JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-4/2023

PARTE ACTORA: ELIMINADO. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIO: OMAR ENRIQUE ALBERTO HINOJOSA OCHOA

Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil veintitrés.

El Pleno de esta Sala Regional, en sesión privada de esta fecha, reconoce la relación laboral entre las partes y ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones mientras que le absuelve de otras.

GLOSARIO

Índice

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

II. Juicio laboral.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

TERCERA. Contestación de demanda.

CUARTA. Procedencia.

QUINTA. Pretensión del actor.

SEXTA. Estudio de fondo.

1. Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes y su fecha de inicio

2. Prestaciones reclamadas

● Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE

Prestaciones previstas en el Manual

● Pago del incentivo por años de servicios

● “Despensa oficial”, “Apoyo para despensa” y “Ayuda para alimentos”.

● “Día de reyes” y “Día de la niñez”

● Vales de fin de año

● Prima quinquenal

Demás prestaciones

SÉPTIMA. Efectos de la sentencia

RESUELVE

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

1. Inicio. La parte actora afirma que el inicio de su relación con el Instituto demandado data del uno de noviembre de mil novecientos noventa y dos, tiempo en el que refiere haber desempeñado diversos cargos, entre ellos, el de “Auxiliar de atención ciudadana, responsable del módulo del Distrito Electoral XV”.

Asimismo, indica que el INE le otorgó una plaza presupuestal hasta el 16 (dieciséis) de febrero del 2000 (dos mil) y que actualmente se desempeña como Técnico de Actualización al Padrón, adscrito en la Junta Local.

2. Falta de reconocimiento del tiempo trabajado. La parte promovente señala que el 14 (catorce) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), solicitó una constancia de trabajo, sin embargo, indica que el coordinador administrativo de la Junta Local le señaló que del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil), no se le reconocía una relación laboral.

Lo anterior, en concepto del actor, implica una “simulación” por parte del ahora demandado con el objeto de desconocer la naturaleza de la relación jurídica y la antigüedad generada por ese periodo hasta que se le otorgó la plaza presupuestal el 16 (dieciséis) de febrero del 2000 (dos mil).

II. Juicio laboral.

1. Demanda. Inconforme con la falta de reconocimiento de su relación laboral por parte del INE, el trece de enero del año en curso, la parte promovente presentó su demanda para reclamar el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones, a saber:

“a) Se reclama el reconocimiento de la relación laboral entre el suscrito actor y el Instituto Nacional Electoral, desde la fecha de mi ingreso 01 de noviembre de 1992 y hasta la fecha en la que se me otorgó la plaza presupuestal o de personal de la rama administrativa que fue el 16 de febrero del año 2000, en el entendido que en la fecha antes indicada de ingreso, se me hizo firmar un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales, mismo que fue renovándose en varias ocasiones, teniendo una categoría y desempeñando en un inicio labores de Auxiliar de Atención Ciudadana y Responsable de Módulo y que posteriormente se me asigno el puesto de Técnico de Actualización al Padrón en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, funciones que desde luego no tienen el carácter ni de eventuales ni de una prestación de servicios profesionales ya que fueron inherentes a la Junta Local Ejecutiva, en donde desempeño mi trabajo que tiene que ver con Apoyar en la realización de la conciliación de cifras de los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad con el centro de cómputo y resguardo documental (CECYRD), para su integración y posterior envío a Oficinas Centrales, generar los archivos correspondientes del sistema de digitalización, para su integración y envío al CECYRD. Coadyuvar en la integración de avances respecto a la operación de Módulos de Atención Ciudadana en la entidad, para la generación de los reportes correspondientes, apoyar en la captura del formato único de actualización y recibo e informar sobre las inconsistencias detectadas, para su atención, participar en la impartición de cursos de capacitación respecto a procedimientos operativos, con la finalidad de que el personal operativo conozca dichos procedimientos apoyar en la recepción de documentación electoral generada en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad, para su envío al CECRYD, apoyar en la detección de rechazos de mesa de control, a efecto de mantener actualizado el padrón electoral entre otras actividades. Donde se me asignó las funciones como Técnico de Actualización al padrón del periodo 01 de noviembre de 1992 al 15 de febrero de 2000, se me asignaron mediante una figura o simulación jurídica de honorarios, o supuesta prestación de servicios profesionales pero que, como he narrado, siempre he estado subordinado y desempeñando un trabajo directamente para el Instituto, razón por la que se demanda el reconocimiento de la relación laboral entre el suscrito y el Instituto al darse el elemento distintivo de una relación laboral como lo es la SUBORDINACIÓN, que no es otra cosa que la disposición a la que se encuentra la persona para con su empleador, no importando la forma en la que se sabe se contrata al personal y que por cuestiones presupuestales se sabe que es más sencillo hacerlo por supuestos honorarios o prestación de servicios que en una plaza de la rama administrativa, reconocimiento que se demanda de la fecha de ingreso 01 de noviembre de 1992, hasta el 15 de febrero de 2000 y con efectos de que se me siga reconociendo mientras dure mi relación laboral con el mismo Instituto.

(…)

b) De igual forma se reclama el pago de las aportaciones que se deban realizar al ISSSTE durante el tiempo que no se hayan hecho, ya que el hoy demandante he tenido una relación laboral ininterrumpida con el Instituto desde el día 01 de noviembre de 1992, en el entendido que la parte patronal deberá acreditar haber cubierto las cuotas antes señaladas.

c).- Se demanda el pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las prestaciones que dejé de percibir, que me corresponden como trabajador y que se encuentran establecidas en el Titulo Sexto, Sección primera del Manual de normas administrativas en materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral aprobado mediante Acuerdo INE/JGE13/2021, tales como "'Despensa oficial", "Apoyo para despensa", Ayuda para Alimentos", "Día de Reyes", "Día del niño", "Vales de Fin de Año", "Prima Quinquenal", y demás prestaciones que deje de percibir durante el tiempo que he laborado para el INE y muy en especial se reclaman las que corresponden a un año anterior a la presentación de la demanda. Mismas que deberán ser cuantificadas en incidente de liquidación y que no se puede alegar para tal efecto oscuridad si tomamos en consideración que estoy demandando y precisando qué prestaciones son y la razón por la que me corresponden.

(…)

d) Se demanda en forma especial de conformidad con el MANUAL ANTES REFERIDO, el INCENTIVO POR AÑOS DE SERVICIO (…)”

2. Turno. Por acuerdo del trece de enero de esta anualidad, se integró el expediente SCM-JLI-4/2023, que fue turnado a la Ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos previstos en el Libro Quinto de la Ley de Medios y capítulo II del Título Sexto del Reglamento.

3. Recepción en ponencia, admisión y emplazamiento. Mediante proveído del dieciséis de enero del año en curso, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente del juicio al rubro indicado en la ponencia a su cargo, admitió la demanda y ordenó emplazar a juicio al Instituto demandado.

4. Contestación, vista y citación para Audiencia de ley. El treinta y uno de enero del año en curso, el INE contestó la demanda enderezada en su contra y, mediante proveído del dos de febrero de este año, se ordenó dar vista a la parte actora con el escrito respectivo a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera. Asimismo, mediante el señalado proveído y el diverso dictado el diecisiete de febrero siguiente, se citó a las partes para la Audiencia de ley bajo la modalidad de videoconferencia.

5. Audiencia. El veintisiete de febrero del año en curso, tuvo lugar la Audiencia de ley, en la que se siguieron todas sus etapas con la comparecencia −bajo la modalidad de videoconferencia− de la parte actora y demandada por conducto de su apoderado y apoderada, respectivamente.

Una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes de ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el INE y el actor, quien lo promovió para reclamar principalmente la falta de reconocimiento de su relación laboral desde el primero de noviembre de mil novecientos noventa y dos al quince de febrero del dos mil, así como para reclamar el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación que afirma haber mantenido con el Instituto demandado en diversos órganos en la Ciudad de México.

Hipótesis normativa competencia de esta autoridad jurisdiccional y entidad que se ubica dentro de la circunscripción donde ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III, inciso e), y 176, fracción XII.

Ley de Medios. Artículos 3, párrafo 1 inciso e); y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, que estableció el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus personas servidoras. Así, cuando -como en el caso- una persona afirma ser o haber sido trabajadora del INE y plantea una vulneración a sus derechos en un Juicio Laboral, este tribunal debe conocer el asunto y emitir la sentencia que en derecho corresponda.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

Se precisa que en los juicios que tienen por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el INE y sus personas servidoras, además de la Ley de Medios, el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, el Estatuto, así como la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a) La Ley Federal de (las y) los Trabajadores al Servicio del Estado.

b) La Ley Federal del Trabajo.

c) El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d) Las leyes del orden común.

e) Los principios generales de derecho.

f) La equidad.

Lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Medios, en donde se establece la supletoriedad de los ordenamientos jurídicos listados, en el entendido de que ello acontece siempre que no se contravenga al régimen laboral de las y los servidores del INE previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales y el Estatuto.

TERCERA. Contestación de demanda.

El Instituto demandado hizo valer las siguientes excepciones al dar contestación al escrito de demanda.

A.   Excepciones respecto a la naturaleza de la relación de la parte promovente con el Instituto demandado.

                    Improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte actora para reclamar el reconocimiento de la relación laboral con el instituto por el periodo comprendido del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil), puesto que la relación que los unió fue de índole civil, por periodos diversos a los señalados por el actor, por lo que la autoridad competente para conocer del juicio sería un Tribunal Federal en Materia Civil de la Ciudad de México.

                    Improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte actora para demandar el pago de prestaciones de índole laboral, como son: antigüedad laboral, inscripción retroactiva, pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda de alimentos, día de reyes, día del niño, vales de fin de año, prima quinquenal, e incentivo por años de servicio y demás prestaciones, porque durante el periodo reclamado prestó sus servicios para el INE mediante la suscripción de contratos de naturaleza civil.

                    Falsedad, derivado de que, a decir del INE, la parte promovente apoya sus prestaciones en hechos y argumentos falsos, al pretender que se reconozca el periodo reclamado como una relación de índole laboral.

                    Plus petitio[3], por pretender el pago de prestaciones de carácter laboral a las que no tiene derecho, en razón de que la relación contractual celebrada es de naturaleza civil.

                    Mala fe, al señalar que la relación reclamada supuestamente fue continua del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil), cuando fue por un periodo diverso, con interrupciones y de carácter civil.

B.   Excepciones en relación con prestaciones accesorias a la de reconocimiento de la relación laboral.

                    Prescripción de las prestaciones consistentes en despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alimentos, día de reyes, días del niño, vales de fin de año, prima quinquenal, e incentivo por años de servicio y demás prestaciones, que no fueron reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente se generó el derecho a percibirlas, para lo cual el INE aduce que si la demanda se presentó el trece de enero de dos mil veintitrés, estarían prescritas aquellas que fueron exigibles con anterioridad al trece de enero de dos mil veintidós.

                    La de pago, al estimar que a partir del 16 (dieciséis) de febrero del 2000 (dos mil), fecha en la que a decir del INE comenzó a laborar el demandado en el cargo de Coordinador de U. de Servicios especializados, se le han pagado las prestaciones de despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alimentos que la parte promovente reclama.

                    Mala fe, al considerar que la parte actora pretende que se le paguen prestaciones que ya se le han entregado por parte del INE.

                    Improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte actora para reclamar el pago de las prestaciones relativas al día del reyes y día del niño, en razón de que no demostró tener hijos o hijas menores de doce años, requisito necesario para alcanzar dichas prestaciones.

                    Condición y plazo no cumplido con relación al reclamo del incentivo por veinticinco y treinta años de servicio, en razón de estar acreditado que la parte actora prestó sus servicios bajo el régimen de carácter civil por diversos periodos y que solamente cuenta con veintidós años ininterrumpidos de servicio.

                    Obscuridad y defecto de la demanda, puesto que la parte promovente no precisa a que prestaciones hace referencia cuando reclama “las demás prestaciones que deje de percibir durante el tiempo que he laborado para el INE”.

                    Las demás que se desprendan de la contestación, que sirvan para acreditar las excepciones y defensas opuestas por el INE.

Consideraciones de esta Sala Regional.

Al respecto, esta Sala Regional considera que el análisis de las excepciones invocadas por la parte demandada es una cuestión que no podría tener lugar de manera previa al estudio de fondo de la presente relación; lo anterior, toda vez que las mismas se encuentran íntimamente relacionadas con el fondo de la controversia, es decir, con la definición sobre la naturaleza jurídica del vínculo que une a las partes.

CUARTA. Procedencia.

Previo al estudio de fondo de la controversia, corresponde a esta Sala Regional verificar que se encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro: “ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”.[4]

Así, del análisis de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada por la parte promovente, así como los requisitos establecidos para tener por prestada la contestación de la demanda por parte del INE, como se explica a continuación:

1. Forma.

En la demanda consta el nombre del actor, el motivo de su inconformidad como fuente de afectación de sus derechos laborales, así como los hechos que sustentan su impugnación, las pruebas que ofreció y su firma autógrafa.

2. Oportunidad.

-         Del escrito de demanda.

La demanda es oportuna pues la parte promovente controvierte una supuesta omisión de reconocer la relación laboral que le une con el INE y reclama el pago de diversas prestaciones derivadas de esa circunstancia.

Al respecto, la Sala Regional ha sostenido el criterio[5] de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los artículos 50, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores(y Personas Trabajadoras)  al Servicio del Estado y 158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral -como sucede en el caso-, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los Plenos de Circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro “SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO.”[6], el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción".

Adicionalmente, al tratarse de una omisión, también resulta procedente la jurisprudencia de la Sala Superior ha señalado 15/2011 de rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATANDOSE DE OMISIONES.”[7] que las omisiones, como acto reclamado, constituyen violaciones de tracto sucesivo, ya que sus efectos se actualizan día a día, debiéndose tener por presentada la demanda, en la especie, en forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad del demandado, es decir, el reconocimiento del inicio de su relación laboral.

-         De la contestación de demanda.

Se surte el requisito de oportunidad, toda vez que el INE produjo su contestación dentro del plazo concedido para ello, esto es, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento a juicio, en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Medios.

En efecto, el emplazamiento a juicio del INE tuvo lugar el diecisiete de enero del dos mil veintitrés. De ahí que el plazo para producir su contestación transcurrió del dieciocho al treinta y uno de enero, sin considerar los sábados ni domingos ─veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero─ por haber sido inhábiles. 

En ese orden de ideas, si la contestación de demanda se presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el treinta y uno de enero del año en curso, es evidente que se cumplió con tal requisito.

3. Legitimación y personería.

En cuanto a la capacidad procesal de las partes, la de la parte actora se encuentra satisfecha, toda vez que acude por derecho propio, a efecto de demandar del INE el pago y cumplimiento de diversas prestaciones.

Al efecto, se destaca que el Instituto demandado, en su escrito de contestación de demanda, reconoció la existencia de un vínculo jurídico con la parte promovente, circunstancia que adicionalmente se robustece con las diversas documentales aportadas por las partes y de las cuales se desprende la legitimación de la parte actora para acudir al presente juicio para controvertir actos u omisiones que considera conculcatorios de sus derechos laborales.

En cuanto al INE, se destaca que compareció por conducto de su apoderada, a quien se le reconoció su calidad mediante acuerdo del dos de febrero del año en curso, así como en el acta de Audiencia de ley celebrada el veintisiete de febrero de este año.

4. Interés jurídico. Se surte este requisito dado que la parte actora es un ciudadano que reclama del Instituto demandado el reconocimiento de sus años de servicio ─del uno de noviembre de mil novecientos noventa y dos al quince de febrero del dos mil ─; el entero retroactivo de las cuotas de seguridad social por dicho período, entre otras prestaciones que, según lo refiere la parte promovente, derivan de la relación laboral existente entre las partes.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

QUINTA. Pretensión del actor.

Esta Sala advierte que el reclamo principal de la parte promovente consiste en que le sea reconocida la naturaleza laboral de la relación jurídica que refiere haber sostenido con el INE desde el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil), siendo que hasta el 16 (dieciséis) de febrero del 2000 (dos mil) se le otorgó una plaza presupuestal como parte del personal de la Rama Administrativa del demandado; asimismo, demanda el pago de diversas prestaciones.

Debe precisarse que el periodo a probar va desde la fecha de inicio indicada hasta el 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil), en el entendido de que no es un hecho controvertido entre las partes que el 16 (dieciséis) de febrero de ese año se otorgó al promovente la plaza presupuestal o del personal de la Rama Administrativa, en la que actualmente labora.

En ese sentido, la parte actora reclama las siguientes prestaciones:

        Reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el INE, desde el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y hasta la fecha en la que se le otorgó la plaza presupuestal o de personal de la rama administrativa, la cual a la fecha sigue vigente.

        El pago de las aportaciones del ISSSTE, que no se hayan realizado durante el tiempo que se actualizó su relación laboral.

        El pago de las prestaciones que dejó de percibir, establecidas en el Titulo Sexto, Sección primera del Manual, tales como "'Despensa oficial", "Apoyo para despensa", Ayuda para Alimentos", "Día de Reyes", "Día del niño", "Vales de Fin de Año", "Prima Quinquenal".

        El pago del incentivo por años de servicio previsto en el Manual.

        El pago de las “las demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo laborado”.

         

SEXTA. Estudio de fondo.

A partir de lo expresado por las partes, esta Sala Regional advierte que la controversia en el presente asunto consiste en determinar las siguientes cuestiones:

1.     Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes y su fecha de inicio.

2.     La antigüedad que debe ser reconocida al promovente y, en su caso, el entero retroactivo de sus cuotas de seguridad social que no se hubiera realizado.

3.     La procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por la parte promovente.

A. Marco probatorio.

Para solucionar la controversia se atenderá al siguiente material probatorio ofrecido por las partes, mismo que fue admitido y desahogado en la correspondiente Audiencia de ley:

De la parte actora:

1. Instrumental pública de actuaciones, consistente en todas y cada una de las constancias procesales que integran el expediente.

2. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que favorezca los intereses de la parte actora.

3. Documentales exhibidas en la demanda, relativas a:

3.1. Recibos y talones de cheques que fueron acompañados en la demanda.

3.2. Cuatro reconocimientos y dos constancias otorgadas al actor, adjuntadas en el escrito de demanda.

3.3. Copia simple de su expediente único del Sistema Nacional de Afiliaciones y Vigencia de Derechos (SINAVID) del ISSSTE, impreso el diez de enero del año en curso y adjuntado en el escrito de demanda.

3.4. Original del acuse del escrito presentado el once de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de la Junta Local, por el que la parte actora solicitó al INE, entre diversas constancias, copia certificada de su expediente personal.

3.5. Expedientes personales del actor, exhibidos por del Instituto demandado en copia certificada.

Del Instituto demandado:

1. Documentales, exhibidas en el escrito de contestación a la demanda, consistentes en:

1.1. Expediente personal del actor, exhibidos por del Instituto demandado, en copia certificada.

1.2. Copia certificada del reporte del expediente personal de la parte actora, acompañados por el demandado en su contestación

1.3. Lista de pagos por conceptos de vales de fin de año dos mil veintiuno y dos mil veintidós (QNA. 23/2021 y QNA. 23/2022), acompañados por el demandado en su contestación.

1.4. Recibos de nómina “CFDI”, que se adjuntaron en el escrito de contestación a favor del actor.

2. Instrumental pública de actuaciones

3. Presuncional legal y humana.

De modo que, atendiendo además a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, esta Sala Regional advierte que son hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes que:

     Que a partir del 16 (dieciséis) de febrero del 2000 (dos mil), la parte actora ingresó a laborar en el INE en una plaza presupuestal, como personal de la rama administrativa, en la cual ha laborado hasta la fecha de presentación de la demanda y se encuentra subsistente el vínculo jurídico entre las partes;

     Que el cargo que desempeña a la fecha de presentación de la demanda es el de “Técnico de actualización al Padrón”, adscrito a la Junta Local.

Dicho lo anterior, se aclara que el periodo controvertido respecto del cual la parte actora reclama que le sea reconocida la naturaleza laboral de su relación con el Instituto demandado es del uno de noviembre de mil novecientos noventa y dos al quince de febrero del dos mil.

En ese entendido, se procede a estudiar el caso concreto motivo del conflicto, conforme al orden expuesto en el apartado de planteamiento.

B. Caso concreto.

1. Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes y su fecha de inicio

En principio, es preciso señalar que el criterio adoptado por esta Sala Regional, en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral; y, prestaciones inherentes a dicho reconocimiento, se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior[8], para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho fundamental a la seguridad social previsto constitucionalmente[9].

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que, la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior,[10] es que previamente se haya emitido un documento o determinación en la cual se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes, supuesto en el que resultaría aplicable el plazo de un año para controvertir el acto respectivo.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivadas de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les asiste en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Caso concreto.

La parte promovente sostiene la existencia de una relación laboral ininterrumpida con el INE, la cual reputa como iniciada desde el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil), la cual aduce no le es reconocida por el demandado, previo a que ingresó a una plaza presupuestal el 16 (dieciséis) de febrero del 2000 (dos mil); y, que continúa hasta la fecha.

Por su parte, el INE niega que el vínculo jurídico existente con la parte actora que se reclama del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil) sea de naturaleza laboral y que su comienzo se pueda reputar en la fecha indicada por aquel, para lo cual argumenta que se trató de una relación de naturaleza civil, derivada de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales, la cual se dio en diversos periodos de manera interrumpida.

Al efecto el demandado sostiene que los periodos en que existió una relación jurídica de naturaleza civil fueron del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos); del 1 (uno) de enero de 1993 (mil novecientos noventa y tres) al 15 (quince) de junio de 1993 (mil novecientos noventa y tres); del 1 (uno) de enero de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro) al 31 (treinta y uno) de agosto de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro); del 1 (uno) de enero de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1998 (mil novecientos noventa y ocho); del 1 (uno) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve); y del 1 (uno) de enero del 2000 (dos mil) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil).

Dada la contradicción de afirmaciones, se destaca que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral, así como los períodos de interrupción, preeminentemente corresponde a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.[11]

En ese sentido, para estar en condiciones de esclarecer qué tipo de relación unió a las partes en dicho período, se deben analizar las características propias de una relación laboral, para luego, determinar si, a partir de las pruebas aportadas por las partes ─teniendo en consideración que la principal carga probatoria le corresponde al INE─ podrían encontrarse elementos propios de una relación laboral o de otro tipo.

Ello, porque la naturaleza laboral de la relación no depende de la denominación que las partes atribuyan a los contratos en los que se finca su acuerdo de voluntades, como se explica.

● Características de una relación laboral

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto relación de trabajo y contrato individual de trabajo, establece las siguientes definiciones:

“Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario”

Así, la ley establece que una relación de trabajo es aquella que surge -cualquiera que sea el acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

Con base en dicha definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

a.     La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio de quien le emplea.

b.    La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando ostentado por la parte patronal, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el o la trabajadora.

c.     El pago de un salario, en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación[12] ha sostenido que la subordinación es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios, siendo importante también atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una o un servidor público y el INE se tendrá por demostrada, en tanto se acredite que existe un vínculo de subordinación.

Es importante destacar el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 20/2005, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.[13]

En dicha jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que aun cuando la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un “contrato de prestación de servicios profesionales”, no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que, si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores y personas trabajadoras, éste debe tenerse por acreditado[14].

Así, en el caso concreto se tiene que la parte promovente, para demostrar la temporalidad de su relación con el INE y que la misma fue de tipo laboral desde el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil) y desde ese entonces hasta la fecha de presentación de la demanda, aportó diversas documentales que datan del año de mil novecientos noventa y dos.

Por su parte, el INE aportó diversos contratos para acreditar que el vínculo jurídico entre las partes fue de naturaleza civil, el cual refiere fue de manera interrumpida, puesto que existieron periodos en que no tuvo ningún vínculo con la parte actora, a saber, los comprendidos del 16 (dieciséis) de junio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), y del 1 (uno) de septiembre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1997 (mil novecientos noventa y siete); por tanto, aduce que no podría tenerse por computada la temporalidad de la relación jurídica del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 15 (quince) de febrero del 2000 (dos mil) como lo pretende el actor.

Expuesto lo anterior, se analizará si a partir de la valoración de la documentación de referencia se podrían tener por satisfechos los elementos para afirmar que el vínculo existente entre las partes inició desde el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y, en su caso, si el mismo puede reputarse de naturaleza laboral; en el entendido que, como se señaló, no existe controversia que a partir del dieciséis de febrero del dos mil a la fecha la parte actora se encuentra laborando en una plaza presupuestal en la Junta Local.

        Inicio de la relación

La parte promovente refiere que ingresó a laborar para el demandado el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos). Al efecto señala que, desde entonces, desempeñó diversos cargos de manera ininterrumpida.

Por su parte, al contestar la demanda, el INE manifestó que la relación no fue continua, pues a su decir con la suscripción de cada nuevo contrato se inició una nueva relación jurídica de naturaleza civil entre las partes, además de que hubo períodos de interrupción.

Así, con independencia de que las manifestaciones de las partes sean distintas respecto a la continuidad de la relación jurídica y los periodos en que ésta se desarrolló (lo que será analizado más adelante); lo cierto es que, atendiendo a lo argumentado y al contenido de las copias de los contratos celebrados entre la parte promovente y el INE que fueron adjuntados a su escrito de contestación de demanda y con las documentales exhibidas por la parte actora, relativas a los talones de cheque y recibos de nómina, esta Sala Regional estima que, existen elementos suficientes para reconocer la existencia de una relación laboral entre la parte actora y el INE y que inició a partir del 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos).

Tales documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1 y 16, numeral 3 de la Ley de Medios, si bien por su naturaleza tienen un valor indiciario, lo cierto es que, al no estar controvertidas en cuanto a su autenticidad y contenido por alguna de las partes, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, genera convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original. 

En primer lugar, es de resaltar que el actor, exhibió talones de cheque y recibos de pago, expedidos por el entonces IFE, de los que se aprecia un vínculo jurídico con el Instituto demandado desde mil novecientos noventa y dos, a saber:

De igual forma, es de destacar que la parte actora exhibió reconocimientos y constancias por participar en actividades, mismos que cuentan con las siguientes características:

        En el “programa nueva credencial para votar con fotografía, en su etapa regional”, que se llevó a cabo de noviembre de mil novecientos noventa y dos a agosto de mil novecientos noventa y tres, expedido en agosto de mil novecientos noventa y tres, firmado por el entonces director ejecutivo del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras) del IFE.

        Por su “esfuerzo, profesionalismo y dedicación en el desarrollo del programa Credencial para Votar con Fotografía que permitió realizar un trabajo de calidad, encaminado a mejorar la cultura democrática del país”, firmado por personas con cargos de coordinador general técnico, coordinador técnico estatal y coordinadora estatal de seguimiento y actualización, todos del IFE. De fecha noviembre mil novecientos noventa y dos a agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

        Por “su comprometida participación en las labores del Proceso Electoral Federal 1999 – 2000”, de fecha julio del dos mil, firmado por los entonces vocal ejecutivo, vocal secretario, vocal de organización electoral, vocal de capacitación y educación cívica y por vocal del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras) del IFE.

        Curso de “DESARROLLO INTEGRAL DE EQUIPOS LABORALES”, impartido en la Junta Local del dieciocho al veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, expedido en mayo de mil novecientos noventa y ocho, firmado por personas que ostentaban los cargos de vocal secretario, coordinador administrativo, ambos de la Junta Local; y por el jefe de oficina de capacitación y servicios educativos del ISSSTE.

        Curso de "Introducción a la Computadora y al Sistema Operativo MS-DOS", en el periodo comprendido del veintiuno al veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, expedido el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco y firmado por entonces coordinador de administración y por el director de recursos humanos del IFE.

        Curso “Word ´97 básico”, efectuado del veinticuatro de noviembre al cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, emitido el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; firmado por el entonces vocal secretario, y coordinador administrativo, de la Junta Local.

Por su parte el instituto demandado exhibió once contratos con distintas denominaciones, mismas que a continuación se exponen.

A.   Constancia de nombramiento por tiempo fijo.

En los contratos denominados “Constancia de nombramiento por tiempo fijo”[15]; de los que se advierte una relación laboral entre el demandado con la parte promovente, en tanto que, en cada uno de ellos en su cláusula primera se precisó:

PRIMERO. “EL TRABAJADOR” SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE …”

Cabe señalar que en dichos nombramientos que se entregaron a la parte actora al inicio de la relación se estableció que se obligaba a prestar sus servicios “…bajo la dirección y vigilancia …” del demandado, de quien debería “…seguir todas y cada una [de] las instrucciones que reciba en relación a la forma y lugar en que deba desarrollar el trabajo…” (Clausula PRIMERA).

B.   Constancia de nombramiento por obra determinada

Por su parte, se advierte que en los contratos denominados como “Constancia de nombramiento por obra determinada que se realiza de conformidad con lo dispuesto por el apartado “B” fracción XIV del artículo 123 Constitucional y el artículo 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”[16], se señaló en el apartado de cláusulas adicionales, lo siguiente:

“Los servicios objeto de la relación de trabajo deben presentarse en el lugar o lugares que designe el Instituto Federal Electoral a través de sus representantes, quedando el servidor público subordinado a su autoridad en todo lo concerniente al trabajo.

Los servicios se estipulan en forma enunciativa y no limitativa, por lo tanto, el servidor público se obliga a desempeñar todas las labores anexas o conexas con su obligación principal.

(…)”

C.   Contrato de Prestación de servicios

Finalmente, también se encuentran contratos denominados “Contratos de prestación de servicios profesionales”[17]; al respecto, en las cláusulas cuarta de cada uno se estableció el lugar en que el prestador del servicio -el actor- se obligaba a desempeñar sus actividades.

Asimismo, en la cláusula quinta, se estableció que el instituto quedaba facultado para que, en cualquier momento, pudiera supervisar y vigilar la adecuada prestación de los servicios prestados por la parte promovente, estando en aptitudes de sugerir las modificaciones que considerara necesarias para el mejor desempeño de los servicios.

Así los contratos exhibidos fueron por los siguientes periodos y cargos:

Al respecto, a dichas documentales se les otorga valor pleno probatorio, debido a que si bien se aportaron en copia certificada, constituyen documentales privadas, sumado a que ninguna de ellas fue controvertida por la parte actora respecto de su autenticidad y generan convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, por lo que resulta aplicable lo previsto en los artículos 4 párrafo 1, inciso a) y 16 párrafo 3, de la Ley de Medios.

Así, de la valoración conjunta de las documentales reseñadas, se puede derivar que el inicio de la relación jurídica entre las partes tuvo lugar el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos), ello hace verosímil la afirmación de la parte actora en el sentido de que su ingreso ocurrió en la fecha indicada.

Además, este aspecto se comprueba con el primer contrato firmado por las partes, en el que se le nombró como “Auxiliar de módulo del IFE”, para el periodo comprendido del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

Además, dentro de las pruebas aportadas por la parte actora, como se precisó se encuentra una constancia que indica que participó en el programa "Credencial para Votar con Fotografía" impartido de noviembre de mil novecientos noventa y dos a agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Al respecto, conviene resaltar que dicho elemento probatorio también fue aportado por la parte demandada.

En consecuencia, esta Sala Regional tiene como inicio de la relación jurídica entre las partes el 1 (uno) de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa).

● Prestación de un trabajo personal

De los contratos exhibidos por el demandado, antes reseñados, se aprecia que se le otorgaron diversos nombramientos al actor, en los cuales se:

(i)                Identificó al actor como “EL TRABAJADOR”.

(ii)              Señala que la relación de trabajo es “de confianza” y por “tiempo determinado”.

(iii)           La parte contratada se compromete a estar bajo la dirección y vigilancia del demandado, así como a seguir sus instrucciones.

(iv)           Los servicios se prestarán en el lugar que le designe el demandado.

(v)              Fija un horario para desempeñar sus funciones y un día de descanso a la semana.

(vi)           Pacta el pago de un salario y la entrega de un aguinaldo a favor de la parte actora.

Las actividades que llevaba a cabo en cada uno de los puestos en que se nombró a la parte actora son las siguientes:

De lo anterior, se advierte que la parte actora ha desempeñado en actividades vinculadas a la credencialización de la ciudadanía, la creación y actualización del padrón electoral, así como a la precisión de la geolocalización de las personas votantes.

La descripción de las funciones de los cargos en que se nombró o contrató a la parte actora coinciden con lo manifestado en la demanda están vinculadas a las atribuciones del demandado y demuestran que ha desempeñado actos materiales, concretos y objetivos a su favor.

En efecto, desde el inicio de la relación entre las partes, la parte actora se desempeñó realizando actividades relacionadas con la formación del padrón electoral que desde entonces era atribución exclusiva del IFE[19] y a partir del cual se emiten las credenciales para votar, mismas a las que han estado vinculados los nombramientos que ha recibido la parte actora y puestos para el que le ha contratado.

Cabe destacar que una vez el demandado le incorporó a la Rama Administrativa como profesional de servicios especializados, la parte promovente se mantuvo en el mismo sector de las atribuciones del demandado.

Por tanto, la Sala Regional concluye que la parte promovente realizaba funciones propias de las facultades del entonces IFE, pues estaban relacionadas con la actualización del padrón electoral, la expedición de credenciales para votar, geolocalización y asegurar la documentación e información presentada por la ciudadanía, de ahí que pueda concluirse que prestaba un trabajo personal en beneficio del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha relación[20].

        Subordinación.

En la especie, la parte actora manifiesta que durante el tiempo que trabajó para el demandado siempre lo hizo de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que le proporcionó y siempre bajo órdenes y supervisión de otras personas funcionarias del Instituto.

Por su parte, el demandado manifiesta que la parte actora jamás estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del entonces IFE.

En consideración de esta Sala Regional la característica de “subordinación” es colmada, para efectos de considerarla como uno de los elementos de la relación laboral; esto, porque las actividades señaladas en los contratos ofrecidos por el INE se encuentran vinculadas con la función estatal que le corresponde al Instituto de organizar las elecciones federales, como se explica a continuación.

Se arriba a dicha conclusión toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a) párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el entonces IFE tenía entre sus atribuciones de forma integral y directa, las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas nominales de personas electoras.

Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 69 párrafo 1 inciso c) del COFIPE establecía como uno de los fines del Instituto, la integración del Registro Federal Electoral.

En concordancia con lo anterior, el artículo 92, párrafo 1, incisos d) y e) del COFIPE establecía que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral y expedir las credenciales para votar con fotografía.

Por su parte, los artículos 142 al 164 del COFIPE regulaban lo relativo a los procedimientos del señalado Registro, dentro de los que se encuentran los relativos al Padrón Electoral, la lista nominal de personas electoras y las citadas credenciales para votar.

En particular, los artículos 135, párrafo 2, así como 146, párrafo 2 del COFIPE, establecían que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva correspondiente, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales.

En el caso concreto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades señaladas con anterioridad no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho instituto, lo que se precisó en los nombramientos y/o contratos suscritos.

Cabe señalar que en los nombramientos que se entregaron a la parte actora al inicio de la relación se estableció que se obligaba a prestar sus servicios “…bajo la dirección y vigilancia …” del demandado, de quien debería “…seguir todas y cada una [de] las instrucciones que reciba en relación a la forma y lugar en que deba desarrollar el trabajo…” (Clausula PRIMERA de los contratos denominados “Constancia de nombramiento por tiempo fijo”).

Asimismo, en diversos contratos suscritos entre las partes se señalaba que los servicios objeto de la relación de trabajo debían presentarse en el lugar o lugares que designara el entonces IFE, quedando el servidor público subordinado a su autoridad en todo lo concerniente al trabajo[21]; sumado a que en estos se estableció el lugar en que el prestador del servicio -el actor- se obligaba a desempeñar sus actividades y que el Instituto estaba facultado para que, en cualquier momento, pudiera supervisar y vigilar la adecuada prestación de los servicios, estando en aptitudes de sugerir las modificaciones que considerara necesarias para el mejor desempeño de los servicios[22].

Así, es de resaltar que las actividades que desempeñó el actor, entre otras, estuvieron relacionadas con la creación y actualización del padrón electoral, a partir del cual se emiten las credenciales para votar, que es una atribución exclusiva del demandado, desde que estuvo constituido como IFE[23] y en actual conformación del INE[24], misma que realiza a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral[25].

La Dirección Ejecutiva de dicho registro tiene entre sus atribuciones la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral.

De ahí que, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia de contratación no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, en virtud de que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del demandado lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Por otra parte, dadas las funciones que el demandante desempeñó para el INE -otrora IFE- en el periodo controvertido no las realizó con recursos propios, sino con los medios que le proporcionó el demandado; lo que se advierte de los nombramientos y contratos en que incluso se acordó que la parte actora prestaría sus servicios en el lugar o lugares que designara y en los horarios establecidos por este.