JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SCM-JIN-48/2021 Y SCM-JIN-49/2021.

ACTORES: MORENA Y FUERZA POR MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 14 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PARTE TERCERA INTERESADA: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA.

SECRETARIADO: BERTHA LETICIA ROSETTE SOLIS Y LUIS DAVID ZÚÑIGA CHÁVEZ.

Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.[1]

La Sala Regional Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, resuelve confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo relativa a la elección de diputaciones federales realizada por el 14 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México; así como la declaración de validez de la elección y otorgamiento de las constancias respectivas, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De las constancias de los expedientes que se resuelven; de las que obran en el SCM-JIN-47/2021, el cual se invoca como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1 de la Ley de Medios; así como de los hechos narrados por los partidos actores, se advierte lo siguiente:

I. Proceso electoral.

1. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral, para elegir, entre otros cargos, las diputaciones federales por los principios de MR y RP.

2. Sesión de cómputo distrital. El nueve siguiente, el Consejo Distrital realizó la sesión de cómputo distrital, mismo que arrojó los siguientes resultados:[2]

Al finalizar el cómputo, el mencionado Consejo Distrital declaró la validez de la elección, así como la elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de los votos, y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la Coalición parcial “Va por México” conformada por los partidos políticos, PAN, PRI y PRD.[5]

II. Juicios de inconformidad.

1. Demandas. En contra de lo anterior, el trece de junio, los partidos actores promovieron su respectivo medio de impugnación.

2. Turno a ponencia. El diecisiete posterior, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar los expedientes:

Medios de impugnación que fueron turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

3. Instrucción. El diecinueve siguiente, se radicaron los medios de impugnación en la ponencia del Magistrado instructor, mismos que fueron admitidos a trámite el veintitrés y treinta posteriores.

Previos requerimientos realizados a la autoridad responsable, los cuales se tuvieron por desahogados en tiempo y forma mediante los proveídos atinentes, en su oportunidad, se determinó el cierre de instrucción para dejarlos en estado de emitir sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia.

Esta Sala Regional es competente para resolver los presentes juicios de inconformidad que fueron promovidos por los actores, con el objeto de controvertir los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de diputaciones federales en el distrito federal electoral 14 en la Ciudad de México por mayoría relativa, con cabecera en Tlalpan. En el caso del juicio de inconformidad SCM-JIN-49/2021, la impugnación también se extiende a las diputaciones por RP.

Tipo de elección y entidad federativa en la que ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

Lo anterior tiene fundamento en: 

Constitución. Artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 60 párrafo segundo, y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 164; 166, fracción I; 176, fracción II; y, 180, fracción XV.

Ley de Medios. Artículos 3, párrafo 2, inciso b); 4; 6; 34, párrafo 2, inciso a); 49; 50; párrafo 1, inciso b) y 53, párrafo 1, inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017, del Consejo General del INE, en el cual establece el ámbito territorial de esta cuarta circunscripción plurinominal y a la Ciudad de México como su cabecera[6].

SEGUNDA. Acumulación.

Esta Sala Regional advierte que existe conexidad en los medios de impugnación que se resuelven, ya que en ambos casos se indica a la misma autoridad responsable y se controvierten los mismos actos, esto es, el cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de la diputación federal en el 14 distrito electoral, con cabecera en Tlalpan, en la Ciudad de México.

Atento a lo anterior y por economía procesal, se debe acumular al juicio de inconformidad SCM-JIN-48/2021, el SCM-JIN-49/2021, por ser aquel el primero en haberse presentado en esta Sala.

Acumulación que resulta procedente con la finalidad de evitar la emisión de resoluciones contradictorias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 180, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios; y, 79 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

Atento a lo anterior, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al juicio acumulado.

TERCERA. Parte tercera interesada y causales de improcedencia.

        Análisis de los escritos de comparecencia.

PRD.

Se reconoce la calidad de parte tercera interesada con la que comparece el PRD en los dos medios de impugnación, por conducto de su representante ante la junta distrital ejecutiva 14 del INE en la Ciudad de México.

Asimismo, se advierte que los escritos de comparecencia que fueron presentados por ese instituto político cumplen con los requisitos establecidos en ley, como se muestra enseguida.

a) Forma. En los escritos que se analizan, se hace constar el nombre y firma autógrafa de la persona representante, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta, consistente en que se confirmen los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de las constancias respectivas.

b) Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, en atención a que el PRD compareció por conducto de su representante propietario dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicitación de los juicios de inconformidad al rubro indicados.[7]

c) Legitimación y personería. El PRD se encuentra legitimado para comparecer al presente juicio como parte tercera interesada, al tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, toda vez que tiene un interés derivado de un derecho que es incompatible con el pretendido por los actores.

Igualmente, se tiene por acreditada la personería de Mario Alberto Valdiviezo Chávez, quien compareció como representante propietario del PRD ante la Junta Distrital Ejecutiva 14 del INE en la Ciudad de México, calidad que la autoridad responsable reconoció al rendir su informe circunstanciado y al remitir los escritos respectivos a este órgano jurisdiccional.

Por otro lado, no pasa desapercibido que los escritos presentados por el PRD en los dos medios de impugnación refieren que la comparecencia en ellos se hizo de manera individual por ese instituto político, a pesar de que en la elección impugnada participó bajo la modalidad de coalición parcial con el PAN y el PRI.

Sin embargo, dicha circunstancia no constituye impedimento alguno para considerar al PRD con la calidad de parte tercera interesada de manera individual en los medios de impugnación que se resuelven.

Lo anterior, en términos del criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 15/2015, que lleva por rubro: “LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL”,[8] de cuyas razones esenciales se desprende el reconocimiento del derecho que tienen los partidos políticos integrantes de una coalición, para interponer, de manera individual, los medios de impugnación que estimen pertinente.

Criterio que, por identidad de razones, también se considera aplicable al ámbito del derecho que tienen los partidos políticos para comparecer con la calidad de parte tercera interesada, de manera individual, a efecto de no limitar su restringir su acceso a la justicia, en términos de la jurisprudencia en cita.

PAN.

Por otro lado, se destaca que en el juicio SCM-JIN-48/2021 también compareció como parte tercera interesada el PAN, por conducto de su representante propietaria ante la autoridad responsable.

Al respecto, para este órgano jurisdiccional el escrito de comparecencia del PAN también cumple con los requisitos establecidos en ley, como se muestra enseguida.

a) Forma. En los escritos que se analizan, se hace constar el nombre y firma autógrafa de la persona representante, la razón del interés jurídico en que se funda, así como su pretensión concreta, consistente en que se confirmen los resultados del cómputo de la elección, la declaración de validez, así como la entrega de las constancias respectivas.

b) Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, en atención a que el PAN compareció por conducto de su representante propietaria dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del juicio de inconformidad referido.[9]

c) Legitimación y personería. El PAN se encuentra legitimado para comparecer al presente juicio como parte tercera interesada, al tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, toda vez que tiene un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretende el partido actor en el SCM-JIN-48/2021.

Igualmente, se tiene por acreditada la personería de Ana María Olguín Hernández, quien compareció como representante propietaria del PAN ante la Junta Distrital Ejecutiva 14 del INE en la Ciudad de México, calidad que la autoridad responsable reconoció al rendir su informe circunstanciado y al remitir el escrito respectivo.

Ello, con independencia de que dicha calidad figura en el acta de cómputo llevado a cabo el nueve de junio.

        Causas de improcedencia alegadas.

SCM-JIN-48/2021.

El PAN alega que ese juicio de inconformidad debe ser desechado, cuenta habida que según lo indicó Morena en su demanda, los hechos en los que se apoyan las causales de nulidad de votación en casillas acontecieron el día de la jornada electoral, esto es, el seis de junio. Ello, sin que se hubiera interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro del plazo de cuatro días, por lo que deben reputarse como consentidos.

En ese sentido, el PAN considera que el juicio en mención debe ser desechado, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) Ley de Medios, ya que sostiene que precluyó el derecho del partido político actor para combatir los actos en que sustenta su inconformidad.

En concepto de esta Sala Regional, la causal de improcedencia en estudio es infundada, toda vez que del artículo 55, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios establece que para impugnar la elección de diputaciones por MR y RP, la demanda del juicio de inconformidad debe ser presentada dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente en que concluya la práctica de los cómputos distritales de la elección de diputaciones por ambos principios.

De ahí que, contrario a lo sostenido por el PAN, no podría desecharse el medio de impugnación respectivo tomando como parámetro el día de la jornada electoral; sino que de conformidad con el artículo en cita, el estudio sobre la oportunidad en la presentación del medio de impugnación debe tomar como punto de partida el día siguiente a aquél en que tuvo lugar el cómputo distrital, lo que en el caso concreto ocurrió el nueve de junio.

SCM-JIN-49/2021.

En su escrito de comparecencia, el PRD alegó como causas de improcedencia la frivolidad de la demanda y la falta de personería del Presidente interino del partido actor Fuerza por México.

Con relación a la primera causal mencionada, el PRD considera que el medio de impugnación se debe desechar de plano a manera de sanción en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.[10]

A consideración de esta Sala Regional, la causa de improcedencia mencionada debe ser desestimada, ya que para actualizar este supuesto debe ser notorio e inobjetable que no existe motivo o fundamento alguno para la promoción del medio de impugnación.

En efecto, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido[11] que un medio de impugnación es frívolo cuando carece de sustancia, sea porque se basa en planteamientos inadecuados, porque quien lo promueva alegue cuestiones puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones que de manera clara no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran amparadas por el Derecho.

Esto no ocurre en el presente caso, dado que en la demanda se especifican los actos impugnados, que se hacen consistir en los resultados consignados en el acta de cómputo distrital relativos a la elección cuestionada, su declaración de validez, y entrega de las respectivas constancias de mayoría. Asimismo, en el escrito se expresan argumentos relacionados con ciertas irregularidades que, a decir del promovente, actualizan las causas de nulidad que se precisan en el escrito de demanda.

Por tanto, más allá de la eficacia de los agravios expresados en la demanda, y sin prejuzgar en modo alguno sobre la procedencia de la pretensión del actor, lo cierto es que sí expresa motivos de inconformidad, con lo que cumple con lo establecido en el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, el cual establece como requisito para la procedencia de un medio de impugnación, la expresión de agravios, así como 52, párrafo 1, según se verá al analizar los requisitos de procedencia.

De ahí que, en concepto de este órgano jurisdiccional resulte jurídicamente inadmisible, desestimar anticipadamente el contenido sustancial de los agravios expresados o estimar insuficientes las pruebas ofrecidas para acreditarlos, pues actuar de esa manera, implicaría prejuzgar sobre el fondo de la controversia.

Así, esta Sala Regional considera que la demanda no podría reputarse como frívola para el efecto de ser desechada sin más, sino que los argumentos que se exponen deben ser analizados en el fondo para determinar su eficacia o ineficacia, sobre la existencia de las causas de nulidad planteadas.

Finalmente, el PRD sostiene que quien promueve en nombre del Fuerza por México no exhibió el documento con el que acredita su calidad de Presidente Interino del Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México.

Al respecto, dicha causal de improcedencia se desestima ya que la personería del ciudadano que promovió el medio de impugnación, se debe tener por reconocida en términos de la copia certificada del registro del ciudadano Jaime Alberto Ochoa Amorós en calidad de Presidente Interino del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en la Ciudad de México, la cual corre agregada, al juicio de inconformidad SCM-JIN-100/2021.

De ahí que, aunque no se hubiera adjuntado dicho documento en la demanda que dio lugar al medio de impugnación que se resuelve (SCM-JIN-49/2021), y aun cuando no fue exhibido a requerimiento expreso del Magistrado instructor, lo cierto es que, al correr agregada a otro expediente, dicha calidad se debe tener como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1 de la Ley de Medios.[12]

Funcionario partidista que, en términos del artículo 125, fracción X de los estatutos de Fuerza por México, tiene facultades de representar a dicho partido político frente a todo tipo de autoridades en el ámbito de la Ciudad de México.

De ahí que, por lo antes expuesto, se deban desestimar las causales de improcedencia alegadas por la parte tercera interesada, en cada caso.

CUARTA. Requisitos de procedencia.

Esta Sala Regional considera que los medios de impugnación reúnen los requisitos generales y especiales de procedencia establecidos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1; 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), todos ellos, de la Ley de Medios.

a) Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito; en ellas se precisa el nombre de los partidos actores y quienes promueven en su representación; se identifican los actos controvertidos; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones; se expresan conceptos de agravio, y se hace constar la firma de las personas que promueven.

b) Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo de cuatro días a que se refiere el artículo 55, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, ya que, según se advierte del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la elección impugnada, éste concluyó el nueve de junio, además de que se realizó la declaración de validez y se emitieron las constancias de mayoría.

En ese sentido, el plazo para controvertir tales actos transcurrió del diez al trece siguiente; de ahí que, si los escritos de demanda se presentaron, en cada caso, el trece de junio, es evidente que ello ocurrió en tiempo.

c) Legitimación y personería. Se surte este requisito en cada caso, ya que los actores son partidos políticos nacionales y, por tanto, cuentan con legitimación para promover los juicios de inconformidad que se resuelven.

Así, en relación a la personería de Gerardo Occelli Carranco, en su carácter de representante propietario de Morena, la misma se surte cuenta habida que el nombre de dicho ciudadano figura en el acta de cómputo distrital de la elección impugnada, aunado a que la autoridad responsable le reconoce con ese carácter en su informe circunstanciado.

Y, por lo que hace al ciudadano Jaime Ochoa Amorós, su personería como presidente interino del Comité Directivo Estatal del partido político Fuerza por México en la Ciudad de México, se tiene por corroborada en términos de lo razonado al contestar la causa de improcedencia alegada por el PRD en su calidad de parte tercera interesada, en donde se señaló que el ciudadano si bien no exhibió documento con el que acreditara esa calidad al promover el SCM-JIN/49/2021, lo cierto es que sí lo hizo en otros medios de impugnación como el juicio de inconformidad SCM-JIN-100/2021, lo cual se tuvo como un hecho notorio, en términos del artículo 15, párrafo 1 de la Ley de Medios.

d) Interés jurídico. Dicho requisito está cumplido, toda vez que los actores controvierten del Consejo Distrital, el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por mayoría relativa del distrito electoral federal 14 en la Ciudad de México; elección en la cual tuvieron participación, de ahí que cuenten con interés jurídico para cuestionar ese proceso electivo.

e) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, toda vez que la legislación no prevé algún medio de impugnación que deba ser agotado antes de promover este Juicio.

f) Requisitos especiales. Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales de procedencia, como se expone a continuación:

Precisión de la elección que se controvierte. Los actores impugnan los resultados de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 14 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Tlalpan, Ciudad de México, con lo cual se cumple el requisito de procedibilidad.

Lo anterior, con la precisión de que en el caso del juicio de inconformidad SCM-JIN-49/2021, también se controvierten los resultados de diputaciones federales por el principio de RP.

Individualización de acta distrital. En el caso que se analiza, se cumple el requisito porque los promoventes señalan que controvierten el resultado contenido en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, correspondiente al señalado Distrito Electoral Federal, y en el caso del SCM-JIN-49/2021, también se controvierte el acta de cómputo distrital correspondiente a la elección por el principio de RP.

Individualización de mesas directivas de casilla. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque los partidos políticos señalan en forma individual las casillas cuya votación se controvierte, aduciendo la causal de nulidad existente en cada caso.

Error aritmético. Por cuanto hace al citado requisito, tal circunstancia no es aplicable en el particular, porque no se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital por error aritmético, sino por nulidad de la votación recibida en determinadas mesas directivas de casilla.

En vista de lo anterior, al satisfacerse en la especie los requisitos señalados en los preceptos legales adjetivos invocados, resulta procedente el estudio de fondo de las cuestiones planteadas por cada uno de los actores.

QUINTA. Estudio de fondo.  

Previo al examen de las controversias, se colige oportuno precisar que en términos de lo establecido en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias en los agravios expresados por los institutos políticos actores en sus demandas, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promueven los presentes medios de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Apoyan lo anterior, las Jurisprudencias 3/2000 y 2/98 emitidas por la Sala Superior, de rubros: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”[13] y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.[14]

Ahora bien, lo anterior no supone que este órgano jurisdiccional deba llevar a cabo una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con lo establecido el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley de Medios, quienes promueven un medio de impugnación deben mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa, así como los agravios que causa el acto o resolución impugnado, y los preceptos presuntamente violados.

Ello, con sustento en la tesis CXXXVIII/2002 de la Sala Superior de rubro: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”.[15]

Metodología.

Ahora bien, por cuestión de método, el estudio que se hace en esta sentencia se desglosa en dos apartados.

El primero de ellos, destinado al análisis de las causales de nulidad de votación hechas valer por Morena en el SCM-JIN-48/2021, al tratarse del juicio de inconformidad que fue recibido en primer orden.

El segundo de ellos se destina al análisis de los planteamientos formulados por el instituto político Fuerza por México en el SCM-JIN-49/2021, entre los cuales están: las causales de nulidad de votación en casilla; su pretensión de recuento; así como la pretensión de nulidad de la elección a que se refiere su escrito de demanda.

Método de estudio que no genera perjuicio alguno a los promoventes, de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[16]

A.   Análisis de las causales de nulidad de votación en casilla invocadas por Morena en el SCM-JIN-48/2021.

a.1 Nulidad de votación por instalación de casillas en lugar distinto al señalado y por realizar el escrutinio y cómputo en local diverso (hipótesis artículo 75, fracciones a) y c) de la Ley de Medios).

En su escrito de demanda, Morena refiere como motivo de disenso que el día de la jornada electoral, quince casillas fueron instaladas en lugares distintos a los que fueron autorizados por el Consejo distrital, y por tanto, el escrutinio y cómputo también debe entenderse realizado en un lugar no permitido, con infracción a la normativa electoral, ya que aduce que tal situación aconteció sin causa justificada para su reubicación y sin que se hubieran colmado las condiciones de publicidad necesarias para hacer del conocimiento de la ciudadanía, el lugar en el que serían reubicados, en cada caso, los centro de votación a que se contrae su demanda.

Situación que, desde su perspectiva, vulnera el principio de certeza y publicidad para otorgar validez a la votación obtenida en las mismas.

Ahora bien, antes de dar respuesta a los motivos de disenso esgrimidos por Morena, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadran las causales de nulidad de mérito.

El artículo 75, párrafo 1, incisos a) y c) de la Ley de Medios, establece lo siguiente:

“Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

…

c) Realizar sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

[…]

En consecuencia, para actualizar las causales de nulidad que la parte inconforme hace valer, es necesario acreditar en forma fehaciente los siguientes extremos:

1)    Que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado;

2)    Que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en lugar distinto al autorizado;

3) Que no existió una causa que justificara ese cambio;

Así mismo, debe tomarse en consideración si el lugar donde fue ubicada la casilla electoral cumple con los requisitos establecidos en el artículo 255 de la Ley Electoral, los cuales son los siguientes:

a) Fácil y libre acceso para las y los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidoras o servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de personas que sean dirigentes de partidos políticos candidatas o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Y se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Por otro lado, y con el objeto de que el electorado conozca la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, en los artículos 257 y 272 de la LGIPE se establece que los Consejos distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en los que serán instaladas, para lo cual deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Aunado a lo anterior, para actualizar la causal de nulidad en estudio, se tiene que acreditar que el cambio de domicilio se realizó injustificadamente.

Al respecto, el artículo 276 de la LGIPE precisa las causas para estimar que existe causa justificada respecto de la instalación de una casilla en lugar distinto, siendo:

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas.

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación.

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley.

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de las personas electoras o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. Siendo necesario que las y los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e) El Consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique a quien presida la casilla.

En todos los casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En este sentido, si las casillas electorales tuvieren que cambiarse de lugar de ubicación por las causas de justificación señaladas en dispositivo legal antes precisado, dicho cambio no actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, puesto que estas circunstancias justifican legalmente que la casilla se haya instalado en distinto lugar al establecido por la autoridad electoral correspondiente y, más aún, que la propia causal de nulidad señalada en dicho precepto alude a que solo será nula la votación si es que la instalación de la casilla en distinto lugar no obedece a una causa justificada.

Precisado lo anterior, se procede a dar contestación a los motivos de disenso sintetizados en líneas precedentes, para lo cual es necesario analizar las constancias que obran en autos, consistentes en:

a) Encarte, con fecha de corte al veinticuatro de mayo.[17]

b) Actas de jornada electoral.

c) Actas de escrutinio y cómputo.

d) Hojas de incidentes relacionadas con las casillas controvertidas.[18]

d) Acuerdo A43/INE/CDMX/CD14/03-06-2021,[19]por el que se aprueban los ajustes al número y ubicación de casillas por causas supervenientes, del tres de junio.

Documentales a las que este órgano jurisdiccional confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a), 4, incisos a), b) y d), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos formalmente por autoridades electorales.

Ahora bien, enseguida se presenta un comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de las casillas impugnadas en el encarte, así como la señalada en las respectivas actas de jornada electoral y actas de escrutinio, de cual se aprecia que las causas de nulidad invocadas por Morena son infundadas con base en los argumentos que en cada caso también se incorporan, a saber:

        Casilla 3763 Básica 1.

Con relación a esta casilla, el actor acusa que la colonia en que se sitúa el bien inmueble en donde se instaló y se llevó a cabo el cómputo, no coincide con la que fue señalada en encarte, lo que es infundado, según se explica.

En el escrito de demanda el actor partió de la falsa apreciación de que la colonia en donde debía ser instalada la casilla era “Barrio de San Francisco”; sin embargo, de la información contenida en el encarte, se desprende que el nombre correcto de dicha colonia es “Barrio de San Fernando”; el cual sí es coincidente con el nombre de la colonia en que tuvo lugar la instalación de la casilla, y en donde se llevó a cabo el escrutinio y cómputo, según se puede advertir, respectivamente, del acta de jornada electoral y de la de escrutinio y cómputo relativas.

Por último, se menciona que en la hoja de incidentes de esa casilla, no se asentó irregularidad alguna relacionada con algún cambio injustificado de su domicilio.

De ahí que resulten infundados los planteamientos del actor al respecto.

        Casilla 3783 Básica 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, ya que según se desprende de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, el domicilio autorizado por el encarte para su ubicación coincide plenamente.

En efecto, si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio, el domicilio no se señaló en idénticos términos en que lo hizo el encarte, por ejemplo, la referencia al “EDIFICIO Ñ6, AL LADO DEL CAMPO Y PAPELERÍA”, dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir que en la especie se actualizaron las causales de nulidad invocadas.

Lo anterior, porque ha sido criterio de la Sala Superior considerar que la falta de conformidad y precisión de los datos en algunas actas de jornada electoral relativas a algunas de las casillas impugnadas, no necesariamente implica que su instalación hubiera tenido lugar en un área geográfica distinta.

Al respecto, cobra relevancia la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”,[25] en donde la Sala Superior consideró que si en el acta de la jornada electoral, o en aquella destinada para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y cómputo realizados en las casillas, no se anotó el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente, esto de ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de recepción de votos se hubiera ubicado en un lugar distinto al autorizado.

Ello, porque, según lo refiere el criterio interpretativo en cita, conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se refiere el artículo 16, apartado 1, de la Ley de Medios, surge la convicción de que, ocasionalmente, quienes integran las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación, omiten asentar todos los datos que se precisan en el encarte como fueron publicados por la autoridad correspondiente.

En esa medida, para que se acredite la causal en estudio se requiere de elementos probatorios que tengan el alcance para acreditar, de manera plena, los hechos en que se sustenta dicha causal de nulidad, tendientes a poner de manifiesto el cambio de ubicación, para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva.

En las condiciones anteriores, cuando de la comparación de los lugares de ubicación de las casillas establecidos en el encarte con los datos asentados en las actas de la jornada electoral, o en aquellas destinadas para asentar los resultados del escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias sustanciales, que al ser valoradas conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, produzcan la convicción en el ánimo de las personas juzgadoras de que existe una relación material de identidad, esto es suficiente para acreditar tal requisito, aunque se encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos, y si después de esto quien impugna sostiene que, no obstante ello, se trata de lugares distintos, pesa sobre dicha persona la carga de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, apartado 2, de la Ley de Medios.

Así, de las constancias del expediente no se desprenden elementos que puedan servir de apoyo para sustentar las afirmaciones del actor, quien limitó su argumentación, a señalar que “no hay suficiente evidencia que se haya instalado en el domicilio correcto”, cuando lo cierto es que ni del acta de jornada electoral ni de la de escrutinio y cómputo se pueda advertir alguna anotación relacionada con este punto de inconformidad.

        Casilla 3784 Básica 1.

De los datos asentados en el recuadro que antecede se puede advertir que ni en el acta de jornada electoral ni en la de escrutinio y cómputo se señaló el domicilio en el que tuvo lugar la instalación de la casilla y en el que fue realizado el cómputo respectivo.

En principio, se destaca que el hecho de que en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se hubiera asentado el domicilio, puede explicarse en razón de que las personas funcionarias de casilla (que no son expertas) omitieron hacer el señalamiento respectivo en esa documentación.

Sin embargo, en concepto de este órgano jurisdiccional, esa circunstancia, por sí misma, es insuficiente para asumir que la casilla fue instalada o que el cómputo de la votación ocurrieron en un inmueble distinto al que originalmente fue previsto en encarte para esos propósitos.

En efecto, ya se ha dicho que para que se acredite la causal en estudio se requiere de elementos probatorios que tengan el alcance para acreditar, de manera plena, los hechos en que se sustenta dicha causal de nulidad, tendientes a poner de manifiesto el cambio de ubicación, para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva.

En el caso concreto, de la valoración del acta de jornada electoral; del acta de escrutinio y cómputo; así como de la hoja de incidentes respectiva, del acuerdo de ajuste de domicilios aprobado por el Consejo Distrital responsable el tres de junio, no se advierte elemento alguno con el que pudiera tenerse por constatado un cambio de domicilio de la casilla en estudio, lo que genera la convicción de que la casilla y el cómputo tuvieron lugar en el domicilio autorizado.

Ello, porque en ninguna de esas documentales se asentó alguna observación relacionada con un cambio injustificado de domicilio, aunado a la circunstancia de que, tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo se aprecian las firmas de quienes fungieron como representantes de Morena el día de la jornada electoral, sin que hubieran dejado constancia de la supuesta irregularidad que ahora acusa ese instituto político.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el partido actor no aporta los elementos que puedan servir de apoyo para sustentar su afirmación, ya que limitó su argumentación a señalar que “no hay suficiente evidencia que se haya instalado en el domicilio correcto”, cuando lo cierto es que la carga de probar la causal de nulidad que invocó le correspondía a él.

        Casilla 3797 Básica 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, ya que el domicilio autorizado para su ubicación coincide plenamente con aquel en donde se instaló y tuvo lugar el cómputo.

Al respecto, si bien en el acta de jornada electoral y en la de escrutinio y cómputo se aprecia que el domicilio no fue señalado exactamente como se hizo en encarte (por ejemplo, con la referencia al nombre de la escuela primaria y la mención de las calles entre las cuales se situaba el domicilio respectivo), dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir que en la especie se actualizaron las causales de nulidad invocadas.

En efecto, en líneas precedentes ya se ha expresado que la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha considerado que la falta de conformidad y precisión de los datos no necesariamente implica que su instalación hubiera tenido lugar en un área geográfica distinta, según lo establece la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”, citada con antelación.

Así, con fundamento en el criterio interpretativo en cita, esta Sala Regional aprecia que los datos asentados en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo respectivas, reportan coincidencias sustanciales como el nombre de la calle; la referencia a que es sin número; y, el nombre de la colonia.

Elementos que, al ser contestes entre sí, conducen a este órgano jurisdiccional a concluir que la instalación de la casilla y el escrutinio y cómputo tuvieron lugar en el domicilio que fue autorizado para ello.

Conclusión que se robustece si se toma en cuenta que en el acta de jornada electoral y en la de escrutinio y cómputo se aprecian las firmas de quienes fungieron como representantes de Morena el día de la jornada electoral, sin que hubieran dejado constancia de la supuesta irregularidad consistente en el cambio de domicilio.

Lo anterior, sin que de las constancias del expediente se adviertan elementos de convicción que sustenten las afirmaciones del actor, quien limitó su argumentación “no hay suficiente evidencia que se haya instalado en el domicilio correcto”.

De ahí que resulte infundada la pretensión de nulidad de votación con relación a esta casilla.

        Casilla 3806 Contigua 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena también se considera infundada, ya que el domicilio autorizado en encarte para su ubicación coincide con aquel que fue señalado en el acta de jornada electoral.

Y, si bien en dichas actas el domicilio no se señaló exactamente como aparece en encarte (particularmente la referencia a la escuela primaria), dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir que en la especie se actualizaron las causales de nulidad invocadas, atento al criterio de interpretación antes invocado, contenido en la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”, citada con antelación.

Así, con sustento en el criterio interpretativo en cita, esta Sala Regional aprecia que esas documentales son coincidentes plenamente con encarte en cuanto a: nombre de la calle, colonia y código postal.

Ahora bien, esta Sala Regional no pasa desapercibida la particularidad de que en el acta de jornada electoral el número del inmueble sí guarda plena coincidencia con el número que fue señalado en encarte (doscientos treinta).

En tanto que, en el acta de escrutinio y cómputo se asentó que el número del domicilio fue el doscientos treinta y ocho.[32]

Sin embargo, esa discrepancia no podría llevar a este órgano jurisdiccional a concluir que la casilla fue instalada en lugar diverso, o que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en un lugar diferente al autorizado; sino que, en todo caso, el asentamiento del número doscientos treinta y ocho en el acta de escrutinio y cómputo pudo obedecer a un error atribuible a las personas que escribieron esos datos en esa documental, ya que no son expertas.

En efecto, para este órgano jurisdiccional, de la valoración del acta de jornada electoral, adminiculada a los datos contenidos en encarte, se genera la convicción de que no solo la instalación de la casilla, sino, también el escrutinio y cómputo de la votación tuvieron ocasión en el mismo domicilio.

Lo que se robustece si se considera que, tanto la casilla en estudio como la casilla Contigua 2 de esa sección, efectivamente, fueron previstas en el encarte para que su instalación tuviera lugar en el número doscientos treinta.[33]

Ello, sin que del expediente se adviertan elementos probatorios con los que se pudiera tener por acreditado un cambio material de sede (más allá del asentamiento incorrecto del número en el acta de escrutinio y cómputo), aunado a que del acta de jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo no se advierte que las personas representantes de los partidos políticos que intervinieron en su llenado hubieran hecho valer alguna irregularidad relacionada con un cambio de domicilio para la computación de la votación recibida en esa casilla.

De ahí que, por las razones expuestas, debe ser desestimada la causa de nulidad alegada.

        Casilla 3827 Básica 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, ya que el domicilio autorizado para su ubicación coincide plenamente con aquel en donde se instaló y se llevó a cabo el cómputo.

Y, si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio se emplearon abreviaturas, y no se citaron detalladamente las referencias que sí fueron indicadas en encarte, dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir que en la especie se actualizaron las causales de nulidad invocadas. Ello, en términos de la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”, antes mencionada.

Así, en el caso concreto se tiene que ambas actas son coincidentes con el encarte en cuanto a los elementos sustanciales de identificación, tales como: la alusión al Centro de Desarrollo Comunitario Integral, calle, avenida, colonia (incluso, aunque aparezca abreviada, las siglas sí corresponden con el nombre de la colonia a que se refiere encarte).

De ahí que se colige que la casilla fue instalada y el cómputo fue realizado en el lugar autorizado para ello.

Lo anterior, con independencia de que ni en el acta de jornada electoral, ni en la de escrutinio y cómputo, ni en la hoja de incidentes se hizo manifestación alguna en torno a la irregularidad acusada, sin que de las constancias que obran en el expediente se aprecie alguna que sustente las afirmaciones del promovente, quien limitó su argumentación a señalar que “no hay suficiente evidencia que se haya instalado en el domicilio correcto”.

        Casilla 3836 Contigua 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, ya que el domicilio autorizado para la instalación y el cómputo respectivos coincide plenamente con el que sirvió de sede para la celebración de esos actos.

En efecto, si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se citaron a literalidad las referencias que sí fueron indicadas en encarte (esquina), dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad acusadas. Ello, en términos de la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD” que se invocó en apartados anteriores.

Así, en el caso concreto se tiene que si bien, en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, no se agregó la referencia a que alude encarte, en el sentido de que el domicilio hacía esquina con la calle “Corregidora”, tal circunstancia no supone que la casilla se hubiera instalado en un lugar diverso, ni que el escrutinio y cómputo se hubiera llevado a cabo en un lugar no autorizado.

Máxime, si se toma en consideración que hay coincidencias en elementos tales como: el nombre de la calle, número y la colonia, sin que sea obstáculo para arribar a dicha conclusión que en el acta de escrutinio y cómputo se hubiera asentado como referencia adicional que el domicilio se situaba en el “Barrio de Cuevitas de Curamagüey”, toda vez que la alusión a ese barrio no supone la indicación de una colonia distinta en tanto que, al propio tiempo, en el acta de escrutinio y cómputo también fue señalado el nombre de la colonia (“Miguel Hidalgo”).

En ese contexto, la referencia al “Barrio de Cuevitas de Curamagüey” no se traduce en el señalamiento de una colonia distinta, ya que, se reitera, en el acta de escrutinio y cómputo figura “Miguel Hidalgo”, lo que es coincidente con los demás datos de encarte y con los del acta de jornada electoral, los cuales adminiculados entre sí, conducen a esta Sala Regional a tener por constatado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado originalmente.

        Casilla 3840 Contigua 2.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, toda vez que el domicilio autorizado para su ubicación y para el cómputo coincide plenamente con aquel que le sirvió de sede.

Y, si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se advierte la cita de la dirección completa, como tampoco se aprecia la referencia a la calle con la que hace esquina ─la cual sí se mencionó en encarte─, dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad alegadas, de conformidad con la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD” que se invocó en apartados anteriores.

Así, en el caso concreto se tiene que si bien, en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo solo se agregó el nombre y número de la calle, ello no es razón suficiente para considerar que la casilla y el cómputo no tuvieron lugar en el domicilio autorizado para tales fines, máxime si se toma en consideración que ambas documentales son coincidentes con el nombre de la calle y número precisados en encarte.

De ahí que este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que en el caso quedó acreditado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado para esos propósitos.

Conclusión que se robustece si se toma en cuenta que en el acta de jornada electoral y en la de escrutinio y cómputo se aprecian las firmas de quienes fungieron como representantes de Morena el día de la jornada electoral, sin que hubieran dejado constancia de la supuesta irregularidad consistente en el cambio de domicilio, aunado a que en la hoja de incidentes respectiva no se anotó alguna observación relacionada con la irregularidad acusada por Morena.

        Casilla 3848 Contigua 1.

Como se desprende de la información contenida en el cuadro ilustrativo que antecede, originalmente encarte estableció que el domicilio en el que debía ser instalada la casilla era “Patio Callejón, San Marcos número cuarenta y tres”.

En tanto que, de los datos consignados en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que el inmueble en el que, efectivamente, fue instalada la casilla y se realizó el cómputo, fue el marcado con el número veintinueve.

Ahora bien, esa discrepancia en el domicilio se explica en razón de que, en el caso concreto, se constató un ajuste respecto de la ubicación del inmueble originalmente propuesto para esos fines, lo que ocurrió a consecuencia de la negativa del propietario para prestar su patio ─por temor de contagio─, según fue asentado en el acuerdo de ajuste respectivo del tres de junio.

En efecto, en el “Acuerdo de Ajuste de Domicilios A43/INE/CD14/03-06-2021”, se hizo constar que ante diversas circunstancias que se presentaron en relación con algunas casillas, se hacía necesario que la autoridad responsable aprobara ajustes a los “domicilios inicialmente considerados” para tales efectos.

Al respecto, es preciso destacar que originalmente encarte previó como domicilio que serviría de sede a esa casilla, el sito en “EL PATIO CALLEJÓN SAN MARCOS, NÚMERO 43”.[42]

Sin embargo, en el acuerdo de ajuste de domicilios a que se ha hecho mención, se precisó que el inmueble originalmente previsto como sede de la casilla fue el marcado con el número veintinueve, lo que, como ha quedado visto, es un error si se considera únicamente que el encarte refirió el número cuarenta y tres como domicilio autorizado.

En efecto, de la valoración adminiculada de encarte, así como de las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo, se desprende que el domicilio que fue sustituido fue el cuarenta y tres; en tanto que, el domicilio que fue propuesto como sede fue el inmueble marcado con el número veintinueve ─y no a la inversa como equivocadamente se señaló en el acuerdo en mención─.

En otras palabras, si el encarte autorizó originalmente el inmueble marcado con el número cuarenta y tres, y posteriormente se dio lugar a un acuerdo de ajuste de domicilios, entonces, sería un despropósito asumir que el domicilio sustituto es el mismo que fue autorizado inicialmente (cuarenta y tres).

En esa línea argumentativa se tiene que, si en el caso concreto se adujo que hubo necesidad de proponer un domicilio diverso a aquél que originalmente fue autorizado (ergo, el marcado con el número cuarenta y tres), entonces ello conduce a concluir que el domicilio que fue propuesto como sustituto fue el marcado con el número veintinueve.

Lo anterior explicaría la razón por la cual, en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo se asentó como lugar de instalación de la casilla el número veintinueve y no el cuarenta y tres.

Ahora bien, a pesar del error en que incurrió el acuerdo de ajuste al invertir la dirección del domicilio sustituto con la del sustituido, la importancia de este acuerdo, para desestimar la causal de nulidad invocada por Morena, reside en que dicho acuerdo reconoce la existencia de la dirección de “PATIO CALLEJÓN SAN MARCOS NÚMERO VEINTINUEVE” como domicilio propuesto para fungir de sede de la casilla, lo que es coincidente con el número asentado en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

En razón de ello, y atento a la valoración de las documentales públicas antes reseñadas, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que la casilla fue instalada en el domicilio autorizado para tales fines y, en consecuencia, el escrutinio y cómputo también fue realizado en el lugar correcto.

Finalmente, se menciona que esa conclusión se ve robustecida con la circunstancia de que tanto en el acta de jornada electoral, así como en la de escrutinio y cómputo, aparece el nombre y firma del representante de Morena, quien no hizo valer alguna inconformidad relacionada con la dirección en la que se llevó a cabo la instalación de la casilla y el escrutinio de la votación, como tampoco existe mención sobre la pretendida irregularidad en la hoja de incidentes de la casilla en estudio.

Ello, con independencia de que, en el acta de jornada electoral, específicamente, en el apartado correspondiente al domicilio en el que se instaló la casilla, no se hizo manifestación alguna en el sentido de que tal acto hubiera ocurrido en lugar distinto.

De ahí que, por las razones expuestas, se deba desestimar la causal de nulidad alegada.

        Casilla 3852 Básica 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, toda vez que el domicilio autorizado para su ubicación coincide plenamente, y si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se señaló que ese lugar correspondía al jardín de niños Rufino Tamayo, como tampoco se hizo alusión al nombre de las calles entre las cuales se encontraba esa dirección ─tal como fue citada en encarte─, dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad invocadas.

Al respecto, se reitera que ha sido criterio de la Sala Superior considerar que la falta de conformidad y precisión de los datos en algunas actas de jornada electoral, no necesariamente se traducen en que su instalación hubiera tenido lugar en un área geográfica distinta. Ello, en términos de la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”, misma que ha sido invocada reiteradamente en los apartados anteriores.

Así, en el caso concreto se tiene que tanto el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo coinciden con encarte en: el nombre de la avenida; en que el inmueble respectivo no tiene número; en el nombre de la colonia; y, en el código postal.

En ese contexto, de las documentales mencionadas se arriba a la conclusión de que en el caso quedó acreditado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado para esos fines, lo cual se ve robustecido ante la circunstancia de que en las actas de jornada electoral y escrutinio, así como en la hoja de incidentes de esa casilla no se aprecia anotación alguna en el sentido de que hubiera sido instalada en lugar distinto.

Adicionalmente, se tiene que tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo se aprecia la firma de la representante de Morena, sin que se advierta alguna inconformidad relacionada con las causas de nulidad invocadas.

En atención a lo anterior, es que en la especie resulta infundada la pretensión de nulidad de votación obtenida en esta casilla que fue alegada por la actora.

        Casilla 3854 Básica 1.

Ahora bien, en relación con esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, toda vez que el domicilio autorizado para su ubicación coincide plenamente, y si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo se asentó la palabra “Romo” y no “Romos”, como tampoco en ellas se hizo alusión al nombre de las calles entre las cuales se encontraba esa dirección ─tal como fue citada en encarte─, dicha circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad invocadas.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD” que se invocó en apartados anteriores.

Así, en términos del criterio de interpretación en cita, en el caso concreto se tiene que tanto el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo son coincidentes con encarte en datos sustanciales como el nombre de la calle (con la salvedad del detalle en la “s”); número; colonia; y, código postal.

En ese contexto, de la valoración de las documentales mencionadas se arriba a la conclusión de que en el caso quedó acreditado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado para esos propósitos, lo cual se ve robustecido ante la circunstancia de que en las actas de jornada electoral y escrutinio, no se aprecia anotación alguna en el sentido de que la casilla hubiera sido instalada en lugar diverso, o de que el cómputo hubiera sido realizado en otro sitio.

Aunado a ello, se tiene que tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo se aprecia la firma de la representante de Morena, sin que se advierta alguna manifestación relacionada con las causas de nulidad invocadas.

En atención a lo anterior, es que en la especie resulta infundada la pretensión de nulidad de votación obtenida en esta casilla que fue alegada por la actora.

        Casilla 3861 Contigua 1.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, toda vez que el domicilio autorizado para su ubicación coincide plenamente, y si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se hizo alusión al antecedente que cita encarte, en el sentido de que antes la manzana correspondía al número veinticinco y el lote el setenta y seis, como tampoco se asentaron las calles entre las cuales se encuentra la dirección, lo cierto es que esa circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad invocadas.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD” que se invocó en apartados anteriores.

Así, en términos del criterio de interpretación en cita, en el caso concreto se tiene que tanto el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo son coincidentes con encarte en datos sustanciales como: el nombre de la calle; número de manzana y lote actuales (con la salvedad de en encarte se adicionó el lote y manzana que tenía “antes” ese predio, dato que se aportó a manera de referencia); colonia; y, código postal.

En ese contexto, de la valoración de las documentales mencionadas se arriba a la conclusión de que en el caso quedó acreditado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado para esos propósitos, lo cual se ve robustecido ante la circunstancia de que en las actas de jornada electoral y escrutinio, no se aprecia anotación alguna en el sentido de que la casilla hubiera sido instalada en lugar diverso, o de que el cómputo hubiera sido realizado en otro sitio.

Aunado a ello, se tiene que tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo se aprecia la firma del representante de Morena, sin que se advierta alguna inconformidad relacionada con las causas de nulidad invocadas.

En atención a lo anterior, es que en la especie resulta infundada la pretensión de nulidad de votación obtenida en esta casilla que fue alegada por la actora.

        Casilla 3863 Básica 1.

En principio, se debe tener presente que la materia de impugnación en relación con esta sección se concretó al tipo de casilla Básica 1, es decir, el actor no controvirtió la casilla tipo Contigua 1 de esta sección.

Hecha la precisión anterior, para este órgano jurisdiccional el cambio de domicilio estuvo justificado y, por tanto, no se acredita la causa de nulidad de votación en casilla, como se explica.

En efecto, si bien en el caso concreto se tiene que el domicilio que originalmente fue previsto por el encarte para la instalación de la casilla fue el sito en:

“EL PATIO CALLE PEDRO DE AULESTIA, 175, LOTE 3, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, TERCERA SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 14250, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE CALLE SAN JUAN DE LETRÁN Y CALLE CONSTITUCIÓN”.

El resaltado es añadido.

Lo cierto es que de los datos consignados en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que el inmueble en el que efectivamente fue instalada la casilla y se realizó el cómputo fue el sito en:

“CALLE 2, MANZANA 2, LOTE 3, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, CUARTA SECCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO”.

(Entre carretera Picacho Ajusco y Avenida 1).[52]

El resaltado es añadido.

Al respecto, este órgano jurisdiccional aprecia que la razón que motivó el cambio de domicilio, según una anotación que se aprecia en el acta de jornada electoral de esa casilla, se hizo consistir en que: “el ciudadano se negó a prestar su patio” , lo que se asentó en el apartado de incidentes de esa documental.

Por su parte, la autoridad responsable, al rendir el informe circunstanciado a que se refiere el artículo 18, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, refirió lo siguiente:

“Cabe señalar que salvo las casillas 3863, Básica y Contigua 1, se informó durante la sesión permanente de Jornada Electoral que la misma había tenido un cambio de domicilio por situación extraordinaria. Misma que se ubicó en Calle 2, manzana 2, lote 3, colonia Ampliación Miguel Hidalgo 4ª. Sección, Tlalpan, Ciudad de México.

Asimismo, en dicha sesión de 6 de junio de 2021 se hizo referencia que este cambio de domicilio actualizó la hipótesis referida en el artículo 276, párrafo 1, inciso b) y en consecuencia se actuó conforme el párrafo 2 del mismo artículo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Anexo IV).”

Ahora bien, en el proyecto de acta de sesión extraordinaria del Consejo Distrital responsable, del seis de junio, se expresó lo siguiente:

“…TENEMOS UNA SITUACIÓN CON LA CASILLA 3863, LA CUESTIÓN, ES QUE AL MOMENTO DE LLEVAR EL MOBILIARIO QUE SON MESAS Y SILLAS, LA PROPIETARIA NOS HIZO SABER QUE YA NO SE PRESTARÍA EL INMUEBLE A MENOS QUE SE LE DIERAN $5,000 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), ES UN SALÓN DE FIESTAS INFANTILES, LA PERSONA REFIERE QUE, AL RENTAR EL ESPACIO, SE REMUNERARÍA CON LA CANTIDAD ANTERIORMENTE MENCIONADA, TAMBIÉN REFIRIÓ QUE YA TENÍA A UNA PERSONA INTERESADA PARA REALIZAR UN EVENTO EN ESE ESPACIO, POR ESTA SITUACIÓN NOS VIMOS EN LA NECESIDAD DE BUSCAR OTRO DOMICILIO, DE IGUAL MANERA REQUERIMOS DE PONER CARTELES PARA REALIZAR EL SEÑALAMIENTO A LA CIUDADANÍA DE QUE NO ACUDIESEN A ESE DOMICILIO, PREVIENDO ESTA SITUACIÓN, REFERIMOS E INDICAMOS EL NUEVO DOMICILIO Y EN COORDINACIÓN CON LA CAPACITADORA ASISTENTE ELECTORAL, YA ACLARADO EL INCIDENTE, ME COMENTAN QUE YA ESTÁ EN PROCESO DE INSTALACIÓN EN EL NUEVO DOMICILIO.

…

…EL NUEVO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE 2, MANZANA 2, LOTE 3, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO CUARTA SECCIÓN, ESTO ENTRE CARRETERA PICACHO AJUSCO Y AVENIDA UNO, DE HECHO, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE ESTA SEDE.

…SE UBICÓ EN LA CALLE 2, MANZANA 2, LOTE 3, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, CUARTA SECCIÓN, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE SE ACTUALIZÓ LA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 276, PÁRRAFO 1, INCISO B) DE LA LGIPE…”

El resaltado es añadido.

Por otra parte, en la hoja de incidentes de esa casilla se asentó lo siguiente:

“SE CAMBIO (SIC) EL LUGAR DE LA UBICACIÓN DE LA CASILLA.

EL CIUDADANO SE NEGÓ A PRESTAR EL PATIO DE SU DOMICILIO.

UN FUNCIONARIO DE CASILLA (PRESIDENTA) PRESTÓ EL PATIO DE SU DOMICILIO PARA INSTALAR LA CASILLA EN CALLE 2, MANZANA 2, LOTE 3, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4ta SECCIÓN TLALPAN. RESUELTO A LAS 07:45 AM”

Así, de las documentales públicas mencionadas con antelación, en principio, se puede advertir que el cambio de domicilio de la casilla obedeció a la negativa del propietario del inmueble para que se ocupara su patio con esa finalidad, por tanto, este órgano jurisdiccional considera que dicho cambio sí quedó justificado ante las circunstancias apuntadas.

En segundo lugar, se tiene que la casilla fue reubicada en un domicilio perteneciente a la sección,[53] y de ello se informó a las personas electoras, mediante la colocación del aviso respectivo, según se corrobora con la constancia remitida por la autoridad responsable, de donde se aprecia lo siguiente:

“AVISO IMPORTANTE.

Se informa a los ciudadanos de la sección electoral 3863 que por causas de fuerza mayor, la ubicación de las casillas Básica y Contigua 1 cambia a la siguiente dirección:

Calle 2, manzana 2, Lote 3, Col. Ampl. Miguel Hidalgo 4ta Secc. Entre carr Picacho – Ajusco y Avenida 1, casi esquina con la Bodega Aurrerá Express.”

Y, si bien de la imagen que fue remitida por la responsable no se aprecia con claridad si dicho aviso, en efecto, fue colocado en el exterior del domicilio originalmente destinado para fungir como sede de la casilla electoral, tal como lo dispone el artículo 276, párrafo 2 de la LGIPE, lo cierto es que sí genera un indicio de que ese aviso tuvo lugar, mismo que se robustece si se considera que el cambio de domicilio no impidió a las personas votantes acudir a la casilla correspondiente.

En efecto, de la copia certificada de la lista nominal de la casilla en estudio, se puede advertir que de un total de seiscientas sesenta y una personas inscritas en la misma, emitieron su voto doscientas noventa y nueve,[54] esto es, el cuarenta y cinco punto treinta y ocho por ciento de ese universo. 

Así, de la información contenida en el recuadro ilustrativo que antecede, se puede apreciar que la votación recibida en esa casilla el día de la jornada electoral es promedio con la que se ha tenido en procesos electorales anteriores; e, incluso, resulta superior a la votación emitida en el año dos mil catorce.

Adicionalmente, este órgano jurisdiccional aprecia que la votación recibida en las casillas de esa sección Básica, Contigua 1 y Contigua 2, son promedio, como se aprecia[59]:

En razón de ello, y atento a la valoración de las documentales públicas antes reseñadas, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que la causal de nulidad invocada es infundada.

        Casilla 3901 Básica.

Con relación a esta casilla, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, toda vez que el domicilio autorizado para su ubicación coincide plenamente, y si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se hizo alusión a la “Unidad Habitacional Residencial Insurgentes Sur II”, lo cierto es que esa circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad invocadas.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD” que se invocó en apartados anteriores.

Así, en el caso concreto se tiene que tanto el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo son coincidentes con encarte en datos sustanciales como: nombre de la calle; número; colonia; código postal y ciudad.

En ese sentido, de la valoración de las documentales mencionadas se arriba a la conclusión de que en el caso quedó acreditado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado para esos propósitos, lo cual se ve robustecido ante la circunstancia de que en la hoja de incidentes, así como en las actas de jornada electoral y escrutinio, no se aprecia anotación alguna en el sentido de que la casilla hubiera sido instalada en lugar diverso o que el cómputo hubiera sido realizado en otro sitio.

Aunado a ello, se tiene que tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo se aprecia la firma del representante de Morena, sin que se advierta alguna inconformidad relacionada con las causas de nulidad invocadas.

En atención a lo anterior, es que en la especie resulta infundada la pretensión de nulidad de votación obtenida en esta casilla que fue alegada por la actora.

        Casilla 3921 Contigua 4.

Finalmente, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de nulidad de votación alegada por Morena es infundada, toda vez que el domicilio autorizado para su ubicación coincide, y si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se hizo alusión al “Colegio Sharon Christa MC Auliffe”, lo cierto es que esa circunstancia no constituye una razón suficiente para asumir la actualización de las causales de nulidad invocadas.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD” que se invocó en apartados anteriores.

Así, en el caso concreto se tiene que tanto el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo son coincidentes con encarte en datos sustanciales como: el nombre de la calle; número de manzana y lote (en el caso del acta de jornada electoral); colonia; código postal y ciudad.

En ese sentido, de la valoración de las documentales mencionadas se arriba a la conclusión de que en el caso quedó acreditado que el domicilio en el que se instaló la casilla y se llevó a cabo el cómputo respectivo, en efecto, fue el autorizado para esos propósitos, lo cual se ve robustecido ante la circunstancia de que en la hoja de incidentes, así como en las actas de jornada electoral y escrutinio, no se aprecia anotación alguna en el sentido de que la casilla hubiera sido instalada en lugar diverso, o de que el cómputo hubiera sido realizado en otro sitio.

Sin que sea obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que en el acta de escrutinio y cómputo se hubiera asentado como número de lote el dieciocho (18), en lugar del diecisiete (17); lo cual pudiera ser atribuible a un error de anotación, lo que se robustece si se considera que tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo obra estampada la firma de quien fungió como representante de Morena, sin que se advierta alguna inconformidad relacionada con las causas de nulidad invocadas.

Lo anterior, sin que de las constancias del expediente se pueda advertir algún elemento de prueba del que se desprenda que más allá de un error en la cita del número de lote, el cómputo se realizó en un inmueble materialmente diverso a aquél que fue autorizado para llevar a cabo la instalación de la casilla y el cómputo de la votación, ello, con independencia de que la argumentación del promovente solo se limitó a manifestar que “NO HAY SUFICIENTE EVIDENCIA QUE SE HAYA INSTALADO EN EL DOMICILIO CORRECTO”.

En atención a lo anterior, es que en la especie resulta infundada la pretensión de nulidad de votación obtenida en esta casilla que fue alegada por la actora.

a.2 Nulidad de votación por haber sido recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral (artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios).

En el escrito de demanda, Morena aduce que la votación obtenida en las casillas que refiere debe ser anulada, cuenta habida que fue recibida por personas no autorizadas para ello.

Así, para analizar esta causal de nulidad, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas autorizadas para recibir la votación.

Al respecto, el artículo 81, párrafos 1 y 2, de la LGIPE establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos con facultades para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales y que, como autoridad electoral, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del voto, garantizar el secreto del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, del ordenamiento jurídico invocado, las mesas directivas de casilla se integrarán con una o un presidente, un secretario o secretaria, dos escrutadores o escrutadoras y tres suplentes generales; mientras que el párrafo 2 del mismo artículo establece que en las elecciones concurrentes, se instalarán mesas directivas de casilla únicas para ambos tipos de elección, las que se integrarán, además con una o un secretario y un escrutador o escrutadora adicionales.

Por su parte, el artículo 254 de la LGIPE prevé que, una vez llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, las personas seleccionadas por el Consejo Distrital correspondiente serán las autorizadas para recibir la votación.

Así, para que se actualice la causal en estudio, se requiere acreditar alguno de los siguientes elementos:

a) Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas con antelación; esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo y que no se encuentren inscritas en la lista nominal de electores, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios o funcionarias.

b) Que la votación se recibió por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, por un órgano diverso a la mesa directiva de casilla.

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró con la mayoría de los funcionarios o funcionarias (presidente o presidenta, secretario o secretaria y escrutadores o escrutadoras).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarias o funcionarios propietarios de casilla deben presentarse para iniciar su instalación a partir de las siete horas con treinta minutos, en presencia de las y los representantes de los partidos políticos que concurran, debiéndose levantar el acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actuaron como funcionarios y funcionarias de casilla, conforme lo dispone el artículo 273, párrafos 2 y 5, de la Ley Electoral, documento que debe ser firmado tanto por las y los funcionarios como por las y los representantes que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 275 del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de una o varias de las personas designadas como propietarias, el artículo 274 del mismo ordenamiento establece la forma de sustitución de las personas ausentes.

Así, conforme lo dispone el señalado numeral, de no instalarse la casilla a las ocho horas con quince minutos, estando presente la o el presidente, ésta o éste designará a las o los funcionarios faltantes, recorriendo el orden de las o los funcionarios presentes y habilitando a las o los suplentes y, en su caso, con las personas electoras formadas en la fila de la casilla, verificando que se encuentren en la lista nominal.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente la o el presidente, pero sí la o el secretario, ésta o éste asumirá las funciones de aquélla o aquél y procederá a la instalación de la casilla.

Si no estuvieran la o el presidente ni la o el secretario, pero estuviera alguna o alguno de los escrutadores, ésta o éste asumirá las funciones de la o el presidente y hará la designación de las o los funcionarios faltantes.

Estando solo las personas suplentes, alguna de ellas asumirá la función de presidente y las otras personas de secretaria o secretario y primera o primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir las o los funcionarios, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto, a las diez horas, las o los representantes de los partidos ante las mesas de casilla, designarán por mayoría, a las personas integrantes de la mesa de casilla de entre el electorado que se encuentren presentes, verificando previamente se encuentren inscritos (as) en la lista nominal, y que cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de una o un notario público o juez; en ausencia de éstas, bastará la conformidad de las o los representantes de los partidos políticos.

Los nombramientos nunca podrán recaer en las o los representantes de los partidos, candidatos o candidatas, ni funcionarias o funcionarios públicos.

Cabe señalar que las personas que sean designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de quienes lo fueran en propiedad o suplencia por nombramiento de la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas.

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Así, para el análisis de esta causal de nulidad, en primer lugar, se comparó a las y los funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla con las y los funcionarios autorizados para integrar la casilla, de acuerdo al documento conocido como “encarte”.

Lo anterior, porque en dicho documento constan los nombres de las personas que fueron seleccionadas por el INE, para integrar las mesas directivas de cada una de las casillas; así, en el caso de que el nombre de los funcionarios (as) aparecieran en el encarte de la misma, esta Sala Regional considera que dichas personas sí estaban autorizadas para integrar la mesa directiva de casilla, por lo que la alegación devendría infundada.

Ahora bien, en caso de que el nombre de dichas personas no apareciera en el encarte, se buscarán sus nombres en la lista nominal de electores (y electoras) correspondiente; lo anterior, porque de acuerdo con lo señalado, ante la ausencia de las y los funcionarios de casilla originalmente designados, pueden tomarse votantes de la fila para integrar la mesa directiva de casilla, lo cual tiene apoyo en la propia ley, según se ha visto.

Así, en el caso de que las personas que integraron la casilla pertenecieran hubieran sido autorizadas en los términos antes descritos, se estimarían infundados los agravios.

Por otra parte, se actualizaría la nulidad de la votación recibida en las casillas indicadas, en el caso de que las personas controvertidas por el actor no hubieran sido autorizadas en encarte y/o en la lista nominal.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: el encarte de ubicación e integración de casillas publicado y utilizado el día de la jornada electoral; las actas de jornada electoral, y listas nominales. Documentales públicas con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Análisis del caso concreto por cada casilla impugnada.

En el escrito de demanda, Morena inserta un cuadro que se integra por dos columnas. Al respecto, se tiene que la columna derecha es la que corresponde con el señalamiento de los nombres de las personas funcionarias que impugna a la que denominó “Personas no autorizadas que participaron como funcionarios”.[64]

A partir de ese señalamiento, es que se procede al estudio de las personas que son controvertidas por haber integrado indebidamente las casillas, según el dicho del actor.

Asimismo, se aclara que el análisis de las casillas se hará en orden ascendente, es decir, de menor a mayor número de sección, a saber:

        Casilla 3748 C1.

De los datos contenidos en el cuadro que antecede, se desprende que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente.

Lo anterior, toda vez que como se puede apreciar, la mayor parte de las personas que integraron la casilla y que fueron controvertidas por el actor, en efecto, realizaron las funciones para las cuales fueron autorizadas por el encarte.

Ahora bien, con relación a la ciudadana Yolanda Palos López Portillo, se tiene que el encarte la previó en calidad de tercera suplente, lo que le permitía asumir el cargo de tercera escrutadora propietaria, justamente en ejercicio de esa suplencia.

Finalmente, esta Sala Regional no pasa inadvertida la circunstancia de que en el escrito de demanda se indica que el nombre de la funcionaria controvertida es Yolanda “Polos” López, cuando el apellido correcto es “Palos”, según se advierte de encarte, del acta de jornada electoral y la lista nominal respectiva, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 1, inciso a), en relación con el artículo 16, párrafo 2, ambos de la Ley de Medios, para arribar a la conclusión de que el apellido correcto es “Palos”.

        Casilla 3752 C1.

De la información contenida en el cuadro ilustrativo que precede, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se aprecia que cinco de las personas que fueron controvertidas, en efecto, ocuparon los cargos para los cuales fueron autorizadas en encarte el día de la jornada electoral.

Ahora bien, por cuanto al ciudadano Juan Carlos Flores Reyes, se advierte que se trató de una persona tomada de la fila que sí figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[68] De ahí lo infundado de la causal de nulidad alegada.

Finalmente, no pasa desapercibido que en el escrito de demanda se señaló que el apellido del ciudadano antes mencionado era “Reves”. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que del acta de jornada electoral, adminiculada a la valoración de lista nominal, el apellido correcto es “Reyes”. Documentales a las que se confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso a), en relación con el 16, párrafo 2, ambos de la Ley de Medios.

        Casilla 3752 C2.

En relación con esta casilla, de la información contenida en el cuadro que antecede, se desprende que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente, porque se puede apreciar que cinco de las personas controvertidas por el actor, en efecto, se desempeñaron con los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

Ahora bien, en el caso de la ciudadana Silvia Reyes Rincón, se tiene que, si bien originalmente no fue autorizada por encarte, lo cierto es que se trató de persona tomada de la fila que sí figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[70]

        Casilla 3755 B1.[71]

De la información contenida en el recuadro que antecede, se arriba a la convicción de que la causal de nulidad invocada por el actor en relación con dicha casilla es infundada, como se explica.

En principio se aprecia que tres de las personas que integraron la casilla y que fueron controvertidas por el actor, en efecto, desempeñaron los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

Por otro lado, por lo que hace al ciudadano Adrián Herrera Madariaga, se trató de persona autorizada por encarte para fungir como segundo escrutador; sin embargo, a propósito de un corrimiento de cargos, la función que finalmente le correspondió fue la de primer escrutador.

Ahora bien, por lo que respecta a la ciudadana Sofía de la Llata Guzmán, se destaca que el encarte la consideró desde un primer momento en calidad de segunda suplente; de manera que, si el día de la jornada electoral se desempeñó como tercera escrutadora, fue justamente en ejercicio de esa suplencia.

Finalmente, cabe decir que el ciudadano Pablo González Ortega, si bien no se aprecia que hubiera sido originalmente autorizado por el encarte para integrar esa casilla, lo cierto es que se trató de una persona que fue tomada de la fila y cuyo nombre figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[73]

De ahí que, por las razones expuestas, se estime infundada la causa de nulidad alegada.

        Casilla 3755 C1.

En principio, se aprecia que el presidente de la mesa directiva de casilla, en efecto, desempeñó el cargo para el cual fue autorizado por encarte.

Ahora bien, en relación con las ciudadanas Pamela Abigail Sosa Gutiérrez, Marina Gabriela del Valle y María Luisa Vargas Moreno, si bien de acuerdo con el encarte, originalmente fueron autorizadas para desempeñarse como segunda secretaria, primera y segunda escrutadoras, respectivamente, lo cierto es que, a consecuencia del corrimiento de cargos, el día de la jornada electoral fungieron en calidad de primera y segunda secretarias, así como segunda escrutadora.

Por otro lado, en relación con el ciudadano Enrique Lancelot Reséndiz Velázquez, se aprecia que originalmente fue autorizado por encarte como segundo suplente, de ahí que con esa calidad bien pudo estar en posibilidad de desempeñarse como segundo escrutador.

Al efecto, se precisa que si bien en el acta de jornada electoral el apellido asentado fue el de “Lancelo”, lo cierto es que el apellido correcto es “Lancelot”, según se asentó en el encarte y en la lista nominal correspondiente,[75] a la cual se confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 1, inciso a), en relación con el artículo 16, párrafo 2, ambos de la Ley de Medios.

Finalmente, respecto al ciudadano Sebastián Montes de Oca Paz, se advierte que se trató de una persona tomada de la fila, cuyo nombre sí figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[76]

Atento a las razones expuestas, resulta infundada la pretensión de nulidad de votación de esta casilla.

        Casilla 3757 C1.[77]

De la información contenida en el recuadro que antecede, esta Sala Regional advierte que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se aprecia que cuatro de las personas integrantes de casilla que fueron controvertidas por el actor, efectivamente, ocuparon los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

Por otro lado, en lo concerniente al ciudadano Mario Arturo Gil García, si bien originalmente fue autorizado por encarte, para desempeñarse como tercer escrutador, lo cierto es que, a consecuencia del corrimiento de cargos, terminó por realizar la función de segundo escrutador el día de la jornada electoral.

Finalmente, por lo que respecta al ciudadano Jesús Agustín Aguilar Aguirre, cabe mencionar que se trató de una persona que el encarte autorizó en calidad de suplente. En ese sentido, debe entenderse que se encontraba autorizado por encarte para desempeñarse como tercer escrutador el día de la jornada electoral.

        Casilla 3762 C1.[79]

De la información contenida en el cuadro ilustrativo que precede, para esta Sala Regional es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se aprecia que tres personas que integraron la mesa de casilla y que fueron controvertidas por el actor, en efecto, desempeñaron los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

Ahora bien, en relación con el ciudadano David Martínez Arreola, se aprecia que originalmente fue autorizado por encarte para desempeñarse como segundo secretario; sin embargo, a consecuencia del corrimiento de cargos, el día de la jornada electoral se desempeñó como primer secretario.

Por su parte, la ciudadana Paola Jazzely Rodríguez Hernández, originalmente fue autorizada por encarte en su calidad de primera suplente. De ahí que, si el día de la jornada electoral se desempeñó como tercera escrutadora, ello fue justamente en ejercicio de esa suplencia para la cual fue inicialmente considerada.

Finalmente, por lo que hace al ciudadano Luis Germán Cumplido Manilla, cabe mencionar que se trató de una persona que fue tomada de la fila, cuyo nombre figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[81]

        Casilla 3763 B1.[82]

Con relación a esta casilla, para esta Sala Regional es claro que la pretensión de nulidad alegada es infundada, como se explica.

Lo anterior, toda vez que la totalidad de las personas que integraron la mesa directiva de casilla y que fueron impugnadas por el actor, desempeñaron los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

Finalmente, no pasa desapercibido que el actor señaló que el primer nombre de la persona que fungió como primer escrutador es “Jorge” Velázquez Murillo;[84] sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que el nombre correcto del ciudadano controvertido es José Gustavo Martínez Rodríguez, según se corrobora con el nombre asentado en el encarte, el cual es valorado de forma adminiculada al nombre señalado en el acta de jornada electoral, de donde se puede colegir que el nombre correcto del funcionario controvertido es “José” y no “Jorge” (como lo señaló el actor en su demanda). Documentales a las que se confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso a), en relación con el 16, párrafo 2, ambos de la Ley de Medios.

        Casilla 3763 C2.[85]

En relación con esta casilla, este órgano jurisdiccional aprecia que la pretensión de nulidad de la votación en ella recibida es infundada, ya que, como se puede advertir, todas las personas que la integraron y que fueron controvertidas por el actor, en efecto, ejercieron los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

De ahí que deba desestimarse la impugnación del promovente en contra de esas personas.

        Casilla 3765 B1.

Con relación a esta casilla, de la información contenida en el recuadro que antecede, esta Sala Regional aprecia que la causa de nulidad invocada por el actor en relación con la votación recibida en esta casilla es infundada, como se explica.

En principio, se advierte que cuatro de las personas que la integraron y que fueron controvertidas por el actor, efectivamente, desempeñaron las funciones para las cuales fueron autorizadas por encarte.

Por, otro lado, con relación al ciudadano Santiago Romero Ortiz y a la ciudadana Laura Alejandra Vázquez Olmedo, se tiene que, si el día de la jornada electoral se desempeñaron como primer secretario y segunda escrutadora, respectivamente, ello fue conforme a derecho si se toma en consideración que fueron autorizados por encarte como suplentes.

        Casilla 3766 C1.

Del contenido del cuadro que antecede, esta Sala Regional aprecia que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En primer lugar, se puede apreciar que cuatro de las personas que integraron la mesa directiva de casilla y que fueron controvertidas por el promovente, efectivamente, desempeñaron los cargos para los cuales fueron autorizadas en encarte.

Por otro lado, en relación con el ciudadano Pablo Francisco Saavedra Marini, se tiene que encarte lo autorizó en calidad de primer suplente. En ese entendido, si el día de la jornada electoral se desempeñó como tercer escrutador, es claro que se trataba de una persona autorizada para ello.

Finalmente, por lo que respecta al ciudadano Víctor Manuel Rosario, se tiene que se trató de una persona tomada de la fila que sí figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[89]

Sin que sea obstáculo para arribar a esa conclusión el hecho de que en la demanda el actor hubiera señalado que el nombre de quien fungió en la primera secretaría era “Violeta” Manuel Rosario (ilegible), ya que, del acta de jornada electoral, adminiculada con el encarte y la lista nominal respectiva, se puede apreciar que el nombre correcto fue “Víctor” Manuel Rosario.

Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 1, inciso a), en relación con el 16, párrafo 2, ambos de la Ley de Medios.

        Casilla 3767 B1.

Con relación a esta casilla, contrario a lo que sostiene Morena, el acta de jornada electoral no se encuentra en blanco, por lo que su planteamiento de nulidad de votación recibida en ella resulta inoperante, ya que el actor debió indicar los nombres y cargos de las personas que consideraba que no debieron integrar la mesa directiva de casilla.

En efecto, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, la Sala Superior razonó que, si bien con esa sentencia se interrumpía la jurisprudencia 26/2016, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO”, lo cierto es que también reconoció que quien pretendiera anular la votación de una casilla con sustento en la causal de nulidad que se estudia, debía proporcionar elementos mínimos que permitieran identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como lo es: la casilla y el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona, lo que no ocurre en el caso concreto de esta casilla.

                    Casilla 3770 C1.

Con relación a esta casilla, esta Sala Regional advierte que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente, como se explica.

En primer lugar, se aprecia que quien fungió como presidente de la mesa directiva de casilla, en efecto, desempeñó el cargo para el cual fue autorizado por encarte.

Ahora bien, por lo que respecta a las ciudadanas Leonor Aguilar Azuela y Paulina de la Garza Castro, se aprecia que, si bien en un primer momento, fueron autorizadas en el encarte para actuar en funciones de segunda secretaria y tercera escrutadora, respectivamente, lo cierto es que, a consecuencia del corrimiento de cargos, el día de la jornada electoral ejercieron funciones de primera y segunda secretarias.

Por otro lado, en el caso de los ciudadanos Sebastián y Patricio, ambos, de apellidos Campero Gimenez, se destaca que se trató de personas que inicialmente fueron autorizadas por encarte para fungir como suplentes. En ese sentido, si en el día de la jornada electoral se desempeñaron como primer y segundo escrutadores, debe entenderse que se encontraban autorizados por encarte para asumir esa función.

Finalmente, se tiene que el ciudadano Francisco Campero Gimenez fue tomado de la fila para integrar la casilla y que su nombre sí se encuentra en la lista nominal de la sección respectiva.[92]

Por lo anterior, se colige infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla.

        Casilla 3772 B1.

En principio, de la información contenida en el cuadro que antecede, se puede apreciar que cinco personas que integraron la mesa directiva de casilla, efectivamente, se desempeñaron en el cargo para el cual fueron autorizadas por encarte, excepto la ciudadana Cecilia Soto Ortiz, quien si bien,  fue autorizada como tercera escrutadora, lo cierto es que, a consecuencia del corrimiento de cargos, el día de la jornada fungió como presidenta.

Lo anterior, sin que el actor hubiera controvertido en forma alguna la designación de la ciudadana María Elizabeth Velasco Jiménez como tercera escrutadora, ya que al citar el nombre de la persona que realizó esa función el día de la jornada electoral asentó el nombre de la ciudadana Cecilia Soto Ortiz, lo que es inexacto ya que de las constancias del expediente se desprende que para ese cargo fue designada la suplente María Elizabeth Velasco Jiménez, sin que el actor lo hubiera advertido al plantear su demanda.

        Casilla 3773 C1.

De la información contenida en el recuadro que antecede, esta Sala Regional advierte que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se destaca que cuatro personas que integraron la casilla y que fueron controvertidas por el actor, efectivamente, desempeñaron los cargos para los cuales se fueron autorizadas por encarte.

Por otro lado, por lo que hace al ciudadano Jorge Alberto Villalba Torres y la ciudadana Quiróz González Xiadany Lizeth, se tiene que fueron personas tomadas de la fila, quienes se encuentran incluidas en la lista nominal correspondiente a la sección.[95]

De ahí que se colige que la integración de esta casilla fue conforme a derecho.

        Casilla 3777 B1.

De la información contenida en el recuadro que antecede, esta Sala Regional advierte que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se advierte que tres personas que integraron la casilla, en efecto, se desempeñaron en los cargos para los cuales fueron autorizadas.

Ahora bien, por lo que hace a las ciudadanas Regina Ortiz del Blanco y Ana Sofía Zapata Licón, se tiene que fueron autorizadas originalmente por encarte para fungir como segunda y tercera escrutadora; sin embargo, a propósito de un corrimiento de cargos, se tiene que las ciudadanas mencionadas realizaron dicha función en la posición primera y segunda.

Finalmente, por lo que respecta a la ciudadana Korina Tenorio Núñez, se tiene que se trató de una ciudadana que originalmente estuvo autorizada para fungir como suplente por encarte, de ahí que si el día de la jornada electoral se desempeñó como tercera escrutadora, debe entenderse que se encontraba acreditada para ello.

Así, con base en lo anterior, es que se desestima la causal de nulidad de votación en casilla alegada por Morena.

        Casilla 3780 B1.

De la información contenida en el recuadro inserto, se desprende que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se advierte que quien se desempeñó en la presidencia de la mesa directiva, en efecto, ocupó el cargo para el cual se encontraba autorizada por encarte.

Ahora bien, por lo que hace a la ciudadana Olivia Isaura Ortiz Hernández y los ciudadanos Moisés Gibran Flores López y José Antonio Riestra Casillas, se aprecia que si bien el día de la jornada electoral se desempeñaron como primera escrutadora, primer secretario y segundo escrutador, respectivamente, ello a consecuencia del corrimiento de los cargos para los cuales fueron originalmente autorizados en encarte (en calidad de segunda escrutadora, segundo secretario y tercer escrutador).

Por otro lado, en relación con la ciudadana Adriana Reyes Buck, se tiene que se encontraba prevista por encarte como tercera suplente, de ahí que deba entenderse que se encontraba autorizada para desempeñarse como segunda secretaria el día de la jornada electoral.

Finalmente, por lo que hace al ciudadano Gonzalo Moreno Rena, se tiene que se trató de una persona que fue tomada de la fila, cuyo nombre aparece en la lista nominal correspondiente a la sección.[98]

        Casilla 3780 C1.

De la información contenida en el recuadro inserto, se desprende que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se advierte que la única persona que desempeñó el cargo para la cual se encontraba autorizada por encarte fue la presidenta.

Por otro lado, si bien las ciudadanas Aidee Flores Ramírez y María Sofía Pedrayes Gosain y el ciudadano Eduardo Isaías González Herrasti, originalmente, fueron personas autorizadas en el encarte fue para fungir como segunda secretaria, segunda escrutadora y primer escrutador, lo cierto es que, a consecuencia del corrimiento en los cargos, el día de la jornada electoral se desempeñaron como primera secretaria, primera escrutadora y segundo secretario, respectivamente.

En tanto que, en relación con el ciudadano Hermilo Antonio Vivian Alonso, se tiene que dicha persona se encontraba autorizado en encarte como segundo suplente. Atento a ello, si el día de la jornada electoral se desempeñó como segundo escrutador, debe entenderse que se encontraba autorizado para actuar en suplencia de alguna persona funcionaria de casilla.

Finalmente, por lo que hace a la ciudadana Araceli Rangel Dávalos, se tiene que se trató de una persona que fue tomada de la fila, cuyo nombre sí figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[100]

        Casilla 3783 B1.

De la información contenida en el recuadro inserto, se desprende que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla, como se explica.

En principio, se advierte que cuatro personas que integraron la casilla y que fueron controvertidas por el actor, efectivamente, desempeñaron los cargos para los cuales se encontraban autorizadas por encarte.

Por otro lado, se advierte que en su escrito de demanda, Morena impugnó como primer escrutador al ciudadano “Mauricio Nava Guzmán”, planteamiento que resulta inoperante ya que la persona nombrada no formó parte de la integración de la mesa directiva de esta casilla el día de la jornada electoral, sino que dicho cargo fue desempeñado por la ciudadana Natalia María Macedo González, sin que el promovente la hubiera controvertido en razón de ello.

Finalmente, por lo que respecta a esta casilla, cabe mencionar que del escrito de demanda se aprecia que el actor se inconforma con que el día de la jornada electoral no hubo persona designada como tercera escrutadora.

Al respecto, se tiene que ese planteamiento debe desestimarse atento al contenido del criterio de interpretación a que se refiere la tesis XXIII/2001, de rubro: “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”, [102] en donde la Sala Superior consideró que la falta de uno de los (as) escrutadores (as) no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación de la casilla.

Atento a lo anterior, en el caso concreto no hay razón suficiente para considerar que la falta de una de las personas encargadas de realizar la función de escrutar la votación sea motivo que sustente la pretensión del actor para su anulación.

        Casilla 3783 C1.

De la información contenida en el recuadro que antecede, se desprende que es infundada la causal de nulidad de votación invocada por el promovente en relación con esta casilla.

En principio, se aprecia que tres de las personas que integraron la mesa directiva de casilla y que fueron impugnadas por el actor, en efecto, desempeñaron los cargos para los cuales fueron autorizadas por encarte.

Por otro lado, en relación con el ciudadano Luis Ángel Hernández Rosas, se aprecia que, a propósito del corrimiento de cargos, en lugar de desempeñarse como primer secretario como se previó en encarte -en un primer momento-, el día de la jornada electoral dicha persona fungió como presidente.

Ahora bien, en relación con la ciudadana Eva Fernanda Valencia González, se tiene que se trató de una persona que fue tomada de la fila, quien sí figura en la lista nominal correspondiente a la sección.[105]