JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-16/2023

PARTE ACTORA: CINTHYA LONNGI DELGADO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIADO: GREYSI ADRIANA MUÑOZ LAISEQUILLA Y HÉCTOR RIVERA ESTRADA

Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

El Pleno de esta Sala Regional, en sesión privada de esta fecha, reconoce la relación laboral entre las partes y ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones mientras que le absuelve de otras.

GLOSARIO

Índice

ANTECEDENTES

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

TERCERA. Causal de improcedencia hecha valer por el INE.

CUARTA. Requisitos de la demanda y contestación

QUINTA. Pretensión de la actora.

SEXTA. Excepciones y defensas del INE.

SÉPTIMA. Pruebas admitidas y desahogadas.

OCTAVA. Estudio de fondo.

NOVENA. Efectos de la sentencia

RESUELVE

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

1.  Inicio. La actora afirma que el inicio de su relación con el Instituto demandado data del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos, desempeñándose como Instructora de Capacitación.

2.  Vocalía del Registro Federal de Electores (y personas electoras). La parte actora señala que actualmente desempeña funciones como Vocal del Registro Federal en la Junta Distrital 01 del INE en la Ciudad de México.

3.  Solicitud de constancia de servicios. La promovente manifiesta que presentó solicitud de diversas constancias de trabajo, mismas que a la fecha no le ha sido entregadas.

II. Juicio laboral.

1. Demanda. El diez de febrero del presente año, la actora presentó una demanda ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional, por la que reclamó:

a)    La falta de reconocimiento como trabajadora del INE del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil.

b)    Pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE que no se hubieren realizado.

c)    El pago de tiempo extraordinario.

d)    El pago de incentivo por años de servicio.

e)    El pago de la prestación del quinquenio a que tiene derecho.

2. Turno. Por acuerdo dictado el diez de febrero del presente año, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SCM-JLI-16/2023 y turnarlo a la Ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza.

3. Recepción en ponencia, admisión y emplazamiento. Mediante proveído de trece de febrero del presente año, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente del juicio al rubro indicado en la ponencia a su cargo, admitió la demanda y se ordenó emplazar a juicio al Instituto demandado.

4. Contestación, vista y citación para Audiencia de ley. El INE contestó la demanda enderezada en su contra y, mediante proveído del primero de marzo del presente año, el Magistrado instructor ordenó dar vista a la parte actora con dicho ocurso a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, al tiempo en que se citó a las partes para la Audiencia de ley bajo la modalidad de videoconferencia.

5. Audiencia. El dieciséis de marzo del presente año, se llevó a cabo la audiencia de ley y una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes de ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el INE y la actora, quien lo promovió para reclamar principalmente la falta de reconocimiento de su relación laboral desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil, así como para reclamar el pago de diversas prestaciones derivadas de su relación con el Instituto demandado.

Hipótesis normativa competencia de esta autoridad jurisdiccional y entidad que se ubica dentro de la circunscripción donde ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III, inciso e), y 176, fracción XII.

Ley de Medios. Artículos 3, párrafo 1 inciso e); y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo del Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus personas servidoras. Así, cuando -como en el caso- una persona afirma ser o haber sido trabajadora del INE y plantea una vulneración a sus derechos en un Juicio Laboral, este tribunal debe conocer el asunto y emitir la sentencia que en derecho corresponda.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

Se precisa que en los juicios que tienen por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el INE y sus personas servidoras, además de la Ley de Medios, el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, el Estatuto, así como la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a) La Ley Federal de (las y) los Trabajadores al Servicio del Estado.

b) La Ley Federal del Trabajo.

c) El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d) Las leyes del orden común.

e) Los principios generales de derecho.

f) La equidad.

Lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Medios, en donde se establece la supletoriedad de los ordenamientos jurídicos listados, en el entendido de que ello acontece siempre que no se contravenga al régimen laboral de las y los servidores del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

TERCERA. Causal de improcedencia hecha valer por el INE.

Al contestar la demanda el INE hizo valer como causa de improcedencia la prescripción de la acción de reconocimiento de la relación laboral, la cual aduce tiene una excepción, que se presenta al momento en que se emite una determinación en la que se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes de ese Instituto, supuesto en el cual se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año; y que para el caso del personal del INE, tal determinación corresponde a la emisión de la Hoja Única de Servicio o la Constancia de Servicios.

Señala el instituto demandado, que desde el ocho de febrero de dos mil diez, la parte actora solicito al INE la expedición de la Constancia de Servicios a su favor, documental en la que se precisó que su ingreso fue el treinta y uno de enero de dos mil, por lo que resulta evidente que tenía conocimiento cierto y fehaciente de su fecha de ingreso y consecuentemente que los vínculos jurídicos que sostuvo con este Instituto con antelación, no le eran reconocidos como laborales.

Así, -señala el INE- de conformidad con el artículo 645 del Manual, 112 de la Ley Federal de los Trabajadores (y las personas trabajadoras) al Servicio del Estado y 516 de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, la accionante estaba compelida a inconformarse con la antigüedad señalada en la Constancia de Servicios, por lo que debió de inconformarse de ello, en el periodo comprendido del nueve de febrero de dos mil diez al nueve de febrero de dos mil once, sin que durante dicho lapso lo haya realizado.

En consecuencia, para el Instituto si la demanda de la actora se presentó el diez de febrero del presente año, resulta incuestionable que su presentación fue extemporánea, operando en su perjuicio la prescripción de la acción de reconocimiento de relación laboral.

En efecto, con independencia de que el INE señala la existencia de una constancia de fecha ocho de febrero de dos mil diez, lo cierto es que en el expediente del presente juicio laboral se encuentran dos constancias de servicios.

Documentales que tiene pleno valor probatorio, debido a que fueron aportados por el INE, sin que se controvierta respecto a su autenticidad[4].

Luego, de dichas constancias es posible desprender que la jefatura de departamento de información de personal, adscrita a la Subdirección de Servicios Personales y Programas Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración del entonces IFE, emitió constancias de servicios de fechas veintiuno de junio de dos mil cinco y diez de febrero de dos mil diez, respecto de la actora.

Asimismo, en dichos documentos se señalan diversos datos correspondientes a la afiliación de la parte actora; como fecha de ingreso el treinta y uno de enero de dos mil y el tipo de nombramiento de confianza; así como otros datos correspondientes a la percepción bruta mensual y la adscripción. De igual manera, se manifiesta que se extienden “a petición de la interesada para los fines que a ella convegan”.

De esta forma, aun cuando el INE hace alusión a solo una constancia – de ocho de febrero de dos mil diez- y aduce que resulta evidente que la parte actora tenía conocimiento cierto y fehaciente de su fecha de ingreso y consecuentemente de los vínculos jurídicos que sostuvo con el Instituto con antelación, por lo que estaba compelida a inconformarse con la antigüedad señalada y debió inconformarse de ello, lo cierto es que las constancias de servicios – de veintiuno de junio de dos mil cinco y ocho de febrero de dos mil diez- que se encuentran en el expediente no resultan eficaces para hacer valer la excepción de extemporaneidad.

Lo anterior es así, toda vez que en las mencionadas documentales no existe evidencia que las mismas hubieran sido entregadas y recibidas por la parte actora; esto es, no aparece un acuse de recibo ni circunstancia especial que constituya medio de convicción que acredite que la actora tuvo conocimiento de dichas constancias de servicios con las cuales se hubiera enterado de que la relación contractual con el Instituto demandado no era de carácter laboral sino civil.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de pago de reconocimiento por antigüedad y el censo de recursos humanos, que el Instituto demandado alude como pruebas para actualizar la causal de improcedencia que hace valer, debe reiterarse que para el caso del INE la determinación en la que se establezca el tiempo de antigüedad corresponde a la emisión de la hoja única de servicio o la constancia de servicios, que se contemplan en los artículos 535 y 537 del Manual.

En dichos numerales, se establece que:

        La hoja única de servicios es el documento oficial que emite el Instituto, a través del cual se especifica el periodo laborado o cotizado, la percepción o remuneración y la denominación de los puestos ocupados o periodo de contratación, y se expide para los efectos legales que considere el personal, entre los que destacan trámites de pensiones e indemnizaciones ante el ISSSTE y, en su caso, trámites que exijan la acreditación de antigüedad.

        Por su parte, la constancia de servicios es el documento mediante la cual se hace constar que el personal o personas prestadoras de servicios, se encuentra desempeñando labores o prestando sus servicios en el Instituto, la cual contendrá, entre otros, la fecha de ingreso. Esta, será el documento con el cual el trabajador, trabajadora o persona Prestadora de Servicios está en posibilidades de efectuar trámites de carácter personal.

En ese sentido, deben desestimarse las documentales de solicitud de pago de reconocimiento por antigüedad y del censo de recursos humanos, al no ser documentos idóneos para que en su caso la actora pudiera conocer de forma cierta su fecha de ingreso o la antigüedad que el Instituto demandado le reconoce.[5]

Por tanto, esta Sala Regional arriba a la conclusión, que la parte actora no tenía pleno conocimiento del tipo de vínculo jurídico con el Instituto demandado a partir de las constancias que se encuentran en el expediente y en la que en lo particular -la del ocho de febrero de dos mil diez- el INE alude como determinante para que se actualice la extemporaneidad en la presentación de la demanda y en consecuencia no procede declarar la excepción que hace valer el Instituto demandado.

En el caso particular, resulta necesario hacer énfasis en que la finalidad de las constancias de servicio no es especificar los días laborados y cotizados ante el ISSSTE.

De las constancias aludidas que se encuentran integradas al expediente del presente juicio, en ninguna se observa que el INE establezca la antigüedad que le reconoce a la parte actora sino se señalan solamente los períodos en que advierte haber sostenido una relación jurídica con la misma.

De ahí que, aun en el caso de considerar alguna de las constancias para que opere la prescripción, es necesario que las mismas no solo establezcan la antigüedad sino también que provengan de una instancia en que la parte trabajadora haya tenido oportunidad de hacer aclaraciones y demostrar la existencia de posibles errores en el cálculo de su antigüedad, lo cual resulta aplicable en lo conducente, según lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia 2a./J. 58/2008 de rubro HOJA ÚNICA DE SERVICIOS EXPEDIDA POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AGRUPACIONES AFILIADAS DEL ISSSTE. LOS DATOS EN ELLA ASENTADOS NO PUEDEN TOMARSE COMO ÚNICA BASE PARA CALCULAR LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, CUANDO EL TRABAJADOR ADVIERTA ERRORES U OMISIONES EN SU CONTENIDO[6] y el Pleno del Primer Circuito en materia laboral en su jurisprudencia PC.I.L. J/53 L (10a.) de rubro ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR SU RECONOCIMIENTO PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO[7].

Efectivamente, de manera general respecto de las constancias, estas instancias han establecido que su expedición por las dependencias, entidades y agrupaciones afiliadas pueden contener errores u omisiones susceptibles de corregirse ante la autoridad jurisdiccional a través la presentación de pruebas[8], por lo que dado su carácter unilateral, no resultan aptas para iniciar el cómputo del plazo de la prescripción ya que resulta necesario que se dé oportunidad a la parte trabajadora de defender sus intereses y hacer aclaraciones o puede acreditarse de manera fehaciente que manifestó expresamente su conformidad con los datos de los años de servicios que consigne; o a partir de que la persona trabajadora reciba la resolución definitiva respecto a las aclaraciones para que se subsanaran sus errores u omisiones[9]; situaciones que no se alegan ni acreditan en el caso.

En ese sentido, al no ser documentos en que se reconozcan la antigüedad, según la propia normativa del INE, y haberse emitido de forma unilateral, no resultan aptos para actualizar la excepción a la imprescriptibilidad de la acción de reconocimiento de antigüedad, por lo que se desestima la excepción opuesta en la contestación de demanda. [10]

Por lo señalado es que la causal de improcedencia aludida por el INE debe desestimarse.

CUARTA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO[11].

Así, del análisis de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada por la promovente, como se explica a continuación:

-       Del escrito de demanda.

a.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley de Medios, pues fue presentada por escrito y en ella la parte actora hizo constar su nombre, planteó sus pretensiones, realizó manifestaciones de hecho y de derecho en las que fundó las mismas y plasmó su firma.

b.  Oportunidad. La demanda es oportuna pues la promovente controvierte una supuesta omisión de reconocer la relación laboral que le une con el INE y reclama el pago de diversas prestaciones derivadas de esa circunstancia.

Al respecto, la Sala Regional ha sostenido el criterio[12] de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los artículos 50, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores (y las personas trabajadoras) al Servicio del Estado y 158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral -como sucede en el caso-, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los Plenos de Circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro “SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO.”[13], el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción".

Adicionalmente, al tratarse de una omisión -respecto de la falta de respuesta a la solicitud realizada por la parte actora al INE-, también resulta procedente la jurisprudencia de la Sala Superior ha señalado 15/2011 de rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATANDOSE DE OMISIONES.”[14] que las omisiones, como acto reclamado, constituyen violaciones de tracto sucesivo, ya que sus efectos se actualizan día a día, debiéndose tener por presentada la demanda, en la especie, en forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad del demandado, es decir, el reconocimiento del inicio de su relación laboral.

De ahí que el requisito de oportunidad deba considerarse colmado.

c. Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que acude personalmente, afirmando -entre otras cuestiones- la falta de reconocimiento de la relación laboral por parte del INE.

d. Interés jurídico. La parte actora lo tiene, pues manifiesta haber prestado sus servicios al INE y demanda el pago de diversas prestaciones, por su relación laboral con el Instituto.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

-       De la contestación de demanda.

a. Forma. Fue presentada por escrito en que el INE hizo constar su nombre y el de la persona que actúa en su representación, expresó sus excepciones y defensas, ofreció pruebas y firmó su contestación.

b. Oportunidad. Se surte el requisito, toda vez que el INE produjo su contestación dentro del plazo concedido para ello, esto es, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento a juicio, en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Medios.

En efecto, el emplazamiento a juicio del INE tuvo lugar el trece de febrero del dos mil veintitrés. De ahí que el plazo para producir su contestación transcurrió del catorce al veintisiete siguiente, sin considerar los sábados ni domingos ─ dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis ─ por haber sido inhábiles. 

En ese orden de ideas, si la contestación de demanda se presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el veintisiete de febrero del año en curso, es evidente que se cumplió con tal requisito.

c.  Legitimación y personería.  El INE compareció por conducto de su apoderado, a quien se le reconoció su calidad mediante acuerdo del primero de marzo del año en curso, así como en el acta de Audiencia de ley celebrada el dieciséis de marzo de este año.

QUINTA. Pretensión de la actora.

Esta Sala advierte que el reclamo principal de la promovente consiste en que le sea reconocida la naturaleza laboral de la relación jurídica que refiere haber sostenido con el INE desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil, siendo que hasta esa fecha se le otorgó una plaza presupuestal; asimismo, demanda el pago de diversas prestaciones.

Debe precisarse que el periodo a probar va desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil, en el entendido de que no es un hecho controvertido entre las partes que el último día mencionado se otorgó a la promovente la plaza presupuestal o del personal de la Rama Administrativa, en la que actualmente labora[15].

En ese sentido, la parte actora reclama las siguientes prestaciones:

1.     El reconocimiento de la relación laboral desde la fecha de ingreso, esto es, el primero de septiembre de ml novecientos noventa y dos y hasta el treinta y uno de enero de dos mil, en el entendido que se le hizo firmar un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales, mismo que fue renovándose teniendo una categoría y desempeñando labores de Instructora de Capacitación, funciones que no tienen el carácter ni de eventuales ni de una prestación de servicios profesionales sino que tiene que ver con actividades inherentes a la actualización del Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores (y personas electoras), y Cartografía Electoral, siempre subordinada y desempeñando un trabajo directamente para el Instituto.

2.     Pago de las aportaciones que se deban realizar al ISSSTE durante el tiempo que no se hayan hecho, ya que la actora ha tenido una relación laboral ininterrumpida desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

3.     Pago de tiempo extraordinario laborado durante el último año, a razón de veinte horas extras semanales a salario integrado, toda vez que la actora labora bajo una jornada que se iniciaba a las ocho horas y concluía a las veintiún horas, de lunes a viernes y cubriendo inclusive guardias sabatinas, contando únicamente como tiempo para descanso, el correspondiente a alimentos, comprendido de las catorce a las quince de cada día laborable, dentro de la fuente de trabajo. Asimismo, señala que el Instituto demandado lleva un control de asistencia, a cuyo registro están obligados la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, de conformidad con las disposiciones Institucionales.

4.     Pago de conformidad con el MANUAL del Incentivo por Año de Servicios, que de conformidad con el artículo 395 se otorga al Personal de Plaza Presupuestal que cumpla diez, quince, veinte, veinticinco y treinta años de servicios ininterrumpidos en el Instituto. Dicho premio es a razón de seis mil quinientos pesos, toda vez que a la fecha con el reconocimiento de los casi treinta y un años tiene derecho.

5.     Se reclama la actualización y el pago del "QUINQUENIO", que de acuerdo al cómputo real de la antigüedad deberá quedar actualizada, en el entendido de que la parte actora se encuentra dentro de los supuestos normativos y al estar laborando en la actualidad, afecta su derecho sustantivo al trabajo y al reconocimiento de antigüedad el hecho de que a la fecha no se le hayan reconocido todos los años al servicio.

SEXTA. Excepciones y defensas del INE.

El INE, planteó como excepciones y defensas las siguientes:

1.      La de prescripción, en el reconocimiento de relación laboral acorde conforme la excepción de la determinación del tiempo de antigüedad emitida por el INE; así como del pago de horas extras.

2.      La de oscuridad y defecto legal en la demanda, en cuanto al pago de horas extras al ser el reclamo vago, genérico e impreciso.

3.      La de improcedencia de la vía para promover el presente juicio laboral, en virtud de que a la promovente se le han respetado la totalidad de sus derechos acorde a la naturaleza civil de su contratación con anterioridad al treinta y uno de enero de dos mil.

4.      La de improcedencia de la acción y falta de derecho, para reclamar las prestaciones que pretende la actora, así como el reconocimiento de relación laboral con anterioridad al treinta y uno de enero de dos mil, toda vez que la actora prestó sus servicios en diferentes etapas mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

5.      La de pago, en virtud de que a la actora le fueron pagados los incentivos por años de servicio en el año dos mil quince y dos mil veinte correspondiente a quince y veinte años de servicios.

6.       La de falsedad, en virtud de que la promovente apoya sus reclamaciones en hechos y argumentos falsos, pretendiendo que el tiempo que ha prestado sus servicios para el INE le sea reconocido como relación laboral el periodo anterior al treinta y uno de enero de dos mil.

7.       Todas las demás, que se desprende de la contestación de la demanda.

SÉPTIMA. Pruebas admitidas y desahogadas.

Para solucionar la controversia se atenderá al material probatorio ofrecido por las partes, mismo que fue admitido y desahogado en la correspondiente Audiencia de ley.

De la actora:

1. Instrumental pública de actuaciones, consistente en todas y cada una de las constancias procesales que integran el expediente.

2. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que favorezca los intereses de la parte actora.

3. Documentales exhibidas en la demanda, relativas a:

3.1. Recibos y talones de cheques que fueron acompañados en la demanda.

3.2  . Un reconocimiento emitido por el entonces Instituto Federal Electoral, otorgado a la actora por su participación en el programa NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA, que se llevó a cabo en noviembre de mil novecientos noventa a dos a agosto de mil novecientos noventa y tres.

3.3  . Un reconocimiento emitido por el entonces Instituto Federal Electoral, otorgado a la actora por su participación en el Proceso Electoral Federal mil novecientos noventa y nueve-dos mil.

3.4. Dos credenciales expedidas a la actora, por el entonces IFE[16].

3.5. Escrito de aceptación de seguros de vida y de accidentes personales y asignación de beneficiarios, de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.

3.6. Escrito de aceptación de seguros de vida y de accidentes personales y asignación de personas beneficiarias, de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y nueve.

3.7.         Escrito del entonces Instituto Federal Electoral FE, de diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro en donde se le señala a la actora con el puesto de SUBCOORDINADORA DE CAPACITACIÓN.

3.8.Escrito de dieciocho de julio de dos mil, emitido por el entonces IFE y la Junta General Ejecutiva correspondiente.

3.9. Escrito de siete de febrero de dos mil veintitrés, en donde solicita copia de su expediente personal, así como de las constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio a la persona empleada correspondientes a los ejercicios fiscales del año mil novecientos noventa y dos al año dos mil y de los Informes mensuales y quincenales; así como, los controles de asistencia.

Del Instituto demandado:

1. Documentales, exhibidas en el escrito de contestación a la demanda, consistentes en:

1.1.          Expediente personal de la actora.

1.2. Recibos de nómina “CFDI”, a favor de la actora.

2. Instrumental pública de actuaciones

3. Presuncional legal y humana.

OCTAVA. Estudio de fondo.

A partir de lo expresado por las partes, esta Sala Regional advierte que la controversia en el presente asunto consiste en determinar las siguientes cuestiones:

1.     Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes y su fecha de inicio.

2.     La antigüedad que debe ser reconocida al promovente y, en su caso, el entero retroactivo de sus cuotas de seguridad social que no se hubiera realizado.

3.     La procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por la promovente.

De modo que, atendiendo además a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, esta Sala Regional advierte que son hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes que:

        Que a partir del treinta y uno de enero de dos mil, la actora ingresó a laborar en el INE en una plaza presupuestal, en la cual ha laborado hasta la fecha de presentación de la demanda y se encuentra subsistente el vínculo jurídico entre las partes;

        Que el cargo que desempeña a la fecha de presentación de la demanda es el de “Vocal del Registro Federal de Electores”, adscrito a la Junta Distrital.

Dicho lo anterior, se aclara que el periodo controvertido respecto del cual la actora reclama que le sea reconocida la naturaleza laboral de su relación con el Instituto demandado es del uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil.

En ese entendido, se procede a estudiar el caso concreto motivo del conflicto, conforme al orden expuesto en el apartado de planteamiento.

1. Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes.

En principio, es preciso señalar que el criterio adoptado por esta Sala Regional, en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral; y, prestaciones inherentes a dicho reconocimiento, se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior[17], para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho fundamental a la seguridad social previsto constitucionalmente[18].

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que, la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior,[19] es que previamente se haya emitido un documento o determinación en la cual se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes, supuesto en el que resultaría aplicable el plazo de un año para controvertir el acto respectivo; lo cual en el presente caso no aconteció como se señaló al momento de analizar la oportunidad en la presentación de la demanda.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivadas de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les asiste en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Caso concreto.

La promovente sostiene la existencia de una relación laboral ininterrumpida con el INE, la cual reputa como iniciada desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil, la cual aduce no le es reconocida por el demandado, previo a que ingresó a una plaza presupuestal el treinta y uno de enero de dos mil; y, que continúa hasta la fecha.

Por su parte, el INE niega que el vínculo jurídico existente con la actora que se reclama del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil sea de naturaleza laboral y que su comienzo se pueda reputar en la fecha indicada por aquella, para lo cual argumenta que se trató de una relación de naturaleza civil, derivada de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales y se dio en diversos periodos de manera interrumpida.

Por lo anterior, señala el INE, la actora fue contratada por el periodo controvertido como prestadora de servicios, por tanto, no desempeñó cargo o puesto de estructura, plaza presupuestal, ni formaba parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, ni de la Rama Administrativa, tampoco se recibieron sus servicios en jornadas ordinarias o extraordinarias y no estuvo subordinada al Instituto demandado.

Dada la contradicción de afirmaciones, se destaca que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral, así como los períodos de interrupción, preeminentemente corresponde a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la de jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.[20]

En ese sentido, para estar en condiciones de esclarecer qué tipo de relación unió a las partes en dicho período, se deben analizar las características propias de una relación laboral, para luego, determinar si, a partir de las pruebas aportadas por las partes ─teniendo en consideración que la principal carga probatoria le corresponde al INE─ podrían encontrarse elementos propios de una relación laboral o de otro tipo.

Ello, porque la naturaleza laboral de la relación no depende de la denominación que las partes atribuyan a los contratos en los que se finca su acuerdo de voluntades, como se explica.

● Características de una relación laboral

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto relación de trabajo y contrato individual de trabajo, establece las siguientes definiciones:

“Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario”

Así, la ley establece que una relación de trabajo es aquella que surge -cualquiera que sea el acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

Con base en dicha definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

a.     La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio de quien le emplea.

b.    La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando ostentado por la parte patronal, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el o la trabajadora.

c.     El pago de un salario, en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación[21] ha sostenido que la subordinación es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios, siendo importante también atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Es claro que la relación de trabajo entre una o un servidor público y el INE se tendrá por demostrada, en tanto se acredite que existe un vínculo de subordinación.

Es importante destacar el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 20/2005, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.[22]

En dicha jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que aun cuando la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un “contrato de prestación de servicios profesionales”, no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que, si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus personas trabajadoras, éste debe tenerse por acreditado[23].

Así, en el caso concreto se tiene que la promovente, para demostrar la temporalidad de su relación con el INE y que la misma fue de tipo laboral desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de enero de dos mil y desde ese entonces hasta la fecha de presentación de la demanda, aportó diversas documentales que datan del año mil novecientos noventa y dos.

Por su parte, el INE en el escrito de contestación de demanda[24] señaló:

Considerando que la última relación que sostuvieron las partes fue a partir del 31 de enero de 2000 es de considerar que, por disposición del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) los empleadores solo tienen obligación de conservar contratos individuales de trabajo, listas de raya, controles de asistencia y comprobantes de pago de prestaciones autónomas; el primero mientras dure la relación laboral y hasta un año después y el resto durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, por lo que derivado de ello, mi representado no cuenta con la documentación generada con anterioridad a la relación actual que existe entre las partes es claro que estamos en presencia de la figura jurídica denominada prescripción que se ha hecho valer en la presente contestación, en virtud de ello mi representado no cuenta con los documentos que se generaron durante la relaciones anteriores a la que actualmente tiene con mi representado y que comenzó el 31 de enero de 2000.

De lo dicho hasta aquí, es evidente que el INE manifestó no contar con documentación respecto del periodo anterior al treinta y uno de enero de dos mil; esto es, debe considerarse que el Instituto demandado no aporta al presente juicio laboral constancia alguna de la relación que la parte actora aduce haber tenido desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

Expuesto lo anterior, se analizará si a partir de la valoración de las documentales aportadas se podrían tener por satisfechos los elementos para afirmar que el vínculo existente entre las partes inició desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos, en su caso, si el mismo puede reputarse de naturaleza laboral; en el entendido que, como se señaló, no existe controversia que a partir del treinta y uno de enero de dos mil a la fecha la actora se encuentra laborando en una plaza presupuestal en la Junta Distrital.

● Prestación de un trabajo personal

Ahora bien, con respecto al primer elemento para considerar la existencia de una relación laboral- prestación de un trabajo personal- como se ha señalado, en el caso particular el INE no aportó los contratos que fueron suscritos entre las partes para soportar la relación que les unió a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por lo que no se cuenta con elementos para determinar si habían convenido que la regulación de su relación sería bajo las normas del derecho civil o de derecho laboral y si las condiciones de prestación del servicio se enmarcaban en la regulación de una u otra ramas del derecho; así, para estar en aptitud de establecer si se actualiza o no el elemento de prestación de un trabajo personal y el atinente a la subordinación y demás necesarios para el reconocimiento de una relación laboral, se deben considerar -entre otros aspectos- las documentales integradas al expediente del presente juicio laboral.

Dicho lo anterior, no obstante, que el demandado no ofreció ningún documento que pudiera acreditar el tipo de prestación de trabajo personal de la actora en el periodo comprendido del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al año dos mil, a pesar de que los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo le imponen la obligación de tenerlos y exhibirlos en juicio cuando existe controversia sobre el tipo de contrato en donde se señalan las actividades que podrían estar vinculadas a alguna relacionada con las atribuciones del entonces IFE, debe advertirse que en expediente del presente juicio como documentales presentadas por la parte actora existen:

        Credencial expedida a la actora por el entonces IFE, con folio 00364, otorgándole el puesto de COORDINADOR TECNICO DISTRITAL.

        Credencial expedida a la actora por el entonces IFE de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en la que se señala como puesto el de COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, con adscripción CAPACITACIÓN.

        Constancia de aceptación de seguros de vida y de accidentes personales y asignación de beneficiarios, de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y ocho, en donde en el apartado de PROYECTO (ACTIVIDADES QUE LLEVARA A CABO), se señala: COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPURACIÓN AL PADRÓN ASI COMO DE LAS CAMPAÑAS ANUAL PERMANENTE E INTENSA.

        Escrito del entonces Instituto Federal Electoral, de diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro en donde se le señala a la actora con el puesto de SUBCOORDINADORA DE CAPACITACIÓN.

        Del expediente personal de la parte actora presentado por el INE, se encuentra su curriculum vitae[25] a partir de mil novecientos noventa y dos con fecha de actualización al año dos mil, en donde se aprecia que desarrolló diversas actividades relacionadas con la impartición de cursos, supervisión de capacitación, aplicación de procedimientos técnicos operativos, supervisión de subcoordinaciones regionales, aplicación de programas de credencialización todas dentro del ámbito del Registro Federal.

Documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1 y 16, numeral 3 de la Ley de Medios, si bien por su naturaleza tienen un valor indiciario, lo cierto es que, al no estar controvertidas en cuanto a su autenticidad y contenido por alguna de las partes, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, genera convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original. 

De esta forma, resulta evidente que la relación entre la actora y el INE implicaba la prestación de un trabajo personal por parte de la primera, con independencia de que la carga de exhibir los contratos formalizados entre las partes, para el INE resultaba razonable y justificada ya que -como se ha señalado- tiene la obligación[26] de conservar los documentos de la relación laboral dado que recae en el mismo su creación para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Ello, derivado de las documentales aludidas -sin haber sido controvertidas- se señalan actividades desarrolladas por la actora que resultan propias de las facultades del INE.

Al respecto, resulta relevante destacar que el INE tiene la atribución de realizar funciones de capacitación, aplicación de procedimientos técnicos operativos, supervisión y aplicación de programas de credencialización, lo cual constituyen funciones del Registro Federal, actividades que son permanentes y no se realizan únicamente durante los procesos electorales.  

Como puede verse, de la descripción de las actividades que derivan de las pruebas aportadas por la parte actora, resultan indicios que demuestran que desempeñó funciones que implican realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado.

En un primer momento, la parte actora desarrolló funciones relacionadas con actividades permanentes de cursos de capacitación a la estructura operativa del Registro Federal; atribución acorde con uno de los fines del entonces IFE consistente en integrar dicho registro; y, particularmente en los procesos de credencialización -funciones que la parte actora desarrolló al inicio de su relación[27]- a través de la Vocalía del Registro Federal.

Posteriormente, la parte actora se desempeñó en otras de las funciones constitucionales del demandado, es decir, la creación del padrón electoral y la expedición de la credencial para votar -artículo 41 base V apartado B inciso a) párrafo 3 de la Constitución-.

En efecto, la parte actora ha realizado actividades relativas a cumplir con los requisitos para que la ciudadanía obtenga su credencial para votar[28] y asegurar la documentación e información que presenta[29].

En ese sentido, al haber desarrollado la parte actora un trabajo personal inscrito en las funciones propias y exclusivas del INE pueda concluirse que ha prestado un trabajo personal en beneficio del demandado[30].

Así las cosas, aun cuando este órgano jurisdiccional no cuente con los contratos que el INE alude fueron suscritos entre las partes, acorde con el contenido de las documentales analizadas, debe considerarse la existencia de un trabajo personal durante el periodo comprendido del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al año dos mil.

      Subordinación

En la especie, la actora manifiesta que durante el tiempo que trabajó para el demandado siempre lo hizo de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que le proporcionó y siempre bajo órdenes y supervisión de otras personas funcionarias del Instituto.

Por su parte, el demandado manifiesta que la actora jamás estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del INE.

En consideración de esta Sala Regional la característica de “subordinación” es colmada, para efectos de considerarla como uno de los elementos de la relación laboral; esto, porque, aun cuando, el Instituto demandado no ofreció ningún documento que pudiera acreditar el tipo de prestación de trabajo personal de la actora en el periodo comprendido del primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos al año dos mil, de las documentales analizadas en el apartado anterior, se desprende que las actividades señaladas se encuentran vinculadas con la función estatal que le corresponde al Instituto de organizar las elecciones federales, como se explica a continuación.

Se arriba a dicha conclusión toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a) párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INE tiene entre sus atribuciones de forma integral y directa, las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas nominales de personas electoras.

Además, debe tenerse en cuenta que acorde con la normativa electoral vigente en ese periodo[31] -Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales- en el artículo 69 párrafo 1 inciso c) se establece como uno de los fines del IFE, la integración del Registro Federal Electoral.

En concordancia con lo anterior, el artículo 92, párrafo 1, incisos d) y e) de la misma normativa establece que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral y expedir las credenciales para votar con fotografía.

Por su parte, los artículos 135 al 154 de la norma de referencia regulan lo relativo a los procedimientos del señalado Registro, dentro de los que se encuentran los relativos al Padrón Electoral, la lista nominal de personas electoras y las citadas credenciales para votar.

En particular, el artículo 135, párrafo 1 y 2, de la norma aludida, establece que el Registro Federal es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva correspondiente, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales.

También se advierte que, en ese período, el IFE tenía entre sus atribuciones instrumentar programas de capacitación electoral desde la conformación de la autoridad electoral[32], labores que inicialmente realizó la parte actora -según relata en su demanda-.  

En el caso concreto, aun cuando no se cuenta con los contratos suscritos por las partes, esta Sala Regional concluye que las actividades señaladas con anterioridad no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE.

Así, es de resaltar que las actividades que desempeñó la actora- mismas que no fueron controvertidas-, entre otras, estuvieron relacionadas con la aplicación de procedimientos de capacitación, técnicos, de supervisión y aplicación de programas de credencialización, que resultan atribuciones exclusivas del demandado, desde que estuvo constituido como IFE[33] y como en actual conformación del INE[34], misma que realiza a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal[35].

De ahí que, es evidente que dichas actividades no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, en virtud de que tenían que ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del demandado lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

      Salario

También está actualizado el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

En efecto, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria dispone que el salario es la retribución que debe pagar la parte patronal a la persona trabajadora por las funciones que le son encomendadas.

Derivado de los talones de cheque y recibos de pago exhibidos por la actora, los cuales no fueron objetados en cuanto a su autenticidad y contenido, es posible advertir que el Instituto demandado pagaba a la promovente diversas cantidades por los cargos que desempeñó desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

Ahora bien, no es obstáculo para considerar la existencia de la relación laboral, la identificación o denominación del pago realizado por el Instituto a la parte actora, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales[36] que la existencia de honorarios no determina, por sí misma, que la relación jurídica entre quienes contratan sea de naturaleza civil, pues ésta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, dependencia económica, entre otros.

En tal sentido, esta Sala Regional considera que la promovente probó su acción en cuanto a la existencia del vínculo de naturaleza laboral porque las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, las cuales no pueden ser consideradas como de carácter esporádico o eventual, en tanto, en la especie, no fue demostrado así por el demandado al no aportar los contratos atinentes a pesar de que los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo le imponen la obligación de tenerlos y exhibirlos en juicio cuando existe controversia sobre la fecha de ingreso, antigüedad y el tipo de contrato.

Así, toda vez que el INE no demostró que la relación que mantuvo con la actora fue de naturaleza distinta a la laboral, las excepciones de: improcedencia de la acción y falta de derecho, improcedencia de la vía para promover Juicio Laboral y falsedad, se desestiman, ya que, al haberse acreditado el vínculo laboral entre las partes, no pueden subsistir en razón de que dichas excepciones solo podían formularse válidamente ante una relación de carácter civil, lo cual no ocurrió.

De esta forma, resultan improcedentes las excepciones del demandado que se sustentaron en el supuesto carácter civil de la relación, al no acreditar su afirmación, tal como señala las tesis del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito de rubro “RELACION LABORAL, NEGATIVA DE LA.”[37] y I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro “RELACION LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA.”[38]

      Inicio de la relación

Habiendo establecido la existencia de una relación laboral, se debe determinar el inicio de la misma.

En ese sentido, la promovente refiere que ingresó a laborar para el demandado el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos. Al efecto señala que, desde entonces, desempeñó diversos cargos de manera ininterrumpida.

Por su parte, al contestar la demanda, el INE manifestó que no contaba con la documentación que se generó durante ese periodo.

Así, atendiendo a lo argumentado y al contenido de las copias de los recibos de pago que fueron adjuntados en el escrito de demanda de la parte actora, esta Sala Regional estima que existen elementos para reconocer la existencia de una relación laboral que inició a partir del uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

Tales documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1 y 16, numeral 3 de la Ley de Medios, si bien por su naturaleza tienen un valor indiciario, lo cierto es que, al no estar controvertidas en cuanto a su autenticidad y contenido por alguna de las partes, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, genera convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original. 

Es de resaltar que la actora, exhibió talones de cheque y recibos de pago, expedidos por el entonces IFE, de los que se aprecia un vínculo jurídico con el Instituto demandado desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, a saber: