VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-15/2025

Fecha de clasificación: 18 de julio de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT- JLI-SE21/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica.

Periodo de clasificación: No aplica.

Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-15/2025

PARTE ACTORA:

HÉCTOR MARTÍNEZ GÓMEZ

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIO:

DANIEL ÁVILA SANTANA

COLABORÓ:

RAÚL PABLO MORENO HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a 28 (veintiocho) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco)1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes, ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones, y le absuelve del pago de otras.

Í N D I C E

G L O S A R I O..........................................2

A N T E C E D E N T E S...................................3

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S...................4

PRIMERA. Jurisdicción y competencia..........................4

1 En lo sucesivo, las fechas referidas corresponden a 2025 (dos mil veinticinco) salvo precisión de otro año.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.........................6

G L O S A R I O

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral

FONAC Fondo de Ahorro Capitalizable

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales para los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado

IFE Instituto Federal Electoral

INE o demandado Instituto Nacional Electoral

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado

Juicio Laboral Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales

de los servidores (y personas servidoras) del Instituto Nacional Electoral

Ley Burocrática Ley Federal de los Trabajadores (y Personas

Trabajadoras) al Servicio del Estado

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral

Ley del Trabajo Ley Federal del Trabajo

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales

Manual Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral2

Suprema Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación

A N T E C E D E N T E S

1.    Relación jurídica. La parte actora señala que comenzó a prestar sus servicios para el IFE -ahora INE- el 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno).

2.     Juicio Laboral. El 11 (once) de abril de 2025 (dos mil veinticinco)3, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE, a fin de demandar -entre otras cuestiones- “la falta de reconocimiento del suscrito como trabajador […] a pesar de que vengo laborando desde el 16 de marzo de 1991, se me ha dejado de reconocer […] desde el 16 de marzo de 1991 al 31 de enero de 1999…”.

2 Aprobado mediante acuerdo INE/JGE13/2021, que fue modificado mediante acuerdo INE/JGE56/2022, este último aprobado el 17 (diecisiete) de febrero de 2022 (dos mil veintidós) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 (nueve) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651360&fecha=09/05/2022#gsc

.tab=0, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

3 Como puede advertirse del sello de recepción de Oficialía de Partes de esta Sala Regional en la página 1 de la demanda.

3.         Turno. Con la demanda se integró el expediente SCM-JLI-15/2025 que se turnó el mismo 11 (once) de abril a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

4.   Recepción, admisión y emplazamiento. El 15 (quince) de abril siguiente la magistrada instructora recibió el expediente en la ponencia a su cargo, admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

5.  Contestación a la demanda y celebración de la audiencia. El 29 (veintinueve) de abril4 el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas; en consecuencia, la magistrada tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos la cual se celebró en su oportunidad5 y en la que, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes y al no quedar diligencias pendientes, la magistrada cerró la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio promovido por una persona que se ostenta como trabajadora en la 21 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la Ciudad de México por la que reclama el reconocimiento de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones derivadas de dicha relación; supuesto normativo y entidad federativa en que esta

4 Según sello de recepción de Oficialía de Partes de esta Sala Regional plasmado en la contestación de demanda.

5 Celebrada el 21 (veintiuno) de mayo, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Medios que señala que la audiencia se celebrará dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la contestación de demanda.

Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia. Lo anterior, tiene su fundamento en:

 Constitución: artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto fracción VII.

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

artículos 260 y 263-XI.

 Ley de Medios: artículos 3.2.e) y 94.1.b).

 Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que establece el ámbito territorial de cada una de las

5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera6.

Cabe señalar que la Constitución prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver los Juicios Laborales; así, cuando una persona que dice mantener una relación laboral con el INE plantea una vulneración a sus derechos y la expone en una demanda, le sujeta a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

Lo anterior, con independencia de que el INE pueda invocar diversas excepciones y defensas con el propósito de evidenciar que quien promueve carece de acción y derecho para reclamar las prestaciones, debido a la inexistencia de un vínculo laboral.

En este entendido, determinar la existencia o no de dicho vínculo forma parte de la controversia, como en el caso acontece, de ahí que sea un supuesto que actualiza la jurisdicción de este Tribunal Electoral7.

6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 (veintinueve) de marzo del 2023 (dos mil veintitrés).

7 Atribución establecida por la Constitución en el artículo 99 párrafo cuarto fracción

VII. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de rubro JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 80, séptima parte, página 21 y registro 245837).

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Excepción contra la procedencia de este juicio El demandado opone la excepción de prescripción, debido a la existencia de:

   1 (una) constancia de servicios de 23 (veintitrés) de junio de 2004 (dos mil cuatro), en la cual se consigna, entre otros datos, que la fecha de ingreso de la parte actora al entonces IFE fue el 1° (primero) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

   1 (una) constancia de servicios de 26 (veintiséis) de febrero de 2009 (dos mil nueve).

   Documento denominado “Cédula de Información Premio Institucional de Antigüedad al Servicio Profesional y Administrativo-Electoral”, en que -refiere el INE- la parte

actora reconoce como fecha de ingreso al entonces IFE el 1° (primero) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

Por lo anterior, el INE considera que la parte actora tuvo conocimiento antes de su demanda, de que la prestación de servicios que realizó previo al 1° (primero) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) no le era reconocida como antigüedad. Siendo así, si la parte actora presentó su demanda el 11 (once) de abril, estima que resulta incuestionable su extemporaneidad.

Esta Sala Regional desestima la excepción de prescripción referida porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral que afirma le unió con el INE por un periodo específico -del 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno) al 31 (treinta y uno) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve)-, y que sigue vigente, reclamando el pago de diversas prestaciones derivadas de esa situación.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido8 que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado y, en consecuencia, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, como sucede en el caso, ya que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los plenos de circuito PC.I.L. J/54 L (10a.)

8 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-5/2024, SCM-JLI-12/2024 , SCM-JLI-62/2024 y SCM-JLI-93/2024.

de rubro SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO  DE  LA  ANTIGÜEDAD  LABORAL,  PUEDE

PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO9; que establece que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

En la contradicción de criterios que dio lugar a la jurisprudencia referida -con carácter orientador- se arribó a las conclusiones siguientes:

a.  En torno a si el derecho al reconocimiento de antigüedad de una persona trabajadora al servicio del Estado es susceptible de prescribir y en qué condiciones:

 el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme al artículo 50-III de la Ley Burocrática;

 por principio, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, pues la antigüedad se genera día con día;

 cuando el reconocimiento de la antigüedad proviene de una comisión mixta, integrada por representantes de la parte patronal y la trabajadora, conforme a las condiciones generales de trabajo, al reglamento de

9 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019 (dos mil diecinueve), tomo III, página 2357 y registro 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

escalafón o alguna otra disposición similar, en que se haya dado a la persona trabajadora la oportunidad de hacer las aclaraciones y demostraciones correspondientes, y esta no impugna la resolución definitiva emitida, opera la prescripción; y,

 el solo conocimiento o notificación a la persona trabajadora de la hoja única de servicios, expedida por la parte patronal que consigne los años de servicios prestados por el empleado o empleada, no es apta para que prescriba la acción de reconocimiento de antigüedad de la persona trabajadora, salvo que exista prueba fehaciente de su conformidad expresa, manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento; o una vez que la persona trabajadora hubiese realizado las aclaraciones y demostrado con pruebas idóneas los errores u omisiones de dicho documento, y la dependencia expida una resolución definitiva al respecto, pues entonces iniciará el término de prescripción genérico de un año, con base en el artículo 112 de la Ley Burocrática, a partir de tales hechos.

b.  En torno a si los derechos de seguridad social para que la parte patronal “equiparada” haga la inscripción retroactivamente y entere las aportaciones omitidas al ISSSTE para gozar de los beneficios relativos, prescriben, en su caso, en qué circunstancias, en esa contradicción de criterios se estableció lo siguiente:

 El acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B-XI, de la Constitución, así como su ley reglamentaria, es la existencia de una relación de trabajo con las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno de la Ciudad de México; por lo cual, una vez

acreditado ese vínculo laboral, se hacen exigibles a la persona titular de la dependencia respectiva las obligaciones relativas a la seguridad social;

 El título quinto "De la prescripción" de la Ley del ISSSTE no establece la prescripción respecto al derecho de las personas trabajadoras a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes, por lo cual debe considerarse dicha excepción no es oponible en tales casos, una vez que la parte promovente ha demostrado la existencia del vínculo laboral, aun cuando este hubiese concluido, en tanto el vínculo laboral continúa vigente, pues se genera día con día; máxime que se trata de prestaciones derivadas de un derecho fundamental cuyas bases mínimas prevé el artículo 123, apartado B-XI, de la Constitución; por lo que, al ser inherentes a la persona humana, una vez demostrado su derecho a ellas, su vigencia no prescribe; y,

 Cuando el derecho a la seguridad social se reclama como consecuencia de la acción de reconocimiento de antigüedad, prescribe en los mismos términos que esta.

En los precedentes de esta Sala Regional10, se razonó que aun en los casos en los que existiera un documento como la constancia de servicios, al ser un documento expedido unilateralmente, no era idóneo o apto para que a partir de su emisión se debiera computar el plazo para que prescribiera la acción de reconocimiento de antigüedad de la parte actora.

Por tanto, en el caso, los documentos que señala el INE no son idóneos para que a partir de su emisión se debiera

10 Ver las resoluciones de los Juicios Laborales SCM-JLI-3/2021, SCM-JLI-14/2021, SCM-JLI-1/2022 a SCM-JLI-6/2022 y SCM-JLI-89/2022, entre otros.

computar el plazo de prescripción de la acción de reconocimiento de antigüedad de la parte actora, al no existir prueba fehaciente de su conformidad; ahí que se desestime la causal en estudio11.

Además, al tratarse de una omisión atribuida al INE, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011 de la Sala Superior de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE DE OMISIONES12.

CUARTA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO13.

4.1.  De la demanda

4.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora señaló su nombre y asentó su firma autógrafa, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causa, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, así como ofreció y anexó pruebas.

4.1.2.  Oportunidad. La demanda es oportuna en términos de lo establecido en la razón y fundamento tercera de esta sentencia.

11 Criterio similar fue establecido al resolver el Juicio Laboral SCM-JLI-11/2024.

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 29 y 30.

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

4.1.3.     Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude a reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma sostiene con el demandado, así como el pago de diversas prestaciones.

4.1.4.  Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta que prestó sus servicios al demandado en diversos periodos y busca su reconocimiento.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

4.2.  De la contestación

4.2.1.       Oportunidad. La contestación del demandado fue presentada en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues el INE fue notificado de la admisión de la demanda el 15 (quince) de abril, por lo que el plazo para contestarla transcurrió del 16 (dieciséis) al 29 (veintinueve) de ese mes14 y la contestación se presentó el último día del plazo15 -29 (veintinueve) de abril- según consta en el sello de recepción de la oficialía de partes de esta Sala Regional, por lo que fue oportuna.

14 Sin contar sábado 19 (diecinueve), domingo 20 (veinte), sábado 26 (veintiséis) y domingo 27 (veintisiete) de abril por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Medios y en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE

TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 (dos mil nueve), páginas 23 a 25.

15 No pasa desapercibido que el demandado señala que el plazo terminaba el 2 (dos) de mayo pues si bien refiere que de conformidad con la circular INE/DEA/030/2025 el 17 (diecisiete) y 18 (dieciocho) de abril eran días de descanso para personal del INE, de conformidad con el acuerdo 6/2022 de la Sala Superior, para considerarse como inhábiles los días referidos, las autoridades u órganos deberán avisarlo de manera oficial a este Tribunal Electoral y haberlo hecho del conocimiento público, lo cual no acredita.

4.2.2.   Legitimación y representación. La capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acude por conducto de una persona apoderada, como se reconoció en el acuerdo de instrucción de 2 (dos) de mayo.

QUINTA. Acciones y excepciones

5.1.  Acciones y pretensiones de la parte actora

De su demanda puede advertirse que la parte actora pretende:

1.     El reconocimiento de la relación laboral de 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno) al 31 (treinta y uno) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) y en tanto subsista la misma;

2.     El pago de aportaciones a ISSSTE y FOVISSSTE, durante el tiempo que no se haya hecho, considerando el periodo de relación cuyo reconocimiento reclama, de 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno) al 31 (treinta y uno) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) y hasta en tanto subsista la misma;

3.     La entrega de la constancia de servicios y de los formatos y comprobantes de haber cubierto la seguridad social ante el ISSSTE que como aportaciones se condene en el presente asunto;

4.     La entrega del original de la hoja de movimientos en la que se vea reflejado el tiempo completo y correcto que ha laborado para el INE;

5.     La entrega de los formatos de la Tesorería General del ISSSTE (denominados “Recibo electrónico TG-4, Recibo de retiro de fondos, recibo de caja, copia de los formatos emitidos por la Tesorería General del ISSSTE, [… y Formato por pago de Laudo SIRI]”), respecto del pago de aportaciones y cuotas a favor de la parte actora, que respalden todo el periodo reconocido.

6.     El pago de tiempo extraordinario laborado por el último año de servicio, correspondiente a 20 (veinte) horas extras semanales o “cinco horas extras diarias más las sabatinas”;

7.     El pago del incentivo por años de servicios trabajados, de conformidad con el Manual;

8.     La actualización y el pago del “quinquenio”, de acuerdo

con la antigüedad real que se le reconozca;

9.     El pago de las prestaciones establecidas en el Manual:

a.     Despensa oficial;

b.     Apoyo para despensa;

c.     Ayuda para alimentos;

d.     Día de reyes;

e.     Día del niño (de la niñez);

f.       Vales de fin de año;

g.     Prima quinquenal;

h.     Así como las aportaciones al FONAC y beneficios subsidiarios a este, y las demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo laborado en el INE y -en particular- las que corresponden a 1 (un) año anterior a la presentación de la demanda.

5.2.  Excepciones y defensas del demandado

El demandado hizo valer en la contestación, las siguientes excepciones y defensas:

5.2.1.  La de falta de acción y derecho e improcedencia de la vía. Toda vez que la parte actora no mantuvo una relación laboral con el demandado durante el periodo controvertido, puesto que la relación que existió fue de carácter civil.

5.2.2.   La de falta de acción y derecho para reclamar el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social. Ya que la

relación que unió a las partes durante el periodo reclamado fue de naturaleza civil.

5.2.3.   La de pago respecto a las cuotas y aportaciones de seguridad social. El INE sostiene que a partir del 1° (primero) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) ha cubierto las cuotas y aportaciones de seguridad social de la parte actora, lo que pretende acreditar con diversos recibos de pago.

5.2.4.     La de falta de acción y derecho para solicitar la exhibición de los comprobantes de pago de la seguridad social. El INE sostiene que no hay fundamento de derecho para que la parte actora realice este reclamo; además de que el propio instituto está imposibilitado para exhibir los comprobantes de pago solicitados.

5.2.5.  La de falta de acción y derecho respecto de la entrega de la constancia de servicios por el periodo reclamado. Señala que la parte actora no mantuvo una relación laboral con el INE durante el periodo cuyo reconocimiento solicita.

5.2.6.  La falta de derecho de acción y derecho para solicitar la Hoja Única de Servicios. El INE argumenta que la Hoja Única de Servicios se entrega al personal que ya no presta sus servicios o trabaja en el propio instituto, además de que

-conforme al Manual- el trámite para su emisión se debe realizar ante la Coordinación Administrativa del área en que la persona solicitante haya prestado sus servicios.

5.2.7.   La falta de derecho de acción y derecho, así como de legitimación para el pago del FONAC. Toda vez que tal beneficio se otorga al personal que de manera voluntaria solicita su incorporación y la parte actora no acredita haber solicitado su

incorporación a dicho fondo de ahorro.

5.2.8.    La de plus petitio (exceso en lo pedido) respecto al pago de horas extras. Puesto que la parte actora no trabajó tiempo extraordinario y no acredita haber tenido autorización para trabajar dicho tiempo.

5.2.9.   La de pago, por lo que hace a horas extras. Debido a que el reclamo carece de todo fundamento jurídico toda vez que la parte actora pretende hacer creer que ha trabajado tiempo extraordinario durante el último año sin aportar ninguna prueba para sustentar las afirmaciones que realiza.

Aunado a lo anterior, refiere que pagó a la parte actora la compensación prevista en el artículo 67-XVII del Estatuto.

5.2.10.  La de prescripción respecto al incentivo por años de servicio. El INE argumenta que el pago de esta prestación está prescrito pues la parte actora cumplió 25 (veinticinco) años de servicios en el INE por lo que a partir de esa fecha contaba con 1 (un) año para realizar el reclamo respectivo, lo que realizó hasta el 11 (once) de abril de 2025 (dos mil veinticinco).

5.2.11.     La de falta de acción y derecho; así como la de condición y plazos no cumplidos respecto al incentivo de años de servicios por 30 (treinta) años de servicio. El INE señala que es improcedente el pago pues la parte actora ingresó al demandado mediante la celebración de un contrato de prestación de naturaleza civil y existieron diversas interrupciones durante el periodo controvertido en las cuales no existió vínculo de ningún tipo.

5.2.12.   La de prescripción, legitimación y falta de acción y

derecho por lo que hace al pago y actualización de “quinquenios”. El INE argumenta que está prescrito el pago de esta prestación por lo que hace a antes del 11 (once) de abril de 2024 (dos mil veinticuatro); además de que durante el periodo cuyo reconocimiento reclama la parte actora no tenía una plaza presupuestal, requisito necesario para tener derecho a esta prestación extralegal.

5.2.13.  La de falta de acción y derecho, así como la de pago, respecto a despensa oficial, apoyo para despensa y ayuda de alimentos. El INE considera que durante el periodo cuyo reconocimiento se reclama, la relación entre las partes era de naturaleza civil, por lo que no tenía derecho al pago de estas prestaciones extralegales. En este sentido, sostiene que desde el 1° (primero) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) ha cubierto estas prestaciones, lo cual pretende acreditar con diversos recibos de pago.

5.2.14.  La de falta de acción y derecho, así como la de pago, por lo que hace a vales de fin de año, día de la niñez y día de reyes. Toda vez que durante el periodo cuyo reconocimiento reclama la parte actora, la relación entre las partes era de naturaleza civil, por lo que no tenía derecho al pago de estas prestaciones extralegales. En este sentido, sostiene que desde el 1° (primero) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) ha cubierto estas prestaciones, lo cual pretende acreditar con diversos recibos de pago.

5.2.15.    La de falta de acción y derecho por lo que hace al pago y actualización de la prima quinquenal. El INE señala que durante el periodo cuyo reconocimiento reclama la parte actora no tenía una plaza presupuestal, requisito necesario para tener derecho a esta prestación extralegal, aunado a que no

solicitó dicho pago durante ese periodo.

5.2.16.  La de prescripción de las prestaciones. Sobre aquellas prestaciones que la parte actora no reclamó dentro del plazo de 1 (un) año a partir de que tuvo derecho a ellas.

5.2.17.   La de falsedad. Puesto que -en consideración del INE- la parte actora realiza sus reclamos sobre argumentos y hechos falsos.

SEXTA. Pruebas admitidas y desahogadas

6.1.  De la parte actora

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.       La instrumental pública de actuaciones.

2.       La presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

3.       Documentales consistentes en:

a)       Los recibos de pago:

b)    Credencial expedida a favor de la parte actora.

c)     Escrito de 24 (veinticuatro) febrero mediante el que solicitó su expediente personal al INE.

6.2.  Del demandado

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el INE, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.    Un disco compacto, con los siguientes documentos:

a)    Expediente personal de la parte actora, del que se advierten -entre otros documentos- contratos de

prestación de servicios entre las partes por los siguientes periodos:

b)    Recibos CFDI a nombre de la parte actora relativos a los años 2017 (dos mil diecisiete), 2018 (dos mil dieciocho), 2019 (dos mil diecinueve), 2020 (dos mil veinte), 2021 (dos mil veintiuno), 2022 (dos mil veintidós), 2023 (dos mil veintitrés), 2024 (dos mil veinticuatro) y 2025 (dos mil veinticinco).

c)     Acuerdo A03/INE/CDMX/02-12-2024, emitido por el Consejo Local del INE en la Ciudad de México, por el que establece el horario de labores durante el proceso electoral extraordinario 2024-2025 (dos mil veinticuatro – dos mil veinticinco).

SÉPTIMA. Determinación de la controversia

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de la relación laboral entre las partes del 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno) al 31 (treinta y uno) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), cuya relación -según afirma- continúa vigente16.

16 Cuestión esta última en la que coinciden las partes, como puede verse en la demanda y la contestación.

Asimismo, la parte actora demanda el pago de diversas prestaciones.

El INE hace valer que al inicio no existió una relación de naturaleza laboral con la parte actora, sino civil y de carácter temporal, así como que en ciertos periodos no existió contrato alguno; por tanto, desde su perspectiva, la parte actora carece de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de una relación laboral, así como de la antigüedad correspondiente.

En ese sentido, la controversia en este juicio se centrará en analizar la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes en el periodo controvertido.

Posteriormente, se estudiará si es procedente el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora en tanto que la determinación de la antigüedad y del tipo de relación que existe entre las partes puede incidir en su procedencia, por lo que es necesario resolver ese punto de la controversia en primer lugar.

OCTAVA. Análisis de fondo

8.1.  Naturaleza de la relación jurídica entre las partes

En principio, es preciso señalar que el criterio que ha adoptado esta Sala Regional en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y prestaciones inherentes a la misma se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior17 para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está

17 En el juicio SUP-JLI-18/2022.

vinculada con el derecho humano a la seguridad social previsto constitucionalmente18.

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior19 es que, tras la determinación de la antigüedad, aplica el plazo de 1 (un) año para controvertir el acto respectivo20.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivados de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les corresponden en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral que -afirma- sostuvo con el INE de 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno) al 31 (treinta y uno) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), corresponde al INE demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo fue

18 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-17/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-08/2021 y SUP-JLI-10/2021.

19 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-3/2021,  SUP-JLI-4/2021,  SUP-JLI-5/2021,  SUP-JLI-8/2021, SUP-JLI-10/2021 y SUP-JLI-19/2021.

20 Criterio que también sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte 2a./J. 30/2001 de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL EN LA EMPRESA. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A INCONFORMARSE CON AQUELLA QUE DETERMINE EL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PUEDE PRESCRIBIR SI EL RECONOCIMIENTO RELATIVO PROVIENE DE LA COMISIÓN MIXTA

A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001 [dos mil uno], página 192).

de naturaleza civil. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO21.

El artículo 20 de la Ley del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

1.       La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.       La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea y tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.       El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte22 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la

21 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, Tomo IX, mayo de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), página 480.

22 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

(consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, Quinta Parte, página 185). Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995 [mil novecientos noventa y cinco], página 289).

relación como laboral o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, esta Sala Regional de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas, analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

8.1.1.  Prestación de un trabajo personal

La Sala Regional concluye que la relación entre las partes implicaba la prestación de un trabajo personal de la parte actora en favor del INE.

Esto a partir de las pruebas ofrecidas y admitidas, que al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, así como la falta de pruebas que pudieran desacreditar su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

En la demanda la parte actora señala que prestó sus servicios al ahora INE desde el 16 (dieciséis) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno).

Por su lado, el INE refiere lo siguiente:

 niega algún tipo de relación -entre otros periodos- de 1° (primero) de marzo de 1991 (mil novecientos noventa y uno) al 15 (quince) de noviembre de 1993 (mil novecientos noventa y tres),

 indica que sí sostuvieron vínculos contractuales desde el 16 (dieciséis) de noviembre de 1993 (mil novecientos noventa y tres) al 15 (quince) de enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), con excepción de los siguientes periodos:

Con independencia de la fecha de inicio de la relación jurídica, el INE reconoce que la parte actora se desempeñó como “Verificador de datos”, “Especialista en campo”, “Responsable de módulo” y “Responsable de zona”.

Conforme a las copias de los contratos de prestación de servicios que remitió el INE se advierte -respecto a los cargos que desempeñó la parte actora- lo siguiente:

Las actividades para las que se contrató a la parte actora implicaron realizar actos materiales, concretos y objetivos en

favor del Instituto, tal como se advierte de las funciones descritas en los contratos:

Como puede verse, la descripción de las funciones para las que se contrató a la parte actora coincide con lo manifestado en su demanda y demuestra el desempeño de funciones que implicaban realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha relación.

8.1.2.  Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que ha trabajado para el demandado siempre lo ha hecho de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que este le ha proporcionado, bajo sus órdenes y supervisión.

El INE manifiesta que la parte actora “no realizaba sus actividades cumpliendo órdenes específicas de este Instituto, por tanto, es inexistente el elemento de subordinación”23.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades que describen no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del entonces IFE e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho instituto.

23 Página 22 de la contestación de demanda.

En el caso, el IFE tenía entre sus atribuciones organizar las elecciones además de las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41 base V apartado B inciso a) párrafo 3 de la Constitución. En ese sentido, el artículo 69.1.c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes24- establecía como uno de los fines del IFE el de integrar el Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), atribución que también está contemplada para el INE en el artículo 30.1.c) de la Ley Electoral.