VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-26/2025

Fecha de clasificación: 27 de octubre de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT-JLI.6-SE31/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: Confidencial por contener datos personales o elementos y/o situaciones sensibles.

Periodo de clasificación: Sin temporalidad por ser confidencial.

Fundamento Legal: Artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Rúbrica del titular de la unidad responsable:

Héctor Floriberto Anzurez Galicia

Secretario General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-26/2025

PARTE ACTORA: ELIMINADO DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO INSTRUCTOR EN FUNCIONES:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

MAGISTRADO A CARGO DEL ENGROSE:

JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIADO:

RUTH RANGEL VALDES Y OMAR ENRIQUE ALBERTO HINOJOSA OCHOA1

Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil veinticinco2.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada declara su incompetencia para resolver respecto de las prestaciones reclamadas por la parte actora con motivo del cargo que desempeñó como Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral; y, deja sin efectos la admisión del Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores (y personas servidoras) del Instituto Nacional Electoral para conocer la demanda presentada por la parte actora, con base en lo siguiente.

1 Con la colaboración de Noe Esquivel Calzada y Lesli Martínez González

2 Las fechas están referidas a este año, salvo que expresamente esté indicado otro.

G L O S A R I O

CAE Persona capacitadora asistente electoral

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa

INE, Instituto o demandado

Instituto Nacional Electoral

Juicio Laboral Juicio para dirimir los conflictos o diferencias

laborales de los servidores (y personas servidoras) del Instituto Nacional Electoral

Junta Distrital Junta Distrital Ejecutiva 20 del Instituto

Nacional Electoral en la Ciudad de México

Ley Burocrática Ley Federal de los Trabajadores (y Personas

Trabajadoras) al Servicio del Estado

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Manual Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral3

Suprema Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación

A N T E C E D E N T E S

I.  Relación jurídica.

1.    Inicio. La parte actora señala que, a partir del primero de febrero, inició la prestación de sus servicios laborales para el INE, como CAE adscrita a la Junta Distrital.

2.   Terminación de la relación laboral. La parte actora señala que el veintisiete de abril, se le informó que no se le renovaría

3 El manual puede ser consultado en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127466/JG Eor202202-17-ap-9-8-a.pdf?sequence=2&isAllowed=y,.

su contrato como CAE y que debía presentarse al día siguiente a devolver el material que se le había entregado para el desempeño de sus funciones.

II.  Juicio Laboral.

1.   Demanda. El cinco de junio, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE, a fin de demandar, entre otras cosas, el reconocimiento de la relación laboral, el despido injustificado, así como el pago de diversas prestaciones.

2.         Turno. Con la demanda se integró el expediente SCM-JLI-26/2025 que se turnó a la ponencia a cargo del magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera.

3.  Recepción, admisión y emplazamiento. En su momento, el magistrado en funciones recibió dicho expediente, admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

4.   Contestación a la demanda. El INE contestó la demanda el veinte de junio, donde opuso excepciones y defensas, y ofreció pruebas.

5.    Recepción de la contestación y audiencia. El treinta de junio siguiente, el magistrado instructor tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se celebró el nueve de julio de forma presencial y en la que, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y al no quedar diligencias pendientes, cerró la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio que fue promovido por una persona quien dice que se le contrató como CAE con adscripción en la Junta Distrital, quien reclama -entre otras cuestiones-, el reconocimiento de la relación laboral que según afirma le unió con el INE, el despido injustificado por parte de este último, así como el pago de diversas prestaciones laborales; supuesto normativo y entidad federativa en que esta Sala Regional ejerce jurisdicción -Ciudad de México- y competencia. Lo anterior, tiene su fundamento en:

   Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto, fracción VII.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

253, fracción IV, inciso d) y 263, fracción XI.

   Ley de Medios. Artículos 3, numeral 2, inciso e) y 94, numeral 1, inciso b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las

5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       Ley Burocrática

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE, previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este tribunal.

TERCERA. Excepción de incompetencia que hace valer el instituto demandado

Previo al análisis de los requisitos de procedencia del presente juicio, se abordará el estudio de la excepción de incompetencia hecha valer por el Instituto demandado, la cual debe analizarse de manera previa y especial.

Ello, en tanto que de ser fundada implicaría que no se analizaran las prestaciones demandadas por la persona promovente correspondientes a una naturaleza laboral, reclamadas por la parte promovente que refiere derivan de una relación de trabajo.4

Ahora bien, del escrito presentado por el Instituto el veinte de junio, se observa que el demandado sustenta su excepción de incompetencia, en el hecho de que, el cargo que tenía la parte actora era de CAE, función que dice derivó de la suscripción de contratos de prestación de servicios civiles, por lo que estima

4 En similares términos lo concluyó esta Sala Regional al resolver el juicio SCM-JLI- 53/2024 y su acumulado.

que corresponde el conocimiento de la demanda a los Tribunales Federales en materia civil.

Para acreditar lo anterior, se observa que, tanto en la contestación de demanda, el Instituto ofrece el contrato de prestación de servicios celebrado con la parte actora.

Por su parte la actora, si bien se le dio vista con la contestación de demanda en la que el instituto hizo valer la excepción de incompetencia, fue omiso en realizar algún pronunciamiento sobre la misma.

En ese sentido, a consideración de esta Sala Regional resulta fundada la excepción de incompetencia hecha valer por la parte demandada, en atención a lo siguiente:

Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución establecen que todo acto de autoridad -incluyendo a las jurisdiccionales- debe emitirse dentro del margen de facultades otorgadas en la misma o en alguna ley secundaria.

Así, la competencia es un presupuesto procesal, siendo su estudio una cuestión preferente y de orden público que se debe hacer oficiosamente; de ahí que toda autoridad, antes de emitir un acto o resolución tiene la obligación de verificar si tiene competencia para ello conforme a las facultades que la norma aplicable le confiere.

Al ser indispensable dicha competencia, si el órgano jurisdiccional ante el que se ejerce una acción no es competente estará impedido para conocer y resolver del asunto en cuestión.

Al efecto, el pleno de la Suprema Corte ha establecido que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al tribunal para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el tribunal incompetente5.

En concepto del pleno de la Suprema Corte, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de las personas y entes justiciables, por lo que un tribunal es competente para conocer el asunto cuando hallándose dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos6.

Ahora bien, para determinar si el acto (en sentido amplio) corresponde o no a la materia electoral, es necesario que su contenido sea electoral o verse sobre derechos político- electorales, sin que sea relevante que esté relacionado con un ordenamiento cuya denominación sea electoral, provenga de una autoridad formalmente electoral o lo argumentado en la demanda7.

5 Ver jurisprudencia P./J. 12/2020 (10a.) del pleno de la Suprema Corte de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO Consultable

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, octubre de 2020 (dos mil veinte), Tomo I, página 12.

6 Igual que la cita anterior.

7 Conforme al texto de la tesis aislada P. LX/2008 del pleno de la Suprema Corte de rubro AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O

QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008 (dos mil ocho), página 5.

En conclusión, acorde a la Constitución, esta Sala Regional solo puede actuar si está facultada para ello.

Caso concreto

En la especie, la promovente comparece mediante el presente Juicio Laboral a demandar el reconocimiento de la relación laboral que según afirma le unió con el INE, el despido injustificado del que sostiene haber sido objeto, así como el pago de diversas prestaciones relacionadas con la relación de trabajo que refiere.

Por su parte, como se dijo en líneas precedentes, el INE sostiene que esta Sala Regional carece de competencia para conocer de la demanda.

Lo anterior, en tanto sostiene que, el cargo que tenían la parte actora era de CAE, respecto de la cual aduce en su contestación que, su contratación se dio en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 como prestadora de servicios que se rige por la legislación civil, bajo el régimen de honorarios eventuales por el periodo comprendido del primero de febrero al veintisiete de abril.

De igual forma, de la contestación de demanda, se observa que el Instituto refirió que, las actividades desarrolladas por la parte actora se relacionaron con actos derivados del proceso electoral y no con actividades permanentes del Instituto, por lo que la relación entre las partes fue de naturaleza civil, para desempeñar actividades del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

En esa tesitura, esta Sala regional considera que en efecto se actualiza y es fundada la excepción de incompetencia que hace valer el Instituto demandado.

Ello es así, ya que de las pruebas aportadas por el INE, las cuales acompañó en su contestación de la demanda de veinte de junio, se observa que las funciones que realizó la promovente derivaron de su contratación como “Capacitador/a Asistente Electoral VE-J”, de donde se desprende que la relación que existió entre las partes tuvo su origen en una contratación de prestación de servicios profesionales de naturaleza civil, de ahí que esta Sala Regional carezca de competencia para analizar las prestaciones que se reclaman.

Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley de Medios -en términos del artículo 95.1.b) de esta última- la relación de trabajo consiste en lo siguiente:

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

Como puede observarse, la Ley Federal del Trabajo recoge como requisito para la existencia de una relación individual entre la parte trabajadora y la patronal la prestación de un servicio, la subordinación de la primera a la segunda, así como el pago de un salario, careciendo de relevancia el acto que origina ese lazo.

Lo anterior, es acorde con la tesis VI.2o.27 L del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto:

RELACION LABORAL, EXISTENCIA DE LA. De conformidad

con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación de trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. De esta definición se advierte que el elemento esencial de la relación de trabajo, que permite distinguirla de otras relaciones jurídicas, es el de la subordinación en la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato8.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse la existencia de una relación laboral cuando se acredita la exigencia de la ejecución de un servicio material o intelectual, un nexo de subordinación y el pago de un salario por ello, sin importar la forma en que sea generada; de lo contrario, se estaría ante otro tipo de vínculo jurídico.

No obstante ello, el hecho de que haya una prestación de servicios y el pago de una retribución, no necesariamente da lugar a una relación laboral.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303.2 de la Ley Electoral, las actividades de las personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales son funciones específicas en forma auxiliar a un órgano del INE durante el proceso, por lo que encuadra en la categoría de personal que se contrata bajo el régimen de honorarios y no como personas integrantes del servicio profesional electoral o de la rama administrativa.

Cabe destacar que, como lo refiere el Instituto en su escrito de contestación a la demanda, la contratación de la parte actora

8 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página 1008.

como CAE se dio de manera temporal, amparada conforme al contrato de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios eventuales y su anexo con número PE HE 09092000000-J0511250-368279-3, aportado por el INE, con el expediente personal de la parte actora9.

Así, del contrato que celebraron las partes, antes señalado, se advierte que las actividades que la parte actora realizaba para el INE consistían en:

9 Valoradas conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, así como 2º, 5º, 33 y 841 de la Ley Federal del Trabajo.

Actividades las anteriores, las cuales se acotaron al Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, tal como se advierte del anexo único del contrato de prestaciones de servicios en el que textualmente se indicó “I.4- QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TEMPORALES, NECESARIAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL”.

Se afirma lo anterior, ya que la figura de CAE se encuentra contemplada en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, con la finalidad de participar junto con las personas Supervisoras Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Entre sus funciones, como se desprende de lo anterior, se encuentran las de visitar, notificar y capacitar (sensibilizar) a la ciudadanía sorteada; entregar el nombramiento y proporcionar a

quienes se haya designado como funcionariado de mesas directivas de casilla los conocimientos y habilidades necesarias para realizar sus actividades en la Jornada Electoral; desarrollar las actividades de asistencia electoral; aplicar las medidas encaminadas para asegurar la accesibilidad en los domicilios donde se instalen casillas a las personas con discapacidad; garantizar el día de la elección la integración, instalación y funcionamiento de las casillas electorales e informar sobre el desarrollo de la Jornada Electoral a través del sistema “SIJE”, así como apoyar en la operación y funcionamiento de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales, además de auxiliar el cómputo distrital, entre otras.

De acuerdo con los medios de prueba aportados por el Instituto, esta Sala Regional considera que, no se advierte el elemento principal y característico de un vínculo de trabajo: la subordinación, porque aun cuando la persona promovente percibía mensualmente una cantidad líquida y realizaba las actividades que le eran encomendadas, como capacitar a la ciudadanía que fungió como personas Funcionarias de Mesas Directivas de Casilla, tareas de campo, por mencionar algunas de las señaladas en el cuadro inserto con antelación; esto obedeció a la naturaleza de las propias actividades a realizar en su carácter de auxiliar del personal del INE.

En esa tesitura, es de resaltar que la contratación de la parte actora se dio en el contexto del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, esto para realizar actividades específicas, lo cual se ve reflejado en el contrato firmado por la promovente, ya que en el apartado de declaraciones10 se indica

10 Declaraciones I.4 y II.3.

que el motivo de la contratación es única y exclusivamente para la prestación de servicios eventuales para las actividades temporales, necesarias durante el proceso electoral federal.

Así, en el contrato suscrito por la parte actora con el INE, específicamente en su anexo único, se pactó respectivamente que, su vigencia sería a partir de la firma de este, es decir, del primero de febrero al veintisiete de abril, con la facultad del INE de rescindirlo unilateralmente.

Considerando lo anterior 11, si la persona promovente realizó funciones auxiliares relacionadas con la capacitación de personas ciudadanas que fueron elegidas Funcionarias de Mesas Directivas de Casilla, se concluye que el vínculo que le unió con el INE al igual que el caso de personas supervisoras electorales, no es de naturaleza laboral.

Ello es así, ya que, de conformidad con el artículo 41 párrafo segundo base V apartado A párrafo 2 de la Constitución y las disposiciones de la Ley Electoral y el Estatuto que rige las relaciones de trabajo con las personas servidoras del INE, se desprende que este regulará la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Además, de la norma citada es posible advertir que la legislación estableció un régimen laboral especial para el INE, previendo una reserva legal para que las relaciones de trabajo de dicho instituto y sus personas servidoras públicas sean conducidas de

11 Con base en la tesis X.1o.T.21 L(11a) de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA LABORAL. LA CITACIÓN A LAS PARTES PREVIAMENTE A LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA POR PARTE DEL ÓRGANO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO ES INNECESARIA, CUANDO AQUÉL SURGE POR RAZÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RELACIÓN DE TRABAJO [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS

DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 16/2023 (11a.)], consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, diciembre de 2023 [dos mil veintitrés], página 3881 y registro 2027856.

conformidad con la Ley Electoral y el Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General del INE.

Al respecto, el artículo 203.1.g) de la Ley Electoral dispone que el Estatuto deberá establecer, entre otras, las normas para la “contratación              de prestadores [y personas prestadoras] de servicios              profesionales              para              programas              específicos              y              la realización de actividades eventuales” [lo resaltado es propio]. Por su parte, el artículo 5 del Estatuto distingue -entre otros- los siguientes tipos de personas servidoras del INE:

a.     Miembros (personas integrantes) del servicio: persona que haya obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal y preste sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional en los términos del Estatuto.

b.     Personal de la rama administrativa: personas que habiendo obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal, presten sus servicios de manera regular y realicen actividades en la rama administrativa.

c.     Personal del INE: las personas integrantes del servicio del sistema del INE y personal de la rama administrativa.

d.     Persona prestadora de servicios: persona que presta sus servicios al INE con la finalidad de auxiliar en los programas o proyectos institucionales de índole electoral o participar en los programas o proyectos institucionales de carácter administrativo.

El régimen contractual de las personas prestadoras de servicios está previsto en los artículos 6-II y 122 a 124 del Estatuto bajo el

régimen de honorarios, en términos de la legislación civil federal con cargo al capítulo de servicios personales, por tiempo determinado, para -entre otros- auxiliar en los procesos electorales.

Ahora bien, esta Sala Regional ha determinado que las personas supervisoras y capacitadoras electorales forman parte del régimen previsto para las personas prestadoras de servicios contratadas al amparo de contratos de naturaleza civil pues no tienen un nombramiento en una plaza presupuestal y no prestan sus servicios de manera regular, sino que solamente participan con funciones de apoyo en ciertos periodos del proceso electoral federal12.

En ese sentido, se insiste, si las funciones específicas de la parte actora se relacionaban -entre otras- con la capacitación y entrega de reconocimientos a las personas que apoyaron en un proceso electoral, se concluye que la relación jurídica que se tuvo con la parte promovente tuvo la calidad de prestadora de servicios, como lo ha sostenido esta Sala Regional para quienes desarrollan actividades de CAE y supervisoras electorales.

Ello ya que, de las declaraciones I.3 y I.4 del contrato celebrado entre las partes se advierte lo siguiente:

- Que la contratación de la parte actora como persona prestadora de servicios se realiza para programas específicos y actividades eventuales, bajo el régimen de honorarios, en términos de lo establecido en los artículos 83 a 91, 620 a 629 y 639 a 643 del Manual de

12 Ver, entre otras, la resolución del juicio SCM-JLI-13/2022.

Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE13;

- Los servicios que prestaría se requieren para la realización de actividades temporales, necesarias durante el proceso electoral federal.

Esto se refuerza con la cláusula PRIMERA del referido contrato de la que se advierte que se le contrató como persona prestadora de servicios.

Además, en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024- 2025, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG2502/2024 por el que aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para dicho proceso y estableció la necesidad de contratar personas prestadoras de servicios, lo que refuerza lo manifestado por la demandada, en el sentido de que la contratación de la parte actora se dio en el contexto del citado proceso electoral, esto sin que la parte actora lo haya controvertido.

Así, conforme al Manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales federales y locales, las

13 Vigente durante el ejercicio evaluado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 (nueve) de mayo de 2022 (dos mil veintidós). Visible en la página de              Internet

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/manual/man162_09may22.pdf; que se cita como hecho notorio, según lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley de Medios y la razón esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO

PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

personas capacitadoras asistentes electorales están encargadas aplicar las medidas encaminadas para asegurar la accesibilidad en los domicilios donde se instalen casillas a las personas con discapacidad; garantizar el día de la elección la integración, instalación y funcionamiento de las casillas electorales; informar sobre el desarrollo de la Jornada Electoral a través del Sistema Integral de la Jornada Electoral, así como apoyar en los mecanismos de recolección y traslado del paquete electoral, además de auxiliar en el cómputo distrital, entre otras.

En ese entendido, esas funciones han sido consideradas por esta Sala Regional como prestadas en auxilio dentro de ciertos periodos del proceso electoral, para lo cual el INE se encuentra facultado para celebrar contratos regidos por la legislación civil a efecto de cumplir las funciones que tiene encomendadas14.

Así, el hecho de que existiera una prestación de servicios y el pago de una retribución no necesariamente da lugar a una relación laboral, siendo necesario el análisis de los elementos que hay en el expediente para determinar su naturaleza.

Es importante destacar que diversos Tribunales Colegiados de Circuito han establecido que la simple existencia de un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil es insuficiente para acreditar que la relación jurídica es de dicha naturaleza, pues en todo caso, debe atenderse a la existencia de elementos de subordinación y dependencia económica.

Tal criterio se encuentra contenido en las tesis de rubros TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS

14 Ver las resoluciones de los juicios SCM-JLI-13/2018 y SCM-JLI-17/2021.

DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 15 ; y RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE16.

En ese sentido, las funciones y actividades de la parte actora estaban enfocadas a auxiliar al INE solo en determinados tiempos del proceso electoral, y por tanto son por tiempo determinado.

Incluso, debe destacarse que conforme al manual de reclutamiento referido se establece que los y las CAE serían contratados y contratadas a partir de la facultad del INE de contratar personal por honorarios en términos de la legislación civil federal con cargo al capítulo de servicios personales, por tiempo determinado, sin exceder de un ejercicio fiscal.

Al respecto, es válido afirmar que el INE está facultado para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales o bien, contratar los servicios de personas físicas de manera eventual -mediante convenios regidos por la legislación civil federal- para que desempeñen actividades temporales que contribuyan a la realización de las funciones que el INE tiene encomendadas.

15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005 (dos mil cinco), página 315.

16 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007 (dos mil siete), página 1524.

Lo anterior, porque la propia Constitución permite que el INE regule las relaciones contractuales de las personas que presten sus servicios -con carácter auxiliar-, y de esta forma contratarlas en actividades que no son de carácter permanente y que no forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional o de la rama administrativa; esto es, que desempeñan sus actividades bajo el régimen de honorarios o de prestación de servicios regulado por la legislación civil, siempre y cuando las actividades desempeñadas sean eventuales o temporales.

En ese sentido y conforme a lo narrado en la demanda y el contrato celebrado entre las partes, la relación entre la parte actora y el INE derivó de un acuerdo de voluntades que -acorde con el marco normativo- no es de naturaleza laboral sino civil.

De todo lo dicho, es que el reclamo de la parte actora no es susceptible de ser exigido en esta vía, ya que ello dependía de la existencia de una relación laboral, que no fue acreditada. Así, la exigencia de las prestaciones reclamadas debe ser conforme a la jurisdicción que para ello establece la legislación de la materia17.

De este modo, dichas reclamaciones y acciones deberán plantearse por la parte actora -en caso de que lo consideren conveniente a sus intereses- en la vía ordinaria civil atendiendo a la cuantía de los mismos.

17 Cabe señalar que al resolver el Juicio Laboral SUP-JLI-14/2014, la Sala Superior determinó que las relaciones de carácter civil que existan entre el INE y particulares no son de la competencia de este Tribunal Electoral, sino únicamente aquellas en las que esté acreditado fehacientemente que existió un vínculo o relación de carácter laboral, por lo que se apartó del criterio establecido en la jurisprudencia 13/98 de rubro CONFLICTOS LABORALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  CON  SU  PERSONAL  TEMPORAL.  COMPETENCIA  DEL

TRIBUNAL ELECTORAL PARA RESOLVERLO. Además, un criterio similar ha sido sustentado por este Tribunal Electoral al resolver los juicios SUP-JLI-16/2014, SDF-JLI-3/2016, SDF-JLI-5/2016, SCM-JLI-5/2017, SCM-JLI-5/2018 y SCM-JLI-

13/2018, entre otros.

Por lo anterior, al advertir que la controversia planteada por la parte actora es de naturaleza civil 18 y no laboral, esta Sala Regional es incompetente para conocer la demanda presentada19 y consecuentemente deja a salvo los derechos de la persona promovente para que, de ser su voluntad, los haga valer en la vía que corresponde.

Finalmente, no pasa desapercibido que, mediante acuerdo de seis de junio de dos mil veinticinco, el magistrado instructor admitió el Juicio Laboral y en nueve de julio del año en curso se celebró la audiencia prevista en el 101 de la Ley de Medios; sin embargo, en atención a la presente determinación, debe dejarse sin efectos la citada admisión y la referida audiencia.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

RESUELVE

PRIMERO. Se deja sin efectos la admisión de este Juicio Laboral.

SEGUNDO. Declarar la incompetencia de esta Sala Regional para conocer la demanda presentada por la persona promovente.

TERCERO. Dejar a salvo los derechos de la parte actora para que -de ser el caso- los haga valer en la vía y forma que considere procedente.

18 En términos similares la Sala Monterrey resolvió el juicio SM-JLI-4/2021.

19 De conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo que establecen que los tribunales deben declararse incompetente de oficio en cualquier estado del proceso hasta antes de la audiencia del juicio cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen.

Notificar en términos de ley.

Devolver las constancias que correspondan, y en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, la magistrada y los magistrados, con el voto en contra del magistrado Luis Enrique Rivero Carrera, quien emite un voto particular y en el entendido que funge como magistrado en funciones, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

VOTO PARTICULAR20 QUE FORMULA EL MAGISTRADO EN FUNCIONES LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SCM-JLI-26/2025.

En sesión privada presenté al pleno de este órgano jurisdiccional, una propuesta de resolución de este juicio, en la que consideré absolver al INE respecto de las prestaciones reclamadas por la parte actora con motivo del cargo que desempeñó como capacitadora asistente electoral, al haberse acreditado la excepción opuesta por la parte demandada, relativa a que la relación jurídica entre las partes no es laboral.

No obstante, mi propuesta de resolución fue rechazada por la mayoría, considerando sustancialmente que se debe declarar la

20 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 261 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 48 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

incompetencia de la Sala Regional para conocer del juicio, sin analizar esa excepción y defensa opuesta por el INE, en el estudio sobre la naturaleza jurídica que unió a las partes (como elemento de la acción intentada por la parte actora) y examinar los argumentos y la pruebas que, sobre esa cuestión, las partes fijaron en este juicio.

Si no, a juicio de la mayoría, se debe dejar sin efectos la admisión del Juicio Laboral para conocer la demanda presentada por la parte actora, situación que no comparto, pues muy respetuosamente, estimo que, en atención a la problemática planteada, es a través de un análisis de fondo, en donde se puede determinar si el demandado acreditó la excepción o defensa relativa a que la naturaleza de la relación contractual que vinculó a las partes era distinta de la laboral.

Así, con el debido respeto, disiento de la sentencia engrosada y me permito formular el presente voto particular, ya que no comparto las consideraciones y la conclusión adoptada por la mayoría, porque desde mi perspectiva, en el caso de que se haga valer la incompetencia por razón de que la relación es de carácter civil, mercantil o de una naturaleza distinta a la laboral, esto no debe considerarse una excepción de incompetencia, por lo que el juicio laboral debe seguir en todas sus fases hasta el dictado del laudo, tal como lo establece la razón esencial de la tesis de Tribunales Colegiados VI.T.90 L, de rubro INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE SUSTENTA EN LA INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL Y LA JUNTA LO DECLARA INFUNDADO,  CONTRA  ESTA  INTERLOCUTORIA  ES

IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AL NO TENER UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE21.

Los anteriores, son criterios en los que se sustenta que el argumento hecho valer por el INE no puede considerarse como un incidente de incompetencia o una excepción de esa naturaleza, ya que está relacionado con la controversia materia del fondo del asunto.

En ese sentido, estimo que, si en el caso jurídicamente no se podía declarar la incompetencia de forma oficiosa, al tenerse que analizar las acciones, excepciones y pruebas de las partes para saber si demostraban o no las afirmaciones de las partes, entonces el estudio de la acreditación o no de estas, estaba notoriamente reservado al análisis de fondo que se hiciera en la sentencia definitiva22.

En ese sentido, inserto en este voto particular el estudio de fondo que desde mi óptica debió realizarse en este juicio, siendo el siguiente:

CUARTA. Contexto del asunto y controversia

4.1.  Contexto del asunto

El asunto tiene como origen el vínculo entre las partes, que, refiere la parte actora, inició a partir del primero de febrero, en el que se le contrató para desempeñarse como CAE en la Junta Distrital.

En este sentido, la parte actora indica que el veintisiete de abril, se le informó (por mensaje y correo electrónico, pero sin notificarle formalmente las razones de su despido) que no se le renovaría su contrato como CAE y que debía presentarse al día siguiente a devolver el material que se le había entregado para el desempeño de sus funciones.

21 Registro digital 162362, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1315.

22 al respecto sirve como criterio orientador el contenido en la tesis de rubro ACCION EJERCITADA, NATURALEZA REAL DE LA. DEBE RESOLVER EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN CUANTO AL FONDO, SI RESERVO EL ESTUDIO PARA EL

LAUDO DEFINITIVO; consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Cuarta Sala Volumen 23, Quinta Parte, página 13.

Por su parte, el INE, manifiesta que el contrato entre las partes fue de carácter civil, fijándose con un plazo de primero de febrero al veintisiete de abril, para que la parte actora se desempeñara como CAE, sin embargo, las actividades no las realizó en los términos contratados, por lo que, a través de la documentación correspondiente, se le hizo de conocimiento la rescisión de su contrato.

Asimismo, el INE hace valer como excepciones:

-          La inexistencia de la relación laboral entre la parte actora y el INE

-          La de acción y falta de derecho de la actora

-          La de falsedad

-          La de validez del contrato de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el INE

-          La de improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte actora

-          La de plus petitio

-          La de incompetencia

-          La de obscuridad

-          Todas las demás que se deriven

Excepciones que están dirigidas a sostener que la relación laboral no se acredita en este juicio, ya que, si bien existió un vínculo entre las partes, éste fue de carácter civil.

Ello ya que, bajo la perspectiva del INE, si la naturaleza de la relación es civil y no laboral, entonces resulta improcedente la acción relativa al despido injustificado y el pago de prestaciones solicitadas.

En este orden de ideas, la parte demandada basa sus excepciones en negar la relación de trabajo, pues desde su visión es civil y no laboral.

De modo que en términos del artículo 702 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, lo referido por el INE en la contestación de la demanda no se considerará excepción de incompetencia23; ya que, bajo el precepto citado, cuando se oponga

23 Por lo que no se tramitará en términos del Capítulo IX denominado “De los incidentes” que en sus artículos 761, 762 y 763 señalan lo siguiente:

Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.

Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; Competencia; Personalidad; Acumulación; y Excusas.

Artículo 763 Bis. - En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia.

En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se

una excepción dirigida a poner en duda la naturaleza de la relación entre las partes, el juicio deberá continuar en todas sus fases y será hasta el estudio de fondo, cuando se analizará la existencia o no del vínculo laboral.

De ahí que, a pesar de que el INE, en su demanda haya señalado un apartado denominado “Incidente de incompetencia de la vía”, porque la relación que unió a las partes es civil y no laboral; en términos del artículo 702 de la ley citada, así como de los argumentos (y resto de excepciones) en que se basa dicha “incidencia”, es evidente que su análisis tiene que realizarse por parte de esta Sala Regional al estudiar los elementos de la acción consistente en la existencia (o no) de la relación laboral.

Lo anterior se apoya también en la tesis INCIDENTE DE INCOMPETENCIA,  ES  IMPROCEDENTE  LA  RELACIÓN  DE

TRABAJO Y SUSTITUCIÓN DE PATRÓN24, que señala que resulta improcedente el incidente de incompetencia de la autoridad jurisdiccional de trabajo, apoyándose en la negativa de la relación laboral, atento a lo dispuesto por el artículo 702 de la Ley Federal del Trabajo25.

4.2.  Metodología

Esta Sala Regional analizará el asunto bajo los temas siguientes:

1.- La naturaleza del vínculo jurídico. 2.- Despido injustificado.

3.- Prestaciones laborales.

Lo anterior porque en primer lugar se tiene que analizar la naturaleza del vínculo jurídico que unió a las partes para determinar si se trata de una relación de carácter laboral o bien, de naturaleza civil, toda vez que ello se encuentra controvertido.

Dado que las prestaciones exigidas por la parte actora dependen de precisar el tipo de relación jurídica entre ésta y el Instituto demandado.

QUINTA. Estudio de fondo

La parte actora refiere la existencia de una relación laboral con el INE, la cual terminó con motivo de un despido que califica como injustificado.

Frente a esta afirmación, el Instituto demandado en principio, niega la existencia de una relación laboral, así como el despido injustificado en los términos hechos valer por la parte actora, al señalar que el vínculo jurídico con la accionante surgió con la firma de un contrato

podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización.

24 Registro digital 230124. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-diciembre de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho), página 291.

25 Criterio sostenido por esta Sala Regional en el juicio SCM-JLI-5/2025.

de prestación de servicios, en el cual se pactó, entre otras cuestiones: el pago de honorarios, la prestación de servicios de manera eventual y la fecha del vencimiento del contrato.

De tal manera, asegura que la relación contractual terminó derivada del incumplimiento de las actividades que le fueron encomendadas como CAE, al incurrir en múltiples deficiencias en las actividades, así como actos indebidos, y que incluso le instauró una denuncia en su contra.

Ahora bien, en concepto de esta Sala Regional, el INE acredita los extremos de las excepciones y defensas hechas valer porque la relación jurídica que unió a las partes es de naturaleza civil, con base en lo siguiente:

Marco normativo sobre relación laboral y la naturaleza de la contratación de CAE

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, en términos del artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, define a la relación del trabajo de la manera siguiente:

“[…]

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

[…]”

Del texto se advierte que, para la existencia de una relación de tipo laboral resulta indispensable la concurrencia de tres elementos:

a)      La prestación de un trabajo personal.

b)      La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando detentado por la persona empleadora, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora y;

c)      El pago de un salario, que significa el dar a cambio una contraprestación por el trabajo realizado.

Cabe destacar que el acto que da origen a una relación de trabajo resulta intrascendente, mientras se acrediten los tres elementos citados; así, por ejemplo, si se tiene probada la prestación de un trabajo personal y el pago de un salario, ello no bastará para tener por acreditada la relación laboral, ya que faltaría demostrar el elemento de subordinación.

Al respecto, resulta orientador el criterio contenido en la tesis VI.2o.27 L del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto:

RELACION  LABORAL,  EXISTENCIA  DE  LA.  De

conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación de trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. De esta definición se advierte que el elemento esencial de la relación de trabajo, que permite distinguirla de otras relaciones jurídicas, es el de la subordinación en la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato26.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse la existencia de una relación laboral cuando se acredita la exigencia de la ejecución de un servicio material o intelectual, un nexo de subordinación y el pago de un salario por ello, sin importar la forma en que sea generada; de lo contrario, se estaría ante otro tipo de vínculo jurídico.

Es decir, el solo hecho de que exista una prestación de un servicio personal y pago por concepto de las actividades realizadas, de ello no se sigue el carácter laboral de la relación jurídica.

Ahora bien, respecto a la naturaleza de la contratación de CAE, esta Sala Regional27 ha sostenido que ésta no es de naturaleza laboral, sino civil, conforme a lo que se expone.

De conformidad con el artículo 41 párrafo segundo base V apartado A párrafo 2 de la Constitución y las disposiciones de la Ley Electoral y el Estatuto que rige las relaciones de trabajo con las personas servidoras del INE, se desprende que este regulará la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Además, de la norma citada es posible advertir que la legislación estableció un régimen laboral especial para el INE, previendo una reserva legal para que las relaciones de trabajo de dicho instituto y sus personas servidoras públicas sean conducidas de conformidad con la Ley Electoral y el Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General del INE.

Al respecto, el artículo 203 numeral 1 inciso g) de la Ley Electoral dispone que el Estatuto deberá establecer, entre otras, las normas para la “contratación de prestadores [y personas prestadoras] de servicios profesionales para programas específicos y la realización de actividades eventuales” [lo resaltado es propio].

Por su parte, el artículo 5 del Estatuto distingue -entre otros- los siguientes tipos de personas servidoras del INE:

e.   Miembros (personas integrantes) del servicio: persona que haya obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal y preste sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto

26 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página 1008.

27 SCM-JLI-16/2021, SCM-JLI-21/2021, SCM-JLI-31/2022, SCM-JLI-57/2022, SCM-

JLI-11/2024, SCM-JLI-10/2025 entre otros.

del Servicio Profesional Electoral Nacional en los términos del Estatuto.

f.      Personal de la rama administrativa: personas que habiendo obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal, presten sus servicios de manera regular y realicen actividades en la rama administrativa.

g.   Personal del INE: las personas integrantes del servicio del sistema del INE y personal de la rama administrativa.

h.   Persona prestadora de servicios: persona que presta sus servicios al INE con la finalidad de auxiliar en los programas o proyectos institucionales de índole electoral o participar en los programas o proyectos institucionales de carácter administrativo.

El régimen contractual de las personas prestadoras de servicios está previsto en los artículos 6 fracción II y 122 al 124 del Estatuto bajo el régimen de honorarios, en términos de la legislación civil federal con cargo al capítulo de servicios personales, por tiempo determinado, para -entre otros- auxiliar en los procesos electorales.

Así, sobre las personas CAE, éstas forman parte del régimen previsto para las personas prestadoras de servicios contratadas al amparo de contratos de naturaleza civil pues no tienen un nombramiento en una plaza presupuestal y no prestan sus servicios de manera regular, sino que solamente participan con funciones de apoyo en ciertos periodos del proceso electoral federal28.

Ello porque29 en términos del artículo 303 de la Ley Electoral- la designación de las personas CAE se realiza en enero del año de la elección que corresponda con el fin de auxiliar a las juntas y consejos distritales en: (i) visita, notificación y capacitación de la ciudadanía para   integrar   las   mesas   directivas   de   casillas;

(ii) identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas; (iii) recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; (iv) verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; (v) información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral; (vi) traslado de los paquetes electorales apoyando al funcionariado de mesa directiva de casilla; (vii) realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales, y (viii) los que expresamente les confiera el consejo distrital que corresponda.

Así, esta Sala Regional ha sostenido que es la propia Constitución la que permite que el INE regule las relaciones contractuales de las personas que presten sus servicios -con carácter auxiliar-, y de esta forma contratarlas en actividades que no son de carácter permanente y que no forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional o de la rama administrativa; esto es, que desempeñan sus actividades bajo el régimen de honorarios o de prestación de servicios regulado por la legislación civil, siempre y cuando las actividades desempeñadas sean eventuales o temporales30.

28 Ver, entre otras, las resoluciones de los juicios: SCM-JLI-31/2022 y SCM-JLI-57/2022.

29 Tales como los juicios SCM-JL1-16/2021, SCM-JLI-17/2021, SCM-JLI-21/2021 SCM-JLI-24/2021 y SCM-JLI-11/2024 entre otros.

30 SCM-JLI-16-2021.

Caso concreto

En primer lugar, se puntualiza que en la audiencia prevista en el artículo 101 de la Ley de Medios, se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.      La confesional del demandado INE por conducto de su representante legal.

2.      La documental consistente en un recibo de pago expedido por el INE, correspondiente al periodo del dieciséis al treinta de abril de dos mil veinticinco.

3.      La documental consistente en el acuse de recepción- resguardante y/o formato de asignación de dispositivo móvil y accesorios expedidos por el INE.

4.      La instrumental pública de actuaciones.

5.      La presuncional legal y humana

Por otra parte, se admitieron y desahogaron las siguientes pruebas ofrecidas por el INE:

1.      Las documentales contenidas en un disco compacto que anexa a su escrito de contestación, el cual contiene seis archivos en formato PDF denominados:

         “01 CONSTANCIA DE HECHOS Y ANEXOS (1)”;

         “02 CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (1)”;

         “03 CONTRATO PE HE 09092000000-J0511250-368279-3

(1)”;

           “05 DENUNCIA (1)”;

         “06 inf detallado (1)”.

2.      La instrumental pública de actuaciones.

3.      La presunción legal y humana.

Ahora bien, resulta importante precisar que no está a debate que el origen de la relación entre las partes consistió en que la parte actora desempeñara la función de CAE.

Lo anterior ya que ambas partes reconocen en sus escritos (de demanda y contestación) que la parte actora del primero de febrero al veintisiete de abril se desempeñó como CAE en la Junta Distrital.

Asimismo, esta Sala Regional valora que la parte actora ofreció recibo de pago y de recepción de resguardo (lo que constituye un reconocimiento de lo contenido en dicha documentación por parte de la oferente) e incluso la confesional a cargo del INE (en particular la posición dos, calificada de legal31), se desprende que la parte actora desempeñó funciones de CAE ante la Junta Distrital.

En este orden de ideas, de las pruebas referidas, en vinculación con el contrato ofrecido por el INE denominado “de prestación de servicios”, así como la carta declaratoria, carta compromiso,

31 Que consistió en lo siguiente: “Que su representado contrató los servicios personales y subordinados de la parte actora bajo la categoría de Capacitadora Asistente Electoral”.

manifestación de conocimiento sobre la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios, así como formato de movimientos de honorarios, se desprende que las partes suscribieron un acuerdo de voluntades con la finalidad de que la parte actora desplegara actividades de CAE, conforme al clausulado fijado en dicho contrato (funciones que también se desprenden de la propia normativa del INE); por lo que, a partir de lo anterior, se analizará si conforme a lo pactado, se acredita o no un vínculo laboral.

Sin que se deje de lado que la parte actora, de manera general, objetara “toda la documentación ofrecida por el INE”, porque su razonamiento únicamente se basó en poner en duda su alcance probatorio y no su autenticidad, de manera que, a juicio de esta Sala Regional, el contrato referido y resto de documentación ofrecida por la parte demandada, vinculado con las propias pruebas y reconocimientos ofrecidos y realizados por la parte actora, generan que el contrato aportado por el INE tenga el valor demostrativo necesario para acreditar que el vínculo entre las partes surgió a partir de dicho contrato, en el que se determinó que la parte actora desempeñaría funciones de CAE.

Una vez determinado lo anterior, esta Sala Regional advierte que del contrato de prestación de servicios de primero de febrero, se observa que a la parte actora se le contrató para prestar sus servicios en forma eventual (del primero de febrero al veintisiete de abril) como CAE ejecutando las actividades que se describen a continuación:

Derivado de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 numeral 2 de la Ley Electoral, la parte actora realizaba - como CAE- funciones específicas en forma auxiliar a un órgano del INE, por lo que encuadra en la categoría de personal que se contrata bajo el régimen de honorarios y no como personas integrantes del servicio profesional electoral o de la rama administrativa.

En ese sentido, de conformidad con el marco normativo el vínculo que le unió con el INE no es de naturaleza laboral.

Lo anterior porque el origen y naturaleza de la contratación surgió a partir del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial de la federación 2024-2025, en el que el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG2502/2024 por el que aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para dicho proceso y estableció la necesidad de contratar personas prestadoras de servicios.

Al respecto, conforme al Manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales -anexo del acuerdo referido-, las personas CAE están encargadas de visitar, notificar y capacitar (sensibilizar) a las personas ciudadanas sorteadas; entregar el nombramiento y proporcionar al funcionariado de mesas directivas de casilla los conocimientos y habilidades necesarias para realizar sus actividades en la jornada electoral; desarrollar las actividades de asistencia electoral; garantizar el día de la elección la integración, instalación y funcionamiento de las casillas electorales e informar sobre el desarrollo de la jornada electoral, así como apoyar en la operación y funcionamiento de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales; además de auxiliar en lo relativo al cómputo distrital.

En ese entendido, esas funciones han sido consideradas por esta Sala Regional como prestadas en auxilio dentro de ciertos periodos del proceso electoral, para lo cual, el INE se encuentra facultado para celebrar contratos regidos por la legislación civil a efecto de cumplir las funciones que tiene encomendadas32.

Funciones que, en el caso concreto, no están puestas a debate, sino son reconocidas por ambas partes33, pues la parte actora no puso en duda las actividades plasmadas en el contrato, las cuales, además, como ya se explicó, también tienen sustento en la normativa interna del INE.

Así, el hecho de que existiera una prestación de servicios y el pago de una retribución no necesariamente da lugar a una relación laboral, siendo necesario el análisis de los elementos que hay en el expediente para determinar su naturaleza.

En ese sentido, las funciones y actividades de una persona CAE están enfocadas a auxiliar al INE solo en determinados tiempos del proceso electoral, y por tanto son por tiempo determinado.

Al respecto, es válido afirmar que el INE está facultado para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales o bien, contratar los servicios de personas físicas de manera eventual -convenios regidos por la legislación civil federal- para que desempeñen actividades temporales que contribuyan a la realización de las funciones que el INE tiene encomendadas.

Lo anterior, porque la propia Constitución permite que el INE regule las relaciones contractuales de las personas que presten sus servicios -con carácter auxiliar-, y de esta forma contratarlas en actividades que no son de carácter permanente y que no forman

32 Ver las resoluciones de los juicios SCM-JLI-13/2018 y SCM-JLI-162021.

33 Ya que la parte actora no argumenta que haya realizado actividades distintas a las plasmadas den dicho acuerdo de voluntades.

parte del Servicio Profesional Electoral Nacional o de la rama administrativa; esto es, que desempeñan sus actividades bajo el régimen de honorarios o de prestación de servicios regulado por la legislación civil, siempre y cuando las actividades desempeñadas sean eventuales o temporales.

En ese sentido y conforme a lo narrado en la demanda y su contestación, así como de las pruebas admitidas y desahogadas en el presente juicio, la relación entre la parte actora y el INE derivó de un acuerdo de voluntades que -acorde con el marco normativo- no es de naturaleza laboral.

Ello, porque atendiendo a las manifestaciones de las partes, las actividades desarrolladas por la parte actora fueron las correspondientes a las personas CAE.

Dado que, como ya se dijo, de dichas actividades no se advierte algún horario ni lugar específico para realizar las actividades que le fueron encomendadas, aunado a que se debían elaborar informes mensuales de algunas de estas.

De igual forma, si bien percibía mensualmente un pago por concepto de las actividades realizadas, ello obedece a que fue contratada a partir de un proceso de selección para participar como CAE durante el proceso electoral extraordinario 2024-2025 34 , por un periodo determinado y no en virtud de una relación de poder jurídico de mando detentado por el empleador.

Así, no se pactó ningún salario, menos el goce y disfrute de vacaciones, ni ninguna otra prestación a las que fueron especificadas en el contrato de prestación de servicios eventuales.

Aunado que, para participar en un proceso electoral con esa calidad, las personas interesadas debían atender la convocatoria, cumplir con los requisitos exigidos en la misma y, una vez seleccionadas, podrían ingresar al INE firmando un contrato de prestación de servicios conforme al cual, se obligaban a realizar las actividades que les fueron encomendadas; entregando los reportes de actividades y en retribución a la realización de esas actividades reciben los honorarios correspondientes.

Tales aspectos se ven reflejados en el contrato respectivo, ya que en el apartado de declaraciones se indica que el motivo de la contratación es única y exclusivamente para la prestación de servicios eventuales para las actividades temporales.

En dicho contrato se pactó que, en principio, su vigencia sería únicamente del primero de febrero al veintisiete de abril, con la facultad del INE de rescindirlo unilateralmente.

Asimismo, el Instituto se obligó a entregar a la parte actora por concepto de honorarios, la cantidad mensual antes de impuestos de

34 Derivado del acuerdo INE/CG2502/2024 del Consejo General del INE, por el que se aprobó la Estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial de la federación 2024-2025.

$15,785.00 (quince mil setecientos ochenta y cinco pesos con cero centavos), la cual sería cubierta en periodos quincenales de

$7,892.50 (siete mil ochocientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos).

Al respecto, debe decirse que las personas contratadas como CAE realizan funciones específicas, en forma auxiliar a los órganos del Instituto, naturaleza auxiliar de sus funciones fue determinada por la propia legislación ordinaria en la Ley Electoral, por lo que, se reitera, encuadran en la categoría de personal del demandado que se contrata bajo el régimen de honorarios y no como miembros del servicio profesional electoral o de la rama administrativa.

En estas condiciones, de las pruebas admitidas y desahogadas, esta Sala Regional considera que le asiste razón al Instituto demandado cuando afirma que la relación jurídica que lo unió con la parte actora derivó de la suscripción del contrato de servicios bajo el régimen de honorarios.

Lo anterior, porque como se indicó, el hecho de que la parte actora percibiera el pago de honorarios e informara de las actividades que le fueron encomendadas por el demandado, no implica la existencia de una relación laboral, sino de actividades prestadas por la parte actora de carácter eventuales o temporales, ya que se agotan una vez que termina el proceso electoral.

Debido a lo expuesto, resulta válido concluir que la naturaleza de la relación jurídica que unió a las partes en el presente juicio no era de carácter laboral.

En consecuencia, el reclamo de la parte actora no es susceptible de ser exigido en esta vía, ya que ello dependía de la existencia de una relación laboral, que no fue acreditada.

Además, en el expediente se advierte el contrato de prestación de servicios el INE convino con la parte actora que, la jurisdicción a la que se someterían sería la de los Tribunales Federales en Materia Civil en la Ciudad de México, por lo que, en todo caso, se deberán dejar a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

No obsta a lo expuesto que la parte actora, por conducto de su apoderado, durante el procedimiento laboral, específicamente en el escrito que presentó el tres de julio y en sus alegaciones (manifestadas en la audiencia), haya indicado que en el presente caso se desprenden los elementos necesarios para acreditar la relación de trabajo que alega, como son la subordinación, el pago de un salario e inclusive la entrega de herramientas de trabajo.

Lo anterior, porque además de que el argumento de que su vínculo es laboral, es insuficiente para derivar porqué, en el caso concreto se acreditan los elementos de dicho vínculo; concerniente a que tenía a una persona supervisora y que debía cumplir con un horario de trabajo (esto es que se acredita la subordinación), de las pruebas admitidas no se observa alguna que se encamine a acreditarla, pues, como ya se indicó, únicamente fueron admitidas de su parte, la confesional a cargo del instituto demandado, por conducto de su apoderado, el recibo de pago expedido por el INE, correspondiente al periodo del dieciséis al treinta de abril de dos mil veinticinco y el

acuse de recepción de resguardo de dispositivo móvil (prueba que incluso hizo suya la parte demandada); de las que únicamente se observa los términos de la contratación, así como las circunstancias por las que el INE consideró que la parte actora incumplió con las actividades por las que se contrató.

Incluso, de la confesional desahogada, no se advierte la subordinación que la parte actora indica, ya que la parte absolvente en la posición 1 y 2 detalló lo siguiente35:

1.      No, aclarando que fue contratada como capacitadora asistente electoral, mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales eventual, para desarrollar actividades en el desarrollo del proceso federal electoral, para el cambio del poder judicial de la federación, con la característica de que una vez que se da por concluida dicho proceso electoral se dan por concluidas las actividades.