VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-1/2025

Fecha de clasificación: 18 de julio de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT- JLI-SE21/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica.

Periodo de clasificación: No aplica.

Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-1/2025

PARTE ACTORA:

MANUEL COLÍN HERNÁNDEZ

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIA:

SILVIA DIANA ESCOBAR CORREA

Ciudad de México, a 22 (veintidós) de abril de 2025 (dos mil veinticinco1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada confirma -en lo  que  fue  materia  de  impugnación-  el  Oficio INE/JLE-CM/12764/2024 pues la parte actora no acreditó que se le hubiera despedido de manera injustificada, absuelve al Instituto Nacional Electoral del pago de algunas prestaciones, y lo condena a acreditar el pago de otras, conforme a lo señalado en esta sentencia.

Í N D I C E

G L O S A R I O..........................................2

A N T E C E D E N T E S...................................3

1 En lo sucesivo las fechas referidas corresponden a 2025 (dos mil veinticinco), salvo precisión expresa de otro año.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S...................5

G L O S A R I O

Acta 130 Acta circunstanciada 130/INE/CDMX/JLE/17-12-2024,

de 17 (diecisiete) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro)

Audiencia Audiencia de conciliación, admisión y desahogo

de pruebas y alegatos

Constitución Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales para los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado

INE o demandado Instituto Nacional Electoral

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado

Juicio Laboral Juicio para dirimir los conflictos o diferencias

laborales de los servidores (y personas servidoras) del Instituto Nacional Electoral

Junta Local Junta Local Ejecutiva  del Instituto Nacional

Electoral en la Ciudad de México

Ley Burocrática Ley Federal de los Trabajadores (y Personas

Trabajadoras) al Servicio del Estado

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral

Ley del Trabajo Ley Federal del Trabajo

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales

Manual Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral2

Oficio 12764 Oficio INE/JLE-CM/12764/2024

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro

Suprema Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación

A N T E C E D E N T E S

1.  Relación jurídica

1.1.  Inicio. La parte actora afirma que el 1° (primero) de abril de 2018 (dos mil dieciocho) inició sus actividades como técnico en

2 Aprobado mediante acuerdo INE/JGE13/2021, que fue modificado mediante acuerdo INE/JGE56/2022, este último aprobado el 17 (diecisiete) de febrero de 2022 (dos mil veintidós) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 (nueve) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651360&fecha=09/05/2022#gsc

.tab=0, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

sistemas en la Vocalía del Registro Federal Electoral de la Junta Local.

1.2.   Terminación. La parte actora manifiesta que el 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) se le despidió injustificadamente.

2.  Juicio Laboral

2.1.    Demanda y turno. El 3 (tres) de enero la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE para controvertir el referido despido y reclamar el pago de diversas prestaciones; por lo que se integró el expediente SCM-JLI-1/2025 que se turnó a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

2.2.    Recepción, admisión y emplazamiento. El 8 (ocho) de enero la magistrada recibió dicho expediente, admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

2.3.   Contestación a la demanda y cita a la Audiencia. El 22 (veintidós) de enero el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas; por lo que, el 23 (veintitrés) siguiente, la magistrada tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora3 y citó a las partes a la Audiencia.

2.4.  Inicio de la Audiencia y suspensión. El 10 (diez) de febrero inició la Audiencia en que la persona apoderada de la parte actora interpuso un incidente de falta de personería de quien acudió en representación del demandado4, por lo que fue suspendida.

3 La parte actora presentó un escrito -en atención a esa vista- el 30 (treinta) de enero.

4 En la misma audiencia se dio vista al demandado, por lo que el 13 (trece) de febrero presentó un escrito al respecto.

2.5.     Resolución incidental y cita a la continuación de la Audiencia. El 26 (veintiséis) de febrero, la Sala Regional resolvió que era infundado el incidente referido; por lo que el 3 (tres) de marzo, la magistrada citó a las partes a la continuación de la Audiencia.

2.6.   Continuación de la Audiencia y cierre de instrucción. El 20 (veinte) de marzo continuó la Audiencia en la que, ante la falta de conciliación entre las partes, fueron admitidas y desahogadas las pruebas correspondientes, con excepción del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el demandado, por lo que -para su preparación- se suspendió nuevamente; y el 11 (once) de abril se continuó la Audiencia en la que se desahogó la prueba testimonial referida, se expusieron alegatos y -al no quedar diligencias pendientes- fue cerrada la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio por tratarse de una demanda presentada por una persona que -señala- era trabajadora del INE en la Junta Local (en la Ciudad de México) y recama el despido -que considera- injustificado y el pago de diversas prestaciones; lo que tiene fundamento en:

 Constitución: artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto fracción VII.

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 253-IV.d), 260 y 263-XI.

 Ley de Medios: artículos 3.2.e) y 94.1.b).

 Acuerdo INE/CG130/2023 que establece el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO5.

3.1.  De la demanda

3.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora señaló su nombre y asentó su firma autógrafa, identificó

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

el acto reclamado, mencionó los agravios que le causa, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, además de ofrecer y aportar pruebas.

3.1.2.   Oportunidad. La demanda es oportuna porque la parte actora refiere que el 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) se le informó que se le había despedido y presentó su demanda el 3 (tres) de enero, esto es dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles6 contados a partir de la fecha en que

-señala- conoció la determinación controvertida.

3.1.3.    Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude por derecho propio a controvertir el despido -que considera- injustificado y el pago de diversas prestaciones.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

3.2.  De la contestación

3.2.1.  Forma. La contestación fue recibida por escrito, en que se hace referencia a los hechos y agravios de la demanda,

6 Sin contar los sábados, domingos y días de descanso obligatorio, de conformidad con el artículo 94.3 de la Ley de Medios y al ser un asunto que no está relacionado con algún proceso electoral en curso, en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES (consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 [dos mil nueve], páginas 23 a 25).

En el entendido de que mediante oficio TEPJF-SGA-12340/2024 -el cual fue agregado al expediente del asunto general SCM-AG-3/2024-, el secretario general de acuerdos de la Sala Superior informó que por acuerdo INE/DEA/062/2024 de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE se hizo de conocimiento el segundo periodo vacacional al que tiene derecho el personal de ese instituto, el cual comprendió del 23 (veintitrés) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) al 7 (siete) de enero, por lo que los días señalados no contarían para el cómputo de los términos procesales, la interposición y trámite de los medios de impugnación y plazos relativos a los Juicios Laborales y recursos de inconformidad, así como cualquier otro plazo en materia electoral, judicial y/o administrativa, con excepción de aquellos vinculados al proceso electoral.

objeciones a las pruebas de la parte actora, se oponen excepciones y defensas, y se ofrecen y aportan pruebas.

3.2.2.  Oportunidad. La contestación fue presentada en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues si el INE fue notificado de la admisión de la demanda el 8 (ocho) de enero, el plazo transcurrió del 9 (nueve) al 22 (veintidós) de enero7, y la contestación fue presentada el último día para ello, siendo evidente su oportunidad.

3.2.3.  Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha pues se trata del INE, quien acude a contestar la demanda por conducto de una persona apoderada para tal efecto, a la que se le reconoció su calidad en el acuerdo de 23 (veintitrés) de enero y en la resolución incidental de 26 (veintiséis) de febrero8.

CUARTA. Acciones y excepciones

4.1.  Acciones y pretensiones de la parte actora

La parte actora reclama las siguientes prestaciones:

[a]     la reinstalación en el puesto que venía desempeñando, más los incrementos salariales y mejoras que se den en el puesto de la misma categoría, así como el pago y cumplimiento de todas las prestaciones que dejó de percibir hasta el día de la reinstalación, con todas y cada una de las aportaciones, prestaciones y derechos correspondientes a la seguridad social (ISSSTE);

7 Sin contar el 11 (once), 12 (doce), 18 (dieciocho) y 19 (diecinueve) de enero, por tratarse de días inhábiles conforme al artículo 94.3 de la Ley de Medios y al ser un asunto que no está relacionado con algún proceso electoral en curso, en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII (referida previamente).

8 En que la Sala Regional determinó que era infundado el incidente y -por tanto- el documento presentado -tanto para contestar la demanda, como en la Audiencia de 10 (diez) de febrero- es suficiente para tener por acreditada la personería de quienes acudieron a este Juicio Laboral como personas apoderadas del demandado, cuyas facultades continúan vigentes.

[b]     la continuación de la relación laboral, con las prestaciones relativas e inherentes al puesto que venía desempeñando;

[c]     el pago de salarios caídos, a partir de la fecha del despido y hasta el cumplimiento respectivo;

[d]     el pago de intereses -a que se refiere el artículo 48 de la Ley del Trabajo- para el caso de incumplimiento en tiempo y forma de la sentencia correspondiente;

[e]     la prórroga del contrato de trabajo por todo el tiempo en que subsista la materia que dio origen al vínculo jurídico laboral;

[f]       subsidiariamente, para el caso de que resulten improcedentes las prestaciones señaladas previamente, el pago de la indemnización constitucional y que se fije la responsabilidad para el patrón -en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley del Trabajo-;

[g]     el reconocimiento como tiempo efectivamente laborado, para el cómputo de la antigüedad, el lapso en que sea sustanciado el presente Juicio Laboral;

[h]     el pago del bono por jornada electoral;

[i]        el pago por concepto de vacaciones, a razón de 20 (veinte) días de salario por año trabajado, por los años que la parte actora prestó sus servicios al INE y por el tiempo en que sea sustanciado este juicio hasta la reinstalación correspondiente;

[j]        el pago de prima vacacional, por todo el tiempo de la relación laboral y por el tiempo en que sea sustanciado este juicio hasta la reinstalación correspondiente, a razón de 25% (veinticinco por ciento) de la prestación que antecede;

[k]     el pago proporcional del aguinaldo de 2024 (dos mil veinticuatro), generado hasta el 20 (veinte) de diciembre y por el tiempo en que sea sustanciado este juicio hasta la reinstalación correspondiente, a razón de 30 (treinta) días de salario por cada año;

[l]        la entrega de la constancia de aportaciones de seguridad social, de forma retroactiva, por concepto de servicio médico al ISSSTE por todo el tiempo de la relación laboral y por el tiempo en que sea sustanciado este juicio hasta la reinstalación correspondiente;

[m]  la entrega de las constancias de aportaciones de forma retroactiva al SAR, al ISSSTE, por todo el tiempo de la relación laboral y por el tiempo en que sea sustanciado este juicio hasta la reinstalación correspondiente;

[n]     la entrega de las constancias de aportaciones de seguridad social, de forma retroactiva, al FOVISSSTE, por todo el tiempo de la relación laboral y por el tiempo en que sea sustanciado este juicio hasta la reinstalación correspondiente; y,

[o]     la revocación del Oficio 12764, que contiene la terminación de la relación laboral con el demandado.

4.2.  Excepciones y defensas del demandado

El demandado hizo valer en la contestación, las siguientes excepciones y defensas:

[a]     improcedencia de la pretensión, ya que -dice- las prestaciones consistentes en “reinstalación, indemnización constitucional, salarios vencidos, pago de intereses y demás prestaciones” se encuentran en proceso de pago y el despido fue ajustado a derecho;

[b]     improcedencia de la acción principal, ya que -dice- no existió el despido injustificado, sino que la terminación de la relación laboral se debió a la pérdida de confianza derivada del incumplimiento de las obligaciones y actividades relacionadas con el cargo que tenía la parte actora;

[c]     falta de acción y derecho para reclamar la reinstalación o indemnización y el pago de salarios vencidos, considerando

que la parte actora tuvo la calidad de persona trabajadora de confianza; y,

[d]     falta de acción y derecho para reclamar la restitución en el cargo que desempañaba la parte actora, ya que -dice- la relación de trabajo concluyó derivado del incumplimiento de las funciones, obligaciones y actividades de la parte actora, por lo que no resulta procedente la acción de reinstalación al ser una persona trabajadora de confianza.

No es posible analizar las excepciones de manera previa al estudio de la controversia, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de esta; es decir, con la justificación del despido de la parte actora y el derecho o no a las prestaciones reclamadas; por tanto, su estudio se efectuará en el apartado correspondiente al análisis de fondo del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio.

QUINTA. Pruebas admitidas y desahogadas

5.1.  De la parte actora

En la continuación de la Audiencia -de 20 (veinte) de marzo- se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     Copia simple de la fotografía del Oficio 12764.

[2]     Impresión del Acta 130.

[3]     Impresión del acuse de recibo de 31 (treinta y uno) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro), del oficio mediante el cual la parte actora solicitó el cumplimiento de la resolución interlocutoria emitida en el incidente de suspensión de medidas cautelares con número de expediente INE/OIC/UAJ/DS-II/INC/002/2023.

[4]     Instrumental de actuaciones.

[5]     Presuncional legal y humana.

5.2.  Del demandado

En la continuación de la Audiencia -de 20 (veinte) de marzo- se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el demandado:

[1]     Testimoniales a cargo de las personas:

[a]  María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local,

[b]  Francisco Javier Morales Morales, vocal secretario de la Junta Local, y

[c]   Marco Antonio Cruz Izalde, persona encargada de la vocalía local del Registro Federal de Electorales (y Personas Electoras) en la Ciudad de México.

[2]     Copia certificada del expediente personal de la parte actora.

[3]     Copia certificada del Acta 130.

[4]     Copia certificada del Oficio 12764;

[5]     Copia del oficio INE/DEA/DP/SRPL/7186/2024 de 17 (diecisiete) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro);

[6]     Instrumental de actuaciones.

[7]     Presuncional legal y humana.

Las pruebas documentales, instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana fueron desahogadas en su oportunidad.

Po lo que hace a las pruebas testimoniales referidas, la magistrada instructora señaló el 11 (once) de abril para su desahogo, pero ese día determinó no desahogar el testimonio de María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local, al estar previamente preparado, dado que para rendir su testimonio tenía en su poder 2 (dos) documentos, 1 (uno) de los cuales contiene diversas preguntas y respuestas9, siendo que las

9 Lo que se hizo constar en el acta circunstanciada de la continuación de la Audiencia de 11 (once) de abril, y cuyo documento quedó anexado al expediente.

preguntas coincidían plenamente con las que fueron formuladas por el INE para el desahogo de la referida testimonial. Los demás testimonios sí se desahogaron en esa fecha.

5.3.  No idoneidad de un testimonio

Como se refirió, la magistrada instructora admitió las pruebas testimoniales ofrecidas por el demandado y señaló el 11 (once) de abril para su desahogo; pero ese día determinó no desahogar el testimonio de María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local, al estar previamente preparado, dado que para rendir su testimonio tenía en su poder 2 (dos) documentos,1 (uno) de los cuales contiene preguntas y respuestas siendo que las preguntas coincidían plenamente con las que fueron formuladas por el INE para el desahogo de la referida testimonial. Los demás testimonios sí se desahogaron en esa fecha.

Por lo que hace al testimonio de Francisco Javier Morales Morales, vocal secretario de la Junta Local, -entre otras cuestiones- respondió:

[…]

Pregunta 2: ¿En algún momento personal del INE se comunicó con usted para decirle que tenía que venir a rendir el testimonio? Respuesta: No la notificación me la hizo el personal de la sala

Pregunta 3: ¿En algún momento personal del INE se acercó con usted para indicarle cuestiones relacionadas con esta audiencia o de las preguntas que se le iban a formular?

Respuesta: No y no creo que haya sido necesario toda vez que yo conozco como se levantó el acta y lo que acabo de decir Manuel sabe muy bien que yo estuve presente, y también sabe Manuel que yo estuve platicando con él después de levantar el acta platiqué con él y no creo que haya mayor preparación que saber los hechos.

Mientras que, Marco Antonio Cruz Izalde, persona encargada de la vocalía local del Registro Federal de Electorales (y Personas Electoras) en la Ciudad de México, rindió su testimonio y -entre otras cuestiones- respondió:

Pregunta 5: Qué diga el testigo si antes de esta audiencia tuvo contacto con el apoderado legal de la demandada, aquí presente.

Respuesta: Sí, sí tuve contacto.

Pregunta 6: En relación a la respuesta que acaba de dar, qué diga el testigo si previamente les fue circulado algún documento que contenía preguntas y respuestas que aquí se han vertido. Respuesta: Sí, sí me fue circulada una propuesta.

En ese contexto, la persona representante de la parte actora objetó los testimonios de Francisco Javier Morales Morales y Marco Antonio Cruz Izalde, “toda vez que como ha quedado demostrado con las últimas dos preguntas que se le hicieron al último de los citados, al segundo de los citados, se evidenció que las mismas fueron presentadas de manera dolosa y premeditada, con antelación del desahogo de la prueba que nos ocupa en la presente audiencia, por lo que ha quedado evidentemente demostrado el deseo manifiesto de perjudicar a la parte actora y beneficiar a la parte demandada en el presente juicio, por lo anterior se solicita atentamente se desestimen dichos testimonios además de realizar las acciones que procedan, es cuanto”.

Al respecto, la persona apoderada del demandado señaló que no se advertía algún elemento que pudiera presumir un aleccionamiento a los testigos.

A juicio de esta Sala Regional, no es idóneo el testimonio de Marco Antonio Cruz Izalde, persona encargada de la vocalía local del Registro Federal de Electorales (y Personas Electoras) en la Ciudad de México, toda vez que al haber aceptado que “me fue circulada una propuesta” respecto de las preguntas y respuestas que se le realizaron, no se justifica la idoneidad del contenido de su deposición ni la verosimilitud de su

dicho10; por lo que no se considerará para analizar los hechos correspondientes.

En el contexto anterior, la Sala Regional conmina al INE para que -en futuras ocasiones- se conduzca con probidad y evite que su personal aleccione a las personas que atestiguarán o realice conductas que pudieran poner en duda la veracidad, objetividad e imparcialidad de las personas cuyos testimonios ofrece.

Además, la Sala Regional considera que es procedente dar vista a la persona titular de la Dirección Jurídica del INE para el conocimiento de estos hechos y -de considerarlo procedente- actúe conforme a sus facultades.

Además, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que actúe conforme a sus intereses convenga.

5.4.  Valor de las pruebas

Las pruebas ofrecidas por las partes y que en su oportunidad fueron admitidas y desahogadas -con excepción del testimonio de Marco Antonio Cruz Izalde en términos de lo determinado en el apartado previo y por las razones expresadas en el mismo-, serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley del Trabajo.

10 Sirve como criterio orientador la jurisprudencia 2a./J. 12/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro TESTIGOS EN EL JUICIO LABORAL. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEAN PARIENTES DEL OFERENTE NO ES SUFICIENTE

PARA NEGAR VALOR A SUS DECLARACIONES (consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, marzo de 1997 [mil novecientos noventa y siete], página 422), que señala que el órgano jurisdiccional debe valorar que los testimonios sean idóneos para declarar en cuanto esté demostrada la razón suficiente por la que lo emitieron, o sea, que se justifique la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los hechos, la idoneidad de su conocimiento del hecho inquirido, del contenido de su deposición y de la verosimilitud de su dicho, entre otros de los muchos factores que deben influir en la decisión.

5.5.  Solicitud de la parte actora

El 14 (catorce) de abril, después del cierre de la instrucción de este juicio, la parte actora presentó en esta sala un escrito en que solicitó se requiriera a la Dirección Jurídica del INE el oficio INE/JLE-CM/04328/2024 de 10 (diez) de abril del 2024 (dos mil veinticuatro), que -dijo- fue referido en el desahogo del testimonio de la persona encargada de la Vocalía del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras) de la Junta Local; cuyo pronunciamiento la magistrada instructora reservó al pleno de la Sala Regional mediante acuerdo de 15 (quince) de abril, dado que el 11 (once) anterior fue cerrada la instrucción de este Juicio Laboral.

En  ese  contexto,  esta  Sala  Regional  determina  que no es procedente requerir el documento solicitado en razón que el 11 (once) de abril fue cerrada la instrucción de este juicio, lo que impide que se puedan requerir documentos con posterioridad a tal acto, en términos del artículo 783 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia11.

SEXTA. Determinación de la controversia

Para el análisis de la controversia, hay que tomar como base que las partes reconocen la existencia de la relación laboral, al señalar12 que a partir del 1° (primero) de abril de 2018 (dos mil dieciocho) la parte actora ingresó al INE en el cargo de técnico en sistemas con adscripción en la Junta Local, con una plaza

11 “Artículo 783.- Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá aportarlos, a más tardar en la Audiencia de Juicio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando le sean requeridos por el Tribunal.

En lo que hace al juicio individual ordinario a que se refiere el capítulo XVII del Título Catorce de esta Ley, los documentos deberán aportarse en la Audiencia Preliminar o en su defecto hasta antes del cierre de la instrucción. Los Tribunales deberán tomar las medidas pertinentes para cumplir con esta disposición.”

12 En el hecho 1 de la demanda y en el apartado III de la contestación de demanda.

presupuestal.

Asimismo, las partes reconocen que el 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) terminó esa relación; sin embargo, las partes difieren en considerar si tal terminación fue justificada o no.

Al respecto, la parte actora pretende que esta Sala Regional determine que se le despidió sin justificación que se ordene su reinstalación, así como el pago de los salarios caídos, y diversas prestaciones que reclamó en su demanda.

El INE considera que la terminación de la relación laboral con la parte actora estuvo justificada, dado el incumplimiento de las actividades correspondientes al cargo que tenía y que se trataba de una persona trabajadora de confianza, conforme al Oficio 12764, y -por tanto- no procede la reinstalación ni el pago de las prestaciones que reclama, mientras que están en proceso de pago otras prestaciones indicadas en la demanda.

En ese sentido, la controversia en este juicio se centrará en analizar -en principio- si la terminación de la relación laboral entre las partes fue justificada o no; y, posteriormente, se estudiará si es procedente ordenar el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora.

SÉPTIMA. Análisis de fondo

7.1.  Terminación de la relación laboral

Cuestión no controvertida En principio, es necesario reiterar que es un hecho no controvertido (al reconocerlo las partes) y -por tanto- no es objeto de prueba -en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios- que la parte actora ocupó el cargo de técnico en sistemas en

la Junta Local, con una plaza presupuestal, del 1° (primero) de abril de 2018 (dos mil dieciocho) al 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro).

Controversia El presente análisis se centrará en determinar si -a la luz de los agravios de la parte actora- la relación laboral entre las partes concluyó sin responsabilidad para el INE o si, por el contrario, fue un despido injustificado.

Para el análisis de la controversia, se estudiarán los argumentos expuestos en la demanda respecto a que se trató de un despido injustificado, así como las razones que el INE expone en la contestación de la demanda para tratar de justificar que la terminación de la relación laboral entre las partes fue correcta y

-consecuentemente- sin responsabilidad para el demandado como ente patronal.

Acta 130 y Oficio 12764 A su contestación, el demandado adjuntó copa certificada del Acta 130, en que se señala lo siguiente:

ACTA SUSTANCIADA LEVANTADA PARA HACER CONSTAR ACTOS Y HECHOS QUE SE ATRIBUYEN AL CIUDADANO MANUEL COLÍN HERNÁNDEZ, TÉCNICO EN SISTEMAS ADSCRITO A LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y seis minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, establecidos de las oficinas de la Vocalía Secretarial de la Junta Local […], en términos de lo dispuesto en el artículo 633 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, se encuentran presentes: licenciado Marco Antonio Cruz Izalde, Comisionado para atender los asuntos de la Vocalía Local del Registro Federal de Electores en la Ciudad de México, quien a solicitud del mismo se levanta la presente acta al ciudadano Manuel Colín Hernández, Técnico en Sistemas, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México […], quien solicitó ser asistido en esta diligencia por una persona

de su confianza, por lo que se encuentra presente el C. Manuel Colín Hernández.

En uso de la voz el licenciado Marco Antonio Cruz Izalde manifiesta: “Mediante oficio INE/COC/DCE/0095/2024 fecha 30 de enero de 2024, la Dirección de Cartografía Electoral, informó que mediante oficio INE/OIC/023/2024 de fecha 25 de enero de 2024, que el Órgano Interno de Control, dio a conocer el proyecto de la “Cédula de Resultados y Observaciones” de la Auditoría DAOD/02/ES/2023, denominada “Fiscalización a los trabajos de Distritación Nacional 2021-2023, fase II” a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Dirección Ejecutiva de Administración, así como a las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas; por lo que la citada Dirección de Cartografía Electoral solicitó presentar la información pertinente para aclararla “observación 2: Posibles pagos no justificados en traductores por $25,096, en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México.-------------------------------- En este sentido mediante oficio INE/JLE-CM/1158/2024 de fecha 2 de febrero de 2024, se remitió a la Dirección de Cartografía Electoral el “Informe para sustentar las razones por las cuales se pagaron 78 horas para el servicio de traductores durante las Reuniones Informativas en la Ciudad de México, en el ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de atender la citada Observación 2.

Del informe anexo al citado oficio INE/JLE-CM/1158/2024, se deprende que a partir de los informes que rindieron las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 05, 06, 09, 10, 12, 15, y 16 los cuales en el presente acto, fueron puestos a la vista y revisión del C. Manuel Colín Hernández se deriva que el pago del servicio de traducción para los asistentes a los foros informativos de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en materia de Distritación Electoral, realizados en la Ciudad de México, durante el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2021, fue de la siguiente manera:

Por lo que toca a la Junta Distrital ejecutiva 08 (otrora 23), no fue aportado recibo alguno, por lo que sólo se tiene el recibo archivado en la Junta Local Ejecutiva de acuerdo con lo siguiente:

En el mismo sentido, del informe que rinde la Junta Distrital Ejecutiva 10 te desprende el correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2021, dirigido a los vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 03, 05, 06,

08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 y 23, mediante el cual

el C. José Meza Gerón, en su momento, titular de la Vocalía del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió el listado de las personas traductoras especificando que: “el servicio está contratado por hora, por lo que es importante que se tomen nota del tiempo efectivo de la prestación de los servicios”, instrucción de la cual se deriva que el pago se debería realizar por horas del servicio de traducción que reportan las referidas juntas distritales ejecutivas.------------- Asimismo, del mencionado informe que rinde la Junta Distrital Ejecutiva 10 referido en el párrafo anterior, se advierte el correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2021, mediante el cual, el Técnico en Sistemas C. Manuel Colín Hernández, solicitó por instrucciones del C. Meza Gerón, que los formatos del pago en efectivo a intérpretes y traductores se tenían que recabar en 2 tantos y entregados el primero de diciembre de 2021 en la “Vocalía del RFE 1er piso de la Junta Local Ejecutiva en la entidad”.

Derivado de lo anterior se gestionó con la Coordinación Administrativa para que proporcionara la póliza del gasto realizado por concepto de pago a traductores con motivo de la celebración de los mencionados foros informativos, para la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de Distritación Electoral, en la pasada Distritación Electoral federal 2021-2023, derivado de lo cual, fue proporcionado el oficio INE/JLE-CM/7736/2021 firmado por el Ing. José Meza Gerón, en su momento Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, que incluyen los recibos comprobantes de traductores, oficio y documentales que en el presente acto, son puestos a la vista y revisión del C. Manuel Colín Hernández, de los cuales se desprenden los siguientes montos:

En contraste con los informes que rindieron las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 05, 06, 09, 10, 12, 15, y 16, se observa que el pago del servicio de traductores durante los foros informativos en la Ciudad de México no coincide con la comprobación de los recursos   que   se   reportaron   mediante   oficio

INE/JLE-CM/7736/2021 firmado por el Ing. José Meza Gerón, en su momento Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México.-------------------------------- Asimismo, los recibos de comprobación de gastos inherentes a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia de distritación electoral, anexos a la comprobación de recursos para traductores realizado en la Junta Local Ejecutiva, fueron firmados por el Ing. José Meza Gerón, Vocal del Registro Federal de Electores como Responsable de control, supervisión de la comprobación del gasto, Manuel Colín Hernández como responsable del envío de a comprobación del gasto y Maricruz Calderón Castillo, como personal del INE que cotejó la documentación.

De la misma manera las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 05, 09, 10, 15, y 16 en la Ciudad de México, en los informes que rinden, anexan copia de la comprobación de los gastos inherentes a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de discriminación electoral, mismas que no coincide con la comprobación que se realizó con la Junta Local ejecutiva. Es cuanto.”

En uso de la palabra, el ciudadano Manuel Colín Hernández, Técnico en Sistemas adscrito a la Junta Local Ejecutiva en esta entidad, en relación con lo señalado por el licenciado Marco Antonio Cruz Izalde manifiesta: “Con relación a los documentos que me fueron presentados sobre la auditoría de la comprobación de los recursos ejercidos en 2021 sobre la discriminación, en donde se manifiesta la existencia de mi firma como “Responsable del envío de la comprobación del gasto”, tal y como lo indica el formato “Comprobación de gastos inherentes a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas en materia de discriminación electoral”, cabe mencionar lo siguiente: las funciones como “Responsable de control, supervisión de la comprobación de gasto” y como se especifica y se lee en el documento fueron llevadas a cabo por el Ing. José Meza Gerón, Vocal del Registro Federal de Electores así mismo leo que es quien firma como responsable del control y la supervisión de la comprobación del gasto; así mismo se firma en el documento que la función de “Personal del INE que cotejó la documentación”, fue llevada a cabo con la firma de Maricruz Calderón Castillo, Técnica Especialista en Distritación quién fue la responsable del cotejo de los documentos entregados, haciéndose énfasis que son los actores fundamentales del escrito en comento; por lo tanto, si bien aparece mi firma en el documento solamente fue como “Responsable del envío de la comprobación del gasto” tal y como lo expresa el documento mencionado, por ende me reservo el derecho a declarar en tanto se motive y fundamente los actos reclamados.

Hago énfasis de que no existe una responsabilidad directa sobre mí en el contenido del mismo, en todo y cada uno de sus hechos, ya que solamente cumplí con la función ordenada por mi superior.

Como nota aclaratoria es importante mencionar que, si bien existe un correo donde solicitó por instrucciones de mi superior que se envíe la documentación a la Vocalía del Registro Federal de Electores, no existe declaración alguna en donde se señale que  esa  documentación  fue  entregada  a  mi  persona,

demostrando en los mismos que fueron recibidos por Maricruz tal y como se establece en el sello y firma de recepción.

Quedando a sus ordenes para lo conducente. Es cuanto.”--------

[…]

[…]

Leída la presente acta que consta de cinco fojas, y no habiendo más que hacer constar se cierra siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron, para debida constancia.----------------------------------- (sic)

Cabe señalar que el Acta 130 se encuentra firmada por la parte actora.

Asimismo, el INE adjuntó a la contestación de demanda una copia certificada del Oficio 12764, de 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro), firmado por las personas titulares de la Vocalía Ejecutiva y Vocalía Secretarial de la Junta Local, en que informan a la parte actora:

El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la rama administrativa reglamenta las disposiciones que señalan los artículos 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 201, 202, 203, 204, 205 y 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; estableciendo los derechos, obligaciones y prohibiciones del personal del Instituto.

Es el caso que mediante oficio número INE/JLE-CM/12689/2024 de fecha 17de diciembre de 2024, la Vocalía del Registro federal de Electores remitió el [Acta 130], en la que se ha dejado constancia de diversos actos y hechos que se le atribuyen.

En dicha acta se refiere que mediante oficio INE/COC/DCE/0095/2024, de fecha 30 de enero de 2024, derivado del oficio INE/OIC/023/2024 de fecha 25 de enero de 2024, el OIC dio a conocer el proyecto de la “Cédula de Resultados y Observaciones” de la Auditoría DAOD/02/ES/2023, denominada “Fiscalización a los trabajos de Distritación Nacional 2021-2023, Fase II”, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Dirección Ejecutiva de Administración, así como las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; en qué se solicitó presentar la información pertinente para aclarar las observaciones emitidas.

Debido a lo anterior, el actual comisionado en la Vocalía del Registro Federal de Electores de esta Junta Local realizó una revisión de los antecedentes y documentación relativa a los trabajos de Distritación Nacional 2021-2023, Fase II, Encontrando los hallazgos que se mencionan en el Informe que sustenta las razones por las cuales se pagaron 78 horas para el servicio de traductores durante las reuniones informativas en la Ciudad de México, en el ejercicio fiscal 2021.

En dicho informe se identificó que las juntas distritales 02, 05, 06, 09, 10, 12, 15 y 16 de esta entidad pagaron el servicio de traductores exhibiendo los recibos firmados por los beneficiarios amparando una cantidad distinta a la que el entonces Vocal de Registro Federal de Electores de esta Junta Local ejecutiva entregó como comprobación del ejercicio del gasto, manifestando cantidades mayores a las que las juntas distritales mencionadas pagaron.

En los recibos que se ha adjuntaron a la comprobación del gasto aparece de manera clara e indubitable el nombre de Manuel Colín Hernández con el carácter de “Responsable del envío de la comprobación del gasto”.

Del cotejo realizado contra los recibos que presentaron las juntas distritales 02, 05, 06, 09, 10, 12, 15 y 16 de esta entidad se advierte en cantidades menores a las contenidas en los recibos que usted ha reconocido haber firmado, como consta en el [Acta 130] cuando manifestó que: “… si bien aparece mi firma en el documento solamente fue como ‘Responsable del envío de la comprobación del gasto’, tal y como lo expresa en el documento mencionado…”.

Entonces, su participación como responsable del envío de la comprobación del gasto hace evidente que formó parte de la modificación a los documentos aportados por las personas traductoras con motivo de los servicios que prestaron, alterando los importes originales y, en algunos casos, sustituyendo la firma de los beneficiarios de los pagos por una firma distinta a la que aparece en las credenciales para votar de las personas traductoras (vale decir que las firmas que obran en los recibos aportados por las juntas distritales son aparentemente coincidentes con las de las credenciales para votar, pero las que fueron firmadas por usted no son coincidentes); por lo que, consideramos que usted ha incurrido en el incumplimiento de las siguientes obligaciones:

A.     Desempeñar sus funciones con apego a los criterios de eficacia y eficiencia.

B.     Desempeñar sus labores con diligencia, cuidado y esmero apropiados.

C.     Cuidar la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad.

D.     Observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la ley electoral, el Estatuto, reglamentos, acuerdos y lineamientos emitidos por los órganos competentes del Instituto sobre los trabajos de Distritación Nacional 2021-2023.

Además, ha incurrido en la prohibición de alterar, destruir, ocultar o falsificar documentos, comprobantes y controles del Instituto. Así, con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracciones IX, X y XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;206, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 167, fracción VIII, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, hacemos de su conocimiento la pérdida de confianza en el desarrollo de las actividades que realiza en favor del Instituto, por lo que le notificamos que a partir del día 20 de diciembre de 2024 su relación laboral con el Instituto ha terminado.

(sic)

En la cédula de notificación del Oficio 12764 -que está en el expediente en copia certificada- se hizo constar que “El C Manuel Colin Hernández no quiso firmar la presente cédula; sin embargo, se hace constar que sí recibió los documentos materia del presente instrumento. De igual manera se hace constar que el destinatario sí se identificó”.

Agravios de la parte actora La parte actora solicita la revocación del Oficio 12764, al estimar que le causa los siguientes agravios:

[1]     Vulnera los principios de seguridad y certeza jurídica, fundamentación y motivación, y el debido proceso porque no se debió dar por terminada la relación de trabajo sin fundar ni motivar, puesto que el INE lo hizo a través de elementos de apreciación subjetiva y basados en hechos no comprobados. Ello, ya que en el Acta 130 la parte actora manifestó que firmó diversos recibos -por conceptos de servicio de traducción- únicamente como responsable del envío de la comprobación del gasto, por lo que su intervención en ese acto consistió únicamente en mandar a trámite administrativo, pero no ordenó el gasto ni lo autorizó y -menos- lo revisó, al no ser su función específica. Además, del 17 (diecisiete) al 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) sufrió de acoso y hostigamiento laboral para renunciar a su cargo por -considera- una inexistente pérdida de confianza, que no se acreditó, ya que no se explica, motiva ni acredita que haya existido las irregularidades que se atribuyen a la parte actora ni -por tanto- que haya participado en estas.

En ese sentido, la parte actora reitera que en el Oficio 12764 solo se enuncian las irregularidades, pero no se acreditan; y si bien se invoca el artículo 167-VIII del Estatuto, ese

precepto no es aplicable porque -en el caso- no se acredita la irregularidad atribuida a la parte actora.

[2]     No señala la facultad con la que la autoridad actuó para separar a la parte actora de su cargo, pues no se citan los fundamentos constitucionales y legales que facultan a la autoridad y le otorgan competencia para la emisión del acto.

[3]     Vulnera los derechos de legalidad y seguridad jurídica, ya que deriva de un acto viciado de origen, como es el Acta

130 en la que -a dicho de la parte actora- durante su formulación se vulneraron las formalidades esenciales del procedimiento, al redactarse sin una previa notificación de la realización, no se le presentaron los elementos fundantes de las irregularidades que se le imputaron, no se le hizo de conocimiento el derecho de no declarar en su contra ni declararse como culpable y defenderse personalmente o ser asistido por una persona defensora; además, no se hicieron de su conocimiento las irregularidades que se le reprochan, ni se le proporcionaron los documentos para conocer con certeza las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Asimismo, en la notificación del Oficio 12764 tampoco se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que -dice- no se notificó de forma legal a la parte actora ni se hicieron de su conocimiento las circunstancias de modo tiempo y lugar en que supuestamente sucedieron los hechos que le reprochan; además de que no se dejó citatorio previo ni la autoridad cercioró de si el motivo que dio inicio al acto de autoridad estaba real y legalmente acreditado.

Además, si en el Acta 130 dice que la autoridad tuvo conocimiento de tales hechos en enero de ese año, se vulnera lo previsto en el artículo 310.1 del Estatuto, ya que únicamente contaba con 6 (seis) meses para iniciar la investigación correspondiente.

Razones dadas por el INE En la contestación, el demandado señala que la terminación de la relación laboral se debió al incumplimiento a las funciones, obligaciones y actividades que tenía asignadas la parte actora, conforme a lo indicado en el Acta 130 y en el Oficio 12764, lo que se hizo de conocimiento de la parte actora al estar presente en ambos actos, indicando que se negó a recibir el oficio mencionado, lo que se acredita con la cédula de notificación de 20 (veinte) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro).

En ese sentido, el demandado expone en su contestación que la parte actora debía enfocar su defensa en ofrecer medios de convicción para desvirtuar las conductas imputadas y que culminaron en la separación de su cargo, pero se limitó a señalar que el incumplimiento de las actividades era falso.

Ello, considerando que los artículos 2 y 167-VIII del Estatuto prevén como causal de terminación de la relación laboral la pérdida de confianza, para lo que basta la notificación mediante oficio en que se indique la causa correspondiente, sin necesidad de realizar un acta circunstanciada, lo que en el caso ocurrió.

El demandado insiste en que en el Oficio 12764 se hicieron de conocimiento de la parte actora las faltas en que incurrió, motivando con ello que se diera por terminada la relación laboral por pérdida de confianza, conforme al artículo 167 fracciones VIII y XI del Estatuto; de ahí que -considera- resulte falso el despido injustificado.

El INE refiere que las faltas consistieron en el incumplimiento de:

[i] desempeñar sus funciones con apego a los criterios de eficacia y eficiencia, [ii] desempeñar sus labores con diligencia, cuidado

y esmero apropiados, [iii] cuidar la documentación e información bajo su responsabilidad y [iv] observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa del INE sobre los trabajos de distritación nacional 2021-2023 (dos mil veintiuno - dos mil veintitrés). Esto porque la parte actora no tuvo el debido cuidado de revisar si la información coincidía con los pagos de servicio de traducción del ejercicio fiscal 2021 (dos mil veintiuno) que envió y en los que consta su firma autógrafa.

En ese sentido -dice el demandado- las conductas atribuidas a la parte actora en el Acta 130 y en el Oficio 12764 están basadas en hechos concretos y plenamente verificables.

Marco normativo sobre la terminación de la relación laboral por

pérdida de la confianza13 Al resolver los juicios SCM-JLI-83/2022 y SCM-JLI-8/2023, entre otros, esta Sala Regional retomó que la Sala Superior ha distinguido entre el procedimiento laboral disciplinario y la facultad de terminación o rescisión de la relación de trabajo prevista en el Estatuto14, destacando que esta última opera cuando se actualice, entre otras hipótesis, la pérdida de la confianza de las personas servidoras públicas en el desarrollo de las funciones que realizan a favor del INE, sin condicionar su procedencia a la previa tramitación de un procedimiento laboral disciplinario.

13 Este marco normativo fue señalado en la sentencia del Juicio Laboral SCM-JLI-50/2024.

14 Al resolver los juicios SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-24/2020 y SUP-JLI-22/2022.

Al respecto, en el juicio SUP-JLI-22/2022 la Sala Superior indicó que el artículo 167 del Estatuto contiene el conjunto de normas relativas a la terminación de las relaciones laborales15.

En este sentido, indicó que de la interpretación sistemática y funcional del contenido de las disposiciones jurídicas que regulan las condiciones generales del trabajo del personal administrativo del INE, en el procedimiento de separación, debe atenderse a pautas objetivas que permitan servir de sustento para evidenciar los motivos por los que se determina dar por terminada la relación laboral respectiva.

Es decir, si bien del artículo 167 del Estatuto se advierte que el INE se encuentra facultado para rescindir de manera unilateral las relaciones de trabajo, dicha facultad no lo exime de su obligación de motivar y fundamentar su decisión.

En ese supuesto, de acuerdo con la Sala Superior, el derecho

15 El Estatuto señala:

Artículo 167. La relación laboral del personal de la Rama Administrativa terminará por las causas siguientes:

I.           Renuncia;

II.         Retiro por edad y tiempo de servicio;

III.       Retiro voluntario por programas establecidos en el Instituto;

IV.      Incapacidad física o mental que impida el desempeño de sus funciones, en términos del dictamen que emita el ISSSTE;

V.        Destitución o rescisión de la relación laboral, en los términos de este Estatuto;

VI.      Inhabilitación en el servicio público determinada por autoridad competente;

VII.    Cuando se lleve a cabo una reestructuración o reorganización que implique supresión o modificación de áreas del organismo o de su estructura ocupacional;

VIII.  Por la pérdida de confianza en el desarrollo de las funciones que se realizan a favor del Instituto;

IX.      Recibir sentencia ejecutoria que imponga una pena privativa de la libertad, por la comisión de un delito doloso grave;

X.        Por faltar a sus labores sin causa justificada o sin permiso, más de tres días en un periodo de treinta días;

XI.      Acciones u omisiones que constituyan incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones y prohibiciones establecidas en este Estatuto;

XII.    Como consecuencia de una resolución administrativa;

XIII.  Cuando por tercera vez consecutiva el resultado de su evaluación del desempeño sea menor a siete en una escala de cero a diez, en los términos que señale la normatividad aplicable;

XIV.  Fallecimiento, y

XV.   Las demás que establezca el presente Estatuto.

de audiencia y defensa de dichas personas se respeta en el momento en que en el oficio de notificación de la terminación de la relación de trabajo se les comunican e informan los motivos concretos que determinaron la pérdida de confianza, lo que es suficiente para considerar que se pudo preparar su defensa e impugnar y desvirtuar los motivos particulares de la terminación de la relación laboral en esa instancia.

En esa línea de ideas, la Sala Superior indicó que, el artículo 167 párrafo primero fracción VIII y párrafo segundo del Estatuto otorga la facultad al INE de rescindir la relación de trabajo por la pérdida de confianza sin procedimiento previo; esto es, bastará solo con la notificación mediante oficio en que se indique la causa de la terminación.

En este sentido, la Sala Superior invocó por analogía las razones de la jurisprudencia 2a./J.95/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN

INJUSTIFICADO EL DESPIDO16, conforme a la cual para que una persona trabajadora de confianza esté en condiciones de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, es necesario que conozca la fecha y causa por la cual se le rescindió la relación laboral para lo cual debe dársele el aviso respectivo por escrito, pues la parte patronal está obligada a darlo a las personas trabajadoras en general, sin distinguir si son o no de confianza y si no lo hace, ese solo hecho bastará para considerar injustificado el despido.

16 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007 (dos mil siete), página 1181.

De esta manera, como lo ha sostenido esta Sala Regional en diversos precedentes17, con independencia de que el INE esté facultado para rescindir de manera unilateral algunas relaciones de trabajo, ello no lo exime de su obligación de motivar y fundamentar su decisión, permitiendo una debida defensa de sus personas trabajadoras.

Lo anterior, dado que considerar que existe en favor del INE una facultad de libre remoción de sus personas trabajadoras por el simple hecho de ser “de confianza” equivaldría a aceptar que puede despedirles en el momento que lo disponga sin razón alguna, lo que trastocaría los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso que su propia ley le impone observar18.

Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada VII.2o.A.T.81 L del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito de rubro TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL MOTIVO RAZONABLE DE PÉRDIDA DE LA CONFIANZA, EXIGIDO PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRÓN, DEBE FUNDARSE EN DATOS OBJETIVOS19.

Decisión de esta Sala Regional En el caso, la parte actora no acreditó que la terminación de la relación laboral que le unía con el INE hubiera derivado de un despido injustificado porque -como se explicará- conforme a las constancias del expediente, el INE le hizo saber los motivos y fundamentos de la pérdida de la confianza, y la parte actora no

17 Ver las resoluciones de los Juicios Laborales SCM-JLI-24/2020, SCM-JLI-3/2023, SCM-JLI-7/2023,                            SCM-JLI-34/2023,                            SCM-JLI-6/2024,

SCM-JLI-50/2024 y SCM-JLI-72/2024, entre otros.

18 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JLI-11/2020.

19 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007 (dos mil siete), página 1822.

desvirtúa los motivos que le dio el INE al respecto; además de que sí están señaladas las facultades para emitir el Oficio 12764.

En primer lugar, es necesario reiterar que -en términos de los precedentes de la Sala Superior- ha sido criterio de esta Sala Regional que para la terminación o rescisión de la relación de trabajo no es necesaria la instrucción de un procedimiento laboral disciplinario o sancionador previsto en el Estatuto.

En ese sentido, es ineficaz para este Juicio Laboral la manifestación de la parte actora respecto a que se vulnera lo previsto en el artículo 310.1 del Estatuto porque en el Acta 130 la autoridad señaló que tuvo conocimiento de los hechos respectivos en enero de 2024 (dos mil veinticuatro), lo que implicaba que había excedido los 6 (seis) meses para iniciar la investigación correspondiente.

Lo anterior porque el artículo 310.1 del Estatuto20 se refiere a la caducidad para iniciar el procedimiento laboral sancionador, lo que para la terminación de la relación laboral -como es este caso- no es necesario, de acuerdo al marco normativo indicado previamente en esta sentencia.

Ahora, el demandado señaló que la terminación de la relación laboral se debió al incumplimiento a las funciones, obligaciones y actividades que la parte actora tenía asignadas, lo que se hizo constar en el Acta 130 y en el Oficio 12764.

Al respecto, la parte actora menciona (en el hecho 7 de la demanda) que el 17 (diecisiete) de diciembre de 2024 (dos mil

20 “Artículo 310. La facultad para determinar el inicio del procedimiento laboral sancionador caducará en seis meses contados a partir del momento en que la autoridad instructora tenga conocimiento formal de la conducta infractora.

[…]”.

veinticuatro) se levantó el Acta 130 y que el 20 (veinte) siguiente solo se le permitió tomar fotografías del Oficio 12764 “sin que legalmente me fuera notificado el oficio de Terminación de la Relación Laboral por Pérdida de Confianza; situación por la cual puedo únicamente ofrecer como documento base de mi acción, una impresión de la fotografía que me permitió tomarle al mismo, dejándome en completo estado de indefensión careciendo de certeza jurídica acerca de que documento efectivamente es con el que las demandas injustificadamente dieron por terminada mi relación laboral”.

En ese contexto, el INE cumplió los parámetros mínimos para determinar el despido por pérdida de la confianza de manera justificada porque en el expediente está el Acta 130 firmada por la parte actora, que fue ofrecida por las partes; además, fue ofrecida y aportada por la parte actora una fotografía del Oficio 1276421.