JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SCM-JIN-70/2021 Y SCM-JIN-71/2021 ACUMULADO

ACTORES:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y FUERZA POR MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

01 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIADO:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA, JUAN CARLOS LÓPEZ PENAGOS Y TERESA MEDINA HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a 2 (dos) de agosto de 2021 (dos mil veintiuno)[1].

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones de mayoría relativa, correspondiente al 01 distrito electoral federal, en la demarcación territorial Gustavo A, Madero; confirma la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección, y determina vincular al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que considere la modificación del cómputo distrital al realizar la asignación  de diputaciones por el principio de representación proporcional, ante la nulidad de las casillas cuyos agravios del Partido Acción Nacional resultaron fundados, con base en lo siguiente:

G L O S A R I O

ANTECEDENTES

1. Inicio del proceso electoral. El 7 (siete) de septiembre inició el proceso para la elección de diputaciones federales.

2. Jornada electoral. El 6 (seis) de junio se llevó a cabo la jornada electoral, para elegir los cargos antes señalados.

3. Cómputo distrital. El 9 (nueve) de junio, el Consejo Distrital realizó la sesión en que se llevó a cabo el cómputo de la elección referida que concluyó al día siguiente, del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

4. Entrega de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección. En razón de los resultados obtenidos, se hizo entrega de la constancia de mayoría relativa a Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Yolanda Maqueda Salazar candidatas postuladas por MORENA y se declaró la validez de la elección.

5. Juicios de Inconformidad

5.1. Demandas. Inconformes con lo anterior, el 14 (catorce) de junio el PAN y Fuerza por México promovieron estos medios de impugnación.

5.2. Turno y recepción. Recibidas las constancias en esta Sala Regional se integraron los expedientes SCM-JIN-70/2021 y
SCM-JIN-71/2021, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien los recibió el 20 (veinte) de junio siguiente.

5.3. Admisión, ampliación de demanda y cierre. El 30 (treinta) de junio y 13 (trece) de julio la magistrada instructora admitió las demandas y las pruebas ofrecidas por el PAN y Fuerza por México, el 28 (veintiocho) de julio, Fuerza por México presentó escrito de ampliación de demanda y, en su oportunidad, cerró la instrucción de estos juicios.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, toda vez que se trata de juicios de inconformidad promovidos por el PAN y Fuerza por México a fin de controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría relativa a la elección de diputaciones federales de mayoría relativa en el distrito electoral 01 federal en la Ciudad de México. Lo anterior, con fundamento en:

   Constitución: artículos 41 párrafo segundo Base VI, 60 segundo párrafo y 99 párrafo cuarto fracción I.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 164, 165, 166-I, 173 y 176-II.

   Ley de Medios: artículos 34.2-a), 49, 50.1-b) fracciones
I, II y III y 53.1-b).

SEGUNDA. Acumulación. Del análisis de las demandas, esta Sala Regional advierte que existe conexidad en la causa, pues el PAN y Fuerza por México controvierten, en esencia, los mismos actos impugnados, señalan la misma autoridad responsable y hacen valer agravios respecto de la misma elección -cómputo, nulidad y entrega de las constancias-.

En esas condiciones, con la finalidad de no dividir la continencia de la causa, evitar la emisión de sentencias contradictorias y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, lo procedente es acumular el expediente SCM-JIN-71/2021 al diverso SCM-JIN-70/2021, por ser éste el primero recibido en esta Sala Regional.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
180-XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios; y, 79 y 80.3 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución al expediente del juicio acumulado.

TERCERA. Causales de improcedencia

La autoridad responsable en su informe circunstanciado hace valer la causal de improcedencia prevista en los 9.1-g) y 9.3 de la Ley de Medios, al considerar que la demanda de Fuerza por México se presentó sin firma autógrafa, además indica que quien promovió este juicio presentó escrito ratificando la demanda pero debe considerarse precluido ese derecho.

A juicio de esta Sala Regional dicha causal debe desestimarse, pues si bien la demanda de Fuerza por México no contiene la firma autógrafa de quien la promueve, lo cierto es que dicho signo que manifiesta la voluntad para demandar está contenido en el escrito de presentación de su demanda, por lo que este requisito debe considerarse satisfecho.

En efecto, cuando en la demanda no conste la firma autógrafa de la persona promovente, pero el documento de presentación sí está debidamente firmado por dicha persona, debe tenerse por satisfecho el requisito, toda vez que mediante ese escrito se evidencia su voluntad de combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, en el entendido de que ambos escritos -de presentación y de demanda- son una unidad a través de la cual se promueve un medio de impugnación.

Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia 1/99 de rubro FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO[3].

En ese sentido, con independencia de que el promovente hubiera presentado con posterioridad un escrito mediante el cual pretendió ratificar la demanda, lo cierto es que el requisito en cuestión está satisfecho, pues el escrito de presentación se presentó el mismo día que la demanda -14 (catorce) de junio- y contiene la firma autógrafa de quien lo promueve; de ahí que deba desestimarse está causal.

CUARTA. Requisitos de procedencia. Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia generales y especiales previstos en los artículos 8, 9.1, 50.1-b) fracciones I y III, 52.1 y 54 de la Ley de Medios.

A. Requisitos Generales

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante el Consejo Distrital, haciendo constar el nombre de los partidos actores y la firma de sus representantes[4], el PAN señaló domicilio para recibir notificaciones y Fuerza por México un correo electrónico válido para tales efectos; ambos partidos autorizaron a diversas personas autorizadas para tales efectos, identificaron el acto impugnado, a la autoridad responsable, señalaron agravios y ofrecieron pruebas.

2. Oportunidad. Los juicios fueron promovidos en el plazo establecido para tal efecto, toda vez que el cómputo distrital para la elección de diputaciones federales del distrito concluyó el 10 (diez) de junio, por lo que el plazo de 4 (cuatro) días transcurrió del 11 (once) al 14 (catorce) de junio, de manera que al haberse interpuesto las demandas ese último día es evidente que se presentaron de forma oportuna.

3. Legitimación y personería. Estos requisitos están satisfechos, ya que los medios de impugnación son promovidos por partidos políticos nacionales y en cada caso, el Consejo Distrital, les reconocido el carácter con el que promovieron, asimismo, la personería del PAN se desprende del expediente pues quien promueve la demanda en su nombre aparece en las actas de cómputo distrital de la elección para las diputaciones federales de mayoría relativa y de representación proporcional respectivas.

Aunado a ello, por lo que respecta a Jaime Ochoa Amorós que promueve la demanda en nombre y representación de Fuerza por México, tiene personería suficiente en términos del artículo 13.1.a)-III en relación con el artículo 125-X de los Estatutos de Fuerza por México, pues es el presidente interino del Comité Directivo Estatal de dicho partido en la Ciudad de México, quien cuenta con las facultades y atribuciones para representarlo ante terceros y ante toda clase de autoridades, la de representar legalmente al partido político, en el ámbito de su competencia territorial, ante terceras personas y toda clase de autoridades, organismos e instituciones; para lo que gozará de todas las facultades generales y especiales de administración, administración laboral, pleitos y cobranzas; sin que esta Sala Regional advierta que esa representación esté acotada únicamente al ámbito estatal.

4. Interés jurídico. El PAN y Fuerza por México tienen interés jurídico para promover estos juicios, toda vez que impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales en el 01 distrito electoral en la Ciudad de México en la cual participaron, haciendo valer diversas causas de nulidad de la votación recibida en las casillas y además en el caso de Fuerza por México solicita el recuento y, en su caso, se decrete la nulidad de la elección.

5. Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado, pues la ley no prevé algún medio de impugnación que deba ser agotado por los partidos promoventes antes de promover estos juicios.

B. Requisitos Especiales

1. Elección que se impugna. Se satisface, en razón de que el PAN y Fuerza por México cuestionan expresamente la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa del 01 distrito electoral federal en la Ciudad de México y además, en el caso de Fuerza por México también impugna derivado de lo anterior, el resultado y asignación de la elección de las diputaciones federales de representación proporcional.

2. Individualización del acta de cómputo distrital que se combate. Se cumple, pues el PAN y Fuerza por México precisan que controvierten el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales correspondiente al 01 distrito electoral federal en la Ciudad de México.

3. Individualización de casillas impugnadas y causales que se invocan para cada una de ellas. Se acredita esta exigencia porque el PAN y Fuerza por México señalan de forma específica las casillas que controvierten y las causales de nulidad respecto de cada una.

QUINTA. Ampliación de la demanda de Fuerza por México

El 28 (veintiocho) de julio, Fuerza por México presentó escrito de ampliación de demanda en el que señala que con posterioridad a la interposición del juicio SCM-JIN-71/2021, el Consejo General del INE emitió la resolución INE/CG1314/2021 del procedimiento administrativo sancionador oficioso y de queja en materia de fiscalización instaurado contra el PVEM la cual, en su consideración, acredita las violaciones denunciadas en su demanda con las que pretende que se declare la nulidad de la elección impugnada.

A juicio de esta Sala Regional, el escrito de Fuerza por México es una ampliación de demanda ya que en los medios de impugnación en materia electoral se actualiza esa posibilidad procesal cuando:

 En fecha posterior a la presentación de la demanda surjan nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en que la parte actora sustentó sus pretensiones, o conozca hechos anteriores que ignoraba, y

 La ampliación se presente en un plazo igual al previsto para impugnar; ello, en atención al derecho de tutela jurisdiccional efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución.

Lo anterior, en términos de las jurisprudencias 18/2008 de rubro AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR[5] y 13/2009 de rubro AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)[6].

En el caso, entre las constancias remitidas por el INE están la cédula de notificación electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización y el respectivo acuse de recepción y lectura. De las referidas documentales es posible advertir que la notificación de la resolución INE/CG1314/2021 se hizo el 28 (veintiocho) de julio a las 11:39:43 (once horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos), por lo que la presentación de la ampliación fue oportuna[7].

Además, los actos que señala Fuerza por México son hechos novedosos que sucedieron con posterioridad a los que generaron su impugnación y vinculados con las pretensiones que plasmó en su demanda, por lo que dicha ampliación de demanda es procedente.

SEXTA. Solicitud de recuento de Fuerza por México. En su demanda, Fuerza por México solicita de forma aislada, la solicitud de recuento total de votos ante esta Sala Regional, indicando que su representante lo solicitó al Consejo Distrital, pero le fue negado.

De igual forma sostiene que durante el recuento de los paquetes cuya apertura permitió dicho consejo, tanto su representante como las personas auxiliares que tuvo en las mesas de trabajo advirtieron que se realizaron inscripciones o alteraciones a un número indeterminado de boletas en las que se advertía el voto en su favor y no debieron considerarse como votos nulos.

Finalmente afirma que durante el cómputo distrital se presentaron diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las actas de casilla y los resultados electorales preliminares, que generan duda fundada y razonable respecto del resultado de la elección.

Ante dicha solicitud, lo ordinario sería que este órgano jurisdiccional ordenara la apertura del incidente de nuevo escrutinio y cómputo, en términos de lo previsto en el artículo 21 bis de la Ley de Medios.

Sin embargo, se estima que a ningún fin práctico conduciría realizar ese procedimiento, porque al tratarse de una solicitud genérica de Fuerza por México, resultaría a todas luces improcedente, pues no logra construir algún argumento válido encaminado a evidenciar que en la elección que impugna se actualizaba alguno de los supuestos de recuento, parcial o total, previstos en el numeral 311 de Ley Electoral.

En efecto, el artículo 311.d) de la Ley Electoral dispone que, en el procedimiento para el cómputo distrital de la votación para diputaciones, el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando: I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el 1° (primero) y 2° (segundo) lugares en votación, y III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

Por su parte, el párrafo 2 del mencionado artículo, precisa que cuando exista indicio de que la diferencia entre la candidatura presunta ganadora de la elección en el distrito y la que haya obtenido el 2° (segundo) lugar en votación es igual o menor a 1% (un punto porcentual), y al inicio de la sesión exista petición expresa de la persona representante del partido que postuló al 2° (segundo) de las candidaturas señaladas, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considera indicio suficiente la presentación ante el consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

En el párrafo 3 dispone que si al término del cómputo se establece que la diferencia entre la candidatura presuntamente ganadora y la ubicada en 2° (segundo) lugar es igual o menor a 1% (un punto porcentual), y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Finalmente, en el párrafo 9 establece que en ningún caso podrá solicitarse al tribunal electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.

Por su parte, el artículo 21 bis de la Ley de Medios dispone que el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales que conozcan las salas de este tribunal solamente procederá cuando el nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente.

Asimismo, establece que las salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias salas sin necesidad de recontar los votos.

Finalmente, establece que no procederá el incidente en el caso de casillas en que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.

Así, en su demanda Fuerza por México no aporta razones y elementos ante esta Sala Regional que actualicen los supuestos mencionados, de ahí que resulte evidente que la solicitud planteada no podría prosperar al resultar genérica, imprecisa y aislada.

Además, para el análisis de las impugnaciones relacionadas con causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como para la nulidad de una elección, resulta necesario que quien promueva cumpla con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan.

Lo anterior, se advierte de la razón esencial de las jurisprudencias 9/2002 y 28/2016 de la Sala Superior de rubros NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA[8] y NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES[9].

En este orden de ideas, para solicitar el nuevo escrutinio y cómputo de votos en sede jurisdiccional, sea parcial o total, Fuerza por México debía exponer en forma clara cuál o cuáles supuestos de procedencia se actualizan en el caso concreto, exponiendo los hechos en que basara sus afirmaciones y de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley de Medios aportar los elementos de prueba que las sustentaran, para que este órgano jurisdiccional federal estuviera en posibilidad jurídica de atender su planteamiento y decidir sobre la apertura del incidente respectivo.

Por ello, esta Sala Regional considera que no tendría sentido alguno realizar la apertura del incidente respectivo, debido a que al tratarse de manifestaciones genéricas, imprecisas y carentes de elementos probatorios que las respalden, Fuerza por México no podría alcanzar su pretensión, lo que daría lugar, incluso, a que en el incidente ni siquiera se revisara si se cumplen o no los supuestos de recuento que prevé la norma.

Considerando lo anterior, se determina que la solicitud de Fuerza por México respecto al incidente de un nuevo escrutinio y cómputo (recuento parcial o total) de la votación es improcedente, toda vez que no acredita -y de las constancias del expediente no se desprende- que lo hubiera solicitado ante el Consejo Distrital, o que no haya sido desahogado sin causa justificada en la sesión de cómputo correspondiente, aunado a que, como se ha referido, Fuerza por México hace su solicitud de forma genérica, imprecisa y aislada, sin presentar los elementos de prueba necesarios que se requieren para ese estudio.

SÉPTIMA. Metodología y suplencia

7.1. Metodología. Por razón de método, se analizarán en primer término los argumentos relacionados con la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, ya que si Fuerza por México tuviera razón, quedarían sin efectos la declaración de validez de la elección impugnada y el otorgamiento de la constancia respectiva y, por tanto, sería innecesario realizar pronunciamiento alguno sobre la nulidad de la votación recibida en las casillas controvertidas por el PAN y Fuerza por México.

En caso de desestimarse los agravios vinculados con la nulidad de la elección, se analizarán las causales de nulidad de votación hechas valer por el PAN en el SCM-JIN-70/2021, al tratarse del juicio de inconformidad que fue recibido primero.

Finalmente, se analizarán las causales de nulidad de votación hechas valer por Fuerza por México en el SCM-JIN-71/2021.

Lo anterior, con respaldo en la tesis de jurisprudencia 4/2000, sustentada por la Sala Superior de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN[10]. Ello, pues no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Al respecto, es necesario precisar que la acumulación que se hizo de estos juicios no genera la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, por lo que a cada parte le corresponde expresar los argumentos que justifiquen las causas de nulidad de la votación recibida en casilla que pretenden y probar sus afirmaciones de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley de Medios.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2/2004 de la Sala Superior de rubro ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES[11].

7.2. Suplencia. En los juicios de inconformidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, y en términos de la jurisprudencia 03/2000 de la Sala Superior de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR[12], debe suplirse la deficiencia en la exposición de los agravios, siempre y cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, regla que será aplicada en el presente caso.

OCTAVA. Estudio de fondo

8.1. Nulidad de la elección por violación a principios constitucionales

Fuerza por México solicita la nulidad de la elección de diputaciones federales en el 01 distrito electoral federal en la Ciudad de México, por violación a principios constitucionales a causa de la difusión de mensajes difundidos por “influencers”
-personas de relevancia pública- a favor del PVEM durante el periodo de veda electoral.

En efecto, Fuerza por México refiere que, con motivo de la difusión de mensajes a favor del PVEM -por parte de más de 90 (noventa) personas ciudadanas con calidad de figuras públicas, deportistas, modelos, comediantes, entre otras personas con relevancia pública y trascendencia social (denominadas “influencers”) en el periodo de veda electoral, se trastocaron los principios constitucionales de legalidad y equidad en la contienda, puesto que Fuerza por México, al seguir a las reglas de participación en el proceso electoral, dejó de realizar actos contrarios a la ley, mientras que las irregularidades realizadas por el PVEM generaron una indebida ventaja para buscar un posicionamiento ilegítimo ante el electorado.

Asimismo, sostiene que la transgresión a la veda electoral por parte del PVEM aconteció también en procesos electorales pasados, por lo que existe una gravedad especial en la conducta en detrimento del resto de partidos políticos que participaron en la contienda electoral.

Al respecto, menciona que no solo se debe tomar en cuenta las personas que difundieron este tipo de apoyos; es decir influencers, sino que ello trascendió a un número exponencial debido al total de personas seguidoras que tiene cada una de las cuentas aludidas; por lo que existe una alta probabilidad de que esas publicaciones no quedaron en la emisión del mensaje, lo que revela una violación al principio de equidad en la contienda electoral.

Por otro lado, refiere que la Sala Superior ha sostenido que existe un riesgo exponencial en mensajes difundidos en una red social por parte de personas que ostentan cierta relevancia pública. Por ello, sostiene que los mensajes difundidos revelan una multiplicidad de elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad y, por el contrario, demuestran que se trató de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar al PVEM; ello, con indepedencia de que las personas influencers hubieran recibido un pago.

Por tanto, el partido promovente refiere que el PVEM cometió una infracción durante el periodo de veda electoral, etapa en la que hay una prohibición de que los partidos políticos y candidaturas realicen actos de propaganda; por lo que considera que debe declararse la nulidad de la elección.

Por su parte, en la ampliación de la demanda, Fuerza por México sostiene que en la resolución INE/CG1314/2021 del Consejo General del INE, respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso y de queja en materia de fiscalización, instaurado contra el PVEM, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/686/2021 y sus acumulados
INE/Q-COF-UTF/775/2021, INE/Q-COF-UTF/941/2021 e
INE/Q-COF-UTF/942/2021, se determinó que dicho partido había desplegado conductas que lo colocaban en una situación de ventaja frente a otros partidos políticos, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.

Además refiere que en esa resolución, el Consejo General del INE concluyó que hubo actos de campaña que representaron un beneficio para el PVEM y sus candidaturas en el marco de los procesos electorales federales y locales concurrentes y que además eludió sus obligaciones en materia de fiscalización, con lo que pretendió influir de forma indebida en la decisión electoral de la ciudadanía, vulnerando restricciones establecidas en la normativa electoral.

También refiere que el Consejo General del INE concluyó que se trata de propaganda electoral concentrada, pues se actualizaban los elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad en cada uno de los casos.

Incluso, refiere que en esa resolución, se concluyó que existía una transgresión al principio de legalidad, pues se consideró acreditada la realización de conductas contrarias a la normativa electoral, ya que los mensajes denunciados se difundieron en el periodo de reflexión (veda electoral) que tiene como finalidad que la ciudadanía cuente con un periodo de análisis del voto para poder valorar las propuestas de los entes electorales sin influencia externa.

Así, considera que se actualizó la vulneración a los principios de equidad y legalidad que deben regir los procesos electorales.

Fuerza por México refiere que la transgresión del PVEM fue generalizada y a nivel nacional lo que impactó de forma contundente en todos y cada uno de los distritos electorales federales.

Además, sostiene que esa circunstancia no tiene por consecuencia que lo planteado en el distrito cuya elección impugna se configure un elemento genérico, sino que refleja que por un indebido actuar a través del tipo de medio en que se cometió la infracción (redes sociales), su impacto se generó con la misma fuerza en ese distrito, pues esa conducta sancionada tiene alcances más allá de cualquier frontera.

Por lo anterior, estima que la circunstancia de que hubiera distritos ganados por partidos distintos al PVEM o la coalición de la que formó parte, no significa que no hubiera tenido impacto a nivel nacional, sino que en esos lugares en los que ganó otra opción política, se recibieron menos votos de los que realmente hubiera alcanzado ese partido.

Lo anterior, pues según Fuerza por México no existía la posibilidad de pedir la nulidad donde no obtuvo el triunfo y aun en donde ganó el promovente, eso sucedió con menos votos, lo que impacta de forma directa en la representación proporcional, por lo que el defecto legal del sistema de nulidades no puede generar un perjuicio en aquellos distritos en que no se ganó, ya que la visión limitada del legislativo al emitir la norma de nulidades, no existía justificación sociológica para regular las redes sociales.

Auando a ello, sostiene que la difusión de mensajes como acción concertada y orquestada por el PVEM, vulneró las reglas que prohíben difundir propaganda electoral en la veda electoral, toda vez que a través de “influencers” incidió en la voluntad de la ciudadanía para obtener votos el día de la jornada electoral, sin que esa estrategía propagandistica estuviera amparada en la libertad de expresión de las personas que promocionaron a ese partido.

Además, refiere que la conducta del PVEM es reiterada porque en anteriores procesos electorales, el citado partido político ya había vulnerado la prohibición respecto a la promoción en la veda electoral, siendo que en esa ocasión se le sancionó con una multa que no generó un efecto inhibitorio ni disuasivo.

Finalmente, refiere que el PVEM fue el único paritido que incumplió la normatividad de manera grave y premeditada al difundir campaña publicitaria en el periodo de veda electoral; de ahí que solicite la nulidad de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 01 distrito electoral federal, en la demarcación territorial Gustavo A, Madero de la Ciudad de México.

Así, refiere que, de declararse fundados sus agravios, se actualizarían los supuestos legales para que esta Sala Regional determine la nulidad de la elección; aspecto que -en concepto de este órgano jurisdiccional- se podría ubicar dentro del supuesto previsto en los artículos 78 y 78 bis de la Ley de Medios.

En virtud de lo anterior, los agravios se analizarán a la luz de las referidas causales de nulidad.

A juicio de esta Sala Regional, los agravios son infundados, pues no se encuentran debidamente acreditados los elementos de las causales de nulidad, de tal manera que quedara demostrada la afectación al principio de equidad en la elección impugnada y el grado en que eso pudo influir en los resultados; según lo que enseguida se explica.

1.            Marco convencional, constitucional y legal respecto a los principios que deben regir en toda elección democrática

Este tribunal ha sostenido[13] que la declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto.

Asimismo, existen múltiples principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral que son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual solo la ley puede establecer causales de nulidad.

El señalado principio de equidad se encuentra tutelado en el artículo 134, en relación con el 41, de la Constitución, tanto en la dimensión de competencia entre partidos políticos, como en la posibilidad de contar, de manera equitativa, con los instrumentos que permitan a los institutos políticos llevar a cabo sus actividades, por ejemplo, en el acceso a financiamiento público.

Aunado a lo anterior, de los citados preceptos normativos se desprende que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo debe llevarse a cabo a través de elecciones que sean libres, auténticas y periódicas, bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad[14].

Así, se deben destacar los siguientes principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral, en un Estado de derecho democrático, que han sido citados por la Sala Superior[15]:

   Los derechos fundamentales de votar, ser votado o votada, de asociación y de afiliación, en cuanto tienen la estructura de principios.

   El derecho de acceso a la ciudadanía, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del Estado.

   El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas.

   El voto universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible y auténtico.

   La maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que debe preceder a las elecciones.

   El principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben contar, de manera equitativa, con elementos adecuados para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes; de campaña y otras específicas.

   La equidad en el financiamiento público; la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado.

   Los principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y profesionalismo.

   La presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; el de la tutela judicial efectiva en materia electoral.

   La definitividad de actos, resoluciones y etapas, en materia electoral; la equidad en la competencia entre los partidos políticos y personas candidatas independientes.

   El principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual solo en la ley se deben de establecer las causas de nulidad del voto, de la votación recibida en las mesas directiva de casilla y de la elección en su conjunto.

Los anteriores principios rigen la materia electoral y, por tanto, constituyen los elementos y características fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección sea considerada constitucional y legalmente válida.

Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis X/2001 sustentada por la Sala Superior, de rubro ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA[16].

En el caso debe resaltarse que este tribunal ha sostenido[17] que la restricción a la propaganda el día de la jornada electoral y durante los 3 (tres) días anteriores -veda electoral-, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto de la ciudadanía se dé libremente sin recibir algún tipo de presión; es decir, observar principios constitucionales a los que se ha aludido previamente.

Con base en lo expuesto, se ha considerado que los órganos jurisdiccionales, locales y federales, en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que quienes los impugnen hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar que están plenamente acreditadas las causales de nulidad legalmente previstas o, incluso, irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral o su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable.

2.            Marco convencional, constitucional y legal relativo a los principios y reglas que rigen el sistema de nulidades

De inicio, es pertinente establecer el marco normativo establecido en la base VI del artículo 41 de la Constitución, así como los artículos 78 y 78 bis de la Ley de Medios, respecto a las irregularidades graves que implican una violación a los principios que rigen la materia electoral y que pueden traer aparejada la nulidad de la elección.

El artículo 41 fracción VI de la Constitución, establece las bases generales en materia de nulidades, de las cuales se debe partir, al tratarse de la norma suprema en nuestro país.

Dispone que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes, en los siguientes casos:

a)    Se exceda el gasto de campaña en un 5% (cinco por ciento) del monto total autorizado;

b)    Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c)     Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

En la referida disposición constitucional, se establece también que las mencionadas transgresiones deberán acreditarse de manera objetiva y material, indicando que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el 1° (primero) y el 2° (segundo) lugar sea menor al 5 % (cinco por ciento).

En ese sentido, el artículo 78 bis de la Ley de Medios dispone que:

   Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos por la normativa constitucional referida previamente.

   Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material[18].

   Se entenderán por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales de la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

   Se calificarán de dolosas las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

   Para efectos de lo dispuesto en la base VI del artículo 41 constitucional, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y no de un ejercicio periodístico[19].

Además, el artículo 78 de la Ley de Medios establece que las salas de este tribunal podrán declarar la nulidad de una elección de diputaciones o senadurías, cuando se hayan cometido, en forma generalizada, violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate; que éstas se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que dichas irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o candidaturas.

De esta manera, los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:

a) Que existan hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves).

b) Que las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas.

c)  Que se constate el grado de afectación en el proceso electoral que haya ocasionado la violación al principio, norma constitucional o precepto convencional protector de derechos humanos aplicable.

d) Que las violaciones o irregularidades sean, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección[20].

Así, para declarar la nulidad de una elección, es necesario que las violaciones se encuentren debidamente probadas, y además sean irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas y, además, determinantes, de tal forma que trasciendan al normal desarrollo del proceso electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa y/o cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.

Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del voto, así como la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano[21].

Esto, en cumplimiento a lo ordenado por la jurisprudencia 9/98, bajo el rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN[22].

3.            Estudio del caso concreto

En el caso, Fuerza por México solicita la nulidad de la elección de la Diputación Federal debido a que, desde su perspectiva, se llevó a cabo, una conducta generalizada consistente en la difusión de mensajes de apoyo en favor del PVEM por parte de diversas personas que denomina “influencers”.

Sin embargo, en atención a los elementos descritos previamente y de conformidad con lo que establecen los artículos 9.1.f), en relación con el 15.2 de la Ley de Medios, si bien Fuerza por México acreditó que los mensajes difundidos por las personas “influencers” a favor del PVEM transgredieron la normativa electoral y que el INE sancionó a dicho partido por esas conductas, no demostró ni argumentó de manera efectiva el grado de afectación que se tuvo en la elección que impugna en este juicio ni que, en caso de haber impacto en dicha elección, tal incidencia fuera determinante para el resultado de la elección que impugna.

Ello, pues Fuerza por México se limita a referir que esas conductas vulneraron los principios de legalidad y equidad en la contienda y al ser difundidos en redes sociales su alcance fue incluso “traspasando fronteras”, pero no especifica cómo o de qué manera, esas conductas tuvieron una afectación en la elección que impugna al grado de poder considerar que no hay certeza en los resultados de la elección o que estos se vieron afectados gravemente por las infracciones cometidas por el PVEM.

En efecto, en su ampliación de demanda Fuerza por México menciona que esas conductas fueron realizadas mediante redes sociales por lo que su impacto se generó con la misma fuerza en el distrito cuyos resultados impugna -que en los demás- y provocó que el PVEM tuviera más votos de los que hubiera alcanzado de no promocionarse a través de las personas “influencers” en el periodo de veda electoral, lo que incluso considera pudo haber afectado en la elección por representación proporcional.

No obstante ello, dichas manifestaciones parten de suponer que dicho partido obtuvo más votos de los esperados con esas conductas, sin que justifique de manera objetiva y menos aún demuestre con algún elemento de prueba idóneo que ello hubiera ocurrido, o bien, que tal irregularidad hubiera sido de tal magnitud que los resultados obtenidos en la elección impugnada serían distintos, esto es, que esa irregularidad hubiera sido determinante para los efectos de la elección que impugna.

No debe perderse de vista que en la resolución INE/CG1314/2021, el Consejo General del INE consideró que en materia de fiscalización el daño ocasionado respecto a los bienes jurídicos tutelados relativos a la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos era directo y efectivo, y que las conductas infractoras realizadas por las personas “influencers” a favor de ese partido pusieron en riesgo el principio de equidad en la contienda de las elecciones federales y locales[23].

Al respecto es importante señalar que la posible incidencia a que hace alusión el Consejo General del INE en la resolución que Fuerza por México presentó como prueba superviniente no fue determinado dentro de un procedimiento en que se revisara de manera específica la posible incidencia de las infracciones investigadas en una elección, sino como resultado de una procedimiento administrativo sancionador en que el INE revisó si el PVEM había transgredido alguna norma; así, el hecho de que haya concluido que sí se actualizó una actuación irregular por parte del PVEM no implica, en automático que esta hubiera incidido en la elección que Fuerza por México impugna en el juicio SCM-JIN-71/2021.

En ese sentido, era necesario que Fuerza por México argumentara y demostrara cómo las infracciones que el Consejo General del INE concluyó que fueron cometidas por el PVEM en la resolución que aportó como prueba superviniente, trascendieron en la elección de la Diputación Federal de tal manera que vulneró los principios que debían regir dichos comicios: universalidad, periodicidad y libertad del sufragio, certeza, equidad, etcétera, y que ese impacto había sido tan grave que había sido determinante para los resultados obtenidos en dicha elección.

Así, para que se actualizaran los elementos de la nulidad de la elección impugnada, Fuerza por México debió justificar y demostrar en este juicio, cómo es que esas conductas tuvieron como resultado la afectación del citado principio de equidad y por qué, en su caso, pudieron haber sido determinantes para la elección que impugna.

Ello, pues no basta que Fuerza por México refiera que por dichas irregularidades el PVEM “pudo” obtener más votos, ya que tal afirmación parte de una suposición, conjetura o elaboración subjetiva, que no tiene argumentación alguna de soporte ni elementos de prueba que evidencien su veracidad. Por tanto, tales afirmaciones no cumplen los requisitos de objetividad, singularidad y racionalidad para considerar con eficacia probatoria la presunción de definitividad de la conducta que pretende[24].

Aunado a ello, según el marco jurídico descrito, no cualquier irregularidad cometida en el proceso electoral debe tener como consecuencia que se aplique la sanción máxima de nulidad, pues es necesario que las irregularidades acreditadas sean determinantes para la elección o sus resultados, esto es, que su influencia sea de tal magnitud -cualitativa y/o cuantitativa- que afecte la elección en su unidad o totalidad.

Así, Fuerza por México tenía la obligación de justificar y demostrar el grado de afectación que los mensajes difundidos por las personas “influencers” provocaron en específico en la elección del 01 distrito electoral federal y no solo inferir que porque se trataba de mensajes difundidos en redes sociales si afectaron de manera determinante dicha elección o sus resultados “al igual” que en el resto de los distritos.

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 9/98 de la Sala Superior, de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN[25]. 

Por el contrario, se limita a realizar una narrativa en la demanda y en su ampliación de lo que señaló el INE en la resolución INE/CG1314/2021, sin demostrar plenamente la existencia generalizada de tales hechos y en especial la incidencia específica en el distrito cuyos resultados pretende impugnar.

En ese sentido, aun cuando los hechos que narra pusieron en riesgo algún principio o norma constitucional, en el caso, no están acreditados los elementos de las causales de nulidad previstas por los artículos 78 y 78 bis de la Ley de Medios, conforme al marco jurídico antes descrito.

Esto pues esas irregularidades si bien están acreditadas, no es posible constatar el grado de afectación, que pudieran haber tenido de cara a la elección que impugna, aspecto que representa la materia esencial de este medio de impugnación.

Lo anterior, pues acorde a la naturaleza y materia de análisis de los juicios de inconformidad, era precisamente esa incidencia lo que debió ser acreditado con elementos materiales y objetivos, lo que, no acontece en el presente caso.

Es decir, no logra demostrar cómo o de qué grado fue la afectación para influir en los resultados, ya que solo constituye una narrativa sustentada en lo determinado por la autoridad electoral, pero no logra demostrar cómo es que tales conductas irregulares generaron una afectación determinante en la elección o sus resultados, de ahí lo infundado de sus agravios.

Máxime cuando como se desprende del cómputo distrital respectivo[26], quien ganó la elección fue MORENA, con el 51.16% (cincuenta y uno punto dieciséis por ciento) de los votos, quedando en segundo lugar la fórmula postulada por la coalición integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática con el 30.62% (treinta punto sesenta y dos por ciento) de los votos, mientras que el PVEM obtuvo tan solo el 3.18% (tres punto dieciocho por ciento) de los votos, lo que evidencia que a pesar de las irregularidades denunciadas y la conclusión a que llegó el Consejo General del INE, el impacto de las infracciones del PVEM no tuvieron una transcendencia de tal magnitud que sean determinantes para la elección que Fuerza por México pretende sea declarada nula.

Esto, en el entendido de que la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales, como sanción máxima en el sistema de nulidades, tiene como finalidad preponderante sancionar aquellas actuaciones indebidas que puedan afectar de manera determinante el desarrollo de la elección o sus resultados, como sería, por ejemplo, que el ente infractor obtenga una ventaja indebida que se traduzca en su triunfo en la elección.

Ello, pues como se precisó, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no cualquier irregularidad conlleva a considerar la invalidez de una elección, sino solo aquellas que produzcan una influencia que sea de tal magnitud -cualitativa y/o cuantitativa- que afecte la elección en su unidad o totalidad, lo que en el caso, no está acreditado que hubiera sucedido.

Aunado a ello, debe considerarse que si bien el INE sancionó al PVEM por las conductas mencionadas, lo cierto es que, como se ha precisado, Fuerza por México no logró demostrar la incidencia o impacto específico que tuvieron los mensajes de las personas que denominó como “influencers” difundidos en redes sociales a favor del PVEM respecto del distrito cuyos resultados pretende impugnar.

8.2. Nulidad de la votación recibida en casillas

En primer término, es importante señalar que el PAN y Fuerza por México hacen descansar sus agravios en diversas irregularidades supuestamente ocurridas el día de la jornada electoral, para lo cual indican que se afectó la votación obtenida en diversas casillas en la elección de la diputación federal de mayoría relativa y, por ende, también se afectó la votación de representación proporcional.

En ese sentido, si del análisis de las casillas respectivas se llegara a decretar la nulidad de alguna de ellas y se ordenará la modificación del cómputo distrital respectivo, tal determinación deberá hacerse extensiva a los resultados de la votación obtenida en esas casillas respecto a la elección de diputaciones federales de representación proporcional.

Ahora bien, Fuerza por México, manifiesta que, para conservar su registro, requiere del 0.42% (cero punto cuarenta y dos por ciento de la votación).

De ahí que, en su concepto, la determinancia en cada una de las causales de nulidad que hace valer en su demanda queda actualizada si se considera que cada uno de los votos que pueda anular son útiles para la conservación de su registro.

A.   Recibir Votación por Personas no Facultadas
(Inciso E)

1.     Marco Normativo

La causa de nulidad consiste en:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[27]; …

Por mandato constitucional y legal, las personas funcionarias de las mesas directivas de casilla deben asegurarse el día de la jornada, de que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto del electorado sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que tienen facultades para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en la casilla correspondiente.

En cuanto a su integración, el artículo 82 de la Ley Electoral establece que las mesas directivas de casillas se conforman por 1 (una) presidencia, 1 (una) secretaría, 2 (dos) personas escrutadoras y 3 (tres) suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de dicha ley, deberán tener ciudadanía mexicana por nacimiento[28], no haber adquirido otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de quienes integren dichas mesas, la Ley Electoral contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de las personas designadas y dar transparencia al procedimiento de su integración. Además, establece las funciones de cada una de las personas integrantes de las mesas directivas de casilla.

De conformidad con lo anterior, las personas designadas en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, según lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Electoral.

Sin embargo, ante el hecho de que las personas originalmente designadas incumplan sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a integrar la mesa directiva de casilla, si esta no se instala a las 8:15 (ocho horas con quince minutos), el artículo 274 de la Ley Electoral establece el procedimiento que debe seguirse para sustituir a quienes integran la mesa directiva de casilla.

Ese procedimiento consiste en que la instalación de la mesa directiva se realice por sus integrantes propietarios o propietarias, a partir de las 8:15 (ocho horas con quince minutos) del día de la elección, debiendo respetar las reglas establecidas en el artículo 274 de la Ley Electoral, que establecen:

A.     Si estuviera la persona designada como presidenta, designará a las personas necesarias recorriendo en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de las personas ausentes con las propietarias presentes y habilitando a las suplentes presentes para los espacios faltantes, y en ausencia de las personas designadas, de entre quienes se encuentren en la casilla;

B.     Si no estuviera la persona designada como presidenta, pero estuviera la designada como secretaria, asumirá las funciones de la presidencia de la casilla y procederá a integrar la mesa en los términos señalados en el punto anterior;

C.     Si no estuvieran las personas designadas como presidenta o secretaria, pero estuviera alguna de las personas escrutadoras, asumirá las funciones de la presidencia y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el punto A;

D.     Si solo estuvieran las personas suplentes, una de ellas asumirá las funciones de la presidencia, las demás personas, las de la secretaría y escrutinio, procediendo a instalar la casilla y nombrando a las personas necesarias de entre el electorado presente en la casilla, verificando previamente que se encuentren inscritos o inscritas en la lista nominal de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

E.      Si no asistiera ninguna de las personas funcionarias de la casilla, el consejo distrital correspondiente tomará las medidas necesarias para instalarla y designará al personal encargado de ejecutar las funciones necesarias y cerciorarse de su instalación;

F.      Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del INE, a las 10:00 (diez horas), las personas representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes ante esa casilla designarán, por mayoría, a quienes se necesite para integrar la mesa directiva de la casilla de que se trate, de entre las personas presentes, verificando previamente que se encuentren inscritas en la lista nominal de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.

Para ello se requerirá:

a.       La presencia de una jueza o juez o titular de notaría pública, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b.       En ausencia de las personas referidas en el punto anterior, bastará que quienes funjan como representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a quienes integrarán la mesa directiva.

G.     En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

Finalmente, el artículo 274.3 de la Ley Electoral establece que los nombramientos que se hagan conforme al procedimiento de corrimiento de las personas funcionarias de casilla que establece el párrafo 1 de ese mismo artículo, deberán recaer en personas que se encuentren en la casilla para emitir su voto y en ningún caso podrán recaer en quienes representen a partidos políticos o candidaturas independientes.

En consecuencia, las personas que sean designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de quienes lo fueran en propiedad o suplencia por nombramiento de la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque se trata de residentes en dicha sección.

De las consideraciones antes referidas, se desprende que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto será recibido y custodiado por autoridades legítimas, lo que significa que la norma sanciona con nulidad la recepción de los votos por parte de autoridades no establecidas de acuerdo con los lineamientos legales, a fin de que los resultados de la elección sean ciertos y firmes, de modo que los votos se traduzcan verdaderamente en el fundamento de las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo.

Este valor se vulnera: (i) cuando la mesa directiva de casilla se integra por personas que carecen de las facultades legales para ello; y (ii) cuando la mesa directiva de casilla no se integra con todas las personas designadas -en este caso tienen relevancia las funciones autónomas, independientes, indispensables y necesarias, que realiza cada una, así como la plena colaboración entre éstas, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del voto-.

8.2.1.  Caso concreto

8.2.2.  Análisis de los agravios del PAN

El PAN manifiesta, en esencia, que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75.1-e) de la Ley de Medios, pues en 249 (doscientas cuarenta y nueve) casillas -que especifica en una tabla-, la votación fue recibida por personas funcionarias no facultadas para ello.

Al respecto, para analizar esta causal, se compararán los nombres de las personas funcionarias que el PAN identifica como no autorizadas, con las personas que sí lo están de acuerdo con el documento conocido como “encarte”[29], o en su caso, en el listado nominal correspondiente.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 13/2002 de la Sala Superior de rubro RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)[30].

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: el encarte (ubicación e integración de casillas) publicado y utilizado el día de la jornada electoral; y de las actas de jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, y listas nominales de personas electoras, documentales públicas con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14.4 incisos a) y b) y 16.2 de la Ley de Medios.