VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-6/2025

Fecha de clasificación: 18 de julio de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT- JLI-SE21/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica.

Periodo de clasificación: No aplica.

Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-6/2025

PARTE ACTORA:

GONZALO ANTONIO ARAGÓN CARRILLO

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIO:

RAFAEL IBARRA DE LA TORRE

Ciudad de México, a 7 (siete) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco)1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder  Judicial  de  la  Federación,  en  sesión  privada,

[1] tiene a la parte actora desistiéndose parcialmente del reclamo sobre el pago del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC); [2] revoca el oficio INE/JLE-CM/1273/2025 en que se determinó la negativa de recomendación de pago de la compensación por término de la relación laboral a la parte actora, consecuentemente [3] deja sin efectos el oficio INE/JLE-CM/2512/2025; [4] ordena al Instituto Nacional Electoral la emisión de un nuevo pronunciamiento respecto de la procedencia de la recomendación de pago correspondiente; y,

[5] condena al demandado al pago de algunas prestaciones, pero le absuelve del pago de otras.

1 Las fechas están referidas a este año, salvo que expresamente esté indicado otro.

Í N D I C E

G L O S A R I O

Acta Circunstanciada Acta circunstanciada

06/INE/CDMX/JLE/23-01-2025 levantada para hacer constar hechos que se atribuyen a la parte actora

CAE Persona capacitadora electoral

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CTRL Compensación por Término de la Relación Laboral

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa

FONAC Fondo de Ahorro Capitalizable

INE, Instituto o demandado

Instituto Nacional Electoral

JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

Juicio Laboral Juicio para dirimir los conflictos o diferencias

laborales de los servidores (y personas servidoras) del Instituto Nacional Electoral

Junta Local Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México

Ley Burocrática Ley Federal de los Trabajadores (y Personas

Trabajadoras) al Servicio del Estado

Ley de Medios Ley  General  del  Sistema  de  Medios  de

Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Manual Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral2

Oficio 1273 Oficio INE/JLE-CM/1273/2025 emitido por la persona vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México

Oficio 2512 Oficio INE/JLE-CM/2512/2025 emitido por la persona vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México

OIC Órgano Interno de Control

SE Persona supervisora electoral

Suprema Corte o SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación

A N T E C E D E N T E S

1.    Inicio de la relación jurídica y renuncia. La parte actora afirma que comenzó a prestar sus servicios para el INE el 1º

2 El Manual puede ser consultado en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127466/JGEor2022 02-17-ap-9-8-a.pdf?sequence=2&isAllow              ed=y,.

(primero) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho) y el 27 (veintisiete) de enero presentó su renuncia con efectos a partir del 31 (treinta y uno) siguiente.

2.  Solicitud de la CTRL

2.1.   Primer escrito de petición. El 28 (veintiocho) de enero la parte actora solicitó a la persona vocal ejecutiva de la Junta Local que se tramitara el pago de su CTRL.

2.2.  Primer oficio de respuesta (Oficio 1273). El 17 (diecisiete) de febrero la persona vocal ejecutiva de la Junta Local informó a la parte actora que toda vez que no se emitió una recomendación de pago a su favor, no era procedente continuar con el trámite solicitado.

2.3.     Segundo escrito de petición. Mediante escrito de 25 (veinticinco) de febrero la parte actora solicitó a la persona vocal ejecutiva de la Junta Local la recomendación de pago para el otorgamiento de la CTRL.

2.4.   Segundo oficio de respuesta (Oficio 2512). El 4 (cuatro) de marzo, la persona vocal ejecutiva de la Junta Local emitió el Oficio 2512 en el que informó a la parte actora que no era posible emitir la recomendación de pago de la CTRL derivado de los hechos que se hicieron constar en el Acta Circunstanciada. Dicho oficio se notificó el 6 (seis) de marzo a la parte actora.

3.  Juicio Laboral

3.1.  Demanda. El 5 (cinco) de marzo la parte actora presentó su demanda para controvertir el Oficio 1273 y reclamar diversas prestaciones laborales, con la que se integró el Juicio Laboral SCM-JLI-6/2025, que fue turnado a la ponencia de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

3.2.   Recepción, admisión y emplazamiento. El 10 (diez) de marzo la magistrada recibió el expediente, admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

3.3 Contestación a la demanda. El INE contestó la demanda el

25 (veinticinco) siguiente, opuso excepciones y defensas, y ofreció pruebas.

3.4.   Recepción de la contestación, audiencia y suspensión. El 28 (veintiocho) siguiente, la magistrada tuvo por contestada la demanda, dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se celebró el 11 (once) de abril de forma presencial y fue suspendida para citar a las personas cuyas confesionales y testimoniales se ofrecieron y admitieron en este juicio.

3.5.  Reanudación de la audiencia. La audiencia se reanudó el 2 (dos) de mayo y, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y al no quedar diligencias pendientes, se cerró la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio ya que fue promovido por una persona que trabajó para el Instituto como asistente local de capacitación electoral en la Junta Local, y reclama la determinación de no recomendar el pago de la CTRL en su favor, al estimar que está indebidamente fundada y motivada, así como el pago de diversas prestaciones

laborales; supuesto normativo y entidad federativa en que esta Sala Regional ejerce jurisdicción -Ciudad de México- y competencia. Lo anterior, tiene su fundamento en:

   Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

   Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  de  la  Federación.

Artículos 251, 252, 253-IV.d), y 263-XI3.

   Ley de Medios. Artículos 3.2.e) y 94.1.b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las

5       (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal del INE, previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este Tribunal.

3 De la ley vigente a partir del 20 (veinte) de diciembre del 2024 (dos mil veinticuatro).

TERCERA. Desistimiento sobre el reclamo del pago del FONAC

En el escrito remitido en atención a la vista que se le dio con la contestación de la demanda, la persona representante de la parte actora4 señaló que el 20 (veinte) de marzo se realizó un pago a la parte actora por concepto del FONAC, por lo que se desistió únicamente del reclamo correspondiente al pago de dicha prestación.

Consecuentemente, el reclamo del FONAC no formará parte de la presente controversia, por lo que este Juicio Laboral solo se seguirá respecto a los reclamos de:

 La negativa de emisión de la recomendación de pago de la CTRL a favor de la parte actora;

 El pago de horas extras;

 La expedición de la hoja única de servicios.

CUARTA. Excepción de caducidad

En su contestación, el INE hace valer la excepción de caducidad de la acción de la parte actora para demandar el pago de tiempo extraordinario5, pues -a su consideración- contaba con un plazo de 15 (quince) días posteriores a que terminó la relación laboral para reclamar la prestación señalada, conforme se establece en el artículo 96 de la Ley de Medios.

Al respecto, señala que toda vez que la parte actora presentó su renuncia con efectos a partir del 31 (treinta y uno) de enero, el plazo para demandar tal prestación concluyó el 24 (veinticuatro) de febrero, por lo que si promovió este Juicio Laboral el 5 (cinco)

4 Calidad que le fue reconocida mediante acuerdo de 10 (diez) de marzo.

5 Si bien el demandado también hace valer dicha excepción respecto a la demanda de pago del FONAC, toda vez que la parte actora se desistió del reclamo de tal prestación, la excepción hecha valer por el INE únicamente se estudiará en relación con la demanda de pago de horas extras.

de marzo, es evidente que la acción es extemporánea y, por ello se debe desechar parcialmente la demanda respecto a esta prestación.

Asimismo, sustenta sus afirmaciones en la jurisprudencia 10/98 de la Sala Superior de rubro ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD6.

Esta excepción es infundada, se explica.

Si bien el artículo 96.1 de la Ley de Medios establece que las personas trabajadoras del INE cuentan con un plazo de 15 (quince) días hábiles para inconformarse respecto de afectaciones a sus derechos o prestaciones laborales, que se computan a partir de la notificación de la determinación correspondiente, la Ley Federal del Trabajo -por su parte- establece que las acciones de trabajo prescriben en un plazo genérico de 1 (un) año a partir del día siguiente a aquel en que fueran exigibles 7 . Las excepciones a ese plazo son las siguientes:

-  En 1 (un) mes, de acuerdo con el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, las acciones de las personas trabajadoras para separarse del trabajo.

-  En 2 (dos) meses, de acuerdo con el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, las acciones de las personas trabajadoras que sean separadas del trabajo.

-  En 2 (dos) años, las acciones de las personas trabajadoras para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo.

6 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 2, año 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 11.

7 Artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Particularmente, la jurisprudencia 1/2011-SRI de este tribunal de rubro DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL 8,

señala que el plazo para la promoción de un Juicio Laboral previsto por el artículo 96.1 de la Ley de Medios no es aplicable cuando se reclamen prestaciones que no dependan de la subsistencia del vínculo laboral o que no se supedite a que prospere la acción principal, pues en ese caso el plazo para demandarlas será de 1 (un) año a partir de que sea exigible el derecho de que se trate.

Lo anterior, siempre y cuando no exista una determinación del INE respecto de las prestaciones referidas, pues en ese supuesto se tendría que demandar dentro del plazo de 15 (quince) días previsto en la Ley de Medios.

Respecto a esto último, la Sala Superior en la ratificación de jurisprudencia SUP-RDJ-1/2011 -en que aprobó la jurisprudencia referida- señaló que el plazo de 1 (un) año para el reclamo de prestaciones será aplicable siempre y cuando no exista una determinación del INE mediante la cual se hubiera negado el pago de las prestaciones reclamadas y la misma se hubiera hecho del conocimiento completo y fehaciente de la parte actora, pues solo en caso de que existiera la comunicación de negación podría ser aplicable el plazo previsto por el artículo

96.1 de la Ley de Medios.

Esto quiere decir que, mientras no exista una determinación

8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 20, 21 y

22.

sobre alguna prestación, el derecho de la parte actora para reclamar cualquier pago generado con motivo de la relación laboral que mantuvo con el INE y que no dependa de la subsistencia del vínculo laboral o que no se supedite a que prospere la acción principal, prescribe en el término de 1 (un) año a partir de que fue exigible.

En su demanda, la parte actora reclama el pago de tiempo extraordinario en razón de 10 (diez) horas semanales por lo que ve al último año laborado.

De lo anterior se advierte que la pretensión es el reclamo de una acción accesoria que no depende de la subsistencia del vínculo laboral ni está supeditada a que prospere la acción principal, por lo que -en términos de la referida jurisprudencia 1/2011-SRI- el plazo para demandar el pago de horas extras no es el de caducidad contenido en el artículo 96.1 de la Ley de Medios, sino que el derecho para reclamarlo prescribe en el término de 1 (un) año a partir de que fuera exigible

Por lo tanto, no tiene razón la parte demandada cuando señala que el reclamo de la parte actora sobre la falta de pago de horas extras es extemporáneo al no haberse presentado dentro de los 15 (quince) días posteriores a la fecha en que concluyó el vínculo laboral, pues -como se fundó y motivó- el plazo previsto en el artículo 96.1 de la Ley de Medios no es aplicable respecto del pago de horas extras que exige la parte actora, pues no existe una determinación que se le haya notificado en donde se determinara la negativa de pagar tal prestación reclamada.

Finalmente, debe señalarse que, toda vez que el demandado no hizo valer la excepción de la prescripción sobre el pago de las horas extras que demanda la parte actora, esta sala está

impedida para analizar de manera oficiosa la vigencia de ese derecho.

Esto tiene sustento en la tesis 412 de la entonces cuarta sala de la Suprema Corte de rubro PRESCRIPCIÓN, NO ESTÁ PERMITIDO EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA9 y la tesis IV.2o.T.93 L del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito de rubro  PRESCRIPCIÓN  DE  LA  ACCIÓN.  LAS  AUTORIDADES

LABORALES NO PUEDEN REALIZAR SU ESTUDIO DE MANERA OFICIOSA, INCLUSO EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR10.

QUINTA. Requisitos de procedencia

Ahora bien, antes de estudiar la controversia, esta sala debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO11.

5.1.  De la demanda

5.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues la parte actora hizo constar su nombre, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causan perjuicio, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en las que funda su demanda, exhibió pruebas y, finalmente, incluyó su firma autógrafa.

9 Consultable en: Apéndice 2000 (dos mil). Tomo V, trabajo, Jurisprudencia SCJN, página 339.

10 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, mayo de 2005 (dos mil cinco), página 1504.

11 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

5.1.2.  Oportunidad. La demanda es oportuna, en términos de lo analizado en la razón y consideración CUARTA de esta sentencia y considerando además que en principio se controvierte el Oficio 1273 emitido el 17 (diecisiete) de febrero, mientras que la demanda se presentó el 5 (cinco) de marzo, esto es dentro de los 15 (quince) días hábiles 12 posteriores a su emisión, por lo que es evidente su oportunidad.

5.1.3.    Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la parte actora está satisfecha, toda vez que se trata de una persona que acude por derecho propio, para controvertir la negativa de tramitar la CTRL que solicitó al Instituto; además de que demanda el pago de horas extras y la expedición de la hoja única de servicios.

Asimismo, cuenta con interés jurídico porque la negativa a otorgarle esta prestación impacta en sus derechos laborales y, en consecuencia, tiene interés jurídico para presentar esta demanda.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

5.2.  De la contestación

5.2.1.       Oportunidad. La contestación de la demanda fue presentada en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues el INE fue notificado de la admisión de la demanda y emplazado al juicio el 10 (diez) de marzo, por lo que el plazo transcurrió del 11 (once) al 26

12 Sin considerar los días sábado 22 (veintidós) de febrero y 1° (primero) de marzo, ni los días domingo 23 (veintitrés) de febrero y 2 (dos) de marzo al ser inhábiles conforme a lo dispuesto en los artículos 7.2 de la Ley de Medios y 715 de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria en este juicio en términos del artículo

95.1 de la Ley de Medios-, así como en el acuerdo general 6/2022 emitido por la Sala Superior.

(veintiséis) siguientes 13 y la contestación se presentó el 25 (veinticinco) de marzo, por lo que es evidente su oportunidad.

5.2.2.        Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acude por conducto de la persona encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, quien tiene personería para comparecer en representación del demandado pues en términos del artículo 67.1.m) del Reglamento Interno del Instituto, dicha dirección cuenta con facultades para ejercer la figura de representación legal para la defensa de los intereses del demandado, en todo tipo de procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden federal y local, en que sea parte o tenga injerencia14.

SEXTA. Planteamiento del caso

6.1.   Pretensión de la parte actora. La pretensión fundamental de la parte actora es que se revoque la negativa de recomendación de pago de la CTRL; asimismo, pretende que se ordene el pago de horas extras y la expedición de la hoja única de servicios.

6.2.   Excepciones y defensas del INE. En su contestación, el

13 Sin contar los sábados 15 (quince) y 22 (veintidós), domingos 16 (dieciséis) y 23 (veintitrés) ni los días 17 (diecisiete) y 21 (veintiuno) de marzo al ser inhábiles de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Medios, 74-III y 715 de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria en este juicio en términos del artículo 95.1 de la Ley de Medios-, así como el artículo SEGUNDO incisos b) y e) del acuerdo general 6/2022 de la Sala Superior.

14 En el entendido que si bien dicho artículo hace referencia a la Dirección Jurídica, la junta General Ejecutiva del INE emitió el acuerdo INE/JGE162/2024 que en su punto segundo dispone: “Con relación a la diversa normativa donde se hagan referencias a la Dirección Jurídica, deberán entenderse como Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, hasta en tanto el Consejo General modifique la normatividad reglamentaria interna y esta Junta General, los manuales o lineamientos administrativos del Instituto Nacional Electoral para ser congruente con la Reforma efectuada.” Dicho acuerdo puede ser consultado en el siguiente vínculo electrónico: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/177695/JG Eex202411-20-ap-2.pdf.

demandado formuló las siguientes excepciones y defensas:

6.2.1.     La de caducidad respecto al reclamo de tiempo extraordinario por el último año de labores, pues considera que respecto a esta prestación la demanda se debió presentar dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a que concluyera el vínculo laboral entre las partes.

6.2.2.   Falta de acción y derecho, para reclamar el pago de la CTRL en términos de lo establecido en el artículo 580-I del Manual, toda vez que la parte actora no obtuvo la recomendación de pago correspondiente.

6.2.3.  La falta de legitimación en la causa de la parte actora, para reclamar el pago de la CTRL, dado que ni el Estatuto ni el Manual prevén alguna disposición en la cual se establezca que el pago de dicha compensación resulte procedente en el supuesto de no contar con la recomendación de pago.

6.2.4.    La de aplicación estricta del Manual, respecto de la negativa de pago de la CTRL, ya que la parte actora no obtuvo la recomendación con motivo del incumplimiento al acuerdo de confidencialidad que suscribió con el INE, por lo que el oficio de 3 (tres) de marzo está debidamente fundado, motivado y emitido conforme a derecho, con base en elementos objetivos sobre hechos y consideraciones concretas, por lo que no resulta procedente otorgar el pago de la CTRL en términos de lo establecido en el artículo 580-I del Manual.

6.2.5.  La de falsedad, en virtud de que la parte actora apoya sus reclamos en hechos y argumentos falsos, pues pretende situarse en el supuesto previsto en el artículo 580-I del Manual.

6.2.6.     La de plus petitio (exceso en lo pedido), pues las prestaciones reclamadas carecen de fundamento jurídico y es evidente que pretende obtener un lucro indebido en perjuicio del patrimonio del INE, al reclamar prestaciones que no le corresponden.

6.2.7.   La de pago, respecto de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral federal 2023- 2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro).

6.2.8.   La de improcedencia de la vía para solicitar la entrega de la hoja única de servicios, pues es un trámite que la parte actora debe realizar ante la Coordinación Administrativa de la Junta Local.

Al respecto, no es posible analizar estas excepciones de manera previa al estudio de la controversia, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de esta controversia.

Por tanto, su estudio debe efectuarse en el apartado correspondiente al fondo del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio; esto, en el entendido que la excepción de caducidad sobre el reclamo de las horas extras ya fue atendida por esta sala.

SÉPTIMA. Pruebas admitidas y desahogadas

7.1  De la parte actora

En la audiencia prevista en el artículo 101 de la Ley de Medios, se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.       Instrumental pública de actuaciones;

2.       Presuncional legal y humana;

3.       Confesionales para hechos propios, personalísima y no por conducto de persona apoderada y por separado a cargo de:

a)  Yesenia Nava Manzano, quien refiere que es la persona vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local, y

b) Francisco Javier Morales Morales, quien refiere que es la persona vocal secretaria de la Junta Local.

4.       Documentales consistentes en:

a)    Escrito de 28 (veintiocho) de enero dirigido a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local;

b)    Escrito de 25 (veinticinco) de febrero dirigido a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local;

c)    Oficio INE/JLE-CM/1273/2025 de 17 (diecisiete) de febrero;

d)    2 (dos) recibos CFDI15 correspondientes a la 1° (primera) y 2° (segunda) quincena de enero, y

e)    Escrito de 4 (cuatro) de marzo entregado en la oficialía de partes de la Junta Local, en que solicita copia del expediente personal integrado con motivo de la contratación de la parte actora por el INE. Dicho expediente fue remitido por el INE16, el cual contiene:

e.1.         Reporte de expediente personal de la parte actora;

e.2.         Oficio INE/DEA/DP/SRPL/5037/2023 de 28 (veintiocho) de agosto de 2023 (dos mil veintitrés), firmado por la persona subdirectora de relaciones y programas laborales de la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE;

15 Acrónimo de comprobante fiscal digital por Internet.

16 En atención al requerimiento realizado por la magistrada instructora el 28 (veintiocho) de marzo.

e.3.         Oficio INE/JLE-CM/6906/2023 de 18 (dieciocho) de agosto de 2023 (dos mil veintitrés), firmado por la persona coordinadora administrativa de la Junta Local;

e.4.         Nota informativa de 15 (quince) de agosto de 2023 (dos mil veintitrés), firmado por la persona vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local;

e.5.         Acta de hechos INE/JLE-CM/031/CIRC/14-08- 2023 de 14 (catorce) de octubre de 2023 (dos mil veintitrés);

e.6.         Cédulas de evaluación del desempeño para el personal administrativo técnico operativo de los siguientes periodos:

 Del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2020 (dos mil veinte);

 Del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve);

 Del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2014 (dos mil catorce);

 Del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2013 (dos mil trece);

e.7.         Manifestación de conocimiento de la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial inicial y de conflicto de intereses de 22 (veintidós) de enero de 2019 (dos mil diecinueve);

e.8.         Formato de consentimiento para que se asegure a la parte actora y designación de persona beneficiaras del seguro de vida grupo;

e.9.         Formato de designación de persona beneficiarias por motivo de fallecimiento del personal del INE;

e.10.    Formato único de movimientos y/o constancia de nombramiento de las siguientes fechas:

 4 (cuatro) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho);

 10 (diez) de diciembre de 2015 (dos mil quince);

 16 (dieciséis) de abril de 2008 (dos mil ocho);

e.11.    Publicación de persona aspirante seleccionada a nombre de la parte actora;

e.12.    Carta declaratoria de 1° (primero) septiembre de 2018 (dos mil dieciocho) firmada por la parte actora;

e.13.    Manifestación de conocimiento de la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial inicial y de conflicto de intereses de 1° (primero) septiembre de 2018 (dos mil dieciocho);

e.14.    2 (dos) actas de nacimiento de la parte actora;

e.15.    Certificado de estudio de nivel medio superior de la parte actora;

e.16.    Cédula de identificación fiscal de la parte actora;

e.17.    Constancia de la Clave Única de Registro de Población de la parte actora;

e.18.    2 (dos) credenciales para votar de la parte actora;

e.19.    2 (dos) comprobantes de domicilio de la parte actora;

e.20.    Licencias médicas a nombre de la parte actora de las siguientes fechas;

 9 (nueve) de enero de 2013 (dos mil trece);

 22 (veintidós) de enero de 2013 (dos mil trece);

 14 (catorce) de diciembre de 2010 (dos mil diez);

 8 (ocho) de abril de 2010 (dos mil diez);

 24 (veinticuatro) de septiembre de 2009 (dos mil nueve);

e.21.    Formato de designación de personas beneficiarias de la prestación del artículo 441 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del INE;

e.22.    Formato para optar por el beneficio del ahorro solidario aplicable a las personas trabajadoras incorporadas al régimen de cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado;

e.23.    2 (dos) avisos de alta de la persona trabajadora a nombre de la parte actora de 5 (cinco) de junio de 2009 (dos mil nueve);

e.24.    Confirmación de aviso de alta de la persona trabajadora;

e.25.    Formato de consentimiento para que la parte actora sea asegurada y designación de personas beneficiarias;

e.26.    Diploma a nombre de la parte actora como persona integrante de la carrera de licenciatura en Turismo;

e.27.    Hoja con datos de la parte actora relativos a su experiencia laboral, educación, idiomas y manejo de programas computacionales (software);

e.28.    Constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes (y Personas Contribuyentes) de la parte actora;

e.29.    Clave Única de Registro de Población de la parte actora;

e.30.    Declaración general de pago de derechos a nombre de la parte actora;

e.31.    3 (tres) cartas de recomendación expedidas por distintas personas a favor de la parte actora;

e.32.    Cédula de evaluación al examen psicométrico a nombre de la parte actora;

e.33.    Censo de recursos humanos a nombre de la parte actora;

e.34.    Solicitud de empleo a nombre de la parte actora;

7.2.  Del demandado

Para demostrar sus excepciones, al INE se le admitieron y desahogaron las siguientes pruebas:

1.   Documentales:

a)  Escrito firmado por la parte actora de 27 (veintisiete) de enero, mediante el cual presentó su renuncia.

b) Nota informativa de 7 (siete) de febrero firmada por la persona coordinadora administrativa, mediante la cual solicita a la persona vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local, que informe si la parte actora tiene adeudos en materia de recursos humanos, materiales y financieros; y se pronuncie sobre la procedencia o no del pago de la CTRL.

c)  Oficio de 10 (diez) de febrero, firmado por la persona vocal de capacitación de la Junta Local, por el cual señala que la parte actora no tiene adeudos y manifiesta la imposibilidad para emitir su recomendación de pago.

d) El Oficio 1273 de 17 (diecisiete) de febrero, por el cual informa de la imposibilidad de proceder con el trámite de pago de la CTRL a favor de la parte actora al no haberse otorgado la recomendación de pago.

e)  El oficio de 3 (tres) de marzo, por medio del cual la persona vocal ejecutiva de la Junta Local informa a la parte actora que no es posible emitir la recomendación de pago a su favor, al haber incumplido el acuerdo de confidencialidad.

f)    Acta circunstanciada del 23 (veintitrés) de enero en que se hacen constar presuntos actos y hechos que se le atribuyen a la parte actora.

g) Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información que firmaron las partes el 7 (siete) de enero con motivo de la información que recibiría la parte actora para la aplicación del examen de conocimiento, habilidades y actitudes para la selección de CAE y SE.

h) El oficio de 10 (diez) de enero, por el cual la persona vocal ejecutiva designa a la parte actora para que asista a la aplicación de exámenes a las personas aspirantes a CAE y SE en la 19 Junta Distrital del INE en Ciudad de México.

i)    Lista de asistencia de personas aspirantes a SE y CAE, correspondiente al 11 (once) de enero.

j)    Reporte de incidencias de 18 (dieciocho) de febrero en que la persona vocal de capacitación de la Junta Local informa a la parte actora las incidencias en sus registros de asistencia en los días 16 (dieciséis) y 21 (veintiuno) de enero, por faltas y omisión de registrar su salida.

k)  Controles de asistencia de la parte actora correspondientes a 2023 (dos mil veintitrés) y 2024 (dos mil veinticuatro), con los registros de entrada y salida, así como el tiempo de descanso y toma de alimentos.

l)    El acuerdo emitido por el Consejo Local del INE en la Ciudad de México en sesión extraordinaria de 1° (primero) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el cual estableció el horario de labores durante el proceso electoral federal 2023-2024 (dos mil veintitrés - dos mil veinticuatro).

m)    El Acuerdo emitido por el Consejo Local del INE en la Ciudad de México en la sesión extraordinaria celebrada el 2 (dos) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro), en el cual se estableció el horario de labores durante el proceso

electoral extraordinario para la elección del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 (dos mil veinticuatro - dos mil veinticinco).

n) El acuerdo INE/JGE01/2024 de la JGE, que establece las bases para que el personal del Instituto reciba compensaciones por las horas extraordinarias trabajadas durante el proceso electoral concurrente 2023-2024 (dos mil veintitrés - dos mil veinticuatro), conforme a los presupuestos aprobados y las disposiciones normativas.

o) Recibos CFDI17 correspondientes a los pagos de nómina realizados a favor de la parte actora durante los ejercicios fiscales 2023 (dos mil veintitrés) y 2024 (dos mil veinticuatro).

p) Los Lineamientos de actividades y acciones a atender por las juntas locales y distritales ejecutivas previo al día del examen de conocimientos, habilidades y actitudes, como parte del anexo 12 (doce) del Manual de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE.

2.  Las testimoniales a cargo de:

a)  Yesenia Nava Manzano, persona vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local y

b) Cinthya Ivonne Espinosa de Santiago, persona asistente local de capacitación electoral y educación cívica.

3.   Instrumental de actuaciones, y

4.   Presuncional legal y humana.

OCTAVA. Agravios y pretensiones de la parte actora

8.1.  Agravios contra la negativa de recomendación de pago de la CTRL

La parte actora controvierte que en el Oficio 1273 se le notificó la improcedencia de efectuar el trámite para el otorgamiento de

17 Comprobante Fiscal Digital por Internet.

la CTRL sin que mediara procedimiento legal alguno, conforme lo establece el Estatuto respecto al procedimiento laboral disciplinario y que no se le entregó un escrito o documento que avalara la decisión de la persona que era su superiora inmediata.

Asimismo, considera que el Oficio 1273 no se encuentra debidamente fundado y motivado.

Además, considera que no cometió ninguna irregularidad, pues si bien se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad y no divulgación con motivo de su participación en la impresión de los exámenes que se aplicarían para la selección de SE y CAE, lo cierto es que no visualizó el contenido de dichas pruebas, pues al momento en que se imprimían estaba realizando distintas actividades.

Al respecto, señala que era prácticamente imposible que pudiera memorizar o incluso sustraer algún juego de copias de dicho examen, de ahí que -a su juicio- no incurrió en alguna conducta indebida, pues todo el tiempo estuvieron bajo supervisión del personal de la Junta Local.

También indica que la persona vocal secretaria de la Junta Local le mencionó que se le tenía que iniciar un procedimiento, por lo que ofreció a la parte actora que presentara su renuncia para evitar dicho procedimiento y que solicitara el pago de la CTRL.

8.2.  Horas extra

Por otro lado, demanda el pago de 10 (diez) horas extra semanales por el último año laborado para el INE.

8.3.  Hoja única de servicios

De igual manera, con fundamento en el artículo 534 del Manual, reclama la expedición a su favor de la hoja única de servicios.

NOVENA. Análisis de fondo

9.1.  Controversia

Como se señaló, la controversia en este juicio reside en determinar si fue o no conforme a derecho la improcedencia de la recomendación de pago de la CTRL en beneficio de la parte actora.

Además, se debe analizar si es procedente el pago de las horas extras que demanda, así como si debe condenarse o no al demandado a expedir a su favor la hoja única de servicios.

9.2.  Estudio de la controversia

9.2.1.  Negativa de recomendación de pago de la CTRL

Con relación a esta temática, la parte actora sostiene que mediante el Oficio 1273 se le informó que no era procedente el pago de la CTRL pues no contaba con la recomendación exigida en el artículo 580-I del Manual.

Al respecto, considera que la determinación de no emitir la recomendación correspondiente se tomó sin que mediara procedimiento legal alguno, pues -a su juicio- conforme lo establece el Estatuto, se debió iniciar un procedimiento laboral disciplinario, además de que no se le entregó un escrito o documento que avalara la decisión de quien era su persona superior inmediata.

Asimismo, considera que el Oficio 1273 no se encuentra debidamente fundado y motivado.

Además, señala que en ningún momento cometió alguna irregularidad ya que, si bien firmó un acuerdo de confidencialidad y no divulgación con motivo de su participación en la impresión de los exámenes que se aplicarían para la selección de SE y CAE, en realidad nunca pudo visualizar ni conocer su contenido, pues al momento de su impresión se encontraba realizando distintas actividades.

Añade que era prácticamente imposible que pudiera memorizar o incluso sustraer algún juego de copias de dicho examen pues todo el tiempo estuvieron bajo supervisión del personal de la Junta Local, de ahí que -a su juicio- no incurrió en alguna conducta indebida.

También indica que la persona vocal secretaria de la Junta Local le mencionó que se le tenía que iniciar un procedimiento, por lo que ofreció a la parte actora que renunciara para evitar dicho procedimiento y que solicitara el pago de la CTRL.

De lo anterior se desprende que la parte actora no solo controvierte la falta de fundamentación y motivación del Oficio 1273, sino que también considera que para efectos de determinar la procedencia o no de la recomendación de pago de la CTRL no se debe tomar en cuenta el Acta Circunstanciada pues no es la vía idónea para determinar las irregularidades que se le atribuyen, ya que para ello se debió iniciar un procedimiento laboral sancionador, además de que considera que en ningún momento se acredita alguna de las referidas irregularidades.

Los agravios de la parte actora son sustancialmente fundados.

Para explicar dicha calificativa, en primer lugar, se explicará el

marco normativo aplicable al pago de la CTRL.

El artículo 69 del Estatuto señala que el personal del INE podrá recibir el pago de una compensación de acuerdo con el Manual, y que sea aprobado por la JGE del INE.

Por su lado, el artículo 570 del Manual establece que la CTRL es la prestación extralegal otorgada al personal de plaza presupuestal y a las personas prestadoras de servicios permanentes, con el objetivo de otorgar un reconocimiento económico por el desempeño como persona funcionaria del Instituto, de acuerdo con los principios rectores de la función electoral como referencia del comportamiento del personal en el ejercicio de sus funciones, en las relaciones laborales y en las interacciones con la población del INE, siempre que se cumplan los requisitos previstos para su otorgamiento.

El derecho de reclamar el pago de la CTRL prescribirá dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan actualizado los supuestos de separación previstos en las disposiciones del Manual (artículo 574), precisando que no será procedente el pago, de acuerdo con el artículo 572 del Manual, cuando la persona que lo solicite:

I.               Hubiera sido sancionada con una destitución impuesta mediante el procedimiento laboral sancionador regulado en el Estatuto, o el procedimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas conforme lo informe el OIC;

II.             Esté sujeta a un procedimiento laboral sancionador regulado en el Estatuto o al procedimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas conforme lo informe el OIC, hasta en tanto se resuelva la causa iniciada en su contra y no concluya con la destitución del cargo o

puesto;

III.          Se encuentre, al momento de la solicitud, sujeta al procedimiento a cargo del OIC, hasta en tanto se resuelva la causa iniciada en su contra y no concluya con la destitución o rescisión laboral;

IV.          Presente su renuncia estando sujeta a un procedimiento laboral sancionador o administrativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en curso;

V.            Haya promovido, en contra del Instituto, alguna controversia de carácter judicial a la fecha de su renuncia, terminación de su relación contractual, laboral o separación con motivo de reestructuración o reorganización administrativa, siempre y cuando la misma no verse precisamente sobre el pago de la CTRL;

VI.          Haya presentado su renuncia estando sujeta a un procedimiento laboral sancionador en curso;

VII.        Se le haya dado por terminada la relación laboral o contractual por incumplir los principios rectores de la función electoral o las actividades para las que fue contratada, y

VIII.     Que el motivo de la terminación de la relación laboral o contractual atienda a la participación, realización de trámites o movimientos irregulares, así como al uso indebido de información concerniente al Padrón Electoral, en términos de la norma aplicable.

El artículo 579 del Manual dispone que para el otorgamiento de la CTRL, deberán cumplirse todos los requisitos que dicho ordenamiento establece, los cuales, a su vez, están desarrollados en los artículos 580 y 581 del Manual, en los que se precisan los requisitos y condiciones para el otorgamiento de la CTRL, según la naturaleza de la relación jurídica que se

guarde con el Instituto.

Particularmente, el artículo 580-I del Manual señala que la negativa de la recomendación de pago de la CTRL deberá estar, en su caso, debidamente fundada y motivada en elementos objetivos.

Los artículos 589 y 590 del Manual establecen el procedimiento para obtener el pago de la CTRL, el cual consiste, primero, en que la persona interesada presente por escrito la solicitud correspondiente a la Coordinación Administrativa o Enlace Administrativo de que se trate, con copia a la Dirección de Personal dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan actualizado los supuestos de separación.

Posteriormente, la coordinación administrativa o enlace administrativo correspondiente, deberá remitir, dentro de los 15 (quince) días siguientes de la presentación de la solicitud, a la Dirección Ejecutiva de Administración la siguiente documentación:

I.       Cédulas de Análisis e Investigación de Registros en materia de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros (CEDANIRES);

II.    Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico;

III.  Certificado de no adeudo (CERNAD);

IV. En su caso, Recomendación de Pago; y

V.   Solicitud de Pago.

Finalmente, el artículo 591 del Manual señala que el trámite de la compensación se suspenderá cuando existan adeudos de las personas trabajadoras con el INE, hasta en tanto sean aclarados independientemente de su naturaleza.

En conclusión, esta Sala Regional ha sostenido que el pago de la CTRL implica un acto complejo que involucra el desarrollo de diversas etapas y actuaciones de diversas autoridades. Así, para que sea procedente el pago de esta prestación se deben verificar los siguientes requisitos:

1.     Haber sido persona trabajadora del INE;

2.     La existencia de la terminación de la relación laboral, por cualquiera de las razones previstas en el artículo 571 del Manual;

3.     Presentar la solicitud, por escrito, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que se haya actualizado la separación del cargo;

4.     Contar con una recomendación de pago formulada por la persona titular del órgano central, OIC o de la Junta Local que realizó la contratación, según sea el caso;

5.     Tener una antigüedad de 1 (un) año, para el caso de personal de plaza presupuestal a quien se le haya notificado su baja de manera unilateral, y de 2 (dos) años para las personas prestadoras de servicios que hayan terminado su relación contractual, o bien, el contrato haya vencido;

6.     No tener adeudos verificados en los registros en materia de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, así como de material bibliográfico.

Como  se  adelantó,  los  agravios  de  la  parte  actora  son

sustancialmente fundados.

En primer lugar, porque -como se refiere en la demanda- el Oficio 1273 carece de una adecuada fundamentación y motivación respecto a las razones por las que se negó a la parte

actora la recomendación de pago de la CTRL.

En efecto, dicho oficio únicamente refiere que en términos del artículo 580 del Manual para el otorgamiento de la CTRL es un requisito que la persona trabajadora cuente con una recomendación de pago y toda vez que dicha recomendación no fue emitida en favor de la parte actora no era procedente continuar con el trámite correspondiente.

Así, es evidente que el Oficio 1273 no explica de ninguna manera las consideraciones por las cuales se concluyó que no se debía emitir la recomendación de pago de la CTRL en favor de la parte actora, pues únicamente se indica que el trámite de pago de tal prestación no es procedente porque no se emitió dicha recomendación.

Ahora bien, como se refirió anteriormente, la parte actora no solo controvierte la falta de fundamentación y motivación del Oficio 1273, sino que también considera que para efectos de determinar la procedencia o no de la recomendación de pago de la CTRL no se debe tomar en cuenta el Acta Circunstanciada, pues no es la vía idónea para determinar si existieron -o no- las irregularidades que se le atribuyen, pues para ello se debió iniciar un procedimiento laboral sancionador, además de que considera que en ningún momento cometió ni se acreditó alguna de las referidas irregularidades.

Al respecto, en su contestación a la demanda, el INE reconoce fundamentalmente que -en efecto- la negativa de la recomendación de pago de la CTRL de la parte actora deriva de los actos y hechos que se le atribuyeron en el Acta Circunstanciada, en razón de que la parte actora vulneró -a su juicio- el acuerdo de confidencialidad que firmó con motivo de su

intervención en la impresión de los exámenes que se aplicarían a las personas aspirantes a CAE y SE pues, posterior a ello, se presentó al examen para que se le contratara en dichos puestos, por lo que usó indebidamente la información que se le entregó.

Agregando que la propia parte actora, al momento de hacer uso de la voz durante la elaboración del Acta Circunstanciada, reconoció haber tenido acceso a las 5 (cinco) versiones del examen.

En atención a la vista que se le dio con la contestación de la demanda, la parte actora indicó que del Acta Circunstanciada solo se desprenden manifestaciones de las partes involucradas, además de que esa acta no es el documento o vía idónea, pues lo institucionalmente correcto era iniciar, en su caso, un procedimiento laboral sancionador.

En relación con esto, es necesario precisar que, en el caso, no sería viable la instrumentación de un procedimiento laboral sancionador a fin de determinar si la parte actora cometió o no las irregularidades que se le imputan en el Acta Circunstanciada.

El artículo 8-I del Estatuto define a dicho procedimiento como la serie de actos dirigidos a determinar posibles conductas y, en su caso, la imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumplan las obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o infrinjan las normas previstas en la Constitución, la ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del Instituto, sin perjuicio de lo establecido respecto a otro tipo de responsabilidades.

No obstante ello, el artículo 309 del Estatuto señala que la responsabilidad laboral se extingue, entre otras causas, por la renuncia de la persona denunciada; además, el artículo 324-II del mismo ordenamiento dispone que la autoridad competente declarará el no inicio del procedimiento cuando la parte denunciada renuncie o fallezca.

En el caso, es un hecho no controvertido que la relación laboral concluyó el 31 (treinta y uno) de enero derivado de la renuncia de la parte actora, por lo que ante tales circunstancias de hecho, en todo caso, no sería viable el inicio del procedimiento laboral sancionador pues sería improcedente ante dicha renuncia.

Ahora bien, la parte actora esencialmente tiene razón respecto a que el Acta Circunstanciada no es el medio idóneo para acreditar -como tal- la comisión de las irregularidades que se le atribuyen, pues dicho documento solo contiene las manifestaciones de las partes. Se explica.

En el Acta Circunstanciada se indica que se levantó para hacer constar actos y hechos que se atribuyen a la parte actora.

Posteriormente se transcribe la declaración de la persona vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local en el sentido de que la parte actora se presentó al proceso de selección y reclutamiento de CAE y SE, indicando que:

[…] se trata de un caso delicado porque […] participó directamente en la impresión de los exámenes que se aplicarían en los 22 distritos electorales de la Ciudad de México, siendo de su conocimiento que se trataba de un instrumento confidencial. Las personas que participaron en la reproducción, empaquetado y distribución de las cinco versiones de exámenes firmaron un acuerdo de confidencialidad y tuvieron conocimiento que de ninguna manera podría hacerse uso de esa información […] Derivado de lo anterior, considero que se vulneró la secrecía del instrumento al haberlo conocido previamente y haber presentado el examen como aspirante a pesar de haber firmado el acuerdo de confidencialidad.

Además, dicha persona manifestó que a la parte actora se le comisionó para aplicar la medición de cumplimiento en el reclutamiento selección y contratación de SE y CAE, siendo que en el formato correspondiente indicó que realizó dicha actividad entre las 10:00 (diez horas) y las 12:00 (doce horas), horario que coincide con la presentación del examen por lo que -a su juicio- existe duda fundada de que realmente haya realizado la actividad para la que se le comisionó.

Posteriormente  quienes  rindieron  su  testimonio  señalaron

-fundamentalmente- [1] que la parte actora se presentó a realizar el examen correspondiente al proceso de selección y reclutamiento de CAE y SE; [2] que la parte actora participó en la impresión de las 5 (versiones) de los exámenes utilizados en dicho proceso, siendo la persona encargada de mandar imprimir dichas pruebas desde una computadora portátil y trasladarlas a las mesas que se encargaban de su revisión y engrapado; y

[3] que las personas que participaron en dicha diligencia firmaron de manera individual un acuerdo de confidencialidad.

Por su lado, la parte actora manifestó que el contacto que tuvo con los exámenes durante su impresión fue mínimo ya que su labor consistió en mandarlos a imprimir sin que hubiera verificado su contenido pues prácticamente estuvo en movimiento constantemente entre la computadora y las impresoras, validando solamente que no quedaran doblados o mal impresos.

Asimismo, indicó que continuó con el proceso de selección de CAE y SE, hizo su registro en línea y se preparó para el examen con el uso de la guía que se le envió por correo electrónico;

además que una vez que concluyó su prueba realizó la actividad para la cual se le comisionó; culminó su intervención refiriendo que si bien tuvo acceso a las 5 (cinco) versiones de los exámenes no hizo mal uso de la información contenida en los documentos.

Finalmente, en el Acta Circunstanciada se señaló:

En consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por las personas que participaron en este acto, para los efectos legales a que haya lugar.

Del contenido del acta se advierte que -como señala la parte actora- esta solo contiene manifestaciones de las personas que participaron en su elaboración, sin que en dicho documento se haya realizado alguna conclusión respecto a que la parte actora cometió alguna irregularidad específica.

Incluso, al finalizar dicha acta únicamente se tuvieron por realizadas las manifestaciones de las personas participantes, pero en ningún momento se llegó a una determinación formal respecto de las acusaciones y defensas que se realizaron.

De esta manera, el referir que la recomendación de pago de la CTRL a favor de la parte actora no es procedente porque en el Acta Circunstanciada se le atribuyen ciertos actos y hechos a la parte actora no satisface la obligación del INE -conforme al artículo 580-I del Manual- de fundar y motivar dicha negativa en elementos objetivos.

Este tribunal ha sostenido que las razones por las que se niega el pago de la CTRL deben ser objetivas, y deben estar debidamente fundadas y motivadas.

Así, la Sala Superior ha sostenido que la recomendación de

pago de la CTRL debe hacerse con base en elementos objetivos sobre hechos o consideraciones concretas, mediante las cuales se ponga de relieve el por qué no procede el pago de la compensación.

De esta forma, ha señalado que la respuesta debe contener los fundamentos normativos en los que se basa, así como las razones objetivas por las que no se emite dicha recomendación. Además, debe haber una explicación lógica entre las supuestas irregularidades atribuidas a la persona solicitante, y sus funciones como trabajadora del INE, de forma que se pueda evidenciar, de forma objetiva, por qué dichas irregularidades afectaron el desempeño de la persona trabajadora en la realización de sus funciones18. Con esto, se busca evitar que la determinación de la procedencia de esta prestación sea arbitraria.

En este sentido, a consideración de esta sala, no basta con indicar que no fue procedente la recomendación de pago de la CTRL en favor de la parte actora en razón de que en el Acta Circunstanciada se le atribuyeron determinados actos y hechos, pues como ya se explicó, en dicho documento únicamente se tuvieron por realizadas las manifestaciones de quienes participaron en su elaboración, las cuales no solo corresponden a las acusaciones contra la parte actora sino también se incluyeron las defensas que hizo valer al respecto, sin que se tomara alguna determinación sobre ello.

De esta forma, atendiendo a la exigencia que impone el artículo 580-I del Manual, el INE tenía la obligación de fundar y motivar

18 A resolver, entre otros, los Juicios Laborales SUP-JLI-2/2022, SUP-JLI-37/2022 y SUP-JLI-66/2023.

por qué las irregularidades que se le atribuyeron a la parte actora en el acta mencionada habrían afectado de forma objetiva el desempeño en el ejercicio de sus funciones y cuál es el fundamento normativo para negar la recomendación de pago de la CTRL, explicando objetivamente las razones de dicha determinación, lo que no ocurrió en el caso.

En este sentido, lo procedente es revocar el Oficio 1273 para que el INE, de manera fundada y motivada, a partir de razones objetivas, las cuales no podrán basarse en el contenido del Acta Circunstanciada, emita una nueva determinación sobre la recomendación de pago de la CTRL a favor de la parte actora, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

Ahora bien, no pasa desapercibido que el demandado refiere que a través del Oficio 2512 se expusieron de los motivos y fundamentos en los que -a partir de elementos objetivos- se basa la negativa de otorgar la recomendación referida.

Sin embargo, dicho oficio -sustancialmente- justifica tal negativa a partir de que en el Acta Circunstanciada se le atribuyen determinadas conductas a la parte actora, cuestión que esta sala ya consideró como insuficiente para cumplir la carga que impone el artículo 580-I del Manual.

Por lo que, a partir de lo resuelto por esta sala, el Oficio 2512 también debe quedar sin efectos.

9.2.2.  Horas extra

La parte actora reclama el pago de 10 (diez) horas extraordinarias semanales por el último año de servicios, es decir, por el periodo comprendido del 31 (treinta y uno) de enero

de 2024 (dos mil veinticuatro) al mismo día de 2025 (dos mil veinticinco).

Ahora bien, en su contestación el INE niega acción y derecho para que la parte actora demande el pago de horas extras al considerar que su reclamo se basa en hechos falsos.

Asimismo, dice que para poder trabajar tiempo extraordinario se requiere autorización por escrito de las personas superiores jerárquicas precisando el día y horario en el que se desarrollará la jornada extralegal y opone la excepción de pago, además opone la excepción de plus petitio (exceso en lo pedido) bajo el argumento de que la parte actora pretende hacer creer que laboró tiempo extraordinario.

Al respecto, señala que los horarios aprobados por Consejo Local del INE en la Ciudad de México son los siguientes:

   Durante el proceso electoral federal 2023-2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro), de lunes a viernes de las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos) y de las 15:30 (quince horas con treinta minutos) а las 18:30 (dieciocho horas con treinta minutos), y sábado de las 09:00 (nueve horas) a las 13:00 (trece horas);

   Durante el proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial de la Federación, de lunes a viernes de las 09:00 (nueve horas) a las 13:00 (trece horas) y de las 15:00 (quince horas) а las 18:00 (dieciocho horas), y sábado de las 09:00 (nueve horas) a las 13:00 (trece horas).

También contesta que es a la parte actora a quien le corresponde acreditar que laboró el tiempo extraordinario que refiere en su demanda.

Por otro lado, señala que la JGE emitió el acuerdo INE/JGE01/2024 por medio del cual se aprobó el pago de una compensación por cargas de trabajo respecto del periodo comprendido del 1º (primero) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), al 2 (dos) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro).

Al respecto, indica que a la parte actora le fue cubierto el pago correspondiente a ambos periodos de la compensación aprobada por la JGE.

En atención a lo anterior, el estudio de las horas reclamadas por la parte actora deberá hacerse conforme a lo siguiente, atendiendo al acuerdo aprobado por la referida junta:

   El periodo comprendido del 31 (treinta y uno) de enero al 2 (dos) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro) se estudiará conforme al pago de la compensación aprobada por la JGE en el acuerdo INE/JGE01/2024.

   El periodo que corre del 3 (tres) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro) al 31 (treinta y uno) de enero, se hará respecto al pago de horas extras laboradas en razón de las10 (diez) horas a la semana que se reclaman en la demanda.

En este sentido es fundada la excepción de pago hecha valer por el INE respecto a que cubrió a la parte actora el pago correspondiente a la compensación por cargas de trabajo aprobada por la JGE por el período comprendido del 31 (treinta y uno) de enero al 2 (dos) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro).

Como se advierte del acuerdo INE/JGE01/2024 que el INE acompañó a su contestación, la JGE aprobó el pago de una compensación por cargas de trabajo y labores extraordinarias derivadas del referido proceso electoral, entre otro, respecto a un segundo periodo comprendido del 1° (primero) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés) al 2 (dos) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro).

En ese sentido, los pagos correspondientes debían hacerse conforme a lo establecido en el referido acuerdo de la JGE del INE que sentó las bases para cumplir el derecho de su personal a recibir una remuneración por las labores extraordinarias durante el año electoral.

En efecto, como puede verse de las consideraciones del acuerdo INE/JGE01/2024, su finalidad fue establecer la forma de cumplir el derecho de las personas trabajadoras del INE establecido en el artículo 67-XVII del Estatuto ante la carga que les significaría atender el mayor reto logístico en la historia de la democracia mexicana19, actividades que implican que las cargas y horarios de trabajo exigidos se consideren extraordinarias20.

Igualmente, se estableció que serían acreedoras a dicha prestación extralegal las personas trabajadoras del INE que se encontraran en activo a la fecha en que se hiciera efectivo el derecho, conforme lo siguiente:

   Del 1° (primero) de septiembre al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), para el pago de la primera parte.

19 Punto 15 del acuerdo.

20 Punto 16 del acuerdo.

   Del 1° (primero) de enero al 2 (dos) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro), para el pago de la segunda parte.

Las fechas de pago, según el acuerdo, serían las siguientes:

   La primera parte, en la 2° (segunda) quincena de enero de 2024 (dos mil veinticuatro).

   La segunda parte, en la 2° (segunda) quincena de junio de 2024 (dos mil veinticuatro).

Por último, el referido acuerdo señala que se pagaría proporcionalmente conforme al tiempo que se hubiera ocupado la plaza o con base en el tiempo de servicios prestados.

Partiendo de lo anterior, y dado que el periodo por el que la parte actora solicita el pago de horas extraordinarias comenzó el 31 (treinta y uno) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro), se estima que a partir de ese día y hasta el 2 (dos) de junio del 2024 (dos mil veinticuatro), la parte actora tuvo derecho al pago de la segunda parte de la compensación prevista en el acuerdo INE/JGE01/2024.

Ahora bien, de los comprobantes fiscales aportados por el demandado, se observa el concepto de estímulo por jornada electoral realizado el 25 (veinticinco) de junio del 2024 (dos mil veinticuatro) a favor de la parte actora.

Al tratarse de una documental privada21, tiene valor indiciario22; sin embargo, su existencia presume la del original23. Además, no fue objetada en cuanto a su contenido por la parte actora y, por lo tanto, se considera que es suficiente para acreditar que el demandado pagó a la parte actora la compensación prevista en el acuerdo INE/JGE01/2024 respecto del segundo periodo.

Por cuanto hace al periodo comprendido del 3 (tres) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro) al 31 (treinta y uno) de enero, la parte actora reclama el pago de 10 (diez) horas extraordinarias por semana.

Al respecto, se debe precisar que la Suprema Corte ha reconocido que, en lo concerniente a la jornada laboral, conforme a los artículos 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, la parte patronal debe acreditarla pues es quien debe conservar la documentación relativa a la relación laboral24. Por ello, cuando exista discrepancia entre el horario laboral y se reclame el pago de horas extraordinarias, la parte patronal debe acreditar la jornada que la persona trabajadora laboraba.

Lo anterior se establece en la jurisprudencia 2a./J. 22/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO

21 Precisando que si bien se remitió digitalmente una certificación firmada electrónicamente por la persona directora del secretariado del INE, lo cierto es que no se certifica que los mismos correspondan con el original que se tuvo a la vista, sino que se hace constar que el archivo corresponde al que fue remitido mediante una cuenta institucional de correo electrónico.

22 De conformidad con los artículos 14 [párrafos 1.b) y 5] de la Ley de Medios y 796 de la Ley Federal del Trabajo.