juicio GENERAL

Expediente: SCM-jG-81/2025

MagistradA: marÍa cecilia guevara y herrera

SECRETARIAS: MONTSERRAT RAMÍREZ ORTIZ Y KAREM ROJO GARCÍA[1]

Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública revoca la resolución impugnada por Jaime Alejandro Aurioles Barroeta al actualizarse la caducidad de la facultad sancionadora de la autoridad.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia. El trece de enero de dos mil veinticuatro MC denunció al actor ante el Instituto local en su calidad de funcionario y aspirante a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento, por actos anticipados de precampaña y campaña; uso indebido de recursos públicos y violación a los Lineamientos.

2. Instrucción del Procedimiento. En su oportunidad se decretó la admisión del Procedimiento; se fijó la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos, y el diez de enero de dos mil veinticinco[3] se remitió el expediente al Tribunal local[4].

3. Devolución del expediente. Al estimar que eran necesarias mayores diligencias para resolver el Procedimiento, el tres de abril el Tribunal local ordenó devolver el expediente al Instituto local[5].

4. Remisión Realizadas las actuaciones ordenadas, el veintiocho de mayo el expediente del Procedimiento se remitió de nueva cuenta al Tribunal local[6].

5. Resolución impugnada. El tres de octubre el Tribunal local determinó la existencia de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, por lo que amonestó al promovente, ordenó su inscripción en el Catálogo y dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral[7].

6. Juicio General. Al estimar que la resolución impugnada era violatoria de sus derechos, el promovente presentó demanda ante el Tribunal local.

7. Trámite. Recibidas las constancias, la presidencia de este Órgano Jurisdiccional ordenó integrar el expediente SCM-JG-81/2025 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

8. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se radicó el expediente, la demanda fue admitida, se cerró la instrucción y se ordenó la formulación del respectivo proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el medio de impugnación, pues se controvierte la resolución emitida por el Tribunal local en un procedimiento sancionador, en la que se determinó la existencia de los hechos denunciados, relacionados con la actuación de un servidor público municipal en Puebla, en donde esta Sala ejerce jurisdicción[8].

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

El presente juicio general satisface los requisitos de procedencia[9], conforme a lo siguiente:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable. Se estampó la firma autógrafa del promovente, se identificaron la resolución impugnada y la autoridad responsable, así como los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. El juicio se presentó en tiempo, ya que la resolución impugnada fue notificada a la parte actora el seis de octubre[10] y la demanda fue presentada el diez de octubre siguiente; esto es, dentro de los cuatro días previstos en la Ley de Medios.

3. Legitimación. Dicho requisito está satisfecho, dado que el medio de impugnación fue presentado por quien tuvo la calidad de denunciado en el Procedimiento, lo que fue reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

4. Interés jurídico. Se actualiza, porque el promovente acude a controvertir la resolución del Tribunal local que estima le causa perjuicio a su esfera de derechos al establecer una sanción y ordenar su inscripción en el Catálogo.

5. Definitividad. No existe otro medio de impugnación que deba agotarse previamente, por lo que el requisito está satisfecho.

IV. ESTUDIO DE FONDO

Metodología

A fin de realizar el estudio de fondo, en primer lugar, se expondrá un breve contexto y la materia de la controversia, posteriormente -al tratarse de una cuestión de orden público-, se analizará la probable configuración de la caducidad y de ser el caso, los planteamientos de la parte actora conforme a las temáticas que plantea[11].

a. ¿Cuál es el contexto y materia de la controversia?

1. Queja.

El trece de enero de dos mil veinticuatro MC[12] presentó queja para el inicio de un Procedimiento ante el Instituto local por actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada con fines electorales y violación a la normativa electoral atribuidos al actor en su calidad de funcionario municipal.

Ello, con motivo de trece pautas y cuarenta y seis publicaciones en el perfil del actor en red social Facebook -publicadas entre los meses de diciembre de dos mil veintitrés y enero de dos mil veinticuatro-.

Además, por la existencia de ciento diecisiete lonas, espectaculares, pintas en diversas bardas, pendones y promocionales en donde se aprecia la imagen del denunciado, los colores de su partido y el mensaje él es la continuación de la Transformación, lo que fue un llamado al voto[13], así como un exceso a los gastos de campaña autorizados por el Instituto local[14].

2. Procedimiento.

Entre el dieciséis de enero al veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro el Instituto local llevó a cabo la instrucción del Procedimiento, y el diez de enero remitió al Tribunal local el expediente al estimar que estaba debidamente integrado.

El dos de abril siguiente el Tribunal local ordenó devolver el expediente para que se realizaran de nueva cuenta diligencias, y una vez repuestas las actuaciones se remitió para su resolución el veintiocho de mayo siguiente.

3. Resolución impugnada.

El tres de octubre el Tribunal local analizó las conductas denunciadas y señaló:

         Respecto de los actos anticipados de campaña sostuvo que, si bien existían lonas, bardas, así como contenidos y entrevistas en redes sociales con la imagen del denunciado, éstas no tenían mensajes inequívocos de llamamiento al voto ni para lograr una postulación, por lo que era inexistente dicha conducta.

         El Tribunal local expuso que sí se acreditaba la promoción personalizada, pues se utilizaron recursos discursivos que proyectaban la imagen personal del actor; se destacaba su experiencia en distintos cargos con el fin de generar una imagen de continuidad, capacidad y liderazgo, resaltando logros institucionales como propios y buscando adhesión en la ciudadanía[15].

         Sobre el uso indebido de recursos públicos, la autoridad responsable indicó que, aunque la red social utilizada por el promovente[16] era personal; en ella se difundió contenido que trascendía tal aspecto al referirse a sus funciones públicas, así como al partido MORENA, por lo que sí se acreditaba la conducta; respecto de la pinta de bardas y lonas, no acreditó la infracción ante la falta de elementos para demostrar el ilícito.

         En lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, al haberse acreditado la promoción personalizada y el uso de recursos públicos, se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

         Al acreditarse las faltas se calificaron las conductas como leves, se impuso una amonestación pública y se ordenó la inscripción del infractor al Catálogo por tres años.

b. ¿Qué alega el promovente?

De la lectura integral de la demanda, se desprende que el actor pretende que se declare la inexistencia de las infracciones que se le atribuyen, para lo cual, expone en esencia lo siguiente:

         El Procedimiento se resolvió en plazos excesivos y nada razonables, lo que evidencia una falta de diligencia del Tribunal local.

         El Tribunal local es incongruente porque reconoce que no realizó actos anticipados de campaña ante la inexistencia de llamamiento al voto expreso, ni la intención de un posicionamiento en redes sociales, bardas ni lonas, pero se le sanciona por la obtención de una candidatura de representación proporcional.

         Es incongruente que se haya acreditado la promoción personalizada cuando el Tribunal local reconoció que las publicaciones no incidieron en la contienda electoral ni se demostró el uso de recursos del gobierno municipal.

         Exaltar logros sin un impacto en el proceso y sin que se revele en forma efectiva una intención política no es promoción personalizada; menos si no fue aspirante a la presidencia municipal y no le fueron atribuidas las bardas ni lonas constatadas.

         No se trató de publicaciones cercanas al proceso electoral pues se realizaron en marzo de dos mil veintitrés además la red social es personal; no se podría dar una inequidad en la contienda porque no desempeñaba un cargo de alto mando y no se acreditó el pago del ayuntamiento por algún servicio.

         No se utilizaron recursos públicos ni existió llamamiento al voto; no fue aspirante a la presidencia municipal ni candidato para ese encargo.

         La simple existencia de publicaciones en la red social no puede considerarse de manera automática, como uso de recursos públicos, al no demostrarse que se utilizaron para posicionarse, ni que fueron recursos del ayuntamiento, tampoco se acreditó su participación en días y horas hábiles.

         Es indebido que se remita al Instituto Nacional Electoral el expediente para que analice el exceso en los gastos de campaña porque la presunta propaganda no tuvo incidencia en el proceso electoral y no es viable sancionarlo por rebase cuando la infracción es por uso de recursos públicos.

         Incorrectamente se impuso una sanción sin contar con elementos suficientes para acreditar las conductas denunciadas; además estima que el Tribunal local omitió valorar los precedentes en los que se ha dado vista a los superiores jerárquicos y no se impone una sanción directa.

c. ¿Qué decide la Sala Regional?

Se revoca la resolución impugnada al actualizarse la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad, al haber transcurrido de manera injustificada y en demasía el plazo desde que la autoridad estuvo en posibilidad de resolver la situación jurídica del promovente y la fecha en la que se determinó la existencia de las infracciones y la correspondiente responsabilidad.

d. Justificación

1. Marco normativo

El artículo 17 de la Constitución establece el derecho a la tutela judicial efectiva y establece que los asuntos deben resolverse en plazos breves con la finalidad de garantizar los derechos de las partes involucradas y brindar soluciones prontas que eviten retrasos injustificados.

En ese tenor, los Procedimientos tienen como característica distintiva, la expeditez en su tramitación y resolución[17].

Ahora bien, la caducidad es una figura jurídica de carácter procesal que se refiere a la extinción de una instancia o procedimiento debido a la inactividad o demora injustificada de la autoridad que lo tramita. Esta figura tiene como propósito evitar que los procesos se mantengan abiertos de manera indefinida, garantizando así la certeza jurídica de las partes involucradas.

Dicha figura dota de certeza y seguridad jurídica a los sujetos obligados, a efecto de evitar que la facultad de iniciar los procedimientos o, la de ejercer la facultad sancionadora se prolonguen indefinidamente o por periodos excesivos[18].

Desde esa razón, la Sala Superior explicó que existe la figura de la caducidad de la potestad sancionadora por dos supuestos: 1. No exista justificación de las actuaciones efectuadas y 2. Por inactividad procesal[19].

En relación con la primera, la Sala Superior estableció el plazo de un año para la extinción de la facultad sancionadora contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza y las características del procedimiento especial sancionador[20].

Ello, pues tal plazo cumple con los principios de seguridad y certeza jurídicas que deben regir todos los procesos judiciales, a fin de garantizar los derechos de las personas denunciadas, evitando demoras indebidas.

Por otra parte, la Sala Superior también ha sostenido que el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora puede ampliarse de manera extraordinaria cuando existan excepciones[21]:

a) La autoridad administrativa acredita una causa justificada y razonable en la que exponga las circunstancias, de hecho o de derecho, de las que se advierta que la demora en la resolución se debe, entre otras, a la conducta procedimental de la probable persona infractora; o

b) El desahogo del procedimiento, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese plazo -sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la autoridad-.

Entonces, ante la existencia de una excepción al plazo de un año para la caducidad de la facultad sancionadora, la autoridad electoral debe exponer y evidenciar las circunstancias particulares por las cuales no sea posible resolver un asunto dentro de ese lapso[22].

Otra excepción para que no opere la caducidad de la facultad sancionadora en el plazo de un año, es la presentación de algún medio de impugnación, caso en que el plazo debe estimarse suspendido desde el momento de su presentación hasta la notificación de la respectiva resolución, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora[23].

De ahí que la caducidad de la instancia obedezca a un fin constitucionalmente válido, consistente en la consideración de orden público de que los juicios no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente, sin cumplir la función para la cual fueron instituidos.

Por esa razón, la caducidad encuentra respaldo en el artículo 17 de la Constitución, al estar vinculada con las condiciones necesarias para alcanzar una justicia pronta y completa[24].

Lo anterior permea al ámbito estatal, ya que, en términos del Código local, los Procedimientos se instauran y resuelven de manera expedita por faltas cometidas dentro de los procesos electorales[25] y deben ser resueltos con celeridad[26].

2. Caso concreto

Del análisis de las constancias se advierte que el Procedimiento tuvo origen el trece de enero de dos mil veinticuatro con la queja de MC en la que se denunció al hoy actor por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los Lineamientos dentro del proceso electoral local 2023-2024 en Puebla.

Ello, con motivo de la existencia de trece pautas, cuarenta y seis publicaciones en el perfil del actor en red social Facebook -publicadas entre los meses de diciembre de dos mil veintitrés y enero de dos mil veinticuatro-, así como la colocación de ciento diecisiete lonas, espectaculares, pintas en diversas bardas, pendones y promocionales en donde se apreciaba la imagen del denunciado con llamamientos al voto.

Como se relató previamente, el Instituto estimó que el expediente del Procedimiento estaba debidamente integrado, por lo que el diez de enero rindió su informe circunstanciado y lo envió al Tribunal local para que emitiera la respectiva resolución.

No obstante, mediante acuerdo plenario de dos de abril, el Tribunal local ordenó devolver las constancias del Procedimiento al Instituto local para el efecto de que: a) desahogara correctamente un enlace electrónico al estar mal escrito; b) completara el desahogo de una prueba que se había remitido incompleto; c) verificara en forma exhaustiva las lonas y bardas; d) verificara si una frase de la propaganda se utilizó por el Ayuntamiento.

Luego, al realizar las acciones ordenadas, el Instituto local remitió de nueva cuenta el expediente al Tribunal local el veintiocho de mayo, quien resolvió el Procedimiento el tres de octubre.

Como resultado, se tiene que el expediente fue resuelto con un retraso que excedió el año establecido para que opere la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad electoral local, pues habían transcurrido más de veinte meses desde que se hicieron del conocimiento de la autoridad las conductas infractoras[27].

Esto, sin que se advierta la justificación para superar o ampliar excepcionalmente el plazo, ya que el cúmulo de constancias demuestra la existencia de actuaciones que se pudieron desahogar con mayor celeridad.

En efecto, la investigación y tramitación en el presente asunto se desarrolló de la siguiente forma:

Es importante resaltar que desde la recepción de la queja hasta la primera remisión del expediente del Procedimiento al Tribunal local transcurrieron un total de 362 días, sin embargo, de la descripción de los actos desplegados durante la sustanciación del expediente se desprende que el asunto no implicó el despliegue de diligencias de extraordinaria ejecución o imposibles de realizar en un tiempo razonable.

Esto es así, dado que de los requerimientos emitidos o de las diligencias ordenadas no se evidencia la necesidad de un tiempo extraordinario de desahogo para justificar el largo periodo de sustanciación, sin que el volumen de las actuaciones permita justificar la tardanza, dado que las diligencias de verificación tuvieron lugar en el primer semestre de dos mil veinticuatro.

Cabe señalar que, del informe circunstanciado rendido el diez de diciembre tampoco se advierte alguna justificación en la que se explicara la demora en la remisión del expediente del Procedimiento, ya que solo se realizó una breve descripción de las actuaciones desplegadas.

Incluso, ante la devolución del expediente del dos de abril, el Instituto local repuso diversas actuaciones para cumplir lo ordenado del cinco de abril al dieciséis de mayo y lo devolvió el veintiocho de mayo, lo que incluyó la certificación de actuaciones, emisión de requerimientos e incluso la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, lo que permite concluir que podría haber realizado las diligencias con mayor celeridad durante la instrucción del Procedimiento.

Por otra parte, la autoridad responsable incurrió en otra dilación en la tramitación y resolución del expediente del Procedimiento, ya que la primera remisión que hizo el Instituto local data del diez de enero y las actuaciones subsecuentes, como el registro del expediente y la devolución decretados por el Tribunal local se llevaron a cabo respectivamente el trece de enero y el dos de abril.

Esto es, desde la primera remisión del expediente del Procedimiento hasta la devolución ordenada por el Tribunal local transcurrieron casi tres meses.

De la misma forma, la segunda remisión del expediente tuvo lugar el veintiocho de mayo[63]; se acordó su recepción el treinta de mayo siguiente; el dos de octubre que se radicó en la ponencia y el tres de octubre se emitió la resolución impugnada[64]; esto es, cuatro meses y cinco días después de que se recibió, sin apegarse a lo establecido en el Código local para la resolución de este tipo de asuntos.

Esto, sin que se justifique el retardo en la resolución, ni se haga evidente la existencia de alguna causa de justificación para la inactividad procesal en que incurrió el Tribunal local para resolver el Procedimiento, pues en el expediente no hay constancias que hagan llegar a una decisión en contrario.

Se afirma lo anterior, porque existen diversos lapsos sin actuaciones entre las diversas diligencias que realizó el Instituto local, los cuales abonaron a que el transcurso del tiempo operara en contra de la autoridad.

Así, es ilustrativo que en algunos períodos transcurrieron veintinueve días, o un mes y doce días para la siguiente actuación, sin realizar diligencias complejas o trascedentes para impulsar el procedimiento, como se describe en el cuadro inserto previamente.

Por ejemplo, en ocasiones la autoridad solamente acordó la revisión de autos y dejó transcurrir en demasía el tiempo de la siguiente actuación para emitir un requerimiento, lo cual tampoco constituyó una diligencia que le requiriera un esfuerzo considerable para dejar de actuar un mes.

Luego, es claro que al tratarse de un Procedimiento, la autoridad instructora debía realizar las diligencias necesarias con la mayor celeridad posible, justamente por la naturaleza de este tipo de asuntos.

Por ende, debía realizar actuaciones que verdaderamente impulsaran el procedimiento o fueran trascendentes para la sustanciación del Procedimiento, lo que no se hizo en su momento.

Máxime que, al tratarse de actos inmersos dentro de un proceso electoral, el Instituto local tenía la obligación de sustanciar el expediente en breves plazos para evitar una dilación innecesaria sin causa que la justificara -como ocurrió en la especie-.

Ello, porque concluir la instrucción y emitir la resolución tanto tiempo después de realizadas las conductas denunciadas y de concluido el proceso electoral, constituye una trasgresión a los principios de celeridad, certeza y seguridad jurídicas para las partes involucradas.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza y las características de un procedimiento especial sancionador[65].

De igual forma, la Sala Superior ha reiterado que el plazo establecido como regla general para la caducidad de la facultad sancionadora en el procedimiento especial, puede, por excepción, ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de hecho, o de derecho, de las que se advierta la dilación en la resolución[66].

En la resolución del juicio general SUP-JG-61/2025, la Sala Superior explicó que opera la caducidad de la potestad sancionadora si transcurre el plazo de un año contado a partir de la presentación de la denuncia sin que se actualice alguna excepción a esa temporalidad.

En el citado precedente, además se sostuvo que el caso de excepción a la caducidad debía ser expuesto por la propia autoridad administrativa electoral y no limitarse a la narración de las diligencias desahogadas en el procedimiento, puesto que si bien existen excepciones al plazo de un año para que opere la caducidad, también lo es que, es la autoridad quien debe acreditar una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente de su retraso.

De igual forma, en la resolución del recurso SUP-REP-20/2025, la Sala Superior reiteró que la facultad de la autoridad responsable para sancionar había caducado, porque transcurrió más de un año entre la presentación de la denuncia y el dictado de la resolución sancionadora.

Esto es así, porque para decretar la caducidad de la potestad sancionadora, el cómputo del plazo comprende desde la presentación de las quejas o desde que la autoridad tiene conocimiento de los hechos denunciados.

De lo anterior se desprende que la Sala Superior ha sido consistente en esa línea de razonamiento para garantizar que los derechos de los sujetos o personas denunciadas se diluciden evitando dilaciones indebidas, máxime que, en los procedimientos especiales rige una mayor celeridad en su sustanciación y resolución[67].

Mantener en una situación temporal indefinida la posibilidad de sancionar a determinados sujetos o personas por conductas presuntamente ilícitas, puede afectar indebidamente su esfera de derechos al colocarles en un estado permanente de indefinición jurídica, lo que ocasiona una falta de certeza, de allí la necesidad de la existencia de figuras extintivas de la potestad sancionadora del Estado.

En el caso, como se explicó, es evidente que transcurrió más de un año desde que se presentó la queja de MC hasta que el Tribunal local emitió la resolución impugnada, sin que hubiera alguna justificación expresa de la autoridad instructora respecto del retraso en la sustanciación del Procedimiento, ni tampoco de la autoridad resolutora para emitir la determinación sancionadora ante claros períodos de inactividad procesal.

Así, a partir de los anteriores elementos que se extrajeron de la secuela procesal del presente asunto, esta Sala Regional concluye que se actualizó la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad electoral, al haber transcurrido más de un año, desde el trece de enero de dos mil veinticuatro (fecha en que se presentó la denuncia).

Por ello, el plazo establecido en la jurisprudencia de este Tribunal Electoral ha transcurrido en exceso y lo procedente es declarar la actualización de la caducidad en el Procedimiento por la evidente tardanza en que incurrieron las autoridades sustanciadora y resolutora[68].

e. Conclusión

Esta Sala Regional considera que lo procedente es revocar la resolución impugnada ante la caducidad de la facultad sancionadora.

Por lo expuesto y fundado,

V. RESUELVE

ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada debido a la caducidad de la facultad sancionadora.

Notifíquese en términos de ley.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación atinente.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las magistradas y el magistrado que integran la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la precisión de que el secretario general de acuerdos funge como magistrado en funciones. La secretaria general de acuerdos en funciones autoriza y da fe, así como de que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; así como el numeral cuatro del Acuerdo General .de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2/2023 que regula las sesiones de las salas del tribunal y el uso de herramientas digitales.