no existe algún medio de defensa que deba ser agotado antes de acudir ante esta Sala Regional.

Requisitos especiales

5.2.6. Violaciones constitucionales. Este requisito está cumplido, pues se trata de una exigencia formal, que se colma con la enunciación de los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos y no es necesario determinar la eficacia de lo alegado para estudiar la procedencia, ya que eso es parte del estudio del fondo.

En el caso, el PVEM señala que la sentencia impugnada vulnera los artículos 14, 16, 17, 41-I y II y 116 de la Constitución General, y el PT señala que se vulneran los artículos 34, 35 y 41 por lo que se tiene por satisfecho este requisito en términos de la jurisprudencia 2/97 de la Sala Superior de rubro JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACION DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PARRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA[10].

5.2.7. Violación determinante. Este requisito está cumplido, pues la controversia está relacionada con el cómputo de la elección de diputaciones de RP del Congreso Local y su asignación por partido político, por lo que es evidente la incidencia de este juicio en el desarrollo del proceso electoral en curso en el estado de Hidalgo y en sus resultados.

5.2.8. Reparabilidad. Está satisfecho el requisito previsto en los artículos 86.1.d) y 86.1.e) de la Ley de Medios, pues si los partidos políticos tuvieran razón, podría revocarse la sentencia del Tribunal Local y modificarse la asignación por partido político de las diputaciones por RP del Congreso Local, de ahí que exista la posibilidad jurídica y material de reparar la irregularidad alegada, toda vez que la toma de posesión de dicho congreso ocurrirá el 5 (cinco) de septiembre.[11]

SEXTA. Contexto

6.1. Asignación de diputaciones por el principio de RP realizada por el Consejo General [Resolución 008]

Mediante la Resolución 008 el Consejo General realizó la asignación de las 12 (doce) diputaciones por el principio de RP del Congreso Local, derivado del proceso electoral local
2023-2024, de conformidad con las siguientes bases:

a)    Determinación de que el PRD no resultaba acreedor de una curul

Previo al marco normativo aplicable, el Consejo General estableció que el PRD, atendiendo no obtuvo el 3% (tres por ciento) de la votación estatal emitida, sino únicamente el 2.88% (dos punto ochenta y ocho por ciento); por lo tanto, con fundamento en el artículo 207-II del Código Local, el PRD no podía ser acreedor a la asignación de alguna diputación por el principio de RP.

b)    Las candidaturas comunes registradas cumplieron el porcentaje de postulación

El Consejo General precisó que las candidaturas comunes [“Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo” integrada por MORENA y NAH y “Fuerza y Corazón por Hidalgo” integrada por PRI, PAN y PRD] cumplieron el requisito establecido en el artículo 207-III del Código Local consistente en postular fórmulas por el principio de MR en cuando menos 12 (doce) distritos electorales uninominales.

Enseguida procedió a desarrollar el procedimiento establecido para la asignación de curules por el principio de RP, de la siguiente manera:

c)    MORENA no puede participar en la asignación de curules; únicamente tienen derecho a la asignación el PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y NAH

En principio, expuso la votación válida emitida y el porcentaje correspondiente de cada partido político, así como los límites de sobre y subrepresentación, y los números máximos y mínimos de curules que podrían recibir por el principio de RP, conforme el artículo 209-I del Código Local; esto además atendiendo a los convenios de las candidaturas comunes registradas:

Conforme a lo anterior, el Consejo General precisó que MORENA alcanzó el triunfo en 14 (catorce) distritos electorales uninominales con 452,393 (cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y tres) votos que representan el 32.32% (treinta y dos punto treinta y dos por ciento) de la votación válida emitida, por lo que dicho partido, en lo individual, contaría con 14 (catorce) diputaciones en el Congreso Local, que representan el 46.66% (cuarenta y seis punto sesenta y seis) por ciento de la legislatura.

Con lo anterior, la representación de MORENA en número de curules a través del principio de MR será superior al 14.34% (catorce punto treinta y cuatro por ciento) y, en consecuencia, se ubica en el supuesto establecido en el artículo 208-IX del Código Local, conforme al cual ningún partido político podrá contar con un porcentaje del total de la legislatura que exceda de 8 (ocho) puntos porcentuales de votación válida emitida.

El Consejo General refirió que dichas diputaciones fueron obtenidas a través de sus triunfos en los distritos uninominales por lo que dicha sobrerrepresentación se encuentra apegada a la ley; sin embargo, la consecuencia de ello es que MORENA no pueda participar en la asignación de diputaciones por el principio de RP puesto que de concederle alguna curul por este principio tendría un 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad del Congreso Local y su sobrerrepresentación se excedería aún más por encima del límite legalmente permitido.

Por tanto, expuesto lo anterior, se hacía patente que los partidos políticos con derecho a que se les asignaran escaños por representación proporcional son: PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y NAH.

d)    Primera asignación, por haber alcanzado el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida

De las 12 (doce) curules a repartir, el Consejo General procedió a otorgar una curul -en primera ronda- a cada partido político que alcanzó el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida, conforme al artículo 209-I.a) del Código Local, de la siguiente manera:

e)    NAH no tiene Lista B

El Consejo General explicó que NAH participó en la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo” y alcanzó el triunfo en los 4 (cuatro) distritos electorales que encabezó con candidaturas, consecuentemente no tiene Lista B para efectos de la asignación de diputaciones que continúa, porque la Lista B se construye a partir de las fórmulas de candidaturas a diputaciones que no lograron el triunfo en la elección por el principio de MR, pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de votación válida emitida, siendo que, en el caso, NAH obtuvo el triunfo de todas sus candidaturas distritales, por lo que sus asignaciones solo serán conforme a la Lista A.

f)      Segunda asignación, por cociente de distribución

Precisado lo anterior, el Consejo General refirió que de las 12 (doce) curules a asignar, aún faltaba repartir 6 (seis), siendo lo conducente aplicar cociente de distribución conforme a números enteros, acorde al artículo 209-I.b) del Código Local.

Explicó que el cociente es el resultado de dividir la votación válida efectiva correspondiente a 695,271 (seiscientos noventa y cinco mil doscientos setenta y uno) entre el número de curules pendientes por asignar, o sea, entre 6 (seis); lo cual, da como resultado 115,878.47 (ciento quince mil ochocientos setenta y ocho punto cuarenta y siete).

El ejercicio referido, dio como resultado la siguiente asignación:

Conforme a lo anterior, al PT y NAH les correspondió 1 (una) curul respectivamente; derivado de lo cual únicamente restaron por asignar 4 (cuatro) curules.

g)    Tercera asignación, por resto mayor

Posteriormente, el Consejo General procedió conforme al artículo 209-I.c) del Código Local conforme al cual debe utilizarse el resto mayor para determinar a qué partidos políticos les serían asignadas las últimas 4 (cuatro) curules, de conformidad con lo siguiente:

h)    Resultado del procedimiento

Como resultado del desarrollo del procedimiento anterior, el Consejo General estableció que los resultados obtenidos fueron los siguientes:

i)       Verificación de la sub y sobrerrepresentación [deduce una diputación a NAH y la asigna al PT]

El Consejo General explicó que el artículo 209-III.f) del Código Local establece que si los resultados del ejercicio anterior indicaran que algún partido político resultara con una subrepresentación consistente en que su porcentaje en el Congreso Local fuera menor en 8 (ocho) o más puntos con relación a su porcentaje de votación válida emitida, le serán asignados el número de curules necesarias para que se encuentre en los límites señalados.

En esas condiciones, advirtió que el PT quedó subrepresentado pues era el único partido que rebasaba el límite constitucional legal relativo a tener una votación menor en 8 (ocho) puntos porcentuales al porcentaje de votación que recibió; por tanto, debía deducirse una diputación al partido que mayormente se encontraba representado en la legislatura y que hubiera obtenido diputaciones por el principio de RP, a efecto de otorgarla de forma directa al partido subrepresentado, lo cual explicó gráficamente de la siguiente manera:

En esas condiciones, el Consejo General señaló que en estricto apego a sus atribuciones, así como en observancia a los principios que rigen la función electoral y a fin de garantizar la aplicación de las disposiciones constitucionales, conforme a las cuales los partidos políticos deben acceder a curules conforme a su porcentaje de votación, determinó que debía asignar al PT 3 (tres) diputaciones -y no 2 (dos)-, para lo cual debía deducir 1 (una) diputación a NAH, por el ser el partido mayormente representado y con asignaciones de RP.

j)       Asignación de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria

El Consejo General señaló, conforme a las normas aplicables, que si en las diputaciones de MR no hubiera sido electa una fórmula integrada por personas con discapacidad, en la asignación de RP deberá garantizarse el acceso al cargo de este sector, asimismo, debe garantizarse -en al menos 1 (una) de las 12 (doce) diputaciones de RP- el acceso de personas de la diversidad sexual y de género, debiéndose realizar los movimientos necesarios para su incorporación, en el entendido de que cualquier ajuste debe realizarse en la última o últimas asignaciones a repartir.

Por otro lado, precisó que terminado el procedimiento de distribución de curules por RP se cumplía con el principio constitucional de paridad de género, pues la integración del Congreso Local por ambos principios quedó de 15 (quince) mujeres y 13 (trece) hombres. Enfatizó que las 2 (dos) diputaciones que restaban por definir -dado que el Congreso Local se integra de 30 (treinta) personas- lo haría procurando armonizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en concordancia con la paridad de género, entendiendo que la integración de más mujeres es jurídica y materialmente posible.

En ese sentido, antes de asignar las últimas 2 (dos) diputaciones por RP precisó que no habían sido asignadas las pertenecientes a (i) grupos de atención prioritaria, (ii) personas de la diversidad sexual y de género, y (iii) personas con discapacidad; por lo que estimó necesario realizar los movimientos mínimos indispensables para la asignación, correspondiendo el derecho a cada una de las últimas 2 (dos) diputaciones en estricto orden de prelación por resto mayor, a los partidos PT y Movimiento Ciudadano.

En esas condiciones, el Consejo General observó que Movimiento Ciudadano en su Lista B no tenía ninguna persona perteneciente a esos grupos, por lo tanto, con una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, no era posible asignar a ninguna persona de esta lista y necesariamente debía considerar y analizar la Lista A de Movimiento Ciudadano, en la cual, en orden de prelación, la posición 7 (siete) corresponde a una fórmula integrada por personas de la diversidad sexual y de género, precediendo a su asignación.

Por cuanto hace al PT, el Consejo General estimó que debía otorgarse la curul a las personas con discapacidad registradas en la posición 2 (dos) de su Lista A, al ser la lista que correspondió a su última asignación.

Con lo anterior y en relación al cumplimiento de la paridad de género, el Congreso Local quedó integrado -por ambos principios- con 16 (dieciséis) fórmulas de mujeres y 14 (catorce) de hombres.

Por cuanto hace a la representación de personas indígenas, se encontraba garantizada pues se definieron 6 (seis) distritos electorales indígenas a través del principio de MR y también existe la presencia de 2 (dos) fórmulas indígenas bajo el principio de RP.

Finalmente, conforme al anexo único, las 12 (doce) curules por el principio de RP asignadas para integrar el Congreso Local, quedó de la siguiente forma:

6.2. Síntesis de la sentencia impugnada

En lo que resulta relevante para la controversia, el Tribunal Local analizó los siguientes agravios.

 Inconstitucionalidad e inconvencionalidad en la porción normativa a “al principio de la lista B se deberá ubicar a una persona del sexo diverso al del primer lugar de la lista A”

Sobre esta temática se solicitó la inaplicación del artículo 208-II párrafo 2 del Código Local en cuanto a que la Lista B debía ser encabezada por una persona de género distinto a la que encabeza la Lista A.

Al respecto, consideró que los agravios eran infundados, pues esa porción normativa tenía la finalidad legítima de proteger el principio constitucional de paridad de género en la RP, alternando los géneros en las posiciones que inician las Listas A y B.

Posteriormente en la sentencia impugnada se explicó que el diseño estatal de RP se encuentra dentro de la libertad configurativa de los estados, por lo que cada legislatura local podía regular la fórmula de asignación y sus componentes, siempre que con esto se permita reflejar una verdadera representatividad de los partidos políticos.

Luego de exponer el marco normativo local respecto a la RP en las diputaciones, estableció que el contenido del artículo 208-II párrafo 2 del Código Local era conforme a la Constitución General atendiendo a que permitía una amplia libertad de configuración legislativa, no solo para la RP, sino para garantizar el principio de paridad de género.

Así, el Tribunal Local indicó que el diseño normativo de las diputaciones de RP:

Tampoco trastoca las bases constitucionales, ni merma los derechos de los candidatos postulados por los partidos políticos, ni establece una medida desproporcionada o discriminatoria, tratándose de unos candidatos respecto del resto, ni un trato preferencial injustificado.

Concluyendo que no existe base jurídica para considerar indebida la aplicación del concepto “Al principio de la lista B se deberá ubicar a una persona del sexo diverso al del primer lugar de la lista A" para la conformación de listas de diputaciones de RP.

 Indebida asignación de diputaciones a NAH y sobrerrepresentación de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo”

En la instancia local se controvirtió haberle asignado diputaciones de RP a NAH, bajo el argumento que la candidatura común en la que postuló sus candidaturas había obtenido el triunfo en todas las elecciones de MR, siendo que al haber competido bajo esa figura, sus candidaturas aparecieron en las boletas con un mismo emblema, por lo que ambos partidos deben considerarse como si fueran uno solo.

Estos agravios fueron desestimados en la sentencia impugnada.

El Tribunal Local que razonó las candidaturas comunes son un mecanismo de participación mediante el cual distintos partidos políticos postulan a una misma persona.

Por tal motivo, un resultado natural y esperado es que las candidaturas que estén sigladas por un determinado partido político, reciban votos que le favorezcan, pero que no se hayan emitido en favor del partido de su extracción, sino por otro de los que integran la candidatura común, por lo que esa votación deberá distribuirse conforme al respectivo convenio.

A partir de esto, en la sentencia impugnada se estableció que no se puede considerar que la distribución de los distritos de mayoría relativa entre los partidos coaligados [en candidatura común] constituya un abuso de un derecho, porque al momento de la suscripción del convenio, no pueden preverse los resultados de la votación y, por ende, de las curules que finalmente les serían asignadas por la autoridad electoral.

Sin embargo, el Código Local busca establecer mecanismos que brinden certeza sobre el siglado de las candidaturas en el Congreso Local, por lo que el convenio de coalición o candidatura común debe prever, en todos los casos, el grupo legislativo o edilicio al que integrarán las candidaturas en caso de que resulten ganadoras.

A partir de estas consideraciones concluyó que la candidatura común integrada por MORENA y NAH no podía ser considerada como un solo ente para efectos de asignación de diputaciones de RP y mucho menos para el cálculo de los límites constitucionales de sub y sobrerrepresentación en el Congreso Local.

 Inconstitucionalidad del concepto de votación estatal emitida prevista en el artículo 208-VI del Código Local, en la porción normativa a “Todo partido político que alcance, por lo menos, el 3% del total de la votación estatal emitida en la elección de Diputados, tendrá derecho a participar en la elección”

En este agravio se denunció la inconstitucionalidad del concepto de votación estatal emitida como criterio para determinar el porcentaje de votación que los partidos políticos deben alcanzar para participar en la asignación de diputaciones de RP.

Sobre esto, se alegó que la votación que se debía utilizar era una semidepurada en la que no se contabilizaran los votos nulos y los obtenidos por candidaturas no registradas.

El Tribunal Local declaró fundado estos agravios.

En la sentencia impugnada se expusieron diversas acciones de inconstitucionalidad en las que la Suprema Corte interpretó el parámetro de regularidad contenido en el artículo 116 de la Constitución General.

Asimismo, explicó que el principio de RP tiene como principal propósito que la representación de los partidos políticos al interior de los órganos deliberativos fuera proporcional al nivel de su votación.

Además, razonó que debe existir coherencia entre el valor porcentual exigido para que los partidos políticos locales conserven su registro, y el previsto como requisito para acceder a la asignación de diputaciones por RP, ya que la demostración del mínimo de fuerza electoral para mantener su reconocimiento legal es condición imprescindible para que también pueda ejercer su derecho a participar en los congresos locales a través de dicho principio.

Por lo tanto, señaló que el parámetro de regularidad para tales efectos se encuentra en el artículo 116 fracción IV inciso f) de la Constitución General que consiste en una votación semi depurada en la que a la votación total emitida se le restan los votos nulos y aquellos emitidos a favor de candidaturas no registradas.

A partir de estas premisas realizó un test (examen) de proporcionalidad de la porción normativa contenida en el artículo 208-VI del Código Local y determinó que era inconstitucional al señalar que para determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de RP se debía utilizar la votación estatal emitida que corresponde al total de votos depositados en las urnas.

Así, inaplicó al caso concreto la porción normativa consistente en “se entiende por votación estatal emitida, el total de votos depositados en las urnas”, a efecto de que el porcentaje exigido a los partidos políticos para acceder a la asignación de diputaciones por RP se calculara con base a una votación semidepurada en la que no se incluyeran (i) los votos nulos, ni
(ii) los votos a favor de candidaturas no registradas.

En consecuencia, revocó la asignación de diputaciones de RP realizada en la Resolución 0008 y señaló que procedería a hacer una nueva asignación en plenitud de jurisdicción.

Asignación de diputaciones de RP por el Tribunal Local en plenitud de jurisdicción

 Partidos políticos con derecho a participar en la asignación

Al realizar la asignación de diputaciones de RP -en plenitud de jurisdicción- el Tribunal Local señaló que -conforme a lo expuesto- la determinación de qué partidos tenían derecho a la asignación se utilizaría una votación semi depurada en la que se excluyeran los votos nulos y los obtenidos por candidaturas no registradas.

Así, mostró que los partidos que habían alcanzado el umbral mínimo del 3% (tres por ciento) de dicha votación correspondían a los siguientes:

1)    NAH;

2)    PT;

3)    PRI;

4)    PVEM;

5)    Movimiento Ciudadano;

6)    PAN, y

7)    PRD.

 Primer análisis de sobrerrepresentación

Advirtió que MORENA al tener el triunfo en 14 (catorce) distritos electorales uninominales que representan el 46.62% (cuarenta y seis punto sesenta y dos por ciento) del Congreso Local, por lo que tiene una representación de 15.28% (quince punto veintiocho por ciento) más respecto a su porcentaje de votación que corresponde al 31.34 % (treinta y un punto treinta y cuatro por ciento).

Como consecuencia de lo anterior, dicho partido tenía una representación mayor a 8% (ocho por ciento), por lo que conforme a lo previsto en el artículo 208 fracciones IX y X del Código Local, ya no era posible asignarle alguna diputación por RP.

 Porcentaje mínimo

Procedió a asignar 1 (una) diputación a cada uno de los partidos que alcanzaron el 3% (tres por ciento) de la votación estatal emitida menos los votos nulos y los obtenidos por candidaturas no registradas; los cuales por orden de votación corresponden a:

1)    NAH;

2)    PT;

3)    PRI;

4)    PVEM;

5)    Movimiento Ciudadano;

6)    PAN, y

7)    PRD.

 Cociente de distribución

En la sentencia impugnada se señaló que las 5 (cinco) asignaciones restantes se distribuirían conforme al cociente de distribución, el cual se obtiene a partir de la votación válida efectivo[14] entre el número de diputaciones pendientes de repartir, asignando 1 (una) diputación a NAH y otra al PT al ser los únicos partidos que cumplían este criterio.

 Resto mayor

Finalmente asignó las 3 (tres) diputaciones restantes al PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano al ser los partidos con el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez restada de la votación del partido la utilizada para las asignaciones de cociente de distribución.

Asignación completa:

La asignación completa quedó de la siguiente forma:

Posteriormente analizó que, conforme a la tabla anterior, ningún partido se encontraba fuera de los límites de sobre y subrepresentación.

Asimismo, sostuvo que si bien se cumplía la paridad en el Congreso Local al haber 16 (dieciséis) mujeres y 14 (catorce) hombres, no existía el número mínimo de diputaciones encabezadas por personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (1 [una] persona con discapacidad y otra de la diversidad sexual).

 Asignación de grupos de atención prioritaria

Antes de realizar los ajustes que consideró necesarios, el Tribunal Local señaló que si bien existe la obligación de incluir a dichos grupos de atención prioritaria, lo cierto era que no existe un mecanismo específico para ello.

Sin embargo, señaló que a fin de dar vigencia a las acciones afirmativas diseñadas en favor de los grupos de atención prioritaria, debía determinar -a partir de una interpretación- cuál era el mecanismo idóneo para hacer esos ajustes, para lo cual estableció estos parámetros:

1.     Identificaría a los partidos políticos que tuvieron las últimas asignaciones de RP por resto mayor, en estricto orden de prelación.

2.     A dichos partidos se les realizaría un ajuste a cada uno, a fin de garantizar la asignación de una fórmula a personas de la diversidad sexual y otra a personas con discapacidad.

3.     Iniciaría con el partido que obtuvo la última asignación, revisaría sus listas A y B para localizar la primera fórmula que se encuentre en alguno de los supuestos de grupo de atención prioritaria y se realizaría el ajuste.

4.     Continuaría con el partido que tuvo la penúltima asignación, se revisarían sus listas A y B para localizar la primera fórmula que se encuentre en alguno de los supuestos de grupo de atención prioritaria y se realizaría el ajuste.

Señaló que Movimiento Ciudadano y PVEM fueron los últimos partidos a quienes se les asignó una curul por resto mayor, ambas recayendo en la candidatura de la Lista B de cada partido; sin embargo de la revisión de esas listas advirtió que ninguna persona pertenecía a algún grupo de atención prioritaria, por lo que procedió a hacer la búsqueda en la Lista A de dichos partidos.

Como resultado de esa búsqueda obtuvo que de la Lista A de Movimiento Ciudadano la primer persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria era Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, al ser una persona de la diversidad sexual, por lo que sustituyó a la parte actora del JDC-2216.

Luego, indicó que debía buscar a la primer persona con discapacidad en orden de prelación de la Lista A del PVEM, pues era el último grupo de atención prioritaria que faltaba de representación en el Congreso Local. Dicha persona correspondió a Nicolás Vargas Muñoz, por lo que procedió a sustituir a la parte actora del JDC-2224.

Luego de ello, la asignación quedó de la siguiente forma:

Finalmente, el Tribunal Local sostuvo que no le pasaba desapercibido que la integración del Congreso Local se reduciría de 16 (dieciséis) diputadas mujeres a 14 (catorce), sin embargo, ello fue para aperturar espacios a personas de grupos de atención prioritaria, lo cual consideró -acorde a la sentencia
SUP-REC-1150/2018- no afecta desproporcionadamente al principio de paridad, ya que dicho principio debe armonizarse con el derecho al voto pasivo de las personas con discapacidad y de la diversidad sexual y de género, en el sentido de que la paridad no puede cegarse a mirar otros grupos vulnerables.

SÉPTIMA. Metodología de estudio

De las diversas demandas -juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (y personas ciudadanas) y juicios de revisión constitucional electoral- se advierte que las partes actoras cuestionan 7 (siete) temas de manera general, dentro de los cuales expresan diversos planteamientos, siendo los siguientes:

1.     El PRD perdió su registro como partido político nacional;

2.     Indebido establecimiento de la votación estatal emitida;

3.     Indebida inaplicación del concepto de votación válida emitida;

4.     El PRD y NAH no cumplen las postulaciones mínimas de diputaciones de MR;

5.     Indebida integración de la Lista B;

6.     Indebida asignación de diputaciones a grupos de atención prioritaria; y,

7.     Vulneración al principio constitucional de paridad de género.

En ese sentido, a efecto de dar claridad a la presente sentencia y procurar un análisis concreto de la controversia, el estudio se abordará conforme a las referidas temáticas -advertidas en las demandas de las partes actoras-, realizando una síntesis del agravio planteado e inmediatamente después dando contestación al mismo, a partir de las consideraciones expresadas por el Tribunal Local en la sentencia impugnada.

Esto en el entendido de que en cada temática se analizarán, de manera particular, los diversos planteamientos que formula la parte actora de cada juicio. Lo anterior no causa perjuicio alguno, pues lo relevante es que se estudiara íntegramente la controversia[15].

OCTAVA. Estudio de fondo

8.1. El PRD perdió su registro como partido político nacional

El PT y la parte actora del JDC 2223 controvierten la asignación de 1 (una) diputación de RP para el PRD, toda vez que consideran que, al haber perdido su registro como partido político nacional no tiene derecho a ello.

Sobre esto señalan que en la elección pasada, la votación válida emitida en favor del PRD fue menor al 3% (tres por ciento) en alguna de las elecciones federales, por lo que en términos del artículo 94.1.b) de la Ley de Partidos, perdió su registro legal como partido nacional.

Además, argumentan que conforme al artículo 95.5 de la ley señalada, tampoco puede considerarse que tenga registro como partido político local toda vez que para ello es indispensable que solicite su reconocimiento ante el IEEH, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Este agravio es infundado pues parte de la premisa incorrecta de considerar que el PRD perdió su registro como partido político nacional.

Si bien conforme el artículo 94.1.b) de la Ley de Partidos, una de las causas para la pérdida del registro legal de un partido político nacional es que no haya obtenido por lo menos el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en cualquiera de las últimas elecciones federales de diputaciones, senadurías o presidencia de la República, la simple actualización de ese supuesto no genera de manera automática la pérdida de ese registro.

Conforme a los dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley de Partidos, para que un partido político nacional pierda su registro es necesario que la Junta General Ejecutiva del INE emita la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundamentarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del instituto referido, así como en las resoluciones de este tribunal, la cual -además- debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

De esta forma, aun en el supuesto de que el PRD no hubiera obtenido el 3% (tres por ciento) en alguna de las elecciones federales pasadas no actualiza su pérdida de registro, toda vez que la Junta General del INE -a la fecha en que se resuelve esta controversia- no ha emitido la declaratoria a que hace referencia el artículo 95.1 de la Ley de Partidos[16].

8.2. Indebida inaplicación del concepto de votación estatal emitida

La parte actora del JDC 2214, JDC-2221, JDC 2222, JDC 2223, el PT y el PVEM no tienen razón en sus agravios dirigidos a combatir la inaplicación que realizó el Tribunal Local de la definición del concepto de votación estatal emitida, conforme se explica a continuación.

Es infundado el agravio del PVEM en que señala que el Tribunal Local carece de facultades para redefinir el concepto de votación estatal emitida al que refiere el artículo 208-VI del Código Local, pues ello implicó la creación de una norma, facultad que únicamente le corresponde al Congreso Local.

Con independencia de si la determinación a la que llegó el Tribunal Local es correcta (pues ello será analizado posteriormente), la conclusión relativa a qué se debe entender por votación estatal emitida derivó del ejercicio de sus atribuciones como autoridad jurisdiccional de realizar un control de constitucionalidad, ante el planteamiento del PRD y de la parte actora del JDC 2222.

En efecto, a partir de realizar un test (examen) de proporcionalidad estableció que la definición de votación estatal emitida era contraria a la Constitución General y por ello realizó un ejercicio interpretativo -a partir de las razones que expuso- para determinar el sentido que más se apegara al parámetro de regularidad constitucional.

Así, lo infundado de este planteamiento radica en que el Tribunal Local no realizó un ejercicio legislativo sino de control constitucional de una porción normativa a la luz del parámetro de regularidad constitucional -conforme a precedentes de la Suprema Corte-.

Es inoperante el agravio de la parte actora del JDC 2214 en que combate que el Tribunal Local sustentó el deber de inaplicar la metodología y principios en el control ex officio [de manera oficiosa] de constitucionalidad y convencionalidad del articulo 208-VI del Código Local atendiendo a que la parte actora es una persona ciudadana, siendo que dicho artículo solo aplica a los partidos políticos para tener derecho a que se le asigne una diputación de RP.

Ello, puesto que, aunque la parte actora del JDC-2214 tuviera razón en su planteamiento respecto a que el requisito previsto en el artículo 208-VI del Código Local le fue aplicado o no a Héctor Chávez Ruiz (quien hizo valer la inconstitucionalidad de ese artículo en la instancia previa), lo cierto es que fue usado como fundamento para negarle el derecho al PRD a participar en una diputación de RP, partido que también controvirtió tal cuestión, por lo que -aun de ser el caso- fue correcto que el Tribunal Local analizara su constitucionalidad a partir de su aplicación al PRD.

Es infundado el planteamiento que realiza el PVEM en que combate que al inaplicar el concepto de votación estatal emitida que define el artículo 208-VI del Código Local no se respeta la metodología para realizar un control de constitucionalidad, lo que sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 84/2022 (11a.) de la Suprema Corte de rubro CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO[17].

En la sentencia impugnada, si bien no se enunciaron de manera expresa, esencialmente se analizaron los puntos que refiere ese criterio que corresponden a los siguientes pasos:

1)    Identificar el derecho que podría ser vulnerado: se identificó que la definición del concepto de votación estatal emitida podría trascender al derecho del PRD de acceder a una diputación por RP;

2)    Determinar la fuente de ese derecho: Identificó que conforme al artículo 41 de la Constitución General los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones federales y locales y de manera específica, que conforme al artículo 116 de la Constitución General, los partidos tienen derecho a participar en la asignación de cargos por RP, siempre que se cumplan los requisitos para ello;

3)    Estudio de constitucionalidad o convencionalidad: realizó un test (examen) de proporcionalidad en el que analizó la regularidad constitucional de la norma a partir de las directrices que -conforme a lo que ha interpretado la Suprema Corte- establece el artículo 116 de la Constitución General respecto a permitir que los partidos políticos puedan participar en la asignación de cargos de RP;

4)    Determinación: declaró que el concepto de votación estatal emitida contenido en el artículo 208-VI del Código Local era inconstitucional estableciendo que se debía entender por una votación semi depurada en la que no se tomaran en cuenta los votos nulos ni los obtenidos por candidaturas no registradas.

La parte actora del JDC 2214 no tiene razón respecto a que la sentencia impugnada no analiza correctamente la acción de inconstitucionalidad 83/2017 -resuelta por la Suprema Corte- pues en ella se menciona que se debe precisar lo establecido en la diversa 53/2017 y su acumulada.

Lo anterior, pues la mención que se hizo en la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas respecto a la diversa 53/2017 y su acumulada, únicamente fue para precisar que “… en precedentes recientes ha venido definiendo los parámetros de constitucionalidad a la luz de los cuales deben analizarse las legislaciones estatales que establecen las bases para la determinación de los porcentajes de votación que deben tomarse en cuenta en las distintas fases del procedimiento, para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, desde la determinación de qué partidos tienen derecho a participar en la distribución de curules, hasta la aplicación de los límites a la sub y sobrerrepresentación…”, pero de ningún modo implicó que el criterio sostenido en ese precedente estuviera sujeto o limitado a lo decidido en el anterior.

Ahora bien, la parte actora del JDC 2214 se queja de que los precedentes utilizados en la sentencia impugnada relacionados con controversias en Nuevo León (acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas) y en Morelos (SCM-JDC-1726/2021 y acumulados) no resultan aplicables, pues en primer lugar dichas impugnaciones están relacionadas con límites de sub y sobrerrepresentación en congresos locales.

Específicamente, señala que la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas, si bien desarrolla una votación semi depurada, se sustenta en una interpretación del artículo 116 fracción II de la Constitución General, que regula lo referente a los límites de sub y sobrerrepresentación de los partidos políticos en los congresos locales.

En segundo término, porque la parte actora del JDC 2214 dice que los conceptos de votación utilizados en las legislaciones de Nuevo León y Morelos son distintos al contenido en el artículo 208-VI del Código Local, pues en dichas entidades (Nuevo León y Morelos) dentro de la definición de la votación se incluyen los votos de los partidos políticos que ganaron por MR aun y cuando no obtuvieron el 3% (tres por ciento).

Estos planteamientos son infundados.

Respecto a que la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas no es aplicable porque en esta se decidió sobre un tema de inconstitucionalidad relacionado con sub y sobrerrepresentación el agravio es infundado.

En efecto, en la referida acción de inconstitucionalidad se analizó, entre otras, la validez de la porción normativa contenida en el artículo 270 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León que a continuación se muestra resaltada en negritas:

“Artículo 263. Para la asignación de las Diputaciones de representación proporcional, la Comisión Estatal Electoral tendrá en cuenta las siguientes bases:

I. Tendrán derecho a participar de la asignación de Diputados de representación proporcional todos los partidos políticos que:

a. Obtengan el tres por ciento de la votación válida emitida en el Estado; y

b. No hubieren obtenido la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa.

Se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la votación total los votos emitidos para candidatos no registrados y los votos nulos. La votación total es la suma de todos los votos depositados en las urnas;

De ahí que, contrario a lo que afirma la parte actora del
JDC 2214, dicha sentencia sí decidió sobre qué modalidad de votación es la que debe considerarse para determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de RP a partir de definir su parámetro de regularidad constitucional de conformidad con lo señalado en el artículo 116 fracciones II y IV de la Constitución General, por lo que tampoco tiene razón cuando expresa que el precedente no era aplicable al haberse estudiado un concepto de votación diferente (votación válida emitida y no votación estatal emitida).

Esto es así, pues al margen de la denominación o contenido de una u otra norma, lo decidido por la Suprema Corte en esa acción de inconstitucionalidad pretende establecer un criterio general que teje el parámetro de regularidad constitucional que deben observar las legislaciones locales en relación con el tipo de votación que se debe considerar respecto al porcentaje mínimo exigido a los partidos políticos para que tengan derecho a que se les asignen diputaciones de RP, cuestión en la que se base el estudio realizado en la sentencia impugnada.

Es ineficaz el reclamo de la parte actora en el JDC 2214 en que se expresa que tampoco era aplicable lo resuelto por esta sala en los juicios SCM-JDC-1726/2021 y acumulados (Morelos), pues de la sentencia impugnada no se observa que dicho precedente se haya utilizado para sustentar las conclusiones a las que llegó el Tribunal Local o como criterio orientador.

En este sentido, si bien refiere que se transcriben párrafos de la referida sentencia, lo cierto es que ese solo hecho no podría ser suficiente para considerar incorrecta la determinación del Tribunal Local, máxime que es posible desprender que los argumentos desarrollados al momento de realizar el test (examen) de proporcionalidad plasmados en la sentencia impugnada están encaminados a justificar por qué se debe entender a la votación estatal emitida como una votación semi depurada para efecto de que los partidos políticos puedan acceder a una diputación de RP.

La parte actora del JDC 2214 argumenta que, sin una debida fundamentación y motivación, el Tribunal Local determina que el porcentaje mínimo de votación que deben alcanzar los partidos políticos para acceder a la asignación de diputaciones de RP debe calcularse a partir de descontar los votos nulos y los emitidos a favor de candidaturas no registradas.

Combate que contrario a lo anterior, el artículo 208-VI del Código Local refiere que la votación que debe tomarse como base para esos efectos es la votación estatal emitida que comprende todos los votos depositados en las urnas, siendo que al aplicar una votación semidepurada se discrimina a aquella ciudadanía que emitió un voto nulo o por una candidatura no registrada al no tomarles en consideración, especialmente porque no existe una norma que condicione a que necesariamente se deba emitir un voto válido, por una fuerza política o candidatura registrada (lo que también hicieron valer el PT y la parte actora del JDC 2223).

Considera que fue incorrecto que al PRD se le reconociera el derecho a acceder a una diputación de RP, pues -insiste- en el caso la votación que debió ser tomada como base era la votación estatal emitida, por lo que al inaplicar esa porción normativa del Código Local repercute en la asignación de cargos por ese principio, así como en la consolidación de un partido local, lo que vulnera sus derechos, pues derivó en la cancelación de su asignación a una diputación, transgrediendo el principio de certeza.

Además, la parte actora del JDC 2214, JDC 2222 y el PVEM consideran que el Tribunal Local no debió inaplicar el referido concepto de votación estatal emitida, pues las legislaturas locales cuentan con libertad configurativa para implementar el principio de RP conforme lo dispone el artículo 116 fracción Il de la Constitución General, lo que sustentan en la jurisprudencia P./J. 67/2011 (9a.) de la Suprema Corte de rubro REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LA REGLAMENTACIÓN DE ESE PRINCIPIO ES FACULTAD DEL LEGISLADOR ESTATAL[18].

Adicionalmente, la parte actora del JDC 2214, JDC 2223 y el PT consideran indebido declarar la inconstitucionalidad de la definición de votación estatal emitida que contiene el artículo 208-VI del Código Local, sustentándolo en el artículo 116 fracción IV inciso f) de la Constitución General, pues dicho artículo constitucional establece una exigencia a los partidos políticos locales para conservar su registro la cual no le es aplicable a los partidos nacionales.

Estos agravios son infundados.

En principio, si bien la Suprema Corte ha establecido
-especialmente mediante la jurisprudencia P./J. 67/2011 (9a.) [ya citada]- que las legislaturas de los estados gozan de libertad configurativa para reglamentar el sistema de RP, ese ámbito de libertad no puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas por la Constitución General que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto, por lo que la regulación que se emita -en cada caso- puede ser sometida a un juicio de razonabilidad constitucional.

Esto es, si bien los congresos locales no tienen la obligación de regular el sistema de RP a partir de un diseño determinado, el que elijan debe respetar el parámetro de regularidad constitucional, por lo que dicha regulación -con independencia de la libertad configurativa- válidamente puede ser objeto de control constitucional, como en el caso ocurrió en la sentencia impugnada.

Ahora bien, respecto a que fue indebido que el Tribunal Local inaplicara el concepto de votación estatal emitida, lo cierto es que fue correcta la conclusión a la que se llegó en la sentencia impugnada relativa a que el porcentaje mínimo exigido a los partidos políticos para acceder a la asignación de diputaciones de RP debe calcularse conforme a una votación semi depurada en la que se excluyan los votos nulos y los obtenidos por candidaturas no registradas.

En la sentencia impugnada se refirió que conforme a lo resuelto por la Suprema Corte en diversas acciones de inconstitucionalidad[19], debe existir coherencia entre el valor porcentual exigido para que los partidos políticos locales conserven su registro, y el previsto como requisito para acceder a la asignación de diputaciones por RP, ya que la demostración del mínimo de fuerza electoral para mantener su reconocimiento legal, es condición imprescindible para que también pueda ejercer su derecho a participar en los congresos locales a través de dicho principio.

Asimismo, fundamentalmente se expuso que -conforme a las razones contenidas en la acción de inconstitucionalidad 55/2016 y sus acumuladas y la diversa 83/2017 y sus acumuladas- el parámetro de regularidad para tales efectos se encuentra en el artículo 116 fracción IV inciso f) de la Constitución General que consiste en una votación semi depurada en la que a la votación total emitida se le restan los votos nulos y aquellos emitidos a favor de candidaturas no registradas.

Sobre esto, se reseñó que:

[…] el máximo Tribunal señaló que al margen de la denominación que el legislador local elija respecto a los parámetros de votación que sean utilizados en las distintas etapas que integran el mecanismo de distribución de diputados por representación proporcional, lo importante es que, en cada etapa se utilice la base que corresponda en términos del artículo 116 constitucional.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al resolver la acción de inconstitucionalidad 55/2016, se resaltó la necesidad de que cada partido demuestre el genuino valor porcentual de su fuerza electoral, de modo tal que mediante las operaciones aritméticas respectivas se conozca con precisión en qué proporción obtuvo el respaldo de la voluntad popular expresada en las urnas, con el objeto de que pueda llevar al congreso local, en su caso, el mismo grado de representatividad ciudadana que genuinamente le corresponde.

Posteriormente, el Tribunal Local procedió a realizar el examen de proporcionalidad sobre la votación estatal emitida (artículo 208-VI del Código Local) como base para calcular el porcentaje mínimo que deben obtener los partidos políticos para acceder a la asignación de diputaciones por RP, concluyendo que:

   No es idónea puesto que debe existir coherencia entre la proporción que se toma como base para que los partidos políticos locales conserven su registro, así como con la exigida para participar en la asignación de diputaciones por RP;

   No es necesaria, pues no existe una justificación para que tal cuestión se calcule mediante la votación estatal emitida;

   No es proporcional pues el Código Local exige una votación mayor -incluso- que la necesaria para conservar el registro.

En consecuencia, inaplicó al caso concreto la porción normativa consistente en “se entiende por votación estatal emitida, el total de votos depositados en las urnas”, a efecto de que el porcentaje exigido a los partidos políticos para acceder a la asignación de diputaciones por RP se calculara con base a una votación semi depurada en la que no se incluyan (i) los votos nulos y (ii) los votos a favor de candidaturas no registradas.

Por lo tanto, por una parte, contario a lo que sostiene el PT el Tribunal Local sí razonó por qué los precedentes de la Suprema Corte que se refieren en la sentencia impugnada resultaban aplicables para analizar la constitucionalidad del artículo 208-VI del Código Local.

Adicionalmente, a consideración de este órgano jurisdiccional, dicha conclusión es correcta.

Si bien el artículo 116 fracción II de la Constitución General únicamente sienta las bases mínimas para la conformación del sistema de RP en los congresos locales, dejando un amplio margen de libertad configurativa para su diseño particular, su regulación en las legislaciones estatales debe hacerse de tal modo que su implementación no transgreda la esencia y finalidades de la RP, a efecto de que no afecte el acceso de los partidos políticos para que, en atención a su porcentaje de votación, reflejen una verdadera representatividad[20].

Por ello, el Tribunal correctamente estableció que, conforme al parámetro de regularidad establecido en el artículo 116 fracción IV inciso f) de la Constitución General, el porcentaje mínimo de votación requerido para que los partidos políticos participen en la asignación de diputaciones de RP debe ser acorde con el porcentaje exigido para que conserven su registro.

De esta forma, si bien como lo señala la parte actora del
JDC 2221, JDC 2214, JDC 2223 y el PT, el artículo 116 inciso IV inciso f) de la Constitución General refiere que la votación válida emitida se debe considerar para efecto de que los partidos políticos locales conserven su registro, sí es un parámetro constitucional aplicable para analizar la regularidad del concepto de votación estatal emitida contenido en el artículo 208-VI del Código Local.

Pues como lo ha interpretado la Suprema Corte de manera reiterada, para determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de RP, la base que debe tomarse en cuenta es la votación válida prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución General, que es una votación semidepurada en que a la votación total se le sustraen los votos nulos y los obtenidos a favor de candidaturas no registradas.

Ello, en el entendido que la demostración del mínimo de fuerza electoral para que un partido mantenga su reconocimiento legal es condición imprescindible para que también pueda ejercer su derecho a participar en el congreso local con diputaciones de RP[21].

De ahí que si la votación válida emitida (que excluye los votos nulos y los otorgados a favor de candidaturas no registradas) es la base que se utiliza para determinar el porcentaje mínimo que se requiere para que los partidos políticos locales conserven su registro legal, conforme a lo que ha sostenido la Suprema Corte, tal votación semi depurada es la que debe considerarse para efecto de determinar qué partidos tienen derecho a acceder a la asignación de diputaciones de RP.

Asimismo, la utilización de una votación que solamente contemple los votos válidamente emitidos obedece a la necesidad de que cada partido político pueda contar con una presencia que corresponda a un valor porcentual genuino de su apoyo electoral y, por lo tanto, contar en el Congreso Local, con el mismo grado de representatividad ciudadana que le corresponde.

Es fundamental tener en cuenta que el sistema electoral mexicano es mixto, al prever como principios electivos tanto MR como RP. Estos principios, por su propia naturaleza, persiguen objetivos electorales diferentes.

El sistema de MR busca privilegiar el triunfo de una opción política tomando como único criterio el principio de “mayoría”, esto implica que las candidaturas electas son aquellas que obtienen el mayor número de votos válidos en una elección que el resto.

Mientras que el sistema de RP -más bien- está diseñado para promover en mayor o menor medida la pluralidad al interior de los órganos deliberativos del Estado a partir de garantizar determinado número de espacios a los partidos minoritarios, en tanto que, al haber alcanzado un porcentaje mínimo de apoyo electoral, abanderan una corriente de pensamiento, la cual debe ser escuchada y participar en la toma de decisiones públicas[22].

Al respecto es importante señalar que el artículo 29 de la Constitución Local dispone lo siguiente:

Artículo 29.- El Congreso se integra por 18 Diputados de mayoría electos por votación directa, secreta y uninominal mediante el sistema de distritos electorales y 12 Diputados electos según el principio de representación proporcional, quienes como resultados de la misma elección se designarán mediante el procedimiento que la Ley de la materia establezca.

[El resaltado en negritas es propio]

De lo anterior es posible concluir que, conforme a la propia Constitución Local, la elección de diputaciones por RP no es autónoma, sino que depende de los resultados que obtengan las candidaturas de determinado partido político que compitieron en la elección de MR.

De ahí que sea correcta la conclusión del Tribunal Local en el sentido de que el porcentaje mínimo para que los partidos puedan acceder a la asignación de diputaciones por RP debe calcularse tomando como base una votación semi depurada en la que solo se consideren votos que tuvieron efectividad para elegir a diputaciones de MR, lo cual implica excluir los votos nulos y los de las candidaturas no registradas, pues son eficaces para realizar el cómputo ni a favor o ni en contra de alguna candidatura en los distritos uninominales.

Por ello, contrario a lo que controvierten la parte actora del
JDC 2214, JDC 2223, así como el PVEM y el PT, utilizar una votación semi depurada para determinar la base sobre la cual se debe calcular el porcentaje mínimo que un partido político debe obtener derecho para participar en la asignación de RP no discrimina a aquellas personas que decidieron anular su voto u otorgarlo a una candidatura no registrada, pues su depuración está justificada.

Esto es, si en la elección de diputaciones de MR no se toman en cuenta los votos nulos, ni los emitidos a favor de candidaturas no registradas, dichos votos tampoco cuentan para la primera asignación de diputaciones de RP, con lo cual se cumple el propósito de tomar en cuenta solo los votos eficaces para la elección de diputaciones por uno y otro principio[23].

De ahí lo infundado de estos agravios.

En consecuencia, los agravios de la parte actora del JDC 2221 en los que señala que el método utilizado por el Tribunal Local para la asignación de diputaciones de RP fue incorrecto porque el PRD no tenía derecho a ello al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de la votación estatal emitida, lo que le generó una serie de cambios que le provocan perjuicio pues
-desde su perspectiva- debido a ello ya no se le asignó la diputación que le correspondía son inoperantes, pues se basan en planteamientos que ya fueron desestimados, relativos a la votación que se debía tomar como base para tal efecto era una semi depurada.

A partir de lo ya explicado, también resulta infundado el planteamiento que hacen valer la parte actora del JDC 2214, JDC 2223 y el PT respecto a que el Tribunal Local inadvirtió que el artículo 209 del Código Local hace referencia a la votación válida emitida para la asignación de diputaciones de RP por lo que dicho artículo cumple los parámetros por los que se consideró que el artículo 208-VI de dicho código era inconstitucional, de ahí que fuera innecesario implicarlo (lo que señalan como un “falso debate”).

En este sentido, como se fundó y motivó, el parámetro de regularidad constitucional que analizó el Tribunal Local fue sobre el tipo de votación que se debe tomar en cuenta para efectos de determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de RP, aspecto que se regula en el artículo 208-VI y no en el 209, ambos del Código Local, que -más bien- regula los criterios para la asignación de diputaciones por ese principio, es decir, una etapa posterior a determinar qué partidos tienen derecho a participar en esa asignación.

Además, la parte actora del JDC 2221, JDC 2223, el PVEM y el PT consideran que la determinación del Tribunal Local de inaplicar el concepto de votación estatal emitida a efecto de usar una votación semi depurada vulnera el principio de certeza, pues implica la modificación de reglas sustanciales del proceso electoral ya una vez iniciado.

Al respecto, la parte actora del JDC 2223 y el PT consideran que -en todo caso- se debió ordenar la postergación de los efectos de esa inaplicación para procesos electorales futuros, como hizo la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 192/2023 y sus acumuladas, referente a diversas disposiciones del Código Local.

Estos argumentos son infundados pues la inaplicación al caso concreto de la definición de votación estatal emitida no transgrede la certeza en materia electoral.

De conformidad con el artículo 345-I del Código Local el sistema de medios de impugnación local tiene como finalidad garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Al respecto, el Tribunal Local no tiene facultades para realizar un control abstracto de constitucionalidad, sino que únicamente las tiene para realizar un control concreto, lo que implica que solo puede analizar la regularidad de las normas cuando estas sean aplicadas en un caso particular[24].

Por lo tanto, no podía analizar la constitucionalidad del artículo 208-VI del Código Local sino hasta el momento de su aplicación, por lo que si se trata de una regla que regula cuestiones relativas a la asignación de diputaciones de RP, es evidente que su aplicación sucedería en una etapa muy avanzada del proceso, como en el caso ocurrió con la emisión de la Resolución 008, pues en dicho acto el IEEH utilizó el concepto de votación estatal emitida para determinar qué partidos tenían derecho de participar en la asignación mencionada.

Concluir que un tribunal electoral no puede ejercer sus atribuciones de control concreto de la constitucionalidad y convencionalidad al haber iniciado el proceso electoral desnaturalizaría la finalidad para la que fue concebida la función jurisdiccional electoral, que esencialmente consiste en garantizar que, en el ámbito de su competencia, la legalidad y constitucionalidad de todos los actos de autoridad, por lo que la inaplicación de la definición de votación estatal emitida es consecuencia de la existencia de ese sistema de medios de impugnación.

Además, la utilización de una votación semidepurada como base para determinar qué partidos tenían derecho a participar en la asignación de RP no vulnera el principio de certeza pues es producto de la aplicación directa de la Constitución General, toda vez que -como ya se argumentó- esa votación (semidepurada) es la que conforme al parámetro de regularidad constitucional debe utilizarse como base para esa etapa específica de RP (determinación de los partidos que tienen derecho a ello).

Por lo tanto, no puede ser considerado como un criterio arbitrario pues, contrario a lo que controvierte la parte actora del JDC 2221, JDC 2223 y el PT, dicha determinación no se tomó para beneficiar al PRD sino para privilegiar la primacía de la Constitución General; máxime que dicho parámetro (votación semi depurada) se aplicó a todos los partidos políticos para determinar si tenían o no derecho a participar en asignaciones de diputaciones de RP al momento en que el Tribunal Local asumió plenitud de jurisdicción.

Consecuentemente es inoperante lo alegado en relación con que se debió ordenar la postergación de los efectos de la inaplicación del concepto de votación estatal emitida, pues la parte actora del JDC 2223 y el PT basan su agravio en considerar que dicha inaplicación vulneró el principio de certeza, cuestión que fue desestimada.

De igual forma, la parte actora del JDC 2223 y el PT consideran que el Tribunal Local al inaplicar el concepto de votación válida emitida provocó que a dicho partido se le quitara una diputación de RP y se le asignara al PRD, lo que también transgredió los derechos humanos de la parte actora del JDC 2223 quien es la persona a quien se había asignado en esa posición y quien también pertenece al grupo de atención prioritaria de personas con discapacidad, por lo que se vulneran los derechos de ese colectivo, pues la diputación del PRD no pertenece a alguno de esos grupos.

Además, señalan que todos los cambios en la asignación de diputaciones de RP que se tuvieron que hacer a raíz de esta determinación del Tribunal Local provocó que el Congreso Local ya no fuera paritario, lo que sí sucedía con la asignación que originalmente realizó el Consejo General.

Son ineficaces estos planteamientos, pues pretenden controvertir la referida determinación del Tribunal Local sustentándose en situaciones que fueron revocadas debido a que derivaron de la utilización de una regla -en una etapa previa a las asignaciones- que se consideró inconstitucional y, por tanto, fue inaplicada al caso concreto, sin que con tales planteamientos se controviertan de manera frontal las razones a partir de las cuales en la sentencia impugnada se consideró de dicha regla contraviene el parámetro de regularidad constitucional.

* * *

8.3. El PRD y NAH no cumplen las postulaciones mínimas de diputaciones de MR

La parte actora del JDC 2214 sostiene que la sentencia impugnada vulneró el principio de legalidad ya que el Tribunal Local, al hacer la asignación de diputaciones por RP -en plenitud de jurisdicción- no verificó que el PRD cumpliera los requisitos establecidos en el artículo 207-III del Código Local relativos a las condiciones que se deben cumplir para acceder a tal derecho.

Sobre esto, sostiene que el PRD no cumplió el requisito de haber registrado en lo individual por lo menos 12 (doce) candidaturas de MR, pues todas las postulaciones las realizó bajo la figura de una candidatura común junto al PAN y el PRI, lo que implicó que no las postuló de manera individual, por lo que al no cumplir ese requisito no se le debió asignar una diputación de RP.

En términos parecidos, la parte actora del JDC 2222 consideró contrario a derecho que a NAH se le asignaran diputaciones por RP, pues tampoco cumplió la postulación mínima de candidaturas de MR que establece el artículo 207-III del Código Local, al haber participado en candidatura común con MORENA.

Así, desde su perspectiva, si bien dicho partido participó en candidatura común con MORENA, toda vez que el Tribunal Local estableció que dichos partidos mantienen su individualidad, solo se puede considerar que NAH postuló candidaturas en 4 (cuatro) distritos uninominales y no en los 12 (doce) que normativamente se exige para que pueda tener derecho a la asignación de diputaciones por RP.

Las partes actoras del JDC 2214 y del JDC 2222 no tienen razón.

Si bien es cierto que el Tribunal Local, al entrar en plenitud de jurisdicción no analizó si el PRD y NAH habían postulado por lo menos 12 (doce) candidaturas a diputaciones de MR, lo trascendente es que sí cumplieron ese requisito.

Para explicar tal conclusión, debe referirse que en el Código Local existen 2 (dos) disposiciones que regulan cuestiones relacionadas con ese requisito.

El artículo 120 del Código Local dice:

Artículo 120. La solicitud de registro de candidatos deberá señalar, en su caso el partido político, candidatura común o coalición que las postulen, con los siguientes datos:

[…]

La solicitud de cada partido político, para el registro de las listas completas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, del registro de por lo menos doce fórmulas de diputaciones locales de mayoría relativa, las que se podrán acreditar por las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca.

[El resaltado en negritas es propio]

El artículo 207 del Código Local dispone:

Artículo 207. Una vez que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo resuelva los medios de impugnación correspondientes de los cómputos distritales, declaración de validez de las elecciones y entrega de las constancias de mayoría, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral procederá a asignar doce Diputados por el principio de representación proporcional, en la asignación de los Diputados electos por el principio de representación proporcional tendrán derecho a participar los Partidos Políticos debidamente registrados, que cumplan los requisitos siguientes:

[…]

III. Registrar en lo individual, fórmulas de candidatos de mayoría relativa, en cuando menos 12 distritos electorales uninominales;

[el resaltado en negritas es propio]

Si bien el artículo 120 del Código Local habla de los requisitos previstos para la aprobación de las solicitudes de registro de las listas de candidaturas a diputaciones por RP, toda vez que la presentación del registro de por lo menos 12 (doce) fórmulas de diputaciones de MR es indispensable para ello (aprobación de la lista de RP), objetivamente puede concluirse que se trata del mismo requisito contemplado en el artículo 207-III del Código Local, pues es evidente que no se puede aprobar una lista que no cumple los requisitos establecidos para que un partido pueda participar en la asignación de RP.

De lo anterior, pareciera que el Código Local establece 2 (dos) criterios diferenciados conforme a los cuales se debe acreditar que un partido político realizó, por lo menos, la postulación mínima de disputaciones por MR.

Mientras que el artículo 207-III del Código Local establece que para acceder a la asignación de RP los partidos políticos deben realizar en lo individual un mínimo de postulaciones de diputaciones de MR, el artículo 120 del Código Local también establece que ese mínimo puede acreditarse con postulaciones propias o conjuntas (mediante coalición flexible o parcial).

Estos elementos aparentemente contradictorios deben leerse a partir de considerar al sistema normativo como un todo, en el que las distintas normas que lo componen se encuentran en armonía y su aplicación individual o conjunta permite que se cumplan los fines perseguidos en la legislación; es decir, que ante una aparente contradicción normativa, es indispensable
-en primer término- encontrar una solución satisfactoria interpretativa que permita que la aplicación de un supuesto no conlleve a la inobservancia del otro[25].

Por ello, si bien el artículo 207-III del Código Local señala que los partidos tendrán derecho a la asignación de diputaciones de RP cuando postulen por lo menos 12 (doce) candidaturas de MR, debe entenderse que el artículo 120 de dicho ordenamiento determina la forma en la que el requisito puede ser acreditado.

Esta interpretación le otorga aplicación y eficacia al régimen de las formas en las que los partidos políticos pueden participar en las elecciones, el cual incluye la posibilidad de hacerlo conjuntamente.

Lo anterior es relevante para el caso, pues permite advertir que, conforme a la intención legislativa contenida en el artículo 120 del Código local, las postulaciones en lo individual no constituyen el criterio único y exclusivo mediante el cual un partido político puede acreditar que postuló el número mínimo de diputaciones de MR.

Por el contrario, la forma en que se redacta la porción normativa del artículo 120 del Código Local que fue indicada, muestra una clara y evidente voluntad de las personas legisladoras en Hidalgo de considerar que el requisito en comento también se acredita con postulaciones individuales o conjuntas (coaliciones flexibles o parciales).

Ahora, si bien tal artículo no menciona expresamente las candidaturas postuladas mediante candidatura común, su contenido no debe entenderse de forma aislada, sino que es necesario interpretarlo de manera sistemática y funcional a partir de los aspectos correspondientes a la naturaleza de la RP y las formas en que los partidos políticos pueden contender en las elecciones.

Sobre esto, toda vez que el Código Local permite que el requisito de postular un mínimo de diputaciones de MR pueda acreditarse por las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible, no resulta justificado que para esos efectos se excluyan a las postuladas en candidatura común.

Lo anterior, pues -se insiste- ello demuestra que la legislación local no pretende que las postulaciones individuales constituyan el criterio único y exclusivo mediante el cual un partido político puede acreditar esa exigencia, al reconocer que ello también puede hacerse mediante registros en conjunto. Esto es, las postulaciones individuales no es el valor esencial ni en bien jurídico que se pretende proteger con ese requisito.

Así, en términos del artículo 120 del Código Local, permitir que el requisito ya mencionado se acredite solo con una de las formas de participación conjunta en que los partidos políticos válidamente pueden contender para una elección (coalición) y no con la otra (candidatura común), generaría un trato diferenciado que -de cierta manera- limitaría los derechos reconocidos a los partidos, así como la representación política, con independencia de las diferencias entre la naturaleza de esas figuras. Se explica.

Si bien existen diferencias entre las coaliciones y las candidaturas comunes, ambas figuras tienen una esencial fundamentalmente común pues en ambos casos se trata de alianzas partidistas que tienen como principal finalidad: participar de manera competitiva en una elección.

Así, en tanto las candidaturas comunes como coaligadas se trata de postulaciones conjuntas por parte de 2 (dos) o más partidos políticos que se unen para sumar sus fuerza electoral con el mismo propósito, en ambos casos: ganar una elección.

Como lo estableció la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 17/2014 y sus acumuladas, se estableció que la libertad de asociación política garantiza la formación de asociaciones de diversas tendencias ideológicas, que fortalecen la vida democrática del país.

En dicho precedente también se señaló que las legislaciones federal o local deben regular los procesos electorales correspondientes, de tal manera que permitan hacer vigentes los principios fundamentales establecidos en la Constitución General y, con ello, que los partidos políticos posean efectivamente la naturaleza de entidades de interés público y puedan lograr los fines para los que fueron creados.

No obstante ello, esa libertad no se reconoció como absoluta, pues debe hacerse de tal forma que no inhiba el ejercicio de este derecho en materia política, impidiendo la consecución de los fines que persiguen los partidos políticos.

El Código Local permite en total 3 (tres) formas mediante las cuales los partidos políticos pueden optar por participar en una elección[26]: (i) por sí mismos, (ii) en candidatura común o
(iii) en coalición.

Al respecto, es necesario tener claro que tanto la figura de candidatura común como la de coalición, son figuras de participación política que tiene como finalidad la unión de 2 (dos) o más partidos políticos para participar de forma conjunta con mayores posibilidades de triunfo en los procesos electorales, las cuales están permitidas y autorizadas.

Es decir, se trata de mecanismos que garantizan y potencializan la participación de dichos institutos en el marco de una elección, de tal suerte que, si conforme a su estrategia política lo consideran conveniente, resulta factible que propongan a una misma persona como su candidata en conjunto.

Particularmente, la candidatura común se define como la unión de 2 (dos) o más partidos políticos, sin mediar coalición, para postular a la misma candidatura, fórmulas o planillas[27].

En ese sentido, los partidos políticos pueden postular diputaciones bajo la figura de candidatura común en los distritos en que así lo determinen[28], por lo que -como tal- no se establece un máximo o un tope sobre el número de distritos uninominales en los que válidamente podrían competir bajo esa figura.

De las premisas expuestas se desprende que el Código Local no impone a los partidos una forma específica en la que tienen que participar en las elecciones, pues les reconoce completa libertad para (i) decidir si competirán individualmente o en conjunto (coalición o candidatura común), (ii) así como para determinar el número de municipios o distritos en los que participarán en conjunto.

Sin embargo, sí establece una prohibición para que los partidos políticos que registren candidaturas comunes postulen candidaturas propias o de otros partidos políticos para la elección en que convinieron la referida candidatura común[29],.

Además, la Sala Superior[30] ha establecido que la viabilidad de que los partidos políticos formen alianzas con un objeto electoral está comprendida dentro de su derecho de autoorganización que, a su vez, encuentra sustento en la libertad de asociación en materia política. Este derecho de autoorganización permite a los partidos políticos determinar la forma en que participarán en los procesos electorales, incluida la posibilidad de formar coaliciones o candidaturas comunes, con el fin de fortalecer su presencia y representación en dichos procesos.

Este principio resalta la importancia de garantizar que los partidos políticos tengan la capacidad de adaptarse y responder a las dinámicas electorales, promoviendo así un sistema político más inclusivo y representativo, que respeta y fomenta la diversidad de opiniones y estrategias políticas dentro del marco democrático.

Una vez expuesto lo anterior, se puede concluir que el hecho de que el artículo 120 del Código Local contemple a las candidaturas registradas por una coalición (parcial o flexible) para efecto de acreditar el requisito de postulación mínima de diputaciones de MR -que señala el artículo 207-III de tal ordenamiento-, pero no a las candidaturas comunes, restringe el derecho de los partidos políticos a participar en esta modalidad conjunta (candidatura común) que no sucede en el caso de las coaliciones.

No contemplar a las candidaturas comunes para esos efectos, de manera directa limitaría el número de distritos en los que los partidos políticos podrían competir bajo esa modalidad, siendo que -como se explicó- el Código Local no impone un límite para ello.

En los términos expuestos, para que un partido político pueda cumplir lo establecido en los artículos 120 y 207-III del Código Local, materialmente solo podría postular a un máximo de 6 (seis) candidaturas comunes a diputaciones de MR, orillándole a tener que reservar 12 (doce) diputaciones para ser registradas en una forma de participación diferente.

Lo anterior, toda vez que el Código Local prevé un régimen excluyente en el que los partidos políticos únicamente están facultados para postular a una sola candidatura en determinado distrito, con independencia de la figura mediante la cual se apruebe su registro.

Siendo que la determinación del número de distritos en que un partido competirá en candidatura común se deja a su completa libertad y máxime que el Código Local no prevé una consecuencia expresa para el caso en que los partidos decidan registren más de 6 (seis) candidaturas bajo esa modalidad.

Por el contrario, esta situación de hecho no se generaría respecto de las coaliciones parciales o flexibles, pues conforme a los señalado en el artículo 120.4 del Código Local, este tipo de postulaciones sí resultan aptas para acreditar el número mínimo de registros en MR que los partidos deben observar a fin de tener derecho a la asignación de diputaciones por RP.

De esta forma, el marco normativo no puede generar esquemas diferenciados que de manera tácita terminen por obligar o desincentivar a los partidos políticos para contender por alguna modalidad a las que tienen derecho, pues tal decisión se inserta en el ámbito de su autoorganización y estrategia electoral.

En efecto, no puede dejarse de considerar que el propio Código Local reconoce que las candidaturas comunes son candidaturas postuladas por 2 (dos) o más partidos políticos.

Lo que implica que, a pesar de que dicha candidatura, en caso de obtener el triunfo, vaya a pertenecer a determinado grupo parlamentario en el Congreso Local conforme al convenio correspondiente, dicha persona -en cierta medida- sí fue propuesta por cada partido político que conforman la candidatura común.

Siendo que lo trascendente es que el partido sí compite en la elección mediante formas de postulación normativamente permitida.

Asimismo, excluir a las postulaciones a través de candidaturas comunes para acreditar el requisito mencionado, también generaría un trato diferenciado no justificado en relación con la posibilidad de que el voto de la ciudadanía otorgado a partidos políticos que hubieran realizado más de 6 (seis) registros bajo esta figura trascienda a la RP.

Esto, pues en ese supuesto, dichos partidos no tendrían derecho a participar en esa asignación, lo que -de nueva cuenta- no acontecería para el caso de las fuerzas electorales que compiten coaligadas en más de 6 (seis) distritos uninominales, siendo que las postulaciones en candidatura común o coalición resultarían igualmente eficaces para trascender a la RP.

Ahora, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Local las diputaciones de RP se elegirán conforme a los resultados que se obtengan en la elección de MR; por ello el elemento indispensable de la RP es la votación que cada partido político obtuvo en las elecciones de MR en las que haya participado, pues depende invariablemente de estas.

Así, el principio de RP pretende -fundamentalmente- que la presencia de un partido político al interior de un órgano deliberativo sea más o menos proporcional al nivel de votación que obtuvo en una elección, buscando acercarse en la mejor medida posible a una representación pura.

Atendiendo a esto, no se puede desprender algún supuesto razonable u objetivo que justifique, que para efectos de lo dispuesto en el artículo 120.4 del Código Local, sí se contemplen a las coaliciones flexibles o parciales, pero no a las candidaturas comunes.

Lo anterior, pues con independencia de las diferencias específicas de cada alianza, en cada caso existen métodos válidos a partir de los cuales es posible determinar la votación que de manera individual le toca a cada partido.

En efecto, en el caso de la candidatura común, el artículo
38 BIS-II.g) del Código Local determina que en los convenios correspondientes deben prever la forma en que se distribuirán los votos obtenidos por los partidos políticos participantes en la candidatura común.

Al respecto, la Suprema Corte[31] sostuvo que las cláusulas de distribución de votos en el caso de esta figura es el resultado de la libertad de configuración legislativa, que permite a las entidades federativas implementar mecanismos alternativos de participación política, como las candidaturas comunes.

A partir de estas premisas, no podría justificarse objetiva y racionalmente que los partidos políticos que decidan postular más de 6 (seis) candidaturas comunes, como es el caso del PRD, no estén en posibilidad material de cumplir el requisito establecido en los artículos 120.4 y 207-III del Código Local, pero los que postulen más de 6 (seis) candidaturas ya sea en coalición parcial o flexible sí.

En conclusión, tomando en consideración que -como se dijo- las postulaciones individuales no es el valor esencial ni en bien jurídico que se pretende proteger con el requisito de realizar postulaciones mínimas en distritos uninominales, a partir de lo razonado, no resulta justificado que las candidaturas coaligadas sí sean aptas para efecto de acreditar ese requisito, pero las candidaturas comunes no.

De esta manera, a partir de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 29 de la Constitución Local, 120.4 y 207-III del Código Local, atendiendo a las características particulares de la legislación en Hidalgo, lo jurídicamente correcto es considerar que, así como se establece que la carga de postular candidaturas en al menos 12 (doce) distritos uninominales para que los partidos políticos tengan derecho a la asignación de diputaciones de RP, dicho requisito puede acreditarse -entre otras- con sus registros coaligados (en coalición parcial o flexible) -a partir de lo fundado y razonado- y las postulaciones mediante candidaturas comunes también deben considerarse aptas para ello.

A partir de estas consideraciones, la parte actora del JDC 2214 y del JDC 2222 no tienen razón respecto a que el PRD y NAH no cumplieron con postular el número mínimo de candidaturas de MR para tener derecho a participar en la asignación de diputaciones de RP.

En ambos casos el PRD, mediante la candidatura común “Fuerza y Corazón por Hidalgo”[32] y NAH, a través de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia”[33], postularon candidaturas en los 18 (dieciocho) distritos uninominales en Hidalgo, por que satisfacen la carga exigida para acceder a la asignación de diputaciones de RP, contemplada en el artículo 207-III en relación con el diverso 120.4, ambos del Código Local.

* * *

8.4. Indebida integración de la Lista B

La parte actora del JDC-2220 solicitó -en la instancia local- la inaplicación del artículo 208-II párrafo 2 del Código Local que contempla la porción normativa que se resalta en negritas a continuación:

Artículo 208. Para la asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y principios siguientes:

[…]

II. Lista “B”: Relación de las fórmulas de candidatos a Diputados que no lograron el triunfo en la elección por el principio de mayoría relativa del distrito en que participaron, pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de la votación valida emitida, comparados respecto de otras fórmulas de su propio partido en esa misma elección; con la finalidad de garantizar la paridad de género, una vez que se determinó el primer lugar de ésta lista, el segundo lugar será ocupado por la fórmula del otro género con mayor porcentaje

Al principio de la Lista B se deberá ubicar a una persona del sexo diverso al del primer lugar de la Lista A;

En relación con esta temática, considera que la sentencia impugnada es incongruente ya que -por un lado- niega sin un fundamento la inaplicación del artículo 208-II del Código Local, al considerar que existe libertad configurativa de los estados para regular cuestiones relacionadas con la representación proporcional en los congresos locales, pero -por otro lado- inaplica una porción normativa de dicho código relativa a “[…] se entiende por votación estatal emitida, el total de votos depositados en las urnas […]”, sin tomar en cuenta que ahí también existía libertad configurativa.

Estos agravios son ineficaces, pues en realidad no están dirigidos a cuestionar las razones expresadas por el Tribunal Local respecto a la constitucionalidad del artículo 208-II del Código Local, sino que únicamente refieren que en la sentencia impugnada se inaplicó otro artículo -distinto al señalado en su demanda local- relativa a una materia en la que -a juicio de la parte actora- “también existía libertad configurativa”.

De esta manera, tales manifestaciones no están dirigidas a desvirtuar vicios propios en el estudio del agravio relativo a la inconstitucionalidad de la forma en que se debe encabezar la Lista B, sino que únicamente refiere que en otro agravio, con una temática de fondo diferente, se inaplicó una porción normativa diferente.

Por otro lado, no tiene razón cuando señala que fue incorrecto que para analizar su solicitud de inaplicación no se realizó un examen de proporcionalidad (test de proporcionalidad), lo que sí se hizo al momento de inaplicar la definición de “votación estatal emitida”.

Lo anterior, pues, por un lado -como se explicó- la mención de que en el estudio de constitucionalidad de otra porción normativa sí se realizó un test (examen) de proporcionalidad, pero ello no ocurrió respecto de la solicitud de inaplicación solicitada por la parte actora del JDC 2220, no confronta los elementos que sustentan la determinación del Tribunal Local al estudiar ese agravio.

Además, contrario a lo que sostiene, la realización de un examen de proporcionalidad no es un método de análisis que deba ser empleado en todos los casos en los que se plantee la inconstitucionalidad de una norma.

Ello, ya que el test (examen) de proporcionalidad no es un método que obligatoriamente deba desarrollar toda autoridad jurisdiccional ante un planteamiento de inconstitucionalidad sino que es una de las herramientas interpretativas que los órganos jurisdiccionales pueden emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental.

Lo anterior, es acorde a la jurisprudencia 2a./J. 10/2019 (10a.) de la segunda sala de la Suprema Corte de rubro: TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO FUNDAMENTAL[34].

Jurisprudencia que establece que los órganos jurisdiccionales no están obligados a verificar la vulneración a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto las partes, por lo que la implementación de un examen de proporcionalidad no es de obligatoria para todos los casos.

Ahora bien, en su demanda también refiere que el Tribunal Local dejó de atender sus manifestaciones en que señaló que la porción normativa contenida en el artículo 208-II párrafo 2 del Código Local afecta el principio democrático y de autoorganización de los partidos políticos.

La parte actora del JDC-2220 tampoco tiene razón en sus planteamientos.

Si bien no en la sentencia local no se atiende de manera frontal los planteamientos que la parte actora del JDC 2220 hizo valer a fin de controvertir la constitucionalidad del artículo mencionado, lo cierto es que no tiene razón en cuanto a que la forma en que se determina la persona que encabezará la Lista B no transgrede el principio democrático ni de autoorganización de los partidos políticos.

En la instancia previa, la parte actora del JDC 2220 -en su demanda local- refirió que la forma de determinar la persona que encabezará la Lista B afecta el principio democrático y la autoorganización de los partidos políticos, pues implica que se privilegie el género sobre las personas que obtuvieron una mayor votación en la elección de diputaciones por MR.

Sobre esto, consideró que tal cuestión vulneraba su esfera de derechos pues era la candidatura del PT con mayor porcentaje de votación válida emitida, por lo que -a su consideración- ese era el elemento que se debía tomar en cuenta para encabezar la Lista B y no el género de las personas.

En la sentencia impugnada, en un primer momento, se contestaron los planteamientos de inconstitucionalidad a partir de explicar que esa porción combatida tenía como finalidad constitucional legítima proteger el principio constitucional de paridad de género en la RP, mediante la alternancia de géneros en las Listas A y B de diputaciones por RP.

Posteriormente se razonó que, con independencia de las obligaciones derivadas del principio constitucional de paridad de género, el diseño estatal de RP es a la libre disposición de la legislación local; incluyendo el diseño de la fórmula de asignación y sus componentes, siempre que con esto se permita reflejar una verdadera representatividad de los partidos políticos.

Acto seguido, luego de exponer el marco normativo local respecto a la RP en las diputaciones, estableció que el artículo 208-II párrafo 2 del Código Local era conforme a la Constitución General debido a la amplia libertad de configuración legislativa que tienen las entidades federativas en la materia, incluida la obligación de garantizar el principio de paridad de género.

Así, el Tribunal Local concluyó que el diseño normativo de las diputaciones de RP:

Tampoco trastoca las bases constitucionales, ni merma los derechos de los candidatos postulados por los partidos políticos, ni establece una medida desproporcionada o discriminatoria, tratándose de unos candidatos respecto del resto, ni un trato preferencial injustificado.

De esta forma, en la sentencia impugnada no se respondieron los argumentos en los que la parte actora del JDC 2220 basó la supuesta inconstitucionalidad del artículo 208-II párrafo 2 del Código Local relativos a que la forma de determinar la persona que encabezará la Lista B afecta el principio democrático y la autoorganización de los partidos políticos.

No obstante ello, respecto a la supuesta vulneración al principio de autoorganización de los partidos políticos el agravio termina siendo ineficaz porque la parte actora del JDC 2220 ni en la demanda presentada ante esta sala ni en la que interpuso en la instancia local desarrolla argumentos en que explique por qué considera de la referida porción normativa transgrede ese principio, pues únicamente realiza manifestaciones genéricas al respecto.

Ante tal situación, partiendo de la presunción de validez de las normas, no sería posible realizar un estudio de constitucionalidad del artículo 208-II párrafo 2 del Código Local a partir de manifestaciones vagas en las que únicamente se denuncia su inconstitucionalidad, pero no se exponen las razones de esa sospecha.

Con relación a que la porción normativa relativa a que al principio de la Lista B se deberá ubicar a una persona de género distinto al del primer lugar de la Lista A transgrede el principio democrático y de autoorganización de los partidos políticos la parte actora del JDC 2220 considera que se debe inaplicar la regla que establece que la primera posición de la Lista B se determina a partir del género de quien encabeza la Lista A transgrede el principio democrático, pues se debería dar más peso a aquellas personas que obtuvieron el mayor porcentaje de la votación en una elección de MR.

De esta manera, considera que en el caso tiene un mayor peso el principio democrático que el de paridad de género, pues integrar la Lista B a partir de las personas con mayor porcentaje de votación en lugar de integrarla considerando una alternancia en los géneros, es una medida progresista y constitucional.

Estos planteamientos son infundados.

Contrario a lo que sostiene en su demanda, la forma de determinación de la primera posición en la Lista B prevista en el artículo 208-II párrafo 2 del Código Local no trasgrede el principio democrático ni el derecho de la parte actora del JDC 2220 a que se le vote, pues en el caso del sistema de RP la voluntad ciudadana se respeta en la medida en que a cada partido le son asignadas diputaciones plurinominales atendiendo a su representatividad.

Para sustentar lo anterior, es necesario retomar lo razonado por la Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas.

En ese precedente se resolvió, entre otras cosas, sobre la inconstitucionalidad de la integración de la Lista B de disputaciones de RP en el entonces Distrito Federal, cuya naturaleza es idéntica la Lista B de diputaciones RP en Hidalgo:

Al respecto, la Suprema Corte consideró que ni en la Constitución General, ni en las leyes generales se establecen reglas específicas respecto a la forma en que se deben integrarse las listas para la asignación de diputaciones por el principio de RP de ahí que las legislaturas locales gozan de libertad configurativa al respecto.

Indicó que, a diferencia de lo que sucede en las elecciones de MR donde los lugares se obtienen a partir de conseguir un mayor número de votos, la RP es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido político un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor.

Razonó que la forma en que se integren ese tipo de listas no puede vulnerar el derecho al voto en ninguna de sus vertientes puesto que la ciudadanía vota por las candidaturas de MR, y en el momento en que se hace la asignación de diputaciones a quienes hayan obtenido el mejor resultado, termina la elección por ese principio, sin que exista un derecho de las candidaturas de mayoría perdedoras a ser reacomodadas o a que esto se haga en un orden determinado.

En específico, explicó que el sistema de RP está diseñado para garantizar la pluralidad de los espacios deliberativos, permitiendo que los partidos minoritarios tengan representación en dichos órganos siempre y cuando cumplan el porcentaje mínimo de votación requerida normativamente, de ahí que en dicho sistema no se vota por personas en lo particular, sino por los partidos políticos en tanto son entidades de interés público que han obtenido cierto nivel de apoyo.

A partir de estas premisas concluyó que:

[…] al ser la Lista B un mecanismo para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, que se integra con candidatos no vencedores por el principio de mayoría relativa, no es necesario que se respeten los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos, sino que válidamente puede privilegiarse un criterio de paridad de género, pues en este caso la voluntad ciudadana se respeta en la medida en que a cada partido le son asignadas curules atendiendo a su representatividad.

Así, tomando como base el criterio sostenido por la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas, el hecho de que el Código Local establezca que la Lista B tiene que estar encabezada por una persona del género distinto a la primera posición de la Lista A no transgrede el principio democrático ni genera alguna afectación al derecho de la parte actora del JDC 2220 a que se le vote.

En efecto, como se explicó, si bien la Lista B se integra de aquellas candidaturas que no lograron el triunfo en la elección por MR del distrito en que participaron, pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de la votación, en realidad constituye una lista para asignar diputaciones por RP.

De esta manera, toda vez que se trata de un mecanismo de RP y no de MR, su principio de asignación no se basa en la cantidad de votos que hubiera obtenido una persona, sino que busca asignarle a cada partido político un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor.

Por lo tanto, -como lo sostuvo la Suprema Corte- no resulta obligatorio ni indispensable que la prelación de la Lista B se realice ateniendo estrictamente a los porcentajes de votación obtenidos por las candidaturas, ya que el principio democrático y la voluntad ciudadana se respeta en la medida en que a cada partido le son asignadas curules atendiendo a su representatividad, por lo que resulta completamente válido que se privilegie un criterio de paridad de género.

Lo anterior, pues como lo señaló el referido órgano jurisdiccional, no existe un derecho de las candidaturas perdedoras en MR a ser reacomodadas o a que esto se haga en un orden determinado para una asignación en RP.

Finalmente, no pasa desapercibido que en la propia acción de inconstitucionalidad 45/2024 y sus acumuladas se estableció que la forma correcta de interpretar la integración de la Lista B regulada en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (abrogado) era -precisamente- entendiendo que el género de la persona que ocupara la primera posición debía ser distinto al de la persona que encabece la Lista A, lo que se estableció de esta forma:

En el caso, existe una interpretación plausible de los artículos 292, fracciones I y II y el artículo 293, fracción VI, numeral 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que genera un sistema compatible con el principio de paridad de género.

Dicha interpretación consiste en que para la integración de la Lista B, el primer lugar debe corresponder a la fórmula de género distinto al que encabece la Lista A y que haya obtenido el porcentaje mayor de votación efectiva, el segundo lugar será ocupado por la fórmula del otro género con mayor porcentaje de la votación efectiva, y sucesivamente se irán intercalando de esta manera hasta concluir la integración de esta lista. Con esta interpretación se garantiza la paridad de género en la asignación de escaños de representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetando a la vez el modelo de listas producto del ejercicio de las atribuciones del legislador local, lo que hace preferible esta alternativa frente a una declaratoria de invalidez, máxime que el proceso electoral está próximo a iniciar.

[…]

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

QUINTO. Se reconoce la validez de los artículos 244 Bis, párrafo segundo, 244 Ter, apartado A, párrafos primero y segundo, 244 Quáter, 244 Quintus, 316 Bis y 318, fracción I, así como de los artículos 292, fracciones I y II, y 293, fracción VI, numeral 1, todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, estos dos últimos en términos de la interpretación conforme contenida en el considerando decimosegundo de este fallo, en el sentido de que al principio de la Lista B se deberá ubicar a una persona del sexo diverso al del primer lugar de la Lista A.

Bajo estas premisas, es infundado el agravio de la parte actora del JDC 2221 en que señala que la Lista B debió estar encabezada por su candidatura, pues se trata de la persona con el porcentaje de votación más alto de entre las personas de Movimiento Ciudadano que participaron en la elección de MR.

Lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 208-II párrafo 2 del Código Local, la primera posición en la Lista B debe corresponder a la fórmula de género distinto al que encabece la Lista A y que haya obtenido el porcentaje mayor de votación efectiva, el segundo lugar será ocupado por la fórmula del otro género con mayor porcentaje de la votación efectiva, y sucesivamente.

De ahí que, si la Lista A de Movimiento Ciudadano se encuentra encabezada por un hombre, la primera posición de la Lista B debe otorgarse a la mujer con mayor porcentaje de la votación válida emitida.

Finalmente, son ineficaces los agravios en que la parte actora del JDC 2220 señala que se debe inaplicar lo dispuesto en el artículo 208-II párrafo 2 del Código Local ya que se puede llegar válidamente a la conclusión de que el Congreso Local se integrará de manera paritaria por tercera vez consecutiva “inclusive esta vez con más mujeres”.

Dichos argumentos no están encaminados a controvertir que tal artículo transgrede las normas y principios que componen el parámetro de regularidad constitucional, sino que señala la necesidad de su inaplicación únicamente a partir de considerar “que el Congreso Local […] se integrará de manera paritaria”, siendo que la inaplicación de una porción normativa solo debe realizarse cuando esta se considere que es inconstitucional y no sea posible realizar una interpretación en sentido amplio o estricto, siendo el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de estos derechos[37].

* * *

8.5. Indebido análisis de la sobrerrepresentación de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia”

La parte actora del JDC 2219 señala que el Tribunal Local no fue exhaustivo pues no realizó un estudio en que se establecieran las diferencias entre una candidatura común y una coalición.

Al respecto señala que una candidatura común representa a la unión de 2 (dos) o más partidos políticos, siendo que, el electorado realiza la elección y votación por una sola persona y ese voto contempla a todos los partidos que la componen sin hacer ninguna distinción, ya que comparten logotipo y eslogan, por lo que se debe considerar como si fuera un mismo partido político.

En este sentido, considera que el Tribunal Local debió analizar que la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia” representa una sola fuerza electoral, por lo que las 18 (dieciocho) diputaciones que obtuvo por MR deben ser consideradas tanto para MORENA como para NAH, con independencia de lo que señala el convenio realizado por ambos partidos.

Bajo este orden de ideas, controvierte que en la sentencia impugnada se dejó de tomar en cuenta que -conforme a lo establecido en el artículo 208-VIII del Código Local- MORENA y NAH no tienen derecho a la asignación de diputaciones de RP toda vez que ganaron en todos los distritos de MR, pues al competir en candidatura común debe considerárseles como un solo partido para esos efectos, dado que al competir bajo un mismo emblema no es posible determinar específicamente a qué partido va dirigido cada voto.

También argumenta que si MORENA y NAH pretendían que sus emblemas aparecieran de forma individual en las boletas a fin de poder determinar con precisión qué votos le corresponde a cada uno y consecuentemente si le correspondían o no asignarles diputaciones locales de RP, debieron participar como una coalición y no como una candidatura común, lo que tampoco fue considerado por el Tribunal Local.

Asimismo, alegan que tampoco se valoró que los triunfos de MR de la candidatura común mencionada representan el 59.4% (cincuenta y nueve punto cuatro por ciento) del total del Congreso Local, siendo que la votación que recibió solo equivale al 45.42% (cuarenta y cinco punto cuarenta y dos por ciento) por lo que se encuentra fuera de los límites de sobrerrepresentación previstos en el artículo 208-IX del Código Local y, por lo tanto, ni MORENA ni NAH tendrían derecho a que se les asignen diputaciones de RP.

Estos agravios son infundados e inoperantes conforme a las siguientes razones.

En primer lugar, son infundados porque a efecto de analizar los agravios identificados en la sentencia impugnada como “Indebida asignación de Diputaciones al partido NAH y Sobrerrepresentación de la candidatura común Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo” no era necesario que se explicaran las diferencias entre la figura de la coalición y la candidatura común.

Lo anterior, pues la materia de la controversia de esa temática estaba relacionada con la forma en la que se debe considerar la participación de los partidos políticos mediante una candidatura común para efectos de la asignación de diputaciones de RP y el cálculo de los límites de sub y sobrerrepresentación en el Congreso Local.

De esta manera, resultaba suficiente con que el Tribunal Local respondiera a tal impugnación a partir de analizar la naturaleza, alcances y regulaciones específicas de las candidaturas comunes, sin que le fuera indispensable o exigible comparar dicha figura con la de la coalición.

Por otra parte, también en infundado porque el Tribunal Local sí se pronunció en lo relativo a si las partes que integran una candidatura común deben considerarse o no como un solo partido político, determinando que MORENA y NAH, no pueden considerarse como una sola entidad para fines de la asignación de diputaciones de RP ni para el cálculo de los límites de sub y sobrerrepresentación, conforme a la legislación local.

Explicó que toda vez que las candidaturas comunes son un mecanismo de participación mediante el cual una persona es postulada por diversos partidos, un efecto natural y esperado es que las candidaturas estén afiliadas solamente a un partido político, lo que implica que reciba votos que le favorezcan, pero que no se hayan emitido en favor del partido en el que milita, sino por otro de los que integran la candidatura común, por lo que esa votación deberá distribuirse conforme al respectivo convenio.

A partir de esto en la sentencia impugnada se estableció que:

[…] contrario a lo que señalan los actores, no es posible considerar que la distribución de los distritos de mayoría relativa entre los partidos coaligados constituya el abuso de un derecho, porque, al momento de la suscripción del convenio, si bien, tenían conocimiento de cuantos distritos obtendrían en caso de que la candidatura común resultara vencedora, ello no puede suceder así respecto de los resultados de la votación y, por ende, de las curules que finalmente les serían asignadas por la autoridad electoral.

De conformidad con lo previsto por el artículo 38 BIS del Código Electoral, el convenio de coalición contendrá, en todos los casos, el señalamiento del grupo legislativo o edilicio al que integrarán en caso de que resulten ganadores.

La finalidad de dicha previsión es generar certeza respecto de la manera en que quedarán distribuidos los triunfos que, como candidatura común, los partidos obtengan en las elecciones de mayoría relativa […]

[…]

Así, debe considerarse que, en el caso, el que los partidos que decidieron participar en la renovación del Congreso local de manera asociada, a través de una candidatura común, se hayan distribuido los distritos electorales en los que contendieron para la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa de la forma en que lo hicieron, solo obedeció al hecho de establecer el grupo al que quedarían conformados en caso de resultar ganadores en el distrito correspondiente.

A partir de estas consideraciones se concluyó que la candidatura común integrada por MORENA y NAH no puede ser considerada como un solo ente para efectos de asignación de diputaciones de RP y mucho menos para el cálculo de los límites constitucionales de sub y sobrerrepresentación en el Congreso Local.

Consideraciones que no son frontalmente combatidas por la parte actora del JDC 2219 pues fundamentalmente
(i) controvierte que el Tribunal Local dejó de valorar aspectos que en realidad -como se explicó- sí fueron atendidos e
(ii) impugna que se debió considerar que la candidatura común está sobrerrepresentada y por lo tanto no podía participar en la asignación de diputaciones por RP, a partir de argumentos que fueron analizados y desestimados en la sentencia impugnada.

Por otra parte, son inoperantes los agravios en los que sostiene que si MORENA y NAH pretendían que sus emblemas aparecieran de forma individual en las boletas a fin de poder determinar con precisión qué votos le corresponde a cada uno, debieron formar una coalición y no una candidatura común, puesto que se tratan de planteamientos novedosos que no fueron hechos valer en la instancia previa, por lo que el Tribunal Local no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto y por ello son cuestiones que no forman parte de la sentencia impugnada.

Finalmente, también es inoperante lo relativo a que se debe considerar lo determinado por la Sala Regional Toluca al resolver los juicios ST-JRC-182/2021 y acumulados, pues se limita a transcribir parte del precedente, pero sin indicar de forma concreta de qué forma -a partir de las consideraciones que se tomaron en esa sentencia- resulta incorrecto lo resuelto por el Tribunal Local en el caso concreto.

* * *

8.6. Indebida asignación de diputaciones a grupos de atención prioritaria

La parte actora del JDC 2214 y JDC 2216 son coincidentes al alegar que el Tribunal Local vulneró el principio de congruencia y legalidad, en virtud de que creó o modificó las reglas para determinar en qué partido político realizaría los ajustes mínimos para la asignación de diputaciones de grupos de atención prioritaria, en lugar de aplicar la normativa correspondiente.

La parte actora del JDC 2214 señala que el Tribunal Local no podía crear nuevas reglas para tal efecto, pues las autoridades electorales están obligadas a determinar con anticipación las reglas claras y precisas para el proceso electoral, con una temporalidad anticipada y razonable, lo cual en el caso no sucedió, pues refiere que no tuvo conocimiento con anticipación a su registro como candidata de las reglas aplicables para la integración de grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que desconocía las circunstancias bajo las que competiría.

Alega que no le pasa desapercibido que el Tribunal Local aplicó el artículo 15.2 de las Reglas Inclusivas, sin embargo, las mismas no le son aplicables a ella ya que compitió por la vía de MR y no de RP; en ese sentido, dichas reglas anuncian que deben hacerse los corrimientos necesarios en los partidos políticos para la asignación de grupos de atención prioritaria, sin embargo, se omite el cómo deben hacerse esos corrimientos.

En congruencia con ello, la parte actora del JDC 2216 señala que el Tribunal Local debió observar que el marco normativo refiere que a efecto de garantizar la asignación de grupos de atención prioritaria, todas las personas postuladas por los partidos políticos en la Lista A tienen que manifestar en el formato de aceptación de la candidatura su conformidad con los corrimientos que sean necesarios.

En ese tenor, la autoridad responsable tenía la obligación -entre otras cosas- de realizar el ajuste correspondiente asignando curules de personas que hubieran integrado la Lista A, por así haber estado previsto en las Reglas Inclusivas, ya que fue a dichas personas -y no a quienes integran la Lista B- a las que se les exigió que firmaran su consentimiento para hacer ajustes.

Contrario a ello, el Tribunal Local creó nuevas reglas, pues identificó a los partidos políticos que le fueron asignadas las ultimas diputaciones (PVEM y Movimiento Ciudadano) y realizó el ajuste en la Lista B de cada uno de ellos, afectando el derecho a ser votada de la parte actora.

La parte actora señala que no debe perderse de vista que el PVEM estaba obligado a postular personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad pero solo como un requisito de postulación, siendo la autoridad administrativa electoral quien tiene la obligación de emitir el mecanismo para su posterior designación, por tanto, fue indebido que el Tribunal Local justificara su decisión argumentado que tiene la obligación constitucional de garantizar los principios de paridad, inclusión y no discriminación.

Aunado a lo anterior, sostiene que el Tribunal Local no fundó ni motivó cómo es que llega a la conclusión de que la asignación de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria debe asignarse a las 2 (dos) últimas diputaciones asignadas por resto mayor, sino que lo hace de manera arbitraria, causando con ello un desajuste a la paridad de género y una vulneración a su derecho a ser votada.

Por otro lado, la parte actora del JDC 2224 refiere que el Tribunal Local debió asignar a la persona de la diversidad sexual y de género de la lista del PVEM -quien se encuentra en una posición preferente respecto a su Lista A- y, en consecuencia, debió asignar a la persona con discapacidad, de la lista de Movimiento Ciudadano correspondiendo a la parte actora al estar registrada en la posición 9 (nueve) de la Lista A, como persona con discapacidad.

Lo anterior, porque si el PVEM obtuvo más votación es en quien debió realizarse la primera modificación, sin embargo, el Tribunal Local indebidamente determinó hacer en ese partido el ajuste de persona con discapacidad, cuando la misma se debió hacer en Movimiento Ciudadano a efecto de protegerse en mejor medida los derechos político-electorales de la parte actora.

Contestación

Los agravios resultan, por una parte, infundados y, por otra, fundados y suficientes para modificar la sentencia impugnada. Se explica.

Al revocar la Resolución 008, el Tribunal Local -en plenitud de jurisdicción- estableció el número de diputaciones por el principio de RP que corresponderían a cada partido político con derecho a una obtener una, de la siguiente manera:

Previo a determinar cuál candidatura de cada partido político accedería a una curul, el Tribunal Local precisó que tenía la obligación constitucional de observar y cumplir con el principio de paridad de género, así como de inclusión de grupos de atención prioritaria.

En cuanto a la inclusión de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, señaló que conforme al artículo 66-XXV del Código Local si en las diputaciones por el principio de MR no hubiera sido electa una fórmula integrada por personas con discapacidad, en las asignaciones de RP se le deberá garantizar el acceso al cargo de una de ellas; asimismo, el artículo 207-V de dicho código, dispone que al menos en una curul de RP se deberá garantizar el acceso al cargo a una persona con discapacidad y personas de la diversidad sexual y de género.

El Tribunal Local señaló que si bien existe la obligación de incluir a dichos grupos de atención prioritaria, lo cierto era que -página 63 de la sentencia impugnada- “[…] no existe un mecanismo específico que determine de manera clara y pormenorizada la manera en que sea posible realizar los ajustes necesarios en caso de que en la asignación final de las diputaciones exista una subrepresentación de género, de personas con discapacidad o de personas de la diversidad sexual […]”.

A pesar de lo cual, precisó que tenía la obligación de dar vigencia a los principios constitucionales de paridad, inclusión y no discriminación, conforme a los parámetros de regularidad constitucional, observando para ello la autodeterminación de los partidos políticos.

En tal sentido, en principio, el Tribunal Local precisó que con los triunfos de MR se cumplía la paridad de género, pues habían alcanzado el triunfo 10 (diez) mujeres y 8 (ocho) hombres, por lo que no se actualizaba la necesidad de observar los triunfos de MR para realizar algún tipo de compensación de género.

Posteriormente, refirió que los partidos políticos con derecho de acceder a una curul de RP eran: NAH, PT, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, todos con 2 (dos) curules; PAN y PRD, ambos con 1 (una) curul.

Con fundamento en el artículo 209-III del Código Local, en el proceso de asignación se debe atender al orden de prelación determinando en la Lista A y Lista B de cada partido político; y a fin de cumplir con la paridad de género, una vez que se determine el primer lugar de la Lista A -del partido político con mayor votación-, el segundo lugar será ocupado por la formula del otro género -con el siguiente mayor porcentaje de votación-, para lo que se irán intercalando las listas hasta concluir con la designación.

Asimismo, precisó que NAH participó en la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo” y alcanzó el triunfo en los 4 (cuatro) distritos electorales que encabezó con candidaturas, consecuentemente no tiene Lista B para efectos de la asignación de diputaciones. Ello, porque la Lista B se construye a partir de las fórmulas de candidaturas a diputaciones que no lograron el triunfo en la elección por el principio de MR, pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de votación válida emitida, siendo que, en el caso, NAH obtuvo el triunfo de todas sus candidaturas distritales.

En ese orden de ideas, la asignación hecha por el Tribunal Local quedó como sigue:

Conforme a esta primera integración, María Guadalupe Cruz Montaño -actora del JDC 2214-, postulada por PVEM, y Karla Perales Arrieta -actora del JDC 2216-, postulada por Movimiento Ciudadano, accedieron preliminarmente a la curul de RP.  

Con ello, el Tribunal Local precisó que se cumplía la paridad de género, en tanto, por el principio de RP 6 (seis) fórmulas correspondían a mujeres y 6 (seis) correspondían a hombres. En total el Congreso Local, considerando también los triunfos de MR, quedaría integrado por 16 (dieciséis) mujeres y 14 (catorce) hombres.

Ahora bien, el Tribunal Local señaló que debía realizar los movimientos necesarios a fin de incorporar en al menos 1 (una) de las 12 (doce) curules a candidaturas que correspondieran a grupos de atención prioritaria, particularmente de personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual y de género. Ello, porque del análisis de las asignaciones se advertía que ninguna fórmula estaba integrada por personas de los grupos mencionados, para lo cual adoptaría las siguientes bases:

1.     Se identificarán a los partidos políticos que tuvieron las ultimas asignaciones de RP por resto mayor, en estricto orden de prelación.

2.     A dichos partidos se les realizaría un ajuste a cada uno, a fin de garantizar la asignación de una formula a personas de la diversidad sexual y otra a personas con discapacidad.

3.     Iniciando con el partido que obtuvo la última asignación, se revisarán sus listas A y B para localizar la primera fórmula que se encuentre en alguno de los supuestos de grupo de atención prioritaria y se realizará el ajuste.

4.     Se continuará con el partido que tuvo la penúltima asignación, se revisarán sus listas A y B para localizar la primera fórmula que se encuentre en alguno de los supuestos de grupo de atención prioritaria y se realizará el ajuste.

En ese orden de ideas, el Tribunal Local señaló que Movimiento Ciudadano y PVEM fueron los últimos partidos a quienes se les asignó una curul por resto mayor, ambas recayendo en la candidatura de la Lista B de cada partido; dichas asignaciones correspondían precisamente a Karla Perales Arrieta -actora del JDC 2216- postulada por Movimiento Ciudadano, y María Guadalupe Cruz Montaño -actora del JDC 2214-, postulada por PVEM; ambas integrantes de la Lista B.  

El Tribunal Local procedió a realizar el ajuste en esos partidos y en las candidaturas de las partes actoras, sustituyéndolas e incorporando a 1 (una) persona perteneciente a la diversidad sexual y de género de Movimiento Ciudadano, y a 1 (una) persona con discapacidad del PVEM, modificando la asignación como sigue: