VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-18/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: Confidencial por contener datos personales o elementos y/o situaciones sensibles.

Periodo de clasificación: Sin temporalidad por ser confidencial.

Fundamento Legal: Artículos 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-18/2024

PARTE ACTORA: JESÚS ALBERTO RECHY CORZO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIADO: GREYSI ADRIANA MUÑOZ LAISEQUILLA Y DENNY MARTÍNEZ RAMÍREZ

Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada revoca el acto impugnado y condena al Instituto Nacional Electoral a realizar diversas acciones, con base en lo siguiente.

G L O S A R I O

ANTECEDENTES

1 Vigente durante el ejercicio evaluado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 (nueve) de mayo de 2022 (dos mil veintidós). Visible en la página de              Internet

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/manual/man162_09may22.pdf; que se cita como hecho notorio, según lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley de Medios y la razón esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

I.  Contexto

1.  Cédula de evaluación. El cinco de abril de dos mil veintitrés, la parte actora recibió la cédula de evaluación del desempeño para el personal administrativo, por el periodo de evaluación del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), en la que obtuvo como resultado la calificación de ELIMINADO de promedio.

2.   Escrito de aclaración. El primero de noviembre de dos mil veintitrés, el promovente dirigió escrito al vocal de la Junta Local y al presidente del Comité de Evaluación para solicitar aclaración sobre la determinación de asignación de incentivos del ejercicio dos mil veintidós.

3.    Respuesta. El siete de noviembre siguiente, la persona vocal ejecutiva de la Junta Local emitió respuesta2, informándole a la parte actora que estaba excluida de la obtención de un incentivo por el incumplimiento del llenado de los cuestionarios SiMS.

II.  Primer juicio laboral

1.                 Demanda y resolución. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó demanda ante esta Sala Regional con la que integró el expediente del Juicio Laboral 71, mismo que se resolvió el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, en el sentido de revocar el acto impugnado y condenar al demandado a realizar diversos actos.

2.  Oficio 101 [acto impugnado]. El nueve de febrero siguiente, la persona vocal de la Junta Local, en cumplimiento a lo

2 A través de oficio INE/JLTLX/VE/0663/2023.

ordenado por esta Sala Regional en el Juicio Laboral 71, emitió el Oficio 101 en que modificó la calificación de la parte actora a un puntaje de ELIMINADO y le informó que era acreedora al incentivo del tercer lugar.

III.  Segundo Juicio Laboral

1.  Demanda e instrucción. Inconforme con la determinación del Oficio 101, la parte actora presentó demanda ante esta Sala Regional, con la cual se integró el expediente SCM-JLI-18/2024; el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Luis Ceballos Daza quien lo recibió, admitió y emplazó a juicio al INE.

2.    Contestación de la demanda y audiencia. El cuatro de marzo del año pasado, el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas, con ella el magistrado dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se celebró el diez de marzo de dos mil veinticinco una vez reanudados los plazos para la resolución de los juicios laborales. Así una vez desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, al no quedar diligencias pendientes, el magistrado cerró la instrucción en la misma audiencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, toda vez que se trata de un Juicio Laboral, promovido por una persona que se ostenta como trabajadora del INE, para controvertir la determinación emitida en el Oficio 101, en relación al procedimiento de evaluación del desempeño  de  la  rama  administrativa  del  Instituto

correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, lo que estima afecta sus derechos y es competencia de esta Sala Regional, toda vez que el lugar de adscripción de la parte actora es la Junta Distrital en el estado de Tlaxcala, entidad en la que ejerce jurisdicción.

   Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

   Ley Orgánica del  Poder Judicial de la  Federación3.

166 fracción III inciso e) y 176 fracción XII.

   Ley de Medios. Artículos 3 numeral2 inciso e) y 94 numeral 1 inciso b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 del Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Federal de los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) al Servicio del Estado.

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

3 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS,

consultables  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta

-respectivamente- en el tomo VIII, julio de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 308; tomo V, abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 178; y tomo II, agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno.

TERCERA. Precisión del demandado. En el presente juicio, la parte actora señala como demandados4 al Comité de Evaluación y a la Dirección Ejecutiva de Administración de la Junta Ejecutiva del INE, atribuyendo a cada uno de ellos diversos actos que

-según afirma- vulneran sus derechos.

Ahora bien, al tratarse de un Juicio Laboral, debe tenerse como demandado únicamente al INE, toda vez que dicho Instituto cumple sus funciones como un solo ente, y los órganos señalados por la parte actora forman parte de dicha institución y no cuentan con personalidad jurídica propia por lo que de conformidad con el artículo 98 numeral1 inciso b) de la Ley de Medios, que indica quiénes son partes de los juicios laborales, para efectos de este juicio, se tendrá como demandado al INE.

CUARTA. Ampliaciones de la demanda

El quince de febrero de dos mil veinticuatro -minutos después de haber presentado la demanda con que se formó este Juicio Laboral-, así como el quince de enero de la presente anualidad, la parte actora presentó promociones en el expediente del Juicio Laboral 71 con el asunto “INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EMITIDA POR FECHA 23 DE ENERO DE 2024.”; sin

4 En la demanda la parte actora las señala como “autoridades responsables”.

embargo, mediante acuerdos plenarios de veinte de febrero de dos mil veinticuatro y veintidós de enero de la presente anualidad, el pleno de esta Sala Regional consideró que se trataban de ampliaciones de demanda del juicio en que se actúa [SCM-JLI-18/2024] por lo que ordenó remitirlos a este.

Recibidos los escritos el magistrado instructor reservó al pleno de esta sala el pronunciamiento sobre la ampliación de la demanda.

Las ampliaciones de la demanda presentadas por la parte actora no son procedentes pues no se tratan de hechos supervinientes y novedosos e, incluso, se tratan de una réplica de las consideraciones del escrito inicial de demanda de este juicio.

Ha sido criterio de este Tribunal Electoral que el derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución, implica -entre otros aspectos- la oportunidad de acceder a los tribunales para ejercitar el derecho de acción e, inclusive, para ampliar una demanda previa, siempre y cuando sea oportuna y factible de revisión; por lo que, si en fecha posterior a la presentación de la demanda, surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquéllos en los que la parte actora sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban por alguna razón justificada, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden

vinculación con los actos controvertidos en la demanda inicial5, la cual puede ser admisible en material laboral6.

En el caso, el quince de febrero de dos mil veinticuatro la parte actora presentó la demanda de este juicio y, posteriormente, ese mismo día presentó un escrito en los mismos términos, así como el quince de enero del presente año pero dirigidos al Juicio Laboral 71, sin embargo, no se advierte que alegue cuestiones novedosas ni amplíe en algún sentido su demanda a partir de hechos supervinientes que hubiera surgido con posterioridad a la presentación de la demanda.

Por tanto, no es procedente admitir las ampliaciones, en tanto, solo reitera los mismos argumentos que hace en el escrito inicial de demanda.

QUINTA. Requisitos de procedencia

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO7.

5 Lo anterior fue sostenido en la jurisprudencia 18/2008 de la Sala Superior de rubro

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS

SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE. Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 3, 2009 (dos mil nueve), páginas 12 y 13.

6 Conforme al criterio orientador la jurisprudencia 2a./J. 35/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD PROCESAL  DE  LA  AMPLIACIÓN  DE  DEMANDA  EN  UN  JUICIO  LABORAL

BUROCRÁTICO. Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 248.

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

I.  De la demanda

a.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96 numeral1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora hizo constar su nombre y firma autógrafa, identificó el acto reclamado, expuso agravios, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda y exhibió pruebas.

b.    Oportunidad. La demanda fue presentada en el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 96 numeral 1 de la Ley de Medios, pues la parte actora fue notificada personalmente8 del Oficio 101 el nueve de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo transcurrió del doce de febrero al primero de marzo

-ambos de ese año-9, y la demanda la presentó el quince de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que es evidente su oportunidad.

c.   Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que acude por derecho propio para controvertir la determinación del Oficio 101 emitido por el demandado y que considera fundamentalmente violatoria de sus derechos laborales. Esto, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

8 Como consta en el acuse de recibo original -de ese oficio- exhibido por el demandado como prueba al contestar la demanda.

9 Sin contar 2 (dos), 3 (tres), 9 (nueve), 10 (diez), 16 (dieciséis) y 17 (diecisiete) de septiembre por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Medios, por ser sábados y domingos, y la jurisprudencia 1/2009-SRII de la Sala Superior de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 (dos mil nueve), páginas 23 a 25.

II.  De la contestación

a.   Forma. La contestación fue presentada por escrito en que el demandado hizo constar su denominación y el nombre y firma autógrafa de la persona que actúa en su representación, señaló método para recibir notificaciones; expresó sus excepciones y defensas, ofreció pruebas.

b.  Oportunidad. La contestación de la demanda fue presentada en el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios pues el INE fue emplazado el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo transcurrió del veintitrés de febrero al siete de marzo de ese año10 y la contestación se presentó el cuatro de marzo, por lo que es evidente que se presentó en dicho plazo.

c.   Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acude por conducto de sus personas apoderadas como se reconoció en la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas el diez de marzo de dos mil veinticinco.

SEXTA. Excepciones y defensas del INE

El demandado planteó como excepciones y defensas las siguientes:

 La de improcedencia de la acción y la falta de derecho para que la parte actora demande la revocación del Oficio 101, al considerar que los motivos de inconformidad que hace valer son infundados e inoperantes.

10 Sin contar el sábado 24 (veinticuatro) y domingo 25 (veinticinco) de febrero, ni sábado 2 (dos) y domingo 3 (tres) de marzo -todos de 2024 (dos mil veinticuatro)-, por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Medios, al ser sábados y domingos, y en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de la Sala Superior citada en la nota previa.

 La correcta determinación del Comité de Evaluación, al estimar que la parte actora solo es acreedora al incentivo del tercer lugar.

 La aplicación estricta del Manual, respecto a los procedimientos internos del Instituto y los requisitos que deben cumplirse en atención a la respuesta dada a la parte actora.

 La de autonomía constitucional que se hace valer con relación a la facultad que tiene el Instituto para establecer términos y condiciones para el otorgamiento de incentivos.

 Todas las demás que se deriven de los términos en que se contesta la demanda.

Las manifestaciones del demandado están vinculadas con la legalidad del acto impugnado y no con la procedencia de la acción o del Juicio Laboral, por tanto, deben estudiarse con el fondo de la controversia y no de manera previa, por lo que serán consideradas en el análisis que enseguida se realiza.

SÉPTIMA. Pruebas admitidas y desahogadas

1.  De la parte actora

a)       Copia simple de la sentencia del Juicio Laboral 71.

b)       Copia simple de la credencial para votar de la parte actora.

c)       Copia simple de las cédulas de evaluación de la parte actora.

d)       Presuncional Legal y humana.

2.  Del demandado

a)       Acuse original del Oficio 101 y anexos.

b)       Oficio INE/JLTLXNE/00096/2024 y anexo firmado por las personas integrantes del Comité de Evaluación, mediante el que se solicitó pagar a la parte actora el incentivo por productividad correspondiente al tercer lugar.

c)       Instrumental de actuaciones.

d)       Presuncional legal y humana.

OCTAVA. Contexto de la controversia

1.  Sentencia del Juicio Laboral 71

El primero de noviembre de dos mil veintitrés la parte actora presentó un escrito dirigido a la vocalía de la Junta Local para solicitar aclaración sobre la determinación de asignación de incentivos, pues según la puntuación que obtuvo en la cédula de evaluación del desempeño de cinco de abril de dos mil veintitrés fue un promedio de ELIMINADO lo que, en términos del Manual, la hacía acreedora a un incentivo.

El siete de noviembre siguiente la vocalía referida respondió a la parte actora, informándole que estaba excluida de la obtención de algún incentivo, particularmente por el incumplimiento del llenado del cuestionario de salud en el SiMS; en contra de lo cual, la parte actora presentó demanda ante esta Sala Regional, con que se formó el expediente del Juicio Laboral 71.

El veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, esta sala emitió la sentencia correspondiente en el sentido de revocar el acto impugnado y condenar al demandado a realizar diversos actos.

En dicha sentencia se razonó que la parte actora tenía razón al argumentar que el demandado varió los parámetros de evaluación pues el artículo 509-II del Manual prevé los factores de evaluación y ponderación para el personal técnico operativo del Instituto, dentro de los cuales no se contempla el seguimiento de actividades distintas a los factores de revisión, al estar dirigidos a la calificación del desempeño del persona y a diversas cualidades inherentes a los puestos que ocupan para la consecución de los fines del INE.

Se precisó que en la cédula de evaluación de cinco de abril de dos mil veintitrés se lee con claridad que se tomaron en cuenta únicamente los parámetros establecidos en el Manual para calificar el desempeño y aptitudes de la parte actora, por lo que fue indebido que el demandado le negara el incentivo argumentando que omitió responder el cuestionario de salud.

Lo anterior, ya que de los factores descritos en el Manual no se desprendía que la evaluación incluyera ese tipo de actividades para poder acceder al estímulo, por lo que el demandado indebidamente introdujo un elemento adicional que no se circunscribe a la evaluación de habilidades, aptitudes y actitudes, sino al seguimiento de una instrucción [llenado del cuestionario de salud].

Aunado a ello, en la sentencia se señaló que también tenía razón la parte actora al señalar que no conocía la existencia de los comunicados que se hicieron para que contestara los cuestionarios, ya que del expediente no se desprendía que las personas superiores jerárquicas de la parte actora hubieran tomado medidas para hacer del conocimiento del personal de la Junta Distrital que debían realizar dicha acción solicitada por la Junta Local -llenar diariamente los cuestionarios-, lo cual era una actividad que le correspondía instrumentar y verificar a las personas titulares, según la circular INE/SE/0003/2021.

En consecuencia, se revocó el acto impugnado para los siguientes efectos:

[…]

1.   Que con base en la cédula de evaluación del desempeño de cinco de abril de dos mil veintidós, emita una nueva determinación sobre la evaluación del desempeño de la parte actora en la que solamente se contemplen los aspectos previstos en el artículo 509 fracción II del Manual y la haga del conocimiento oportuno de la

parte actora.

2.   Que con base en los puntajes obtenidos por la parte actora en la citada cédula, se determine si es acreedora al estímulo correspondiente.

3.   De ser procedente, haga las gestiones necesarias para la obtención del estímulo.

[…]

2.  Oficio 101 [acto impugnado]

En acatamiento a la sentencia anterior, el Comité de Evaluación emitió la nueva determinación mediante el Oficio 101, en el sentido de modificar la calificación que había obtenido la parte actora, reduciéndola de ELIMINADO a ELIMINADO, como consecuencia de lo cual le informó que era acreedora al tercer lugar del incentivo por productividad.

Para llegar a la conclusión anterior, en la determinación se precisó que analizaría el contenido de las cédulas de cinco de abril de dos mil veintitrés y cinco de febrero de dos mil veinticuatro a efecto de generar una nueva evaluación objetiva, en términos de la sentencia de este Tribunal Electoral.

Posteriormente, analizó cada factor de los previstos en el artículo 509-II del Manual [actitudes y aptitudes, eficiencia y resultados] dentro de los cuales estudió de manera particular diversos subfactores [pertenencia y confiabilidad, comunicación interpersonal, conocimiento del trabajo, aplicación y aprovechamiento de los recursos y tiempo de realización] otorgándoles a cada uno de estos una nueva calificación -incluso más baja que la que ya había obtenido la parte actora-.

En consecuencia, el Comité de Evaluación concluyó en otorgar a la parte actora la calificación de ELIMINADO en el periodo evaluado de dos mil veintidós; por tanto, hizo del conocimiento de la parte actora que era acreedora al tercer lugar del incentivo de productividad.

3.  Argumentos de la demanda

a.  Falta de facultades para realizar la evaluación

La parte actora señala que en el procedimiento de evaluación se vulneró el artículo 499 del Manual pues ninguna de las personas que realizaron la evaluación -integrantes del Comité de Evaluación- tenía facultades para evaluar al personal administrativo de la Junta Distrital.

Sostiene que al Comité de Evaluación no le corresponde evaluar el desempeño del personal, sino únicamente asignar los incentivos establecidos en el artículo 411 del Manual.

b.  Indebida interpretación de los efectos de la sentencia del Juicio Laboral 71

La parte actora señala que el Comité de Evaluación indebidamente modificó el puntaje que obtuvo en la evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2022 (dos mil veintidós), bajo el argumento de que esta Sala Regional le ordenó en la sentencia del Juicio Laboral 71 emitir una nueva evaluación, sin embargo, refiere que esa interpretación es errónea y falsa.

Alega que en los efectos de esa sentencia no se ordenó modificar ninguna calificación ya obtenida, sino que se ordenó al demandado observar la cédula de evaluación de cinco de abril de dos mil veintitrés y emitir una nueva determinación que solamente contemplara los aspectos previstos en el artículo 509- II del Manual.

Refiere que si bien en los efectos de la sentencia del Juicio laboral 71 existió un error pues señala que debía tomarse como base para la nueva determinación la cédula del desempeño de

cinco de abril de dos mil veintidós, lo cierto es que era evidente que se refería al año dos mil veintitrés, pues se refiere a la cédula que la parte actora aportó como prueba en ese juicio, siendo lo correcto la fecha cinco de abril de dos mil veintitrés.

La parte actora señala que a pesar de lo resuelto por esta Sala Regional el demandado continúa reincidiendo en su postura de desestimar la calificación que obtuvo la promovente de ELIMINADO, sin embargo, mediante la determinación del Oficio 101 el demandado indebidamente la modifica en su perjuicio a un rango menor.

En tal sentido, señala que su cédula de evaluación de cinco de abril de dos mil veintitrés arroja que obtuvo una puntuación de ELIMINADO con lo cual, y en atacamiento a la sentencia del Juicio Laboral 71, se le debió otorgar el incentivo económico correspondiente al segundo lugar, y no al tercero.

c.  El INE no debió considerar el cuestionario de salud

La parte actora refiere que el demandado insiste en su posición de tomar en cuenta el cuestionario de salud como la parte suprema y de mayor peso en el procedimiento de evaluación y a partir de él realizar indebidamente una nueva evaluación argumentando que la omisión de la parte actora de contestar las respuestas de ese cuestionario impacta negativamente en su calidad de funcionaria.

La parte actora alega que no existieron reglas claras que señalaran que el cuestionario de salud formara parte de la evaluación, por lo que ello debió reglamentarse antes del inicio del procedimiento de evaluación, incluso sostiene que en las evaluaciones de los años dos mil veinte y dos mil veintiuno dicho rubro no fue tomado en consideración, por lo que si en esta

ocasión se iba a evaluar se les debió avisar de manera oportuna y certera, por lo cual estima que se le está discriminando.

Señala que el demandado parte de un argumento absurdo al valorar el cuestionario de salud, pues no constituye una actividad sustantiva del INE sino que su propósito únicamente es monitorear el estado de salud de las personas funcionarias del Instituto, por lo que la falta de contestarlo no ponía en riesgo de salud a ninguna persona, pues no puede pretenderse que el cuestionario evitaría la propagación del virus COVID-19, por lo que dice que no resta importancia al cuestionario de salud, sin embargo, no se ajusta a la realidad.

Además, manifiesta que ha realizado las actividades inherentes a su caso y colaborado con diversas áreas del Instituto, sin embargo, el demandado reduce su capacidad de colaboración y cumplimiento de sus actividades a la omisión de responder un cuestionario de salud, lo cual hace evidente que no existe objetividad en su evaluación.

4.  Argumentos de la contestación

El demandado sostiene que la determinación del Comité de Evaluación fue emitida conforme a derecho, por autoridad competente y en estricta observancia a la sentencia del Juicio Laboral 71.

Refiere que el Comité de Evaluación se integró debidamente por la persona vocal ejecutiva de la Junta Local, en su calidad de presidenta, por la persona vocal secretaria de dicha junta, como secretaria técnica y la persona coordinadora administrativa, como enlace de apoyo en el proceso, en términos de los artículos 502, 503 y 504 del Manual.

Sostiene que el Oficio 101 se encuentra debidamente fundado y motivado, pues el Comité de Evaluación en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 507 del Manual, determinó otorgar a la parte actora el incentivo correspondiente al tercer lugar, como resultado de la calificación que obtuvo; destacando que obtuvo ese lugar por incumplir las obligaciones previstas en el artículo 71 fracciones II, XI y XXIII del Estatuto.

Ello, pues refiere que la parte actora no observó las instrucciones que le dieron sus personas superioras jerárquicamente, dejando de observar las disposiciones normativas a las que está obligada.

NOVENA. Estudio de fondo

1.  Decisión

Los planteamientos de la parte actora en torno a la falta de competencia de quien emitió la nueva cédula de evaluación y la determinación del Oficio 101 son inoperantes.

Por otro lado, son esencialmente fundados los agravios en que la parte actora alega una indebida interpretación de los efectos de la sentencia del Juicio Laboral 71 y que el demandado no debió tomar en consideración la omisión de la parte actora de contestar el cuestionario de salud, a partir de lo cual disminuyó los resultados de su evaluación.

Lo anterior, es suficiente para revocar la determinación del Comité de Evaluación y condenarle a emitir una nueva evaluación. Se explica.

2.  Marco jurídico sobre la evaluación del desempeño

El artículo 41 párrafo segundo Base V de la Constitución establece que el INE es un organismo público autónomo, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimismo, establece que la Ley Electoral y el Estatuto regirán las relaciones de trabajo con las personas servidoras públicas de dicho Instituto.

En ese orden de ideas, la Constitución hace una remisión a la Ley Electoral, para que fuera la legislatura ordinaria la que estableciera la regulación de las relaciones laborales entre el Instituto y las personas servidoras públicas que ahí trabajan.

Así, el artículo 30 numeral 4 de la Ley Electoral señala que el INE contará con personal adscrito a una rama administrativa para el óptimo desempeño de las funciones institucionales, la cual se regirá por el Estatuto.

A su vez, el artículo 59 numeral 1 inciso f) de la Ley Electoral establece la facultad de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE para proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio del Instituto y someter a consideración de su Junta General Ejecutiva los programas de capacitación permanente o especial y los procedimientos para la promoción y estímulo del personal administrativo.

En ese tenor, el artículo 8 del Estatuto dispone que la evaluación del desempeño es el instrumento institucional mediante el cual se evalúa el desempeño del personal de la rama administrativa del INE, con el propósito de medir el cumplimiento de los objetivos asignados.

En cuanto a la evaluación del desempeño de quienes integran la rama administrativa del INE, los artículos 158 a 163 del Estatuto contemplan diversas disposiciones específicas referentes al

modelo de evaluación, con el fin de medir el cumplimiento de metas que permitan lograr la consecución de los objetivos que fije el Instituto.

El artículo 161 del Estatuto prevé que el sistema de incentivos estará integrado por los reconocimientos, beneficios y estímulos que el INE otorga al personal de la rama administrativa que cumpla con los requisitos que al efecto establezca la Dirección Ejecutiva, sujeto al presupuesto disponible del Instituto.

El artículo 394 del Manual señala que los incentivos y reconocimientos son los instrumentos a través de los cuales se proporcionará al personal de la rama administrativa del INE los esquemas de estímulos y recompensas que están orientados a fortalecer el compromiso institucional, la permanencia y el reconocimiento del esfuerzo individual, conforme a los criterios establecidos en cada uno para su otorgamiento.

Así, el artículo 402 del Manual estipula la clasificación de los incentivos  y  reconocimientos  de  la  siguiente  manera:

a)   derivados de la evaluación del desempeño; b) derivados de apoyos académicos y de capacitación; y c) por años de servicios.

En ese contexto, el artículo 411 del Manual establece los parámetros de calificaciones para las personas que tengan los mejores puntajes, de tal manera que el incentivo reconocerá al personal mejor evaluado en juntas locales y distritales, conforme a lo siguiente: I. Primer lugar, calificación a partir de 9.60 (nueve punto sesenta) y hasta 10.00 (diez); II. Segundo lugar, calificación a partir de 9.00 (nueve) y hasta 9.59 (nueve punto cincuenta y nueve); y III. La calificación para los terceros lugares será a partir de 8.00 (ocho) y hasta 8.99 (ocho punto

noventa y nueve); en el mismo ordenamiento se prevé que el pago del incentivo se realizará de manera anual, a través de la nómina y en una sola exhibición.

A su vez, el artículo 484 del Manual indica que la evaluación al desempeño es el instrumento institucional mediante el cual se evalúa el desempeño del personal de la rama administrativa del INE, con el propósito de medir el cumplimiento de los objetivos asignados y tiene por objeto medir el cumplimiento de metas, que permitan lograr la consecución de los objetivos que fije el Instituto, lo que se evaluará con base en la metodología y los mecanismos que establezca la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.

El artículo 486 del Manual dispone que el resultado de la evaluación del desempeño del personal de la rama administrativa del INE se integrará por los siguientes factores de evaluación:  a)  cumplimiento  de  metas  individuales;

b)      cumplimiento de metas colectivas; c) competencias; y,

d) capacitación.

Adicionalmente, el artículo 509 del Estatuto señala los factores y subfactores a ponderar en la evaluación, al ser diferentes puntuaciones, dependiendo si se trata de personal de mando medio u operativo, que al momento de calificar permita a la persona evaluadora apreciar las diferencias en cuanto al desempeño del personal.

3.  Caso concreto

Los agravios en que la parte actora argumenta que el Comité de Evaluación no tiene competencia para emitir la cédula de evaluación y la determinación del Oficio 101 son inoperantes.

Lo anterior, porque como se evidenció, la cadena impugnativa de esta controversia inició con la presentación de la demanda del Juicio Laboral 71, que fue resuelto por esta Sala Regional el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

En la demanda de ese juicio la parte actora no alegó la falta de competencia del Comité de Evaluación para emitir la determinación impugnada, ni la misma se advirtió oficiosamente por este tribunal al resolver esa controversia -quien en términos de la jurisprudencia 1/2013 de la Sala Superior de rubro COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN11 tiene la obligación de revisar la competencia de las autoridades emisoras de los actos impugnados, lo que puede hacerse de manera expresa o tácita-.

En ese sentido, no es viable que ahora la parte actora pretenda cuestionar -como si se tratara de una situación novedosa en una segunda oportunidad- la competencia del Comité de Evaluación, pues tal cuestión adquirió el carácter de cosa juzgada derivado de la sentencia emitida en el Juicio Laboral 71 en que no se cuestionó dicha competencia y esta Sala Regional determinó -de manera tácita al no haber revocado de manera oficiosa la resolución impugnada en aquel momento por la alegada falta de competencia de dicho comité- su competencia.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido12 que en el sistema jurídico existe una figura denominada “cosa juzgada”, cuya

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, número 12, 2013 (dos mil trece), páginas 11 y 12.

12 Al resolver el juicio SCM-JDC-770/2024.

finalidad consiste en impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio pueda ser objeto de un nuevo análisis y decisión en otro de la misma naturaleza, dotando de certidumbre jurídica la cuestión a resolver, pues uno de los presupuestos procesales implica que la materia sobre la cual se habrá de adoptar una decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo.

Así, esta figura tiene lugar en aquellos casos en que el acto reclamado se encuentra emitido en cumplimiento de una sentencia previa. Sin embargo, cuando la sentencia impugnada contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria firme y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera parte ya no es susceptible de estudio en un nuevo juicio, por constituir cosa juzgada.

De ahí que, en este aspecto, los agravios de la parte actora deban estimarse inoperantes pues la competencia del Comité de Evaluación no es un aspecto novedoso que pueda controvertirse en este juicio, ya que no se cuestionó en el juicio que originó la controversia.

Por otro lado, son esencialmente fundados los planteamientos de la parte actora en torno a que (i) el Comité de Evaluación modificó indebidamente el puntaje que había obtenido en la evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, misma que le había sido notificada mediante la cédula de evaluación de cinco de abril de dos mil veintitrés; y, (ii) el Comité de Evaluación no debió tomar en cuenta el cuestionario de salud y, a partir de ello, disminuir su calificación.

En principio, contrario a lo que afirma la parte actora, esta Sala

Regional al resolver el Juicio Laboral 71 sí ordenó al demandado emitir una nueva evaluación de la parte actora que solamente contemplara los aspectos previstos en el artículo 509-II del Manual y que posteriormente, con base en los puntajes obtenidos determinara si era acreedora al estímulo correspondiente, como se observa de los efectos de dicha sentencia:

[…]

En consecuencia, se revoca la resolución impugnada, así como los actos ejecutados en consecuencia y lo procedente es condenar al Instituto a lo siguiente:

1.      Que con base en la cédula de evaluación del desempeño de cinco de abril de dos mil veintidós, emita una nueva determinación sobre la evaluación del desempeño de la parte actora en la que solamente se contemplen los aspectos previstos en el artículo 509 fracción II del Manual y la haga del conocimiento oportuno de la parte actora.

2.      Que con base en los puntajes obtenidos por la parte actora en la citada cédula, se determine si es acreedora al estímulo correspondiente.

3.      De ser procedente, haga las gestiones necesarias para la obtención del estímulo.

[…]

Sin embargo, lo cierto es que el demandado actuó en perjuicio de la parte actora, pues al evaluarla nuevamente le puso una calificación más baja que la que ya había obtenido, lo cual contraviene el principio de no reformar en perjuicio de quien acude a juicio13 -aplicable al ejecutar las sentencias, pues no podría considerarse válido como una excepción a dicho principio que la sentencia no lo transgrediera, pero sí los actos realizados en su cumplimiento-. Se explica.

El cinco de abril de dos mil veintitrés, la parte actora recibió la cédula  de  evaluación  del  desempeño  para  el  personal

13 Sirve como referente el criterio orientador contenido en la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro, NON REFORMATIO IN PEIUS. EN ATENCIÓN A DICHO PRINCIPIO LA SALA NO PUEDE AGRAVAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DERIVADO DE LA CONCESIÓN DE UN AMPARO ANTERIOR QUE MANDA REPONER EL PROCEDIMIENTO EN BENEFICIO Y

RESPETO DE SUS DERECHOS. Con número de registro digital 172979, consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, marzo de 2007 (dos mil siete), página 1727.

administrativo, por el periodo de evaluación del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, en la que obtuvo como resultado la calificación de ELIMINADO de promedio.

Dada la puntuación que la parte actora recibió, dirigió un escrito a la persona vocal de la Junta Local para solicitar aclaración sobre si le correspondía la asignación de algún incentivo; es decir, la parte actora no cuestionó el puntaje que obtuvo, únicamente quería conocer -aclarar- si, por su calificación, se le otorgaría algún incentivo.

En respuesta, la persona vocal ejecutiva de la Junta Local informó a la parte actora que estaba excluida de la obtención de un incentivo, lo cual originó precisamente el Juicio Laboral 71.

Si bien en la sentencia de ese juicio se ordenó al demandado emitir una nueva evaluación de la parte actora, ello fue

-esencialmente- porque se advirtió un indebido actuar por parte del demandado al tomar en consideración parámetros para evaluar a la parte actora que no estaban previstos en el artículo 502-II del Manual; es decir, esa decisión, contrario a buscar perjudicar a la parte actora, pretendía que se le evaluara debidamente sin tomar en consideración aspectos que no prevé el Manual.

En acatamiento a la sentencia, el Comité de Evaluación evaluó nuevamente a la parte actora, imponiendo una calificación menor a la que ya había obtenido con un puntaje de ELIMINADO, lo que hizo de su conocimiento mediante el Oficio 101 en el que, además, le informó que -dada su calificación- era acreedora al incentivo del tercer lugar.

Lo anterior evidencia que el demandado actuó en perjuicio de la parte actora, pues si bien en la sentencia del Juicio Laboral 71 se ordenó que emitiera una nueva calificación, era porque la parte actora tuvo razón al alegar que para negarle el incentivo correspondiente se valoraron aspectos que no prevé el Manual; consecuentemente, es evidente que la nueva determinación del demandado, contrario a perjudicarle en la calificación obtenida, debía beneficiarle en algún grado en esta y lo que derivara de la misma.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que tratándose de medios de impugnación, en relación con el derecho de acceso a la justicia, opera el principio non reformatio en peius (no reformar en perjuicio), conforme al cual, la situación jurídica de quienes promueven el juicio o recurso no puede ser modificada o reformada en su perjuicio con posterioridad; en atención a dicho principio, es claro que el Instituto -en su calidad de demandado- no debía ejercer su facultad con el fin de irrogar un mayor perjuicio respecto del ya resentido por la parte actora, máxime que la nueva determinación la emitió en cumplimiento a una sentencia de esta sala, en que la parte actora obtuvo la razón.

Aunado a lo anterior, la parte actora también tiene razón al señalar que el demandado indebidamente continúa tomando en consideración parámetros de evaluación que no están previstos en el artículo 509-II del Manual, particularmente, el relativo a la respuesta a los cuestionarios de salud en el SiMS.

En la sentencia del Juicio Laboral 71 esta Sala Regional razonó frontalmente, entre otras cosas, que para determinar si la parte actora tenía derecho de acceder a un estímulo el INE no debía tomar en cuenta el cuestionario de salud, con base en las

siguientes consideraciones:

[…]

En este punto se estima que la parte actora tiene razón en cuanto a que fue indebido que con base en la respuesta a los cuestionarios SiMS se indicara que no accedería al estímulo, ya que de los factores descritos en el Manual no se desprende la evaluación ni la inclusión de este tipo de actividades para acceder a la obtención de un estímulo.

Esto es así, porque las habilidades descritas en dichos parámetros no se circunscriben al seguimiento de instrucciones específicas sino, en todo caso, pretenden evaluar las habilidades, aptitudes y actitudes de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus funciones.

En tales condiciones, en los parámetros de evaluación no debió ser contemplada la falta de respuesta al cuestionario de salud al ser un elemento adicional que se introdujo en forma indebida, ya que aun con la emisión del acuerdo INE/CG82/202014 y de la circular INE/SE/0003/202115, la actividad consistente en el llenado de cuestionarios SiMS no comprende el cúmulo de aptitudes o habilidades descritas en el Manual para ser evaluadas respecto del desempeño de las personas servidoras públicas adscritas a la rama administrativa del Instituto.

…

Por ende, es fundado el reclamo de la parte actora cuando señala que no conocía el contenido de la minuta de veintiocho de febrero ni la existencia de comunicados que se hicieron para que contestara los cuestionarios SiMS, ya que en efecto, del expediente no se desprende que las personas superiores jerárquicas hubieran tomado medidas para que el personal de la junta distrital hubiese cumplimentado dicha acción en los términos solicitados por la Junta Local, lo cual era una actividad que debían instrumentar y verificar.

De ahí que tampoco desde este punto de vista, el llenado del cuestionario SiMS debía tenerse como un parámetro a ser evaluado para la obtención del estímulo, al ser una actividad que inicialmente debía ser instrumentada por las personas superiores jerárquicas, quienes además debían velar por su cumplimiento y ejecución, lo que en modo alguno involucraba aspectos como las aptitudes o habilidades de las personas servidoras públicas, bases sobre las cuales se desarrolla el procedimiento de evaluación del desempeño en términos del Manual.

Desde el contexto dado, la parte actora tiene razón al sostener que no se estableció si dicho cuestionario correspondía a una meta individual o colectiva a ser evaluada, porque no hay constancia

14 Por el que se determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19.

15 Suscrita por el secretario ejecutivo del Instituto, por medio del cual instruye a las personas titulares de las unidades responsables de oficinas centrales y órganos delegacionales para que supervisen y verifiquen que personal y personas prestadoras de servicio llenen diariamente el cuestionario del sistema de monitoreo de salud.

de que se le haya notificado que dicho documento formaba parte de las competencias para la evaluación de su desempeño. […]

En el caso, del Oficio 101 -controvertido en este juicio- se advierte que la calificación de la parte actora fue modificada, entre otras cuestiones, bajo argumentos que toman en consideración la omisión de la parte actora de atender los cuestionarios de salud. Esto, a pesar de que esta Sala Regional señaló en la sentencia del Juicio Laboral 71 que específicamente la respuesta a dichos cuestionarios no debía ser parte de los parámetros para emitir la evaluación de la parte actora. Para evidenciar lo anterior se transcriben diversos argumentos del Oficio 101:

-  “…si bien los servidores públicos señalados tienen conocimientos, habilidades y experiencia para desempeñar con eficiencia las funciones y actividades inherentes a su puesto, no pueden ser evaluados en los rangos de bueno, muy bueno o sobresaliente, pues al haber incurrido en incumplimientos reiterados derivados de instrucciones claras y precisas, como fue la falta de respuesta a los cuestionarios de salud y, en consecuencia, el incumplimiento en dicha medida de salud general, no garantiza el cumplimiento de los objetivos y metas vinculadas al puesto y al área de trabajo, máxime que al haberse considerado como una obligación del personal y de las áreas de la delegación dar cumplimiento al cuestionario de salud y enviarlo por el sistema…”

-  “…es evidente que los hoy actores no aprovecharon los recursos a su alcance, pues en esta medida general de salud estaban implicados todos los funcionarios de este Instituto al ser una medida vital, ya que estaba en riesgo la salud […] todos ellos daban seguimiento puntual al contestado y envío del cuestionario de salud para informar con la brevedad posible casos de contagio…”.

-  “…no mostraron capacidad para colaborar […] pues el propósito de las medidas de salud y los protocolos desplegados perseguían implementar formas de trabajo como la hibrida […] pero sin poner en riesgo su salud y la salud de los trabajadores…”

-  “… se reitera que los hoy inconformes no observaron los plazos que les fueron concedidos a todos los trabajadores de este Instituto para dar contestación y enviar el citado cuestionario de salud…”.

De ahí que la parte actora acertadamente reclame que el INE indebidamente continúa tomando en cuenta lo relativo al cuestionario de salud, a pesar de lo resuelto por esta Sala Regional en el Juicio Laboral 71. Además, que el cuestionario de

salud no constituye una actividad sustantiva de sus labores y que ha realizado las actividades inherentes a su caso.

Ahora bien, el demandado argumenta -en su contestación a la demanda- que cuenta con autonomía constitucional para establecer el otorgamiento de prestaciones extralegales a favor de sus personas servidoras públicas, contando con total libertad para regular los términos y condiciones que así determine, así como para ponderar el desempeño optimo de la persona servidora pública para establecer si tiene derecho a la prestación en cuestión.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido16 que las prestaciones “extralegales” se sustentan en la voluntad de las partes, de ahí que no están reguladas en ordenamientos legales que obliguen a la parte patronal a su pago, sino que nace de la voluntad de las partes a través de convenios que tienen como finalidad mejorar las condiciones establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo17.

Respecto al incentivo por productividad, el artículo 410 del Manual establece que se otorgará al personal de la rama administrativa de plaza presupuestal, de nivel operativo, adscrito a órganos delegacionales y subdelegacionales, y estará sujeto a las calificaciones obtenidas en la evaluación del desempeño, de acuerdo al dictamen del Comité de Evaluación; por lo tanto, del propio Manual se desprende que el otorgamiento de algún incentivo únicamente está sujeto -como requisito- a la

16 Por ejemplo, al resolver el Juicio Laboral SCM-JLI-11/2024.

17 Sirven de apoyo las jurisprudencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubros son PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO, así como PRESTACIONES EXTRALEGALES EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL

RECLAMANTE LA CARGA PROBATORIA DE LAS, consultables en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002 (dos mil dos), páginas 1171 y 1185, respectivamente.

calificación que obtenga la persona servidora pública.

El artículo 411 del Manual establece que el incentivo reconocerá al personal mejor evaluado en juntas locales y distritales, conforme a lo siguientes: I. Primer lugar, calificación a partir de

9.60 (nueve punto sesenta) y hasta 10.00 (diez); II. Segundo lugar, calificación a partir de 9.00 (nueve) y hasta 9.59 (nueve punto cincuenta y nueve); y III. La calificación para los terceros lugares será a partir de 8.00 (ocho) y hasta 8.99 (ocho punto noventa y nueve).

En tal sentido, si bien el incentivo por productividad constituye una prestación extralegal como menciona el demandado, lo cierto es que los términos para su otorgamiento se encuentran regulados por el propio INE en el Manual, mismo instrumento que dota de certeza y seguridad jurídica -en lo que interesa- la relación entre la parte patronal y trabajadora; de ahí que a pesar de ser una prestación extralegal, no significa que quede al arbitrio del Instituto, sino que -en todo caso- habrá que analizar si se cumplen los requisitos necesarios para su otorgamiento, mismos que en el caso la parte actora sí cumplió.

Bajo lo expuesto es que, resultan improcedentes las excepciones y defensas opuestas por el INE relativas a la improcedencia de la acción y la falta de derecho, la correcta determinación del Comité de Evaluación, aplicación estricta del Manual, autonomía constitucional y todas las demás que se deriven de la contestación de la demanda.

Por las razones y fundamentos expuestos, lo procedente es revocar el Oficio 101 a efecto de que la calificación que prevalezca en favor de la parte actora sea la establecida en la cédula de evaluación del desempeño de cinco de abril de dos

mil veintitrés, correspondiente a la puntuación de ELIMINADO

de promedio.

Con esa calificación la parte actora se hace acreedora al incentivo previsto en el artículo 410-I del Manual, correspondiente al segundo lugar (y no al tercero, como sostuvo el demandado en el Oficio 101); en consecuencia, se debe condenar al INE al pago de dicho incentivo18.

DÉCIMA. Efectos

Esta Sala Regional resuelve revocar el Oficio 101 y condenar al INE que emita una nueva determinación sobre la evaluación del desempeño de la parte actora en la que solamente contemplen los aspectos previstos en el artículo 509-II del Manual, esto en el entendido de que:

1.     No puede modificar de forma negativa la calificación que la parte actora ya obtuvo de ELIMINADO de promedio, misma que el INE le notificó mediante la cédula de evaluación del desempeño de cinco de abril de dos mil veintitrés.

2.     No puede tomar en consideración aspecto alguno relativo a la contestación de los cuestionarios de salud SiMS, como se explicó en la sentencia del Juicio Laboral 71 y la presente.

3.     Determine el estímulo de productividad al que es acreedora la parte actora y haga las gestiones necesarias para el otorgamiento del mismo.

Al efecto, se otorga al demandado un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del siguiente que se le notifique esta sentencia, para que cumpla la misma en sus términos, debiendo

18 En similares términos se resolvieron los juicios SCM-JLI-15/2024 y SCM-JLI- 17/2024.

informar a esta Sala Regional dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a que ello ocurra, acompañando la documentación que acredite lo informado en original o copia certificada legible.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

RESUELVE

ÚNICO. Revocar el Oficio 101, para los efectos ordenados en esta sentencia.

Notificar en términos de ley.

Hacer la versión pública correspondiente, conforme a los artículos 26 numeral 3 y 28 de la Ley de Medios, en relación con los artículos 6 y 16 segundo párrafo de la Constitución; 23, 68- VI, 100, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, 31 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 1, 8 y 10 fracción I y 14 del Acuerdo General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devolver las constancias que correspondan, y en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados, en el entendido que Luis Enrique Rivero Carrera funge como magistrado en funciones, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

Magistrado Presidente

Nombre:José Luis Ceballos Daza

Fecha de Firma:19/03/2025 07:55:50 p. m.

Hash:lx8cxnnSQOKOPstFAL5jY78c8+o=

Magistrado

Nombre:Luis Enrique Rivero Carrera

Fecha de Firma:19/03/2025 08:04:30 p. m.

Hash:ewoCTWgdsh961gP4CQlVftj9QiA=

Magistrada

Nombre:María Guadalupe Silva Rojas

Fecha de Firma:19/03/2025 08:07:40 p. m.

Hash:bnaPcgD5kdQneabQT90PKPxxU/c=

Secretaria General de Acuerdos

Nombre:Berenice García Huante

Fecha de Firma:19/03/2025 07:54:48 p. m.

Hash:ao5U8TecbfnPG0mHhucy4spo5gM=

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.

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Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

Resolución del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 que confirma, modifica y, en su caso, revoca las versiones públicas remitidas por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México; respecto de la clasificación de información como confidencial para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción II2, del artículo 69 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A N T E C E D E N T E S

I.   OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento al artículo 69, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo sucesivo Ley General, el Tribunal Electoral, en su calidad de sujeto obligado debe publicar las versiones públicas de todas las sentencias y laudos emitidas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 263, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los documentos materia del presente análisis, atienden la obligación de transparencia señalada toda vez que se trata de laudos emitidos en los Juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, en adelante JLI.

II.  SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS3. La Dirección General de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante correos electrónicos de fechas catorce y veintidós de abril de dos mil veinticinco, recibió de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México, los oficios TEPJF-SCM-SGAV/198/2025 y TEPJF-SCM-SGAV/216/2025, a través de los cuales remitieron setenta y siete asuntos en total.

Del total de asuntos recibidos, diecisiete de ellos se remitieron en versión íntegra por no contener datos personales:

1 En adelante Tribunal Electoral.

2 “Artículo 69. Los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas, además de lo señalado en el artículo 65 de la presente Ley, deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente:

II. Las versiones públicas de todas las sentencias y laudos emitidas;

3 La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 3, fracción XXI, define como Versión Pública al documento o expediente en el que se otorga acceso a la información pública, previa eliminación u omisión de aquellas partes o secciones que se encuentren clasificadas conforme a la Ley.

Ahora bien, los sesenta asuntos restantes, se recibieron con su respectiva versión pública e íntegra para cotejo:

Lo anterior, con la finalidad de someter a consideración del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, la clasificación como confidencial de los datos personales que a continuación se describen: