VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-29/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica. Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-29/2024

PARTE ACTORA:

LUIS ARMANDO SANCHEZ MARCELO

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIADO:

DANIEL ÁVILA SANTANA Y RAFAEL IBARRA DE LA TORRE

Ciudad de México, a 12 (doce) de febrero de 2025 (dos mil veinticinco).

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes, condena al demandado al pago de algunas prestaciones a la parte actora, pero le absuelve de otras.

Í N D I C E

ÍNDICE......................................................1

GLOSARIO...................................................2

ANTECEDENTES..............................................4

RAZONES Y FUNDAMENTOS.....................................6

PRIMERA. Jurisdicción y competencia.............................6

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.............................7

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación...................7

3.1.  De la demanda...........................................7

3.1.2. Oportunidad...........................................8

G L O S A R I O

1 Consultable en el siguiente vínculo electrónico: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/121696/JG Eor202107-20-ap-8-3-L.pdf.

2 El Manual puede ser consultado en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127466/JG Eor202202-17-ap-9-8-a.pdf?sequence=2&isAllowed=y

A N T E C E D E N T E S

1.  Relación jurídica

1.1.   Inicio. La parte actora señala que comenzó a prestar sus servicios para el INE a partir del 16 (dieciséis) de enero de 2015 (dos mil quince).

1.2.  Rotación por necesidades del servicio. El 27 (veintisiete) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés) la JGE emitió el Acuerdo 53 mediante el cual aprobó la rotación de la parte actora por necesidades del servicio en los siguientes términos:

1.3.      Renuncia. El 4 (cuatro) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro)3 la parte actora presentó su renuncia irrevocable con efectos a partir del 15 (quince) siguiente y solicitó que se tramitara el pago de su CTRL.

1.4.    Cálculo de la CTRL de la parte actora. La parte actora señala que el 26 (veintiséis) de marzo acudió a Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México a fin de recibir el pago de la CTRL; sin embargo -indica- se percató que el cálculo de dicha compensación era incorrecto, por lo que se negó a recibirlo.

2.  Juicio Laboral

2.1    Demanda. El 29 (veintinueve) de marzo4, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE, a fin de impugnar -entre

3 Las fechas están referidas a 2024 (dos mil veinticuatro), salvo que expresamente esté indicado otro año.

4 Como puede advertirse del sello de recepción de oficialía de partes de esta Sala Regional en la página 1 de la demanda.

otras cuestiones- (1) el reconocimiento de una relación laboral con el demandado, (2) la inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación, (3) el Acuerdo 53, (4) el indebido cálculo de su CTRL y (5) el pago de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral concurrente 2023-2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro), así como

(6) su reingreso al SPEN en un cargo de nivel 4.

2.2        Turno. Con la demanda se integró el expediente SCM-JLI-29/2024 que se turnó a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

2.3  Recepción, admisión y emplazamiento. El 1° (primero) de abril, la magistrada recibió dicho expediente, admitió la demanda el 8 (ocho) de enero de este año y emplazó a juicio al INE.

2.4  Contestación a la demanda. El INE contestó la demanda el

22 (veintidós) siguiente 5 , opuso excepciones y defensas, y ofreció pruebas.

2.5       Recepción de la contestación y audiencia. El 23 (veintitrés) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), la magistrada tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se celebró de forma presencial el 7 (siete) de febrero de ese mismo año y en la que, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y al no quedar diligencias pendientes, cerró la instrucción.

5 Como puede advertirse del sello de recepción de oficialía de partes de esta Sala Regional en la página 1 de la contestación de demanda.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio que fue promovido por una persona que se ostenta como entonces vocal secretaria de la 12 Junta Distrital por la que reclama -entre otras cuestiones- el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, una indebida rotación por necesidades de servicio, el indebido cálculo del pago de su CTRL, el pago de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral concurrente 2023-2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro); supuesto normativo y entidad federativa en que esta Sala Regional ejerce jurisdicción -Ciudad de México- y competencia. Lo anterior, tiene su fundamento en:

   Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 6 .

Artículos 166-III.e) y 176-XII.

   Ley de Medios. Artículos 3.2.e) y 94.1.b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las

5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

6 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS,

consultables  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta

-respectivamente- en el tomo VIII, julio de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 308; tomo V, abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 178; y tomo II, agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE, previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este tribunal.

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO7.

3.1.  De la demanda

3.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

actora hizo constar su nombre, identificó el acto reclamado (Acuerdo 53, indebido cálculo del pago de su CTRL, falta de pago de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral concurrente 2023-2024 [dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro]), mencionó los agravios que le causan perjuicio, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, exhibió pruebas y en la misma consta su firma autógrafa.

3.1.2.   Oportunidad. La demanda es oportuna porque parte de la pretensión de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral -por un periodo específico- que afirma le unió con el INE, así como la falta de pago de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral concurrente 2023-2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro).

En ese sentido, la Sala Superior ha señalado en la jurisprudencia 15/2011  de  rubro PLAZO  PARA  PRESENTAR  UN MEDIO  DE

IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE DE OMISIONES 8 que las omisiones

-como acto reclamado- constituyen transgresiones de tracto sucesivo ya que sus efectos se actualizan día a día, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad de la autoridad responsable; criterio que resulta aplicable también en este caso aunque el INE tenga el carácter de demandado.

Asimismo, esta Sala Regional ha sostenido el criterio9 de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 29 y 30.

9 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-21/2023 y SCM-JLI-75/2024.

artículos 50-III de la Ley Burocrática y 158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral -como sucede en el caso-, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Finalmente, el INE hizo valer distintas excepciones en relación con la oportunidad para controvertir el Acuerdo 53, reclamar el pago de la CTRL y demandar su reinstalación, por lo que tal cuestión será analizada al momento en que se aborde el estudio de tales excepciones.

3.1.3.    Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la parte actora está satisfecha, toda vez que se trata de una persona que acude por derecho propio, para demandar el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y controvertir -entre otras cuestiones- el Acuerdo 53, el indebido cálculo del pago de su CTRL, falta de pago de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral concurrente 2023-2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro), así como su reingreso al SPEN.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

3.2.  De la contestación

3.2.1.       Oportunidad. La contestación de la demanda fue presentada en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues el INE fue notificado de la admisión de la demanda el 8 (ocho) de enero, por lo que el plazo correspondiente transcurrió del 9 (nueve) al 22 (veintidós)

siguientes10 y la contestación se presentó el último día para ello, siendo evidente su oportunidad.

3.2.2.        Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acude por conducto de una persona apoderada como se reconoció en el acuerdo de instrucción de 23 (veintitrés) de enero de 2025 (dos mil veinticinco).

CUARTA. Cuestiones previas

4.1.   Inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación

Como parte de sus agravios, la parte actora reclama la inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación que disponen lo siguiente:

Artículo 6. El cambio de adscripción o rotación se efectuará sin menoscabo de las remuneraciones y prestaciones que correspondan al personal del Servicio, salvo petición y consentimiento por escrito de la persona implicada para ser adscrita o rotada a un cargo o puesto de un nivel tabular inferior.

Al respecto, no especifica cuál fue el acto concreto de aplicación de dicha disposición, sin embargo, de conformidad con el artículo 23.1 de la Ley de Medios, en atención a la suplencia de la queja deficiente, esta sala advierte que la intención de la parte actora es controvertir la aplicación de tal artículo de los Lineamientos de Rotación en el Acuerdo 5311.

10 Sin contar los días sábados 11 (once) y 18 (dieciocho) de enero ni domingos 12 (doce) y 19 (diecinueve) de enero por ser inhábiles en términos del artículo 7.2 de la Ley de Medios y del acuerdo general 6/2022 de la Sala Superior y en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO

HÁBILES, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 (dos mil nueve), páginas 23 a 25.

11 También resulta aplicable la jurisprudencia 4/99 de la Sala Superior de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR  EL  OCURSO  QUE  LOS  CONTENGA  PARA  DETERMINAR  LA

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR; consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 3, año 2000 (dos mil), página 17.

Lo anterior, pues en el acuerdo referido, al momento de determinar la rotación de la parte actora por necesidades del servicio se estableció que:

Cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

6 de los Lineamientos, Luis Armando Sánchez Marcelo manifestó por escrito su consentimiento para ser rotado por necesidades del Servicio con el ajuste de nivel salarial que ello implica.

[El resaltado en negritas es propio]

De esta manera, para efectos de la presente controversia, debe entenderse que la parte actora hace valer la inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación a partir de su aplicación al emitir el Acuerdo 53.

4.2.  Impugnación contra el Acuerdo 53

En su contestación a la demanda, el INE refiere -entre otras cosas- que de conformidad con el artículo 360-I del Estatuto, la parte actora debió controvertir el Acuerdo 53 a través de un recurso de inconformidad.

Al respecto, el referido artículo del Estatuto dispone:

Artículo 360. Serán competentes para resolver el recurso de inconformidad:

I.     La Junta, tratándose de las resoluciones emitidas por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva que pongan fin al procedimiento laboral sancionador previsto en este ordenamiento, cuando la autoridad instructora decrete el no inicio del procedimiento o su sobreseimiento, o en contra de la negativa de cambio de adscripción y rotación, y

II.   Respecto de los acuerdos que determinen el cambio de adscripción o rotación de las y los miembros del Servicio, siempre que se trate de una resolución de fondo, el Consejo General. Si fuere de desechamiento o sobreseimiento, lo será la o el Secretario del Consejo General.

En este sentido, toda vez que mediante el Acuerdo 53 se determinó la rotación de la parte actora por necesidades del servicio con un ajuste salarial, lo ordinario sería que dicho acto

-conforme a lo dispuesto en el artículo 360-II del Estatuto- se

controvirtiera a través de un recurso de inconformidad competencia del Consejo General del INE.

Sin embargo, en el caso, atendiendo a la continencia de la causa, no es posible escindir la controversia planteada en relación con la impugnación del Acuerdo 53.

Al respecto, la parte actora señala distintos agravios contra tal acuerdo relacionados con la inconstitucionalidad sobre la aceptación de su rotación a un nivel tabular inferior, y el consecuente ajuste salarial (aplicación del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación); así como la -posible- afectación a sus derechos laborales toda vez que a su juicio tal rotación le discrimina por su estado civil.

No obstante ello, en la demanda no solo se controvierte el Acuerdo 53, sino que la parte actora también impugna el indebido cálculo del pago de su CTRL indicando -entre otras cosas- que dicha compensación debe calcularse a partir del salario que corresponde al cargo de persona subdirectora de resoluciones y normatividad (nivel 4) en la UTF y no como persona vocal secretaria de la 12 Junta Distrital.

Sobre lo anterior, argumenta que en el anexo 1 del Acuerdo 53 se determinó que se conservarían y quedarían protegidas -entre otras cuestiones- las percepciones que tenía al momento de la emisión del acuerdo.

De esta manera, existe una correlación estrecha entre los agravios encaminados a controvertir el Acuerdo 53 y aquellos en los que se queja del salario que se tomó como base para calcular el pago de su CTRL.

En efecto, de asistirle la razón en alguno de los agravios relacionados con el acuerdo referido, pudiera llegar a tener como consecuencia que se deje sin efectos el ajuste salarial a las percepciones de la parte actora, ya sea porque se determine que la aplicación al caso concreto del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación es inconstitucional o porque se revoque la rotación que provocó ese ajuste.

Así, considerando que la CTRL se calcula con base las percepciones brutas mensuales que la persona trabajadora recibió por nómina a la fecha de su separación 12, lo que se llegara a decidir con relación a la controversia sobre el Acuerdo 53 pudiera trascender al estudio que se realice respecto a qué salario se debió tomar en cuenta para el cálculo de tal compensación.

Bajo estas condiciones, si bien lo ordinario sería escindir y reencauzar la parte de la demanda relativa al Acuerdo 53 para que sea conocida por el Consejo General del INE mediante el recurso de inconformidad previsto en el artículo 360-II del Estatuto, a fin de no dividir la continencia de la causa y de evitar la emisión de resoluciones contradictorias, es necesario conocer de la totalidad de la controversia en esta instancia.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 5/2004 de la Sala Superior de rubro CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN13.

12 En términos de los artículos 582-I y 585 del Manual.

13 Consultable en: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 64 y 65.

QUINTA. Planteamiento del caso

5.1.    Pretensión de la parte actora. De su demanda pueden advertirse las siguientes pretensiones de la parte actora:

 Que esta Sala Regional declare la inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación que permite que una persona sea rotada o readscrita a un nivel tabular inferior siempre y cuando exista aceptación de la persona involucrada en el movimiento;

 Revocar el Acuerdo 53 pues su rotación por necesidades del servicio le discrimina en razón de su estado civil.

 Su reingreso al SPEN en una plaza de nivel 4.

 Determinar el pago de su CTRL pues se debe calcular conforme al salario que corresponde a la Subdirección de Resoluciones y Normatividad.

 Calcular dicha compensación tomando en cuenta que comenzó a prestar sus servicios al INE desde el 16 (dieciséis) de enero de 2015 (dos mil quince).

 El pago de la compensación por cargas de trabajo derivadas del proceso electoral concurrente 2023-2024 (dos mil veintitrés – dos mil veinticuatro) o, en caso de no ser procedente dicha prestación, el pago de horas extras.

 El reconocimiento de una relación laboral con el INE a partir del 16 (dieciséis) de enero de 2015 (dos mil quince).

5.2.   Excepciones y defensas del INE. El demandado planteó como excepciones y defensas las siguientes:

5.2.1. Caducidad. Sin que implique reconocer derecho alguno a la parte actora, el INE considera que la parte actora debió impugnar el Acuerdo 53 dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a que se le notificó, según se establece en el artículo

361 del Estatuto, por lo que si la notificación sucedió el 30 (treinta) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés), es evidente que

en el caso opera la caducidad para controvertir dicho acuerdo.

5.2.2. Extemporaneidad para reclamar el pago de la CTRL y su reinstalación. Considera que la controversia respecto al pago de la CTRL y su reinstalación es extemporánea, pues la parte actora debió promover un Juicio Laboral dentro de los 15 (quince) días siguientes, es decir, a más tardar el 15 (quince) de abril.

5.2.3. La de oscuridad, imprecisión y defecto legal de la demanda, puesto que, si bien la parte actora reclama que el cálculo de su CTRL se realizó incorrectamente, omite señalar de manera pormenorizada los hechos de su demanda y el periodo que sustenta la prestación que reclama.

5.2.4. La de falta de acción y derecho para reclamar el pago de su CTRL puesto que el pago de dicha prestación se realizó conforme a lo que establecen los artículos 586 y 588 del Manual, que establecen que para el cálculo de la compensación se acumulará el tiempo efectivo de servicios en plaza presupuestal y como persona prestadora de servicios permanentes, siempre que no existan interrupciones, debiendo acumular 1 (uno) o 2 (dos) años de antigüedad, además de que solo se considerarán los años de servicio en dichas plazas, por lo que -refiere- no se adeuda nada a la parte actora.

Además, porque el pago de dicha prestación extralegal se suspendió debido a que la parte actora presentó un Juicio Laboral, por lo que no tiene derecho a la CTRL, conforme señala el artículo 572-V del Manual.

5.2.5. La de oscuridad, pues en la demanda no se especifica el periodo o los hechos precisos respecto al pago de horas extras,

realizando solo un planteamiento de forma genérica.

5.2.6. La de prescripción, sin que implique reconocimiento de algún derecho a favor de la parte actora14, con relación a las prestaciones accesorias que no se hayan reclamado dentro del plazo de un 1 (un) año a partir de que hipotéticamente generó el derecho a ello.

5.2.7. Falta de acción y derecho para reclamar la reinstalación de la parte actora, pues la relación jurídica con dicha persona terminó por los motivos suficientes para ello.

5.2.8. La de improcedencia de la vía, pues lo procedente es reencauzar la demanda a recurso de inconformidad.

5.2.1.  Las demás que se desprendan de la contestación.

Excluyendo las identificadas en los incisos 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.8, no es posible analizar de manera previa al estudio de la controversia el resto de las excepciones, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de esta, por lo que su estudio debe efectuarse en el apartado correspondiente al fondo del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio.

En relación con la improcedencia de la vía (5.2.8) en el sentido de que la demanda debe reencauzarse a recurso de inconformidad, tal cuestión ya ha sido abordada en el apartado correspondiente de cuestiones previas.

14 Con fundamento en los artículos 112 de la Ley Burocrática y 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo que ve a la excepción de caducidad (5.2.1) relativa a la caducidad de la acción para que la parte actora controvierta el Acuerdo 53 y extemporaneidad (5.2.2), referente a que la impugnación contra el pago de la CTRL y su pretensión de reinstalación resultan extemporáneas se estudiarán a continuación, dado que su finalidad es dejar sin efecto la acción intentada, por lo que, de resultar fundadas, sería innecesario analizar el fondo de esa parte de la controversia.

5.3.  Determinación sobre la excepción de caducidad (5.2.1) La parte actora controvierte el Acuerdo 53 a partir de 2 (dos) líneas de agravio.

a.  Primer línea de agravio: inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación

La primera -como se explicó en el apartado de cuestiones previas de esta sentencia- consiste en la inconstitucionalidad del artículo 6 de los Lineamientos de Rotación por cuanto hace a la posibilidad de que una persona trabajadora acepte un descenso en el nivel tabular que venía ocupando. Dicha disposición corresponde a la siguiente:

Artículo 6. El cambio de adscripción o rotación se efectuará sin menoscabo de las remuneraciones y prestaciones que correspondan al personal del Servicio, salvo petición y consentimiento por escrito de la persona implicada para ser adscrita o rotada a un cargo o puesto de un nivel tabular inferior.

Al respecto, señala que dicha porción normativa es contraria a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos toda vez que limita de manera injustificada los derechos laborales, es contraria a los principios propersona y de progresividad y no se basa en una cuestión de interés general.

b.  Segunda línea de agravio: discriminación por razón del estado civil de la parte actora

En otra línea de agravio, la parte actora considera que su rotación por necesidades del servicio aprobada en el Acuerdo 53 le discrimina debido a su estado civil, pues dicho movimiento se generó por el ascenso que su cónyuge obtuvo en el SPEN.

Sobre esto considera que si bien el artículo 234-V del Estatuto, prevé la rotación en caso de existir relación de parentesco civil entre 2 (dos) personas integrantes de un mismo órgano, dicho movimiento no podría conllevar a que la rotación implique un descenso en su trabajo.

De igual manera, controvierte que el cambio se haya realizado 5 (cinco) años 4 (cuatro) meses después de que tanto la parte actora como su cónyuge formaran parte del SPEN.

Asimismo, se queja de que dicha circunstancia puede llegar a convertirse en un “techo de cristal” puesto que el ascenso de una mujer derivó en un detrimento en los derechos laborales de su cónyuge.

c.  Contestación del INE a los argumentos En relación con esta parte de la controversia, en su contestación el INE opuso la excepción de caducidad, toda vez que -a su juicio- la parte actora debió controvertir el Acuerdo 53 dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación.

La excepción hecha valer por el INE es fundada.

En principio, la parte actora señala en su demanda que el Acuerdo 53 se le notificó mediante correo electrónico el 30 (treinta) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés), pero de la impresión de dicho correo electrónico que ofreció como prueba

junto a su demanda se advierte que este le fue enviado el 29 (veintinueve) anterior.

Al respecto, el INE en su contestación hizo suya dicha prueba; por ello, si bien tal constancia se trata de una documental privada con valor probatorio de indicio15, al no existir otras constancias que la contradigan, además de que dicha prueba es aceptada tanto por la parte actora (quien la ofrece) como por el demandado, permite a esta sala generar convicción respecto de los hechos que consigna.

De esta manera, para efectos de la presente controversia se concluye que el Acuerdo 53 se le notificó a la parte actora el 29 (veintinueve) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés).

Por otro lado, la parte actora considera que para efectos del cómputo de la caducidad y prescripción para impugnar el Acuerdo 53 debe tomarse en consideración que en el caso existió discriminación en su contra, por lo que -a su juicio- resultan aplicables los plazos establecidos en los artículos 112 de la Ley Burocrática y 516 de la Ley Federal del Trabajo al ser los que más le benefician.

Disposiciones que corresponden a las siguientes:

Ley Burocrática

Artículo 112.- Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado en favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 516.- Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes.

15 En términos de lo establecido en los artículos 14.1.b), 14.5 y 16.3 de la Ley de Medios.

Por su parte, el INE alega que al caso es aplicable el término establecido en el artículo 361 del Estatuto que establece:

Artículo 361. El recurso de inconformidad podrá presentarse ante el órgano desconcentrado de su adscripción o, en su caso, directamente ante la Oficialía de partes común del Instituto, dentro de los diez días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se recurra, a fin de que lo remitan a la Dirección Jurídica para los efectos previstos en este Capítulo.

Como ya se explicó en el apartado de cuestiones previas, la vía ordinaria mediante la cual es posible controvertir una determinación de rotación por necesidades del servicio es el recurso de inconformidad, competencia del Consejo General del INE, al que hace referencia el artículo 360-II del Estatuto.

En relación con la oportunidad para la presentación de tal recurso, el artículo 361 del Estatuto señala que deberá interponerse dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se recurra.

Ahora, de conformidad con el artículo 289 del Estatuto, respecto de los recursos de inconformidad -entre otros- en lo no previsto en las disposiciones de dicha norma y sus lineamientos se podrá aplicar en forma supletoria y en el orden siguiente:

1.     La Ley General de Responsabilidades Administrativas;

2.     La Ley Burocrática;

3.     La Ley Federal del Trabajo;

4.     El Código Federal de Procedimientos Civiles;

5.     La Ley de Medios, y

6.     Los principios generales de derecho.

Si bien los artículos a los que hace referencia la parte actora como aplicables para la caducidad y prescripción de su

impugnación contra el Acuerdo 53 corresponden a ordenamientos que pueden ser empleados de manera supletoria al Estatuto, lo cierto es que en este caso tales disposiciones no resultan aplicables supletoriamente en relación con el plazo para la interposición del recurso de inconformidad establecido en el artículo 360-II del Estatuto. Se explica.

La supletoriedad de las normas no implica una aplicación alternativa de ordenamientos, tampoco constituye una habilitación para que las autoridades puedan optar de manera discrecional entre aplicar un dispositivo normativo sobre el otro, sino que -más bien- la supletoriedad como institución jurídica procede para integrar una omisión en la ley o la deficiencia de su regulación con otras normas o principios generales contenidos en otros cuerpos normativos.

Al respecto, para que dicha supletoriedad opere, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a)       Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos;

b)       Que el ordenamiento a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;

c)       Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que la legislación no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,

d)      Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 34/2013 (10a.) de la segunda sala de la Suprema Corte de rubro SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE16.

De esta forma, el hecho de que tanto los artículos 112 de la Ley Burocrática y 516 de la Ley de Trabajo -aparentemente- contemplen plazos de interposición distintos al establecido en el artículo 361 del Estatuto no genera -de manera automática y directa- que deban considerarse supletoriamente dichos plazos y no el establecido en el Estatuto.

Lo anterior, pues de conformidad con los artículos 360-II y 361 del Estatuto, el plazo para la presentación del recurso de inconformidad contra el cambio de adscripción o rotación de las personas integrantes del SPEN es de 10 (diez) días hábiles siguientes al que surta efectos la correspondiente, por lo que no sería procedente la supletoriedad de alguna otra norma a fin de integrar alguna omisión o deficiencia en su regulación, ya que tal cuestión se regula de manera concreta, específica y completa.

La Sala Superior, en la ratificación de jurisprudencia SUP-RDJ-1/2011, fijó un criterio en relación con los casos en que resulta aplicable el plazo de 15 (quince) días hábiles para la promoción de un Juicio Laboral establecido en el artículo 98.1

16 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, marzo de 2013 (dos mil trece), tomo 2, página 1065.

de la Ley de Medios y cuáles se rigen por el plazo genérico de 1 (un) año previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Al respecto sostuvo que el plazo contemplado en la Ley de Medios es de naturaleza procesal y corresponde a la temporalidad que tiene una persona trabajadora del INE (entonces Instituto Federal Electoral) que considere que se le ha afectado en sus derechos y prestaciones laborales, con motivo de una determinación del Instituto, de la cual haya tenido conocimiento directo y fehaciente, para ejercer la acción correspondiente.

Mientras que el contemplado en la Ley Federal del Trabajo es de carácter sustantivo, pues es el plazo con que cuentan dichas personas trabajadoras para exigir al Instituto el pago de prestaciones legales que consideren que les corresponden, que se generan por la simple prestación del servicio y que no son accesorias de la acción principal ni están supeditadas a que dicha acción prospere, siempre que no exista alguna determinación en la que se niegue el pago respectivo, pues en caso de existir tal determinación le resultaría aplicable el plazo de 15 (quince) días que establece el artículo 96.1 de la Ley de Medios.

La ratificación mencionada derivó en la validación de la jurisprudencia 1/2011SRI de rubro DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL17.

17 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 20, 21 y 22.

En relación con este punto, el plazo genérico de 1 (un) año que establece el artículo 112 de la Ley Burocrática, también tiene la misma naturaleza sustantiva que el señalado en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto los criterios de excepción que mencionan los diversos artículos 11318 y 11419 de la Ley Burocrática refieren al ejercicio de acciones principales o accesorias a estas que no se generan por la simple prestación del servicio.

A partir de lo señalado, si bien el criterio mencionado hace referencia al régimen supletorio respecto al plazo específico establecido en el artículo 96.1 de la Ley de Medios y un plazo genérico de 1 (un) año, su razón fundamental resulta relevante y orientadora para resolver la presente controversia.

En efecto, en el caso la parte actora no demanda prestaciones autónomas generadas por la simple prestación de sus servicios

18 Artículo 113.- Prescriben:

I.- En un mes:

a)  Las acciones para pedirla nulidad de un nombramiento, y

b)  Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.

II.- En cuatro meses:

a)   En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.

b)  En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de Ley, y

c)    La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas.

19 Artículo 114.- Prescriben en dos años:

I.- Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidad provenientes de riesgos profesionales realizados;

II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos con motivo de un riesgo profesional realizado, para reclamar la indemnización correspondiente,

y

III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán respectivamente, desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad contraída, desde la fecha de la muerte del trabajador o desde que sea ejecutable la resolución dictada por el Tribunal.

Las fracciones I y II de este artículo sólo son aplicables a personas excluidas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

al INE, sino que su pretensión es el ejercicio de una acción principal contra una determinación emitida por el demandado (Acuerdo 53), en la que se aprobó su rotación por necesidades del servicio y un ajuste a la baja en su salario y nivel tabular, de la que tuvo conocimiento directo y fehaciente, por lo que -en atención a lo expuesto- es que le resulta aplicable el plazo de 10 (diez) días hábiles establecido en el artículo 361 del Estatuto para la presentación del recurso de inconformidad.

De ahí que, si el Acuerdo 53 le fue notificado el 29 (veintinueve) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés) y la demanda se presentó el 29 (veintinueve) de marzo de 2024 (dos mil veinticuatro), es decir más de 1 (un) año después, es evidente que resulta extemporánea.

Dicha falta de oportunidad también subsistiría incluso si se aplicaran las reglas procesales previstas para los Juicios Laboral

-vía mediante la cual esta sala conoce de manera extraordinaria esta parte de la controversia- pues, en todo caso, en términos de lo expuesto y con fundamento en la jurisprudencia 1/2011 SRI

-ya citada- la demanda tendría que haberse presentado dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la notificación del Acuerdo 53 y no más de 1 (un) año después.

No pasa desapercibida la manifestación de la parte actora relativa a que al tratarse de un caso de posible discriminación en su contra por su estado civil se debe aplicar el plazo más benéfico.

No obstante ello, el hecho de que el Estatuto prevea un plazo para la interposición del recurso de reconsideración menor al establecido en los artículos 112 de la Ley Burocrática y 516 de

la Ley Federal del Trabajo del que la norma aplicable al caso -

además de que no resulta aplicable al caso -como ya se fundó y motivó- no le depara un perjuicio pues garantiza el derecho de las personas integrantes del SPEN de ser oídas en un plazo razonable y dota de certeza respecto a la firmeza de los actos no impugnados en tiempo.

Así, para que una persona integrante del SPEN -como lo era la parte actora- pueda controvertir mediante dicho recurso su cambio de adscripción o rotación y que el Consejo General del INE pueda analizar los agravios planteados, como podría ser

-precisamente- la posible existencia de discriminación contra la parte actora, se deben cumplir los requisitos de procedencia, como presentar el recurso en el plazo señalado en el artículo 361 del Estatuto (10 [diez] días hábiles).

Lo anterior, de acuerdo con la razón esencial de la jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito de rubro ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO  DE  OPORTUNIDAD  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  LA

DEMANDA DE AMPARO20 y la diversa de la primera sala de la Suprema Corte de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA21.

En ese sentido, el acceso a la justicia, el principio propersona y la efectividad de los recursos, no implican dejar de observar los requisitos de procedencia y admisibilidad de los recursos, como se desprende de la razón esencial de la tesis aislada de

20 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXVI, noviembre de 2013 (dos mil trece), tomo 1, página 669.

21 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 3, febrero de 2014 (dos mil catorce), tomo I, página 487.

tribunales colegiados de circuito -que se cita como criterio orientador- de rubro ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO22.

A partir de estas premisas, no es posible aplicar de manera supletoria el plazo genérico de 1 (un) año contemplado en los artículos 112 de la Ley Burocrática y 516 de la Ley Federal del Trabajo, pues el artículo 361 del Estatuto prevé un plazo cierto, específico y concreto para la interposición del recurso de inconformidad, el cual no fue cumplido por la parte actora.

En consecuencia, toda vez que esta excepción resultó fundada, resulta improcedente el estudio de fondo en relación con los agravios que la parte actora hace valer contra el Acuerdo 53, mismo que en lo que respecta a la parte actora está firme por no haberse impugnado de manera oportuna.

5.4.  Determinación sobre la extemporaneidad (5.2.2)

El INE considera que la parte actora debió controvertir el pago de la CTRL y su reinstalación mediante un Juicio Laboral que debió presentarse a más tardar el 15 (quince) de abril.

Esta excepción debe ser desestimada.

En relación con la extemporaneidad de la impugnación del pago de la CTRL, a diferencia de lo que considera el INE, la demanda resulta oportuna.

En efecto, en el caso, la parte actora controvierte el indebido cálculo del pago de su CTRL el cual -señala en la demanda- que

22 Consultable en: el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XII, septiembre de 2012 (dos mil doce), tomo 3, página 1495.

conoció el 26 (veintiséis) de marzo.

Al respecto, si bien el demandado señaló en su contestación que tal hecho es falso, lo cierto es que no acompañó alguna prueba para desvirtuar lo señalado en la demanda, por lo que si dicho escrito se presentó el 29 (veintinueve) siguiente, es evidente que ello ocurrió dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles 23 contados a partir de la fecha en que -señala- conoció el cálculo de esa compensación, por lo que es evidente su oportunidad24.

Por otra parte, con relación a la extemporaneidad para reclamar su reinstalación, tampoco tiene razón el demandado, pues la parte actora no solicita su reinstalación sino su reingreso al SPEN, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Estatuto.

En efecto, la acción de reinstalación tiene su origen en el despido injustificado de la persona trabajadora y su finalidad es que la relación de trabajo continúe en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo y que se le entreguen los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que dure interrumpida esa relación25.

23 Plazo que comprendió del 27 (veintisiete) de marzo al 16 (dieciséis) de abril. Sin considerar los días 30 (treinta) de marzo,13 (trece) y 14 (catorce) de abril por ser sábados ni los días 31 (treinta y uno) de marzo, 7 (siete) y 14 (catorce) de abril por ser domingos. Ello, toda vez que la controversia no está relacionada con el desarrollo de un proceso electoral federal o local, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS

COMO HÁBILES consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 (dos mil nueve), páginas 23 a 25.

24 Lo que tiene sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 8/2001 de la Sala Superior de rubro CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN

CONTRARIO; consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 5, año 2002 (dos mil dos), páginas 11 y 12.

25 Como se advierte del criterio sustentado por la entonces cuarta sala de la Suprema Corte en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 25/94 de rubro SALARIOS CAIDOS, CONDENA A LOS, CUANDO EL DEMANDADO NIEGA EL DESPIDO, OFRECE LA REINSTALACION Y EL ACTOR LA ACEPTA. DEBE COMPRENDER HASTA LA

Mientras que el reingreso al SPEN 26 es el procedimiento mediante el cual el Instituto determina integrar nuevamente a una persona que se separó de un cargo o puesto de dicho servicio y concluyó su relación laboral con el mismo, siempre y cuando haya obtenido su titularidad en el cargo o puesto del que se separó, exista una plaza igual, homóloga o equivalente en el nivel que se encontraba; se acredite el beneficio institucional y la separación se haya dado por uno de los siguientes supuestos, sin exceder el tiempo de separación del Instituto previsto para cada uno de ellos:

      Por una designación en una consejería electoral o en un cargo directivo en un organismo público local electoral;

      Por una designación en un cargo directivo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o algún tribunal electoral local;

      Por una designación en algún cargo directivo de un organismo electoral internacional;

      Para realizar actividades académicas formales de posgrado, en el ámbito electoral o áreas afines, habiendo obtenido el título correspondiente.

De ahí que deba desestimarse esta excepción, toda vez que el INE considera extemporáneo el ejercicio de la acción relativa a al reclamo de una pretensión diferente a la que realmente solicita la parte actora.

SEXTA. Pruebas admitidas y desahogadas

6.1.  De la parte actora

FECHA QUE LA JUNTA SEÑALA PARA QUE TENGA LUGAR LA REINSTALACION DEL TRABAJADOR, SALVO QUE ESTA NO PUEDA LLEVARSE A CABO POR CAUSA

IMPUTABLE AL PATRON; consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número. 79, julio de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), página 28.

26 Artículo 217 del Estatuto.

   Documentales consistentes en:

a.  Constancias de prestaciones de servicios emitidas a favor de la parte actora con las siguientes fechas de expedición:

a.1.     3 (tres) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho) con folio C-INE/DIP-0373-2018;

a.2.     7 (siete) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho) con folio C-INE/DIP-0406-2018, y

a.3.     7 (siete) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho) con folio C-INE/DIP-0372-2018;

b.  Copias simples de declaraciones de modificación patrimonial y de intereses con las siguientes fechas de recepción:

b.1.    8 (ocho) de junio de 2020 (dos mil veinte);

b.2.    28 (veintiocho) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno);

b.3.    26 (veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil veintidós);

b.4.    28 (veintiocho) de mayo de 2023 (dos mil veintitrés);

c.  Copia simple las siguientes actas circunstanciadas elaboradas por la parte actora:

c.1.     Acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/12/CIRC/29/2023 de 15 (quince) de julio de 2023 (dos mil veintitrés);

c.2.     Acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/12/CIRC/23/2023 de 1° (primero) de julio de 2023 (dos mil veintitrés);

c.3.     Acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/12/CIRC/22/2023 de 1° (primero) de julio de 2023 (dos mil veintitrés);

c.4.     Acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/12/CIRC/46/2023 de 26 (veintiséis) de agosto de 2023 (dos mil veintitrés); e

d.  Impresión de una comunicación mediante correo electrónico de 29 (veintinueve) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés) dirigido a la parte actora con asunto “OFICIO DE NOTIFICACIÓN INE/DESPEN/1005/2023” en que -según refiere- se le notificó el acuerdo INE/JGE53/2023.

6.2.  Del demandado:

          La técnica consistente en un disco compacto que, conforme al desahogo realizado en la audiencia respectiva, corresponde al siguiente contenido: