JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SCM-JIN-148/2024 Y SCM-JIN-213/2024 ACUMULADO

ACTORES:

PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

03 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MORELOS

TERCEROS INTERESADOS:

PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y MORENA

MAGISTRADO EN FUNCIONES:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

SECRETARIA:

RUTH RANGEL VALDES

COLABORÓ:

MARÍA MAGDALENA ROQUE MORALES

Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veinticuatro[1].

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, decreta la nulidad de la votación recibida en la casilla 656 C1; modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones de mayoría relativa, correspondiente al 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos; confirma la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección, y determina vincular al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que considere la modificación del cómputo distrital al realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, ante la nulidad de la votación recibida en la casilla 656 Contigua 1, cuyo agravio del Partido Acción Nacional resulta fundado, de conformidad con lo siguiente:

G L O S A R I O

A N T E C E D E N T E S

I. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, inició el proceso para la elección de diputaciones federales.

II. Jornada Electoral. El dos de junio se llevó a cabo la jornada electoral para elegir los cargos antes señalados.

III. Cómputo distrital. El siete de junio, el Consejo Distrital realizó la sesión en que se llevó a cabo el cómputo de la elección referida que concluyó al día siguiente, del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

IV. Declaración de validez de la elección. En razón de los resultados obtenidos, se hizo entrega de la constancia de mayoría relativa a la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (conformada por el PT, MORENA y PVEM) y se declaró la validez de la elección.

V. Juicios de Inconformidad

1. Demandas. En contra de lo anterior, el diez y once de junio, respectivamente, los partidos actores promovieron sendos juicios de inconformidad ante la autoridad responsable.

2. Consulta competencial. El dieciséis de junio la magistrada presidenta remitió la demanda promovida por el PRD a la Sala Superior para consultar la competencia.

3. Acuerdo de Sala Superior. El veintiocho de junio, la Sala Superior emitió el Acuerdo de Sala en el juicio SUP-JIN-70/2024, en el sentido de reencauzar el escrito de demanda interpuesto por el PRD, al advertir que su concomimiento y resolución compete a esta Sala Regional.

4. Turno y recepción. El quince y veintitrés de junio se recibieron las constancias respectivas, la magistrada presidenta de esta Sala Regional ordenó se integraran los expedientes SCM-JIN-148/2024 y SCM-JIN-213/2024, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera.

5. Instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó los expedientes, admitió a trámite las demandas y, al no existir diligencias pendientes por desahogar cerró la instrucción.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia.

Esta Sala Regional tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, toda vez que se trata de juicios de inconformidad promovidos por los partidos PAN y PRD a fin de controvertir la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de diputación federal, correspondientes al 03 Distrito Electoral Federal en el estado de Morelos. Lo anterior, con fundamento en:

   Constitución: artículos 41 párrafo segundo Base VI, 60 segundo párrafo y 99 párrafo cuarto fracción I.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 164, 165, 166-I, 173 y 176-II.

   Ley de Medios: artículos 34.2-a), 49, 50.1, b) fracciones I, II y III y c) y 53.1-b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que aprobó el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Precisión del acto impugnado.

Conforme al requisito especial de procedencia que establece el artículo 52 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios, en este tipo de juicios es indispensable que las partes interesadas señalen con precisión la elección que impugnan.

En el caso de la demanda presentada por el PRD (SCM-JIN-213/2024), el actor señala como acto impugnado, la elección de diputaciones federales de mayoría relativa.

Por otro lado, por lo que hace a la demanda que dio origen al expediente SCM-JIN-148/2024, el PAN señala únicamente que impugna el cómputo relativo a la elección de diputaciones correspondiente al proceso electoral federal 2023-2024. Es decir, no señala si impugna la elección de mayoría relativa o de representación proporcional.

En ese sentido, para tener certeza respecto de qué elección impugnó, el magistrado instructor requirió al partido actor para que identificara la elección o elecciones que pretende impugnar. Además, se señaló que, en caso de no cumplir con el requerimiento, esta Sala determinaría lo conducente en términos del artículo 76 fracción III del Reglamento Interno de este Tribunal.

En el caso, el PAN no desahogó el requerimiento formulado, por lo que esta Sala Regional debe determinar, con base en lo previsto en dicho artículo del Reglamento Interno, la elección que se pretende impugnar.

La fracción III de dicho artículo señala que si del escrito y análisis integral de la demanda no es posible inferir claramente cuál es la elección que se impugna, la Sala respectiva deberá determinar cuál es la elección impugnada, con base en los agravios y viabilidad jurídica para combatir determinado acto y, consecuentemente, emitir un fallo de fondo.

Sobre esa base, esta Sala Regional estima que del análisis integral del escrito de demanda presentado por el PAN es posible inferir que se pretende impugnar la elección de diputaciones federales tanto por el principio de mayoría relativa, como de representación proporcional.

Ello tiene sustento en una interpretación teleológica y funcional de la pretensión del partido político a la luz del sistema electoral y del sistema de nulidades en materia electoral.

En efecto, si la pretensión del partido actor es la nulidad de la votación recibida en determinadas casillas sin acotarla a una elección particular, entonces se debe entender que pretende impugnar ambas elecciones porque, de esta manera, habrá una armonía y coherencia entre los resultados de la votación de mayoría relativa con los de representación proporcional.

Así, dado que el PAN no precisó qué elección está impugnando, una interpretación que busca darle mayor funcionalidad al sistema de nulidades en materia electoral lleva a concluir que se debe entender que impugna ambos principios.

TERCERA. Acumulación.

Del análisis de las demandas, esta Sala Regional advierte que existe conexidad en la causa, pues el PAN y PRD controvierten, en esencia, los mismos actos impugnados, señalan la misma autoridad responsable y hacen valer agravios respecto de la misma elección -cómputo, nulidad y entrega de las
constancias- (aunque, como ya se indicó, respecto al PRD, únicamente a la elección de mayoría relativa, mientras que el PAN, por ambos principios).

En esas condiciones, con la finalidad de no dividir la continencia de la causa, evitar la emisión de sentencias contradictorias y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, lo procedente es acumular el expediente SCM-JIN-213/2024 al diverso SCM-JIN-148/2024, por ser este el primero en recibirse en esta Sala Regional.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
180-XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios; y, 79 y 80.3 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de esta resolución al expediente del juicio acumulado.

CUARTA. Terceros interesados en ambos juicios de inconformidad.

En ambos juicios de inconformidad, comparecen como terceros interesados, tanto el PVEM, así como MORENA.

En este sentido, de conformidad con el artículo 17.4 de la Ley de Medios, se tiene a los partidos políticos PVEM y MORENA, compareciendo como parte tercera interesada en los presentes juicios, haciendo valer un derecho incompatible con la pretensión de los partidos actores.

4.1. Requisitos legales. Sus escritos de comparecencia los cumplen, pues identifican sus nombres contiene las firmas de sus representantes -en su caso- y firma de quien comparece, señalaron domicilio y personas autorizadas para recibir notificaciones, y precisaron las razones de su interés jurídico.

Personería de las personas que promovieron a nombre del PVEM y de MORENA, que queda corroborada tanto del Acta de Cómputo Distrital, así como del Acta 15/EXT/02-06-24 de la autoridad responsable (relativa a la sesión permanente de la jornada electoral), en donde se advierte que Jorge Ortiz Aquino es representante de MORENA y Enrique Arias Pineda del PVEM.

4.2. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro del plazo de 72 (setenta y dos) horas establecido en el artículo 17.1.b) de la Ley de Medios, como se señala a continuación:

Con base en lo anterior, esta Sala Regional les reconoce su calidad de terceros interesados.

QUINTA. Causales de improcedencia (planteadas por Parte Tercera interesada y autoridad responsable).

-         SCM-JIN-148/2024 y SCM-JIN-213/2024

En ambos juicios, el PVEM señala que la parte actora no tiene interés jurídico porque el PAN y el PRD no señalan cuál es su afectación, además de que el acto impugnado es un acto consentido, porque firmó las actas de conformidad, sin realizar protesta alguna. 

La causal señalada es infundada ya que, contrario a lo expuesto por el PVEM, el PAN y el PRD sí tienen interés jurídico para impugnar el cómputo relativo a la elección de diputaciones federales, pues en dicha elección los partidos actores participaron, lo que implica que poseen el interés jurídico para controvertirla.

Ahora bien, respecto a que el PAN y el PRD consintieron el acto impugnado porque firmaron las actas de conformidad, sin hacerlo bajo protesta; este órgano jurisdiccional estima que además de que el argumento del PVEM es genérico e impreciso, el hecho de que el PAN y el PRD hayan firmado diversas actas, no implica o impide que los partidos actores puedan ejercer su derecho a impugnar la elección de diputaciones que ahora controvierten, ya que la firma de las actas durante la etapa de jornada electoral y resultados (e incluso la presentación de escritos de protesta o firma bajo ese escenario), es parte ordinaria del seguimiento que los partidos políticos (en su carácter de entes de interés público y contendientes directos de la elección) realizan, mientras que, su derecho a impugnar la elección, forma parte de la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución, que de ninguna manera se destruye por el hecho de firmar la documentación electoral.  

Por su parte, MORENA indica que el PAN y el PRD impugnan más de una elección y con base en ello, que controvierten actos que no son definitivos, que además no se agotaron los medios contemplados en la legislación y que se promovió de manera extemporánea porque el cómputo de la elección impugnada culminó el seis de junio ante el consejo distrital. 

Respecto a que los partidos actores impugnaron más de una elección y que no se controvierten actos definitivos y que no se agotó el medio contemplado en la legislación, dichas causales de improcedencia deben desestimarse, pues el partido MORENA parte de una idea errónea sobre que el PAN y el PRD impugnan la elección de presidencia de la república y senadurías (así como diputaciones).

Lo anterior porque como se indicó en el considerando segundo de esta sentencia, el PAN y el PRD únicamente impugna los resultados de la elección a diputaciones federales[2]; de ahí que además de que no es verdad que el PAN y el PRD impugnen además la elección de presidencia de la república y senadurías (de modo que no se están impugnando elecciones distintas, ni actos no firmes y definitivos), en términos de lo establecido en los artículos 49, 50 párrafo 1 incisos b) y c), 52 párrafo 2 de la Ley de Medios y 76 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, el presente juicio es la vía idónea para la impugnación del pan (diputaciones federales por ambos principios), sin que se prevea algún otro mecanismo de defensa que deba colmarse previo a su promoción.

Finalmente, respecto a que las demandas se promovieron de manera extemporánea porque el cómputo de la elección impugnada culminó el seis de junio ante el consejo distrital; dicha causal también es infundada, ya que el juicio fue promovido en el plazo establecido para tal efecto, toda vez que el cómputo distrital para la elección de diputaciones federales del distrito concluyó el siete de junio (y no el seis, como lo refiere MORENA), por lo que el plazo de cuatro días transcurrió del ocho al once de junio, de manera que al haber presentado la demanda el día diez (PAN) y once de junio (PRD), es evidente su oportunidad.

-         SCM-JIN-213/2024

En este juicio, la autoridad responsable señala que la demanda es frívola, causal que esta Sala Regional estima infundada.

Lo anterior porque un medio de impugnación es frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, sin fondo o sustancia. En este sentido, una demanda es frívola cuando se trata de circunstancias fácticas que impiden la actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones sobre hechos base de una pretensión son falsos y carentes de sustancia, objetividad y seriedad[3].

Partiendo de lo expuesto, en el caso, de la lectura de la demanda se observa que no se surte alguno de los dos supuestos mencionados, dado que el PRD sí expone hechos objetivos y formula agravios encaminados a controvertir la elección impugnada; además de que, los motivos de disenso serán analizados en el fondo del asunto planteado, de ahí que lo procedente es desestimar la causal de improcedencia aludida.  

SEXTA. Requisitos de procedencia.

Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia generales y especiales previstos en los artículos 8, 9 párrafo 1, 50 párrafo 1 inciso b) fracciones I y II, 52 párrafo 1 y 54 de la Ley de Medios.

A. Requisitos Generales:

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito, haciendo constar la denominación de los partidos actores y la firma de sus representantes, identificaron el acto impugnado, a la autoridad responsable y señalaron agravios y ofrecieron pruebas.

2. Oportunidad. Los juicios fueron promovidos en el plazo establecido para tal efecto, como se analizó en la razón y fundamento que antecede.

3. Legitimación y personería. Estos requisitos están satisfechos, ya que los medios de impugnación son promovidos por partidos políticos nacionales y en cada caso, el 03 Consejo Distrital, les ha reconocido el carácter con el que promovieron.

4. Interés jurídico. El PAN y PRD tienen interés jurídico para promover estos juicios, toda vez que impugnan -entre otras cuestiones- los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por ambos principios, en el 03 Distrito Electoral en la cual participaron, haciendo valer diversas causas de nulidad de la votación recibida en las casillas (y de la elección, por lo que hace al PRD).

5. Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado, pues la ley no prevé algún medio de impugnación que deba ser agotado por los partidos promoventes antes de promover estos juicios.

B. Requisitos Especiales:

1. Elección que se impugna. Se satisface, debido a que el PAN y PRD cuestionan expresamente la elección de diputaciones federales del 03 Distrito Electoral.

2. Individualización del acta de cómputo distrital que se combate. Se cumple, pues los partidos actores precisan que controvierten el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales correspondiente al 03 Distrito Electoral.

3. Individualización de casillas impugnadas y causales que se invocan para cada una de ellas. Se acredita esta exigencia porque el PAN y PRD señalan de forma específica las casillas que controvierten y las causales de nulidad respecto de cada una.

SÉPTIMA. Suplencia y metodología.

En primer lugar, esta Sala Regional precisa que las demandas tanto del PAN como del PRD se analizarán bajo lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, y conforme al criterio contenido en la jurisprudencia 03/2000 de la Sala Superior de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR[4], que indica que debe suplirse la deficiencia en la exposición de los agravios, siempre y cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

A partir de lo anterior, de la lectura de las demandas tanto del PAN como del PRD, se observa que el PRD hace valer causales de nulidad de la elección, así como nulidad de la votación recibida en casillas; mientras que el PAN únicamente plantea la nulidad de la votación recibida en casillas.

En este sentido, por metodología, esta Sala Regional, en primer lugar, analizará las causales de la nulidad de la elección expuestas por el PRD, consistentes en la intervención indebida en la elección por parte i) del gobierno federal y ii) la delincuencia organizada.  

Ello ya que, si el PRD tuviera razón, quedarían sin efectos la declaración de validez de la elección impugnada y el otorgamiento de la constancia respectiva y, por tanto, sería innecesario realizar pronunciamiento alguno sobre la nulidad de la votación recibida en las casillas controvertidas por ambos partidos políticos.

En caso de desestimarse los agravios vinculados con la nulidad de la elección planteados por el PRD, entonces, en segundo lugar, se abordará el examen de las causales de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas por el PRD y por el PAN.

Asimismo, es necesario precisar que la acumulación de estos juicios no genera la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, por lo que a cada parte le corresponde expresar los argumentos que justifiquen las causas de nulidad de la votación recibida en casilla que pretenden y probar sus afirmaciones de conformidad con el artículo 15 párrafo 2 de la Ley de Medios.

Ello con base en la jurisprudencia 2/2004 de la Sala Superior de rubro ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES[5].

Finalmente, respecto a la nulidad de la votación recibida en casilla, tanto el PAN, como el PRD[6] plantean la nulidad de la votación recibida en las casillas siguientes:

OCTAVA. Estudio de fondo.

8.1. Nulidad de la elección por intervención del gobierno federal y la delincuencia organizada (Planteada por el PRD en el juicio SCM-JIN-213/2024).

- Intervención del gobierno federal

El PRD argumenta que contrario a derecho se consideró válida la votación recibida en las mesas directivas de casillas instaladas el pasado dos de junio, cuando -desde su perspectiva- la votación se encontraba viciada por la indebida intervención del gobierno federal.

En ese contexto, sostiene que debe determinarse la nulidad de la elección por la vulneración a los principios de neutralidad y equidad, que se traduce en una implícita trasgresión de los principios rectores de la elección; a saber, que sean libres, auténticas y periódicas, mediante voto universal, libre, secreto y directo, así como los derechos de participación política.

Lo que sustenta en que, a su parecer, la autoridad responsable dejó de considerar la conducta del presidente de la República Mexicana, quien junto con sus candidaturas a diversos cargos de elección popular federal y local, en forma flagrante, continua, sistemática y reiterada, antes y durante el proceso electoral, pudo trasgredir los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución.

El partido actor también sostiene que es evidente que dicha conducta tuvo como resultado generar ventaja a favor de MORENA; aunado a que el beneficio fue materializado para las candidaturas postuladas por ese instituto político, el partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, al competir aliados.

En esa medida y derivado de las acciones que destaca, en concepto del PRD, los referidos partidos transgredieron los principios de neutralidad e imparcialidad, privando a la ciudadanía de manera implícita de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, generando conductas que vulneraron los principios que rigen las elecciones.

En sus conceptos de disenso, el partido inconforme indica que a partir de diversas manifestaciones ocurridas en las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo, popularmente llamadas “Mañaneras” se transgredió lo establecido por el artículo 134 de la Constitución, atento a que dicho numeral establece la obligación de las personas servidoras públicas de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos, siendo aplicable -a su decir- la jurisprudencia 12/2015 de Sala Superior[7].

En sustento de sus expresiones, cita lo resuelto por Sala Superior en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-43/2009, señalando que en esa decisión se concluyó que la promoción velada o explícita de las personas servidoras públicas constituye promoción personalizada. Continúa indicando que el presidente de la República, en el ejercicio de su encargo realizó propaganda gubernamental e incidió en forma directa en el proceso electoral 2023-2024 en beneficio de la coalición que obtuvo el triunfo, de sus candidaturas, y en especial de la postulada al Poder Ejecutivo Federal, conducta que afirma es contraria a derecho.

De igual manera sostiene que en la especie, resulta aplicable la jurisprudencia 20/2008 de rubro PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO[8].

Abunda en la exposición de la presentación de diversas quejas ante el INE, para destacar que en algunas de ellas se determinó la vulneración de los principios constitucionales por parte del titular del Ejecutivo Federal, y finaliza indicando en prueba de su dicho, la clave de identificación de diversos expedientes. En el mismo orden de ideas, destaca que, respecto de conductas de esta naturaleza, Sala Superior ha conocido de diversas impugnaciones.

Con base en lo expuesto, solicita de esta Sala Regional que, en plenitud de jurisdicción se determine la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla instaladas el pasado dos de junio, para la elección impugnada en este juicio de inconformidad.

Los agravios del PRD son ineficaces.

Como se advierte de sus conceptos de disenso, de manera general refieren hechos que -desde su punto de vista- implican intervención del gobierno federal en las elecciones celebradas el pasado dos de junio, lo que -a su decir- constituyen conductas contrarias a los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución.

Con independencia de la existencia o no de las decisiones de queja y medios de defensa ante la Sala Superior de este Tribunal, debe destacarse que el partido actor, contrario al deber que tiene de frente a su pretensión de nulidad, incumple con la exigencia de referir y demostrar las circunstancias particulares que pudieran llevar a este órgano jurisdiccional a determinar la nulidad de la elección o de las casillas que se impugnan concretamente en el presente juicio de inconformidad, como a continuación se expone.

La controversia en este juicio lleva a un análisis específico de esos hechos de frente a la actualización o no de alguna causal de nulidad invocada en su demanda.

Conforme a la línea jurisprudencial clara y sostenida de este Tribunal Electoral, el estudio de nulidades en materia electoral debe vencer la presunción de legalidad de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados.

En esta lógica, la nulidad de una elección solo puede actualizarse si se acreditan plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en la legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o la elección[9].

Así, cuando los valores tutelados en la elección no son afectados sustancialmente, o el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deberán preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

En ese orden de ideas, el artículo 78 de la Ley de Medios establece que las Salas de este tribunal podrán declarar la nulidad de alguna elección de diputaciones o senadurías, cuando se acredite que:

   Ocurrieron violaciones sustanciales en la jornada electoral.

   De forma generalizada.

   En el distrito o entidad de que se trate.

   Que estén plenamente acreditadas, y, que

   Sean determinantes para el resultado de la elección.

Adicionalmente, tenemos la presunción de determinancia, misma que se actualiza, como es sabido, cuando existiendo las violaciones en cita, la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% (cinco por ciento).

Ahora, se entenderán como violaciones graves, las conductas irregulares que produzcan afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

Se calificarán como dolosas, las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter lícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso.

Importa tener presente la consideración de la Sala Superior en cuanto a que la causal de nulidad guarda un nexo funcional con los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos.

Conforme a estas directrices, es que los tribunales electorales, conforme a sus atribuciones y competencia, podrán reconocer la validez o declarar la nulidad de una elección, siempre que, en los planteamientos de la demanda, en primer lugar, se expongan argumentos tendentes a demostrar que está plenamente acreditada la causal específica de nulidad legalmente prevista o incluso irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

En el caso, como se anunció previamente, la parte actora no señala ni acredita, cómo es que la supuesta intervención del gobierno federal que refiere en sustento de su petición de nulidad fue determinante para el resultado de las casillas que impugna o para la elección que controvierte en este juicio de inconformidad.

De la revisión detallada de sus planteamientos no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a la forma en que esos hechos que atribuye al titular del Poder Ejecutivo, pudieron incidir en forma determinante en la votación recibida en cada una de las casillas que impugna, tampoco respecto de la elección que controvierte en este juicio; ni tampoco cómo podrían afectarse en forma generalizada, cierta, suficiente y determinante, los principios que tutelan el voto universal, libre, secreto y directo.

Las menciones en el orden en que se dan, constituyen afirmaciones que sin someter a debate la existencia de determinaciones judiciales en las que se haya declarado la vulneración al numeral 134 de la Constitución, cierto es que si no son vinculadas directamente con la posibilidad de afectación específica a los centros de votación y a la elección que se revisa, no pueden tener el efecto pretendido, ser prueba suficiente de violaciones graves, sistemáticas y determinantes que incidan en el resultado de la votación en casilla o de la elección.

En esa distancia de confronta eficaz, se ubican los señalamientos amplios, generales y no directos, particulares e individualizados que eran requeridos en que centra su impugnación el partido demandante; de ahí su ineficacia.

-         Intervención de la delincuencia organizada

Al respecto, el PRD indica que el día de la elección impugnada existieron conductas graves de violencia, generadas por el crimen organizado y que si bien el artículo 85 de la Ley de Instituciones prevé la posibilidad de que las presidencias de las mesas directivas de casilla retiren de las mesas a cualquier persona que incurra en alteración de la votación, la violencia generada por el crimen organizado el dos de julio en la elección impugnada fueron de una gravedad e impacto que esa atribución fue insuficiente para generar control.  

Cuestión que impactó en la emisión de la votación en todas las casillas que se instalaron en el distrito 03 en el estado de Morelos[10].

Al respecto, el PRD cita una nota periodística, publicada electrónicamente, por el medio de comunicación “infobae” titulada “Entre asesinatos Laboratorio Electoral”, que, desde la perspectiva del partido actor, da cuenta de la violencia generada por el crimen organizado el dos de julio.

A partir de lo expuesto por el PRD, esta Sala Regional estima ineficaces los agravios, pues igual que en el apartado anterior, de la revisión de los planteamientos, no se observan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a la supuesta forma de intervención de la delincuencia organizada en la elección impugnada y cómo ésta pudo incidir de modo determinante en la votación recibida en las casillas del distrito impugnado o de la elección que se controvierte en el juicio de inconformidad que promovió.

Aunado a lo anterior, si bien el PRD en su demanda señala un enlace electrónico de un medio de comunicación digital (para probar la intervención de la delincuencia organizada), dicha prueba por su naturaleza y contenido es insuficiente para derivar (ni de forma indiciaria) alguna intervención de la delincuencia organizada en la elección impugnada.

Pues además de que las notas periodísticas, atendiendo a su naturaleza, por sí mismas, no generan pleno valor probatorio de su contenido (y menos de manera singular, como es el caso)[11]; de la lectura del contenido del enlace electrónico referido por el PRD no se observa que dicha nota tenga relación a la elección que se impugna (diputación federal de mayoría relativa en el distrito 03 en el estado de Morelos), sino que de manera general, describe el desarrollo de la elección a nivel nacional, especificando que en algunos estados existieron dificultades para instalar casillas como Puebla, Chiapas, etcétera, pero no Morelos.

Para evidenciar lo anterior, se transcribe la nota indicada por el PRD en su demanda:

“Entre asesinatos y robo de paquetería: 24 casillas no fueron instaladas por violencia, según Laboratorio Electoral.

De acuerdo con el think tank, Oaxaca y Michoacán fueron las entidades más afectadas

A causa de la violencia, al menos 24 casillas no fueron colocadas este 2 de junio en varias entidades de la República mexicana, dando un total de 251 casillas no instaladas en la jornada electoral 2024.

Así lo dio a conocer el think tank Laboratorio Electoral al corte de las 21:00 horas de este domingo, señalando que entre las causas se encuentran asesinatos, robo de paquetería electoral, incendios, intentos de robo, intentos de quema de casillas y agresiones.

“Durante el día de hoy estuvimos monitoreando actos de violencia que obstaculizaban el ejercicio del voto de la ciudadanía. No incluye delitos electorales denunciados en la Fiscalía Especializada, ya que estos deberán ser juzgados por la autoridad competente”, indicó.

En esa línea, detalló que, al corte de las 14:45 horas, 1.25% de las casillas no habían sido instaladas. Las entidades en donde esto ocurrió fueron:

. Oaxaca, con 15.

. Michoacán, con tres.

. Chihuahua, con dos.

. Chiapas y Puebla, con uno, respectivamente.

. Dos más por indicar.

En cuanto a atentados, refirió que el estado más afectado fue Querétaro, con cinco. También se registraron hechos violentos en el Estado de México, Puebla, Baja California y al menos uno en Jalisco, Sonora, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Veracruz y Tabasco[12]”.

Bajo lo expuesto es evidente que la nota referida no posee elementos vinculados con la elección que se impugna, ni con los hechos expuestos por el PRD, esto es, que la delincuencia organizada intervino en la elección de diputaciones federales de mayoría relativa en el distrito 03 en Morelos.

A partir de lo expuesto, es que igual que en el apartado anterior, los agravios del PRD son ineficaces, ya que de lo planteado además de que no se observan circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la supuesta intervención de la delincuencia organizada en la elección impugnada (y su incidencia), el enlace electrónico citado en su demanda no tiene relación con los hechos expuestos por la parte actora y con la elección impugnada.  

No se deja de lado que el PRD señale que es de conocimiento general que, en el caso de la intervención del crimen organizado o la presencia de actores armados en cualquier elección, es un factor irregular que de manera evidente y probada se actualizaron en perjuicio del proceso electoral 2023-2024, por lo que el estudio amerita un análisis de los hechos y de prueba contextual.

Al respecto, la Sala Superior[13] si bien se ha pronunciado sobre el análisis contextual o prueba de contexto como parte del derecho fundamental a la prueba en la medida en que contribuye a confirmar la verdad, probabilidad o plausibilidad de los hechos del caso, y que permite explicar las circunstancias y los móviles de una conducta.  

Tanto la Sala Superior, como la Sala Toluca, han sostenido que el análisis contextual debe desarrollarse en el marco del procedimiento judicial y respetando las reglas del debido proceso, así como las características específicas de los juiicos o recursos de que se trate, atendiendo a las cargas argumentativas y probatorias que corresponden a esos medios de impugnación.

Por lo que, no basta la sola afirmación de que un acto se inscribe en determinado contexto, o bien, que determinadas condiciones existen para que automáticamente se reviertan o flexibilicen cargas argumentativas o probatorias o para generar inferencias presuntivas válidas a favor de la pretensión de las partes, porque es preciso presentar argumentos o elementos probatorios que permitan generar inferencias válidas respecto del acto o conducta específica y el nexo o vínculo contextual que se alega.

Así, el solo hecho de que un acto complejo, como es una elección, se realice en un contexto donde se advierten actos de violencia o criminalidad no presupone por ello su invalidez, ya que depende de la valoración en cada caso de la adminiculación de los elementos de prueba aportados.

Criterio que esta Sala Regional comparte y estima que, en el caso, lo relatado por el actor no resulta suficiente para acreditar la violencia generalizada en la elección impugnada, porque además de que no narró las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con la elección impugnada, de la nota periodística referida tampoco se observa un vínculo entre los hechos base de impugnación del actor y la elección impugnada.

Ante la calificativa dada al disenso previamente analizado y conforme a la metodología anunciada, se continúa con el estudio de los agravios enderezados por el PAN y por el PRD, respecto a la nulidad de votación recibida en casilla.

8.2. Nulidad de la votación recibida en casillas.

        Nulidad de la votación recibida en casillas que no pertenecen al distrito impugnado por el PRD (SCM-JIN-213/2024).

El PRD, en su escrito de demanda, solicita la nulidad de la votación recibida en la casilla 676, señalando que en dicha casilla “no coinciden los votos con las boletas”, al respecto, esta Sala Regional estima inoperante el agravio expuesto porque además de que el PRD no precisa qué tipo de casilla controvierte (si la básica, contigua, etcétera), de lo informado por la autoridad responsable (derivado del requerimiento por parte del magistrado instructor respecto de la documentación electoral) se observa que la casilla indicada no forma parte del distrito impugnado, esto es, la casilla 676 no integra el distrito 03 (cuya elección se impugna).

Cuestión que además de desprenderse de lo informado por la autoridad responsable, se advierte de la consulta del Encarte del distrito 03, pues de la totalidad de las secciones, se observa que la 676 no está integrada en dicho distrito, mientras que de la consulta que esta Sala Regional llevó a cabo al Encarte del distrito 05[14], se refleja que distrito sí está integrada por la sección 676, esto es, la casilla referida por el PRD en su demanda pertenece a un distrito diferente al que se impugna en este juicio.

        Recibir votación por personas no facultadas, artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios.

Casillas impugnadas por el PRD (SCM-JIN-213/2024).

El PRD hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75.1.e) de la Ley de Medios respecto de la votación recibida en las siguientes casillas 24 C1, 31 B1, 31 C2, 44 B1, 48 C1, 48 C2, 57 B1, 57 C1, 59 C1, 59 C3, 59 C4, 63 C1, 74 C1, 80 E1, 110 C1, 110 C2, 120 C1, 128 B1, 128 C1, 135 E1, 137 B1, 149 C1, 162 B1, 162 C1, 164 B1, 166 C1, 77 C4, 178 C4, 547 C1 y 901 C2.

Sobre lo anterior, sostiene que la votación en dichas casillas fue recibida por personas ciudadanas distintas a las autorizadas por la Ley Electoral.

Estos agravios son inoperantes, por las razones siguientes.

En el análisis de esta causal de nulidad se debe tener en cuenta el criterio establecido por la Sala Superior al resolver el recurso
SUP-REC-893/2018 por el que se abandonó la jurisprudencia 26/2016 de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO, en la que se exigía que se indicaran tanto la casilla, así como el nombre y el cargo de las personas que supuestamente no estaban facultadas para recibir la votación.

En el recurso señalado, la Sala Superior determinó que con lo anterior no incentivaba una conducta como la que la referida jurisprudencia pretendió inhibir, pues el criterio adoptado no supone que se analice una causa de nulidad a partir de argumentos genéricos, sino únicamente cuando se proporcionen elementos mínimos que permitan identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como lo es la casilla y el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.

Consideraciones que fueron reiteradas al resolver los medios de impugnación SUP-REC-1026/2021, SUP-REC-1157/2021.

En relación con lo anterior, al resolver el juicio SUP-JRC-69/2022, el referido órgano jurisdiccional sostuvo:

El agravio es infundado puesto que el partido parte de la premisa incorrecta consistente en que el Tribunal local debió llevar a cabo un análisis oficioso de toda la documentación electoral en la totalidad de las casillas impugnadas, siendo que era ese instituto político quien estaba obligado a señalar en cuáles existía discrepancia y especificar los nombres de las personas que recibieron la votación y que no estaban autorizadas en el encarte para ello o bien que no se encontraban en el listado nominal para poder fungir como funcionarios de casilla en casos de ausencia.

[el resaltado en negritas es propio]

Similar criterio también fue adoptado en el diverso SUP-JRC-75/2022.

A partir de los precedentes señalados se obtiene que, si bien dicho órgano jurisdiccional abandonó la jurisprudencia citada, subsiste la carga para la parte actora de señalar elementos mínimos a partir de los cuales se posible analizar la impugnación relativa a que la votación en determinadas casillas se recibió por personas no facultadas por la Ley Electoral, siento dichos elementos:

1)     número de la casilla, y

2)     el nombre de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.

Lo anterior constituye una exigencia razonable y proporcional pues implica que la impugnación tiene los elementos mínimos para sustentar lo afirmado, lo que no sucede cuando simplemente se mencionan casillas y cargos, pues ello traslada la carga de analizar la integración de la mesa directiva al órgano jurisdiccional, lo que es inconsistente con la exigencia general de los medios de impugnación en el sentido de que las partes deben plantear los hechos en los que se basa su pretensión.

En el caso, el PRD se limita a señalar únicamente las casillas y el cargo de la mesa directiva correspondiente que controvierte; sin embargo, no señala el nombre de las personas ciudadanas que -a su juicio- la integraron indebidamente, como, a manera de ejemplo, se muestra:

De esta manera, es inoperante el agravio, debido a que omite señalar el nombre para identificar a quien -desde su perspectiva- integró indebidamente la mesa directiva de casilla, elementos que, conforme a lo razonado, resulta esencial para estar en posibilidad de definir si la integración de la casilla se realizó conforme a la norma.

Lo anterior, pues correspondía al PRD proporcionar los elementos mínimos para estudiar la causal correspondiente a este apartado como lo es señalar el nombre de la persona que supuestamente indebidamente integró la mesa directiva de casilla.

Casillas impugnadas por el PAN (SCM-JIN-148/2024).

El PAN hace descansar su inconformidad en que, de manera presunta, el día de la jornada electoral la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por la norma electoral, que no pertenecen a la sección electoral en que se desempeñaron como funcionarias de casilla, lo que en su concepto afectó la votación obtenida en diversas casillas en la elección de diputaciones federales por ambos principios.

En ese sentido, si del análisis de las casillas impugnadas se llegara a decretar la nulidad de alguna de ellas y se ordenara la modificación del cómputo distrital respectivo, tal determinación deberá hacerse extensiva a los resultados de la votación obtenida en esas casillas respecto a la elección de diputaciones federales de representación proporcional (en términos de lo analizado en el considerando segundo de esta sentencia).

Partiendo de lo expuesto, esta Sala Regional analizará la causal de nulidad de votación sostenida por el PAN.

En el entendido de que, para el estudio de esta causal y considerando que los nombres que escribió el partido actor tienen algunos errores evidentes, esta Sala Regional precisa lo siguiente.

Es posible estudiar la indebida integración alegada, cuando los nombres asentados en la demanda, a pesar de los errores con que fueron escritos, permitan identificar el nombre a que hace alusión la parte actora, respecto de aquellas personas o establecer una coincidencia objetiva y congruente con los asentados en las actas que correspondan.

Sin embargo, en aquellos casos en que los errores impidan tener certeza de la persona a que se refiere el partido actor en su demanda, imposibilitan por esa misma razón, el estudio solicitado deberá realizarse a partir del nombre expresamente señalado en su escrito, pues hacerlo de otra manera equivaldría a suplir de manera absoluta el planteamiento del partido, lo que implicaría un escenario igual -en términos prácticos- a aquellos casos en que se hubiera omitido el nombre de la persona que -a decir del partido actor- integró indebidamente la mesa directiva de casilla correspondiente.

        Recibir votación por personas no facultadas, artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios.

Marco normativo.

El artículo en cita prevé lo siguiente:

Artículo 75.

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[...]

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[15]; …

Al respecto, por mandato constitucional y legal, las personas funcionarias de las mesas directivas de casilla deben asegurarse el día de la jornada, de que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto del electorado sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que tienen facultades para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en la casilla correspondiente.

En cuanto a su integración, el artículo 82 de la Ley Electoral establece que las mesas directivas de casillas se conforman por 1 (una) presidencia, 2 (dos) secretarías, 3 (tres) personas escrutadoras y 3 (tres) suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de dicha ley, deberán tener ciudadanía mexicana por nacimiento[16], no haber adquirido otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de quienes integren dichas mesas, la Ley Electoral contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de las personas designadas y dar transparencia al procedimiento de su integración. Además, establece las funciones de cada una de las personas integrantes de las mesas directivas de casilla.

De conformidad con lo anterior, las personas designadas en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, según lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Electoral.

Sin embargo, ante el hecho de que las personas originalmente designadas incumplan sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a integrar la mesa directiva de casilla, si esta no se instala a las 8:15 (ocho horas con quince minutos), el artículo 274 de la Ley Electoral establece el procedimiento que debe seguirse para sustituir a quienes integran la mesa directiva de casilla.

Ese procedimiento consiste en que la instalación de la mesa directiva se realice por sus integrantes propietarios o propietarias, a partir de las 8:15 (ocho horas con quince minutos) del día de la elección, debiendo respetar las reglas establecidas en el artículo 274 de la Ley Electoral, que establecen:

A.     Si estuviera la persona designada como presidenta, designará a las personas necesarias recorriendo en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de las personas ausentes con las propietarias presentes y habilitando a las suplentes presentes para los espacios faltantes, y en ausencia de las personas designadas, de entre quienes se encuentren en la casilla;

B.     Si no estuviera la persona designada como presidenta, pero estuviera la designada como secretaria, asumirá las funciones de la presidencia de la casilla y procederá a integrar la mesa en los términos señalados en el punto anterior;

C.     Si no estuvieran las personas designadas como presidenta o secretaria, pero estuviera alguna de las personas escrutadoras, asumirá las funciones de la presidencia y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el punto A;

D.     Si solo estuvieran las personas suplentes, una de ellas asumirá las funciones de la presidencia, las demás personas, las de la secretaría y escrutinio, procediendo a instalar la casilla y nombrando a las personas necesarias de entre el electorado presente en la casilla, verificando previamente que se encuentren inscritos o inscritas en la lista nominal de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

E.      Si no asistiera ninguna de las personas funcionarias de la casilla, el consejo distrital correspondiente tomará las medidas necesarias para instalarla y designará al personal encargado de ejecutar las funciones necesarias y cerciorarse de su instalación;

F.      Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del INE, a las 10:00 (diez horas), las personas representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes ante esa casilla designarán, por mayoría, a quienes se necesite para integrar la mesa directiva de la casilla de que se trate, de entre las personas presentes, verificando previamente que se encuentren inscritas en la lista nominal de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.

Para ello se requerirá:

a.     La presencia de una persona juzgadora o titular de notaría pública, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b.    En ausencia de las personas referidas en el punto anterior, bastará que quienes funjan como representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a quienes integrarán la mesa directiva.

G.     En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

Finalmente, el artículo 274 párrafo 3 de la Ley Electoral establece que los nombramientos que se hagan conforme al procedimiento de corrimiento de las personas funcionarias de casilla que establece el párrafo 1 de ese mismo artículo, deberán recaer en personas que se encuentren en la casilla para emitir su voto y en ningún caso podrán recaer en quienes representen a partidos políticos o candidaturas independientes.

En consecuencia, las personas que sean designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de quienes lo fueran en propiedad o suplencia por nombramiento de la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque se trata de residentes en dicha sección.

De las consideraciones antes referidas, se desprende que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto será recibido y custodiado por autoridades legítimas, lo que significa que la norma sanciona con nulidad la recepción de los votos por parte de autoridades no establecidas de acuerdo con los lineamientos legales, a fin de que los resultados de la elección sean ciertos y firmes, de modo que los votos se traduzcan verdaderamente en el fundamento de las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo.

Este valor se vulnera: i) cuando la mesa directiva de casilla se integra por personas que carecen de las facultades legales para ello; y ii) cuando la mesa directiva de casilla no se integra con todas las personas designadas -en este caso tienen relevancia las funciones autónomas, independientes, indispensables y necesarias, que realiza cada una, así como la plena colaboración entre éstas, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del voto-.

Caso concreto

En la especie, el PAN sostiene que se actualiza la causal de nulidad de votación establecida en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios, respecto de 70 (setenta) casillas -que precisa en una tabla-, bajo el argumento de que la votación fue recibida por personas funcionarias no facultadas para ello.

Al respecto, el PAN en su demanda señala el nombre de la persona que considera integró incorrectamente la mesa directiva de casilla respectiva.

A partir de lo anterior, para analizar esta causal, se realizará un contraste entre los nombres de las personas funcionarias que el PAN identifica como no autorizadas, con las personas que sí lo están de acuerdo con el documento conocido como “encarte”[17], o en su caso, en el listado nominal correspondiente.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 13/2002 de la Sala Superior de rubro RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)[18].

Además se retoma que partir de la suplencia referida en el anterior considerando, este órgano jurisdiccional examinará cada casilla impugnada, bajo la suplencia aludida, esto es, se ponderará si el motivo de impugnación (indebida integración de las mesas directivas de casilla controvertidas) expuesto por el PAN, se deduce o no claramente de los hechos expuestos, esto es, si existe la claridad suficiente o no, respecto a qué personas los partidos actores señalan que integraron indebidamente las casillas respectivas.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: el encarte (ubicación e integración de casillas) publicado y utilizado el día de la jornada electoral; y de las actas de jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, y listas nominales de personas electoras, documentales públicas con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14 párrafo 4 incisos a) y b) y 16párrafo 2 de la Ley de Medios.