JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JE-65/2023

PARTE ACTORA:

N-1 ELIMINADO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIOS:

HIRAM NAVARRO LANDEROS Y RAFAEL IBARRA DE LA TORRE

Ciudad de México, a 9 (nueve) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés)[1].

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el juicio TEEP-JDC-N-1 ELIMINADO/2023, para los efectos precisados en esta resolución.

G L O S A R I O

A N T E C E D E N T E S

1. PES

1.1. Denuncia. El 2 (dos) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), la parte actora denunció la posible comisión de violencia política por razón de género en su contra.

1.2. Citación y emplazamiento. El 29 (veintinueve) de agosto, se emitió el Acuerdo de Citación, por el cual, entre otras cuestiones, se solicitó a las partes que comparecieran a la Audiencia, señalando que debían hacerlo mediante escrito presentado ante el IEEP antes de la fecha y hora señaladas para su inicio.

1.3. Audiencia. El 5 (cinco) de septiembre, las partes presentaron el escrito respectivo a fin de comparecer a la Audiencia, la cual se desahogó ese mismo día.

2. Instancia local

2.1. Demanda. El 8 (ocho) de septiembre la parte actora presentó demanda para inconformarse con la forma de desahogo de la Audiencia, con la cual el Tribunal Local formó el juicio
TEEP-JDC-N-1 ELIMINADO/2023.

2.2. Sentencia impugnada. El 29 (veintinueve) de septiembre, el Tribunal Local emitió la sentencia impugnada, en la que declaró parcialmente fundados, inoperante e infundado, respectivamente, los agravios hechos valer por la parte actora contra el desahogo de la Audiencia, y ordenó notificarle, junto con la sentencia impugnada, copia certificada del acta levantada con motivo de la Audiencia, para garantizar su derecho de acceso a la justicia.

3. Juicio electoral

3.1. Demanda. El 6 (seis) de octubre, la parte actora presentó directamente ante esta Sala Regional, demanda de juicio electoral, sin especificar la clave de identificación del juicio en el que fue emitida la sentencia a que se refería su impugnación.

3.2. Turno y recepción. Con dicha demanda se formó el expediente SCM-JE-65/2023, que fue turnado a la ponencia de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas quien en su oportunidad lo tuvo por recibido.

3.3. Requerimiento a la parte actora y cumplimiento. El 18 (dieciocho) de octubre, la magistrada instructora requirió a la parte actora que precisara cuál era el acto impugnado ante esta Sala Regional; a lo que respondió que controvierte la sentencia emitida por el Tribunal Local en el juicio TEEP-JDC-N-1 ELIMINADO/2023.

3.4. Requerimiento al Tribunal Local. Considerando lo manifestado por la parte actora, el 23 (veintitrés) de octubre la magistrada instructora requirió al Tribunal Local que realizara nuevamente el trámite correspondiente a este medio de impugnación, considerando como acto impugnado la sentencia emitida por dicho tribunal en el juicio TEEP-JDC-N-1 ELIMINADO/2023[4].

3.5. Admisión y cierre. El 3 (tres) de noviembre la magistrada instructora admitió la demanda y, en su oportunidad, cerró la instrucción de este juicio.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N TO S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, ya que se trata de un juicio promovido por una persona ciudadana, por derecho propio, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Local en el juicio
TEEP-JDC-N-1 ELIMINADO/2023, que declaró parcialmente fundados, inoperante e infundado, respectivamente, los agravios hechos valer por la parte actora contra el desahogo de la Audiencia; supuesto que es competencia de esta Sala Regional y entidad federativa sobre la cual ejerce jurisdicción, con fundamento en:

 Constitución. Artículos 17, 41 párrafo tercero base VI párrafo 1, 94 párrafo primero, 99 párrafos primero, segundo y cuarto.

 Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las 5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

 “Lineamientos Generales para la identificación e integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”, emitidos por el presidente de la Sala Superior que modificaron los lineamientos previos -que establecían que las salas regionales están facultadas para formar un juicio electoral para respetar el derecho de acceso a la justicia- y contemplan al juicio electoral como uno de los medios de impugnación que pueden ser integrados en esta sala[5].

SEGUNDA. Perspectiva de género. La persona que promueve este juicio impugna la sentencia del Tribunal Local, que desestimó parte de los planteamientos que expuso para cuestionar la forma en que el IEEP llevó a cabo la Audiencia desahogada dentro del PES iniciado con motivo de la presunta comisión de violencia política por razón de género en su contra.

Así, esta Sala Regional analizará los planteamientos de la parte actora aplicando -en lo conducente- una perspectiva de género pues es la parte denunciante en un PES iniciado por su acusación de que se cometió violencia política por razón de género en su contra, y, señala que el Tribunal Local no analizó adecuadamente la violación procesal consistente en el incorrecto e ilegal desahogo de la Audiencia.

La perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.

Con relación a ello, la Suprema Corte emitió el Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género[6], señalando que la construcción cultural de la diferencia sexual se basa esencialmente en el contraste entre lo masculino y lo femenino, en la oposición de ambos sexos y la jerarquización de uno y otro, que da como resultado que existan posiciones desiguales en las que un género ocupa un rango de dominación y el otro de subordinación. Por tanto, advertir estas circunstancias es fundamental, pues permite entender cómo funciona realmente el género, lo cual quedaría invisibilizado si solo se analizara lo concerniente a las mujeres.

Juzgar con esta perspectiva implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres[7] -aunque no necesariamente está presente en todos los casos-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo[8].

Esto permite identificar la existencia de distinciones indebidas, exclusiones o restricciones basadas en el género que impidan el goce pleno de los derechos de las personas.

Tener en cuenta la perspectiva de género no se traduce en que el órgano jurisdiccional esté obligado a resolver el fondo conforme a las pretensiones planteadas, solamente en atención al género de las partes implicadas, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia para la interposición de cualquier medio de defensa[9], aunado a los criterios legales y jurisprudenciales que al caso resulten aplicables; ello, ya que las formalidades procesales, así como los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte -en su carácter de órganos terminales- son los mecanismos que hacen posible arribar a una resolución adecuada.

Sobre lo anterior, es importante resaltar que la utilización de esta perspectiva, incluso, constituye una herramienta metodológica que puede ser utilizada para el análisis de controversias relacionadas con la vulneración al debido proceso en situaciones, como en el caso, en que hace valer cuestiones relacionadas con el desahogo de la Audiencia llevada a cabo en el PES en que denunció la comisión de violencia política por razón de género en su contra.

TERCERA. Precisión del acto impugnado. En su demanda, la parte actora señala[10] que impugna del Tribunal Local la:

[…] Sentencia definitiva que declara PARCIALMENTE FUNDADOS, INOPERANTE E INFUNDADO, respectivamente, los agravios hechos valer […] en contra del desahogo de la Audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo a las catorce horas con cero minutos del cinco de septiembre del año dos mil veintitrés […].  

(El resaltado en negritas es propio)

Lo anterior, sin especificar la clave de identificación del juicio en el que fue emitida la sentencia a que se refiere.

Sin embargo, el 20 (veinte) de octubre, en cumplimiento al requerimiento formulado por la magistrada instructora, la parte actora señaló que el acto impugnado corresponde a la sentencia emitida por el Tribunal Local en el juicio TEEP-JDC-N-1 ELIMINADO/2023; por lo que dicha sentencia debe tenerse como la controvertida para efectos de este juicio.

CUARTA. Cuestión previa. Antes de entrar al estudio de fondo de la resolución impugnada, esta Sala Regional estima oportuno precisar que, atendiendo a la materia del juicio de origen, las reglas y forma en que se desahogó la Audiencia constituyen actos intraprocesales.

En efecto, ante el Tribunal Local, la parte actora controvirtió el desahogo de la Audiencia, al considerar que su desarrollo
-esencialmente- no se había apegado a lo establecido en los artículos 414 del Código Local y 54 del Reglamento de Quejas, lo que la dejó en estado de indefensión y vulneró el principio de contradicción.

Es de apreciar que los actos que constituyeron la materia de estudio por parte del Tribunal Local, en esencia, debieron haberse advertido como cuestiones de carácter intraprocesal y, por ende, haber sido objeto de sobreseimiento o desechamiento en la instancia anterior; no obstante ello, sin mayor motivación por parte del referido órgano jurisdiccional, en la sentencia impugnada procedió a su análisis.

Esta circunstancia implica que ahora en esta instancia federal se proceda al análisis de los argumentos sostenidos por dicho tribunal a la luz de los agravios hechos valer por la parte actora en torno a la posible vulneración de sus derechos por la manera en que se desahogó la Audiencia.

QUINTA. Requisitos de procedencia. Este medio de impugnación es procedente en términos de los artículos 8.1, 9.1 y 13 de la Ley de Medios, por lo siguiente.

5.1. Forma. La parte actora presentó su demanda por escrito
-ante esta sala- en que consta su nombre y firma autógrafa, señaló medio para recibir notificaciones, identificó el acto impugnado[11] y la autoridad responsable, expuso hechos, formuló agravios y ofreció pruebas.

5.2. Oportunidad. La demanda fue interpuesta en el plazo de 4 (cuatro) días hábiles establecido para tal efecto, pues la sentencia impugnada fue notificada a la parte actora el 2 (dos) de octubre[12], por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del 3 (tres) al 6 (seis) de octubre, día en que presentó su demanda, por lo que es evidente su oportunidad.

5.3. Legitimación e interés jurídico. La parte actora tiene legitimación e interés jurídico para promover el presente juicio, ya que es una persona ciudadana que comparece por derecho propio y que fue parte actora en la instancia anterior; además, considera que la sentencia impugnada es incongruente y vulnera en su perjuicio el debido proceso.

5.4. Definitividad. Este requisito está satisfecho, pues la norma electoral local no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia para controvertir el acto impugnado[13].

SEXTA. Planteamiento de la controversia

6.1. Causa de pedir. La parte actora considera que la resolución impugnada fue incongruente, pues se varió la controversia planteada; además de que considera que se vulnera el principio de contradicción y debido proceso.

6.2. Pretensión. La parte actora pretende que esta Sala Regional revoque la sentencia impugnada y -en consecuencia- reponga la Audiencia.

6.3. Controversia. Esta Sala Regional debe resolver si la sentencia impugnada es congruente y se encuentra a pegada a derecho o no.

SÉPTIMA. Estudio de fondo

7.1. Síntesis de la sentencia impugnada

Ante la instancia anterior, la parte actora controvirtió el desahogo de la Audiencia, pues consideró incorrecto que la misma se celebrara por escrito y no de forma oral, como señalan los artículos 414 del Código Local y 54 del Reglamento de Quejas, refiriendo que se vulneró su derecho de defensa pues de esta forma se le impidió conocer la contestación de la parte denunciada, las pruebas que aportó, así como la certificación de la fecha y hora de inicio de dicha audiencia y la personas que acudieron a la misma; además de considerar que se transgredió el principio de contradicción.

En la sentencia impugnada, en un primer momento, se estudiaron de manera conjunta, las siguientes temáticas de agravios:

   Que la responsable no atendió lo dispuesto por los artículos 414 del Código Local y 54 del Reglamento de Quejas, y

   Que le deja en estado de indefensión el hecho de no saber el sentido en que la parte denunciada contestó la denuncia y las pruebas que en su caso haya ofrecido para desvirtuar la imputación que se le realiza.

Consideró que eran parcialmente fundados, pues, por una parte, la Audiencia se desarrolló con apego a los artículos 414 del Código Local y 54 del Reglamento de Quejas, siendo que en la misma existió un equilibrio procesal entre las partes y se respetó tanto el debido proceso, como el derecho de audiencia.

Sin embargo, argumentó que la parte actora tenía razón con relación a que se le dejó en estado de indefensión, ya que no se hizo de su conocimiento la contestación de la parte denunciada, las pruebas que aportó, ni las diligencias desarrollas por la autoridad sustanciadora, pues aunque el desarrollo de la Audiencia estuvo apegado a derecho, el artículo 54 del Reglamento de Quejas establece que al finalizar la misma, se entregará a las partes copia certificada del acta correspondiente, siendo que no existía prueba en el expediente de que se le hubiera entregado a la parte actora.

Por lo anterior, el Tribunal Local concluyó que, si bien dicha circunstancia no era suficiente para revocar el desahogo de la Audiencia, era necesario notificar a la parte actora, junto con la sentencia impugnada, copia certifica del acta levantada con motivo de la audiencia señalada, para garantizar su derecho de acceso a la justicia.

Por otra parte, analizó el agravio denominado “Que la responsable desahogó la audiencia por escrito antes de su inicio, lo que la dejó en estado de indefensión ya que desconocía la certificación de la fecha y hora de inicio de dicha audiencia y la personas que comparecieron a la misma”.

Dicho agravio fue calificado como inoperante toda vez que a consideración del Tribunal Local la parte actora no controvirtió oportunamente el Acuerdo de Citación, ya que en él expresamente se señaló que la Audiencia se desahogaría por escrito, situación que fue convalidada por la propia parte actora, al presentar su escrito de comparecencia correspondiente, sin que hiciera valer algún comentario u objeción sobre ello.

Finalmente, respecto a una posible transgresión al principio de contradicción al haberse celebrado la Audiencia de manera escrita, cuando por ministerio de ley debía ser oral, se consideró infundado ya que, en primer lugar, la parte actora no había manifestado su inconformidad antes del inicio de dicha diligencia y, en un segundo lugar, porque cada una de las partes formuló sus alegatos en su escrito de comparecencia.

7.2. Síntesis de agravios

La parte actora considera que la sentencia impugnada es incongruente, pues en la instancia anterior se quejó de que el procedimiento y desahogo de la Audiencia no estaba previsto normativamente, pues el IEEP no tomó en cuenta lo establecido en los artículos 414 del Código Local y 54 del Reglamento de Quejas, lo que la dejó en estado de indefensión, al no saber el sentido en que la parte denunciada contestó a la denuncia, ni las pruebas que en su caso ofreció.

No obstante lo anterior, el Tribunal Local varió la controversia pues estudió sus agravios sobre cuestiones que no hizo valer, como una incorrecta fundamentación y motivación, un supuesto desequilibrio procesal entre las partes y la falta de entrega de una copia del acta levantada con motivo de la Audiencia.

Por otro lado, estima incorrecto que en la sentencia impugnada se señalara que no expresó alguna inconformidad antes de la realización de la Audiencia sobre el hecho de que se desarrollaría por escrito, siendo que, en su comparecencia sí realizó diversas manifestaciones al respecto.

Además, controvierte que el Tribunal Local concluyera que, en todo caso, la parte actora debió impugnar oportunamente el Acuerdo de Citación, pues su inconformidad era con la forma en la que se desahogó dicha audiencia y no respecto a su emplazamiento.

Sobre lo anterior, sostiene que, a diferencia de lo razonado en la sentencia impugnada, aunque en el acuerdo referido se señala que la comparecencia a la Audiencia se haría por escrito, ello no le generaba perjuicio, pues en ese momento se trataba de un acto futuro de realización incierta, siendo hasta el día en que dicha audiencia efectivamente se llevó a cabo, cuando le causó una afectación real, resultando en una violación procesal que afectó su derecho de defensa.

Asimismo, considera que el hecho de que el Tribunal Local hubiera calificado como infundado el agravio relativo a la vulneración al principio de contradicción, pues dejó de tomar en cuenta que desde su escrito de comparecencia se inconformó de ello y realizó sus alegatos de manera cautelar.

Además, desde su perspectiva, fue incorrecto que en la sentencia impugnada se concluyera que no se vulneró dicho principio, bajo el argumento de que las partes tuvieron posibilidad de comparecer a la Audiencia y formularon alegatos (por escrito), pues el Tribunal Local no tomó en cuenta que en el caso no se garantizó el principio de contradicción, al desahogarse de manera escrita una audiencia que, por ministerio de ley, debe ser oral.

7.3. Contestación de agravios

La parte actora sostiene que fue incorrecto que en la sentencia impugnada se señalara que debió impugnar oportunamente el Acuerdo de Citación, al ser desde dicha actuación que se determinó que la Audiencia se llevaría a cabo mediante la comparecencia por escrito de las partes, ya que señala que su inconformidad era con la forma de su desahogo y no respecto a su emplazamiento.

En ese sentido, desde su punto de vista, lo contenido en el Acuerdo de Citación no le generaba perjuicio, al tratarse de un acto futuro de realización incierta y, en todo caso, la vulneración reclamada se actualizó hasta que se desahogó la diligencia referida.

Este agravio es fundado.

En primer lugar, la parte actora tiene razón al afirmar que no se le podía haber exigido que impugnara -desde que se le notificó el Acuerdo de Citación la forma en que se desarrollaría la Audiencia y, consecuentemente, las vulneraciones intraprocesales que controvierte, pues, como ya se señaló, tanto dicho acuerdo como el desahogo mismo de la Audiencia eran actos de naturaleza intraprocesal por lo que eran impugnables hasta la emisión de la resolución del PES -al ser este el momento en que se actualizaría, de ser el caso, la vulneración en su esfera de derechos-.

En ese sentido, si erróneamente el Tribunal Local resolvió conocer la impugnación contra dichos actos intraprocesales, fue contrario a derecho que estableciera que estos debieran haber sido impugnados a partir de cierto momento específico en que, a su consideración, se habría generado el impacto en los derechos de la parte actora. Esto, pues -se insiste- al ser actos intraprocesales, dicho impacto en la esfera de derechos de la parte actora no sucedería sino hasta la resolución del PES.

Así, la determinación del Tribunal Local de revisar actos intraprocesales antes de la emisión de dicha resolución, no puede acarrear un perjuicio a la parte actora al imponerle cargas procesales contrarias a la naturaleza propia de los actos que acudió a impugnar en la instancia previa.

Bajo estas premisas, la determinación de que el medio de impugnación local de la parte actora era procedente, con independencia de que se trataba de un acto intraprocesal, no podía derivar en un perjuicio al ejercicio de la acción, como ocurrió en el caso, al considerar que el Acuerdo de Citación debió ser impugnado desde su notificación.

De esta manera, lo fundado del agravio radica en que fue indebido que el Tribunal Local considerara la notificación a la parte actora del Acuerdo de Citación como punto de partida de la oportunidad para controvertir el desahogo por escrito de la Audiencia, toda vez que estos actos se tratan de cuestiones intraprocesales no definitivas, por lo que atendiendo a dicha naturaleza, en la sentencia impugnada -al no haber determinado su improcedencia- debió considerarse que la oportunidad para combatirlos subsistía, incluso hasta la emisión de una resolución definitiva.

* * *

Por otra parte, el agravio también es fundado porque de manera incorrecta, el Tribunal Local limitó el estudio de la impugnación a determinar si se cumplió o no el principio de contradicción desde una perspectiva meramente formal; esto es, solo analizó si las partes habían formulado o no alegatos; sin embargo, también debió determinar si existió -o no- una garantía a dicho principio desde una perspectiva material.

Sobre este punto, en la sentencia impugnada se determinó, entre otras cosas, que no se vulneró el principio de contradicción puesto que, en el escrito de comparecencia de cada una de las partes se advertía que sí formularon alegatos.

Ahora bien, el pleno de la Suprema Corte[14] ha sostenido que la obligación contenida en el artículo 14 de la Constitución General de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, implica la garantía de los siguientes elementos:

1)    La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2)    La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se base la defensa;

3)    La oportunidad de alegar, y

4)    La emisión de una resolución que ponga fin las cuestiones debatidas.

Por otra parte, ha considerado que la oportunidad de presentar pruebas y alegatos no solo debe contemplarse desde un sentido formal, sino que es necesario que se garanticen las condiciones materiales necesarias que permitan un adecuado ejercicio de la oportunidad de alegar.

Para ello, es necesario que se sepan directamente todos los hechos y elementos de convicción que hayan aportado las partes que intervienen en el procedimiento, con el objetivo de que se facilite la presentación de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto (dimensión material de la oportunidad de alegar)[15].

De esta manera, el Tribunal Local no debió limitarse a analizar si las partes estuvieron en posibilidad de presentar alegatos (dimensión formal), sino que también era necesario estudiar si las condiciones materiales en que lo hicieron garantizaban una formulación adecuada de estos y, sobre todo, si se protegía su derecho al debido proceso y una defensa adecuada.

Esto es, que la parte actora estuviera en posibilidad de conocer los argumentos y pruebas aportadas por su contraparte, las recabadas por el IEEP, así como la determinación sobre su admisión y desahogo, a fin de realizar sus alegatos de manera efectiva (dimensión material).

En este orden de ideas, contrario a lo considerado por el Tribunal Local, en el caso, sí existió una vulneración al principio de contradicción, toda vez que, con independencia de que la parte actora haya realizado alegatos en su escrito de comparecencia, lo cierto es que no estuvo en posibilidad de conocer los argumentos de la parte denunciada, las pruebas aportadas en el PES, ni la determinación sobre su admisión y desahogo, antes de formularlos, por lo que no se garantizó su ejercicio material, sino únicamente formal, transgrediendo así su derecho a una defensa adecuada.

Tanto el pleno de la Suprema Corte[16], como la Sala Superior[17] han sostenido que, de manera general, los alegatos pueden definirse como las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez realizadas sus manifestaciones y admitidas y desahogadas las pruebas, a través de los cuales pretenden demostrar que sus dichos y las pruebas desahogadas confirman su pretensión y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

Además, estos órganos jurisdiccionales refieren -esencialmente- que la realización de alegatos, la cual no reviste una forma determinada, se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados por las partes, en cada caso, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de estas, la impugnación de los hechos referidos y las pruebas aportadas al procedimiento, las razones que se extraen de los hechos probados, así como las razones legales y doctrinarias que se formulan a favor de su pretensión.

Por ello, la forma en que se desahogó la Audiencia vulneró el principio de contradicción -desde su dimensión material- pues la parte actora no tuvo oportunidad de formular sus alegatos de manera posterior a conocer las manifestaciones de la parte denunciante, las pruebas que ofreció, las que recabó el IEEP y la determinación sobre su admisión y desahogo, lo que no garantizó su derecho a una debida defensa.

Al respecto, debe tomarse en consideración que los artículos 414 del Código Local y 54 del Reglamento de Quejas, expresamente señalan que las audiencias de pruebas y alegatos se desarrollarán de manera ininterrumpida y de forma oral; esto es, que todas las etapas que la conforman se llevan a cabo consecutivamente, y corresponden a las siguientes etapas:

a)  Certificación de la fecha y hora de inicio. La persona secretaria ejecutiva del IEEP certificará en el acta la fecha y hora de inicio; así como, de las personas que comparecen a la audiencia;

b) Generales. Se hará constar por lo menos el nombre y carácter con el que comparecen las partes, debiendo dejar constancia del documento de identificación o con el que acrediten su personería;

c)  Ratificación de la queja o denuncia y pruebas. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz a la parte denunciante a fin de que, en una intervención no mayor a 30 (treinta) minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran;

d) Contestación y ofrecimiento de pruebas. Acto seguido, se dará el uso de la voz a la parte denunciada, a fin de que en un tiempo no mayor a 30 (treinta) minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que, a su juicio, desvirtúen la imputación que se realiza;

e)  Admisión y desahogo de pruebas. La persona secretaria ejecutiva del IEEP resolverá sobre la admisión de pruebas y procederá a su desahogo; además realizará una relación resumida de las diligencias desahogas en ejercicio de su facultad investigadora;